juzgado de policía virtual Lo Barnechea
En Lo Barnechea, comuna del nororiente de Santiago de Chile, resolver un choque de tránsito, un reclamo comercial o un conflicto con un vecino tenía un mismo requisito previo: presentarse en el Juzgado de Policía Local, con una cita en la mano, y esperar. Durante décadas, la sala de espera fue la única puerta de entrada a la justicia de proximidad de la comuna.
En Chile, estos tribunales constituyen la puerta de entrada al sistema judicial y fueron creados para que cualquier persona asista sin la asistencia obligatoria de un letrado. Cada año ingresan a este despacho comunal más de 32.000 causas. Enfrentar ese volumen sin ayuda profesional significaba descifrar plazos urgentes, redactar descargos bajo fórmulas solemnes y arriesgar una sentencia desfavorable por un simple error procesal. Para quien dependía de un salario diario, acudir al tribunal implicaba perder una jornada de trabajo para hacer una fila incierta.
Frente a esta situación, la Dirección de Innovación y el Juzgado de Policía Local de la comuna impulsaron en 2024 el Juzgado de Policía Local Virtual, una plataforma que habilita la presentación remota de escritos, descargos, denuncias y demandas. La iniciativa apuntó a remover tres obstáculos concretos: la complejidad del lenguaje jurídico, los tiempos de espera presenciales y la fragmentación del proceso.
El punto de inflexión llegó en febrero de 2026. Ese mes, por primera vez, los ingresos digitales superaron a los presenciales: 293 contra 143. Dos de cada tres trámites del tribunal se hicieron desde un teléfono o una computadora.
“En vez de aceptar que el juzgado es así, lo empezamos a repensar de cero”, explicó a +COMUNIDAD el alcalde Felipe Alessandri. Sobre la viabilidad económica de la iniciativa, fue enfático: “No hizo falta un préstamo internacional. Hizo falta una decisión”.
El laberinto de defenderse sin un abogado
En todo el territorio chileno operan 379 Juzgados de Policía Local. Pese a estar asentados en la estructura municipal, estos tribunales resuelven materias que en los últimos años adquirieron una fuerte impronta jurídica: infracciones a la Ley de Tránsito, conflictos de consumo amparados en la Ley del Consumidor y controversias patrimoniales en condominios. La ley permite litigar sin contratar un abogado, pero el vocabulario técnico y las formalidades del tribunal terminan apartando a quienes no manejan el lenguaje legal.
El diagnóstico elaborado por los equipos municipales detectó que las personas tropezaban habitualmente en las mismas instancias del trámite:
- Incomprensión de las notificaciones. Las personas usuarias no lograban discernir si la cita recibida respondía a una multa, a la suspensión de la licencia de conducir o a una demanda civil asociada.
- Desconocimiento de los términos legales. El cómputo de días hábiles procesales y el momento oportuno para rendir testimonios o peritajes resultaban ajenos al ciudadano común.
- Deficiencias probatorias. Las partes presentaban presupuestos o fotografías sin la debida individualización, lo que invalidaba piezas fundamentales para su defensa.
- Escritos defectuosos. Las cartas manuscritas carecían de peticiones concretas o citas reglamentarias, y obligaban a los funcionarios judiciales a rechazarlas o a dictar resoluciones para subsanar los errores.
Una idea que salió de los propios funcionarios
El proyecto no nació de una consultora externa ni de una licitación. Salió de un concurso interno abierto a los equipos municipales, en el que el camino hacia la digitalización partió de una reflexión sobre el rol del trabajador público.
María Elena Beltrán, gestora de proyectos en la Dirección de Innovación de la Municipalidad de Lo Barnechea, recuerda que el desafío fue involucrar a todas las áreas en la generación de propuestas que tuvieran dos miradas simultáneas: la optimización de procesos internos y la mejora en la atención a la comunidad.
“Hay muchos funcionarios que llevan mucho tiempo en la Municipalidad y que saben muy bien cómo resolver los problemas. Lo que faltaba era abrir un espacio donde ellos mismos pudieran proponer o sugerir cómo podíamos mejorar lo que hacíamos. O cómo podíamos dar una nueva solución a desafíos que estaban presentes”, dice Beltrán.
La primera edición del concurso Innova Lo Barnechea recibió 18 proyectos. El resultado más relevante fue el Juzgado de Policía Virtual, el primero de su tipo en Chile. La plataforma se lanzó en mayo de 2025 y sobrevivió a un cambio de administración municipal.
Cómo funciona el Juzgado de Policía Virtual con IA
En lugar de licitar sistemas cerrados a empresas externas con contratos costosos, el municipio resolvió articular sus propias herramientas. La solución consistió en vincular el Sistema Municipal de Causas (SMC) con un gestor de relaciones con el usuario (CRM) y una capa web abierta al público. A través de esa interfaz, el vecino o la vecina completa formularios guiados que convierten sus respuestas en documentos con validez jurídica.
La implementación se diseñó como un proceso iterativo, en cuatro fases:
- Fase 1 (2024-2025). Digitalización del tribunal, con formularios, presentación de escritos y consulta de causas en línea.
- Fase 2 (2025-2026). Consolidación y masificación, con nuevos trámites y alianzas como la del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
- Fase 3 (2026 en adelante). Asistente de inteligencia artificial que orienta en lenguaje simple, guía la preparación de documentos y responde consultas.
- Fase 4 (meta a futuro). Modelo replicable para otros municipios, integrado a la estrategia de Ciudad Inteligente.
Justinia, la capa de inteligencia artificial
A fines de 2025, la digitalización de los formularios había ordenado el ingreso de las causas, pero persistía una limitación: muchas personas usuarias seguían sin poder interpretar el lenguaje jurídico. La respuesta a esa fricción fue Justinia, un agente conversacional basado en un modelo de lenguaje avanzado, que se lanzó oficialmente el 26 de agosto de 2026.
Para Alessandri, el salto hacia la inteligencia artificial representó “una oportunidad clave para democratizar la justicia y acercarla concretamente a los ciudadanos”. La apuesta consiste en que la ciudadanía dialogue con un sistema que traduce la jerga jurídica y reduce la desprotección de quienes litigan en soledad.
A diferencia de los asistentes comerciales orientados a contestar preguntas frecuentes, el sistema se entrenó exclusivamente con la legislación aplicable a la justicia de policía local, ordenanzas municipales y repertorios jurisprudenciales. Fue diseñado para que la persona usuaria pueda:
- Comprender el contenido de una citación judicial.
- Conocer las etapas y plazos del procedimiento.
- Identificar y adjuntar los documentos requeridos.
- Entender sus derechos y obligaciones procesales.
- Estructurar y redactar correctamente sus escritos.
La arquitectura preserva el control judicial. Un operador municipal especializado centraliza la supervisión del canal digital, verifica los datos cargados, responde incidencias y comprueba pagos antes de transferir el expediente a la resolución final del magistrado. La inteligencia artificial actúa como herramienta facilitadora del acceso al tribunal. Las decisiones jurisdiccionales se mantienen exclusivamente en manos humanas.
Qué muestran los números
Entre enero y abril de 2026, el tribunal procesó 1.198 trámites a través del sistema virtual, un volumen que permitió absorber el aumento de la demanda sin colapsar las oficinas de atención. En enero se registraron 94 trámites virtuales. En febrero, las presentaciones digitales ascendieron a 293, frente a 143 escritos ingresados de manera presencial. Ese mes marcó la inflexión del servicio, con el 67% de los ingresos por vía digital.
Para marzo, los ingresos en línea alcanzaron su máximo con 471 presentaciones, cinco veces el registro inicial del año. Desde su lanzamiento en mayo de 2025, la plataforma acumuló más de 3.000 escritos judiciales recibidos sin intermediación de papel. En la gestión interna, las mediciones de la Dirección de Innovación arrojan una reducción del 45% en los tiempos de tramitación administrativa de los casos.
Condiciones para replicar
El modelo de Lo Barnechea se concibió para ser transferible. En agosto de 2026, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) suscribió un convenio de cooperación con el municipio para poner la plataforma y el modelo de inteligencia artificial al alcance de los 345 municipios de Chile.
Desde la experiencia de Lo Barnechea, para adaptar esta política a otros gobiernos locales conviene considerar cuatro condiciones:
- Gobernanza colaborativa interna. La modernización exige un acuerdo técnico de cooperación entre el juez titular y las áreas informáticas de la alcaldía, que priorice la mejora del servicio por sobre las diferencias corporativas.
- Marco normativo habilitante. La legislación debe permitir la tramitación digital válida y autorizar a la ciudadanía a litigar sin abogado en causas menores, un rasgo presente en la estructura de los tribunales locales chilenos.
- Articulación interinstitucional. El enlace formal con organismos sectoriales, como el Sernac o las asociaciones nacionales de magistrados, facilita la unificación de formularios y aporta legitimidad procedimental a las herramientas desarrolladas.
- Financiamiento acotado a activos preexistentes. La clave reside en aprovechar las capacidades del personal informático municipal y en reorientar contratos de desarrollo de software ya vigentes.
En Lo Barnechea hay trámites que todavía exigen la mirada de un funcionario y vecinos que prefieren llegar con los papeles en mano. Pero la diferencia está en los números y en el tiempo. Para los juzgados locales que todavía lidian con expedientes amontonados sin solución, la experiencia de la comuna precordillerana deja una pista concreta: la transformación empieza cuando se ordenan los procesos internos para hablarle a la comunidad en su propio idioma.
