El libro “Procuring The Future”, editado en 2006 por el Departamento de Ambiente del Reino Unido, introdujo la definición más extendida hasta el presente de Compras Públicas Sostenibles (CPS):
“Son aquellos procesos mediante los cuales las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes, servicios, obras y servicios públicos utilizando sus recursos de manera óptima a lo largo de toda su vida útil, de modo que se generen beneficios no sólo para la organización sino también para la sociedad y la economía, minimizando al mismo tiempo los daños al medio ambiente”.
Desde entonces, los diferentes niveles de gobierno en todo el mundo comenzaron a adoptar la visión de que sus sistemas de compras y contrataciones podrían servir más que para abastecer sus necesidades. Así, con la mira en el cuidado del medio ambiente, las CPS fueron introducidas entre los Objetivos del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Por un desarrollo inclusivo
“El desempeño del Sistema de Compras Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo, ya que representa una gran oportunidad para cambiar los patrones de consumo hacia modelos sustentables, a través del uso de herramientas que permitan influir en el mercado, fomentando la producción y el suministro de bienes y servicios amigables con el ambiente y socialmente responsables”, sostiene María Belén Aliciardi, especialista en la temática.
Argentina lleva años incorporando la sostenibilidad como criterio en las compras públicas en distintos niveles de gobierno. A nivel nacional, a través del proyecto de Compras Públicas Sostenibles realizado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se fomenta el proceso a través de capacitaciones y la publicación de un manual de capacitación en articulación con la Oficina Nacional de Contrataciones.
El Gobierno de Paraguay, por ejemplo, define que “es un proceso mediante el cual las entidades compradoras satisfacen sus necesidades de bienes, servicios u obras, teniendo en cuenta principios que fomenten el uso racional y eficiente de los recursos naturales, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo socioeconómico regional”.
Desde los gobiernos locales
El 20 de mayo de 2022, la Red de Innovación Local (RIL) lanzó el Grupo de Compras Sostenibles junto a las organizaciones Del Mate y Sistema B Argentina. Su objetivo es impulsar de forma colaborativa este sistema entre las gestiones municipales, posicionando el triple impacto y generando nuevas formas de contratos público-privados.
“¿Qué pasaría si el sector público comienza a obtener bienes y servicios que generan impactos positivos en la sociedad y el planeta?”, se preguntan en el grupo, que comienza a expandir sus horizontes en pos de un desarrollo local más sostenible. Ya forman parte de esta comunidad de asesoramiento entre pares los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba y Bogotá.
Del “precio” al “valor”
La promoción de las CPS es seguida por entidades internacionales como la Red Interamericana de Compras Gubernamentales, de la Organización de Estados Americanos (OEA). Remarca que, además de sus efectos macroeconómicos, “las políticas de gastos pueden influir en el crecimiento por varias vías, entre ellas sus consecuencias en el desarrollo del capital físico y humano. Asimismo, puede influir de manera sustancial en la adopción de un sendero de crecimiento sustentable fomentando la producción y comercialización de bienes y servicios más adecuados en términos sociales y ambientales”.
En 2020, esta Red exhortó a los gobiernos de Latinoamérica a cambiar sus criterios a la hora de aplicar la práctica. “Las Compras Públicas Sostenibles son un camino viable para los países sustituyendo la forma tradicional de comprar al menor precio y utilizando el concepto de valor por dinero como determinante en cada proceso de contratación”, declaró Carlos Oviedo, experto en Contratación Pública de la OEA.
En aquella oportunidad, la organización destacó cuatro buenas prácticas en América Latina, de República Dominicana, Paraguay, Chile y Argentina. En este último caso, se trata de un gobierno local –la ciudad de Mendoza– que desde 2018 implementa una iniciativa para comprar bienes y servicios a empresas de triple impacto (económico, ambiental y social).
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Fuente de imagen principal: argentina.gob.ar