Según cifras oficiales, 1 de cada 5 trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires integran la llamada “economía social y popular”. Son cerca de 500.000 personas en situación de vulnerabilidad que, por diferentes motivos, generan sus ingresos a través de actividades autogestionadas o informales. También conocida como la “economía de los excluidos”, abarca empleos como el comercio en espacios públicos, la atención de merenderos, la construcción particular, la recuperación de residuos y la agricultura familiar.
En diciembre de 2020, la Legislatura porteña sancionó una ley para dar un mayor impulso a esos oficios. Entre sus objetivos, se propuso promover la generación y sostenibilidad de los puestos de trabajo autónomos, así como facilitar herramientas financieras para el desarrollo de emprendimientos. De esta manera, siguiendo principios centrados en la inclusión, la normativa apunta hacia la disminución de las brechas económicas en la capital argentina.
La ley dio origen al FONDES (Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social), una herramienta que busca contribuir al crecimiento del ecosistema de finanzas de impacto social en Buenos Aires. Conformado por aportes públicos y privados, crea una línea de créditos para que los emprendimientos sociales puedan contar con mayores oportunidades de inversión y expansión.
“Es el escalón intermedio que faltaba para desarrollar la economía popular e integrarlas a las cadenas de valor. Acceder al crédito es más maquinaria, más trabajo y más producción”, resumió María Migliore, ministra local de Desarrollo Humano y Hábitat. Siguiendo un esquema de cogobernanza, el FONDES está presidido por esa área de gobierno, otras dos más (de Desarrollo Económico y de Finanzas) y las tres empresas que más aportes realizan.
Finanzas sostenibles en los gobiernos locales
Según las condiciones de los emprendimientos, el Fondo ofrece dos tipos de soluciones de financiamiento: créditos y aportes no reembolsables (ANRs). Antes de otorgarlas, se realiza un análisis integral de la entidad solicitante, teniendo en cuenta aspectos institucionales, económicos, de impacto social y perspectiva de género. Además, la herramienta ofrece beneficios impositivos para los inversores y donantes: podrán computar un 25% de su aporte como pago del impuesto sobre Ingresos Brutos.
El caso porteño es, siguiendo definiciones internacionales, una iniciativa de finanzas sostenibles que tienen su origen en un gobierno local. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las define como un “concepto emergente en expansión que parte y acompaña otros términos, tales como finanzas verdes e inversiones responsables (…). Tiene que ver con alinear la creación, gestión y regulación de productos, flujos y marcos financieros al logro de metas de desarrollo sostenible”.
Son numerosas las ciudades en Argentina y América Latina que crean líneas propias para apoyar a empresas B, emprendimientos de triple impacto, eficiencia energética y movilidad sostenible, entre otras áreas. Una característica común es que estas prácticas financieras suelen estar destinadas a pequeñas y medianas empresas (PyMEs), además de cooperativas y emprendimientos nacientes.
Por ejemplo, en Rosario existen líneas de créditos verdes para financiar inversiones asociadas a la generación de energía renovable y proyectos de eficiencia energética en el sector industrial. En Mendoza, en tanto, un convenio entre la Municipalidad y el Banco Ciudad ofrece a los comercios del rubro de movilidad la apertura de una cuenta sin costo por dos años. También el otorgamiento de un posnet gratuito por un año y la financiación de los consumos realizados con tarjetas de crédito de la entidad en hasta 50 cuotas sin interés.
Córdoba, a través del “Fondo Ciudad Inteligente”, aporta con un instrumento de inversión a iniciativas de todo el mundo que tengan un impacto en la ciudad. El fondo prioriza soluciones en sectores de Gobierno tecnológico (Govtech), Accesibilidad, Salud, Educación, Sustentabilidad y Tecnologías limpias.
La huerta urbana más grande del mundo
Las iniciativas financieras relacionadas a la economía popular por parte de los gobiernos locales pueden incluir proyectos ambiciosos. El gobierno de Río de Janeiro (Brasil) trabaja con las favelas locales para construir la huerta urbana más grande del mundo. Es parte de la iniciativa “Hortas Cariocas”, que procura popularizar el consumo de productos orgánicos y generar una fuente de ingresos para las familias más desfavorecidas.
Ubicada en la zona norte de la ciudad, la superficie cultivada con hortalizas alcanzará los 110.000 metros cuadrados. Una vez terminada, más de 100.000 familias se beneficiarán del proyecto cada mes mediante becas y otras ayudas financieras. De los productos cosechados, la mitad se dona a personas necesitadas y el otro 50% se vende a jardineros, a precios asequibles, para la comunidad. El proyecto busca que, con el tiempo, cada jardín se vuelva autosostenible e independiente.
Microcréditos y otras asistencias financieras
Ante la crisis económica persistente en Argentina, agravada por la pandemia de coronavirus, varias ciudades decidieron apoyar financieramente iniciativas privadas y sociales que tengan impacto en el empleo. Desde 2018, por caso, San Fernando del Valle de Catamarca otorga créditos a pequeños y medianos emprendimientos de distintas áreas. En especial, apuntan hacia la mejora del servicio del transporte urbano de pasajeros, la construcción y el acceso a servicios básicos como el gas natural.
Entre 2020 y 2021, los microcréditos municipales ganaron terreno como una forma de sostener los ingresos de miles de familias ante las restricciones sanitarias. Ciudades como Allen (Río Negro) y Bahía Blanca (Buenos Aires), entre muchas más, implementan estas soluciones dirigidas especialmente hacia trabajadores de la economía popular.
Las facilidades de cobro también forman parte de las estrategias municipales en la temática. Luján de Cuyo (Mendoza) mantiene una alianza con el Grupo Supervielle para aproximar a emprendedores, autónomos y comerciantes el acceso a plataformas para el cobro de ventas de bienes y servicios. Sin incurrir en gastos y comisiones, e inclusive con planes de cuotas sin interés. El acuerdo se focaliza en aquellos trabajadores que no forman parte de la economía formal y que presentan dificultades para acceder a los créditos bancarios tradicionales.
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Imagen principal: huerta orgánica en Buenos Aires. Fuente: GCBA.
Redacción +C.
