Existe una versión en portugués de este artículo aquí. 

En la gestión ambiental de muchos municipios como Amargosa, ubicado en el estado de Bahía, en Brasil, el desafío no es la falta de información, sino su organización. En esta ciudad de casi 40.000 habitantes, los datos sobre denuncias, fiscalizaciones, arbolado urbano y la producción del vivero municipal existían, pero estaban incomunicados. 

Esta fragmentación obligaba al gobierno local a actuar de forma reactiva ante las emergencias cotidianas. Entonces, para romper este ciclo reactivo, la Secretaría Municipal de Agricultura y Medio Ambiente desarrolló SEAMA Digital. Una plataforma que propone recopilar la información del área en un mismo entorno digital. 

“SEAMA Digital no fue pensado sólo como un sistema para registrar actividades, sino como una arquitectura de gestión ambiental, capaz de conectar el campo, el territorio, la fiscalización, la planificación, la transparencia y la toma de decisiones”, explica a +COMUNIDAD, Francelle Ferretti, secretaria Municipal de Medio Ambiente y Agricultura de Amargosa.

Una arquitectura de gestión ambiental en cuatro niveles

El funcionamiento de SEAMA Digital se organiza a través de cuatro capas incrementales que transforman el dato crudo en decisiones de política pública:

• Recolección de datos en campo. Los equipos municipales registran digitalmente actividades relacionadas por áreas verdes: inventario de árboles, órdenes de servicio, fiscalizaciones y / o infracciones ambientales entre otras.
• Organización de bases de datos estructuradas. Cada registro se integra en un historial único que permite dar seguimiento del historial: las reincidencias, los plazos, los sectores involucrados y la evolución de las demandas realizadas.
• Territorialización. Los datos recopilados se visualizan en un mapa interactivo para identificar las zonas con mayor concentración de conflictos ambientales.
• Inteligencia aplicada. El sistema genera indicadores de riesgo y alertas automáticas para priorizar las tareas de mantenimiento.

Inteligencia Artificial al servicio del arbolado público

La principal innovación de la plataforma es la incorporación de asistentes virtuales basados en inteligencia artificial. Uno de ellos es Verde Bot, un asistente técnico especializado en arbolado urbano, que ayuda a operarios a calcular el riesgo de caída de los árboles a partir de variables como especie, ubicación y condición fitosanitaria.

“En la práctica, el equipo puede consultar al agente sobre el historial de una demanda, revisar información de fiscalizaciones o verificar registros de infracciones ambientales. El agente de IA no reemplaza el análisis técnico de los servidores públicos; funciona como una capa de apoyo sobre los datos de la Secretaría“, aclara la ingeniera sanitaria y ambiental.

Además, agrega que el objetivo es “reducir el tiempo dedicado a buscar información en planillas, documentos, mensajes e informes dispersos, facilitando el acceso a la información y mejorando la capacidad de respuesta de la gestión pública”. De esa manera el área amplía la transparencia de la gestión ambiental. 

^{Los servicios más comunes en la gestión ambiental de Amargosa. Imagen: SEAMA Digital.}

Desafíos y limitaciones de estas innovaciones

La secretaria Ferretti destaca que la gestión de las áreas verdes y del vivero municipal también dio un salto de calidad, pues el sistema permite realizar un seguimiento preciso de la producción de plantines. Esa información se expone a la ciudadanía a través de un panel público en internet, fortaleciendo la rendición de cuentas.

El camino hacia la digitalización no estuvo exento de obstáculos. “El mayor desafío no fue únicamente tecnológico, sino también institucional. Crear un sistema es una etapa; lograr que se incorpore en la rutina del equipo es otra”, reflexiona la funcionaria. “Para que SEAMA Digital funcione, los registros deben realizarse de forma continua, estandarizada y con calidad. La tecnología sólo genera inteligencia cuando los datos se cargan correctamente”, advierte.

En ese camino, cuenta que uno de los primeros desafíos fue estandarizar la información e integrar áreas que por años funcionaron de forma aislada. Luego remarca la existencia aún de limitaciones prácticas, como la conectividad en el campo que no siempre es la ideal para este trabajo de actualización de las bases de datos. 

De la reacción a la prevención: los impactos en el territorio

La implementación de SEAMA Digital ha transformado la dinámica de trabajo de la Secretaría Municipal de Agricultura y Medio Ambiente, al permitir pasar de un esquema de respuesta ante emergencias a una planificación basada en datos.

Los impactos de esta tecnología se consolidan en seis dimensiones clave:

• Mayor organización de la información: unificación de registros de viveros, arbolado, fiscalizaciones e infracciones en un solo entorno digital.
• Visualización territorial: mapeo de conflictos ambientales para identificar las zonas que requieren mayor presencia del Estado o campañas de educación.
• Priorización técnica en campo: clasificación de riesgos fitosanitarios para organizar rutas de poda preventiva y evitar caídas de árboles.
• Control del ciclo forestal: seguimiento riguroso de la producción de plantines, riego, pérdidas y reforestación en el vivero municipal.
• Transparencia activa: acceso ciudadano a los datos de gestión a través del panel público, promoviendo el control social.
• Eficiencia administrativa: reducción del tiempo de búsqueda de información gracias al soporte de los asistentes de inteligencia artificial.

Aprendizajes que pueden adoptar otras ciudades

A pesar de los desafíos y limitaciones que presenta esta solución, Ferreti expresa que lo más importante ya ha comenzado: el cambio de método. La Secretaría aprende y empieza a trabajar con datos, mapas, registros estandarizados, indicadores, un panel público y el apoyo de la inteligencia artificial para mejorar su gestión ambiental. 

La experiencia de Amargosa deja lecciones valiosas para otros municipios que deseen mejorar y modernizar su gestión ambiental. “El principal aprendizaje es que la transformación digital en esta temática debe pensarse como una arquitectura, no como una herramienta aislada”, destaca la funcionaria. Por último, añade: “No sirve de nada tener un sistema para el vivero, otro para la fiscalización, otro para los árboles, otro para las denuncias, si estas informaciones no dialogan entre sí. El valor reside en la conexión entre las capas“.

Para otros municipios, las lecciones que acerca Ferreti son:

• La tecnología debe responder a un problema público concreto y no al revés.
• La transformación digital debe pensarse como una arquitectura integrada. 
• La inteligencia artificial es un soporte técnico, no un reemplazo del criterio humano. 
• Los municipios pequeños y medianos tienen la capacidad de construir inteligencia pública aplicada 

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En 2022, la zona central de Chile enfrentaba una de sus mayores crisis hídricas tras 14 años de sequía consecutiva. En la comuna de Vitacura, perteneciente a la Región Metropolitana de Santiago, el desabastecimiento estuvo a pocas semanas de traducirse en cortes programados de agua potable para la población. Datos técnicos revelaron que el 71% del consumo de agua potable de la localidad provenía del sector residencial, impulsado por el riego de grandes extensiones de césped.

Esta problemática hídrica coincidía con una pérdida progresiva de biodiversidad urbana y la degradación de hábitats naturales, lo que redujo de forma drástica la presencia de fauna y flora nativa en la localidad. Al detectar que los jardines, patios y balcones privados representaban una superficie muy significativa del territorio, la gestión local identificó la necesidad urgente de transformar estos espacios en aliados de la sostenibilidad, modificando las pautas tradicionales de manejo de la vegetación.

Frente a este escenario, en 2021 se lanzó el programa piloto “Certificación de Jardines por la Biodiversidad”, una iniciativa pionera en el país enmarcada en la estrategia Mi Jardín Sustentable. El proyecto busca transicionar hacia una estética de bajo consumo hídrico mediante un sistema integral de auditorías residenciales, capacitación ciudadana y patrones de manejo respaldados por evidencia científica para convertir los entornos privados en refugios ecológicos.

Mi Jardín Sustentable, una metodología con base científica y comunitaria

El programa se articula de manera directa con el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Vitacura, un territorio de 28,9 kilómetros cuadrados y 97.000 habitantes. “Al detectar que más del 70% del consumo de agua potable de la comuna provenía del sector residencial, entendimos que el cambio debía ser no solo en las áreas verdes municipales, sino también dentro de los hogares”, explica a +COMUNIDAD Daniela Casanello, asesora de Áreas Verdes y Sustentabilidad de la Municipalidad de Vitacura.

El diseño del programa requirió traducir el conocimiento académico y botánico complejo en herramientas sencillas, lúdicas y accesibles para la ciudadanía. Para lograrlo, la Municipalidad consolidó una alianza estratégica con el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) y el Jardín Botánico Chagual. Según detalla Casanello, el proceso “fue un esfuerzo conjunto con la academia, con quienes codiseñamos una certificación de jardines utilizando a la Municipalidad como piloto”.

La convocatoria se abrió de forma inclusiva para los vecinos y vecinas de la comuna, abarcando tanto a propietarios como a arrendatarios. Además, la plataforma extendió su alcance territorial al permitir que personas residentes fuera de Vitacura accedan libremente a los recursos educativos, cursos y manuales formativos dispuestos de forma virtual en la página web municipal.

El sistema de certificación residencial se organiza de manera secuencial a través de las siguientes tres etapas:

• Inscripción: vecinos se suman voluntariamente al programa y acceden a talleres prácticos, cursos específicos y material educativo diseñado por los expertos.

• Autoevaluación: inscriptos miden las prácticas de manejo existentes en sus hogares mediante una plataforma digital simple. Si alcanzan un puntaje mínimo estipulado, quedan habilitados para solicitar una visita técnica presencial.

• Seguimiento: personal técnico del municipio realiza inspecciones posteriores en el terreno para evaluar los avances y, cuando corresponde, otorgar una certificación de rango superior.

Evidencia y resultados medibles en el territorio

La combinación entre la regulación del espacio público y la apertura del programa residencial generó resultados cuantitativos verificables. En el sector privado, la asesora señala que “esta articulación entre academia, municipio y vecinos nos permite contar hoy con casi 58 hogares certificados”. Todos completaron el proceso oficial dentro de la comuna en sus tres niveles de avance: semilla, árbol y ecosistema.

Los efectos visibles en el entorno urbano validan el desempeño de la solución:

• Intervención integral de 256.000 metros cuadrados de superficies y áreas verdes públicas.
• Consolidación de más de 43.000 metros cuadrados de jardines biodiversos.
• Plantación de 4.400 árboles en calles y avenidas, complementados con la introducción de 194.000 arbustos y herbáceas nativas.
• Reducción comprobada de aproximadamente un 45% en el consumo de agua en la totalidad de las áreas verdes públicas intervenidas.

Además, Casanello señala que el monitoreo ecológico desarrollado durante los últimos dos años corrobora un incremento significativo de polinizadores e insectos benéficos en los corredores intervenidos. Este aumento es relevante porque estas especies funcionan como indicadores de la salud de los ecosistemas. Su presencia sugiere que los jardines ofrecen alimento y refugio para distintas variedades, lo que contribuye a recuperar la biodiversidad urbana. Al mismo tiempo, los polinizadores cumplen un rol clave en la reproducción de las plantas y ayudan a sostener el equilibrio ecológico local. 

En paralelo, los especialistas analizan las islas de calor urbano para establecer cómo la reconversión paisajística mitiga las temperaturas extremas sobre el suelo pavimentado. Esta red de corredores biológicos urbanos, que ya lleva cinco años construyéndose, posicionó a la comuna como finalista en los premios internacionales AIPH World Green City Awards 2026.

Desafíos y aprendizajes de Mi Jardín Sustentable

El obstáculo principal radica en la velocidad del cambio de paradigma cultural. Daniela Casanello explica que el mayor desafío ha sido enfrentar esa transformación en la comunidad, “lo cual requiere procesos de adopción que suelen ser lentos”. En la localidad, modificar hábitos arraigados requirió de procesos formativos continuos frente a la histórica preferencia por el césped tradicional de alto consumo.

Por otra parte, el aumento demográfico continuo dentro de los 28,9 kilómetros cuadrados de la comuna presiona constantemente los indicadores de espacio verde por habitante. Manuela Iglesias, encargada de Áreas Naturales y Biodiversidad, advierte que esta población en constante aumento desafía directamente los indicadores locales, obligando a una permanente optimización de los recursos hídricos y del suelo urbano disponible para mantener los parámetros de bienestar ambiental recomendados de nueve metros cuadrados por habitante.

Respecto a los aprendizajes, Casanello refuerza la idea del liderazgo institucional: “Nuestra principal estrategia fue liderar con el ejemplo a través del espacio público. El hecho de que las áreas verdes municipales ya hubiesen comenzado su transformación bajo estos mismos lineamientos sustentables fue clave”. Al ver los resultados reales y atractivos en sus propias plazas y parques, los vecinos comenzaron a comprender el valor de la propuesta y replicar estas prácticas en los jardines de sus casas. 

Condiciones para replicar experiencias como Mi Jardín Sustentable

Casanello enfatiza la relevancia del ordenamiento institucional: “Para cualquier municipio de América Latina que busque replicar este modelo, el componente mínimo viable no es un programa aislado, sino la planificación estratégica. El primer paso fundamental es crear una hoja de ruta técnica e institucional; en nuestro caso, el Plan de Infraestructura Verde actúa como el gran paraguas normativo”.

Disponer de este marco institucional consolidado ha garantizado a Vitacura que las metas socioambientales trasciendan los cambios de gestión política y se articulen de manera directa con el presupuesto municipal. Asimismo, la inserción en redes internacionales como ICLEI y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía facilita el intercambio de conocimientos y fortalece las capacidades técnicas locales para sostener la infraestructura ecológica urbana.

El reconocimiento internacional de Vitacura pone de manifiesto que la mitigación del cambio climático en las ciudades requiere un cambio metodológico profundo. Modificar la fisonomía urbana no depende exclusivamente de las grandes obras de infraestructura pública, sino de la capacidad institucional para involucrar a la ciudadanía en la gestión de sus propios entornos. 

Al transformar los patios privados en nodos de biodiversidad, los gobiernos locales pueden descentralizar la resiliencia hídrica y construir comunidades preparadas para los desafíos ambientales del futuro.

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Este hábito doméstico responde de manera directa a la necesidad de restaurar el ciclo natural de los recursos desde el hogar. “Cuando uno observa la naturaleza comprende que allí no existen los residuos; todo se transforma, se biodegrada y vuelve en un ciclo de nutrientes o minerales”, explica Pablo Gautier, cocreador de la iniciativa Mejoramiento agroecológico de praderas mediante el reciclaje de residuos orgánicos.

El proyecto busca revertir la degradación que sufren los suelos de los sistemas pastoriles circundantes, agotados por esquemas de producción agrícolas tradicionales que dependen de fertilizantes químicos, a través del reciclaje de basura orgánica. El compost generado se procesa luego para crear “té de compost”, un insumo líquido, rico en bacterias y hongos benéficos. Se esparce de forma aérea sobre las pasturas ganaderas utilizando un dron agrícola de última generación.

Esta iniciativa, financiada a través del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), gestionado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y articulada por la Intendencia de Río Negro, se puso en marcha en marzo de 2026. Al tratarse de un proceso biológico que requiere de tiempos de maduración de las praderas, la experiencia aún no cuenta con datos cuantitativos de rendimiento agrícola. Sin embargo, ya registra procesos y aprendizajes viables de replicar en otros territorios.

San Javier: las raíces del compromiso

La particularidad de este proyecto de compostaje se da en la cultura de reciclaje ya instalada en San Javier. Aquí la separación de residuos en origen no es una práctica reciente. “Comenzó hace dos décadas con la consigna: cuidemos el planeta comenzando por casa“, recuerda Mariela Logvinenko, vecina de la localidad e integrante de la Sociedad de Fomento Rural. “Era una idea loca, para algunos una utopía, pero al ver el aumento de botellas plásticas en los vertederos locales, decidimos cambiar los hábitos de recolección” agrega. 

Vecinos y vecinas organizaron una red de recolección local. Los ingresos generados por la venta del material reciclado se volcaron por completo en la comunidad, financiando donaciones de pintura, vidrios y artículos de limpieza para las escuelas y centros de salud locales. La iniciativa se convirtió rápidamente así en un programa de desarrollo social, y con el tiempo se incorporó como un subgrupo oficial de reciclaje, denominado “Los Botelleros”, dentro de la Sociedad de Fomento Rural de San Javier.

Cuando la Intendencia de Río Negro y la sociedad plantearon la posibilidad de dar el salto hacia el compostaje de residuos orgánicos húmedos, la confianza colectiva ya estaba cimentada. “Nos planteamos encontrar 50 familias dispuestas a separar lo orgánico de sus residuos sólidos domiciliarios. Sorprendentemente, se unieron de inmediato y las sumamos a las 35 que ya clasificaban plásticos. Hoy tenemos noventa familias eco-amigas”, detalla Logvinenko, quien lidera todo ese trabajo. 

Reingeniería financiera e innovación tecnológica 

Este compromiso ciudadano resolvió de antemano el obstáculo más difícil de cualquier programa de economía circular: la resistencia de la población a cambiar sus conductas cotidianas de descarte. También facilitó el inicio del proyecto de mejoramiento de praderas, que surgió a partir de una alianza con La Enmienda, una empresa que les presentó el té de compost como una alternativa para revitalizar la vida del suelo.

La viabilidad técnica del proyecto se consolidó gracias a una reconfiguración presupuestaria impulsada por el gobierno local. El presupuesto inicial otorgado por el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) fue de 2.400.000 pesos uruguayos (unos 60.000 dólares). Con ese monto se adquirieron herramientas fundamentales para la planta de acopio: un tractor con pala, una chipeadora de ramas, una volteadora de compost y contenedores domiciliarios, que se repartieron a la red de recolectores locales.

La planificación original preveía la compra de una estercolera de sólidos, pero fue en ese momento donde surgió una alerta técnica crítica. “Pablo Gautier (el cocreador de la iniciativa) me planteó que existía un riesgo altísimo de contaminación cruzada”, explica Sebastián Alarcón, subdirector de Desarrollo Económico de la Intendencia de Río Negro. “Decidimos hacer una reingeniería financiera junto a la OPP. Sacamos la estercolera de sólidos, ajustamos los costos de otros proveedores e incorporamos un dron de uso agrícola”, añade. 

El equipo de San Javier cuenta que el cambio técnico generó dudas en la inspección fiscal de la OPP, que argumentó que los drones eran herramientas demasiado novedosas, sin antecedentes firmes de aplicación agroecológica en el país. Tuvieron que defender la propuesta demostrando que el proveedor del equipo no solo entregaba el dron, sino que coordinaba un curso de manejo profesional con el apoyo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).

Esta formación técnica se orientó específicamente a los hijos jóvenes de los productores, asegurando mano de obra calificada en el territorio y motivando a las nuevas generaciones a permanecer en el sector agropecuario de forma sostenible. El proyecto agroecológico de San Javier no se plantea como una experiencia voluntarista de pequeña escala –remarcan sus impulsores–, sino como un ensayo de validación científica que busca sentar las bases para una nueva forma de producir en el país. 

Rigor técnico y validación científica descentralizada

Actualmente, un grupo piloto de doce productores de la Sociedad de Fomento Rural (donde el 40% son mujeres) participa de manera activa en las aplicaciones experimentales. Para dotar a la experiencia de rigor científico y generar las primeras recomendaciones de dosificación oficiales de té de compost para el pastoreo uruguayo, se ha estructurado una red de colaboración institucional de carácter inédito:

• Universidad Tecnológica del Uruguay  (UTEC): trabaja en el análisis microbiológico del agua y en el diseño y construcción de biorreactores adaptados, fabricados en los talleres de la propia intendencia para evitar los altos costos de importación.
• Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y Conaprole: diseñan y ejecutan protocolos de investigación a campo para evaluar variables biológicas clave como la persistencia de las praderas pastoriles, el incremento de nutrientes del suelo y la sanidad animal de los rodeos alimentados con estos forrajes inoculados.
• Grupo de recicladores de San Javier: garantiza la trazabilidad del proceso mediante el sistema de doble tacho numerado. Este control permite auditar los recipientes casa por casa, asegurando que no lleguen plásticos ni metales pesados que arruinen la calidad microbiana de la pila de compostaje.

“El proyecto apunta a sentar las bases para una nueva forma de empezar a producir, apartándose un poco de los fertilizantes de síntesis e incorporando tecnologías naturales en equilibrio con el medio ambiente”, reflexiona el ingeniero agrónomo Alarcón. La comunidad de San Javier asume esta etapa inicial de acopio y pruebas con la certeza de que, aunque los resultados biológicos definitivos demorarán meses en consolidarse, están construyendo un faro metodológico para toda la región.

Aprendizajes y potencial de replicabilidad

Con este proyecto, San Javier se podría transformar en la primera localidad agroecológica de Uruguay. En ese camino Gauthier dice que, a mediano plazo, el equipo detrás de esta iniciativa busca consolidar y ampliar las áreas de praderas mejoradas en la localidad, profundizar el monitoreo de los resultados productivos, ambiental y económicos y llegar con el reciclaje a todo la ciudad. 

“Nos interesa generar información local que permita validar y ajustar las prácticas para distintas situaciones de suelo, sistemas de producción, logística, manejo y sobre todo llegar a un sistema sumamente fácil desde la recolección del residuo en las viviendas, hasta la aplicación del compost líquido”, expresa.  A largo plazo la meta es que los ensayos e indicadores que logren recabar sirvan de insumo para crear políticas públicas y, sobre todo, validar un sistema circular funcional, sostenible y sustentable.

“Proyectamos a San Javier como un faro regional de innovación agroecológica. No vemos este proyecto de forma aislada, sino como motor de una transformación territorial integrada. Queremos demostrar que el interior rural del Uruguay puede liderar la bioeconomía, generando valor agregado ambiental y que sea un orgullo para nuestra comunidad y un estándar para el país”, sostiene el referente.

Sobre los aprendizajes que deja hasta el momento la experiencia, el ingeniero comparte que “los cambios más profundos ocurren cuando la innovación técnica va acompañada de la construcción social”. Además, agrega que comprobaron “que es posible generar impactos positivos simultáneamente sobre la producción, la salud del suelo, y la gestión de residuos, transformando problemas ambientales en oportunidades para el territorio”.

A las ciudades que quieran recorrer este camino, el especialista recomienda comenzar con experiencias piloto concretas, espacios de diálogo entre todos los actores involucrados y construir confianza antes que buscar resultados rápidos. “Es fundamental contar con habitantes y productores comprometidos, apoyo técnico interdisciplinario, instituciones locales que faciliten la coordinación y una infraestructura mínima para la gestión y valorización de los recursos orgánicos disponibles”, precisa. 

Por último sugiere que cada territorio debe adaptar el procesos a sus propias características, necesidades y oportunidades manteniendo una visión integradora que conecte producción, ambiente y comunidad. También invita a que se acerquen a San Javier y vean el proyecto con sus propios ojos: “Observen lo que se puede hacer y lo que no, saquen todas sus dudas y hablen con todos los actores. San Javier es un pueblo de puertas abiertas, orgullo de mostrar lo que viene construyendo”. 

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En agosto de 2024, +COMUNIDAD publicó por primera vez un especial sobre sandboxes regulatorios: esos entornos donde un gobierno permite probar, durante un tiempo y bajo supervisión, innovaciones que ninguna norma todavía contempla. Entre los casos destacados estaba el de Río de Janeiro, la primera capital brasileña en montar uno a escala municipal.

En aquel momento, el Sandbox.Rio era sobre todo una promesa con buenos primeros resultados. Su equipo nos contaba que la ciudad ya alojaba estaciones de recarga para autos eléctricos, robots de entrega circulando por las veredas, drones repartiendo bebidas y hasta los primeros pasos de un auto volador. Todo eso ocurría sin que la ciudad hubiera tenido que reescribir su normativa de antemano.

Casi dos años después, volvimos a tocar la puerta. La pregunta principal era qué había pasado con todo aquello: ¿quedó en experimento o se transformó en algo más? Y, sobre todo, una pregunta que ordena esta edición del Boletín Ideas & Inspiración: ¿cómo se traduce un “laboratorio regulatorio” en desarrollo económico concreto para una ciudad?

Las respuestas las dio, como aquella vez, Carina de Castro Quirino. Es la subsecretaria de Regulación y Ambiente de Negocios de la Prefeitura de Río (SUBRAN), cuya área conduce el programa. Y dejan ver un cambio de etapa: el sandbox dejó de ser una vitrina de pilotos para empezar a producir lo que más le cuesta generar a cualquier gobierno frente a la innovación: normas con base en evidencia.

Una caja de arena, para quien llega por primera vez

La metáfora que le da nombre viene del mundo del software. Cuando una persona dedicada a la programación quiere probar un código nuevo, no lo libera directo al sistema: lo corre en un entorno aislado, una “caja de arena”, donde puede fallar sin contaminar al resto. En 2015, reguladores financieros del Reino Unido tomaron prestada la idea para dejar que las fintech probaran sus productos en un espacio acotado, sin exigirles de entrada todas las reglas pensadas para los bancos.

Un sandbox regulatorio es eso: un permiso acotado en el tiempo, en el territorio y en su alcance, para probar algo nuevo en la vida real. No suspende los controles de seguridad ni las protecciones al ciudadano. Suspende, de forma temporal, normas menores que bloquean una innovación que todavía nadie reguló. Lo que cambió Río fue la escala. Una cosa es un sandbox financiero, con dos reguladores y un puñado de empresas. Otra muy distinta es una ciudad entera, con calles, vecinos, tránsito y comercios.

Río creó su programa en 2022 mediante el Decreto Municipal 50.697. Cualquier empresa, startup o instituto de investigación puede presentar un proyecto. Si la innovación no encaja en la normativa vigente, el municipio la evalúa y, si tiene mérito, le otorga una autorización temporal para operar con usuarios reales y bajo monitoreo. Al cerrar el ciclo, la Prefeitura produce un informe técnico. Y ahí empieza lo interesante.

Del experimento a la norma: el caso de los patinetes

Si hay un aprendizaje que el equipo de Quirino rescata de estos casi cuatro años es que “una regulación eficaz necesita evidencia, no anticipación”. 

La subsecretaria lo plantea como una inversión de la lógica habitual del Estado. “El poder público suele regular nuevas tecnologías a partir de proyecciones y suposiciones”, explica. El sandbox propone el camino opuesto: primero se prueba en escala real, después se regula a partir de los datos.

El caso que mejor completa esa trayectoria es el del Proyecto Patinete Rio, de la empresa Whoosh. Durante 19 meses de operación experimental, la Prefeitura midió de forma continua patrones de uso, perfil de usuarios e impactos en la movilidad y el ambiente. Al cerrar el ciclo, los números eran contundentes: 2,9 millones de viajes, 972.000 usuarios activos y unos 230 empleos directos e indirectos generados.

Ese volumen de datos resultó decisivo para dos movimientos que tuvieron que ocurrir en paralelo. Por un lado, la articulación con las áreas municipales, que pasaron a conocer los riesgos reales —y no hipotéticos— de los patinetes en el espacio urbano. Por el otro, el respaldo político para avanzar hacia una regulación permanente. El resultado fue el Decreto Municipal 57.657, del 9 de marzo de 2026, que regula de forma definitiva los patinetes eléctricos compartidos en la ciudad, tras un proceso que incluyó consulta pública, informes de monitoreo y diálogo con los organismos involucrados.

La lección que deja Quirino es directa: sin el sandbox, el debate regulatorio se habría trabado en intuiciones y en comparaciones con otras ciudades, sin práctica propia. Con él, se discutió sobre evidencia recogida en un entorno controlado. “Datos que no dejaban margen para cuestionar la relevancia del servicio para la ciudad”, resume.

Qué se regula y qué no: el mecanismo detrás

El caso de los patinetes es el producto de un método. Al final de cada ciclo, de unos doce meses, el Sandbox.Rio produce un informe técnico consolidado que orienta la decisión entre tres caminos posibles: regulación definitiva, continuidad experimental o cierre ordenado del proyecto.

Los patinetes ya recorrieron ese camino completo. Otros están en pleno trayecto. El más avanzado es el Eletroposto Carioca, la primera estación de recarga de vehículos eléctricos del país, inaugurada en febrero de 2025 en Barra da Tijuca. En su primer año registró 21.179 sesiones de recarga, consumió 522.373 kWh y evitó 406 toneladas de dióxido de carbono.

Esos datos, según la Prefeitura, ya están orientando una decisión de política pública más amplia. Río es la tercera ciudad de Brasil en cantidad de vehículos eléctricos patentados, y la demanda crece más rápido que la oferta de infraestructura: la flota electrificada brasileña aumentó 28% solo en el primer semestre de 2025, y las ventas crecieron 65,5% en los dos primeros meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. El país tenía unas 21.000 estaciones de recarga en febrero de 2026, pero los conductores siguen señalando la falta de infraestructura como el principal cuello de botella de la electromovilidad.

Por eso la ciudad avanza en el diseño de un Plan Municipal de Electromovilidad, que prevé sumar 15 nuevas estaciones públicas de recarga hasta 2028. El sandbox fue el instrumento que permitió acumular datos reales sobre demanda, perfiles de uso, localización estratégica y viabilidad económica. Datos que ahora sostienen ese plan. En palabras de Quirino, “el programa no existe solo para liberar innovación, sino para producir el conocimiento que permite al Estado actuar con precisión”. 

^{Bicicleta acuática recolectora de residuos en la Laguna Rodrigo de Freitas. Imagen: Proyectdo Biclean.}

La innovación también para las periferias

En todo el camino hubo, sin embargo, un punto sensible que el propio equipo detectó. Los dos primeros ciclos habían dado resultados sólidos, pero concentrados en zonas con mejor acceso a infraestructura urbana: la Zona Sur y Barra da Tijuca. La innovación llegaba donde ya existía en cierto modo, no donde más falta hacía.

El tercer ciclo, lanzado en agosto de 2025, buscó corregir ese sesgo. Por primera vez, los proyectos orientados a comunidades cariocas y a áreas fuera de ese eje reciben hasta diez puntos adicionales en la selección. El cambio se notó: 58 proyectos inscriptos, según la Prefeitura, un récord para un sandbox municipal en Brasil, con participación inédita de iniciativas pensadas para territorios periféricos y un jurado integrado por instituciones como la Firjan y la UFRJ.

Entre los diez proyectos del ciclo, dos muestran con claridad ese giro. Uno es Biclean, una bicicleta acuática que se prueba en la Laguna Rodrigo de Freitas como vehículo de recreación y turismo sustentable, con la particularidad de recolectar residuos mientras circula. El otro, de mayor alcance social, es un CEP Digital —un sistema de direcciones digitales— para las comunidades de Mangueira y Caju, desarrollado por la logtech de impacto social naPorta junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría Municipal de Salud.

La idea es sencilla, pero no por eso  menos potente. En territorios donde el sistema postal tradicional no funciona, se crean direcciones digitales precisas para cada vivienda. Eso permite, por ejemplo, que los agentes comunitarios de salud localicen a los vecinos con exactitud, mejora el seguimiento de pacientes, la cobertura de vacunación y la eficacia de los programas de atención primaria.

La tecnología de direcciones digitales ya venía aplicándose en favelas cariocas desde fines de 2024; lo que aporta el sandbox es articularla con los servicios públicos de salud del municipio. Es el tipo de resultado, señala Quirino, que convierte al programa en un instrumento de reducción de desigualdad urbana, y no solo de fomento al emprendimiento. 

^{Biclean, una bicicleta acuática que se prueba en la Laguna Rodrigo de Freitas como vehículo de recreación y turismo sustentable, con la particularidad de recolectar residuos mientras circula. Imagen: 10viajes.com} 

Límites y diálogo con otros niveles del Estado

La experiencia carioca también deja ver dónde están las tensiones. Un sandbox municipal solamente puede mover normas municipales, y los límites aparecen cuando una innovación toca competencias de otros niveles del Estado. El propio equipo lo reconoce: puede dialogar con reguladores federales, como la agencia de aviación que interviene en el caso de los drones o los eVTOL, pero no modificar sus reglas.

Ese roce de competencias se hizo visible en abril de 2026, cuando la Prefeitura publicó un decreto más amplio —distinto del de los patinetes compartidos— para ordenar la circulación de toda la micromovilidad eléctrica en la ciudad. El Ministerio Público del Estado de Río cuestionó parte de esa norma y pidió su suspensión, al considerar que el municipio no puede modificar clasificaciones de vehículos ya definidas por la legislación federal de tránsito. 

El decreto afectado, el número 57.823, no tiene relación con el programa Sanbox.Rio (el de los patinetes compartidos es el número 57.657 y se encuentra vigente). El episodio, todavía abierto, ilustra un aprendizaje que excede a Río: experimentar en el ámbito local es posible y fértil, pero llevar esos aprendizajes a una regulación duradera exige coordinar con los demás niveles del Estado.

Qué puede aprender otra ciudad de la región

Para los gobiernos locales que leen este Boletín, la pregunta práctica es si todo esto se puede replicar. La recomendación de Quirino es no esperar a tener el modelo perfecto. “El mayor error que puede cometer una ciudad es creer que necesita regular el futuro antes de entenderlo”, afirma.

El programa carioca, recuerda, no demandó recursos del erario ni una estructura compleja: necesitó voluntad política, un instrumento jurídico claro y un equipo dispuesto a aprender junto con las empresas. Se apoya, además, en una base normativa nacional —el Marco Legal de Startups, la ley complementaria 182 de 2021— que habilita expresamente a estados y municipios a crear estos entornos de prueba.

En la región, ciudades como Porto Alegre, Goiânia, Maceió, Criciúma, Teresópolis y Volta Redonda, además del estado de São Paulo, ya armaron sus propios sandboxes. En la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una ley desde 2021, y municipios como Escobar empezaron a transitar caminos regulatorios similares, inspirados en parte por la experiencia de Río.

El decreto que dio origen al Sandbox.Rio está disponible como modelo adaptable para cualquier municipio que quiera empezar. Porque el problema que resuelve, dice Quirino, es universal: “Si tu ciudad enfrenta tecnologías que llegan más rápido que la capacidad de regularlas —y todas las enfrentan— el sandbox no es una opción sofisticada reservada a las grandes metrópolis. Es la respuesta práctica a un problema común”.

Casi dos años después de aquella primera nota, la caja de arena de Río demostró algo que va más allá de los drones y los autos voladores que la hicieron famosa: que un permiso temporal, bien diseñado, puede convertirse en infraestructura, en empleo, en servicios de salud que llegan a una favela. Y, sobre todo, en una forma distinta de que el Estado se relacione con lo que todavía no sabe regular.

Contacto con Sandbox.Rio: https://www.sandboxrio.com.br/

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Por Ashoka Cono Sur

En Misiones, Tiago Rodriguez (19) dirige una startup que desarrolla inteligencia artificial para estudiantes con discapacidad. En Córdoba, Uriel Barzola (21) combina la apicultura con el activismo ambiental y los saberes del pueblo originario al que pertenece para montar un proyecto productivo en el lugar donde nació y eligió quedarse. 

Ambos representan una forma de entender el trabajo que no separa la vocación del impacto, ni el proyecto personal del laboral y las acciones colectivas. Los dos forman parte de la generación 2026 de Tribu, la red de jóvenes agentes de cambio impulsada por Ashoka Cono Sur, que este año lanza Tribu Usina de Impacto, una instancia de cruce entre juventudes, trabajo y emprendimiento social. 

Tiago partió de un compromiso personal y familiar por generar soluciones a personas con TDAH y TEA, que lo llevó desde más chico a involucrarse con campañas de concientización sobre discapacidad. Las ganas y la curiosidad lo llevaron a crear juguetes accesibles impresos en 3D con plástico reciclado. “Acelerados”, su proyecto actual, recupera los aprendizajes de ese camino y lo potencia. Es una plataforma de inteligencia artificial que adapta contenido educativo para estudiantes con trastornos de atención o del espectro autista. 

Transformarlo en un medio de vida implica desafíos: “¿Cómo monetizar sin cobrarle a estudiantes ni a docentes?”, se preguntó. Por eso, indaga en propuestas público-privadas de financiamiento y en toda oportunidad de crecer. Es que para Tiago, el éxito se encuentra en dos dimensiones: una de métricas, que se da por llegar a más escuelas y usuarios con su desarrollo, y otra personal, que tiene que ver con acompañar a las familias.

Uriel también encontró la semilla de la transformación social hace años, movilizado por el activismo ambiental. Perteneciente a la comunidad originaria sanavirona Kasik Sacat, Uriel fundó Tracelife (“rastro de vida”), para divulgar material científico sobre las aves playeras migratorias del Parque Nacional Ansenuza, un proyecto que sumó limpiezas de costa y talleres en escuelas, ganó un premio y llegó hasta la legislatura de Córdoba. 

En la actualidad, es voluntario en la Fundación Líderes de Ansenuza, donde se ocupa de la logística de talleres ambientales en La Shinconá, trabaja como apicultor en su propio emprendimiento en clave sociambiental y estudia Administración de Empresas. “Como ambientalista, quiero despertar el interés de las comunidades sobre el valor del ecosistema local. Como emprendedor, quiero lograr un proyecto escalable que genere empleo en mi zona”, recalca. Una vez que termine su formación, quiere regresar a Villa Rosario del Saladillo y visibilizar el proceso de producción de miel y la vida en ese rincón de Córdoba. 

Que cambiar el mundo y trabajar no sea solo un sueño

Ser un agente de transformación social y necesitar, como cualquier persona, un ingreso económico para sostenerse, puede entrar en tensión. Para abordarlo, Ashoka impulsa desde hace seis años en Argentina la iniciativa Tribu, una red de jóvenes agentes de cambio que cada año explora distintas temáticas vinculadas a la participación y la transformación social. 

En 2026, la propuesta presenta una nueva edición llamada Tribu Usina de Impacto, enfocada en el vínculo entre juventudes, trabajo y emprendimiento social. Además, gracias al acompañamiento de Citi Foundation obtenido en 2025, el programa se expande por primera vez a Uruguay y Paraguay. 

La propuesta convoca a jóvenes que quieran profundizar su camino como emprendedores sociales, para formarlos en habilidades de liderazgo e iniciativa emprendedora. Les pone en contacto con referentes del sector privado, público y social, y busca cocrear con ellos y ellas materiales audiovisuales y educativos para acompañar el recorrido por el mundo laboral. 

“Las juventudes están atravesadas por una gran incertidumbre respecto del futuro laboral, pero también por una necesidad muy fuerte de encontrar sentido en lo que hacen. Desde Ashoka creemos que no alcanza con pensar el trabajo únicamente como una salida económica o profesional. Las nuevas generaciones buscan espacios donde puedan desarrollarse, aportar a sus comunidades y tener un impacto positivo en los desafíos sociales y ambientales que atraviesan sus territorios”, definió Layla Calomiti, coordinadora de Niñez y Juventud de la organización. 

Según detalló, ya desde los primeros encuentros de Tribu Impact Lab las y los jóvenes se mostraron “muy conscientes del contexto que habitan, con una enorme sensibilidad frente a temas como la salud mental, la desigualdad, la educación, el acceso a oportunidades, la crisis ambiental o la desconexión comunitaria”. Esas ganas generan acción porque se involucran para “imaginar respuestas nuevas frente a problemas complejos”, recalcó Calomiti. 

Emprender desde el territorio y trabajo con propósito 

Lo que Tiago y Uriel ya aprendieron en Tribu es que no están solos. “Ashoka nos da una visión externa de nuestros proyectos y nos ayuda a superar obstáculos”, consideró Uriel. Tiago valora sobre todo el contacto con jóvenes de otros lugares que también piensan el trabajo desde el impacto social. Y para quienes tienen inquietudes pero todavía no se animan a convertirlas en inquietudes de su vida cotidiana, les propuso: “Sean curiosos, estén presentes y molesten. Apuesten todo por las ideas que sienten que tienen potencial”. 

En un momento en que el mundo del trabajo se transforma a una velocidad que desorienta, las juventudes aportan herramientas, ideas creativas, habilidad para la innovación y liderazgo. Hay algo que ambos jóvenes tienen en claro: el cambio puede ser algo más que una actividad paralela a la vida productiva; puede ser en sí mismo un proyecto de vida.

Este artículo se publica en el marco de un acuerdo de colaboración entre Ashoka Cono Sur y +COMUNIDAD | RIL. En esta ocasión, ocurre en el contexto de la publicación y difusión del Boletín Ideas & Inspiración. La edición de mayo 2026 está dedicada a iniciativas locales de desarrollo económico en América Latina.

^{Imágenes: Ashoka Cono Sur.} 

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En diciembre de 2024, la capital del estado de Paraná, en Brasil, tenía 201.578 personas en espera por una consulta o un examen especializado en la red pública municipal de salud. Diez meses después, en octubre de 2025, esa cifra había caído a 123.090 pacientes: una reducción del 40%.  El tiempo medio de espera pasó de 60 a 49 días. Para dimensionar la referencia, en el sistema público británico (NHS) la espera promedio por una primera consulta con especialista es de alrededor de 95 días.

El resultado se apoya en una política específica —el Programa Especialidades en Acción, lanzado en abril de 2025—, pero no se explica sin una infraestructura que la ciudad viene construyendo desde mucho antes. 

“Curitiba ha construido, a lo largo de los años, una trayectoria consistente en salud digital que posiciona al municipio como referencia nacional dentro del Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil. La Secretaría fue pionera en adoptar soluciones tecnológicas que ampliaron el acceso, organizaron los flujos y cualificaron el cuidado”, dice a +COMUNIDAD la secretaría municipal de salud de Curitiba, Tatiane Correa da Silva Filipak. 

El programa que ordenó la demanda

Especialidades en Acción forma parte de un paquete más amplio. La Secretaría Municipal de Salud de Curitiba lo construyó articulando cuatro frentes: adhesión a los programas federales Más Acceso a Especialistas y Ahora Hay Especialista del Ministerio de Salud; ampliación de la oferta entre los prestadores contratados; inauguración del Centro Curitibano de Atención Especializada en 2024, administrado por la Fundación Estatal de Atención a la Salud (Feas); y, sobre todo, la expansión de la telerregulación de filas.

La telerregulación funciona así: el médico de la unidad básica de salud comparte la situación clínica del paciente con un médico especialista telerregulador, que analiza la historia clínica electrónica y define si el caso puede resolverse en la atención primaria o requiere derivación. La decisión es íntegramente clínica y humana.

Con ese mecanismo, la Secretaría amplió de 15.000 a 27.000 las consultas mensuales en las cinco especialidades con mayor demanda —oncología, oftalmología, otorrinolaringología, ortopedia y cardiología—, un crecimiento del 80%. La oferta mensual de ultrasonografías, endoscopías y colonoscopías pasó de 11.743 a 17.283: un 47% más.

Dentro del balance general, algunos indicadores se movieron más rápido que otros. La fila de ultrasonografía cayó 96%, la de oftalmología 61,5% y la de tomografía de cráneo se redujo a cero. Los tiempos de agendamiento dejan ver el cambio en casos concretos. 

María Aparecida Duarte Vilela, pedagoga de 59 años, consiguió un turno para un examen de ultrasonografía en 15 días. “No imaginaba que saldría tan rápido”, declaró a la prensa oficial de la Prefeitura de Curitiba. Hélio de Souza, jubilado de 70 años operado de cataratas en enero de 2025, esperaba una consulta de revisión recién para el año siguiente. Fue llamado en agosto: “Ni esperaba ser llamado tan pronto”, dijo.

El ecosistema digital que hizo posible la política

La telerregulación no es posible sin un prontuario electrónico unificado y accesible. Curitiba lo tiene—el sistema e-Saúde— desde 1999.

Sobre esa base, la ciudad construyó dos puertas de entrada digitales que son parte central del Sistema Único de Salud local (SUS). La primera es el aplicativo Saúde Já Curitiba, que permite agendar consultas clínicas y odontológicas en las 109 unidades básicas de salud, consultar el historial del paciente, la carteira de vacunación, resultados de exámenes laboratoriales y confirmar turnos con especialistas. Hoy supera los 2 millones de usuarios.

La segunda es la Central Saúde Já, creada en 2020 durante la pandemia y transformada desde entonces en canal permanente. En abril de 2023,Curitiba se convirtió en la primera ciudad de Brasil en ofrecer teleatendimiento virtual para casos leves por SUS. La central acumuló 1,5 millones de atenciones al 11 de abril de 2025, con una evaluación promedio de 4,5 en escala Likert (equivalente a 9 sobre 10). Desde que arrancaron las consultas por teléfono o video, se registraron 281.500 atenciones médicas y 516.000 de enfermería.

“Cuidar de la salud de una ciudad es, antes que todo, cuidar de las personas. Es comprender que cada decisión tomada en el ámbito de la gestión pública impacta directamente en la vida de miles de ciudadanos. Y no sólo en el acceso a servicios, sino también sobre su calidad de vida, dignidad y bienestar”, expresa la secretaría municipal de Salud de Curitiba, Tatiane Correa da Silva Filipak. 

^{Sitio web de Saúde JÁ. Imagen: Prefeitura de Curitiba.}

El rol de la inteligencia artificial

En diálogo con +COMUNIDAD, la funcionaria cuenta que la entidad utiliza un agente de inteligencia artificial para cualificar las derivaciones desde las unidades de salud hacia la telerregulación. “El objetivo es asistir a los profesionales de atención primaria en el completado de las solicitudes de telerregulación con todo el detalle necesario para cada especialidad”, explica. 

Esta IA se utiliza durante la consulta médica, con el paciente presente, para que el profesional pueda resolver dudas con el usuario sobre cualquier información necesaria para la derivación. “La herramienta fue desarrollada para agilizar las solicitudes y evitar el retrabajo: cada vez que un médico especialista solicita información extra que no figuraba en el pedido original, el proceso se estanca”, destaca Filipak.

La IA lee los flujos y orienta al médico, ayudando a mejorar la descripción de la derivación. De esta forma, el médico regulador puede optimizar el análisis y dar las indicaciones correctas.

En marzo de 2026, durante la Smart City Expo Curitiba, la Prefeitura presentó el Curitiba App: un superapp que integra en un solo entorno digital cerca de 800 servicios municipales, entre los cuales Saúde Já es uno de los más consultados. 

La novedad central es una inteligencia artificial municipal propia, alimentada con bases de datos oficiales de la ciudad, que permite al usuario hacer preguntas en lenguaje natural y recibir orientación para encontrar el servicio que necesita.

El desarrollo se enmarca en la Ley Municipal de Inteligencia Artificial (Lei 16.321/2024), sancionada por Curitiba en 2024, que fija principios de transparencia, privacidad, responsabilidad clara del uso y protección de datos en toda aplicación de IA municipal.

Un ecosistema digital de cuidado

“La innovación ocupa un lugar central (en la trayectoria de Salud de Curitiba). Innovar, para la salud pública, significa incorporar nuevas tecnologías, mejorar procesos de gestión, fortalecer la inteligencia en salud y desarrollar soluciones capaces de responder de forma cada vez más ágil, eficiente y humanizada las demandas de la población”, reflexiona  Correa da Silva Filipak. “Más que modernizar estructuras, innovar significa cualificar el cuidado y ampliar la capacidad del sistema de proteger y promover la vida”, añade. 

Los próximos pasos del modelo de salud de Curitiba se orientan a profundizar la transformación digital, integrar aún más los puntos de la red y situar al ciudadano en el centro de las decisiones con más inteligencia y tecnología.

“Lo más innovador en este momento es la construcción de un ecosistema digital de cuidado, donde todos los puntos de atención a la salud cuentan con un brazo de Salud Digital que auxilia a los profesionales a agilizar y mejorar la calidad del servicio”, remarca Tatiane Filipak a +COMUNIDAD. 

Financiamiento, aprendizajes y transferibilidad

Curitiba destina el 19,52% de susrecaudaciones corrientes a Salud, por encima del mínimo constitucional brasileño del 15%. El presupuesto presupuestado para 2025 alcanzó los R$ 3,34 mil millones (aproximadamente U$S 575 millones al cambio de fines de 2025). En el año también se sumaron 628 nuevos profesionales a la atención primaria y se ejecutaron R$ 6,6 millones (cerca de U$S 1,1 millón) en 48 obras de equipamiento sanitario.

Respecto a qué condiciones considera la Secretaría imprescindibles para que otra ciudad latinoamericana pueda replicar o adaptar este modelo de reducción de esperas y salud digital, Filipak es precisa. “El punto fundamental para cualquier municipio es contar con una historia clínica electrónica sistematizada, que concentre toda la información de los usuarios y brinde al gestor un panorama de todo el sistema de salud enfocado en las necesidades de la población”, aconseja.

“La incorporación de nuevas tecnologías en la salud pública de Curitiba es un proceso de mejora continua. Desde la implantación de la primera historia clínica electrónica en 1999 hasta el estadio actual de Saúde Já Curitiba, se ha avanzado significativamente en ofrecer servicios de salud al alcance de la mano para los usuarios del sistema público”, concluye la secretaria. 

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Una sóla pregunta: “¿cómo va tu vida?” 

Está impresa en un banner publicitario ubicado en un parque de San Salvador de Jujuy, Argentina. La pregunta es la puerta de entrada para que vecinos y vecinas logren poner en palabras las violencias o padecimientos que sufren en sus hogares o trabajos. Violencia de género, consumos problemáticos y situaciones vinculadas a la salud mental, incluyendo riesgo suicida adolescente, son las tres grandes problemáticas que se detectaron a partir de esa intervención e interrogante sobre la vida cotidiana.

La pregunta surge en El Escuchadero, un dispositivo situado en espacios públicos, que ofrece una infraestructura de escucha territorial, y busca conectar actores, detectar problemáticas y activar respuestas comunitarias e institucionales. Emerge en 2021, después de un diagnóstico desarrollado en el marco del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, implementado por la Fundación Crear Vale la Pena, en alianza con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y el acompañamiento de la Fundación Cambio Democrático.

En 2024 este dispositivo pasó de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Desarrollo Humano, específicamente a la Dirección de Salud Integral de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, lo que generó un cambio en la modalidad de trabajo. “A partir de este giro se orientó la iniciativa hacia un enfoque centrado en la Promoción de la Salud Integral y Prevención de diferentes problemáticas”, explica a +COMUNIDAD la referente actual de El Escuchadero, Mariana Vargas.

Escucha activa para la promoción de la salud integral 

A partir del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, se identificaron indicadores críticos: Jujuy registraba una tasa de femicidios de 2,82 en 2020, superior al promedio nacional (1,09). Existían 11 causas judiciales por femicidio en 2020 y 6.500 denuncias acumuladas entre 2016 y 2019 en el sistema de seguridad provincial. Se registraban altos niveles de embarazo adolescente, incluyendo casos en niñas de 10 a 14 años en contextos de abuso.

En ese contexto Vargas, licenciada en Psicología, comenta que El Escuchadero es un dispositivo innovador por “irrumpir en espacios comunitarios, sociales, deportivos y comerciales, con herramientas lúdicas que tienen como base la sensibilidad para una escucha creativa”. “Por ejemplo, se estableció un punto fijo en el Mercado Central 6 de Agosto, un lugar estratégico y accesible donde circula la vida cotidiana. Ahí, en medio del movimiento diario, cualquier persona puede detenerse y ser escuchada”, agrega.

Otro dato innovador que destaca la referente es la implementación de capacitaciones anuales (en las que se han capacitado 83 personas por año), para la transmisión de conocimientos generales y adquisición de herramientas, con el fin de formar facilitadores lúdicos para replicar en sus espacios de trabajo. “El impacto se mide por la cantidad de escuchas realizadas: 435 en 2024 y 582 en 2025. Además de las cerca de 3.000 personas al año que participan de las implementaciones lúdicas”, comenta.

El impacto de la articulación público-privada

Patricia Taboada, responsable de Desarrollo Institucional y Gerenta Operativa de Crear Vale la Pena, cuenta a +COMUNIDAD que el “diagnóstico no sólo permitió dimensionar la magnitud del problema sino evaluar la respuesta institucional”. La Fundación destacó la falta de articulación sostenida entre niveles (nacional, provincial, municipal), la fragmentación entre sectores (salud, justicia, desarrollo social, comunidad) y la baja integración de la información para la toma de decisiones.

En ese contexto se identifica la necesidad de un nuevo tipo de intervención, lo que dio lugar a una articulación entre la Municipalidad y la Fundación para desarrollar una metodología capaz de operar sobre el vínculo, la escucha y la construcción comunitaria. “El principal resultado del proyecto no se expresa en un único indicador cuantitativo consolidado, sino en la instalación de una infraestructura de escucha y orientación en territorio, articulada entre Estado y comunidad”, explica Taboada.

Tras los primeros dos años de implementación (2021–2022), para Crear Vale la Pena uno de los aspectos más relevantes fue su capacidad de traducir los hallazgos en respuestas concretas. En especial, a partir de espacios de escucha personalizada con agentes de salud. La orientación directa sobre recursos disponibles y derivación a dispositivos existentes, las actividades artísticas y lúdicas habilitaron formas de expresión que ampliaron la comprensión del malestar más allá de los lenguajes institucionales tradicionales.

Además, destacan el fortalecimiento de capacidades locales para la detección temprana, la mejora en la articulación entre áreas de gobiernos y actores comunitarios, la generación de redes de contención que reducen el aislamiento social. “En este sentido, el mayor impacto de El Escuchadero no es sólo la atención de casos, sino la construcción de condiciones para una respuesta comunitaria más integrada y sostenida”, sostiene Taboada. 

Sensibilidad, creatividad y articulación institucional

El Escuchadero se distingue por introducir una innovación conceptual y operativa: la transformación de la escucha en una infraestructura pública activa, abierta a la comunidad y capaz de articular dimensiones sociales, culturales y sanitarias. El dispositivo funciona simultáneamente en varios niveles: como espacio de escucha privada, como plataforma de acceso a información y recursos, y como entorno colectivo de expresión a través de propuestas artísticas y lúdicas. 

Para Taboada esta combinación amplía las posibilidades de detección y abordaje de problemáticas, especialmente aquellas que no emergen fácilmente en contextos institucionales formales. Por eso el proceso formativo se centró en el desarrollo de habilidades de escucha activa, en la comprensión de problemáticas complejas y en el uso de lenguajes artísticos como herramientas de mediación. En particular, la formación estuvo orientada a abordar los indicadores detectados en el diagnóstico —violencia de género, consumos problemáticos y salud mental— dotando a los equipos de herramientas específicas para la detección temprana, la escucha situada y la derivación adecuada.

La capacitación de los actores involucrados fue clave para sostener esta innovación.

Asimismo, la especialista cuenta que se trabajó en fortalecer la capacidad de articulación intersectorial, permitiendo que actores diversos operen desde una lógica compartida. “En este sentido, lo innovador de El Escuchadero no reside únicamente en el dispositivo en sí, sino en el modelo de intervención que propone: una forma de acción pública que integra sensibilidad, creatividad y articulación institucional”, resalta. 

Aprendizajes y transferibilidad de El Escuchadero

El trabajo conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy permitió consolidar un aprendizaje central: los problemas complejos requieren recursos, sí, pero también capacidades de articulación, escucha y construcción de sentido compartido. Vargas considera que el mayor aprendizaje es reconocer al dispositivo como una modalidad de trabajo en sí misma, que les permite a la institución profundizar en las inquietudes y acercarse a la comunidad desde la orientación e información. 

“Uno de los principales aprendizajes es que la escucha no puede ser concebida como una instancia aislada, sino como un proceso continuo que requiere institucionalización, formación y sostenimiento en el tiempo”, reflexiona Patricia Taboada. “También se comprobó que la construcción de confianza en el territorio es una condición indispensable para que las personas accedan a estos espacios y para que los dispositivos logren efectividad”, agrega a partir de la experiencia en Jujuy.

En términos de transferibilidad, la profesional cree que el componente crítico para replicar la experiencia no es únicamente el diseño del dispositivo, sino la combinación de tres elementos. Por un lado un diagnóstico territorial profundo que permita comprender el sistema en su conjunto. Por el otro, un proceso de formación multiactoral que construya capacidades compartidas, y una articulación efectiva entre Estado y comunidad que garantice la sostenibilidad de la iniciativa.

Respecto a los desafíos y limitaciones que encontraron en el proceso de implementación de la iniciativa, Mariana Vargas reconoce que no han sido significativas, dado que es un dispositivo que tiene trayectoria. Aún así señala que actualmente el desafío al que se enfrentan es el de la “construcción de legitimidad en el territorio”. Buscando ser reconocidos desde otro lugar: “es una propuesta de interacción diferente, no parte de lo conocido en el ámbito de la salud”.

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La siesta en Los Charrúas se caracteriza por el silencio. En este pequeño municipio de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, la vida pasa con esa quietud propia de los pueblos donde a menudo se escucha decir que “Dios está en todas partes, pero atiende sólo en Buenos Aires”. En 2021 ese silencio cambió de naturaleza. Ya no era por la calma del descanso, sino por el peso de lo que no se nombra. Ese año, en la comunidad de cerca de 5.000 habitantes, se detectaron cinco casos y varios intentos de suicidio.

Mientras el mundo intentaba rearmarse tras la pandemia, Los Charrúas registró una tasa de suicidios seis veces superior al promedio provincial. Entre Ríos ya era la provincia del país con la mayor tasa de suicidio: 15,3 casos cada 100 mil habitantes (según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2024 se situó en 19,8; la cifra provincial está 10 puntos por encima de la tasa nacional).

Entre los casos de 2021, se supo que tres fueron adolescentes o jóvenes, y uno de ellos, menor de 15 años. Fue entonces cuando un grupo de familias, docentes, pedagogos, líderes religiosos y especialistas coincidieron para revertir esta situación. 

“La evolución desde aquella emergencia de 2021 ha sido muy positiva: se ha registrado un solo caso desde ese periodo. Es decir, hace más de tres años que la ciudad no tiene casos de suicidios”, explica a +COMUNIDAD el psicólogo Sergio Brodsky. A partir de su intervención, la Municipalidad de Los Charrúas conformó una Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio para trabajar con casos que les permitan entender las distintas miradas, roles y modos de articular redes para resolver esta problemática. 

Una comunidad unida para frenar una crisis de salud mental

El programa implementado en Los Charrúas se estructuró en dos ejes. Por un lado, la prevención comunitaria, a través de charlas, capacitaciones y talleres de concientización. Por el otro, un abordaje clínico de los casos de riesgo. En ambos frentes se desarrollaron estrategias comunitarias “que fueron útiles para enfrentar este fenómeno multicausal, que tiene dimensiones sociales, subjetivas, económicas, laborales y culturales”, explica Brodsky.

En esa línea, Andrea Imoberdorff, intendenta de Los Charrúas, señala a +COMUNIDAD que su trayectoria previa en el ámbito sanitario le permitió involucrarse desde el inicio en el desarrollo del programa: “Vengo del ambiente de salud, conozco la problemática, y he participado en esta formación del programa de salud mental de la Municipalidad”. 

Además, remarca que la iniciativa se apoya en una articulación constante entre actores locales. “Al involucrar a toda la comunidad, la iniciativa tiene un sistema de comunicación constante entre el Centro de Integración Comunitaria (CIC), el área de salud mental municipal a cargo de Sergio, y un WhatsApp a disposición de cualquier vecino que quiera comentar algo”, agrega.

Como parte de la estrategia preventiva, se impulsan actividades en las escuelas. Se organizaron encuentros de salud mental con estudiantes y acciones de sensibilización. Una de las iniciativas que destaca Brodsky es “una folleteada con información preventiva en distintas problemáticas de la salud mental”, como bulimia, anorexia, adicciones, bullying, suicidio y depresión. Los temas fueron seleccionados por estudiantes, con el acompañamiento de docentes y del equipo de Prevención del Suicidio de la Municipalidad de Los Charrúas.

“La efectividad central del programa sigue siendo el estar”, resume el psicólogo. Y agrega: “Percibimos una conciencia de parte de los jóvenes, sobre todo en la franja de los adolescentes, que conocen mucho más acerca de la salud mental”. “Derribaron mitos en relación al acceso a la atención terapéutica a través de un psicólogo, los mitos de que el que va al psicólogo no está loco. Se trabajó mucho en la escuela para acceder al plano de la asistencia”, reflexiona el líder del Programa de Prevención del Suicidio. 

La salud emocional de la juventud de Los Charrúas

En relación con los intentos de suicidio, Brodsky señala que, desde que comenzó la intervención multiactor, se registraron algunas tentativas y que varias personas accedieron a atención psicológica a partir de situaciones de vulnerabilidad, principalmente en el Centro de Integración Comunitaria (CIC). “Gran parte de la prevención pasa por la posibilidad de una detección temprana de esas situaciones, lo que evaluamos como datos de integración de los jóvenes y que reflejan que el modelo de abordaje del suicidio sigue siendo efectivo”, explica.

Esa detección se apoya, en gran medida, en las instituciones de la comunidad. Las señales de alerta —vinculadas a contextos de vulnerabilidad o riesgo— suelen ser identificadas en ámbitos como la escuela, que cumple un rol central. A partir de esos indicios, se activa una respuesta asistencial inmediata, como resultado del trabajo sostenido de información y sensibilización realizado en los últimos años.

La intendenta Imoberdorff destaca el papel de las tres radios de la ciudad, donde se promovió la figura del “chismoso solidario” como herramienta para visibilizar la problemática y acercar información a la comunidad. En ese marco, sostiene que “las diferentes estrategias empleadas a partir de la Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio estos últimos tres años y medio le devolvieron a Los Charrúas la esperanza de un presente y futuro en donde sus jóvenes estén a salvo”. 

La mesa continúa en funcionamiento, aunque enfrenta nuevos desafíos. Brodsky advierte que la ausencia de casos en el último tiempo, si bien es un dato positivo, también complejiza la continuidad de los espacios de encuentro: “Al no producirse afortunadamente casos de suicidio, es más complejo poder sostener los encuentros que se hacían, por eso estamos intentando actualmente volver a reunirnos”.

Los próximos pasos

Después de un trabajo “muy intenso y fructífero” de varios encuentros en los que todos los representantes de las instituciones se reunían para trabajar y comprender el rol de cada una en la prevención del suicidio, a Los Charrúas le toca reforzar la apuesta. 

A fines de abril de 2026 se realiza una charla abierta a la comunidad para lanzar nuevamente el proceso de trabajo de la mesa, que tuvo como uno de sus grandes hitos la implementación del programa y la respuesta comprometida de la comunidad.

En ese camino el psicólogo Brodsky destaca, como uno de los aspectos más innovadores de esta iniciativa, el trabajo articulado con la escuela a través de talleres y cursos donde se trabaja con estudiantes sus preocupaciones, angustias y miedos. “El trabajo de capacitación con la institución es innovador porque, si bien está en algunos desarrollos teóricos, se ha realizado muy poco de manera sostenida y sistemática este tipo de proyectos, y nosotros hicimos nuestro propio camino al andar”, remarca.

Un modelo posible para pensar en otras localidades

Con el recambio generacional, surge un nuevo desafío: sostener los aprendizajes en el tiempo. Muchos de los actuales adolescentes eran niños durante la crisis que dio origen al programa. Sobre este punto, Brodsky plantea que la prevención requiere continuidad. “El trabajo de aprendizaje y prevención es permanente, sobre todo en la escuela secundaria, que es donde hacemos foco. La escuela sí ha sido, a diferencia de otras instituciones, un trabajo permanente, sistemático. Todas las semanas se trabaja allí y eso hace que todos estos mecanismos de prevención estén siempre presentes”, explica.

Consultado sobre la posibilidad de replicar la experiencia en otras ciudades, el especialista considera que es viable, siempre que se adapten las estrategias a cada contexto. “Aquí el programa ha tenido muy buenos resultados por el compromiso de la comunidad y por la metodología de capacitación de todos los actores institucionales en el aprendizaje de por qué el suicidio se puede prevenir, qué es la prevención primaria, cómo se promueven los factores protectores del suicidio, entre otras variables”, afirma.

En ese sentido, subraya la importancia de clarificar los roles de cada actor —docentes, referentes religiosos, entrenadores, vecinos— y de fortalecer la articulación en red ante situaciones de riesgo. Se trata de un enfoque sencillo en su formulación, pero exigente en su implementación, dice Brodsky. Esa combinación, sostiene, es la que permitió sostener la experiencia en Los Charrúas y la que puede ofrecer aprendizajes valiosos para otras comunidades, siempre con las adaptaciones que cada contexto y cada idiosincrasia requiera.

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Por Federico Giner y Cora Pfister,
Programa Ciudades que Cuidan
RIL Argentina (*)

Una persona pierde fuerza en un brazo mientras desayuna. Duda. Espera. Consulta a un familiar. Recién entonces alguien llama a emergencias. Ese intervalo, que parece mínimo, puede definir si esa persona vuelve a caminar o no. En el ACV, el tiempo no es un detalle: es el factor que más impacta en el pronóstico. Y aunque solemos pensar que la respuesta depende solo de hospitales y especialistas, hay un actor clave que empieza a ganar protagonismo: la ciudad.

Hablar de la “cadena de supervivencia” del ACV es hablar de una secuencia de decisiones y acciones que comienzan mucho antes de la llegada al hospital. Reconocer los síntomas, activar el sistema de emergencias, llegar rápido al lugar adecuado, acceder a diagnóstico y tratamiento en tiempo y forma. Cada eslabón cuenta. Y en varios de ellos, los gobiernos locales tienen margen real de acción.

La ciudad como primer eslabón ante el ACV

El primer desafío es cultural. Muchas personas no reconocen los síntomas de un ACV o no saben cómo actuar, y eso retrasa decisiones críticas. Pero las ciudades no solo pueden informar: pueden asumir un rol activo en preparar a su comunidad. 

¿Cómo? A través de campañas simples y sostenidas —con mensajes claros como cara caída, debilidad en un brazo o dificultad para hablar— y capacitando a su propio personal, desde el intendente hasta Cultura, Deportes o Seguridad pueden formar una red de primeros respondientes capaces de detectar síntomas y activar la emergencia. Integrar esta lógica en la vida cotidiana de la ciudad acorta los tiempos de respuesta. Es una estrategia de bajo costo, con alto impacto en lo que más importa: el tiempo.

Integrarse a la red para no perder tiempo

En el ACV, la diferencia no la hace solamente la velocidad, sino tomar la decisión correcta desde el inicio. Actuar rápido importa, pero hacerlo dentro de un circuito claro es lo que realmente cambia los resultados.

La mayoría de los municipios no gestiona ni coordina las redes de ACV. Pero todos pueden —y deberían— conocerlas. Identificar qué centros tienen capacidad de respuesta, cómo se activa la emergencia en su territorio y cuáles son los circuitos definidos a nivel local o provincial permite que el municipio encuentre su lugar en la cadena de atención.

Ese rol comienza en el territorio. Personal municipal —desde preventores hasta equipos comunitarios— puede ser quien primero detecte un posible ACV. Pero esa detección agrega valor únicamente si está acompañada de protocolos simples y alineados con la red existente: a quién llamar, cómo comunicar la situación y cómo acelerar el acceso al sistema de salud.

Cuando el municipio conoce la red y actúa en sintonía con ella, deja de ser un actor pasivo y se convierte en un eslabón fundamental, y en el ACV, eso es decisivo.

Campaña de prevención del accidente cerebro vascular. Imagen: Alcaldía de Medellín.

¿Qué pueden hacer hoy las ciudades frente al ACV?

Sin esperar grandes reformas, hay acciones concretas que cualquier municipio puede impulsar:

• Instalar campañas de reconocimiento de síntomas y activación precoz.
• Capacitar a personal municipal como primeros respondientes.
• Mapear la red de atención y conocer sus circuitos.
• Definir protocolos locales alineados con el sistema de emergencias.
• Generar y usar datos para la mejora continua.

Ciudades que Cuidan

En RIL creemos firmemente que los gobiernos locales son actores clave para salvar vidas. Por eso, en abril de 2026 lanzamos ‘Ciudades que Cuidan’, un programa que busca potenciar la capacidad de los municipios en la gestión de la salud pública, con un enfoque prioritario en la prevención y atención de Accidentes Cerebrovasculares (ACV). 

Presentado en abril de 2026 en Salta, este programa acompaña a los equipos municipales para que puedan detectar, responder y coordinar eficazmente ante emergencias sanitarias. Procura integrar tecnología, inteligencia artificial y herramientas de gestión colaborativa para una atención más rápida, eficiente y equitativa.

‘Ciudades que Cuidan’ propone un camino de 10 meses de trabajo que va desde el diagnóstico del sistema local de emergencias hasta la evaluación de los resultados y la sostenibilidad de las mejoras. A través de un enfoque que incluye acompañamiento uno a uno, trabajo en red con otras ciudades y formación con soporte en una academia virtual, buscamos co-diseñar estrategias y soluciones concretas, visibilizando aquellas experiencias exitosas para inspirar a toda la Red y fortalecer la coordinación sanitaria.

Esta primera edición del programa trabaja con ciudades de tres provincias del norte argentino. en concreto, con con equipos de Salta (Capital), Cafayate, Metán, Orán, Rosario de la Frontera, Tartagal (Salta); San Salvador de Jujuy, Humahuaca (Jujuy); y San Miguel de Tucumán, Yerba Buena (Tucumán).

La meta es clara: transformar los desafíos en acciones aplicables que mejoren la ruta crítica de atención en cada ciudad y, así, fortalecer los tiempos de respuesta y la atención a la comunidad.

Mucho más que gestionar la emergencia 

“Ciudades que cuidan” propone algo más amplio que un programa: una forma de mirar los problemas públicos desde la proximidad. En el caso del ACV, esa mirada permite entender que cada minuto perdido antes del hospital también es responsabilidad del territorio.

El desafío no es solo sanitario. Es de gestión, de comunicación y de coordinación. Las ciudades no reemplazan a los sistemas de salud, pero pueden hacer que funcionen mejor. Y en el ACV, eso puede significar la diferencia entre la dependencia y la autonomía, entre la vida que sigue y la que cambia para siempre.

Porque cuando se trata de ACV, cuidar también es llegar a tiempo.

(*) Federico Giner es médico neurólogo, coordinador de la Red de ACV/TeleACV de Mendoza; coordinador Unidad de ACV del Hospital Lagomaggiore; docente en la Facultad de Ciencias Médicas UNCuyo. Se desempeña como facilitador técnico del programa Ciudades que Cuidan en RIL Argentina. Cora Pfister es la líder del programa. Es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una amplia trayectoria en la articulación de proyectos de alto impacto destinados al desarrollo y la gestión de gobiernos locales. 

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada semana se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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¿Funciona el sistema de salud? 

Tandil es una ciudad con 150.000 habitantes con un sistema de salud robusto -al que se le asigna casi el 40% del presupuesto municipal- denominado Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). 

Dentro de sus fortalezas podemos mencionar un sistema de información integrado en todos los puntos de atención, implementado desde el año 2010. Este sistema nos permite conocer que los 15 Centros de Salud Comunitaria y las cuatro postas rurales atienden cerca de 200000 consultas por año. 

¿Esto es suficiente? ¿Significa que estamos brindando buenos servicios? ¿Estamos previniendo enfermedades y muertes evitables? ¿La población está satisfecha con este sistema?  ¿El uso de recursos es eficiente? 

Medir lo que importa en los Centros de Salud

Las evaluaciones tradicionales de los Centros de Atención Primaria en Argentina siguen centradas en la medición de consultas. Con la incorporación de sistemas de información electrónica estas mediciones en vez de madurar, se exacerbaron; ahora se miden las agendas: ocupación, ausentismo, duración de la consulta, demora en la asignación de turnos, etc. Pero poco nos dicen sobre el desempeño del sistema. 

Es el equivalente a una escuela que nos informa la cantidad de estudiantes y los días que asisten a clases pero no nos dice nada sobre su aprendizaje. ¿Acaso la escuela no está para enseñar y favorecer el aprendizaje? Los días de clase son sin duda algo necesario, pero son insuficientes para dar cuenta del desempeño o para impulsar procesos de mejora. 

Asumiendo la conocida frase “no se puede mejorar lo que no se mide” y reconociendo que lo que medíamos estaba resultado insuficiente, emprendimos este desafío de medir lo que importa. Esto implicó discutir para qué están los centros de salud -la misión institucional- y nos sorprendimos de lo heterogéneo de las miradas. 

Teniendo este desafío en nuestra agenda de gestión, aceptamos la invitación que nos hizo el IECS (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria), un organismo afiliado a la Universidad de Buenos Aires, de impulsar una investigación vinculada a la detección y atención de personas con diabetes. 

Con ellos logramos desarrollar un tablero para medir cómo nos estaba yendo en cuanto a detección, seguimiento, tratamiento y control adecuado de personas con diabetes en cada uno de los barrios de Tandil. Luego extendimos este análisis a otras problemáticas como hipertensión arterial, coberturas de vacunación y estamos en este momento trabajando en la incorporación de otras variables. Lo que iniciamos fue una cultura de medición y mejora contínua.

Hacerse cargo de los resultados -impulsar la mejora contínua. 

Los números que estos tableros nos mostraron nos preocuparon. 

Si bien en algunas dimensiones teníamos buenos resultados, como coberturas de vacunación, que supera las medias provinciales -a modo de ejemplo la cobertura contra Hepatitis A en el 2024 fue del 75,8 en la provincia de Buenos Aires, contra el 93,6 en Tandil-. En otros, estábamos tan mal como la mayor parte de los sistemas de salud de América Latina: el Primer Nivel de Atención no estaba logrando un control adecuado de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 

En nuestro caso, menos del 10% de las personas con Hipertensión Arterial logra un control adecuado de su problema -se considera que una persona hipertensa tiene bien controlada su presión cuando la última medición de presión arterial tiene menos de 6 meses y está por debajo de 140/90 mmHg-. Estamos hablando del principal factor de riesgo para las dos primeras causas de muerte en el mundo que son la enfermedad coronaria y el Accidente Cerebro Vascular.  

Hace 3 años comenzamos con estas mediciones, que se reportan regularmente a los equipos. Los reportes incluyen desde Escuelas visitadas por Centro de Salud, hasta cantidad de usuarias de métodos anticonceptivos, porcentaje de mujeres que realizaron prácticas como rastreo de cáncer de cuello de útero o de mama contrastado contra la población esperable que debería acceder a esa práctica entre otros Se envían listados nominalizados de pacientes que requieren algún tipo de vacuna o monitoreos de indicadores estratégicos. 

Esto permite realizar planificaciones locales en los Centros de Salud y a nivel del Sistema Integrado de Salud Pública Municipal. 

En relación a las ECNT  identificamos lo que se denomina “cascada de la hipertensión” -y algo similar para diabetes- por lo que comenzó una estrategia multicomponente para intervenir sobre cada una de las caídas. La primera oportunidad de mejora está en detectar a quienes no conocen su diagnóstico -la primera caída de la cascada-. Para esto comenzamos a realizar “Rondas Sanitarias”, con agentes sanitarias que se capacitaron y están recorriendo los barrios, casa por casa, para detectar problemáticas prevalentes y facilitar el acceso al sistema de salud. 

La segunda oportunidad de mejora estuvo en el control adecuado de quienes ya se estaban atendiendo. Para esto se definió un protocolo unificado de tratamiento de la Hipertensión y se capacitó a todos los médicos de los Centros de Salud. Este protocolo fue una adaptación  del propuesto por la “iniciativa HEARTS” de la Organización Panamericana de la Salud. 

¿Cómo seguimos? 

Tenemos todavía muchas oportunidades de mejora. Una de ellas, en la que ya comenzamos a trabajar, es en el seguimiento de las personas a las que se les detecta alguna de las condiciones crónicas. 

Para esto armamos un programa de capacitación destinado a enfermería para desarrollar competencias en el abordaje de las ECNT. La capacitación aún no comenzó a dictarse pero se presentó como curso de postgrado y ya cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Más allá de esta propuesta, y de los resultados que vayamos obteniendo, lo que es claro es que queremos seguir por este camino, un camino de mejora contínua, con medición de indicadores sanitarios que contribuyan a un sistema de salud cada vez más efectivo. 

(*) Tomás Baliña es médico, especialista en medicina general / familiar y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña como titular de Salud Comunitaria IV en la Universidad Nacional de Hurlingham, donde publicó su último libro: Manual de Gestión de Centros de Atención Primaria de la Salud.

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