Existe una versión en portugués de este artículo aquí. 

En la gestión ambiental de muchos municipios como Amargosa, ubicado en el estado de Bahía, en Brasil, el desafío no es la falta de información, sino su organización. En esta ciudad de casi 40.000 habitantes, los datos sobre denuncias, fiscalizaciones, arbolado urbano y la producción del vivero municipal existían, pero estaban incomunicados. 

Esta fragmentación obligaba al gobierno local a actuar de forma reactiva ante las emergencias cotidianas. Entonces, para romper este ciclo reactivo, la Secretaría Municipal de Agricultura y Medio Ambiente desarrolló SEAMA Digital. Una plataforma que propone recopilar la información del área en un mismo entorno digital. 

“SEAMA Digital no fue pensado sólo como un sistema para registrar actividades, sino como una arquitectura de gestión ambiental, capaz de conectar el campo, el territorio, la fiscalización, la planificación, la transparencia y la toma de decisiones”, explica a +COMUNIDAD, Francelle Ferretti, secretaria Municipal de Medio Ambiente y Agricultura de Amargosa.

Una arquitectura de gestión ambiental en cuatro niveles

El funcionamiento de SEAMA Digital se organiza a través de cuatro capas incrementales que transforman el dato crudo en decisiones de política pública:

• Recolección de datos en campo. Los equipos municipales registran digitalmente actividades relacionadas por áreas verdes: inventario de árboles, órdenes de servicio, fiscalizaciones y / o infracciones ambientales entre otras.
• Organización de bases de datos estructuradas. Cada registro se integra en un historial único que permite dar seguimiento del historial: las reincidencias, los plazos, los sectores involucrados y la evolución de las demandas realizadas.
• Territorialización. Los datos recopilados se visualizan en un mapa interactivo para identificar las zonas con mayor concentración de conflictos ambientales.
• Inteligencia aplicada. El sistema genera indicadores de riesgo y alertas automáticas para priorizar las tareas de mantenimiento.

Inteligencia Artificial al servicio del arbolado público

La principal innovación de la plataforma es la incorporación de asistentes virtuales basados en inteligencia artificial. Uno de ellos es Verde Bot, un asistente técnico especializado en arbolado urbano, que ayuda a operarios a calcular el riesgo de caída de los árboles a partir de variables como especie, ubicación y condición fitosanitaria.

“En la práctica, el equipo puede consultar al agente sobre el historial de una demanda, revisar información de fiscalizaciones o verificar registros de infracciones ambientales. El agente de IA no reemplaza el análisis técnico de los servidores públicos; funciona como una capa de apoyo sobre los datos de la Secretaría“, aclara la ingeniera sanitaria y ambiental.

Además, agrega que el objetivo es “reducir el tiempo dedicado a buscar información en planillas, documentos, mensajes e informes dispersos, facilitando el acceso a la información y mejorando la capacidad de respuesta de la gestión pública”. De esa manera el área amplía la transparencia de la gestión ambiental. 

^{Los servicios más comunes en la gestión ambiental de Amargosa. Imagen: SEAMA Digital.}

Desafíos y limitaciones de estas innovaciones

La secretaria Ferretti destaca que la gestión de las áreas verdes y del vivero municipal también dio un salto de calidad, pues el sistema permite realizar un seguimiento preciso de la producción de plantines. Esa información se expone a la ciudadanía a través de un panel público en internet, fortaleciendo la rendición de cuentas.

El camino hacia la digitalización no estuvo exento de obstáculos. “El mayor desafío no fue únicamente tecnológico, sino también institucional. Crear un sistema es una etapa; lograr que se incorpore en la rutina del equipo es otra”, reflexiona la funcionaria. “Para que SEAMA Digital funcione, los registros deben realizarse de forma continua, estandarizada y con calidad. La tecnología sólo genera inteligencia cuando los datos se cargan correctamente”, advierte.

En ese camino, cuenta que uno de los primeros desafíos fue estandarizar la información e integrar áreas que por años funcionaron de forma aislada. Luego remarca la existencia aún de limitaciones prácticas, como la conectividad en el campo que no siempre es la ideal para este trabajo de actualización de las bases de datos. 

De la reacción a la prevención: los impactos en el territorio

La implementación de SEAMA Digital ha transformado la dinámica de trabajo de la Secretaría Municipal de Agricultura y Medio Ambiente, al permitir pasar de un esquema de respuesta ante emergencias a una planificación basada en datos.

Los impactos de esta tecnología se consolidan en seis dimensiones clave:

• Mayor organización de la información: unificación de registros de viveros, arbolado, fiscalizaciones e infracciones en un solo entorno digital.
• Visualización territorial: mapeo de conflictos ambientales para identificar las zonas que requieren mayor presencia del Estado o campañas de educación.
• Priorización técnica en campo: clasificación de riesgos fitosanitarios para organizar rutas de poda preventiva y evitar caídas de árboles.
• Control del ciclo forestal: seguimiento riguroso de la producción de plantines, riego, pérdidas y reforestación en el vivero municipal.
• Transparencia activa: acceso ciudadano a los datos de gestión a través del panel público, promoviendo el control social.
• Eficiencia administrativa: reducción del tiempo de búsqueda de información gracias al soporte de los asistentes de inteligencia artificial.

Aprendizajes que pueden adoptar otras ciudades

A pesar de los desafíos y limitaciones que presenta esta solución, Ferreti expresa que lo más importante ya ha comenzado: el cambio de método. La Secretaría aprende y empieza a trabajar con datos, mapas, registros estandarizados, indicadores, un panel público y el apoyo de la inteligencia artificial para mejorar su gestión ambiental. 

La experiencia de Amargosa deja lecciones valiosas para otros municipios que deseen mejorar y modernizar su gestión ambiental. “El principal aprendizaje es que la transformación digital en esta temática debe pensarse como una arquitectura, no como una herramienta aislada”, destaca la funcionaria. Por último, añade: “No sirve de nada tener un sistema para el vivero, otro para la fiscalización, otro para los árboles, otro para las denuncias, si estas informaciones no dialogan entre sí. El valor reside en la conexión entre las capas“.

Para otros municipios, las lecciones que acerca Ferreti son:

• La tecnología debe responder a un problema público concreto y no al revés.
• La transformación digital debe pensarse como una arquitectura integrada. 
• La inteligencia artificial es un soporte técnico, no un reemplazo del criterio humano. 
• Los municipios pequeños y medianos tienen la capacidad de construir inteligencia pública aplicada 

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Na gestão ambiental de muitos municípios, como Amargosa, localizada no estado da Bahia, o desafio não é a falta de informação, mas a sua organização. Nesta cidade de quase 40 mil habitantes, os dados sobre denúncias, fiscalizações, arborização urbana e a produção do viveiro municipal existiam, mas estavam desconectados.

Essa fragmentação obrigava o governo local a atuar de forma reativa diante das emergências cotidianas. Para romper esse ciclo, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente desenvolveu o SEAMA Digital, uma plataforma que propõe reunir as informações da área em um mesmo ambiente digital.

“O SEAMA Digital não foi pensado apenas como um sistema para registrar atividades, mas como uma arquitetura de gestão ambiental, capaz de conectar o campo, o território, a fiscalização, o planejamento, a transparência e a tomada de decisões”, explica ao +COMUNIDAD Francelle Ferretti, secretária municipal de Meio Ambiente e Agricultura de Amargosa.

Uma arquitetura de gestão ambiental em quatro níveis 

O funcionamento do SEAMA Digital está organizado em quatro camadas incrementais que transformam dados brutos em decisões de política pública:

• Coleta de dados em campo. As equipes municipais registram digitalmente atividades relacionadas às áreas verdes: inventário de árvores, ordens de serviço, fiscalizações e infrações ambientais, entre outras.
• Organização de bases de dados estruturadas. Cada registro é integrado a um histórico único que permite acompanhar reincidências, prazos, setores envolvidos e a evolução das demandas.
• Territorialização. Os dados coletados são visualizados em um mapa interativo para identificar as áreas com maior concentração de conflitos ambientais.
• Inteligência aplicada. O sistema gera indicadores de risco e alertas automáticos para priorizar as tarefas de manutenção.

Inteligência artificial a serviço da arborização urbana

A principal inovação da plataforma é a incorporação de assistentes virtuais baseados em inteligência artificial. Um deles é o Verde Bot, um assistente técnico especializado em arborização urbana que ajuda as equipes a calcular o risco de queda das árvores a partir de variáveis como espécie, localização e condição fitossanitária.

“Na prática, a equipe pode consultar o agente sobre o histórico de uma demanda, revisar informações de fiscalizações ou verificar registros de infrações ambientais. O agente de IA não substitui a análise técnica dos servidores públicos; ele funciona como uma camada de apoio sobre os dados da Secretaria”, esclarece a engenheira sanitária e ambiental.

Além disso, ela afirma que o objetivo é “reduzir o tempo dedicado à busca de informações em planilhas, documentos, mensagens e relatórios dispersos, facilitando o acesso à informação e melhorando a capacidade de resposta da gestão pública”. Dessa forma, a área amplia a transparência da gestão ambiental.

^{Os serviços mais comuns na gestão ambiental de Amargosa. Imagem: SEAMA Digital.} 

Desafios e limitações dessas inovações 

A secretária Ferretti destaca que a gestão das áreas verdes e do viveiro municipal também deu um salto de qualidade, pois o sistema permite acompanhar com precisão a produção de mudas. Essas informações são disponibilizadas à população por meio de um painel público na internet, fortalecendo a prestação de contas.

O caminho rumo à digitalização não esteve livre de obstáculos. “O maior desafio não foi apenas tecnológico, mas também institucional. Criar um sistema é uma etapa; conseguir incorporá-lo à rotina da equipe é outra”, reflete a gestora. “Para que o SEAMA Digital funcione, os registros precisam ser realizados de forma contínua, padronizada e com qualidade. A tecnologia só gera inteligência quando os dados são inseridos corretamente”, adverte.

Nesse processo, ela conta que um dos primeiros desafios foi padronizar as informações e integrar áreas que, durante anos, funcionaram de forma isolada. Também ressalta que ainda existem limitações práticas, como a conectividade em campo, que nem sempre é ideal para a atualização das bases de dados.

Da reação à prevenção: os impactos no território 

A implementação do SEAMA Digital transformou a dinâmica de trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, ao permitir a passagem de um modelo de resposta a emergências para um planejamento baseado em dados.

Os impactos dessa tecnologia se consolidam em seis dimensões-chave:

• Maior organização das informações: unificação dos registros de viveiros, arborização, fiscalizações e infrações em um único ambiente digital.
• Visualização territorial: mapeamento de conflitos ambientais para identificar as áreas que demandam maior presença do Estado ou campanhas de educação ambiental.
• Priorização técnica em campo: classificação de riscos fitossanitários para organizar rotas de poda preventiva e evitar quedas de árvores.
• Controle do ciclo florestal: acompanhamento rigoroso da produção de mudas, irrigação, perdas e reflorestamento no viveiro municipal.
• Transparência ativa: acesso da população aos dados de gestão por meio do painel público, promovendo o controle social.
• Eficiência administrativa: redução do tempo de busca de informações graças ao suporte dos assistentes de inteligência artificial.

Aprendizados que outras cidades podem adotar

Apesar dos desafios e limitações apresentados pela solução, Ferretti afirma que o mais importante já começou: a mudança de método. A Secretaria está aprendendo a trabalhar com dados, mapas, registros padronizados, indicadores, um painel público e o apoio da inteligência artificial para melhorar sua gestão ambiental.

A experiência de Amargosa deixa lições valiosas para outros municípios que desejam aprimorar e modernizar sua gestão ambiental. “O principal aprendizado é que a transformação digital nessa área deve ser pensada como uma arquitetura, e não como uma ferramenta isolada”, destaca a gestora. E conclui: “Não adianta ter um sistema para o viveiro, outro para a fiscalização, outro para as árvores e outro para as denúncias, se essas informações não dialogam entre si. O valor está na conexão entre as camadas”.

Para outros municípios, as lições apontadas por Ferretti são:

• A tecnologia deve responder a um problema público concreto, e não o contrário.
• A transformação digital deve ser pensada como uma arquitetura integrada.
• A inteligência artificial é um suporte técnico, não um substituto do critério humano.
• Municípios pequenos e médios têm capacidade de construir inteligência pública aplicada.

Esta nota faz parte do Boletim Ideias & Inspiração da Rede de Inovação Local (RIL), no qual, a cada mês, são destacados casos inovadores de diferentes temas em cidades de todo o mundo. Gostaria de receber, uma vez por mês, soluções locais como as apresentadas nesta reportagem diretamente no seu e-mail? Você pode se inscrever gratuitamente!

Redação +COMUNIDAD

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En 2022, la zona central de Chile enfrentaba una de sus mayores crisis hídricas tras 14 años de sequía consecutiva. En la comuna de Vitacura, perteneciente a la Región Metropolitana de Santiago, el desabastecimiento estuvo a pocas semanas de traducirse en cortes programados de agua potable para la población. Datos técnicos revelaron que el 71% del consumo de agua potable de la localidad provenía del sector residencial, impulsado por el riego de grandes extensiones de césped.

Esta problemática hídrica coincidía con una pérdida progresiva de biodiversidad urbana y la degradación de hábitats naturales, lo que redujo de forma drástica la presencia de fauna y flora nativa en la localidad. Al detectar que los jardines, patios y balcones privados representaban una superficie muy significativa del territorio, la gestión local identificó la necesidad urgente de transformar estos espacios en aliados de la sostenibilidad, modificando las pautas tradicionales de manejo de la vegetación.

Frente a este escenario, en 2021 se lanzó el programa piloto “Certificación de Jardines por la Biodiversidad”, una iniciativa pionera en el país enmarcada en la estrategia Mi Jardín Sustentable. El proyecto busca transicionar hacia una estética de bajo consumo hídrico mediante un sistema integral de auditorías residenciales, capacitación ciudadana y patrones de manejo respaldados por evidencia científica para convertir los entornos privados en refugios ecológicos.

Mi Jardín Sustentable, una metodología con base científica y comunitaria

El programa se articula de manera directa con el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Vitacura, un territorio de 28,9 kilómetros cuadrados y 97.000 habitantes. “Al detectar que más del 70% del consumo de agua potable de la comuna provenía del sector residencial, entendimos que el cambio debía ser no solo en las áreas verdes municipales, sino también dentro de los hogares”, explica a +COMUNIDAD Daniela Casanello, asesora de Áreas Verdes y Sustentabilidad de la Municipalidad de Vitacura.

El diseño del programa requirió traducir el conocimiento académico y botánico complejo en herramientas sencillas, lúdicas y accesibles para la ciudadanía. Para lograrlo, la Municipalidad consolidó una alianza estratégica con el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) y el Jardín Botánico Chagual. Según detalla Casanello, el proceso “fue un esfuerzo conjunto con la academia, con quienes codiseñamos una certificación de jardines utilizando a la Municipalidad como piloto”.

La convocatoria se abrió de forma inclusiva para los vecinos y vecinas de la comuna, abarcando tanto a propietarios como a arrendatarios. Además, la plataforma extendió su alcance territorial al permitir que personas residentes fuera de Vitacura accedan libremente a los recursos educativos, cursos y manuales formativos dispuestos de forma virtual en la página web municipal.

El sistema de certificación residencial se organiza de manera secuencial a través de las siguientes tres etapas:

• Inscripción: vecinos se suman voluntariamente al programa y acceden a talleres prácticos, cursos específicos y material educativo diseñado por los expertos.

• Autoevaluación: inscriptos miden las prácticas de manejo existentes en sus hogares mediante una plataforma digital simple. Si alcanzan un puntaje mínimo estipulado, quedan habilitados para solicitar una visita técnica presencial.

• Seguimiento: personal técnico del municipio realiza inspecciones posteriores en el terreno para evaluar los avances y, cuando corresponde, otorgar una certificación de rango superior.

Evidencia y resultados medibles en el territorio

La combinación entre la regulación del espacio público y la apertura del programa residencial generó resultados cuantitativos verificables. En el sector privado, la asesora señala que “esta articulación entre academia, municipio y vecinos nos permite contar hoy con casi 58 hogares certificados”. Todos completaron el proceso oficial dentro de la comuna en sus tres niveles de avance: semilla, árbol y ecosistema.

Los efectos visibles en el entorno urbano validan el desempeño de la solución:

• Intervención integral de 256.000 metros cuadrados de superficies y áreas verdes públicas.
• Consolidación de más de 43.000 metros cuadrados de jardines biodiversos.
• Plantación de 4.400 árboles en calles y avenidas, complementados con la introducción de 194.000 arbustos y herbáceas nativas.
• Reducción comprobada de aproximadamente un 45% en el consumo de agua en la totalidad de las áreas verdes públicas intervenidas.

Además, Casanello señala que el monitoreo ecológico desarrollado durante los últimos dos años corrobora un incremento significativo de polinizadores e insectos benéficos en los corredores intervenidos. Este aumento es relevante porque estas especies funcionan como indicadores de la salud de los ecosistemas. Su presencia sugiere que los jardines ofrecen alimento y refugio para distintas variedades, lo que contribuye a recuperar la biodiversidad urbana. Al mismo tiempo, los polinizadores cumplen un rol clave en la reproducción de las plantas y ayudan a sostener el equilibrio ecológico local. 

En paralelo, los especialistas analizan las islas de calor urbano para establecer cómo la reconversión paisajística mitiga las temperaturas extremas sobre el suelo pavimentado. Esta red de corredores biológicos urbanos, que ya lleva cinco años construyéndose, posicionó a la comuna como finalista en los premios internacionales AIPH World Green City Awards 2026.

Desafíos y aprendizajes de Mi Jardín Sustentable

El obstáculo principal radica en la velocidad del cambio de paradigma cultural. Daniela Casanello explica que el mayor desafío ha sido enfrentar esa transformación en la comunidad, “lo cual requiere procesos de adopción que suelen ser lentos”. En la localidad, modificar hábitos arraigados requirió de procesos formativos continuos frente a la histórica preferencia por el césped tradicional de alto consumo.

Por otra parte, el aumento demográfico continuo dentro de los 28,9 kilómetros cuadrados de la comuna presiona constantemente los indicadores de espacio verde por habitante. Manuela Iglesias, encargada de Áreas Naturales y Biodiversidad, advierte que esta población en constante aumento desafía directamente los indicadores locales, obligando a una permanente optimización de los recursos hídricos y del suelo urbano disponible para mantener los parámetros de bienestar ambiental recomendados de nueve metros cuadrados por habitante.

Respecto a los aprendizajes, Casanello refuerza la idea del liderazgo institucional: “Nuestra principal estrategia fue liderar con el ejemplo a través del espacio público. El hecho de que las áreas verdes municipales ya hubiesen comenzado su transformación bajo estos mismos lineamientos sustentables fue clave”. Al ver los resultados reales y atractivos en sus propias plazas y parques, los vecinos comenzaron a comprender el valor de la propuesta y replicar estas prácticas en los jardines de sus casas. 

Condiciones para replicar experiencias como Mi Jardín Sustentable

Casanello enfatiza la relevancia del ordenamiento institucional: “Para cualquier municipio de América Latina que busque replicar este modelo, el componente mínimo viable no es un programa aislado, sino la planificación estratégica. El primer paso fundamental es crear una hoja de ruta técnica e institucional; en nuestro caso, el Plan de Infraestructura Verde actúa como el gran paraguas normativo”.

Disponer de este marco institucional consolidado ha garantizado a Vitacura que las metas socioambientales trasciendan los cambios de gestión política y se articulen de manera directa con el presupuesto municipal. Asimismo, la inserción en redes internacionales como ICLEI y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía facilita el intercambio de conocimientos y fortalece las capacidades técnicas locales para sostener la infraestructura ecológica urbana.

El reconocimiento internacional de Vitacura pone de manifiesto que la mitigación del cambio climático en las ciudades requiere un cambio metodológico profundo. Modificar la fisonomía urbana no depende exclusivamente de las grandes obras de infraestructura pública, sino de la capacidad institucional para involucrar a la ciudadanía en la gestión de sus propios entornos. 

Al transformar los patios privados en nodos de biodiversidad, los gobiernos locales pueden descentralizar la resiliencia hídrica y construir comunidades preparadas para los desafíos ambientales del futuro.

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Este hábito doméstico responde de manera directa a la necesidad de restaurar el ciclo natural de los recursos desde el hogar. “Cuando uno observa la naturaleza comprende que allí no existen los residuos; todo se transforma, se biodegrada y vuelve en un ciclo de nutrientes o minerales”, explica Pablo Gautier, cocreador de la iniciativa Mejoramiento agroecológico de praderas mediante el reciclaje de residuos orgánicos.

El proyecto busca revertir la degradación que sufren los suelos de los sistemas pastoriles circundantes, agotados por esquemas de producción agrícolas tradicionales que dependen de fertilizantes químicos, a través del reciclaje de basura orgánica. El compost generado se procesa luego para crear “té de compost”, un insumo líquido, rico en bacterias y hongos benéficos. Se esparce de forma aérea sobre las pasturas ganaderas utilizando un dron agrícola de última generación.

Esta iniciativa, financiada a través del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), gestionado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y articulada por la Intendencia de Río Negro, se puso en marcha en marzo de 2026. Al tratarse de un proceso biológico que requiere de tiempos de maduración de las praderas, la experiencia aún no cuenta con datos cuantitativos de rendimiento agrícola. Sin embargo, ya registra procesos y aprendizajes viables de replicar en otros territorios.

San Javier: las raíces del compromiso

La particularidad de este proyecto de compostaje se da en la cultura de reciclaje ya instalada en San Javier. Aquí la separación de residuos en origen no es una práctica reciente. “Comenzó hace dos décadas con la consigna: cuidemos el planeta comenzando por casa“, recuerda Mariela Logvinenko, vecina de la localidad e integrante de la Sociedad de Fomento Rural. “Era una idea loca, para algunos una utopía, pero al ver el aumento de botellas plásticas en los vertederos locales, decidimos cambiar los hábitos de recolección” agrega. 

Vecinos y vecinas organizaron una red de recolección local. Los ingresos generados por la venta del material reciclado se volcaron por completo en la comunidad, financiando donaciones de pintura, vidrios y artículos de limpieza para las escuelas y centros de salud locales. La iniciativa se convirtió rápidamente así en un programa de desarrollo social, y con el tiempo se incorporó como un subgrupo oficial de reciclaje, denominado “Los Botelleros”, dentro de la Sociedad de Fomento Rural de San Javier.

Cuando la Intendencia de Río Negro y la sociedad plantearon la posibilidad de dar el salto hacia el compostaje de residuos orgánicos húmedos, la confianza colectiva ya estaba cimentada. “Nos planteamos encontrar 50 familias dispuestas a separar lo orgánico de sus residuos sólidos domiciliarios. Sorprendentemente, se unieron de inmediato y las sumamos a las 35 que ya clasificaban plásticos. Hoy tenemos noventa familias eco-amigas”, detalla Logvinenko, quien lidera todo ese trabajo. 

Reingeniería financiera e innovación tecnológica 

Este compromiso ciudadano resolvió de antemano el obstáculo más difícil de cualquier programa de economía circular: la resistencia de la población a cambiar sus conductas cotidianas de descarte. También facilitó el inicio del proyecto de mejoramiento de praderas, que surgió a partir de una alianza con La Enmienda, una empresa que les presentó el té de compost como una alternativa para revitalizar la vida del suelo.

La viabilidad técnica del proyecto se consolidó gracias a una reconfiguración presupuestaria impulsada por el gobierno local. El presupuesto inicial otorgado por el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) fue de 2.400.000 pesos uruguayos (unos 60.000 dólares). Con ese monto se adquirieron herramientas fundamentales para la planta de acopio: un tractor con pala, una chipeadora de ramas, una volteadora de compost y contenedores domiciliarios, que se repartieron a la red de recolectores locales.

La planificación original preveía la compra de una estercolera de sólidos, pero fue en ese momento donde surgió una alerta técnica crítica. “Pablo Gautier (el cocreador de la iniciativa) me planteó que existía un riesgo altísimo de contaminación cruzada”, explica Sebastián Alarcón, subdirector de Desarrollo Económico de la Intendencia de Río Negro. “Decidimos hacer una reingeniería financiera junto a la OPP. Sacamos la estercolera de sólidos, ajustamos los costos de otros proveedores e incorporamos un dron de uso agrícola”, añade. 

El equipo de San Javier cuenta que el cambio técnico generó dudas en la inspección fiscal de la OPP, que argumentó que los drones eran herramientas demasiado novedosas, sin antecedentes firmes de aplicación agroecológica en el país. Tuvieron que defender la propuesta demostrando que el proveedor del equipo no solo entregaba el dron, sino que coordinaba un curso de manejo profesional con el apoyo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP).

Esta formación técnica se orientó específicamente a los hijos jóvenes de los productores, asegurando mano de obra calificada en el territorio y motivando a las nuevas generaciones a permanecer en el sector agropecuario de forma sostenible. El proyecto agroecológico de San Javier no se plantea como una experiencia voluntarista de pequeña escala –remarcan sus impulsores–, sino como un ensayo de validación científica que busca sentar las bases para una nueva forma de producir en el país. 

Rigor técnico y validación científica descentralizada

Actualmente, un grupo piloto de doce productores de la Sociedad de Fomento Rural (donde el 40% son mujeres) participa de manera activa en las aplicaciones experimentales. Para dotar a la experiencia de rigor científico y generar las primeras recomendaciones de dosificación oficiales de té de compost para el pastoreo uruguayo, se ha estructurado una red de colaboración institucional de carácter inédito:

• Universidad Tecnológica del Uruguay  (UTEC): trabaja en el análisis microbiológico del agua y en el diseño y construcción de biorreactores adaptados, fabricados en los talleres de la propia intendencia para evitar los altos costos de importación.
• Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y Conaprole: diseñan y ejecutan protocolos de investigación a campo para evaluar variables biológicas clave como la persistencia de las praderas pastoriles, el incremento de nutrientes del suelo y la sanidad animal de los rodeos alimentados con estos forrajes inoculados.
• Grupo de recicladores de San Javier: garantiza la trazabilidad del proceso mediante el sistema de doble tacho numerado. Este control permite auditar los recipientes casa por casa, asegurando que no lleguen plásticos ni metales pesados que arruinen la calidad microbiana de la pila de compostaje.

“El proyecto apunta a sentar las bases para una nueva forma de empezar a producir, apartándose un poco de los fertilizantes de síntesis e incorporando tecnologías naturales en equilibrio con el medio ambiente”, reflexiona el ingeniero agrónomo Alarcón. La comunidad de San Javier asume esta etapa inicial de acopio y pruebas con la certeza de que, aunque los resultados biológicos definitivos demorarán meses en consolidarse, están construyendo un faro metodológico para toda la región.

Aprendizajes y potencial de replicabilidad

Con este proyecto, San Javier se podría transformar en la primera localidad agroecológica de Uruguay. En ese camino Gauthier dice que, a mediano plazo, el equipo detrás de esta iniciativa busca consolidar y ampliar las áreas de praderas mejoradas en la localidad, profundizar el monitoreo de los resultados productivos, ambiental y económicos y llegar con el reciclaje a todo la ciudad. 

“Nos interesa generar información local que permita validar y ajustar las prácticas para distintas situaciones de suelo, sistemas de producción, logística, manejo y sobre todo llegar a un sistema sumamente fácil desde la recolección del residuo en las viviendas, hasta la aplicación del compost líquido”, expresa.  A largo plazo la meta es que los ensayos e indicadores que logren recabar sirvan de insumo para crear políticas públicas y, sobre todo, validar un sistema circular funcional, sostenible y sustentable.

“Proyectamos a San Javier como un faro regional de innovación agroecológica. No vemos este proyecto de forma aislada, sino como motor de una transformación territorial integrada. Queremos demostrar que el interior rural del Uruguay puede liderar la bioeconomía, generando valor agregado ambiental y que sea un orgullo para nuestra comunidad y un estándar para el país”, sostiene el referente.

Sobre los aprendizajes que deja hasta el momento la experiencia, el ingeniero comparte que “los cambios más profundos ocurren cuando la innovación técnica va acompañada de la construcción social”. Además, agrega que comprobaron “que es posible generar impactos positivos simultáneamente sobre la producción, la salud del suelo, y la gestión de residuos, transformando problemas ambientales en oportunidades para el territorio”.

A las ciudades que quieran recorrer este camino, el especialista recomienda comenzar con experiencias piloto concretas, espacios de diálogo entre todos los actores involucrados y construir confianza antes que buscar resultados rápidos. “Es fundamental contar con habitantes y productores comprometidos, apoyo técnico interdisciplinario, instituciones locales que faciliten la coordinación y una infraestructura mínima para la gestión y valorización de los recursos orgánicos disponibles”, precisa. 

Por último sugiere que cada territorio debe adaptar el procesos a sus propias características, necesidades y oportunidades manteniendo una visión integradora que conecte producción, ambiente y comunidad. También invita a que se acerquen a San Javier y vean el proyecto con sus propios ojos: “Observen lo que se puede hacer y lo que no, saquen todas sus dudas y hablen con todos los actores. San Javier es un pueblo de puertas abiertas, orgullo de mostrar lo que viene construyendo”. 

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San Francisco, una ciudad de más de 75.000 habitantes ubicada en la provincia de Córdoba, enfrentaba un desafío común a muchas localidades latinoamericanas: la seguridad ocupaba el primer lugar entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Detrás de esa percepción existía también una dificultad de gestión. La información sobre los hechos y las intervenciones estaba desarticulada, y los distintos sistemas de atención al ciudadano funcionaban de manera superpuesta.

La Policía de la Provincia de Córdoba administraba sus propios registros, mientras que el municipio contaba con líneas como el 103 y otras herramientas que funcionaban de manera paralela. La falta de integración dificultaba el análisis de la información y limitaba la capacidad de transformar los datos en decisiones de gestión.

Frente a ese escenario, el municipio incorporó la seguridad como una prioridad estratégica de política local y decidió asumir un rol más activo en la organización de la información socio-delictual y en la coordinación de las respuestas.

Hoy la ciudad muestra un cambio significativo. Según encuestas citadas por el municipio, la seguridad descendió al tercer lugar entre las preocupaciones ciudadanas. “Asumir la responsabilidad de conocer la realidad mediante datos es un compromiso. Detrás de cada informe hay una realidad que debemos enfrentar y mejorar”, señala Paulina Rosa, integrante del Observatorio de Seguridad Local.

Con el acompañamiento de la Red de Innovación Local (RIL), a través del Programa Ciudades por la Seguridad —financiado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba mediante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)—, la ciudad avanzó en la profesionalización de su gestión de la seguridad y en la consolidación de herramientas de análisis y planificación. 

Entre las múltiples iniciativas, se impulsó el diseño de una estrategia de prevención integral basada en evidencia, lo que dio paso a la  consolidación del Observatorio de Seguridad Local. 

Observatorio de Seguridad Local, el primer eslabón de la solución

El Observatorio de Seguridad Local produce informes mensuales, trimestrales y anuales que permiten conocer con mayor precisión qué sucede en la ciudad y orientar las acciones del gobierno local.

Con esa base de información sistematizada, la ciudad avanzó en una reorganización operativa del sistema de prevención. Se conformó una Guardia Local integrada actualmente por 33 agentes que trabaja las 24 horas en turnos rotativos de manera mancomunada con la Policía local y las demás áreas de seguridad locales y fuerzas provinciales en un Comando unificado de seguridad que comparte base operativa.

Al mismo tiempo, se fortaleció la central de monitoreo para transformarla en un comando operativo unificado con capacidad de respuesta las 24 horas, superando el modelo de videovigilancia pasiva que predomina en muchas ciudades. En este Centro de Atención Ciudadana se centralizaron todos los canales: el 911, la línea municipal 103, Ojos en Alerta, las alarmas comunitarias y los tótems de seguridad. Esta articulación total permite que cada alerta ciudadana sea registrada, clasificada y derivada de inmediato a la Guardia Local o a la Policía.

La guardia realiza entre 20 y 25 intervenciones por turno, lo que representa cientos de actuaciones mensuales y miles a lo largo del año. La información se organiza por tipologías (social, vial, ambiental, delictual o vinculada a infraestructura) y se utiliza para planificar operativos y coordinar respuestas con otras áreas municipales y con la Policía de la Provincia de Córdoba, que trabaja en la misma sala de monitoreo.

La implementación de Ojos en Alerta, un sistema de participación ciudadana creado en el municipio de San Miguel, Buenos Aires, en 2016 y replicado hoy en 103 de ciudades de Argentina y Uruguay, también amplió la participación vecinal en la prevención. A través de este sistema, vecinos y vecinas pueden reportar situaciones por WhatsApp, recibidas por operadores del centro de monitoreo para coordinar la respuesta con las áreas de seguridad.

La metodología detrás de estas soluciones

El Programa Ciudades por la Seguridad de RIL, orientado a profesionalizar la gestión local de la seguridad ciudadana, acompaña a los equipos municipales a transformar información dispersa en decisiones concretas. 

El punto de partida es un Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana, que mide el nivel de madurez de la estrategia local. A partir de allí, cada ciudad construye su diagnóstico integral combinando datos del sistema judicial, la policía y otras áreas del Estado con el relevamiento de factores de riesgo y programas existentes. 

Los diagnósticos integrales dieron origen a los Planes Locales de Seguridad Ciudadana, herramientas de gestión que permiten definir prioridades, establecer metas y monitorear indicadores a lo largo del tiempo. 

En 2026 el programa continuará trabajando con 25 ciudades de la provincia para acompañar el diseño e implementación de proyectos de prevención del delito y las violencias, alineados con los planes locales de seguridad desarrollados previamente. San Francisco es una de ellas. 

Más de 7.000 alertas registradas

En una ciudad de más de 70.000 habitantes, el sistema pasó de 2.000 a más de 16.000 usuarios activos en menos de un año, y acumula más de 7.000 alertas registradas. Cada alerta es recibida, procesada y seguida hasta su cierre, lo que permite mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la confianza de los vecinos en el sistema. 

Los datos del Observatorio también derivaron en resultados concretos en otros ámbitos. El nuevo sistema de alerta centralizado, el comando de operaciones unificado y la Guardia Local lograron, en poco más de un año, que la tasa de infracciones de tránsito baje del 44% al 20% en poco más de un año. El director de Prevención y Movilidad Urbana del municipio, Néstor Perrone, explica que “lo más importante de estos procesos  es que hoy podemos dar respuesta. Actualmente no tenemos quejas sobre el funcionamiento del sistema”. 

Si bien los desafíos persisten, la ciudad cuenta con una respuesta institucional más organizada, con mayor capacidad de análisis, celeridad y efectividad. También consolidó canales más directos de contacto con los vecinos y vecinas. 

Un faro para otras ciudades con el mismo desafío

Este recorrido fue reconocido a nivel nacional. Al completar el autodiagnóstico de RIL, San Francisco alcanzó un puntaje del 87%, superando ampliamente el umbral mínimo del 70%. Así, se convirtió en la primera ciudad argentina en obtener el Sello RIL en Seguridad Local, distinción que fue entregada el 13 de mayo de 2026 en la Noche de Intendentes, en Rosario.

“Hoy San Francisco es referencia para otras ciudades de Argentina y Latinoamérica. Este reconocimiento valida el trabajo conjunto de un equipo municipal que eligió transformar su ciudad desde adentro con el apoyo provincial y acompañamiento técnico de RIL”, reconoce Mariana Foglia, coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad.

La ciudad no solo incorporó nuevas herramientas tecnológicas. Construyó capacidades institucionales para gestionar la seguridad a partir de información, coordinación interinstitucional y participación ciudadana. El sello no significa que la ciudad ya resolvió el problema de la seguridad: significa que decidió abordarlo en serio. Y cuando los datos se transforman en decisiones y las decisiones en respuestas concretas, la gestión pública gana previsibilidad y la ciudad fortalece las condiciones para mejorar la vida cotidiana de su comunidad.

Esta es una Historia de Impacto, un formato de RIL y +COMUNIDAD para visibilizar cómo el acompañamiento técnico genera resultados tangibles en los gobiernos locales. En ellas, mostramos cómo se activa la red mediante el trabajo colaborativo, se transforma la gestión pública hacia modelos más eficientes y se transita el camino hacia Ciudades de Oportunidades con impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

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La supervisión, realizada por la misma policía, dependía de que ese distintivo pudiera verse desde el exterior. Si el vehículo tenía polarizado (tinteado) oscuro o el marbete no se encontraba en un lugar visible, los agentes no podían confirmar fácilmente si el pago se había realizado. 

Esto generaba situaciones frecuentes de conflicto. Algunos vehículos que sí habían pagado recibían multas porque el marbete no se encontraba a la vista al momento de la supervisión, lo que provocaba discusiones entre usuarios y autoridades municipales. Para evitar esos enfrentamientos, en muchos casos los agentes preferían no sancionar, lo que debilitaba la capacidad de control del sistema y, también, la pérdida de ingresos.

Además, todo funcionaba de forma análoga, lo que generaba altos costos de transacción para los usuarios. El pago sólo podía realizarse en efectivo y no existía una base de datos digitalizada y centralizada que permitiera verificar los pagos o monitorear el sistema.

El punto de partida: regular el espacio público en Antigua Guatemala

En 2024, el Concejo Municipal de Antigua Guatemala renovó la normativa de uso temporal de la vía pública para el estacionamiento de vehículos, y estableció un marco legal para ordenar el uso del espacio público y modernizar el sistema de estacionamiento. En junio 2026, fue aprobado un nuevo reglamento, el cual incorporó mejoras a los servicios y tarifas.

El nuevo reglamento parte de una premisa: el uso voluntario de la vía pública para el estacionamiento conlleva la provisión del servicio de asistencia vial 24/7 y seguridad perimetral. El objetivo es optimizar el uso del espacio urbano, mejorar la movilidad y generar ingresos que contribuyan al mantenimiento de la infraestructura vial y la seguridad en la vía pública. Esta ordenanza genera condiciones de gratuidad para los vecinos y aplica descuento especial para las personas que visitan frecuentemente la ciudad.

Parte de este proceso fue reconocer e institucionalizar la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer la regulación, el control y el monitoreo del tránsito de personas y vehículos en la ciudad. A partir de este marco normativo nació MarbEx, el sistema que hoy gestiona el estacionamiento en Antigua Guatemala.

MarbEx, un sistema que combina regulación y tecnología

MarbEx transformó el modelo tradicional basado en marbetes físicos y pagos en efectivo. El sistema incorpora distintos métodos de pago, incluyendo portal web municipal, dispositivos POS en la vía pública y otros medios electrónicos, además del pago en efectivo para quienes lo prefieran. 

Cada transacción queda registrada en un sistema digital que permite verificar la fecha y hora exacta en la que un vehículo ha pagado el derecho de estacionamiento en la vía pública. Esto facilita el trabajo de supervisión y reduce los conflictos que antes se generaban cuando el marbete no era visible. El reglamento también establece la generación de bases de datos de placas, sistemas de verificación y herramientas tecnológicas que permiten monitorear y evaluar periódicamente el sistema de manera más eficiente. 

Antigua Guatemala, una ciudad con miles de espacios regulados

Encontrar datos relevantes del ingreso de los vehículos al municipio se había convertido en un reto, y el sistema MarbEx permitió facilitar el conteo de visitantes. Uno de los cambios más visibles e inmediatos ha sido la transformación en la forma de pago y, por ende, en la forma en que el usuario se vincula a este importante servicio público. En enero de 2026, se contabilizaron 71,767 marbetes vendidos digitalmente, seis veces más que enero de 2025. 

Durante 2025 se registraron 779,850 marbetes emitidos, distribuidos de la siguiente manera:

• 52.6 % pagados a través del portal digital.
• 31.6 % mediante dispositivos POS con un agente.
• 15.8 % en efectivo en cajas municipales.

Esto significa que más del 84% de las transacciones ya se realizan digitalmente, lo que redujo significativamente la dependencia del efectivo y aumentando la trazabilidad del sistema.

Nota de la Redacción: Antigua tiene cerca de 50.000 habitantes, pero en períodos turísticos como Semana Santa puede llegar a recibir más de un millón de visitas.

Estos datos permiten que la Municipalidad agilice sus procesos y mejore sus procedimientos. Pese a estos cambios, existe una brecha en la regulación de los parqueos sobre la vía pública, por lo que se continúa trabajando con herramientas digitales y físicas para enriquecer los datos y la manera en que se realiza el conteo. 

El impacto en los ingresos municipales

La modernización del sistema también se refleja en la recaudación.

Ingresos por estacionamiento, en quetzales guatemaltecos (1Q equivale a cerca de 0,13 dólares):

• 2022: Q5.6 millones.
• 2023: Q6.9 millones.
• 2024: Q7.0 millones.
• 2025: Q11.6 millones.

En tres años, la recaudación se duplicó, lo que sugiere una mayor formalización del sistema y una mejor capacidad de control del uso del espacio público.

Este incremento en la recaudación no sólo evidencia una mejora en la eficiencia administrativa, sino que también se traduce en una mayor disponibilidad de capital para el municipio. Estos fondos adicionales se destinan a la inversión en infraestructura vial, un aspecto clave especialmente en una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde los retos de conservación, mantenimiento y modernización requieren intervenciones cuidadosas, sostenibles y alineadas con la protección del valor histórico y cultural.

Más que tecnología: un cambio en la gestión urbana

Aunque el componente tecnológico es visible, el cambio principal ha sido institucional. El reglamento establece indicadores para evaluar el desempeño del sistema, incluyendo cobertura del estacionamiento regulado, ingresos, cumplimiento de las normas, sanciones aplicadas y percepción ciudadana.  Esto permite que el sistema no dependa únicamente de la supervisión manual, sino que pueda evaluarse a partir de datos y ajustarse con base en evidencia.

Carmen Zea, visitante frecuente y propietaria reconoce el sistema como una ventaja: “El Marbex me parece una solución muy práctica para pagar el parqueo. Antes tenía que recorrer toda Antigua buscando dónde comprar el marbete, pero ahora el proceso es mucho más rápido y conveniente. Además, puedo pagar varios días de una sola vez cuando me quedo más tiempo”.

Lecciones para otras ciudades

La experiencia de Antigua Guatemala muestra que la digitalización de un servicio público puede ser más efectiva cuando está respaldada por un marco normativo claro. En este caso, la tecnología permitió aplicar una normativa reciente, de forma eficiente. La combinación de reglas claras, herramientas digitales y monitoreo institucional contribuyó a mejorar el control del sistema y a reducir los conflictos entre usuarios y autoridades.

Para ciudades que enfrentan desafíos similares en la gestión del estacionamiento, la experiencia sugiere que la transformación digital puede ser una oportunidad para fortalecer la administración del espacio público y mejorar la transparencia en la gestión de los servicios urbanos.

1. La tecnología funciona mejor cuando está respaldada por reglas claras.

Digitalizar un servicio público sin un marco normativo sólido puede generar nuevas herramientas, pero no necesariamente mejores resultados. En Antigua Guatemala, el cambio tecnológico estuvo acompañado por un reglamento que redefinió cómo se administra el espacio público, respetando el valor histórico de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

2. Reducir el uso de efectivo mejora la trazabilidad del sistema.

La incorporación de pagos digitales facilita la experiencia del usuario, fortalece la transparencia y permite un control administrativo eficaz, al registrar cada transacción en una base de datos verificable.

3. La digitalización también transforma la relación entre ciudadanos y autoridades.

Cuando la verificación del pago depende de datos y no únicamente de inspecciones visuales, disminuyen los conflictos entre supervisores y usuarios y se fortalece la confianza en el sistema.

4. La gestión del estacionamiento es una herramienta para ordenar el espacio público.

Más allá de la recaudación, regular el estacionamiento permite organizar mejor la movilidad urbana, optimizar el uso de las calles y equilibrar el acceso de distintos usuarios al espacio público.

5. La modernización de los servicios municipales puede comenzar con problemas cotidianos.

Un sistema de estacionamiento puede parecer un servicio menor, pero cuando se gestiona con datos, tecnología y reglas claras, puede convertirse en una puerta de entrada para la transformación digital de la administración municipal.

Este artículo fue escrito por la Secretaría de Gestión Estratégica de la Municipalidad de Antigua Guatemala y editado por +COMUNIDAD. 

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América Latina concentra el 8,8% de la población mundial y el 6,6% del producto bruto global, pero recibe apenas el 1,12% de la inversión mundial en inteligencia artificial, según la CEPAL. El dato resume una paradoja: mientras la región debate el futuro de la IA, la mayoría de sus gobiernos locales ━los más cercanos a la vida cotidiana de las personas━ avanza sin acceso a experiencias comparables, con equipos técnicos reducidos y sin un vínculo directo con quienes desarrollan tecnología.

La brecha no está solamente en la inversión. En Brasil, el ecosistema GovTech más maduro de la región, el 76% de las startups dice querer trabajar con el sector público, pero apenas el 1,2% lo logra, según la Asociación Brasileña de Startups. “¿Por qué? A veces hay desconfianza con el Estado por la forma de trabajo, porque es más lento, más difícil”, explica Natalie González, coordinadora de GovTech Connect. El resultado es predecible: una ciudad encuentra una solución que funciona; otra, a 200 kilómetros, enfrenta el mismo problema y no se entera.

De Stanford a las primeras diez ciudades argentinas

Para algunas ciudades argentinas, esa realidad tuvo un quiebre luego de un viaje a la Universidad de Stanford organizado por Bloomberg Philanthropies, donde un grupo de intendentes conoció la GovAI Coalition de San José, California. Inspirados por ese modelo de cooperación, adoptaron su premisa: enfrentar desafíos locales comunes mediante respuestas colectivas.

“El tema más destacado de las capacitaciones fue el impacto de la IA y cómo los intendentes podemos imponer esa agenda. Volví con esa idea y decidí que había que volcarlo sobre cosas concretas”, señaló Diego Valenzuela, entonces intendente de Tres de Febrero y uno de los principales impulsores de lo que surgiría poco tiempo después. 

En noviembre de 2024, diez ciudades ━Córdoba, Escobar, Mendoza, Neuquén, Pilar, Rosario, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San Miguel de Tucumán y Tres de Febrero━ crearon la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR). La Red de Innovación Local (RIL) fue convocada para coordinar y facilitar el proceso.

Para los intendentes fundadores, la decisión respondía a urgencias concretas de gestión. En Córdoba, el intendente Daniel Passerini planteó la adopción de IA como una necesidad para abordar los desafíos de la ciudad, con foco en inclusión y sostenibilidad. En Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk puso el acento en el desafío ético y social que implica construir una ciudadanía preparada para convivir y producir en un entorno digital. Y así se multiplican los casos. 

Los desafíos que enfrentaban eran institucionales, regulatorios y culturales antes que tecnológicos. Las ciudades carecían de marcos normativos para adoptar IA con criterios éticos y de transparencia. Los sistemas de compra pública no estaban diseñados para contratar startups o innovación de manera ágil. Los datos municipales se encontraban dispersos en diferentes áreas, en formatos no estandarizados. Los equipos técnicos no contaban con perfiles especializados en ciencia de datos y los presupuestos limitaban la posibilidad de competir con los salarios del sector privado. 

Y a eso se sumaba una dificultad transversal: identificar en qué áreas de la gestión la IA podía aportar valor real y no convertirse en una implementación impulsada por la novedad.

Experimentar, formar, regular

El trabajo de la coalición se estructuró en tres líneas. La primera fue la experimentación: vincular gobiernos con soluciones tecnológicas en contextos reales. Una vez consolidada la red, las ciudades abrieron el juego a empresas tecnológicas, startups, organizaciones y universidades, que encontraron un canal directo para presentar y testear soluciones.

La segunda fue la formación. Un ciclo de capacitaciones desarrollado junto a la Liga de la Inteligencia Artificial por el Bien alcanzó a más de 500 agentes públicos en todo el país.

La tercera fue la regulación. Equipos legales de Córdoba, Escobar, Mendoza, Neuquén y Rosario trabajaron en conjunto para desarrollar marcos normativos que acompañen la adopción de IA, con al menos cinco ordenanzas en proceso o en implementación.

De forma paralela, los municipios priorizaron áreas comunes ━atención ciudadana, movilidad, seguridad y salud━ y avanzaron en procesos de experimentación conjunta. En algunos casos, esas conexiones se tradujeron en implementaciones concretas. 

En Tres de Febrero, la IA se incorporó a la gestión de expedientes para reducir tiempos administrativos. Escobar formó un asistente virtual llamado Flora amplió la capacidad de atención ciudadana. En Pilar, el análisis de más de 1,5 millones de turnos permitió anticipar ausencias en el sistema de salud. Mendoza creó un comité municipal de inteligencia artificial permitió integrar la tecnología en la toma de decisiones.

“La mejor ciudad no será la que tenga más tecnología, sino aquella donde la gente elija vivir, trabajar y envejecer. Esa frase resume la filosofía que guía la transformación digital mendocina: la tecnología como medio, nunca como fin”, reflexiona Ulpiano Suárez, intendente de Mendoza.

Durante 2025 se desarrollaron 17 proyectos en distintas ciudades. Cada experiencia fue diferente, pero todas compartieron un mismo punto de partida: construir sobre aprendizajes colectivos en lugar de empezar desde cero.

GovTech Connect: cerrar la brecha entre startups y gobiernos

En diciembre de 2025, RIL y el BID Lab lanzaron GovTech Connect en el marco del GET Forum. El programa parte de un diagnóstico concreto: la oferta tecnológica existe en la región, pero no se conecta con la demanda de los municipios.

“Lo que busca nuestro programa es trabajar con las startups, acompañarlas. Vamos a tener un proceso de acompañamiento y aceleración que espera trabajar con al menos 100 startups de la región para explicarles cómo ocurren las compras públicas, qué necesitan las ciudades, cómo trabajar con ellas y cómo pilotear con ellas”, describe Natalie González, coordinadora de GovTech Connect. 

El programa posee un horizonte de 36 meses y opera en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay con asistencia técnica de Gobe Ventures. Se organiza en tres componentes: aceleradoras nacionales para startups GovTech (oferta), las ciudades de CIIAR como demanda, y un eje transversal de bienes públicos digitales de código abierto.

A la fecha, los resultados son tangibles. Cuatro aceleradoras nacionales están en funcionamiento: Universidad Austral en Argentina, Impact Hub en Brasil, Start-Up Chile/CORFO en Chile y ANII en Uruguay.

“Estamos convencidos de que la transformación digital del Estado no empieza con tecnología: empieza con colaboración. GovTech Connect es el puente que convierte ese potencial en mejores servicios, mejores políticas y mejores oportunidades”, señaló Javier Madariaga, especialista senior del BID Lab, en el lanzamiento del programa.

A la convocatoria regional se postularon 365 startups, de las cuales 44 fueron seleccionadas para participar en los Demo Days. Se realizaron 13 de esos encuentros en los cuatro países: jornadas donde las startups presentaron sus soluciones directamente a tomadores de decisión municipales frente a desafíos previamente priorizados por las propias ciudades. En Argentina, por ejemplo, más de 40 funcionarios de 12 ciudades evaluaron propuestas en dos ejes: atención ciudadana e infraestructura urbana.

CIIAR: por qué importa la gobernanza

Para Luciano Crisafulli, director de CIIAR, estos espacios son parte de un mecanismo más amplio. Según su experiencia, la colaboración entre ciudades puede ser tan importante como los pilotos para reducir el riesgo de adopción tecnológica. Cuando los gobiernos comparten información sobre proveedores, resultados y procesos de contratación, se reduce la asimetría de información con el sector privado. En la práctica, eso permitió que algunas ciudades avanzaran directamente hacia la contratación de soluciones ya validadas por otros municipios de la coalición.

“El verdadero desafío para la adopción de IA en gobiernos locales no está en la tecnología, sino en la gobernanza: priorización política, capacidades institucionales, marcos regulatorios eficientes y articulación real con el ecosistema GovTech”, sostiene Crisafulli.

Natalie González subraya que estos espacios de conexión directa son centrales: “Pasa mucho que los intendentes, alcaldes, cuando ven que otro lo hizo, se atreven ellos. Entonces, si logramos mostrar diez ejemplos buenos de la región, un alcalde dice: si ellos pudieron, yo también”.

De 10 a 58 ciudades: una iniciativa que cruzó fronteras

La experiencia de la coalición traspasó las fronteras argentinas. En los primeros meses de 2026 se sumaron nuevas ciudades en Brasil, Chile y Uruguay, ampliando la red y la base de experiencias disponibles. Hoy 58 ciudades forman parte de este proceso: 22 en Argentina, 13 en Chile, 10 en Brasil y 13 en Uruguay.

En el plano regulatorio, González señala que la región avanza en la creación de marcos legales de compras públicas innovadoras, aunque la implementación aún es incipiente. “En Chile lleva más de un año la ley aprobada, pero todavía no sale ninguna compra innovadora porque hay reticencia. Por eso estos encuentros son tan importantes y por eso estas coaliciones son tan importantes”, afirma.

GovTech Connect aspira en los próximos tres años a promover pilotos de alto impacto en los cuatro países. A la vez, sentar las bases de nuevas capacidades institucionales para la adopción de soluciones digitales en la gestión pública.

Conecta IA: la próxima cita

El viernes 5 de junio de 2026, Buenos Aires será la sede de Conecta IA. Se trata de un foro internacional organizado por RIL y BID Lab que reunirá a equipos de las 58 ciudades, startups GovTech seleccionadas y referentes internacionales. Entre ellos, Mariana Mazzucato (UCL), Idoia Ortiz de Artiñano Goñi (Gobe Ventures), Javier Madariaga (BID Lab) y Delfina Irazusta (RIL).

El objetivo del encuentro es convertir las conexiones de la red en proyectos concretos. Que las ciudades abran conversaciones con startups y con pares, y que esas conversaciones se transformen en iniciativas implementables en los próximos 12 meses.

En poco más de un año, lo que eran esfuerzos aislados se transformó en una forma de trabajo compartida. La inteligencia artificial dejó de ser un tema exploratorio para empezar a integrarse en la gestión cotidiana. La experiencia de CIIAR busca demostrar que la clave, además de tecnológica, depende de la capacidad de construir espacios donde el conocimiento circule, las experiencias se compartan y las decisiones se tomen de manera colectiva.

“Creemos profundamente en el poder de las ciudades para liderar procesos de cambio. Nuestro trabajo diario con los municipios nos demuestra que no hay mejor lugar para la experimentación que las propias ciudades”, reflexiona Delfina Irazusta, directora ejecutiva de RIL Global.

RIL es facilitadora y coordinadora de CIIAR, y co-organizadora de GovTech Connect y del foro Conecta IA junto al BID Lab. 

Redacción +COMUNIDAD

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Doce minutos. Ese es el tiempo promedio que tarda la Ciudad de Mendoza en responder cuando un vecino envía un reporte de seguridad a través de su teléfono celular. La alerta llega por WhatsApp al Centro de Visualización y Monitoreo, un algoritmo categoriza la urgencia, y el sistema despacha los recursos más cercanos. Detrás de esa respuesta se encuentra Ojos en Alerta. Incluye una red de más de 16.000 ciudadanos capacitados, 740 cámaras integradas y un software de analítica que cruza datos en tiempo real.

Esa velocidad de reacción no es un caso aislado. Es la expresión visible de una decisión que el municipio tomó hace varios años: construir su gestión sobre datos, no sobre intuiciones. El problema de partida era común a muchas ciudades de la región. La información estaba fragmentada entre áreas que no se comunicaban entre sí, trámites diseñados para el papel que se replicaban en lo digital sin ganar eficiencia, y una toma de decisiones basada más en la urgencia que en la evidencia.

Para revertir esa lógica, Mendoza diseñó una estrategia de datos municipal estructurada en cinco dimensiones: gobernanza y administración de la información, infraestructura segura y estandarizada, desarrollo de capacidades institucionales, rutinas de uso de datos para la toma de decisiones, y vinculación con la ciudadanía. 

Esa arquitectura, formalizada a través de decretos y una ordenanza de inteligencia artificial que es la primera de su tipo en el país, ordena hoy buena parte de la agenda del municipio. ¿El objetivo? Construir una “cultura irreversible de datos”. 

“En Mendoza estamos consolidando una cultura de gestión basada en datos e inteligencia artificial, con marcos institucionales y normativos que nos permiten innovar con responsabilidad, mejorar procesos y fortalecer la toma de decisiones”, explica Cristian Chavarini, director de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El reconocimiento como Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL distingue ese recorrido. Lo que la certificación valida es la capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterio y sostener los procesos en el tiempo. Las cinco políticas que siguen permiten observar cómo esa lógica se traduce en la práctica.

1. Gobernanza de datos e inteligencia artificial: el sistema operativo de la gestión

En muchos gobiernos locales, la incorporación de tecnología se reduce a digitalizar expedientes o lanzar una aplicación. En Mendoza, el enfoque fue distinto: antes de aplicar inteligencia artificial, construyeron la infraestructura institucional para que esa tecnología funcionara con reglas claras.

El mecanismo opera a través de tres piezas articuladas:

• El Comité de Gobernanza de Datos (Decreto N° 181/2024) funciona como el órgano de coordinación que diseña inventarios de datos por área, establece protocolos de intercambio y supervisa la calidad de la información.  
• El Comité Local de Inteligencia Artificial o CLIA (Decreto N° 832/2024) actúa como espacio de planificación y experimentación, conectando al gobierno con expertos tecnológicos, académicos y representantes del sector privado para diseñar soluciones aplicadas a problemáticas urbanas. 
• Y la Ordenanza N° 4221/2025 cierra el circuito con un marco normativo que regula el uso estratégico, ético y responsable de la IA en la gestión pública, alineado con estándares internacionales de la UNESCO y la OCDE en materia de transparencia, protección de datos, no discriminación y supervisión humana.

La combinación de estos tres instrumentos permite que el municipio automatice procesos administrativos y que lo haga bajo principios verificables. La ordenanza, además, creó el Programa Municipal de Innovación con IA, que tiene la responsabilidad de identificar oportunidades de aplicación, implementar proyectos piloto y publicar informes anuales con resultados.

El ecosistema tiene una dimensión colaborativa que trasciende los límites del municipio. La Ciudad de Mendoza es una de las diez fundadoras de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR), una red de gobiernos locales que comparten experiencias, estándares y estrategias para el uso de IA en la gestión pública. La coalición, coordinada por RIL, se expandió en 2026 hacia más ciudades y países. 

El modelo mendocino se distingue porque la IA no llegó como un agregado cosmético: se instaló sobre una gobernanza de datos previamente ordenada. Esa secuencia —primero los datos, después los algoritmos— es una condición que los técnicos del municipio identifican como necesaria para que la automatización sea útil y no genere distorsiones.

2. Inteligencia artificial aplicada en seguridad: de la vigilancia pasiva a la prevención activa

En el ámbito de la seguridad urbana, el desafío estructural no era solo la cantidad de cámaras o dispositivos, sino la incapacidad de procesar esa información en tiempo real para anticiparse a los hechos. Mendoza tenía un esquema de vigilancia fragmentado: cámaras municipales por un lado, cámaras provinciales por otro, y reportes ciudadanos que se gestionaban de forma manual.

La solución fue un sistema integrado que combina el Anillo Digital de Seguridad, el Centro de Operaciones y Videovigilancia y el programa de participación ciudadana Ojos en Alerta, adoptado a partir de un convenio con la Municipalidad de San Miguel (Buenos Aires), donde fue creado.

El Anillo Digital está compuesto por 115 cámaras perimetrales, entre las que se incluyen 60 cámaras TANDEM con visión 360° y 30 lectoras de patentes (ANPR) capaces de identificar vehículos con pedidos de captura en los accesos a la ciudad. El Centro de Operaciones y Videovigilancia, una infraestructura nueva ubicada dentro del edificio municipal, centraliza el monitoreo de 740 cámaras —300 municipales y 440 del Ministerio de Seguridad provincial—un espacio con varias pantallas de última generación que permite la visualización simultánea. La inversión, íntegramente municipal, fue cercana a los 1.400 millones de pesos (aproximadamente USD 1.000.000).

Ojos en Alerta completa el circuito con una lógica diferente: convierte al vecino en un sensor activo que, a través de WhatsApp, reporta situaciones sospechosas o emergencias. La inteligencia artificial interviene para categorizar y priorizar esos reportes, lo que permite que el despacho de recursos sea eficiente. “Se trata de tecnología pero también es participación vecinal. Actualmente, más de 15.000 vecinos son parte de este programa, que nos permite tener información en tiempo real”, señala el intendente Ulpiano Suárez.

El impacto del componente de seguridad se mide en tres indicadores: más de 16.000 usuarios capacitados y activos en Ojos en Alerta, un tiempo promedio de respuesta de 12 minutos ante reportes, y la integración total de 740 dispositivos de video bajo una misma unidad de control con personal municipal y provincial trabajando de forma articulada.

3. Datos abiertos para atraer inversión: la plataforma “Invertir en Mendoza”

Para quien evalúa un proyecto productivo, la seguridad no se limita a la prevención del delito; se extiende a la seguridad jurídica y a la disponibilidad de información que otorgue previsibilidad. Mientras muchas ciudades lidian con la opacidad de sus datos económicos y la dispersión de trámites, Mendoza transformó su eficiencia administrativa en un activo económico.

El instrumento es la plataforma digital Invertir en Mendoza, que centraliza indicadores de desempeño económico actualizados, herramientas de análisis territorial y servicios de acompañamiento para inversores. Su herramienta más distintiva es el Explorador Urbano, que permite consultar parcela por parcela la zonificación, los usos de suelo permitidos y los niveles de competencia comercial de cada zona. El servicio de asistencia al inversor agiliza trámites como permisos de obra, factibilidad urbanística y habilitaciones comerciales.

La plataforma no funciona de forma aislada. Se inscribe en un ecosistema de innovación más amplio que incluye al Hub de Impacto Huella Mendoza, un programa de aceleración de emprendimientos tecnológicos impulsado por la Municipalidad junto con la Universidad Nacional de Cuyo y el Banco Galicia. En tres ediciones, el Hub reunió 117 proyectos provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, con foco en innovación agroindustrial, vitivinicultura, sostenibilidad, movilidad y tecnología aplicada a servicios urbanos. La lógica es la misma que articula las demás políticas: abrir datos, generar condiciones y conectar actores.

Los números del entorno económico reflejan una dinámica activa: 

• 106 desarrollos inmobiliarios por año.
• 18.6% Producto Bruto Geográfico Provincial.
• 56.967 empleos privados registrados.
• 8.691 establecimientos habilitados.
• 667 pedidos de nuevas habilitaciones comerciales por año.

4. Presupuesto Participativo: la tecnología al servicio de la democracia

Los mecanismos de democracia participativa existen en muchas ciudades argentinas. El diferencial de Mendoza radica en la digitalización integral del proceso y en su validación legal. La Ciudad institucionalizó el Presupuesto Participativo como una herramienta que permite a los vecinos proponer, seleccionar y decidir el destino de una parte del presupuesto anual a través de la plataforma de Gobierno Abierto.

El mecanismo funciona en etapas. Cualquier vecino puede presentar un proyecto —infraestructura barrial, luminarias, talleres, equipamiento— mediante un formulario digital. Cada iniciativa tiene un tope de costo equivalente al 20% del presupuesto total asignado. Las propuestas pasan por un análisis de factibilidad técnica y económica, y las que resultan aptas se publican para la votación ciudadana, abierta a mayores de 16 años que vivan, trabajen o estudien en la ciudad.

Lo que distingue al modelo es su capa de transparencia: el ciclo 2025-2026 contó con certificación notarial de los resultados, lo que otorga respaldo legal al orden de mérito surgido del voto ciudadano. Además, el diseño administrativo garantiza que las obras ganadoras se incorporen al presupuesto del ejercicio siguiente, cerrando el circuito entre la decisión ciudadana y la ejecución estatal.

“El presupuesto participativo expresa una convicción central de nuestra gestión: la innovación pública también consiste en abrir decisiones, escuchar mejor y convertir la participación ciudadana en una herramienta concreta de planificación”, explica María Lourdes Gabrielli, subdirectora de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El modelo fue reconocido internacionalmente con una mención de honor de la Open Government Partnership (OGP) en el marco del Open Gov Challenge, que destacó el uso de herramientas tecnológicas para la construcción de políticas públicas colectivas. En el último ciclo, un total de 29 proyectos superaron la votación y pasaron a la etapa de ejecución técnica.

^{Proceso de votación ciudadana. Imagen: Municipalidad de Mendoza.}

5. Operativos 360: eficiencia territorial y respuesta basada en datos

Tradicionalmente, el mantenimiento del espacio público en los municipios opera de forma fragmentada: una cuadrilla repara las luminarias, otra se encarga del bacheo y una distinta realiza la poda, muchas veces en semanas diferentes. Para mejorar esta dinámica la Ciudad de Mendoza implementó los Operativos 360, un modelo de gestión integral que sincroniza todas las áreas operativas en un único despliegue territorial.

El sistema funciona bajo una lógica de intervención total. En lugar de atender reclamos aislados, el municipio identifica zonas prioritarias mediante el cruce de datos de la plataforma Muni Digital y tableros de gestión interna. Una vez definida el área, desembarcan simultáneamente equipos de Higiene Urbana, Espacios Verdes, Obras y Alumbrado. Se realizan tareas de poda preventiva con hasta cinco cuadrillas equipadas con hidrogrúas, reparación y reposición de luminarias, bacheo de calzadas, limpieza profunda de acequias, eliminación de microbasurales, desmalezado y demarcación vial.

Durante cada operativo se instalan además puestos de cercanía: estaciones de atención vecinal para recibir reclamos presenciales y brindar servicios de salud y zoonosis, como la vacunación de mascotas. Este despliegue permite atender no solo a los 130.000 habitantes estables de la Ciudad de Mendoza, sino a una población pendular de 300.000 personas que circulan diariamente por la capital.

Según Marcos Tohmé, director de Espacios Verdes y Arbolado, la planificación permite abordar un promedio de tres zonas por mes, lo que se traduce en 36 sectores intervenidos al año. El criterio de priorización se basa en los reclamos vecinales articulados con la información de los tableros de gestión, lo que permite definir las áreas y el tipo de acciones de forma específica y optimizar los recursos disponibles.

El compromiso ciudadano es parte del modelo. Para Jaqueline Godoy, vecina del barrio La Favorita, el impacto es directo: “La limpieza de los Operativos 360 es un gran beneficio para la comunidad. Ayudan a que el barrio se vea bien y esté en buenas condiciones. Esperamos que todos los vecinos entiendan que sacar sus residuos los días informados es muy importante para colaborar”.

Datos de impacto y gestión (periodo 2025):

• 3.614 reclamos procesados (23% limpieza de acequias, 18% retiro de escombros).
• 3.647 incidentes gestionados vía Muni Digital (23% ramas sobre techos, 8% ramas quebradas).
• El chatbot municipal ya procesa de forma autónoma más de 200 incidentes mensuales.

Cinco políticas públicas y una lógica común

Las cinco políticas difieren en su escala técnica, en las problemáticas que abordan y en su impacto territorial. Tienen, sin embargo, una lógica que las conecta: el municipio identifica un déficit estructural, diseña un marco normativo o institucional para abordarlo y utiliza la evidencia para medir su efectividad.

La gobernanza de datos y la regulación de la inteligencia artificial construyeron la infraestructura institucional que sostiene todo lo demás. La seguridad ciudadana se asumió mediante un sistema integrado que combina analítica de video con participación vecinal. 

La atracción de inversiones se vinculó a la apertura de datos estratégicos y a un ecosistema de aceleración de emprendimientos. La democracia directa se digitalizó y se blindó con certificación notarial para asegurar que el presupuesto responda a necesidades reales de los barrios. Y el mantenimiento del espacio público se unificó en un despliegue territorial que optimiza cada recurso disponible.

La certificación de Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL, obtenida en 2026, distingue ese recorrido. Lo que esta validación reconoce es algo más amplio que cada política tomada por separado: una capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterios de innovación y sostener los procesos en el tiempo.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como la Ciudad de Mendoza, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Venado Tuerto, Jesús María, Junín, Santa Rosa, San Miguel y San Nicolás de los Arroyos.

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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Existe uma versão em espanhol deste artigo aqui.

Em agosto de 2024, o +COMUNIDAD publicou pela primeira vez um especial sobre sandboxes regulatórios: aqueles ambientes em que um governo permite testar, por um tempo e sob supervisão, inovações que nenhuma norma ainda contempla. Entre os casos em destaque estava o do Rio de Janeiro, a primeira capital brasileira a montar um a escala municipal.

Naquele momento, o Sandbox.Rio era sobretudo uma promessa com bons primeiros resultados. A equipe nos contava que a cidade já abrigava estações de recarga para carros elétricos, robôs de entrega circulando pelas calçadas, drones distribuindo bebidas e até os primeiros passos de um carro voador. Tudo isso acontecia sem que o Rio tivesse que reescrever sua normativa de antemão.

Quase dois anos depois, voltamos a bater à porta. A pergunta principal era o que havia acontecido com tudo aquilo: ficou em experimento ou se transformou em algo mais? E, sobretudo, uma pergunta que organiza esta edição do Boletim Ideias & Inspiração: como se traduz um “laboratório regulatório” em desenvolvimento econômico concreto para uma cidade?

As respostas foram dadas, como naquela ocasião, por Carina de Castro Quirino. Ela é a subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios da Prefeitura do Rio (SUBRAN), cuja área conduz o programa. E deixam ver uma mudança de etapa: o sandbox deixou de ser uma vitrine de pilotos para começar a produzir aquilo que mais custa a qualquer governo gerar diante da inovação: normas com base em evidência.

Uma caixa de areia, para quem chega pela primeira vez

A metáfora que lhe dá nome vem do mundo do software. Quando uma pessoa dedicada à programação quer testar um código novo, não o libera direto no sistema: roda-o em um ambiente isolado, uma “caixa de areia”, onde pode falhar sem contaminar o resto. Em 2015, reguladores financeiros do Reino Unido tomaram a ideia emprestada para deixar que as fintechs testassem seus produtos em um espaço delimitado, sem exigir-lhes de entrada todas as regras pensadas para os bancos.

Um sandbox regulatório é isso: uma autorização delimitada no tempo, no território e em seu alcance, para testar algo novo na vida real. Não suspende os controles de segurança nem as proteções ao cidadão. Suspende, de forma temporária, normas menores que bloqueiam uma inovação que ainda ninguém regulou. O que o Rio mudou foi a escala. Uma coisa é um sandbox financeiro, com dois reguladores e um punhado de empresas. Outra muito distinta é uma cidade inteira, com ruas, vizinhos, trânsito e comércios.

O Rio criou seu programa em 2022 por meio do Decreto Municipal 50.697. Qualquer empresa, startup ou instituto de pesquisa pode apresentar um projeto. Se a inovação não se encaixa na normativa vigente, o município a avalia e, se tiver mérito, lhe outorga uma autorização temporária para operar com usuários reais e sob monitoramento. Ao fechar o ciclo, a Prefeitura produz um relatório técnico. E aí começa o interessante.

Do experimento à norma: o caso das patinetes

Se há um aprendizado que a equipe de Quirino resgata destes quase quatro anos, é que “uma regulação eficaz precisa de evidência, não de antecipação”.

A subsecretária o apresenta como uma inversão da lógica habitual do Estado. “O poder público costuma regular novas tecnologias a partir de projeções e suposições”, explica. O sandbox propõe o caminho oposto: primeiro se testa em escala real, depois se regula a partir dos dados.

O caso que melhor completa essa trajetória é o do Projeto Patinete Rio, da empresa Whoosh. Ao longo de 19 meses de operação experimental, a Prefeitura mediu de forma contínua padrões de uso, perfil de usuários e impactos na mobilidade e no ambiente. Ao fechar o ciclo, os números eram contundentes: 2,9 milhões de viagens, 972 mil usuários ativos e cerca de 230 empregos diretos e indiretos gerados.

Esse volume de dados foi decisivo para dois movimentos que tiveram que ocorrer em paralelo. Por um lado, a articulação com as áreas municipais, que passaram a conhecer os riscos reais —e não hipotéticos— das patinetes no espaço urbano. Por outro, o respaldo político para avançar rumo a uma regulação permanente. O resultado foi o Decreto Municipal 57.657, de 9 de março de 2026, que regula de forma definitiva as patinetes elétricas compartilhadas na cidade, após um processo que incluiu consulta pública, relatórios de monitoramento e diálogo com os órgãos envolvidos.

A lição que Quirino deixa é direta: sem o sandbox, o debate regulatório teria travado em intuições e em comparações com outras cidades, sem prática própria. Com ele, discutiu-se sobre evidência recolhida em um ambiente controlado. “Dados que não deixavam margem para questionar a relevância do serviço para a cidade”, resume.

O que se regula e o que não: o mecanismo por trás

O caso das patinetes é o produto de um método. Ao final de cada ciclo, de cerca de doze meses, o Sandbox.Rio produz um relatório técnico consolidado que orienta a decisão entre três caminhos possíveis: regulação definitiva, continuidade experimental ou encerramento ordenado do projeto.

As patinetes já percorreram esse caminho completo. Outros estão em pleno trajeto. O mais avançado é o Eletroposto Carioca, a primeira estação de recarga de veículos elétricos do país, inaugurada em fevereiro de 2025 na Barra da Tijuca. Em seu primeiro ano registrou 21.179 sessões de recarga, consumiu 522.373 kWh e evitou 406 toneladas de dióxido de carbono.

Esses dados, segundo a Prefeitura, já estão orientando uma decisão de política pública mais ampla. O Rio é a terceira cidade do Brasil em número de veículos elétricos emplacados, e a demanda cresce mais rápido que a oferta de infraestrutura: a frota eletrificada brasileira aumentou 28% somente no primeiro semestre de 2025, e as vendas cresceram 65,5% nos dois primeiros meses de 2026 frente ao mesmo período do ano anterior. O país tinha cerca de 21 mil estações de recarga em fevereiro de 2026, mas os condutores seguem apontando a falta de infraestrutura como o principal gargalo da eletromobilidade.

Por isso a cidade avança no desenho de um Plano Municipal de Eletromobilidade, que prevê somar 15 novas estações públicas de recarga até 2028. O sandbox foi o instrumento que permitiu acumular dados reais sobre demanda, perfis de uso, localização estratégica e viabilidade econômica. Dados que agora sustentam esse plano. Nas palavras de Quirino, “o programa não existe apenas para liberar inovação, mas para produzir o conhecimento que permite ao Estado agir com precisão”.

A inovação também para as periferias

Em todo o caminho houve, contudo, um ponto sensível que a própria equipe detectou. Os dois primeiros ciclos haviam dado resultados sólidos, mas concentrados em zonas com melhor acesso à infraestrutura urbana: a Zona Sul e a Barra da Tijuca. A inovação chegava onde já existia, de certo modo, e não onde mais fazia falta.

O terceiro ciclo, lançado em agosto de 2025, buscou corrigir esse viés. Pela primeira vez, os projetos voltados a comunidades cariocas e a áreas fora desse eixo recebem até dez pontos adicionais na seleção. A mudança se notou: 58 projetos inscritos, segundo a Prefeitura, um recorde para um sandbox municipal no Brasil, com participação inédita de iniciativas pensadas para territórios periféricos e um júri integrado por instituições como a Firjan e a UFRJ.

Entre os dez projetos do ciclo, dois mostram com clareza essa virada. Um é o Biclean, uma bicicleta aquática que se testa na Lagoa Rodrigo de Freitas como veículo de recreação e turismo sustentável, com a particularidade de recolher resíduos enquanto circula. O outro, de maior alcance social, é um CEP Digital —um sistema de endereços digitais— para as comunidades da Mangueira e do Caju, desenvolvido pela logtech de impacto social naPorta junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria Municipal de Saúde.

A ideia é simples, mas nem por isso menos poderosa. Em territórios onde o sistema postal tradicional não funciona, criam-se endereços digitais precisos para cada moradia. Isso permite, por exemplo, que os agentes comunitários de saúde localizem os moradores com exatidão, melhora o acompanhamento de pacientes, a cobertura de vacinação e a eficácia dos programas de atenção básica.A tecnologia de endereços digitais já vinha sendo aplicada em favelas cariocas desde o fim de 2024; o que o sandbox aporta é articulá-la com os serviços públicos de saúde do município. É o tipo de resultado, assinala Quirino, que converte o programa em um instrumento de redução da desigualdade urbana, e não apenas de fomento ao empreendedorismo.

Limites e diálogo com outros níveis do Estado

A experiência carioca também deixa ver onde estão as tensões. Um sandbox municipal só pode mexer em normas municipais, e os limites aparecem quando uma inovação toca competências de outros níveis do Estado. A própria equipe reconhece: pode dialogar com reguladores federais, como a agência de aviação que intervém no caso dos drones ou dos eVTOL, mas não modificar suas regras.

Esse atrito de competências ficou visível em abril de 2026, quando a Prefeitura publicou um decreto mais amplo —distinto do das patinetes compartilhadas— para ordenar a circulação de toda a micromobilidade elétrica na cidade. O Ministério Público do Estado do Rio questionou parte dessa norma e pediu sua suspensão, ao considerar que o município não pode modificar classificações de veículos já definidas pela legislação federal de trânsito.

O decreto afetado, o número 57.823, não tem relação com o programa Sandbox.Rio (o decreto dos patinetes compartilhados é o número 57.657 e segue em vigor). O episódio, ainda em aberto, ilustra um aprendizado que vai além do Rio: experimentar no âmbito local é possível e fértil, mas transformar esses aprendizados em uma regulação duradoura exige coordenação com os demais níveis do Estado.

O que outra cidade da região pode aprender

Para os governos locais que leem este Boletim, a pergunta prática é se tudo isso pode ser replicado. A recomendação de Quirino é não esperar ter o modelo perfeito. “O maior erro que uma cidade pode cometer é achar que precisa regular o futuro antes de entendê-lo”, afirma.

O programa carioca, lembra, não demandou recursos do erário nem uma estrutura complexa: precisou de vontade política, um instrumento jurídico claro e uma equipe disposta a aprender junto com as empresas. Apoia-se, além disso, em uma base normativa nacional —o Marco Legal das Startups, a lei complementar 182 de 2021— que habilita expressamente estados e municípios a criar esses ambientes de teste.

Na região, cidades como Porto Alegre, Goiânia, Maceió, Criciúma, Teresópolis e Volta Redonda, além do estado de São Paulo, já montaram seus próprios sandboxes. Na Argentina, a Cidade de Buenos Aires conta com uma lei desde 2021, e municípios como Escobar começaram a trilhar caminhos regulatórios semelhantes, inspirados em parte pela experiência do Rio.

O decreto que deu origem ao Sandbox.Rio está disponível como modelo adaptável para qualquer município que queira começar. Porque o problema que resolve, diz Quirino, é universal: “Se a sua cidade enfrenta tecnologias que chegam mais rápido que a capacidade de regulá-las —e todas enfrentam— o sandbox não é uma opção sofisticada reservada às grandes metrópoles. É a resposta prática a um problema comum”.

Quase dois anos depois daquela primeira matéria, a caixa de areia do Rio demonstrou algo que vai além dos drones e dos carros voadores que a tornaram famosa: que uma autorização temporária, bem desenhada, pode se converter em infraestrutura, em emprego, em serviços de saúde que chegam a uma favela. E, sobretudo, em uma forma distinta de o Estado se relacionar com aquilo que ainda não sabe regular.

Contato com Sandbox.Rio: https://www.sandboxrio.com.br/

Esta matéria faz parte do Boletim Ideias & Inspiração da Rede de Inovação Local (RIL), no qual a cada mês se destacam casos inovadores de diferentes temáticas em cidades de todo o mundo. Gostaria de receber, uma vez por mês, soluções locais como as desta matéria no seu e-mail? Você pode se inscrever gratuitamente!

Redação +COMUNIDAD

Imagem de capa: ilustração de RIL e +COMUNIDAD.

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En agosto de 2024, +COMUNIDAD publicó por primera vez un especial sobre sandboxes regulatorios: esos entornos donde un gobierno permite probar, durante un tiempo y bajo supervisión, innovaciones que ninguna norma todavía contempla. Entre los casos destacados estaba el de Río de Janeiro, la primera capital brasileña en montar uno a escala municipal.

En aquel momento, el Sandbox.Rio era sobre todo una promesa con buenos primeros resultados. Su equipo nos contaba que la ciudad ya alojaba estaciones de recarga para autos eléctricos, robots de entrega circulando por las veredas, drones repartiendo bebidas y hasta los primeros pasos de un auto volador. Todo eso ocurría sin que la ciudad hubiera tenido que reescribir su normativa de antemano.

Casi dos años después, volvimos a tocar la puerta. La pregunta principal era qué había pasado con todo aquello: ¿quedó en experimento o se transformó en algo más? Y, sobre todo, una pregunta que ordena esta edición del Boletín Ideas & Inspiración: ¿cómo se traduce un “laboratorio regulatorio” en desarrollo económico concreto para una ciudad?

Las respuestas las dio, como aquella vez, Carina de Castro Quirino. Es la subsecretaria de Regulación y Ambiente de Negocios de la Prefeitura de Río (SUBRAN), cuya área conduce el programa. Y dejan ver un cambio de etapa: el sandbox dejó de ser una vitrina de pilotos para empezar a producir lo que más le cuesta generar a cualquier gobierno frente a la innovación: normas con base en evidencia.

Una caja de arena, para quien llega por primera vez

La metáfora que le da nombre viene del mundo del software. Cuando una persona dedicada a la programación quiere probar un código nuevo, no lo libera directo al sistema: lo corre en un entorno aislado, una “caja de arena”, donde puede fallar sin contaminar al resto. En 2015, reguladores financieros del Reino Unido tomaron prestada la idea para dejar que las fintech probaran sus productos en un espacio acotado, sin exigirles de entrada todas las reglas pensadas para los bancos.

Un sandbox regulatorio es eso: un permiso acotado en el tiempo, en el territorio y en su alcance, para probar algo nuevo en la vida real. No suspende los controles de seguridad ni las protecciones al ciudadano. Suspende, de forma temporal, normas menores que bloquean una innovación que todavía nadie reguló. Lo que cambió Río fue la escala. Una cosa es un sandbox financiero, con dos reguladores y un puñado de empresas. Otra muy distinta es una ciudad entera, con calles, vecinos, tránsito y comercios.

Río creó su programa en 2022 mediante el Decreto Municipal 50.697. Cualquier empresa, startup o instituto de investigación puede presentar un proyecto. Si la innovación no encaja en la normativa vigente, el municipio la evalúa y, si tiene mérito, le otorga una autorización temporal para operar con usuarios reales y bajo monitoreo. Al cerrar el ciclo, la Prefeitura produce un informe técnico. Y ahí empieza lo interesante.

Del experimento a la norma: el caso de los patinetes

Si hay un aprendizaje que el equipo de Quirino rescata de estos casi cuatro años es que “una regulación eficaz necesita evidencia, no anticipación”. 

La subsecretaria lo plantea como una inversión de la lógica habitual del Estado. “El poder público suele regular nuevas tecnologías a partir de proyecciones y suposiciones”, explica. El sandbox propone el camino opuesto: primero se prueba en escala real, después se regula a partir de los datos.

El caso que mejor completa esa trayectoria es el del Proyecto Patinete Rio, de la empresa Whoosh. Durante 19 meses de operación experimental, la Prefeitura midió de forma continua patrones de uso, perfil de usuarios e impactos en la movilidad y el ambiente. Al cerrar el ciclo, los números eran contundentes: 2,9 millones de viajes, 972.000 usuarios activos y unos 230 empleos directos e indirectos generados.

Ese volumen de datos resultó decisivo para dos movimientos que tuvieron que ocurrir en paralelo. Por un lado, la articulación con las áreas municipales, que pasaron a conocer los riesgos reales —y no hipotéticos— de los patinetes en el espacio urbano. Por el otro, el respaldo político para avanzar hacia una regulación permanente. El resultado fue el Decreto Municipal 57.657, del 9 de marzo de 2026, que regula de forma definitiva los patinetes eléctricos compartidos en la ciudad, tras un proceso que incluyó consulta pública, informes de monitoreo y diálogo con los organismos involucrados.

La lección que deja Quirino es directa: sin el sandbox, el debate regulatorio se habría trabado en intuiciones y en comparaciones con otras ciudades, sin práctica propia. Con él, se discutió sobre evidencia recogida en un entorno controlado. “Datos que no dejaban margen para cuestionar la relevancia del servicio para la ciudad”, resume.

Qué se regula y qué no: el mecanismo detrás

El caso de los patinetes es el producto de un método. Al final de cada ciclo, de unos doce meses, el Sandbox.Rio produce un informe técnico consolidado que orienta la decisión entre tres caminos posibles: regulación definitiva, continuidad experimental o cierre ordenado del proyecto.

Los patinetes ya recorrieron ese camino completo. Otros están en pleno trayecto. El más avanzado es el Eletroposto Carioca, la primera estación de recarga de vehículos eléctricos del país, inaugurada en febrero de 2025 en Barra da Tijuca. En su primer año registró 21.179 sesiones de recarga, consumió 522.373 kWh y evitó 406 toneladas de dióxido de carbono.

Esos datos, según la Prefeitura, ya están orientando una decisión de política pública más amplia. Río es la tercera ciudad de Brasil en cantidad de vehículos eléctricos patentados, y la demanda crece más rápido que la oferta de infraestructura: la flota electrificada brasileña aumentó 28% solo en el primer semestre de 2025, y las ventas crecieron 65,5% en los dos primeros meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. El país tenía unas 21.000 estaciones de recarga en febrero de 2026, pero los conductores siguen señalando la falta de infraestructura como el principal cuello de botella de la electromovilidad.

Por eso la ciudad avanza en el diseño de un Plan Municipal de Electromovilidad, que prevé sumar 15 nuevas estaciones públicas de recarga hasta 2028. El sandbox fue el instrumento que permitió acumular datos reales sobre demanda, perfiles de uso, localización estratégica y viabilidad económica. Datos que ahora sostienen ese plan. En palabras de Quirino, “el programa no existe solo para liberar innovación, sino para producir el conocimiento que permite al Estado actuar con precisión”. 

^{Bicicleta acuática recolectora de residuos en la Laguna Rodrigo de Freitas. Imagen: Proyectdo Biclean.}

La innovación también para las periferias

En todo el camino hubo, sin embargo, un punto sensible que el propio equipo detectó. Los dos primeros ciclos habían dado resultados sólidos, pero concentrados en zonas con mejor acceso a infraestructura urbana: la Zona Sur y Barra da Tijuca. La innovación llegaba donde ya existía en cierto modo, no donde más falta hacía.

El tercer ciclo, lanzado en agosto de 2025, buscó corregir ese sesgo. Por primera vez, los proyectos orientados a comunidades cariocas y a áreas fuera de ese eje reciben hasta diez puntos adicionales en la selección. El cambio se notó: 58 proyectos inscriptos, según la Prefeitura, un récord para un sandbox municipal en Brasil, con participación inédita de iniciativas pensadas para territorios periféricos y un jurado integrado por instituciones como la Firjan y la UFRJ.

Entre los diez proyectos del ciclo, dos muestran con claridad ese giro. Uno es Biclean, una bicicleta acuática que se prueba en la Laguna Rodrigo de Freitas como vehículo de recreación y turismo sustentable, con la particularidad de recolectar residuos mientras circula. El otro, de mayor alcance social, es un CEP Digital —un sistema de direcciones digitales— para las comunidades de Mangueira y Caju, desarrollado por la logtech de impacto social naPorta junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría Municipal de Salud.

La idea es sencilla, pero no por eso  menos potente. En territorios donde el sistema postal tradicional no funciona, se crean direcciones digitales precisas para cada vivienda. Eso permite, por ejemplo, que los agentes comunitarios de salud localicen a los vecinos con exactitud, mejora el seguimiento de pacientes, la cobertura de vacunación y la eficacia de los programas de atención primaria.

La tecnología de direcciones digitales ya venía aplicándose en favelas cariocas desde fines de 2024; lo que aporta el sandbox es articularla con los servicios públicos de salud del municipio. Es el tipo de resultado, señala Quirino, que convierte al programa en un instrumento de reducción de desigualdad urbana, y no solo de fomento al emprendimiento. 

^{Biclean, una bicicleta acuática que se prueba en la Laguna Rodrigo de Freitas como vehículo de recreación y turismo sustentable, con la particularidad de recolectar residuos mientras circula. Imagen: 10viajes.com} 

Límites y diálogo con otros niveles del Estado

La experiencia carioca también deja ver dónde están las tensiones. Un sandbox municipal solamente puede mover normas municipales, y los límites aparecen cuando una innovación toca competencias de otros niveles del Estado. El propio equipo lo reconoce: puede dialogar con reguladores federales, como la agencia de aviación que interviene en el caso de los drones o los eVTOL, pero no modificar sus reglas.

Ese roce de competencias se hizo visible en abril de 2026, cuando la Prefeitura publicó un decreto más amplio —distinto del de los patinetes compartidos— para ordenar la circulación de toda la micromovilidad eléctrica en la ciudad. El Ministerio Público del Estado de Río cuestionó parte de esa norma y pidió su suspensión, al considerar que el municipio no puede modificar clasificaciones de vehículos ya definidas por la legislación federal de tránsito. 

El decreto afectado, el número 57.823, no tiene relación con el programa Sanbox.Rio (el de los patinetes compartidos es el número 57.657 y se encuentra vigente). El episodio, todavía abierto, ilustra un aprendizaje que excede a Río: experimentar en el ámbito local es posible y fértil, pero llevar esos aprendizajes a una regulación duradera exige coordinar con los demás niveles del Estado.

Qué puede aprender otra ciudad de la región

Para los gobiernos locales que leen este Boletín, la pregunta práctica es si todo esto se puede replicar. La recomendación de Quirino es no esperar a tener el modelo perfecto. “El mayor error que puede cometer una ciudad es creer que necesita regular el futuro antes de entenderlo”, afirma.

El programa carioca, recuerda, no demandó recursos del erario ni una estructura compleja: necesitó voluntad política, un instrumento jurídico claro y un equipo dispuesto a aprender junto con las empresas. Se apoya, además, en una base normativa nacional —el Marco Legal de Startups, la ley complementaria 182 de 2021— que habilita expresamente a estados y municipios a crear estos entornos de prueba.

En la región, ciudades como Porto Alegre, Goiânia, Maceió, Criciúma, Teresópolis y Volta Redonda, además del estado de São Paulo, ya armaron sus propios sandboxes. En la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una ley desde 2021, y municipios como Escobar empezaron a transitar caminos regulatorios similares, inspirados en parte por la experiencia de Río.

El decreto que dio origen al Sandbox.Rio está disponible como modelo adaptable para cualquier municipio que quiera empezar. Porque el problema que resuelve, dice Quirino, es universal: “Si tu ciudad enfrenta tecnologías que llegan más rápido que la capacidad de regularlas —y todas las enfrentan— el sandbox no es una opción sofisticada reservada a las grandes metrópolis. Es la respuesta práctica a un problema común”.

Casi dos años después de aquella primera nota, la caja de arena de Río demostró algo que va más allá de los drones y los autos voladores que la hicieron famosa: que un permiso temporal, bien diseñado, puede convertirse en infraestructura, en empleo, en servicios de salud que llegan a una favela. Y, sobre todo, en una forma distinta de que el Estado se relacione con lo que todavía no sabe regular.

Contacto con Sandbox.Rio: https://www.sandboxrio.com.br/

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD. 

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