El cuadro se repetía en los barrios de Tres de Febrero. Un tramo de luminarias fallaba en una plaza o en un sendero peatonal y el espacio verde quedaba a oscuras. Para el municipio, la falla era invisible hasta que un vecino o una vecina se quejaba. Entre la llamada, la derivación administrativa, la inspección previa y el envío de la cuadrilla transcurrían habitualmente entre 48 horas y cinco días. En ese margen, el espacio público perdía uso comunitario y aumentaba la inseguridad.

Históricamente, la agenda de los gobiernos locales se concentró en el esquema tradicional de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL). Las gestiones actuales abordan desafíos urbanos cada vez más complejos e interdisciplinarios, pero esa infraestructura básica de la ciudad también exige innovación para optimizar sus procesos. Modernizar estos servicios suele chocar con una barrera presupuestaria: las soluciones comerciales de telegestión ofrecen licencias privadas cuyos costos resultan inaccesibles a escala local. Frente a esa limitación, la Municipalidad de Tres de Febrero optó por desarrollar una respuesta propia.

“Tenemos más de 100 espacios verdes y no podemos recorrerlos todos los días para verificar su funcionamiento. No podíamos tener un sector apagado toda la noche”, señala Nahuel Vitasovich, director de Arbolado y Luminaria Pública. A través de TECNO3F, un programa municipal de formación tecnológica y desarrollo de talento digital creado en 2022, el gobierno local diseñó su propio Sistema de Telegestión del Alumbrado Público, que utiliza tecnología de Internet de las Cosas (IoT) para monitorear en tiempo real el alumbrado de plazas y senderos.

Cómo funciona el monitoreo en tiempo real

El desarrollo se basa en un dispositivo electrónico modular que se instala de forma directa dentro de los tableros eléctricos que alimentan cada plaza o sendero. La placa incorpora pinzas amperométricas que miden la intensidad de corriente eléctrica que circula hacia las luminarias. Con un chip de bajo consumo de datos y conexión a la red celular (4G), la placa funciona como un nodo que transmite lecturas periódicas a una plataforma web y a una aplicación móvil. Las áreas operativas utilizan ambas herramientas. 

El sistema cumple cuatro funciones:

• Detección automática de anomalías: si el consumo eléctrico cae de forma abrupta durante la noche, el sistema interpreta que falló un tramo y dispara una alerta a las cuadrillas de guardia.
• Control de consumo diurno: la herramienta detecta consumos anómalos durante el día e identifica luces encendidas fuera de horario. De este modo, permite evitar el gasto innecesario de energía.
• Comando y encendido remoto: la plataforma permite activar manualmente las luces desde un teléfono móvil o tablet. Esto simplifica las inspecciones operativas durante el día sin necesidad de abrir físicamente los tableros en la calle.
• Monitoreo de conectividad: si la placa pierde señal durante el día por un problema en el suministro eléctrico general, el sistema notifica la interrupción, lo que permite prever que el área quedará a oscuras antes del inicio de la noche.

“Lo que se hace con este dispositivo es medir el amperaje de consumo que pasa por el cable del tablero y, a través de un chip 4G, nos llega a la página web y a la aplicación móvil. En el momento podemos ver cuánto está consumiendo. Durante el día, si el dispositivo pierde conectividad porque falla el servicio de energía, la aplicación nos avisa. Ya sabemos que esa noche la plaza va a estar apagada y mandamos la cuadrilla como emergencia antes de que oscurezca”, precisa Vitasovich.

Piloto y costos del sistema

El sistema comenzó su fase de prueba en las plazas Arturo Illia y Pablo Giorello, en la localidad de Santos Lugares. Tras verificar el comportamiento de los componentes en la vía pública, el municipio extendió la red a cuatro plazas y proyecta conectar 20 nodos en el corto plazo. La diferencia central con las alternativas comerciales radica en la estructura de costos:

• Costo de hardware: la placa de telegestión no supera los 100.000 pesos argentinos (65 USD) por tablero, un monto menor al costo de compra de una sola luminaria LED. 
• Costo de implementación: el desarrollo propio representó el 10% del valor de mercado de soluciones equivalentes producidas por proveedores privados. 
• Costo operativo: la transmisión de datos requiere un plan de telefonía celular de entre 2.000 y 3.000 pesos mensuales por plaza (menos de 2 USD).

“El ahorro en la implementación es de un 10% del costo de lo que está en el mercado privado o de lo que se puede traer de afuera en este tipo de placas. Sería imposible para nosotros escalar y tener 20 o 30 espacios verdes si tuviéramos que comprar este tipo de dispositivos al costo real de mercado afuera. Nosotros lo desarrollamos de cero”, detalla Vitasovich. 

Articulación entre áreas y formación técnica

La viabilidad técnica del proyecto se apoyó en la articulación con TECNO3F. Este espacio de capacitación gratuita en tecnologías de la información para vecinos y vecinas derivó en un laboratorio interno capaz de responder a demandas de la gestión municipal. El equipo está integrado por jóvenes profesionales y estudiantes universitarios que ingresaron inicialmente mediante pasantías del programa municipal Experiencia Joven.

“Hoy tenemos un equipo multidisciplinario con gente de programación, distintas ingenierías, marketing e impresión 3D. Seguimos dando capacitaciones abiertas y gratuitas para los vecinos, y al mismo tiempo hacemos desarrollos tecnológicos para el municipio aprovechando las capacidades internas que tenemos”, explica Tomás Petelin, integrante de TECNO3F.

Esta herramienta modifica la logística operativa. Al recibir alertas automáticas, el municipio redirige las cuadrillas a los puntos con fallas confirmadas. “Cada alerta que llega, tanto a la aplicación web como al teléfono, es una inspección menos que tenés que hacer, porque ya te enteraste del problema. Se evita una recorrida periódica ineficiente o esperar el reclamo del vecino. Direccionamos los recursos de forma directa”, agrega Petelin.

Telegestión del espacio público: desafíos y aprendizajes

El desarrollo de soluciones locales también enfrenta límites que forman parte del proceso de aprendizaje institucional. En esta etapa inicial, el municipio aún no cuenta con datos cuantitativos consolidados que midan el ahorro económico y la eficiencia energética global del sistema. Desde Tres de Febrero explican que, al cubrir un número acotado de espacios verdes, la recolección de métricas precisas continúa en desarrollo a medida que la red suma nuevos nodos.

El principal reto técnico radica en la transición de la escala artesanal a la industrial. Para llevar la telegestión a decenas de plazas, el equipo trabaja en superar el armado manual de las placas y migrar hacia el diseño de circuitos impresos de fabricación seriada, un paso necesario para acelerar la instalación. Además, la detección automática emite la alerta en tiempo real, pero la velocidad final de reparación en la calle sigue condicionada por la capacidad operativa de las cuadrillas y la disponibilidad de insumos en el territorio.

La experiencia de Tres de Febrero indica que la innovación en la gestión pública puede partir de la identificación precisa de un problema operativo concreto. Al enfocar el desarrollo en una dificultad cotidiana —el tiempo que una plaza permanece a oscuras—, el municipio pudo probar la solución en territorio sin dispersar recursos. 

El pilar decisivo de esta experiencia fue el aprovechamiento de la capacidad técnica generada previamente dentro del propio municipio. La existencia de TECNO3F aportó el conocimiento para diseñar, soldar y programar las placas sin depender de contrataciones externas. Además, la estrategia de implementar el sistema de forma progresiva, desde dos plazas piloto en Santos Lugares, permitió ajustar el software y la precisión de los sensores a la intemperie antes de encarar el escalado hacia el resto del municipio.

Requisitos para replicar el caso de Tres de Febrero

Tanto Nahuel Vitasovich como Tomás Petelin coinciden en que la experiencia puede adaptarse a otros municipios a partir de las siguientes condiciones:

• Equipo técnico o alianzas locales: es necesario contar con personal capacitado en electrónica, programación y desarrollo web. Las gestiones sin área propia pueden articular con escuelas técnicas, institutos terciarios o universidades.
• Cobertura de red celular: el sistema requiere señal de telefonía móvil (3G/4G) en los puntos donde se ubican los tableros eléctricos. [10]
• Acompañamiento político e integración de áreas: se requiere articulación entre las direcciones operativas y los equipos técnicos para integrar las herramientas digitales en la rutina de trabajo.

La arquitectura diseñada para el alumbrado comenzó a aplicarse en otros servicios urbanos mediante nuevos sensores. Al respecto, Vitasovich reflexiona: “Esto nos abre una puerta enorme de desarrollo para otros dispositivos. Con el mismo equipo ya sumamos un pluviómetro que nos avisa online la cantidad de lluvia por zona y estamos midiendo los niveles de agua para el sistema de bombeo en los túneles urbanos”.

Las declaraciones de Nahuel Vitasovich y Tomás Petelín corresponden al programa Miércoles de Innovación Local, coproducido entre +COMUNIDAD y Malditos Optimistas.

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La confianza en la democracia es frágil en todo el mundo, y América Latina no es la excepción. La ciudadanía está frustrada con gobiernos que no logran resolver los problemas que más les importan. Las personas siguen votando, pero, mientras la inestabilidad económica, la corrupción y la inseguridad dominan la vida cotidiana, el valor de la democracia se desvanece, y termina siendo percibida como una mera abstracción, desconectada de los problemas reales.

Sin embargo, a nivel local, otra historia está escribiéndose.

En ciudades y pueblos de la región, gobiernos locales y comunidades están reconstruyendo la confianza a través de una participación que se siente tangible, útil y cercana a la vida cotidiana de las personas. Lejos de proyectos ideológicos pretenciosos, los gobiernos locales hacen esfuerzos concretos para resolver desafíos tangibles, como la seguridad pública, la gestión de residuos y la cohesión social, devolviéndole a la ciudadanía un lugar en la vida pública.

Las lecciones que emergen de estas experiencias son alentadoras: la democracia puede recuperar legitimidad cuando entrega resultados, y esos resultados mejoran cuando la participación se canaliza de manera efectiva.

El poder de la gobernanza local y democracia

Los gobiernos locales trabajan donde ocurre la vida cotidiana. Las personas pueden ver el impacto de una gestión efectiva (o inefectiva) en las oportunidades que tienen para prosperar: qué tan fluido es su viaje diario, si sus seres queridos tienen acceso a cuidados confiables, y qué tan fácil (o frustrante) resulta navegar la burocracia local. 

En el esfuerzo por restaurar el valor social de la democracia, la escala local puede ser tanto una ventaja única como una debilidad. Si los gobiernos locales no cumplen, la confianza en las instituciones se erosiona, y con ella, el propio sentido de elegir y participar en democracia. Pero si logran liderar una transformación hacia una mejor calidad de vida, esa confianza puede reconstruirse.

En la Red de Innovación Local (RIL), una organización sin fines de lucro que conecta y potencia a 1.000 gobiernos locales en el Sur Global, trabajamos junto a quienes gestionan lo local para impulsar un enfoque integral de la gobernanza que involucra al sector privado, la academia, la sociedad civil y la ciudadanía, en un esfuerzo por entender los desafíos y ofrecer soluciones.

Las administraciones locales más exitosas nos enseñan que, cuando los gobiernos se posicionan como facilitadores y habilitadores en lugar de meros ejecutores de arriba hacia abajo, logran resultados mucho más significativos. Esto también aplica a la participación ciudadana, donde las ciudades tienen una decisión que tomar: usar consultas simbólicas para legitimar una acción, o integrar a la ciudadanía en la resolución de problemas y aprovechar su fuerza para un cambio sistémico duradero.

La confianza es un catalizador para la gestión local, y un gobierno capaz de orquestar la colaboración para reconstruirla está, a nuestro criterio, en el camino hacia el éxito.

Para ilustrar cómo esto es posible, nos vamos a centrar en la historia de la ciudad de San Miguel, en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, y en cómo mejoraron su gestión precisamente reconstruyendo la confianza, en el mismo terreno donde muchos gobiernos encuentran razones para darle la espalda a la democracia.

Enfrentar la inseguridad a través de la participación

La inseguridad es una de las principales fuentes de descontento social en Argentina. Según los últimos resultados de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública, publicada en mayo de 2026 por el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, es uno de los principales desafíos públicos: un 26% de las personas encuestadas la reconoce como uno de los problemas centrales del país, muy cerca de los bajos salarios, el desempleo, la corrupción y los políticos, e igualando a la pobreza.

Esta preocupación no es nueva. En 2016, el gobierno local de San Miguel, a pesar de contar con cámaras de seguridad y patrulleros, no lograba que sus vecinos se sintieran seguros. Después de probar distintos enfoques, recurrieron a la comunidad y crearon Ojos en Alerta, una iniciativa en la que los vecinos se convierten en socios activos de la política de seguridad, capacitados para reportar situaciones de riesgo y emergencias a través de una herramienta cotidiana: WhatsApp. Esta simple conexión generó flujos de información más rápidos y mejoró la capacidad de prevención, permitiendo que los equipos municipales actuaran con datos en tiempo real.

A través de capacitaciones y talleres públicos, el gobierno construyó confianza con grupos que antes veían poco sentido en compartir información con las autoridades. Después de diez años de trabajo, los resultados son concretos: los reportes ciudadanos y las alertas preventivas aumentaron un 620%, mientras que el delito denunciable cayó entre un 50% y un 85%. Los mensajes mensuales pasaron de 400 a más de 3.600, y casi el 50% de los vecinos usa la herramienta con regularidad.

Hoy, esta iniciativa se replicó en más de 100 ciudades de Argentina. Su éxito demuestra que la participación ciudadana puede ser, a la vez, un valor democrático central en sí mismo y un catalizador sumamente efectivo para la resolución de problemas.

Pasar del qué al cómo

El éxito de la réplica de San Miguel también nos muestra que, en una era de inteligencia artificial, donde las respuestas técnicas (“el qué”) son cada vez más accesibles y están cada vez más comoditizadas, el verdadero cuello de botella de la política pública está en las dimensiones humanas y de comportamiento de la implementación (“el cómo”).

¿Cómo pueden las ciudades superar este cuello de botella? RIL, junto con muchas otras organizaciones, ofrece herramientas, metodología y estructura para potenciar procesos participativos y desbloquear impacto. No hace falta reinventar la rueda, pero sí hace falta voluntad política para atacar las causas de raíz de los problemas, involucrar a los actores correctos y tomar decisiones basadas en evidencia.

La acción colectiva como clave para escalar el éxito

¿Pueden los gobiernos locales ser la clave para contrarrestar el retroceso democrático global? ¿Pueden los alcaldes ser los actores que necesitamos para desbloquear este poder latente de renovación y transformación? Nuestro trabajo con más de 1.000 ciudades en todo el mundo nos da motivos para ser optimistas.

Pero las historias de éxito local aisladas no alcanzan. Si las soluciones participativas transformadoras quieren expandirse, las ciudades deben aprender unas de otras, compartir metodologías y construir narrativas colectivas. Aquí es donde las redes de ciudades y las organizaciones colaborativas cumplen un rol crucial, transformando experimentos individuales en un movimiento más amplio, capaz de reconfigurar la cultura de la gobernanza.

Cuando los líderes locales eligen gobernar con la gente y no para la gente, los resultados llegan. Pero construir esa confianza y sostenerla en el tiempo es un desafío. Canalizar la participación hacia un impacto significativo requiere voluntad política, metodología y la humildad de poner la voz de la ciudadanía en el centro, incluso cuando resulta incómodo. En RIL, este es precisamente nuestro compromiso: trabajar junto a los equipos de gobiernos locales de toda la región, para que las soluciones colaborativas y de alto impacto sean la norma, y no la excepción.

(*) Este artículo se publicó originalmente en inglés como parte de Resiliencia & Resistencia, una serie de artículos del blog de la Fundación Charles F. Kettering que reúne las perspectivas de líderes de pensamiento y profesionales que trabajan para ampliar y fortalecer democracias inclusivas en todo el mundo.

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En Lo Barnechea, comuna del nororiente de Santiago de Chile, resolver un choque de tránsito, un reclamo comercial o un conflicto con un vecino tenía un mismo requisito previo: presentarse en el Juzgado de Policía Local, con una cita en la mano, y esperar. Durante décadas, la sala de espera fue la única puerta de entrada a la justicia de proximidad de la comuna.

En Chile, estos tribunales constituyen la puerta de entrada al sistema judicial y fueron creados para que cualquier persona asista sin la asistencia obligatoria de un letrado. Cada año ingresan a este despacho comunal más de 32.000 causas. Enfrentar ese volumen sin ayuda profesional significaba descifrar plazos urgentes, redactar descargos bajo fórmulas solemnes y arriesgar una sentencia desfavorable por un simple error procesal. Para quien dependía de un salario diario, acudir al tribunal implicaba perder una jornada de trabajo para hacer una fila incierta.

Frente a esta situación, la Dirección de Innovación y el Juzgado de Policía Local de la comuna impulsaron en 2024 el Juzgado de Policía Local Virtual, una plataforma que habilita la presentación remota de escritos, descargos, denuncias y demandas. La iniciativa apuntó a remover tres obstáculos concretos: la complejidad del lenguaje jurídico, los tiempos de espera presenciales y la fragmentación del proceso. 

El punto de inflexión llegó en febrero de 2026. Ese mes, por primera vez, los ingresos digitales superaron a los presenciales: 293 contra 143. Dos de cada tres trámites del tribunal se hicieron desde un teléfono o una computadora.

“En vez de aceptar que el juzgado es así, lo empezamos a repensar de cero”, explicó a +COMUNIDAD el alcalde Felipe Alessandri. Sobre la viabilidad económica de la iniciativa, fue enfático: “No hizo falta un préstamo internacional. Hizo falta una decisión”.

El laberinto de defenderse sin un abogado

En todo el territorio chileno operan 379 Juzgados de Policía Local. Pese a estar asentados en la estructura municipal, estos tribunales resuelven materias que en los últimos años adquirieron una fuerte impronta jurídica: infracciones a la Ley de Tránsito, conflictos de consumo amparados en la Ley del Consumidor y controversias patrimoniales en condominios. La ley permite litigar sin contratar un abogado, pero el vocabulario técnico y las formalidades del tribunal terminan apartando a quienes no manejan el lenguaje legal. 

El diagnóstico elaborado por los equipos municipales detectó que las personas tropezaban habitualmente en las mismas instancias del trámite:

• Incomprensión de las notificaciones. Las personas usuarias no lograban discernir si la cita recibida respondía a una multa, a la suspensión de la licencia de conducir o a una demanda civil asociada. 
• Desconocimiento de los términos legales. El cómputo de días hábiles procesales y el momento oportuno para rendir testimonios o peritajes resultaban ajenos al ciudadano común.
• Deficiencias probatorias. Las partes presentaban presupuestos o fotografías sin la debida individualización, lo que invalidaba piezas fundamentales para su defensa.
• Escritos defectuosos. Las cartas manuscritas carecían de peticiones concretas o citas reglamentarias, y obligaban a los funcionarios judiciales a rechazarlas o a dictar resoluciones para subsanar los errores.

Una idea que salió de los propios funcionarios

El proyecto no nació de una consultora externa ni de una licitación. Salió de un concurso interno abierto a los equipos municipales, en el que el camino hacia la digitalización partió de una reflexión sobre el rol del trabajador público.

María Elena Beltrán, gestora de proyectos en la Dirección de Innovación de la Municipalidad de Lo Barnechea, recuerda que el desafío fue involucrar a todas las áreas en la generación de propuestas que tuvieran dos miradas simultáneas: la optimización de procesos internos y la mejora en la atención a la comunidad.

“Hay muchos funcionarios que llevan mucho tiempo en la Municipalidad y que saben muy bien cómo resolver los problemas. Lo que faltaba era abrir un espacio donde ellos mismos pudieran proponer o sugerir cómo podíamos mejorar lo que hacíamos. O cómo podíamos dar una nueva solución a desafíos que estaban presentes”, dice Beltrán.

La primera edición del concurso Innova Lo Barnechea recibió 18 proyectos. El resultado más relevante fue el Juzgado de Policía Virtual, el primero de su tipo en Chile. La plataforma se lanzó en mayo de 2025 y sobrevivió a un cambio de administración municipal.

Cómo funciona el Juzgado de Policía Virtual con IA

En lugar de licitar sistemas cerrados a empresas externas con contratos costosos, el municipio resolvió articular sus propias herramientas. La solución consistió en vincular el Sistema Municipal de Causas (SMC) con un gestor de relaciones con el usuario (CRM) y una capa web abierta al público. A través de esa interfaz, el vecino o la vecina completa formularios guiados que convierten sus respuestas en documentos con validez jurídica.

La implementación se diseñó como un proceso iterativo, en cuatro fases:

• Fase 1 (2024-2025). Digitalización del tribunal, con formularios, presentación de escritos y consulta de causas en línea.
• Fase 2 (2025-2026). Consolidación y masificación, con nuevos trámites y alianzas como la del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac).
• Fase 3 (2026 en adelante). Asistente de inteligencia artificial que orienta en lenguaje simple, guía la preparación de documentos y responde consultas.
• Fase 4 (meta a futuro). Modelo replicable para otros municipios, integrado a la estrategia de Ciudad Inteligente.

Justinia, la capa de inteligencia artificial

A fines de 2025, la digitalización de los formularios había ordenado el ingreso de las causas, pero persistía una limitación: muchas personas usuarias seguían sin poder interpretar el lenguaje jurídico. La respuesta a esa fricción fue Justinia, un agente conversacional basado en un modelo de lenguaje avanzado, que se lanzó oficialmente el 26 de agosto de 2026.

Para Alessandri, el salto hacia la inteligencia artificial representó “una oportunidad clave para democratizar la justicia y acercarla concretamente a los ciudadanos”. La apuesta consiste en que la ciudadanía dialogue con un sistema que traduce la jerga jurídica y reduce la desprotección de quienes litigan en soledad.

A diferencia de los asistentes comerciales orientados a contestar preguntas frecuentes, el sistema se entrenó exclusivamente con la legislación aplicable a la justicia de policía local, ordenanzas municipales y repertorios jurisprudenciales. Fue diseñado para que la persona usuaria pueda:

• Comprender el contenido de una citación judicial.
• Conocer las etapas y plazos del procedimiento.
• Identificar y adjuntar los documentos requeridos.
• Entender sus derechos y obligaciones procesales.
• Estructurar y redactar correctamente sus escritos.

La arquitectura preserva el control judicial. Un operador municipal especializado centraliza la supervisión del canal digital, verifica los datos cargados, responde incidencias y comprueba pagos antes de transferir el expediente a la resolución final del magistrado. La inteligencia artificial actúa como herramienta facilitadora del acceso al tribunal. Las decisiones jurisdiccionales se mantienen exclusivamente en manos humanas.

Qué muestran los números

Entre enero y abril de 2026, el tribunal procesó 1.198 trámites a través del sistema virtual, un volumen que permitió absorber el aumento de la demanda sin colapsar las oficinas de atención. En enero se registraron 94 trámites virtuales. En febrero, las presentaciones digitales ascendieron a 293, frente a 143 escritos ingresados de manera presencial. Ese mes marcó la inflexión del servicio, con el 67% de los ingresos por vía digital.

Para marzo, los ingresos en línea alcanzaron su máximo con 471 presentaciones, cinco veces el registro inicial del año. Desde su lanzamiento en mayo de 2025, la plataforma acumuló más de 3.000 escritos judiciales recibidos sin intermediación de papel. En la gestión interna, las mediciones de la Dirección de Innovación arrojan una reducción del 45% en los tiempos de tramitación administrativa de los casos.

Condiciones para replicar 

El modelo de Lo Barnechea se concibió para ser transferible. En agosto de 2026, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) suscribió un convenio de cooperación con el municipio para poner la plataforma y el modelo de inteligencia artificial al alcance de los 345 municipios de Chile.   

Desde la experiencia de Lo Barnechea, para adaptar esta política a otros gobiernos locales conviene considerar cuatro condiciones:

• Gobernanza colaborativa interna. La modernización exige un acuerdo técnico de cooperación entre el juez titular y las áreas informáticas de la alcaldía, que priorice la mejora del servicio por sobre las diferencias corporativas.
• Marco normativo habilitante. La legislación debe permitir la tramitación digital válida y autorizar a la ciudadanía a litigar sin abogado en causas menores, un rasgo presente en la estructura de los tribunales locales chilenos.
• Articulación interinstitucional. El enlace formal con organismos sectoriales, como el Sernac o las asociaciones nacionales de magistrados, facilita la unificación de formularios y aporta legitimidad procedimental a las herramientas desarrolladas.
• Financiamiento acotado a activos preexistentes. La clave reside en aprovechar las capacidades del personal informático municipal y en reorientar contratos de desarrollo de software ya vigentes.

En Lo Barnechea hay trámites que todavía exigen la mirada de un funcionario y vecinos que prefieren llegar con los papeles en mano. Pero la diferencia está en los números y en el tiempo. Para los juzgados locales que todavía lidian con expedientes amontonados sin solución, la experiencia de la comuna precordillerana deja una pista concreta: la transformación empieza cuando se ordenan los procesos internos para hablarle a la comunidad en su propio idioma.

Sobre esta serie

Esta nota integra Alcaldes innovadores, una serie de +COMUNIDAD que documenta las políticas públicas que autoridades locales de América Latina presentaron en el encuentro del mismo nombre, realizado del 27 al 29 de agosto de 2026 en Panamá. El Juzgado de Policía Virtual fue la iniciativa destacada por Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea. El programa es impulsado por la Red de Innovación Local (RIL) junto con el Centre for Public Impact (CPI). 

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San Francisco, una ciudad de más de 75.000 habitantes ubicada en la provincia de Córdoba, enfrentaba un desafío común a muchas localidades latinoamericanas: la seguridad ocupaba el primer lugar entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Detrás de esa percepción existía también una dificultad de gestión. La información sobre los hechos y las intervenciones estaba desarticulada, y los distintos sistemas de atención al ciudadano funcionaban de manera superpuesta.

La Policía de la Provincia de Córdoba administraba sus propios registros, mientras que el municipio contaba con líneas como el 103 y otras herramientas que funcionaban de manera paralela. La falta de integración dificultaba el análisis de la información y limitaba la capacidad de transformar los datos en decisiones de gestión.

Frente a ese escenario, el municipio incorporó la seguridad como una prioridad estratégica de política local y decidió asumir un rol más activo en la organización de la información socio-delictual y en la coordinación de las respuestas.

Hoy la ciudad muestra un cambio significativo. Según encuestas citadas por el municipio, la seguridad descendió al tercer lugar entre las preocupaciones ciudadanas. “Asumir la responsabilidad de conocer la realidad mediante datos es un compromiso. Detrás de cada informe hay una realidad que debemos enfrentar y mejorar”, señala Paulina Rosa, integrante del Observatorio de Seguridad Local.

Con el acompañamiento de la Red de Innovación Local (RIL), a través del Programa Ciudades por la Seguridad —financiado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba mediante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)—, la ciudad avanzó en la profesionalización de su gestión de la seguridad y en la consolidación de herramientas de análisis y planificación. 

Entre las múltiples iniciativas, se impulsó el diseño de una estrategia de prevención integral basada en evidencia, lo que dio paso a la  consolidación del Observatorio de Seguridad Local. 

Observatorio de Seguridad Local, el primer eslabón de la solución

El Observatorio de Seguridad Local produce informes mensuales, trimestrales y anuales que permiten conocer con mayor precisión qué sucede en la ciudad y orientar las acciones del gobierno local.

Con esa base de información sistematizada, la ciudad avanzó en una reorganización operativa del sistema de prevención. Se conformó una Guardia Local integrada actualmente por 33 agentes que trabaja las 24 horas en turnos rotativos de manera mancomunada con la Policía local y las demás áreas de seguridad locales y fuerzas provinciales en un Comando unificado de seguridad que comparte base operativa.

Al mismo tiempo, se fortaleció la central de monitoreo para transformarla en un comando operativo unificado con capacidad de respuesta las 24 horas, superando el modelo de videovigilancia pasiva que predomina en muchas ciudades. En este Centro de Atención Ciudadana se centralizaron todos los canales: el 911, la línea municipal 103, Ojos en Alerta, las alarmas comunitarias y los tótems de seguridad. Esta articulación total permite que cada alerta ciudadana sea registrada, clasificada y derivada de inmediato a la Guardia Local o a la Policía.

La guardia realiza entre 20 y 25 intervenciones por turno, lo que representa cientos de actuaciones mensuales y miles a lo largo del año. La información se organiza por tipologías (social, vial, ambiental, delictual o vinculada a infraestructura) y se utiliza para planificar operativos y coordinar respuestas con otras áreas municipales y con la Policía de la Provincia de Córdoba, que trabaja en la misma sala de monitoreo.

La implementación de Ojos en Alerta, un sistema de participación ciudadana creado en el municipio de San Miguel, Buenos Aires, en 2016 y replicado hoy en 103 de ciudades de Argentina y Uruguay, también amplió la participación vecinal en la prevención. A través de este sistema, vecinos y vecinas pueden reportar situaciones por WhatsApp, recibidas por operadores del centro de monitoreo para coordinar la respuesta con las áreas de seguridad.

La metodología detrás de estas soluciones

El Programa Ciudades por la Seguridad de RIL, orientado a profesionalizar la gestión local de la seguridad ciudadana, acompaña a los equipos municipales a transformar información dispersa en decisiones concretas. 

El punto de partida es un Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana, que mide el nivel de madurez de la estrategia local. A partir de allí, cada ciudad construye su diagnóstico integral combinando datos del sistema judicial, la policía y otras áreas del Estado con el relevamiento de factores de riesgo y programas existentes. 

Los diagnósticos integrales dieron origen a los Planes Locales de Seguridad Ciudadana, herramientas de gestión que permiten definir prioridades, establecer metas y monitorear indicadores a lo largo del tiempo. 

En 2026 el programa continuará trabajando con 25 ciudades de la provincia para acompañar el diseño e implementación de proyectos de prevención del delito y las violencias, alineados con los planes locales de seguridad desarrollados previamente. San Francisco es una de ellas. 

Más de 7.000 alertas registradas

En una ciudad de más de 70.000 habitantes, el sistema pasó de 2.000 a más de 16.000 usuarios activos en menos de un año, y acumula más de 7.000 alertas registradas. Cada alerta es recibida, procesada y seguida hasta su cierre, lo que permite mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la confianza de los vecinos en el sistema. 

Los datos del Observatorio también derivaron en resultados concretos en otros ámbitos. El nuevo sistema de alerta centralizado, el comando de operaciones unificado y la Guardia Local lograron, en poco más de un año, que la tasa de infracciones de tránsito baje del 44% al 20% en poco más de un año. El director de Prevención y Movilidad Urbana del municipio, Néstor Perrone, explica que “lo más importante de estos procesos  es que hoy podemos dar respuesta. Actualmente no tenemos quejas sobre el funcionamiento del sistema”. 

Si bien los desafíos persisten, la ciudad cuenta con una respuesta institucional más organizada, con mayor capacidad de análisis, celeridad y efectividad. También consolidó canales más directos de contacto con los vecinos y vecinas. 

Un faro para otras ciudades con el mismo desafío

Este recorrido fue reconocido a nivel nacional. Al completar el autodiagnóstico de RIL, San Francisco alcanzó un puntaje del 87%, superando ampliamente el umbral mínimo del 70%. Así, se convirtió en la primera ciudad argentina en obtener el Sello RIL en Seguridad Local, distinción que fue entregada el 13 de mayo de 2026 en la Noche de Intendentes, en Rosario.

“Hoy San Francisco es referencia para otras ciudades de Argentina y Latinoamérica. Este reconocimiento valida el trabajo conjunto de un equipo municipal que eligió transformar su ciudad desde adentro con el apoyo provincial y acompañamiento técnico de RIL”, reconoce Mariana Foglia, coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad.

La ciudad no solo incorporó nuevas herramientas tecnológicas. Construyó capacidades institucionales para gestionar la seguridad a partir de información, coordinación interinstitucional y participación ciudadana. El sello no significa que la ciudad ya resolvió el problema de la seguridad: significa que decidió abordarlo en serio. Y cuando los datos se transforman en decisiones y las decisiones en respuestas concretas, la gestión pública gana previsibilidad y la ciudad fortalece las condiciones para mejorar la vida cotidiana de su comunidad.

Esta es una Historia de Impacto, un formato de RIL y +COMUNIDAD para visibilizar cómo el acompañamiento técnico genera resultados tangibles en los gobiernos locales. En ellas, mostramos cómo se activa la red mediante el trabajo colaborativo, se transforma la gestión pública hacia modelos más eficientes y se transita el camino hacia Ciudades de Oportunidades con impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

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Doce minutos. Ese es el tiempo promedio que tarda la Ciudad de Mendoza en responder cuando un vecino envía un reporte de seguridad a través de su teléfono celular. La alerta llega por WhatsApp al Centro de Visualización y Monitoreo, un algoritmo categoriza la urgencia, y el sistema despacha los recursos más cercanos. Detrás de esa respuesta se encuentra Ojos en Alerta. Incluye una red de más de 16.000 ciudadanos capacitados, 740 cámaras integradas y un software de analítica que cruza datos en tiempo real.

Esa velocidad de reacción no es un caso aislado. Es la expresión visible de una decisión que el municipio tomó hace varios años: construir su gestión sobre datos, no sobre intuiciones. El problema de partida era común a muchas ciudades de la región. La información estaba fragmentada entre áreas que no se comunicaban entre sí, trámites diseñados para el papel que se replicaban en lo digital sin ganar eficiencia, y una toma de decisiones basada más en la urgencia que en la evidencia.

Para revertir esa lógica, Mendoza diseñó una estrategia de datos municipal estructurada en cinco dimensiones: gobernanza y administración de la información, infraestructura segura y estandarizada, desarrollo de capacidades institucionales, rutinas de uso de datos para la toma de decisiones, y vinculación con la ciudadanía. 

Esa arquitectura, formalizada a través de decretos y una ordenanza de inteligencia artificial que es la primera de su tipo en el país, ordena hoy buena parte de la agenda del municipio. ¿El objetivo? Construir una “cultura irreversible de datos”. 

“En Mendoza estamos consolidando una cultura de gestión basada en datos e inteligencia artificial, con marcos institucionales y normativos que nos permiten innovar con responsabilidad, mejorar procesos y fortalecer la toma de decisiones”, explica Cristian Chavarini, director de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El reconocimiento como Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL distingue ese recorrido. Lo que la certificación valida es la capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterio y sostener los procesos en el tiempo. Las cinco políticas que siguen permiten observar cómo esa lógica se traduce en la práctica.

1. Gobernanza de datos e inteligencia artificial: el sistema operativo de la gestión

En muchos gobiernos locales, la incorporación de tecnología se reduce a digitalizar expedientes o lanzar una aplicación. En Mendoza, el enfoque fue distinto: antes de aplicar inteligencia artificial, construyeron la infraestructura institucional para que esa tecnología funcionara con reglas claras.

El mecanismo opera a través de tres piezas articuladas:

• El Comité de Gobernanza de Datos (Decreto N° 181/2024) funciona como el órgano de coordinación que diseña inventarios de datos por área, establece protocolos de intercambio y supervisa la calidad de la información.  
• El Comité Local de Inteligencia Artificial o CLIA (Decreto N° 832/2024) actúa como espacio de planificación y experimentación, conectando al gobierno con expertos tecnológicos, académicos y representantes del sector privado para diseñar soluciones aplicadas a problemáticas urbanas. 
• Y la Ordenanza N° 4221/2025 cierra el circuito con un marco normativo que regula el uso estratégico, ético y responsable de la IA en la gestión pública, alineado con estándares internacionales de la UNESCO y la OCDE en materia de transparencia, protección de datos, no discriminación y supervisión humana.

La combinación de estos tres instrumentos permite que el municipio automatice procesos administrativos y que lo haga bajo principios verificables. La ordenanza, además, creó el Programa Municipal de Innovación con IA, que tiene la responsabilidad de identificar oportunidades de aplicación, implementar proyectos piloto y publicar informes anuales con resultados.

El ecosistema tiene una dimensión colaborativa que trasciende los límites del municipio. La Ciudad de Mendoza es una de las diez fundadoras de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR), una red de gobiernos locales que comparten experiencias, estándares y estrategias para el uso de IA en la gestión pública. La coalición, coordinada por RIL, se expandió en 2026 hacia más ciudades y países. 

El modelo mendocino se distingue porque la IA no llegó como un agregado cosmético: se instaló sobre una gobernanza de datos previamente ordenada. Esa secuencia —primero los datos, después los algoritmos— es una condición que los técnicos del municipio identifican como necesaria para que la automatización sea útil y no genere distorsiones.

2. Inteligencia artificial aplicada en seguridad: de la vigilancia pasiva a la prevención activa

En el ámbito de la seguridad urbana, el desafío estructural no era solo la cantidad de cámaras o dispositivos, sino la incapacidad de procesar esa información en tiempo real para anticiparse a los hechos. Mendoza tenía un esquema de vigilancia fragmentado: cámaras municipales por un lado, cámaras provinciales por otro, y reportes ciudadanos que se gestionaban de forma manual.

La solución fue un sistema integrado que combina el Anillo Digital de Seguridad, el Centro de Operaciones y Videovigilancia y el programa de participación ciudadana Ojos en Alerta, adoptado a partir de un convenio con la Municipalidad de San Miguel (Buenos Aires), donde fue creado.

El Anillo Digital está compuesto por 115 cámaras perimetrales, entre las que se incluyen 60 cámaras TANDEM con visión 360° y 30 lectoras de patentes (ANPR) capaces de identificar vehículos con pedidos de captura en los accesos a la ciudad. El Centro de Operaciones y Videovigilancia, una infraestructura nueva ubicada dentro del edificio municipal, centraliza el monitoreo de 740 cámaras —300 municipales y 440 del Ministerio de Seguridad provincial—un espacio con varias pantallas de última generación que permite la visualización simultánea. La inversión, íntegramente municipal, fue cercana a los 1.400 millones de pesos (aproximadamente USD 1.000.000).

Ojos en Alerta completa el circuito con una lógica diferente: convierte al vecino en un sensor activo que, a través de WhatsApp, reporta situaciones sospechosas o emergencias. La inteligencia artificial interviene para categorizar y priorizar esos reportes, lo que permite que el despacho de recursos sea eficiente. “Se trata de tecnología pero también es participación vecinal. Actualmente, más de 15.000 vecinos son parte de este programa, que nos permite tener información en tiempo real”, señala el intendente Ulpiano Suárez.

El impacto del componente de seguridad se mide en tres indicadores: más de 16.000 usuarios capacitados y activos en Ojos en Alerta, un tiempo promedio de respuesta de 12 minutos ante reportes, y la integración total de 740 dispositivos de video bajo una misma unidad de control con personal municipal y provincial trabajando de forma articulada.

3. Datos abiertos para atraer inversión: la plataforma “Invertir en Mendoza”

Para quien evalúa un proyecto productivo, la seguridad no se limita a la prevención del delito; se extiende a la seguridad jurídica y a la disponibilidad de información que otorgue previsibilidad. Mientras muchas ciudades lidian con la opacidad de sus datos económicos y la dispersión de trámites, Mendoza transformó su eficiencia administrativa en un activo económico.

El instrumento es la plataforma digital Invertir en Mendoza, que centraliza indicadores de desempeño económico actualizados, herramientas de análisis territorial y servicios de acompañamiento para inversores. Su herramienta más distintiva es el Explorador Urbano, que permite consultar parcela por parcela la zonificación, los usos de suelo permitidos y los niveles de competencia comercial de cada zona. El servicio de asistencia al inversor agiliza trámites como permisos de obra, factibilidad urbanística y habilitaciones comerciales.

La plataforma no funciona de forma aislada. Se inscribe en un ecosistema de innovación más amplio que incluye al Hub de Impacto Huella Mendoza, un programa de aceleración de emprendimientos tecnológicos impulsado por la Municipalidad junto con la Universidad Nacional de Cuyo y el Banco Galicia. En tres ediciones, el Hub reunió 117 proyectos provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, con foco en innovación agroindustrial, vitivinicultura, sostenibilidad, movilidad y tecnología aplicada a servicios urbanos. La lógica es la misma que articula las demás políticas: abrir datos, generar condiciones y conectar actores.

Los números del entorno económico reflejan una dinámica activa: 

• 106 desarrollos inmobiliarios por año.
• 18.6% Producto Bruto Geográfico Provincial.
• 56.967 empleos privados registrados.
• 8.691 establecimientos habilitados.
• 667 pedidos de nuevas habilitaciones comerciales por año.

4. Presupuesto Participativo: la tecnología al servicio de la democracia

Los mecanismos de democracia participativa existen en muchas ciudades argentinas. El diferencial de Mendoza radica en la digitalización integral del proceso y en su validación legal. La Ciudad institucionalizó el Presupuesto Participativo como una herramienta que permite a los vecinos proponer, seleccionar y decidir el destino de una parte del presupuesto anual a través de la plataforma de Gobierno Abierto.

El mecanismo funciona en etapas. Cualquier vecino puede presentar un proyecto —infraestructura barrial, luminarias, talleres, equipamiento— mediante un formulario digital. Cada iniciativa tiene un tope de costo equivalente al 20% del presupuesto total asignado. Las propuestas pasan por un análisis de factibilidad técnica y económica, y las que resultan aptas se publican para la votación ciudadana, abierta a mayores de 16 años que vivan, trabajen o estudien en la ciudad.

Lo que distingue al modelo es su capa de transparencia: el ciclo 2025-2026 contó con certificación notarial de los resultados, lo que otorga respaldo legal al orden de mérito surgido del voto ciudadano. Además, el diseño administrativo garantiza que las obras ganadoras se incorporen al presupuesto del ejercicio siguiente, cerrando el circuito entre la decisión ciudadana y la ejecución estatal.

“El presupuesto participativo expresa una convicción central de nuestra gestión: la innovación pública también consiste en abrir decisiones, escuchar mejor y convertir la participación ciudadana en una herramienta concreta de planificación”, explica María Lourdes Gabrielli, subdirectora de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El modelo fue reconocido internacionalmente con una mención de honor de la Open Government Partnership (OGP) en el marco del Open Gov Challenge, que destacó el uso de herramientas tecnológicas para la construcción de políticas públicas colectivas. En el último ciclo, un total de 29 proyectos superaron la votación y pasaron a la etapa de ejecución técnica.

^{Proceso de votación ciudadana. Imagen: Municipalidad de Mendoza.}

5. Operativos 360: eficiencia territorial y respuesta basada en datos

Tradicionalmente, el mantenimiento del espacio público en los municipios opera de forma fragmentada: una cuadrilla repara las luminarias, otra se encarga del bacheo y una distinta realiza la poda, muchas veces en semanas diferentes. Para mejorar esta dinámica la Ciudad de Mendoza implementó los Operativos 360, un modelo de gestión integral que sincroniza todas las áreas operativas en un único despliegue territorial.

El sistema funciona bajo una lógica de intervención total. En lugar de atender reclamos aislados, el municipio identifica zonas prioritarias mediante el cruce de datos de la plataforma Muni Digital y tableros de gestión interna. Una vez definida el área, desembarcan simultáneamente equipos de Higiene Urbana, Espacios Verdes, Obras y Alumbrado. Se realizan tareas de poda preventiva con hasta cinco cuadrillas equipadas con hidrogrúas, reparación y reposición de luminarias, bacheo de calzadas, limpieza profunda de acequias, eliminación de microbasurales, desmalezado y demarcación vial.

Durante cada operativo se instalan además puestos de cercanía: estaciones de atención vecinal para recibir reclamos presenciales y brindar servicios de salud y zoonosis, como la vacunación de mascotas. Este despliegue permite atender no solo a los 130.000 habitantes estables de la Ciudad de Mendoza, sino a una población pendular de 300.000 personas que circulan diariamente por la capital.

Según Marcos Tohmé, director de Espacios Verdes y Arbolado, la planificación permite abordar un promedio de tres zonas por mes, lo que se traduce en 36 sectores intervenidos al año. El criterio de priorización se basa en los reclamos vecinales articulados con la información de los tableros de gestión, lo que permite definir las áreas y el tipo de acciones de forma específica y optimizar los recursos disponibles.

El compromiso ciudadano es parte del modelo. Para Jaqueline Godoy, vecina del barrio La Favorita, el impacto es directo: “La limpieza de los Operativos 360 es un gran beneficio para la comunidad. Ayudan a que el barrio se vea bien y esté en buenas condiciones. Esperamos que todos los vecinos entiendan que sacar sus residuos los días informados es muy importante para colaborar”.

Datos de impacto y gestión (periodo 2025):

• 3.614 reclamos procesados (23% limpieza de acequias, 18% retiro de escombros).
• 3.647 incidentes gestionados vía Muni Digital (23% ramas sobre techos, 8% ramas quebradas).
• El chatbot municipal ya procesa de forma autónoma más de 200 incidentes mensuales.

Cinco políticas públicas y una lógica común

Las cinco políticas difieren en su escala técnica, en las problemáticas que abordan y en su impacto territorial. Tienen, sin embargo, una lógica que las conecta: el municipio identifica un déficit estructural, diseña un marco normativo o institucional para abordarlo y utiliza la evidencia para medir su efectividad.

La gobernanza de datos y la regulación de la inteligencia artificial construyeron la infraestructura institucional que sostiene todo lo demás. La seguridad ciudadana se asumió mediante un sistema integrado que combina analítica de video con participación vecinal. 

La atracción de inversiones se vinculó a la apertura de datos estratégicos y a un ecosistema de aceleración de emprendimientos. La democracia directa se digitalizó y se blindó con certificación notarial para asegurar que el presupuesto responda a necesidades reales de los barrios. Y el mantenimiento del espacio público se unificó en un despliegue territorial que optimiza cada recurso disponible.

La certificación de Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL, obtenida en 2026, distingue ese recorrido. Lo que esta validación reconoce es algo más amplio que cada política tomada por separado: una capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterios de innovación y sostener los procesos en el tiempo.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como la Ciudad de Mendoza, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Venado Tuerto, Jesús María, Junín, Santa Rosa, San Miguel y San Nicolás de los Arroyos.

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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Esa situación derivó en un circuito informal de fiestas clandestinas en espacios sin habilitación, falsificación de identidades para ingresar a locales bailables de adultos (boliches, en el habla argentina), traslados de alta peligrosidad hacia localidades vecinas en transportes no autorizados y la celebración sin marco regulado de eventos masivos de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), una tradición que reúne a estudiantes del último año del secundario en la noche previa al inicio del ciclo lectivo.

Como la segunda ciudad de Córdoba, con más de 180.000 habitantes, Río Cuarto alberga más de 40 escuelas secundarias y 16 instituciones de nivel superior. Ese entramado atrae cada año a miles de estudiantes del país. Los adolescentes residentes conviven así con ingresantes universitarios de 17 años que viven de forma independiente y participan activamente en la vida social. 

Las respuestas previas, centradas en la clausura y la sanción punitiva a los organizadores, no tuvieron continuidad ni resolvieron las dinámicas reales del consumo cultural juvenil.

Frente a este diagnóstico, el municipio implementó el  Programa Más 16, una política pública integral que transforma la nocturnidad mediante un esquema de cogestión y corresponsabilidad entre el Estado, las familias y el sector empresarial. A través de una plataforma digital que valida identidades y otorga trazabilidad en tiempo real a los tutores, la iniciativa sustituye la restricción punitiva por una regulación inteligente. El modelo estructuró una alternativa formal que garantiza entornos protegidos y consolida el derecho a una noche segura.

Más 16: de la restricción legal al acuerdo institucional

La evolución regulatoria local ayuda a comprender las raíces del problema estructural. Hasta el año 2008, las ordenanzas municipales habilitaban el ingreso de adolescentes desde los 16 años a locales nocturnos con pistas de baile. Sin embargo, un cambio de paradigma normativo elevó la edad mínima a los 18 años, y esto desplazó a una franja de jóvenes a una zona gris de exclusión legal que persistió durante más de una década. 

Si bien la sanción del Código de Espectáculos Públicos en 2014, mediante la Ordenanza 604/14 unificó criterios de control, no ofreció alternativas viables para este grupo demográfico, lo que profundizó el mercado de fiestas clandestinas y la preocupación de las familias.

La superación de este estancamiento normativo requirió una decisión política orientada a reemplazar el control puramente punitivo por un esquema de prevención inteligente. Al inicio de la gestión actual, recorridas territoriales por establecimientos educativos consolidaron el reclamo juvenil por un entorno de esparcimiento seguro, lo que impulsó la sanción de la Ordenanza 100/24. El nuevo marco regulatorio modernizó los trámites, agilizó las gestiones comerciales y aumentó las sanciones  a los organizadores de eventos clandestinos. 

Para evitar un abordaje fragmentado, la administración centralizó y coordinó el trabajo de ocho dependencias municipales. La Subsecretaría de Juventud y Derechos Humanos y la Dirección de Espectáculos Públicos asumen la conducción directa del sistema. 

La Fiscalía Municipal, el Concejo Deliberante, la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia operan como órganos asesores. La Guardia Local Preventiva, la Subsecretaría de Innovación, el Área de Adicciones y la Subsecretaría de Tránsito ejecutan el despliegue operativo en el territorio. La articulación transversal es, según describe el propio equipo municipal, una de las claves del programa: ningún área aislada hubiera podido sostener una respuesta de esta envergadura.

Arquitectura técnica y ecosistema digital de validación

La plataforma Más 16 funciona como un ecosistema digital de validación centrado en la interoperabilidad y la seguridad de los datos. Mediante un convenio con la Provincia de Córdoba, el municipio integró su sistema con Ciudadano Digital Nivel 2 (CiDi), la plataforma provincial que verifica identidades con datos biométricos. Esta integración técnica elimina la discrecionalidad en el ingreso a los locales y aporta trazabilidad al control.

El circuito operativo se organiza en cinco pasos:

• Acceso directo y validación del tutor: la persona adulta responsable ingresa al enlace del sistema Más 16 desde la página de Gobierno de Río Cuarto utilizando directamente sus credenciales de Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2, sin necesidad de un registro secundario. El sistema redirige automáticamente al portal provincial para validar la identidad mediante datos biométricos y luego devuelve al usuario a la plataforma propia de Más 16, garantizando un marco legal seguro. 
• Declaración jurada y vinculación de parentesco: una vez dentro de la plataforma, el o la responsable debe confeccionar una declaración jurada digital donde registra los datos del menor y refrenda su rol específico de padre, madre o tutor. Este proceso activa el permiso vigente, que es auditado de manera permanente por un equipo municipal de revisión que verifica la validez de los datos filiatorios y de contacto mediante cruces de documentación, lo que permite detectar anomalías —como cargas realizadas por hermanos mayores— y comunicarse directamente con las familias. 
• Verificación digital por DNI de control: al llegar al local nocturno, el personal de admisión utiliza una aplicación móvil integrada en el sistema municipal Más 16 —cuyo funcionamiento digital asimila la dinámica de plataformas de seguridad urbana como “Tribuna Segura”— donde cargan directamente el número de documento de el o la menor para verificar de inmediato en pantalla si la validación parental se encuentra activa.
• Validación comercial: el personal de admisión del local utiliza un módulo informático especial para escanear y habilitar el ingreso.
• Notificación en tiempo real: el tutor recibe un correo automático inmediato con datos del horario, local, puerta y personal interviniente.
• Gestión de altas y bajas: el responsable puede activar o revocar la autorización del menor de manera ágil desde su perfil de usuario.

Implementación territorial y métricas de control urbano

La viabilidad del programa se consolidó mediante un proceso de gobernanza colaborativa antes de su despliegue permanente. En diciembre de 2024, el municipio ejecutó una prueba piloto orientada a evaluar la estabilidad de la infraestructura informática frente a picos simultáneos de tráfico. 

La evaluación se realizó durante los festejos del Último Día de Quinto (UDQ), y movilizó a más de 1400 estudiantes de 42 establecimientos secundarios y 47 cursos diferentes en cuatro locales nocturnos habilitados. El testeo permitió calibrar los tiempos de respuesta del software y coordinar los operativos de prevención urbana junto a la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Modernización.

El despliegue facilitó la reconversión de celebraciones tradicionales de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), que históricamente acontecían en inmuebles suburbanos informales sin medidas de protección elemental. Bajo el nuevo código, se permitió que los boliches funcionen como salones privados co-organizados por las familias. En febrero de 2026, más de 1.200 jóvenes celebraron el UPD bajo este formato. El circuito nocturno formalizado registra hoy una afluencia promedio de 1.200 jóvenes por fin de semana.

El monitoreo constante a través del Servicio Único de Atención al Vecino (SUAV) contribuye a sostener la confianza del entramado social. Finalmente, la baja tasa de penalizaciones por conductas inadecuadas o infracciones vinculadas al alcohol refleja un cambio cultural positivo dentro de los entornos comerciales regulados. Los indicadores de gestión recopilados hasta marzo de 2026 evidencian el nivel de adopción social del ecosistema digital en Río Cuarto:

Aprendizajes fundamentales de la experiencia local

La implementación del programa genera múltiples lecciones institucionales para los gobiernos municipales abocados al diseño de políticas de desarrollo territorial y convivencia ciudadana. El primer aprendizaje que destaca el equipo de Juventud Municipal de Río Cuarto, coordinado por Mariano Lucena Vidoret, es que “la innovación tecnológica debe estar precedida por una innovación en la gobernanza. La creación de una plataforma digital por sí sola no resuelve un conflicto social si no existe un consenso previo entre los actores involucrados”. 

“En Río Cuarto aprendimos que para que una política de este tipo sea sostenible, el Estado debe dejar de ser un actor meramente punitivo para convertirse en un facilitador de entornos seguros”, profundiza. 

Un segundo elemento clave radica en la articulación de la corresponsabilidad familiar como motor de la política pública. Al integrar la validación biométrica obligatoria del tutor, la administración local logró que las familias dejen de ser demandantes externas de seguridad y se asuman como administradoras activas del cuidado de los adolescentes.

Asimismo, la experiencia evidencia la importancia de construir una gobernanza colaborativa que integre al sector privado comercial en el diseño normativo. Por último, el uso de infraestructura tecnológica preexistente, como los convenios de interoperabilidad con plataformas provinciales de identidad digital, disminuye los costos presupuestarios y acelera la puesta en marcha de las soluciones locales.

La iniciativa ya tuvo una primera réplica formal en la vecina localidad de Santa Catalina-Holmberg, además de recibir consultas de otros municipios. 

Un reconocimiento entre ciudades argentinas

El Premio a la Innovación Local 2026 de RIL Argentina, entregado el 13 de mayo en el Teatro El Círculo de Rosario durante la Noche de Intendentes, distinguió a Más 16 entre casi 70 postulaciones recibidas en una convocatoria abierta a todos los municipios del país. 

Las bases del concurso establecieron que las políticas deben contar con los siguientes componentes: innovación (el grado de cambio que introduce la solución respecto de las respuestas tradicionales al problema), inteligencia colectiva (la participación de actores diversos en el diagnóstico y la respuesta), implementación (el nivel de avance efectivo de la política), impacto (los cambios observables generados en la comunidad) y sostenibilidad (la capacidad de permanencia en el tiempo). 

A la vez, fueron considerados programas, proyectos y soluciones que se encuentren actualmente en implementación y generen cambios observables en la comunidad.  Deben ser desarrolladas e implementadas por el gobierno local, en colaboración con la comunidad, sociedad civil y/o sector privado.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por miembros de la Red de Innovación Local y especialistas en gestión pública local.

En el caso de Río Cuarto, se valoró la reforma sistémica y participativa del Código de Espectáculos Públicos, el desarrollo de una plataforma digital propia que vincula la identidad de los menores con la autorización parental en tiempo real, y la formalización del ocio nocturno adolescente mediante articulación público-privada. La iniciativa se postula así como una solución transferible para otras ciudades que buscan reducir los riesgos de la nocturnidad informal a través de la gobernanza digital.

^{Redacción +COMUNIDAD}

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En San Miguel, al noroeste del conurbano bonaerense, alguien puede ver algo extraño en la calle y escribirlo en un chat de WhatsApp. En segundos, ese mensaje ingresa al Centro de Operaciones del municipio, donde un operador lo cruza con las cámaras cercanas y despacha a la patrulla más próxima. La respuesta llega en menos de cinco minutos. El sistema es cada vez más conocido y se llama Ojos en Alerta, empezó en 2016 con un grupo de choferes de remis y hoy integra a más de un millón de personas distribuidas en 103 ciudades argentinas.

La herramienta no funciona sola. Detrás de cada mensaje hay un cuerpo de Policía Municipal que también cumple 10 años, un Centro de Operaciones que integra cámaras y denuncias, patrullas distribuidas por cuadrículas y una decisión política: asumir la prevención del delito como una competencia propia.

Esa combinación —tecnología accesible, inversión en infraestructura, voluntad institucional y Policía Municipal— ordena buena parte de la agenda de gestión del distrito. Es también parte de lo que permitió a San Miguel obtener, en 2026, la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL).

Encabezada por el intendente Jaime Méndez, la gestión local construyó en la última década un modelo que se proyecta más allá de la seguridad. En paralelo, el municipio sostuvo una política de primera infancia que empieza antes del nacimiento, convirtió un predio judicial abandonado en una reserva natural con salida al Río Reconquista, lanzó un hub tecnológico que forma programadores en barrios vulnerables y consolidó un calendario cultural con eventos que ya cumplieron diez años. 

Se trata de un modelo que atraviesa áreas distintas pero se sostiene sobre una misma premisa: el municipio es la primera ventanilla a la que llega la demanda ciudadana y, por lo tanto, tiene que responder. Y, para que eso ocurra, debe haber eficiencia en procesos internos. Las siguientes cinco políticas muestran cómo ese conjunto se integra en una manera de gestionar.

1. Ojos en Alerta: el vecino como primer sensor

En San Miguel, como en buena parte del conurbano bonaerense, la inseguridad se manifestaba en robos, siniestros viales, violencia de género y delitos contra el comercio. Había una particularidad local: pocos de quienes presenciaban un hecho llamaban al 911. La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y la cultura del “no te metas” convivían con la percepción cotidiana del delito.

La respuesta municipal combinó dos decisiones. La primera fue institucional: en julio de 2015 se creó formalmente la Policía Municipal, una fuerza jerarquizada que depende del Intendente y opera sobre el espacio público, con binomios compartidos con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La segunda decisión fue tecnológica. Concebida por Cristian “Piojo” Méndez, entonces secretario de Comunicación del distrito, la herramienta nació en 2016 como prueba piloto y se abrió al público general en 2018. El punto de entrada fue WhatsApp, la aplicación que los vecinos ya usaban a diario. La convocatoria empezó por quienes más circulan —choferes de remises y colectivos— y luego sumó comerciantes, encargados de edificios y cualquier vecino capacitado.

La lógica de fondo fue recolectar información que el sistema tradicional no estaba captando. “En Argentina, el 60% de los delitos no se denuncian”, explica Méndez. “Si no tenés datos, no podés prevenir”, insiste.

Los mensajes llegan al Centro de Operaciones Municipal, donde convergen también las imágenes de las cámaras de la vía pública. El operador activa la patrulla de la cuadrícula correspondiente y, en promedio, un móvil llega al lugar en menos de cinco minutos. Es decir, se activa la Policía Municipal. Las alertas procesadas anualmente en San Miguel alcanzan las 41.000, los usuarios activos del sistema en el distrito superan los 120.000 y el 85% de los reportes son para ayudar a otra persona.

El impacto sobre el delito responde a la suma de varios instrumentos: Ojos en Alerta, aplicación de inteligencia artificial, lectores de patentes, renovación de móviles y armas no letales. Méndez señala que en delitos con registro confiable —robo automotor, hurto, robo de motos y homicidios— el descenso en la última década se ubicó entre el 50 y el 75%. También refuerza que todo esto funciona porque está la Policía Municipal detrás.

El modelo se exportó sin franquicias ni costos de licenciamiento. Las 103 ciudades argentinas que lo replican tienen cada una su propio WhatsApp y su propio Centro de Operaciones, con capacitación de los equipos locales a cargo de San Miguel. En 2024, RIL reconoció al distrito como Ciudad Inspiradora por este programa. En julio de ese mismo año, la provincia de Córdoba firmó un convenio para adoptarlo. 

Lo que parece un gesto simple —escribir tres líneas en un chat de WhatsApp— se sostiene sobre una infraestructura pensada, financiada y operada por el municipio.

2. Primera infancia: del embarazo al jardín, sin que nadie quede afuera

La mortalidad materno-infantil y la prematurez tienen un denominador común: la falta de controles prenatales. La Subsecretaría de Primera Infancia de San Miguel diseñó un sistema escalonado que empieza antes del nacimiento y se extiende hasta que el niño ingresa al jardín de infantes.

La primera pieza es el Camino de la Embarazada (CDLE). Combina rastrillaje casa por casa, operativos con unidades móviles equipadas para controles obstétricos y ecografías, y una línea telefónica —Red Madre— que funciona como puerta de entrada directa. 

“Buscamos a mujeres embarazadas que no tengan algún control y hacemos un par de preguntas para detectar si están realizando los controles en fecha”, describe Alida, encuestadora del programa, en un registro audiovisual del municipio. María José, una madre que ingresó al programa sin saber que estaba embarazada, resume el impacto desde el otro lado del circuito: “Vinieron y me ayudaron con el tema de los turnos. Acá nunca te vas a sentir discriminada”.

En 2018, el dispositivo redujo en un 20% la cantidad de mujeres que llegaban al parto sin controles, y la mortalidad infantil local se ubicó por debajo del promedio provincial. La gestión 2025 muestra que el programa se consolidó: 84 operativos asistieron a 704 embarazadas, y el 94% de los nacimientos acompañados fueron a término.

Cuando el niño nace, comienza Los Primeros Mil Días, dirigido a familias en situación de extrema vulnerabilidad hasta los dos años de edad, con acompañamiento domiciliario que articula salud y desarrollo social. 

“Estamos en contacto por mensaje: cómo están los chicos, cómo van los controles, cuánto pesan”, cuenta Cintia, una de las madres acompañadas, en un registro municipal. Lo que más valora, dice, es “la parte humana: ver que hay personas que se preocupan por las necesidades de otras”. En 2025, el programa alcanzó a 339 niños. El 45% de las intervenciones requirió, en algún momento, la participación del Servicio Local para medidas de protección o seguimiento, un dato que describe la complejidad social sobre la que opera la política.

El tercer eslabón son los Centros de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF). Los diez centros del distrito atienden a niños de 45 días a 3 años en espacios de estimulación, nutrición y socialización, y hacen seguimiento para que ningún niño “caiga” del sistema al terminar el ciclo. En 2025, de 206 niños seguidos, el 100% se inscribió en el jardín de infantes y el 88,7% asistía de manera regular. Para Macarena, madre de una de esas niñas, el CDIF es “un lugar de contención” que, sobre todo, le da “tranquilidad”.

La política incluye una línea adicional que trabaja sobre el entorno adulto: Proyecto de Vida acompaña a las madres beneficiarias de Mil Días con talleres de oficios y un pilar complementario, Hecho en Casa, orientado al emprendedurismo autogestivo. En 2025, 17 mujeres completaron la formación y participaron en ferias municipales.

“En San Miguel cuidamos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte”, enfatiza la Municipalidad que encabeza el intendente Jaime Méndez.

3. Reserva Natural Urbana El Corredor: de chatarrero judicial a pulmón verde

En 2010, San Miguel contaba con apenas 1,10 m² de espacio verde por habitante, muy por debajo de los 10 m² recomendados a nivel internacional. En paralelo, en Bella Vista, un predio de 8 hectáreas a orillas del Río Reconquista funcionaba como chatarrero judicial: más de 2.200 vehículos acumulados desde 2004 y un basural clandestino de residuos áridos. El mismo terreno, sin embargo, tenía 290 metros de costa sobre el río y ecosistemas nativos con especies vegetales de más de un siglo.

La decisión del municipio fue recuperar ese pasivo ambiental y convertirlo en un activo público. Trabajar sobre el predio fue, literalmente, partir del cero. “Era un suelo sin nutrientes, sin vida”, resumió en una entrevista con Infobae en 2022 Alejandro Hillar, entonces coordinador de actividades en la reserva y trabajador de la Subsecretaría de Ambiente del municipio.

El diseño se apoyó en dos principios poco frecuentes para una obra de esta escala: uso de recursos existentes y participación comunitaria. El saneamiento pesado se ejecutó aprovechando los tiempos ociosos de los equipos de Obras Públicas e Higiene Urbana. Los restos de poda se compostaron como materia orgánica para mejorar el suelo. Las maderas de descarte se reutilizaron para cartelería y senderos. La reforestación se apoyó en donaciones de otras reservas naturales y en acciones de responsabilidad social empresarial.

Los resultados son tangibles. Se erradicaron 2.400 vehículos y 300 toneladas de chatarra. La superficie de espacios verdes públicos del distrito creció un 30%. La presencia de animales silvestres aumentó un 133%, con más de 200 especies registradas. Cada año se plantan más de 1.000 ejemplares nativos y la reserva recibe más de 40.000 visitantes y voluntarios anuales, con 100 escuelas de la región vinculadas a su programa educativo.

El marco normativo blindó el proyecto contra los ciclos políticos. La Ordenanza 13/2016 creó formalmente la reserva. La Ordenanza 41/2017 estableció un “banco de árboles nativos” alimentado por las sanciones aplicadas a extracciones no autorizadas: los ejemplares talados ilegalmente se transforman en unidades nuevas para la restauración.

En 2021, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación distinguió a San Miguel con la 12° mención en el Concurso de Experiencias Innovadoras de Planificación. En noviembre de 2025, CNN en Español cubrió la transformación del chatarrero en reserva dentro de su especial Día del Llamado a la Tierra, como caso internacional de restauración ambiental urbana.

El indicador menos medible es también el más revelador. Tras cerca de cinco décadas, los vecinos volvieron a remar en las aguas del Río Reconquista a través del festival La Reconquista del Río. Para Hillar, la reserva es, sobre todo, “un espacio para que la gente reconecte con la naturaleza”. Un predio que había sido patio trasero de la ciudad pasó a ser, literalmente, uno de sus frentes.

4. Usina Tecnológica: formar para la economía del conocimiento

La política educativa de San Miguel parte de un diagnóstico operacional: el desacople entre la formación secundaria disponible en el distrito y los perfiles que demanda el mercado laboral tecnológico.

La respuesta es la Usina Tecnológica (UTEC), un hub inaugurado como parte del Plan DECTI (Desarrollo de la Economía del Conocimiento). Combina 178 m² de coworking gratuito con cuatro aulas equipadas con kits de robótica, impresoras 3D y computadoras táctiles de 75 pulgadas. En alianza con la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Tecnológica Nacional, se lanzaron carreras cortas en tecnología inéditas en el distrito.

Desde su puesta en marcha, 10.000 personas participaron de iniciativas educativas, con más de 4.000 egresados. Mil jóvenes de barrios vulnerables accedieron a becas en programación y marketing digital. Las sucesivas ediciones del Hackatón convocaron a 1.100 jóvenes. En 2025, 140 alumnos de escuelas técnicas cumplieron las 200 horas obligatorias de prácticas profesionalizantes en áreas municipales, y la Expo Joven “Yo elijo mi Futuro” reunió a 1.820 personas.

La política educativa no se agota en el eje tecnológico. En paralelo, la gestión sostiene dispositivos orientados a fortalecer la identidad educativa del distrito: los Nucleamientos Educativos —encuentros barriales donde las escuelas exponen sus producciones anuales— convocaron en 2025 a 150 escuelas y 6.898 personas; la Promesa a la Bandera en Campo de Mayo reunió a 4.000 alumnos y 10.000 asistentes; las jornadas pedagógicas capacitaron entre 500 y 800 docentes.

“El proyecto Abanderados fue movilizador para toda la comunidad educativa”, sintetiza Cecilia Garrido, del Complejo Educativo Club Atlético San Miguel. “Fue una oportunidad de sumar emoción real a lo simbólico”, agrega.

Sumados todos los dispositivos, 54.167 alumnos se integraron a proyectos de articulación municipal en 2025. Los Nucleamientos Educativos y las prácticas profesionalizantes se realizan desde la Dirección de Experiencias Educativas de la Secretaría de Educación. “No se limita a lo tecnológico. El área reafirma su rol como corazón ejecutor de una política que busca, ante todo, una educación presente, técnica y profundamente humana”, destacan desde la Municipalidad.

5. Un calendario cultural que potencia la vida comunitaria

La fragmentación social y el debilitamiento de los vínculos comunitarios en entornos urbanos son fenómenos que parecen resistirse a la política pública tradicional. En San Miguel, la respuesta fue construir un calendario anual de eventos culturales que ocupan la ciudad con regularidad y se financian con la infraestructura existente.

La Plaza de las Carretas, la catedral del distrito, el corredor aeróbico sobre la avenida Francia y el Centro Cívico alojan encuentros con un formato común: participación activa de la sociedad civil, protagonismo de artistas y ballets locales, y convocatoria intergeneracional. El Carnaval Criollo, que en 2026 cumple diez años, reúne entre 5.000 y 8.000 personas antes del inicio de la cuaresma. La Maratón San Miguel Arcángel convoca a 5.000 inscriptos en sus pruebas aeróbicas. El Festival Criollo y la Fiesta Patronal —heredera de una tradición iniciada en 1896— suman cada uno 4.000 asistentes. La Noche de los Libros, también con diez años de continuidad, es el evento con mayor convocatoria: 10.000 asistentes en diciembre, al aire libre, entre libreros, editoriales y escritores.

El criterio de eficiencia en esta política es menos evidente que en las anteriores, pero está presente. El presupuesto cultural se optimiza al priorizar el protagonismo de ballets, grupos folclóricos y artistas locales por sobre producciones externas de mayor costo. La infraestructura urbana se usa como escenario en lugar de construir recintos específicos. La programación se concentra en fechas ya significativas para la comunidad —carnaval, fiestas patronales, conmemoración del 2 de abril—, lo que multiplica el impacto simbólico sin duplicar el gasto.

Lo que el municipio busca, según el propio plan cultural, es que los vecinos “se sientan parte de algo más grande y se reconozcan entre sí”. La formulación es difícil de medir, pero tiene un correlato visible en los diez años de continuidad que algunos eventos ya acumulan.

Gestionar desde el primer mostrador

Las cinco políticas descritas no son proyectos aislados. Son piezas de una manera de gestionar que asume que el municipio es, como suele decirse en el propio lenguaje interno de la Intendencia, el “primer mostrador” de la demanda ciudadana. Esa premisa lleva al gobierno local a responder incluso cuando la Constitución no le asigna la competencia de manera formal.

En un distrito del conurbano bonaerense que enfrenta los problemas típicos de los gobiernos locales latinoamericanos —demanda creciente, recursos limitados, competencias ambiguas—, San Miguel construyó una agenda que trata de ordenar lo que tiene a mano y medir lo que hace. La certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente obtenida en 2026 por el programa 100 Ciudades Certificadas de RIL es la consecuencia institucional de ese recorrido.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en San Miguel, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Santa Rosa y Junín:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron una distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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Por Mariana Foglia, coordinadora de
Ciudades por Seguridad en RIL Argentina

La Provincia de Córdoba, en Argentina, impulsa un modelo de seguridad que reconoce a las ciudades como protagonistas. Desde fines de 2023, una nueva ley provincial consolidó ese giro y estableció un esquema de acompañamiento a los gobiernos locales mediante equipamiento, tecnología, formación y asistencia técnica, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la prevención del delito.

Este enfoque se apoya, a su vez, en una fuerte articulación interjurisdiccional con el Estado nacional, a través de la implementación en la provincia de dispositivos estratégicos como el Plan 90/10, que hoy se despliega en zonas críticas de Córdoba en coordinación entre fuerzas federales y provinciales.

Hoy, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la Provincia, los intendentes, las fuerzas provinciales y federales, las guardias locales y la comunidad trabajan de manera coordinada para fortalecer la seguridad en cada ciudad. En esta nota te contamos cómo funciona el modelo Córdoba, qué resultados está mostrando y por qué puede ser un caso faro para otras provincias. 

La articulación con Nación y una caída histórica de los homicidios

Uno de los pilares del modelo cordobés es su articulación con el Estado nacional. Esa coordinación se expresa fundamentalmente en la implementación del Plan 90/10, una estrategia del Ministerio de Seguridad de la Nación que busca focalizar recursos y operativos en los territorios donde se concentra la mayor parte de los homicidios.

El nombre del plan responde a una evidencia clara: el 90 % de los homicidios intencionales en Argentina ocurren en apenas el 10 % del territorio, lo que permite orientar de manera más eficaz la presencia de fuerzas federales y provinciales en puntos críticos. 

Su implementación en Córdoba implicó un fuerte intercambio de información, planificación conjunta y despliegues operativos coordinados que antes se realizaban de manera fragmentada. Los resultados son históricos: Córdoba cerró 2025 con la tasa de homicidios dolosos más baja de lo que va del siglo, con 90 casos registrados —equivalentes a 2,28 homicidios cada 100.000 habitantes—, lo que representa una reducción del 23 % respecto del año anterior.

Este trabajo conjunto muestra que la seguridad se fortalece cuando los distintos niveles del Estado comparten una misma hoja de ruta, con información compartida, planificación coordinada y presencia territorial complementaria, más allá de las fronteras políticas.

La articulación con los gobiernos locales y la prevención en las ciudades

En diciembre de 2023, Córdoba dio un paso clave al sancionar la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana, que creó el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y puso en valor el rol de los municipios y comunas dentro de la estrategia provincial. 

Este nuevo marco no sólo redefinió su lugar en la política de seguridad: también les dio una herramienta concreta para actuar, al habilitarlos a crear sus propias Guardias Locales de Prevención y Convivencia. 

Estos cuerpos no fueron concebidos como una fuerza tradicional, sino como dispositivos de cercanía y proximidad que incorporan personal civil al abordaje de la seguridad y actúan como auxiliares de la Policía de Córdoba. Su enfoque pone el acento en la intervención temprana, mediante el trabajo sobre los factores de riesgo que alimentan los conflictos y el fortalecimiento de la convivencia en cada territorio.

Un enfoque que se refleja también en la formación de los agentes. Bajo la coordinación del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) y con el apoyo de la Universidad Nacional de Villa María, cientos de integrantes de las Guardias Locales se capacitaron a través del Diplomado Universitario en Seguridad y Convivencia, orientado a la prevención, la vinculación comunitaria y la gestión de conflictos.

A su vez, el vínculo construido entre los gobiernos locales y la Provincia, a través de la Secretaría de Prevención y Articulación Institucional, permitió alinear la conducción del Programa de Guardias Locales y sostener un canal permanente de acompañamiento a los municipios en el interior provincial. 

A dos años de su puesta en marcha, el alcance del modelo es inédito: 320 municipios y comunas adheridos a la ley, Guardias Locales en 215 ciudades, equipadas con vehículos y armas de letalidad reducida,  más de 2.100 agentes formados, 49 localidades con Ojos en Alerta y 65 que participaron del programa Ciudades por la Seguridad de RIL, recibiendo asistencia y formación para diseñar sus planes locales de prevención.

La articulación con la ciudadanía como eslabón clave del sistema de seguridad

La estrategia cordobesa de seguridad se apoya en un entramado más amplio que las fuerzas policiales y los organismos de gobierno: incorpora activamente a la ciudadanía como aliada estratégica a través del programa Ojos en Alerta. 

Córdoba fue la primera provincia en firmar un convenio con el programa, nacido en San Miguel, y en escalarlo de manera sostenida en su territorio. En la actualidad, 49 municipios cordobeses —incluida la ciudad de Córdoba— lo implementan, lo que representa casi la mitad de las 98 ciudades de Argentina que cuentan con este sistema. Esto posiciona a la provincia como uno de los principales nodos de participación ciudadana en seguridad a nivel nacional.

En Córdoba capital, donde el programa funciona como “Cordobeses en Alerta”, el despliegue alcanza 144 barrios y tiene más de 100.000 vecinos adheridos, con más de 25.000 alertas procesadas durante 2025 (un promedio de 170 por día). Ese flujo de información comunitaria ya se traduce en resultados concretos: en 2025 se registraron 1.897 casos positivos, con 623 detenciones y secuestros de armas y estupefacientes a partir de avisos ciudadanos.

En el interior provincial, el programa también crece: se realizaron más de 1.000 capacitaciones, y San Francisco y Río Cuarto superan en conjunto los 45.000 vecinos adheridos y 28.900 alertas.

Más allá de los números, el valor del programa está en su lógica de proximidad. La evidencia de la criminología y las ciencias del comportamiento muestra que muchos delitos no son planificados, sino oportunistas. Por eso, dispositivos como Ojos en Alerta actúan como un verdadero modificador del entorno de decisión: reducen el tiempo entre el hecho y la respuesta, refuerzan el control social y convierten al vecino en un actor activo de la prevención. 

No es casual que el 80 % de las alertas registradas en Córdoba, fueron preventivas, es decir que permitieron intervenir antes de que el delito ocurriera. Y todo esto se logra sin tecnología sofisticada, sino con algo tan simple y poderoso como un WhatsApp al alcance de la mano de los vecinos.

El aporte de RIL al fortalecimiento de la seguridad local

La estrategia cordobesa de seguridad entendió que no alcanza con sumar patrulleros o cámaras. También es clave fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para planificar, gestionar y evaluar sus políticas con datos y evidencia. 

En ese marco, en 2024 la Red de Innovación Local (RIL) lanzó, junto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el programa Ciudades por la Seguridad, orientado a profesionalizar la gestión local de la seguridad ciudadana.

El programa acompaña a los equipos municipales a transformar información dispersa en decisiones concretas. El punto de partida es un Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana, que mide el nivel de madurez de la estrategia local. A partir de allí, cada ciudad construye o actualiza su diagnóstico integral combinando datos del sistema judicial, la policía y otras áreas del Estado con el relevamiento de factores de riesgo y programas existentes, a través de talleres participativos con equipos municipales y actores locales.

En 2025, el programa amplió su alcance de 25 a 40 ciudades y alcanzó a más del 70 % de la población de la provincia. Con este crecimiento, se consolidó una red de gobiernos locales que planifican la seguridad desde la evidencia, el intercambio entre pares y la asistencia técnica especializada.

• Una radiografía de las causas del delito

Los talleres de diagnóstico llevados a cabo por RIL permitieron a los municipios construir una mirada mucho más precisa sobre los factores que alimentan la inseguridad en sus territorios. El resultado rompe con una visión puramente policial del problema. En el 100 % de las ciudades aparece el consumo problemático de drogas y alcohol como el principal factor de riesgo, seguido por la violencia intrafamiliar y de género (95 %).

También emergen con fuerza problemáticas estructurales que inciden directamente en la conflictividad: el desempleo y la informalidad juvenil (74 %) y los problemas de salud mental (69 %). A estos se suman dificultades escolares —como ausentismo y conflictos de convivencia— y condiciones territoriales como economías ilegales y déficit habitacional.

Esta evidencia permite pasar de políticas reactivas a estrategias de prevención basadas en datos, que abordan no sólo los hechos delictivos sino también las causas que los generan, con una mirada de mediano y largo plazo sobre la seguridad y la convivencia en cada comunidad.

• De los datos a la acción

Los diagnósticos integrales se transformaron en Planes Locales de Seguridad Ciudadana que funcionan como una brújula de gestión: evitan que la urgencia diaria desdibuje las prioridades y permiten hacer seguimiento de metas e indicadores a lo largo del tiempo.

El impacto del proceso ya es visible. En 2025, las 40 ciudades que participaron del programa mejoraron en promedio 24 puntos en la medición del Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana: pasaron de un 40 % inicial a un 64 %. Los mayores avances se dieron en planificación y seguimiento y en gestión de la información, con más municipios que analizan datos de manera periódica y registran sistemáticamente incidentes y conflictos para tomar mejores decisiones.

• Victorias rápidas y la fuerza del aprendizaje entre pares

En paralelo a la hoja de ruta del programa, se impulsaron mejoras de rápida implementación y alto impacto, apoyadas en asistencia técnica, intercambio entre ciudades y buenas prácticas.

Algunos ejemplos lo muestran con claridad. En Alicia, la Guardia Local incorporó un sistema digital de registro de actuaciones y mejora la gestión basada en datos y la rendición de cuentas. 

En La Falda, el municipio puso en marcha su primera Encuesta de Victimización, que servirá como base para crear una Oficina de Atención a la Víctima con enfoque basado en evidencia al igual que Jesús María donde la integrarán a la Encuesta Permanente de Hogares. Almafuerte inició el proceso de creación de su Dirección de Seguridad Ciudadana,  y localidades como Mina Clavero, Coronel Moldes o Capilla del Monte fortalecieron sus Centrales de Monitoreo y sistemas de videovigilancia.

En esta misma lógica, se acompañó la expansión de Ojos en Alerta a través de encuentros regionales en Alta Gracia, San Francisco y Río Cuarto, donde RIL sistematizó y compartió experiencias como la de Las Varillas, que desplegó una estrategia comunitaria con centros de jubilados, jóvenes promotores y actividades barriales para sumar vecinos y fortalecer la participación.

Uno de los diferenciales del programa es justamente el trabajo en red entre ciudades. A través de estos espacios, los equipos locales comparten problemas reales, contrastan experiencias y construyen soluciones de manera colectiva. 

Por ejemplo, Corral de Bustos presentó su experiencia sobre ruidos molestos, picadas y conflictos vinculados al uso de motocicletas para recibir aportes de otras ciudades. Jesús María y General Pico (La Pampa) intercambiaron prácticas sobre la gestión de eventos masivos; y Río Primero y Villa del Rosario revisaron de manera conjunta la implementación de Ojos en Alerta.

Así, el intercambio entre pares permite que las soluciones no se construyan en soledad, sino a partir de la experiencia de otros territorios, transformando prácticas aisladas en políticas más sólidas y sostenibles en el tiempo.

Un modelo para replicar

El modelo Córdoba muestra que la seguridad se vuelve más efectiva cuando se construye como un sistema y no como una suma de esfuerzos aislados. La articulación entre fuerzas de seguridad, gobiernos locales, el Estado provincial y nacional, universidades, organizaciones de la sociedad civil y los propios vecinos permite abordar el delito y las violencias desde una lógica colaborativa, basada en datos, cercanía territorial y coordinación operativa.

Esta arquitectura multinivel —que combina liderazgo provincial, cooperación nacional, gestión local y participación ciudadana— explica los resultados alcanzados en Córdoba y, al mismo tiempo, ofrece una hoja de ruta replicable para otras provincias que busquen fortalecer la seguridad desde el territorio, con datos, innovación y trabajo en red.

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Imagen principal: jornada de Capacitación en Ojos en Alerta en la Municipalidad de San Francisco. Imagen de la Secretaría de Prevención del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

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Las ciudades conviven de manera permanente con desastres y crisis que afectan la vida de millones de personas. Incendios, inundaciones y eventos climáticos extremos impactan sobre viviendas, servicios públicos y redes comunitarias, y exponen las limitaciones de la respuesta estatal cuando la planificación llega tarde.

El inicio de 2026 volvió a poner este escenario en primer plano en distintos puntos de América Latina. En el sur de Argentina, los incendios forestales en la Patagonia obligaron a evacuar poblaciones y a desplegar operativos de emergencia en localidades de Chubut y Río Negro. En el norte del país, las lluvias intensas provocaron desbordes de ríos y anegamientos en ciudades y pueblos de Salta y Jujuy, con impacto en rutas y servicios básicos.

En el Caribe, en tanto, episodios de tormentas e inundaciones afectaron a ciudades de República Dominicana, donde varios municipios activaron alertas y dispositivos de asistencia ante el avance del agua.

Frente a este contexto, los gobiernos locales enfrentan un desafío central: fortalecer su capacidad de preparación. Aunque no es posible evitar los desastres, sí es posible reducir su impacto mediante decisiones anticipadas, reglas claras y una mejor articulación entre actores públicos y comunitarios. En otras palabras, pasar de una gestión del riesgo reactiva hacia una constructiva. 

En distintas ciudades del mundo ya se ensayan respuestas en esa dirección. Sistemas de alerta temprana, esquemas de coordinación municipal y mecanismos financieros específicos muestran que la preparación requiere decisiones concretas.

Estas estrategias se apoyan en tecnología, organización comunitaria y planificación urbana para construir redes de protección más sólidas. Desde procesos de empoderamiento científico en Medellín hasta el uso de seguros paramétricos en ciudades de Estados Unidos, los casos que se presentan a continuación muestran que la gestión del riesgo es una tarea multidimensional, sostenida en políticas, instrumentos y capacidades que fortalecen la resiliencia. 

Medellín: la ciencia como lenguaje común para la prevención y resiliencia

En Medellín, Colombia, la gestión del riesgo va más allá de la mera recopilación de datos de las 17 alarmas que integran los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (SATC). Estas alarmas surgieron en 2015 como una iniciativa ciudadana en el municipio de San Antonio de Prado, ante la necesidad de prepararse frente a posibles inundaciones provocadas por las quebradas de la zona. Con el tiempo, el proceso se consolidó como una pieza clave del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA).

Los SATC funcionan como estrategias territoriales que colocan a la comunidad en el centro de la gestión del riesgo. En este esquema, el SIATA actúa como soporte técnico que brinda información oportuna y confiable a poblaciones en situación de vulnerabilidad. En articulación con los organismos de gestión del riesgo, el sistema fortalece capacidades locales de respuesta y prevención, con el objetivo de reducir daños personales, pérdidas de vidas y afectaciones sobre viviendas, infraestructura y ambiente.

Esta apuesta por la apropiación social del conocimiento se expresa en iniciativas complementarias. Los Semilleros de Ciudadanos Científicos promueven el uso comunitario de herramientas tecnológicas y saberes ambientales. Territorio al Aire acerca información clave sobre el entorno de forma accesible. A su vez, los Cuentos SIATA traducen contenidos técnicos —como hidrología, meteorología, calidad del aire y cambio climático— en relatos pensados para públicos diversos.

^{Reunión de vecinos, vecinas y equipo del SIATA. Imagen: SIATA.}

Infraestructura y fondos de resiliencia en Recife y Salvador

La planificación urbana en Brasil avanza hacia un enfoque que busca convivir con la naturaleza, con especial atención en la protección de los sectores más expuestos al riesgo climático. En Salvador, donde cerca del 50 % de la ciudad se localiza en zonas con riesgo por sequías o deslizamientos, el gobierno local formalizó una alianza con el Fondo Financiero C40 (CFF) para identificar áreas críticas. De ese trabajo surge Bairro Novo, un proyecto orientado a fortalecer la resiliencia de 8.500 habitantes de Vila Mar mediante soluciones basadas en la naturaleza.

Las intervenciones incluyen la rehabilitación de cauces naturales, el uso de vegetación para estabilizar el suelo, la creación de áreas verdes y el pavimentado de taludes. El objetivo es reducir al 30 % la proporción de población que vive en zonas de riesgo hacia 2049. Estas acciones combinan infraestructura física y planificación territorial con una mirada de largo plazo.

Recife complementa esta estrategia con una herramienta de seguridad financiera aplicada a la gestión del riesgo. La ciudad evalúa sus activos y zonas clave para ajustar la cobertura del Fondo de Seguro de Infraestructura Urbana, administrado porLocal Governments for Sustainability (ICLEI). Este esquema permite acceder con mayor rapidez a recursos tras una catástrofe.

El principal aporte de este instrumento es la disponibilidad inmediata de fondos para la recuperación, lo que reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. Así, las comunidades de menores ingresos pueden iniciar antes la reconstrucción de viviendas y medios de vida. Esta solución financiera se articula con otras iniciativas urbanas, como el primer parque inundable de la ciudad, diseñado para retener y drenar el agua de lluvia mientras ofrece espacios públicos de uso recreativo y educativo.

^{Recife inaugura el primer parque diseñado para inundarse durante la temporada de lluvias. Imagen: g1.}

Protocolos y reingeniería: el modelo de respuesta en Corrientes y Guaymallén

La resiliencia urbana en Argentina está encontrando sus pilares en la combinación de una organización municipal clara y obras de infraestructura de alta precisión. En la ciudad de Corrientes, el principal desafío era enfrentar una multiplicidad de riesgos, que iban desde inundaciones y tormentas severas hasta incendios forestales y emergencias sanitarias. Frente a ese escenario, el municipio creó el Comité de Emergencias (COE), un espacio de coordinación entre áreas clave para garantizar una respuesta rápida ante situaciones críticas.

Un paso central fue la elaboración, por primera vez en la historia de la ciudad, de un Manual de Protocolo. Este instrumento define procedimientos y responsabilidades para cada actor municipal y establece pautas de actuación ante emergencias, en particular las de origen hídrico. El objetivo es asegurar intervenciones ordenadas y reducir tiempos de respuesta en contextos de alta presión operativa.

La efectividad de la gestión del riesgo se manifestó recientemente, en enero de 2026, tras una precipitación de 85 milímetros que, gracias a la previsión operativa, no dejó personas evacuadas y permitió un escurrimiento ágil del agua en las zonas críticas. Este resultado –según la evaluación de las autoridades– fue producto de un estricto protocolo coordinado por el COE, que activó tareas de limpieza de canales y mantenimiento de ductos de desagüe en los días previos a la tormenta. 

Ignacio Maldonado Yonna, secretario de Servicios Públicos de Corrientes, explicó que la  estrategia incluyó la instalación de bombas de escurrimiento en puntos estratégicos apenas se recibieron las alertas meteorológicas. Esto permitió que las áreas anegadas fueran atendidas de manera inmediata y eficiente.

A esta experiencia se suma el caso de Guaymallén, en Mendoza, donde el crecimiento urbano acelerado y las lluvias intensas habían superado la capacidad del sistema de drenaje tradicional. La respuesta fue una reingeniería integral a través del Plan de Drenaje Municipal (PMDU), que incluyó la construcción de 400 kilómetros de canalizaciones y la optimización de cauces existentes.

Con una inversión cercana a los 6 millones de dólares, el plan permitió captar más del 70 % del agua de lluvia y eliminar inundaciones en más de 40 barrios. Incluso durante tormentas de alta intensidad registradas en los últimos cinco años, el sistema mostró mejoras sostenidas en la seguridad hídrica local.

^{Parte del Plan de Drenaje Municipal (PMDU). Imagen: Municipalidad de Guaymallén.}

^{Personal del COE trabaja durante las últimas lluvias en Corrientes. Imagen: El Litoral.}

El modelo estadounidense: de la alerta temprana al blindaje financiero

En ciudades de Estados Unidos, la gestión del riesgo combina preparación tecnológica, organización comunitaria y herramientas financieras aplicadas a la prevención. En  Nueva York, las campañas Know Your Zone (Conoce tu zona) buscan ordenar y agilizar las evacuaciones ante emergencias. A través de una plataforma digital, las personas pueden identificar su zona de evacuación según el domicilio y acceder a guías prácticas para actuar antes y durante un evento crítico.

En la costa oeste, en Malibú, California, el enfoque se centra en la respuesta temprana frente a incendios forestales. Allí funciona el programa piloto Brigada Comunitaria, que actúa como un puente entre los bomberos profesionales y la población local. Sus integrantes realizan tareas clave que no incluyen la extinción directa del fuego, como coordinar evacuaciones puerta a puerta e inspeccionar viviendas para detectar vulnerabilidades frente al avance de las llamas.

El componente financiero adquiere especial relevancia en el caso de Fremont, también en California, donde el municipio contrató un seguro paramétrico contra inundaciones. A diferencia de los seguros tradicionales, este instrumento activa pagos automáticos cuando el nivel del agua supera un umbral predefinido, sin necesidad de evaluaciones posteriores de daños. La principal ventaja es la disponibilidad inmediata de recursos, que permite iniciar la reconstrucción sin demoras administrativas que suelen profundizar los efectos de una crisis.

La gestión del riesgo como eje de la Nueva Agenda Urbana

El recorrido por estas experiencias en el continente americano muestra que la resiliencia urbana es un proceso dinámico, como plantea la Nueva Agenda Urbana de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Integra tecnología, organización social, planificación territorial y herramientas financieras. En todos los casos, la gestión del riesgo deja de pensarse como una respuesta posterior al desastre y se consolida como una política pública orientada a la anticipación y la prevención.

Este cambio de enfoque se apoya, además, en una ampliación de los actores involucrados. Cuando el conocimiento técnico se traduce en información accesible y capacidades locales, la comunidad pasa a cumplir un rol activo en la reducción del riesgo. La preparación ya no depende solo de sistemas expertos, sino también de redes sociales organizadas y de reglas claras para actuar ante una emergencia.

La previsión económica completa este esquema. La incorporación de instrumentos financieros específicos permite contar con recursos inmediatos tras un evento crítico y reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. 

En conjunto, estas experiencias confirman que construir resiliencia implica asumir que los desastres y las crisis urbanas son una realidad persistente, pero también que su impacto puede ser gestionado por los gobiernos locales con anticipación, planificación y decisiones sostenidas en el tiempo.

Imagen principal: diseño Florencia Luján. 

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Río de Janeiro encendió la alerta roja cuando, hacia fines de la década de 2000, se vio golpeada por deslizamientos e inundaciones, un tránsito caótico y altos niveles de violencia. Pero el mayor problema no era sólo la magnitud de las crisis, sino la dificultad del gobierno local para responder con rapidez. La falta de coordinación entre los distintos organismos de la administración pública evidenció la necesidad de una transformación profunda.

Fue entonces cuando la ciudad dio un paso pionero: firmó una alianza público-privada con IBM para crear el Centro de Operações Rio (COR) —hoy Centro de Operaciones y Resiliencia—. Concebido como un “corazón tecnológico”, el COR integró en una sola plataforma toda la información sobre seguridad pública, tránsito, medioambiente y servicios urbanos. Desde allí, más de 30 organismos municipales coordinan acciones de monitoreo y respuesta conjunta.

El sistema permite identificar emergencias en tiempo real, activar alertas preventivas y movilizar equipos en minutos. Con el tiempo, el COR se convirtió en el centro de comando oficial de la ciudad, especialmente durante eventos de gran escala o situaciones críticas.

Enfrentar el riesgo climático y la exclusión social en Río de Janeiro

En simultáneo, los desafíos climáticos y sociales seguían siendo enormes. Las lluvias intensas y los deslizamientos afectaban con frecuencia a comunidades vulnerables, muchas de ellas en zonas de difícil acceso y fuera de los registros oficiales. Aunque Río contaba con una amplia red de servicios públicos, miles de personas permanecían “invisibles” para el Estado, sin acceso estable a salud, educación o vivienda.

La misión del municipio fue entonces usar los datos para combatir la exclusión y orientar las políticas públicas hacia las áreas de mayor riesgo. En 2017, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) —establecido en 1998— y del Instituto Pereira Passos (IPP), la ciudad creó el Programa Territórios Sociais.

Su propósito fue identificar y acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en los diez mayores complejos de favelas, como Alemão, Rocinha, Cidade de Deus, Maré y Jacarezinho. En 2022, la iniciativa se amplió a toda la ciudad.

Un programa con método y resultados

El protocolo del Territórios Sociais se estructura en tres fases: búsqueda activa, plan de acción integrado y monitoreo. En la primera, agentes de campo contratados por el programa visitan cada vivienda y aplican un cuestionario basado en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Naciones Unidas, que evalúa privaciones graves en salud, educación y nivel de vida.

Las familias con un IPM igual o superior al 33% son incorporadas al Módulo Integrado de Monitoreo, que las vincula con servicios básicos de salud, asistencia social o educación según sus necesidades. Al cabo de un año, se vuelve a aplicar el cuestionario inicial para medir avances y evaluar la efectividad del programa.

Entre 2017 y 2018 se identificaron 2.316 familias en situación de vulnerabilidad, cerca del 13% del total de hogares en los 145 sectores relevados. Entre 2019 y 2022 se realizaron 139.113 entrevistas y 39.558 familias fueron clasificadas para seguimiento (aproximadamente el 28% del total).

En enero de 2025, los resultados ya hablaban por sí mismos: casi 32.000 familias habían sido atendidas por la Secretaría Municipal de Salud y unas 26.000 recibieron apoyo de la Secretaría de Asistencia Social.

Gestión inteligente: datos e integración contra desigualdades persistentes

En marzo de 2025, Río de Janeiro recibió la Certificación Oro del programa What Works Cities, impulsado por Bloomberg Philanthropies y Results for America. La distinción reconoce a los gobiernos que aplican estándares avanzados en el uso de datos y evidencia para mejorar sus políticas públicas.

¿Qué lección dejó ese reconocimiento internacional? Las experiencias del COR y de Territórios Sociais muestran que los datos, por sí solos, no bastan: deben ir acompañados de presencia territorial y confianza comunitaria. En Río de Janeiro, las tecnologías funcionan porque detrás de ellas hay agentes comunitarios que recorren las calles, visitan hogares y ganan la confianza de las familias. Ese vínculo humano valida y complementa la información digital, asegurando que ninguna persona quede fuera por falta de registro.

Otra lección clave fue romper los silos burocráticos. Para compartir información y planificar acciones conjuntas, la municipalidad creó un comité intersecretarial junto al IPP, que permitió coordinar políticas y evitar duplicaciones.

También se fortaleció la transparencia pública: la difusión periódica de resultados —familias atendidas, niños escolarizados, mejoras en los indicadores— aumentó la confianza ciudadana y reforzó la rendición de cuentas.

Desde Río de Janeiro, inspiración para otras ciudades

El modelo del COR inspiró a capitales como São Paulo, Salvador y Belo Horizonte, que ya cuentan con centros de monitoreo similares. Su replicación exige inversión y liderazgo político, pero demuestra que la coordinación institucional y las alianzas tecnológicas pueden transformar la gestión urbana.

Por su parte, el enfoque de Territórios Sociais puede adaptarse a municipios medianos mediante la selección de barrios prioritarios y el uso de herramientas digitales de recolección de datos, muchas de ellas apoyadas por organismos internacionales como ONU-Hábitat o Unicef.

Otra iniciativa replicable es el uso de observatorios urbanísticos, como el Instituto Pereira Passos (IPP), para centralizar la inteligencia de datos de la ciudad. Varios municipios han creado unidades similares, dedicadas al análisis de indicadores y al seguimiento de políticas públicas.

En la práctica, Río de Janeiro aprendió que los datos pueden salvar vidas, pero su valor real aparece cuando se traducen en decisiones, coordinación y cercanía. Una ciudad más resiliente no se construye solo con tecnología, sino con información útil, vínculos de confianza y voluntad política sostenida.

Este artículo fue redactado originalmente en portugués por Amilcar Pereira Cardoso, especialista en transformación del sector público, y traducido y editado por +COMUNIDAD. Integra una serie de publicaciones sobre ciudades de Brasil que utilizan datos para impulsar mejoras públicas.

Imagen principal: Centro de Operaciones y Resiliencia de Río de Janeiro. Foto: COR Río.

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