Esa situación derivó en un circuito informal de fiestas clandestinas en espacios sin habilitación, falsificación de identidades para ingresar a locales bailables de adultos (boliches, en el habla argentina), traslados de alta peligrosidad hacia localidades vecinas en transportes no autorizados y la celebración sin marco regulado de eventos masivos de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), una tradición que reúne a estudiantes del último año del secundario en la noche previa al inicio del ciclo lectivo.

Como la segunda ciudad de Córdoba, con más de 180.000 habitantes, Río Cuarto alberga más de 40 escuelas secundarias y 16 instituciones de nivel superior. Ese entramado atrae cada año a miles de estudiantes del país. Los adolescentes residentes conviven así con ingresantes universitarios de 17 años que viven de forma independiente y participan activamente en la vida social. 

Las respuestas previas, centradas en la clausura y la sanción punitiva a los organizadores, no tuvieron continuidad ni resolvieron las dinámicas reales del consumo cultural juvenil.

Frente a este diagnóstico, el municipio implementó el  Programa Más 16, una política pública integral que transforma la nocturnidad mediante un esquema de cogestión y corresponsabilidad entre el Estado, las familias y el sector empresarial. A través de una plataforma digital que valida identidades y otorga trazabilidad en tiempo real a los tutores, la iniciativa sustituye la restricción punitiva por una regulación inteligente. El modelo estructuró una alternativa formal que garantiza entornos protegidos y consolida el derecho a una noche segura.

Más 16: de la restricción legal al acuerdo institucional

La evolución regulatoria local ayuda a comprender las raíces del problema estructural. Hasta el año 2008, las ordenanzas municipales habilitaban el ingreso de adolescentes desde los 16 años a locales nocturnos con pistas de baile. Sin embargo, un cambio de paradigma normativo elevó la edad mínima a los 18 años, y esto desplazó a una franja de jóvenes a una zona gris de exclusión legal que persistió durante más de una década. 

Si bien la sanción del Código de Espectáculos Públicos en 2014, mediante la Ordenanza 604/14 unificó criterios de control, no ofreció alternativas viables para este grupo demográfico, lo que profundizó el mercado de fiestas clandestinas y la preocupación de las familias.

La superación de este estancamiento normativo requirió una decisión política orientada a reemplazar el control puramente punitivo por un esquema de prevención inteligente. Al inicio de la gestión actual, recorridas territoriales por establecimientos educativos consolidaron el reclamo juvenil por un entorno de esparcimiento seguro, lo que impulsó la sanción de la Ordenanza 100/24. El nuevo marco regulatorio modernizó los trámites, agilizó las gestiones comerciales y aumentó las sanciones  a los organizadores de eventos clandestinos. 

Para evitar un abordaje fragmentado, la administración centralizó y coordinó el trabajo de ocho dependencias municipales. La Subsecretaría de Juventud y Derechos Humanos y la Dirección de Espectáculos Públicos asumen la conducción directa del sistema. 

La Fiscalía Municipal, el Concejo Deliberante, la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia operan como órganos asesores. La Guardia Local Preventiva, la Subsecretaría de Innovación, el Área de Adicciones y la Subsecretaría de Tránsito ejecutan el despliegue operativo en el territorio. La articulación transversal es, según describe el propio equipo municipal, una de las claves del programa: ningún área aislada hubiera podido sostener una respuesta de esta envergadura.

Arquitectura técnica y ecosistema digital de validación

La plataforma Más 16 funciona como un ecosistema digital de validación centrado en la interoperabilidad y la seguridad de los datos. Mediante un convenio con la Provincia de Córdoba, el municipio integró su sistema con Ciudadano Digital Nivel 2 (CiDi), la plataforma provincial que verifica identidades con datos biométricos. Esta integración técnica elimina la discrecionalidad en el ingreso a los locales y aporta trazabilidad al control.

El circuito operativo se organiza en cinco pasos:

• Acceso directo y validación del tutor: la persona adulta responsable ingresa al enlace del sistema Más 16 desde la página de Gobierno de Río Cuarto utilizando directamente sus credenciales de Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2, sin necesidad de un registro secundario. El sistema redirige automáticamente al portal provincial para validar la identidad mediante datos biométricos y luego devuelve al usuario a la plataforma propia de Más 16, garantizando un marco legal seguro. 
• Declaración jurada y vinculación de parentesco: una vez dentro de la plataforma, el o la responsable debe confeccionar una declaración jurada digital donde registra los datos del menor y refrenda su rol específico de padre, madre o tutor. Este proceso activa el permiso vigente, que es auditado de manera permanente por un equipo municipal de revisión que verifica la validez de los datos filiatorios y de contacto mediante cruces de documentación, lo que permite detectar anomalías —como cargas realizadas por hermanos mayores— y comunicarse directamente con las familias. 
• Verificación digital por DNI de control: al llegar al local nocturno, el personal de admisión utiliza una aplicación móvil integrada en el sistema municipal Más 16 —cuyo funcionamiento digital asimila la dinámica de plataformas de seguridad urbana como “Tribuna Segura”— donde cargan directamente el número de documento de el o la menor para verificar de inmediato en pantalla si la validación parental se encuentra activa.
• Validación comercial: el personal de admisión del local utiliza un módulo informático especial para escanear y habilitar el ingreso.
• Notificación en tiempo real: el tutor recibe un correo automático inmediato con datos del horario, local, puerta y personal interviniente.
• Gestión de altas y bajas: el responsable puede activar o revocar la autorización del menor de manera ágil desde su perfil de usuario.

Implementación territorial y métricas de control urbano

La viabilidad del programa se consolidó mediante un proceso de gobernanza colaborativa antes de su despliegue permanente. En diciembre de 2024, el municipio ejecutó una prueba piloto orientada a evaluar la estabilidad de la infraestructura informática frente a picos simultáneos de tráfico. 

La evaluación se realizó durante los festejos del Último Día de Quinto (UDQ), y movilizó a más de 1400 estudiantes de 42 establecimientos secundarios y 47 cursos diferentes en cuatro locales nocturnos habilitados. El testeo permitió calibrar los tiempos de respuesta del software y coordinar los operativos de prevención urbana junto a la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Modernización.

El despliegue facilitó la reconversión de celebraciones tradicionales de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), que históricamente acontecían en inmuebles suburbanos informales sin medidas de protección elemental. Bajo el nuevo código, se permitió que los boliches funcionen como salones privados co-organizados por las familias. En febrero de 2026, más de 1.200 jóvenes celebraron el UPD bajo este formato. El circuito nocturno formalizado registra hoy una afluencia promedio de 1.200 jóvenes por fin de semana.

El monitoreo constante a través del Servicio Único de Atención al Vecino (SUAV) contribuye a sostener la confianza del entramado social. Finalmente, la baja tasa de penalizaciones por conductas inadecuadas o infracciones vinculadas al alcohol refleja un cambio cultural positivo dentro de los entornos comerciales regulados. Los indicadores de gestión recopilados hasta marzo de 2026 evidencian el nivel de adopción social del ecosistema digital en Río Cuarto:

Aprendizajes fundamentales de la experiencia local

La implementación del programa genera múltiples lecciones institucionales para los gobiernos municipales abocados al diseño de políticas de desarrollo territorial y convivencia ciudadana. El primer aprendizaje que destaca el equipo de Juventud Municipal de Río Cuarto, coordinado por Mariano Lucena Vidoret, es que “la innovación tecnológica debe estar precedida por una innovación en la gobernanza. La creación de una plataforma digital por sí sola no resuelve un conflicto social si no existe un consenso previo entre los actores involucrados”. 

“En Río Cuarto aprendimos que para que una política de este tipo sea sostenible, el Estado debe dejar de ser un actor meramente punitivo para convertirse en un facilitador de entornos seguros”, profundiza. 

Un segundo elemento clave radica en la articulación de la corresponsabilidad familiar como motor de la política pública. Al integrar la validación biométrica obligatoria del tutor, la administración local logró que las familias dejen de ser demandantes externas de seguridad y se asuman como administradoras activas del cuidado de los adolescentes.

Asimismo, la experiencia evidencia la importancia de construir una gobernanza colaborativa que integre al sector privado comercial en el diseño normativo. Por último, el uso de infraestructura tecnológica preexistente, como los convenios de interoperabilidad con plataformas provinciales de identidad digital, disminuye los costos presupuestarios y acelera la puesta en marcha de las soluciones locales.

La iniciativa ya tuvo una primera réplica formal en la vecina localidad de Santa Catalina-Holmberg, además de recibir consultas de otros municipios. 

Un reconocimiento entre ciudades argentinas

El Premio a la Innovación Local 2026 de RIL Argentina, entregado el 13 de mayo en el Teatro El Círculo de Rosario durante la Noche de Intendentes, distinguió a Más 16 entre casi 70 postulaciones recibidas en una convocatoria abierta a todos los municipios del país. 

Las bases del concurso establecieron que las políticas deben contar con los siguientes componentes: innovación (el grado de cambio que introduce la solución respecto de las respuestas tradicionales al problema), inteligencia colectiva (la participación de actores diversos en el diagnóstico y la respuesta), implementación (el nivel de avance efectivo de la política), impacto (los cambios observables generados en la comunidad) y sostenibilidad (la capacidad de permanencia en el tiempo). 

A la vez, fueron considerados programas, proyectos y soluciones que se encuentren actualmente en implementación y generen cambios observables en la comunidad.  Deben ser desarrolladas e implementadas por el gobierno local, en colaboración con la comunidad, sociedad civil y/o sector privado.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por miembros de la Red de Innovación Local y especialistas en gestión pública local.

En el caso de Río Cuarto, se valoró la reforma sistémica y participativa del Código de Espectáculos Públicos, el desarrollo de una plataforma digital propia que vincula la identidad de los menores con la autorización parental en tiempo real, y la formalización del ocio nocturno adolescente mediante articulación público-privada. La iniciativa se postula así como una solución transferible para otras ciudades que buscan reducir los riesgos de la nocturnidad informal a través de la gobernanza digital.

^{Redacción +COMUNIDAD}

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En San Miguel, al noroeste del conurbano bonaerense, alguien puede ver algo extraño en la calle y escribirlo en un chat de WhatsApp. En segundos, ese mensaje ingresa al Centro de Operaciones del municipio, donde un operador lo cruza con las cámaras cercanas y despacha a la patrulla más próxima. La respuesta llega en menos de cinco minutos. El sistema es cada vez más conocido y se llama Ojos en Alerta, empezó en 2016 con un grupo de choferes de remis y hoy integra a más de un millón de personas distribuidas en 103 ciudades argentinas.

La herramienta no funciona sola. Detrás de cada mensaje hay un cuerpo de Policía Municipal que también cumple 10 años, un Centro de Operaciones que integra cámaras y denuncias, patrullas distribuidas por cuadrículas y una decisión política: asumir la prevención del delito como una competencia propia.

Esa combinación —tecnología accesible, inversión en infraestructura, voluntad institucional y Policía Municipal— ordena buena parte de la agenda de gestión del distrito. Es también parte de lo que permitió a San Miguel obtener, en 2026, la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL).

Encabezada por el intendente Jaime Méndez, la gestión local construyó en la última década un modelo que se proyecta más allá de la seguridad. En paralelo, el municipio sostuvo una política de primera infancia que empieza antes del nacimiento, convirtió un predio judicial abandonado en una reserva natural con salida al Río Reconquista, lanzó un hub tecnológico que forma programadores en barrios vulnerables y consolidó un calendario cultural con eventos que ya cumplieron diez años. 

Se trata de un modelo que atraviesa áreas distintas pero se sostiene sobre una misma premisa: el municipio es la primera ventanilla a la que llega la demanda ciudadana y, por lo tanto, tiene que responder. Y, para que eso ocurra, debe haber eficiencia en procesos internos. Las siguientes cinco políticas muestran cómo ese conjunto se integra en una manera de gestionar.

1. Ojos en Alerta: el vecino como primer sensor

En San Miguel, como en buena parte del conurbano bonaerense, la inseguridad se manifestaba en robos, siniestros viales, violencia de género y delitos contra el comercio. Había una particularidad local: pocos de quienes presenciaban un hecho llamaban al 911. La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y la cultura del “no te metas” convivían con la percepción cotidiana del delito.

La respuesta municipal combinó dos decisiones. La primera fue institucional: en julio de 2015 se creó formalmente la Policía Municipal, una fuerza jerarquizada que depende del Intendente y opera sobre el espacio público, con binomios compartidos con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La segunda decisión fue tecnológica. Concebida por Cristian “Piojo” Méndez, entonces secretario de Comunicación del distrito, la herramienta nació en 2016 como prueba piloto y se abrió al público general en 2018. El punto de entrada fue WhatsApp, la aplicación que los vecinos ya usaban a diario. La convocatoria empezó por quienes más circulan —choferes de remises y colectivos— y luego sumó comerciantes, encargados de edificios y cualquier vecino capacitado.

La lógica de fondo fue recolectar información que el sistema tradicional no estaba captando. “En Argentina, el 60% de los delitos no se denuncian”, explica Méndez. “Si no tenés datos, no podés prevenir”, insiste.

Los mensajes llegan al Centro de Operaciones Municipal, donde convergen también las imágenes de las cámaras de la vía pública. El operador activa la patrulla de la cuadrícula correspondiente y, en promedio, un móvil llega al lugar en menos de cinco minutos. Es decir, se activa la Policía Municipal. Las alertas procesadas anualmente en San Miguel alcanzan las 41.000, los usuarios activos del sistema en el distrito superan los 120.000 y el 85% de los reportes son para ayudar a otra persona.

El impacto sobre el delito responde a la suma de varios instrumentos: Ojos en Alerta, aplicación de inteligencia artificial, lectores de patentes, renovación de móviles y armas no letales. Méndez señala que en delitos con registro confiable —robo automotor, hurto, robo de motos y homicidios— el descenso en la última década se ubicó entre el 50 y el 75%. También refuerza que todo esto funciona porque está la Policía Municipal detrás.

El modelo se exportó sin franquicias ni costos de licenciamiento. Las 103 ciudades argentinas que lo replican tienen cada una su propio WhatsApp y su propio Centro de Operaciones, con capacitación de los equipos locales a cargo de San Miguel. En 2024, RIL reconoció al distrito como Ciudad Inspiradora por este programa. En julio de ese mismo año, la provincia de Córdoba firmó un convenio para adoptarlo. 

Lo que parece un gesto simple —escribir tres líneas en un chat de WhatsApp— se sostiene sobre una infraestructura pensada, financiada y operada por el municipio.

2. Primera infancia: del embarazo al jardín, sin que nadie quede afuera

La mortalidad materno-infantil y la prematurez tienen un denominador común: la falta de controles prenatales. La Subsecretaría de Primera Infancia de San Miguel diseñó un sistema escalonado que empieza antes del nacimiento y se extiende hasta que el niño ingresa al jardín de infantes.

La primera pieza es el Camino de la Embarazada (CDLE). Combina rastrillaje casa por casa, operativos con unidades móviles equipadas para controles obstétricos y ecografías, y una línea telefónica —Red Madre— que funciona como puerta de entrada directa. 

“Buscamos a mujeres embarazadas que no tengan algún control y hacemos un par de preguntas para detectar si están realizando los controles en fecha”, describe Alida, encuestadora del programa, en un registro audiovisual del municipio. María José, una madre que ingresó al programa sin saber que estaba embarazada, resume el impacto desde el otro lado del circuito: “Vinieron y me ayudaron con el tema de los turnos. Acá nunca te vas a sentir discriminada”.

En 2018, el dispositivo redujo en un 20% la cantidad de mujeres que llegaban al parto sin controles, y la mortalidad infantil local se ubicó por debajo del promedio provincial. La gestión 2025 muestra que el programa se consolidó: 84 operativos asistieron a 704 embarazadas, y el 94% de los nacimientos acompañados fueron a término.

Cuando el niño nace, comienza Los Primeros Mil Días, dirigido a familias en situación de extrema vulnerabilidad hasta los dos años de edad, con acompañamiento domiciliario que articula salud y desarrollo social. 

“Estamos en contacto por mensaje: cómo están los chicos, cómo van los controles, cuánto pesan”, cuenta Cintia, una de las madres acompañadas, en un registro municipal. Lo que más valora, dice, es “la parte humana: ver que hay personas que se preocupan por las necesidades de otras”. En 2025, el programa alcanzó a 339 niños. El 45% de las intervenciones requirió, en algún momento, la participación del Servicio Local para medidas de protección o seguimiento, un dato que describe la complejidad social sobre la que opera la política.

El tercer eslabón son los Centros de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF). Los diez centros del distrito atienden a niños de 45 días a 3 años en espacios de estimulación, nutrición y socialización, y hacen seguimiento para que ningún niño “caiga” del sistema al terminar el ciclo. En 2025, de 206 niños seguidos, el 100% se inscribió en el jardín de infantes y el 88,7% asistía de manera regular. Para Macarena, madre de una de esas niñas, el CDIF es “un lugar de contención” que, sobre todo, le da “tranquilidad”.

La política incluye una línea adicional que trabaja sobre el entorno adulto: Proyecto de Vida acompaña a las madres beneficiarias de Mil Días con talleres de oficios y un pilar complementario, Hecho en Casa, orientado al emprendedurismo autogestivo. En 2025, 17 mujeres completaron la formación y participaron en ferias municipales.

“En San Miguel cuidamos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte”, enfatiza la Municipalidad que encabeza el intendente Jaime Méndez.

3. Reserva Natural Urbana El Corredor: de chatarrero judicial a pulmón verde

En 2010, San Miguel contaba con apenas 1,10 m² de espacio verde por habitante, muy por debajo de los 10 m² recomendados a nivel internacional. En paralelo, en Bella Vista, un predio de 8 hectáreas a orillas del Río Reconquista funcionaba como chatarrero judicial: más de 2.200 vehículos acumulados desde 2004 y un basural clandestino de residuos áridos. El mismo terreno, sin embargo, tenía 290 metros de costa sobre el río y ecosistemas nativos con especies vegetales de más de un siglo.

La decisión del municipio fue recuperar ese pasivo ambiental y convertirlo en un activo público. Trabajar sobre el predio fue, literalmente, partir del cero. “Era un suelo sin nutrientes, sin vida”, resumió en una entrevista con Infobae en 2022 Alejandro Hillar, entonces coordinador de actividades en la reserva y trabajador de la Subsecretaría de Ambiente del municipio.

El diseño se apoyó en dos principios poco frecuentes para una obra de esta escala: uso de recursos existentes y participación comunitaria. El saneamiento pesado se ejecutó aprovechando los tiempos ociosos de los equipos de Obras Públicas e Higiene Urbana. Los restos de poda se compostaron como materia orgánica para mejorar el suelo. Las maderas de descarte se reutilizaron para cartelería y senderos. La reforestación se apoyó en donaciones de otras reservas naturales y en acciones de responsabilidad social empresarial.

Los resultados son tangibles. Se erradicaron 2.400 vehículos y 300 toneladas de chatarra. La superficie de espacios verdes públicos del distrito creció un 30%. La presencia de animales silvestres aumentó un 133%, con más de 200 especies registradas. Cada año se plantan más de 1.000 ejemplares nativos y la reserva recibe más de 40.000 visitantes y voluntarios anuales, con 100 escuelas de la región vinculadas a su programa educativo.

El marco normativo blindó el proyecto contra los ciclos políticos. La Ordenanza 13/2016 creó formalmente la reserva. La Ordenanza 41/2017 estableció un “banco de árboles nativos” alimentado por las sanciones aplicadas a extracciones no autorizadas: los ejemplares talados ilegalmente se transforman en unidades nuevas para la restauración.

En 2021, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación distinguió a San Miguel con la 12° mención en el Concurso de Experiencias Innovadoras de Planificación. En noviembre de 2025, CNN en Español cubrió la transformación del chatarrero en reserva dentro de su especial Día del Llamado a la Tierra, como caso internacional de restauración ambiental urbana.

El indicador menos medible es también el más revelador. Tras cerca de cinco décadas, los vecinos volvieron a remar en las aguas del Río Reconquista a través del festival La Reconquista del Río. Para Hillar, la reserva es, sobre todo, “un espacio para que la gente reconecte con la naturaleza”. Un predio que había sido patio trasero de la ciudad pasó a ser, literalmente, uno de sus frentes.

4. Usina Tecnológica: formar para la economía del conocimiento

La política educativa de San Miguel parte de un diagnóstico operacional: el desacople entre la formación secundaria disponible en el distrito y los perfiles que demanda el mercado laboral tecnológico.

La respuesta es la Usina Tecnológica (UTEC), un hub inaugurado como parte del Plan DECTI (Desarrollo de la Economía del Conocimiento). Combina 178 m² de coworking gratuito con cuatro aulas equipadas con kits de robótica, impresoras 3D y computadoras táctiles de 75 pulgadas. En alianza con la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Tecnológica Nacional, se lanzaron carreras cortas en tecnología inéditas en el distrito.

Desde su puesta en marcha, 10.000 personas participaron de iniciativas educativas, con más de 4.000 egresados. Mil jóvenes de barrios vulnerables accedieron a becas en programación y marketing digital. Las sucesivas ediciones del Hackatón convocaron a 1.100 jóvenes. En 2025, 140 alumnos de escuelas técnicas cumplieron las 200 horas obligatorias de prácticas profesionalizantes en áreas municipales, y la Expo Joven “Yo elijo mi Futuro” reunió a 1.820 personas.

La política educativa no se agota en el eje tecnológico. En paralelo, la gestión sostiene dispositivos orientados a fortalecer la identidad educativa del distrito: los Nucleamientos Educativos —encuentros barriales donde las escuelas exponen sus producciones anuales— convocaron en 2025 a 150 escuelas y 6.898 personas; la Promesa a la Bandera en Campo de Mayo reunió a 4.000 alumnos y 10.000 asistentes; las jornadas pedagógicas capacitaron entre 500 y 800 docentes.

“El proyecto Abanderados fue movilizador para toda la comunidad educativa”, sintetiza Cecilia Garrido, del Complejo Educativo Club Atlético San Miguel. “Fue una oportunidad de sumar emoción real a lo simbólico”, agrega.

Sumados todos los dispositivos, 54.167 alumnos se integraron a proyectos de articulación municipal en 2025. Los Nucleamientos Educativos y las prácticas profesionalizantes se realizan desde la Dirección de Experiencias Educativas de la Secretaría de Educación. “No se limita a lo tecnológico. El área reafirma su rol como corazón ejecutor de una política que busca, ante todo, una educación presente, técnica y profundamente humana”, destacan desde la Municipalidad.

5. Un calendario cultural que potencia la vida comunitaria

La fragmentación social y el debilitamiento de los vínculos comunitarios en entornos urbanos son fenómenos que parecen resistirse a la política pública tradicional. En San Miguel, la respuesta fue construir un calendario anual de eventos culturales que ocupan la ciudad con regularidad y se financian con la infraestructura existente.

La Plaza de las Carretas, la catedral del distrito, el corredor aeróbico sobre la avenida Francia y el Centro Cívico alojan encuentros con un formato común: participación activa de la sociedad civil, protagonismo de artistas y ballets locales, y convocatoria intergeneracional. El Carnaval Criollo, que en 2026 cumple diez años, reúne entre 5.000 y 8.000 personas antes del inicio de la cuaresma. La Maratón San Miguel Arcángel convoca a 5.000 inscriptos en sus pruebas aeróbicas. El Festival Criollo y la Fiesta Patronal —heredera de una tradición iniciada en 1896— suman cada uno 4.000 asistentes. La Noche de los Libros, también con diez años de continuidad, es el evento con mayor convocatoria: 10.000 asistentes en diciembre, al aire libre, entre libreros, editoriales y escritores.

El criterio de eficiencia en esta política es menos evidente que en las anteriores, pero está presente. El presupuesto cultural se optimiza al priorizar el protagonismo de ballets, grupos folclóricos y artistas locales por sobre producciones externas de mayor costo. La infraestructura urbana se usa como escenario en lugar de construir recintos específicos. La programación se concentra en fechas ya significativas para la comunidad —carnaval, fiestas patronales, conmemoración del 2 de abril—, lo que multiplica el impacto simbólico sin duplicar el gasto.

Lo que el municipio busca, según el propio plan cultural, es que los vecinos “se sientan parte de algo más grande y se reconozcan entre sí”. La formulación es difícil de medir, pero tiene un correlato visible en los diez años de continuidad que algunos eventos ya acumulan.

Gestionar desde el primer mostrador

Las cinco políticas descritas no son proyectos aislados. Son piezas de una manera de gestionar que asume que el municipio es, como suele decirse en el propio lenguaje interno de la Intendencia, el “primer mostrador” de la demanda ciudadana. Esa premisa lleva al gobierno local a responder incluso cuando la Constitución no le asigna la competencia de manera formal.

En un distrito del conurbano bonaerense que enfrenta los problemas típicos de los gobiernos locales latinoamericanos —demanda creciente, recursos limitados, competencias ambiguas—, San Miguel construyó una agenda que trata de ordenar lo que tiene a mano y medir lo que hace. La certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente obtenida en 2026 por el programa 100 Ciudades Certificadas de RIL es la consecuencia institucional de ese recorrido.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en San Miguel, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Santa Rosa y Junín:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron una distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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Por Mariana Foglia, coordinadora de
Ciudades por Seguridad en RIL Argentina

La Provincia de Córdoba, en Argentina, impulsa un modelo de seguridad que reconoce a las ciudades como protagonistas. Desde fines de 2023, una nueva ley provincial consolidó ese giro y estableció un esquema de acompañamiento a los gobiernos locales mediante equipamiento, tecnología, formación y asistencia técnica, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la prevención del delito.

Este enfoque se apoya, a su vez, en una fuerte articulación interjurisdiccional con el Estado nacional, a través de la implementación en la provincia de dispositivos estratégicos como el Plan 90/10, que hoy se despliega en zonas críticas de Córdoba en coordinación entre fuerzas federales y provinciales.

Hoy, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la Provincia, los intendentes, las fuerzas provinciales y federales, las guardias locales y la comunidad trabajan de manera coordinada para fortalecer la seguridad en cada ciudad. En esta nota te contamos cómo funciona el modelo Córdoba, qué resultados está mostrando y por qué puede ser un caso faro para otras provincias. 

La articulación con Nación y una caída histórica de los homicidios

Uno de los pilares del modelo cordobés es su articulación con el Estado nacional. Esa coordinación se expresa fundamentalmente en la implementación del Plan 90/10, una estrategia del Ministerio de Seguridad de la Nación que busca focalizar recursos y operativos en los territorios donde se concentra la mayor parte de los homicidios.

El nombre del plan responde a una evidencia clara: el 90 % de los homicidios intencionales en Argentina ocurren en apenas el 10 % del territorio, lo que permite orientar de manera más eficaz la presencia de fuerzas federales y provinciales en puntos críticos. 

Su implementación en Córdoba implicó un fuerte intercambio de información, planificación conjunta y despliegues operativos coordinados que antes se realizaban de manera fragmentada. Los resultados son históricos: Córdoba cerró 2025 con la tasa de homicidios dolosos más baja de lo que va del siglo, con 90 casos registrados —equivalentes a 2,28 homicidios cada 100.000 habitantes—, lo que representa una reducción del 23 % respecto del año anterior.

Este trabajo conjunto muestra que la seguridad se fortalece cuando los distintos niveles del Estado comparten una misma hoja de ruta, con información compartida, planificación coordinada y presencia territorial complementaria, más allá de las fronteras políticas.

La articulación con los gobiernos locales y la prevención en las ciudades

En diciembre de 2023, Córdoba dio un paso clave al sancionar la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana, que creó el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y puso en valor el rol de los municipios y comunas dentro de la estrategia provincial. 

Este nuevo marco no sólo redefinió su lugar en la política de seguridad: también les dio una herramienta concreta para actuar, al habilitarlos a crear sus propias Guardias Locales de Prevención y Convivencia. 

Estos cuerpos no fueron concebidos como una fuerza tradicional, sino como dispositivos de cercanía y proximidad que incorporan personal civil al abordaje de la seguridad y actúan como auxiliares de la Policía de Córdoba. Su enfoque pone el acento en la intervención temprana, mediante el trabajo sobre los factores de riesgo que alimentan los conflictos y el fortalecimiento de la convivencia en cada territorio.

Un enfoque que se refleja también en la formación de los agentes. Bajo la coordinación del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) y con el apoyo de la Universidad Nacional de Villa María, cientos de integrantes de las Guardias Locales se capacitaron a través del Diplomado Universitario en Seguridad y Convivencia, orientado a la prevención, la vinculación comunitaria y la gestión de conflictos.

A su vez, el vínculo construido entre los gobiernos locales y la Provincia, a través de la Secretaría de Prevención y Articulación Institucional, permitió alinear la conducción del Programa de Guardias Locales y sostener un canal permanente de acompañamiento a los municipios en el interior provincial. 

A dos años de su puesta en marcha, el alcance del modelo es inédito: 320 municipios y comunas adheridos a la ley, Guardias Locales en 215 ciudades, equipadas con vehículos y armas de letalidad reducida,  más de 2.100 agentes formados, 49 localidades con Ojos en Alerta y 65 que participaron del programa Ciudades por la Seguridad de RIL, recibiendo asistencia y formación para diseñar sus planes locales de prevención.

La articulación con la ciudadanía como eslabón clave del sistema de seguridad

La estrategia cordobesa de seguridad se apoya en un entramado más amplio que las fuerzas policiales y los organismos de gobierno: incorpora activamente a la ciudadanía como aliada estratégica a través del programa Ojos en Alerta. 

Córdoba fue la primera provincia en firmar un convenio con el programa, nacido en San Miguel, y en escalarlo de manera sostenida en su territorio. En la actualidad, 49 municipios cordobeses —incluida la ciudad de Córdoba— lo implementan, lo que representa casi la mitad de las 98 ciudades de Argentina que cuentan con este sistema. Esto posiciona a la provincia como uno de los principales nodos de participación ciudadana en seguridad a nivel nacional.

En Córdoba capital, donde el programa funciona como “Cordobeses en Alerta”, el despliegue alcanza 144 barrios y tiene más de 100.000 vecinos adheridos, con más de 25.000 alertas procesadas durante 2025 (un promedio de 170 por día). Ese flujo de información comunitaria ya se traduce en resultados concretos: en 2025 se registraron 1.897 casos positivos, con 623 detenciones y secuestros de armas y estupefacientes a partir de avisos ciudadanos.

En el interior provincial, el programa también crece: se realizaron más de 1.000 capacitaciones, y San Francisco y Río Cuarto superan en conjunto los 45.000 vecinos adheridos y 28.900 alertas.

Más allá de los números, el valor del programa está en su lógica de proximidad. La evidencia de la criminología y las ciencias del comportamiento muestra que muchos delitos no son planificados, sino oportunistas. Por eso, dispositivos como Ojos en Alerta actúan como un verdadero modificador del entorno de decisión: reducen el tiempo entre el hecho y la respuesta, refuerzan el control social y convierten al vecino en un actor activo de la prevención. 

No es casual que el 80 % de las alertas registradas en Córdoba, fueron preventivas, es decir que permitieron intervenir antes de que el delito ocurriera. Y todo esto se logra sin tecnología sofisticada, sino con algo tan simple y poderoso como un WhatsApp al alcance de la mano de los vecinos.

El aporte de RIL al fortalecimiento de la seguridad local

La estrategia cordobesa de seguridad entendió que no alcanza con sumar patrulleros o cámaras. También es clave fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para planificar, gestionar y evaluar sus políticas con datos y evidencia. 

En ese marco, en 2024 la Red de Innovación Local (RIL) lanzó, junto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el programa Ciudades por la Seguridad, orientado a profesionalizar la gestión local de la seguridad ciudadana.

El programa acompaña a los equipos municipales a transformar información dispersa en decisiones concretas. El punto de partida es un Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana, que mide el nivel de madurez de la estrategia local. A partir de allí, cada ciudad construye o actualiza su diagnóstico integral combinando datos del sistema judicial, la policía y otras áreas del Estado con el relevamiento de factores de riesgo y programas existentes, a través de talleres participativos con equipos municipales y actores locales.

En 2025, el programa amplió su alcance de 25 a 40 ciudades y alcanzó a más del 70 % de la población de la provincia. Con este crecimiento, se consolidó una red de gobiernos locales que planifican la seguridad desde la evidencia, el intercambio entre pares y la asistencia técnica especializada.

• Una radiografía de las causas del delito

Los talleres de diagnóstico llevados a cabo por RIL permitieron a los municipios construir una mirada mucho más precisa sobre los factores que alimentan la inseguridad en sus territorios. El resultado rompe con una visión puramente policial del problema. En el 100 % de las ciudades aparece el consumo problemático de drogas y alcohol como el principal factor de riesgo, seguido por la violencia intrafamiliar y de género (95 %).

También emergen con fuerza problemáticas estructurales que inciden directamente en la conflictividad: el desempleo y la informalidad juvenil (74 %) y los problemas de salud mental (69 %). A estos se suman dificultades escolares —como ausentismo y conflictos de convivencia— y condiciones territoriales como economías ilegales y déficit habitacional.

Esta evidencia permite pasar de políticas reactivas a estrategias de prevención basadas en datos, que abordan no sólo los hechos delictivos sino también las causas que los generan, con una mirada de mediano y largo plazo sobre la seguridad y la convivencia en cada comunidad.

• De los datos a la acción

Los diagnósticos integrales se transformaron en Planes Locales de Seguridad Ciudadana que funcionan como una brújula de gestión: evitan que la urgencia diaria desdibuje las prioridades y permiten hacer seguimiento de metas e indicadores a lo largo del tiempo.

El impacto del proceso ya es visible. En 2025, las 40 ciudades que participaron del programa mejoraron en promedio 24 puntos en la medición del Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana: pasaron de un 40 % inicial a un 64 %. Los mayores avances se dieron en planificación y seguimiento y en gestión de la información, con más municipios que analizan datos de manera periódica y registran sistemáticamente incidentes y conflictos para tomar mejores decisiones.

• Victorias rápidas y la fuerza del aprendizaje entre pares

En paralelo a la hoja de ruta del programa, se impulsaron mejoras de rápida implementación y alto impacto, apoyadas en asistencia técnica, intercambio entre ciudades y buenas prácticas.

Algunos ejemplos lo muestran con claridad. En Alicia, la Guardia Local incorporó un sistema digital de registro de actuaciones y mejora la gestión basada en datos y la rendición de cuentas. 

En La Falda, el municipio puso en marcha su primera Encuesta de Victimización, que servirá como base para crear una Oficina de Atención a la Víctima con enfoque basado en evidencia al igual que Jesús María donde la integrarán a la Encuesta Permanente de Hogares. Almafuerte inició el proceso de creación de su Dirección de Seguridad Ciudadana,  y localidades como Mina Clavero, Coronel Moldes o Capilla del Monte fortalecieron sus Centrales de Monitoreo y sistemas de videovigilancia.

En esta misma lógica, se acompañó la expansión de Ojos en Alerta a través de encuentros regionales en Alta Gracia, San Francisco y Río Cuarto, donde RIL sistematizó y compartió experiencias como la de Las Varillas, que desplegó una estrategia comunitaria con centros de jubilados, jóvenes promotores y actividades barriales para sumar vecinos y fortalecer la participación.

Uno de los diferenciales del programa es justamente el trabajo en red entre ciudades. A través de estos espacios, los equipos locales comparten problemas reales, contrastan experiencias y construyen soluciones de manera colectiva. 

Por ejemplo, Corral de Bustos presentó su experiencia sobre ruidos molestos, picadas y conflictos vinculados al uso de motocicletas para recibir aportes de otras ciudades. Jesús María y General Pico (La Pampa) intercambiaron prácticas sobre la gestión de eventos masivos; y Río Primero y Villa del Rosario revisaron de manera conjunta la implementación de Ojos en Alerta.

Así, el intercambio entre pares permite que las soluciones no se construyan en soledad, sino a partir de la experiencia de otros territorios, transformando prácticas aisladas en políticas más sólidas y sostenibles en el tiempo.

Un modelo para replicar

El modelo Córdoba muestra que la seguridad se vuelve más efectiva cuando se construye como un sistema y no como una suma de esfuerzos aislados. La articulación entre fuerzas de seguridad, gobiernos locales, el Estado provincial y nacional, universidades, organizaciones de la sociedad civil y los propios vecinos permite abordar el delito y las violencias desde una lógica colaborativa, basada en datos, cercanía territorial y coordinación operativa.

Esta arquitectura multinivel —que combina liderazgo provincial, cooperación nacional, gestión local y participación ciudadana— explica los resultados alcanzados en Córdoba y, al mismo tiempo, ofrece una hoja de ruta replicable para otras provincias que busquen fortalecer la seguridad desde el territorio, con datos, innovación y trabajo en red.

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Imagen principal: jornada de Capacitación en Ojos en Alerta en la Municipalidad de San Francisco. Imagen de la Secretaría de Prevención del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

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Las ciudades conviven de manera permanente con desastres y crisis que afectan la vida de millones de personas. Incendios, inundaciones y eventos climáticos extremos impactan sobre viviendas, servicios públicos y redes comunitarias, y exponen las limitaciones de la respuesta estatal cuando la planificación llega tarde.

El inicio de 2026 volvió a poner este escenario en primer plano en distintos puntos de América Latina. En el sur de Argentina, los incendios forestales en la Patagonia obligaron a evacuar poblaciones y a desplegar operativos de emergencia en localidades de Chubut y Río Negro. En el norte del país, las lluvias intensas provocaron desbordes de ríos y anegamientos en ciudades y pueblos de Salta y Jujuy, con impacto en rutas y servicios básicos.

En el Caribe, en tanto, episodios de tormentas e inundaciones afectaron a ciudades de República Dominicana, donde varios municipios activaron alertas y dispositivos de asistencia ante el avance del agua.

Frente a este contexto, los gobiernos locales enfrentan un desafío central: fortalecer su capacidad de preparación. Aunque no es posible evitar los desastres, sí es posible reducir su impacto mediante decisiones anticipadas, reglas claras y una mejor articulación entre actores públicos y comunitarios. En otras palabras, pasar de una gestión del riesgo reactiva hacia una constructiva. 

En distintas ciudades del mundo ya se ensayan respuestas en esa dirección. Sistemas de alerta temprana, esquemas de coordinación municipal y mecanismos financieros específicos muestran que la preparación requiere decisiones concretas.

Estas estrategias se apoyan en tecnología, organización comunitaria y planificación urbana para construir redes de protección más sólidas. Desde procesos de empoderamiento científico en Medellín hasta el uso de seguros paramétricos en ciudades de Estados Unidos, los casos que se presentan a continuación muestran que la gestión del riesgo es una tarea multidimensional, sostenida en políticas, instrumentos y capacidades que fortalecen la resiliencia. 

Medellín: la ciencia como lenguaje común para la prevención y resiliencia

En Medellín, Colombia, la gestión del riesgo va más allá de la mera recopilación de datos de las 17 alarmas que integran los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (SATC). Estas alarmas surgieron en 2015 como una iniciativa ciudadana en el municipio de San Antonio de Prado, ante la necesidad de prepararse frente a posibles inundaciones provocadas por las quebradas de la zona. Con el tiempo, el proceso se consolidó como una pieza clave del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA).

Los SATC funcionan como estrategias territoriales que colocan a la comunidad en el centro de la gestión del riesgo. En este esquema, el SIATA actúa como soporte técnico que brinda información oportuna y confiable a poblaciones en situación de vulnerabilidad. En articulación con los organismos de gestión del riesgo, el sistema fortalece capacidades locales de respuesta y prevención, con el objetivo de reducir daños personales, pérdidas de vidas y afectaciones sobre viviendas, infraestructura y ambiente.

Esta apuesta por la apropiación social del conocimiento se expresa en iniciativas complementarias. Los Semilleros de Ciudadanos Científicos promueven el uso comunitario de herramientas tecnológicas y saberes ambientales. Territorio al Aire acerca información clave sobre el entorno de forma accesible. A su vez, los Cuentos SIATA traducen contenidos técnicos —como hidrología, meteorología, calidad del aire y cambio climático— en relatos pensados para públicos diversos.

^{Reunión de vecinos, vecinas y equipo del SIATA. Imagen: SIATA.}

Infraestructura y fondos de resiliencia en Recife y Salvador

La planificación urbana en Brasil avanza hacia un enfoque que busca convivir con la naturaleza, con especial atención en la protección de los sectores más expuestos al riesgo climático. En Salvador, donde cerca del 50 % de la ciudad se localiza en zonas con riesgo por sequías o deslizamientos, el gobierno local formalizó una alianza con el Fondo Financiero C40 (CFF) para identificar áreas críticas. De ese trabajo surge Bairro Novo, un proyecto orientado a fortalecer la resiliencia de 8.500 habitantes de Vila Mar mediante soluciones basadas en la naturaleza.

Las intervenciones incluyen la rehabilitación de cauces naturales, el uso de vegetación para estabilizar el suelo, la creación de áreas verdes y el pavimentado de taludes. El objetivo es reducir al 30 % la proporción de población que vive en zonas de riesgo hacia 2049. Estas acciones combinan infraestructura física y planificación territorial con una mirada de largo plazo.

Recife complementa esta estrategia con una herramienta de seguridad financiera aplicada a la gestión del riesgo. La ciudad evalúa sus activos y zonas clave para ajustar la cobertura del Fondo de Seguro de Infraestructura Urbana, administrado porLocal Governments for Sustainability (ICLEI). Este esquema permite acceder con mayor rapidez a recursos tras una catástrofe.

El principal aporte de este instrumento es la disponibilidad inmediata de fondos para la recuperación, lo que reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. Así, las comunidades de menores ingresos pueden iniciar antes la reconstrucción de viviendas y medios de vida. Esta solución financiera se articula con otras iniciativas urbanas, como el primer parque inundable de la ciudad, diseñado para retener y drenar el agua de lluvia mientras ofrece espacios públicos de uso recreativo y educativo.

^{Recife inaugura el primer parque diseñado para inundarse durante la temporada de lluvias. Imagen: g1.}

Protocolos y reingeniería: el modelo de respuesta en Corrientes y Guaymallén

La resiliencia urbana en Argentina está encontrando sus pilares en la combinación de una organización municipal clara y obras de infraestructura de alta precisión. En la ciudad de Corrientes, el principal desafío era enfrentar una multiplicidad de riesgos, que iban desde inundaciones y tormentas severas hasta incendios forestales y emergencias sanitarias. Frente a ese escenario, el municipio creó el Comité de Emergencias (COE), un espacio de coordinación entre áreas clave para garantizar una respuesta rápida ante situaciones críticas.

Un paso central fue la elaboración, por primera vez en la historia de la ciudad, de un Manual de Protocolo. Este instrumento define procedimientos y responsabilidades para cada actor municipal y establece pautas de actuación ante emergencias, en particular las de origen hídrico. El objetivo es asegurar intervenciones ordenadas y reducir tiempos de respuesta en contextos de alta presión operativa.

La efectividad de la gestión del riesgo se manifestó recientemente, en enero de 2026, tras una precipitación de 85 milímetros que, gracias a la previsión operativa, no dejó personas evacuadas y permitió un escurrimiento ágil del agua en las zonas críticas. Este resultado –según la evaluación de las autoridades– fue producto de un estricto protocolo coordinado por el COE, que activó tareas de limpieza de canales y mantenimiento de ductos de desagüe en los días previos a la tormenta. 

Ignacio Maldonado Yonna, secretario de Servicios Públicos de Corrientes, explicó que la  estrategia incluyó la instalación de bombas de escurrimiento en puntos estratégicos apenas se recibieron las alertas meteorológicas. Esto permitió que las áreas anegadas fueran atendidas de manera inmediata y eficiente.

A esta experiencia se suma el caso de Guaymallén, en Mendoza, donde el crecimiento urbano acelerado y las lluvias intensas habían superado la capacidad del sistema de drenaje tradicional. La respuesta fue una reingeniería integral a través del Plan de Drenaje Municipal (PMDU), que incluyó la construcción de 400 kilómetros de canalizaciones y la optimización de cauces existentes.

Con una inversión cercana a los 6 millones de dólares, el plan permitió captar más del 70 % del agua de lluvia y eliminar inundaciones en más de 40 barrios. Incluso durante tormentas de alta intensidad registradas en los últimos cinco años, el sistema mostró mejoras sostenidas en la seguridad hídrica local.

^{Parte del Plan de Drenaje Municipal (PMDU). Imagen: Municipalidad de Guaymallén.}

^{Personal del COE trabaja durante las últimas lluvias en Corrientes. Imagen: El Litoral.}

El modelo estadounidense: de la alerta temprana al blindaje financiero

En ciudades de Estados Unidos, la gestión del riesgo combina preparación tecnológica, organización comunitaria y herramientas financieras aplicadas a la prevención. En  Nueva York, las campañas Know Your Zone (Conoce tu zona) buscan ordenar y agilizar las evacuaciones ante emergencias. A través de una plataforma digital, las personas pueden identificar su zona de evacuación según el domicilio y acceder a guías prácticas para actuar antes y durante un evento crítico.

En la costa oeste, en Malibú, California, el enfoque se centra en la respuesta temprana frente a incendios forestales. Allí funciona el programa piloto Brigada Comunitaria, que actúa como un puente entre los bomberos profesionales y la población local. Sus integrantes realizan tareas clave que no incluyen la extinción directa del fuego, como coordinar evacuaciones puerta a puerta e inspeccionar viviendas para detectar vulnerabilidades frente al avance de las llamas.

El componente financiero adquiere especial relevancia en el caso de Fremont, también en California, donde el municipio contrató un seguro paramétrico contra inundaciones. A diferencia de los seguros tradicionales, este instrumento activa pagos automáticos cuando el nivel del agua supera un umbral predefinido, sin necesidad de evaluaciones posteriores de daños. La principal ventaja es la disponibilidad inmediata de recursos, que permite iniciar la reconstrucción sin demoras administrativas que suelen profundizar los efectos de una crisis.

La gestión del riesgo como eje de la Nueva Agenda Urbana

El recorrido por estas experiencias en el continente americano muestra que la resiliencia urbana es un proceso dinámico, como plantea la Nueva Agenda Urbana de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Integra tecnología, organización social, planificación territorial y herramientas financieras. En todos los casos, la gestión del riesgo deja de pensarse como una respuesta posterior al desastre y se consolida como una política pública orientada a la anticipación y la prevención.

Este cambio de enfoque se apoya, además, en una ampliación de los actores involucrados. Cuando el conocimiento técnico se traduce en información accesible y capacidades locales, la comunidad pasa a cumplir un rol activo en la reducción del riesgo. La preparación ya no depende solo de sistemas expertos, sino también de redes sociales organizadas y de reglas claras para actuar ante una emergencia.

La previsión económica completa este esquema. La incorporación de instrumentos financieros específicos permite contar con recursos inmediatos tras un evento crítico y reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. 

En conjunto, estas experiencias confirman que construir resiliencia implica asumir que los desastres y las crisis urbanas son una realidad persistente, pero también que su impacto puede ser gestionado por los gobiernos locales con anticipación, planificación y decisiones sostenidas en el tiempo.

Imagen principal: diseño Florencia Luján. 

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Río de Janeiro encendió la alerta roja cuando, hacia fines de la década de 2000, se vio golpeada por deslizamientos e inundaciones, un tránsito caótico y altos niveles de violencia. Pero el mayor problema no era sólo la magnitud de las crisis, sino la dificultad del gobierno local para responder con rapidez. La falta de coordinación entre los distintos organismos de la administración pública evidenció la necesidad de una transformación profunda.

Fue entonces cuando la ciudad dio un paso pionero: firmó una alianza público-privada con IBM para crear el Centro de Operações Rio (COR) —hoy Centro de Operaciones y Resiliencia—. Concebido como un “corazón tecnológico”, el COR integró en una sola plataforma toda la información sobre seguridad pública, tránsito, medioambiente y servicios urbanos. Desde allí, más de 30 organismos municipales coordinan acciones de monitoreo y respuesta conjunta.

El sistema permite identificar emergencias en tiempo real, activar alertas preventivas y movilizar equipos en minutos. Con el tiempo, el COR se convirtió en el centro de comando oficial de la ciudad, especialmente durante eventos de gran escala o situaciones críticas.

Enfrentar el riesgo climático y la exclusión social en Río de Janeiro

En simultáneo, los desafíos climáticos y sociales seguían siendo enormes. Las lluvias intensas y los deslizamientos afectaban con frecuencia a comunidades vulnerables, muchas de ellas en zonas de difícil acceso y fuera de los registros oficiales. Aunque Río contaba con una amplia red de servicios públicos, miles de personas permanecían “invisibles” para el Estado, sin acceso estable a salud, educación o vivienda.

La misión del municipio fue entonces usar los datos para combatir la exclusión y orientar las políticas públicas hacia las áreas de mayor riesgo. En 2017, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) —establecido en 1998— y del Instituto Pereira Passos (IPP), la ciudad creó el Programa Territórios Sociais.

Su propósito fue identificar y acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en los diez mayores complejos de favelas, como Alemão, Rocinha, Cidade de Deus, Maré y Jacarezinho. En 2022, la iniciativa se amplió a toda la ciudad.

Un programa con método y resultados

El protocolo del Territórios Sociais se estructura en tres fases: búsqueda activa, plan de acción integrado y monitoreo. En la primera, agentes de campo contratados por el programa visitan cada vivienda y aplican un cuestionario basado en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Naciones Unidas, que evalúa privaciones graves en salud, educación y nivel de vida.

Las familias con un IPM igual o superior al 33% son incorporadas al Módulo Integrado de Monitoreo, que las vincula con servicios básicos de salud, asistencia social o educación según sus necesidades. Al cabo de un año, se vuelve a aplicar el cuestionario inicial para medir avances y evaluar la efectividad del programa.

Entre 2017 y 2018 se identificaron 2.316 familias en situación de vulnerabilidad, cerca del 13% del total de hogares en los 145 sectores relevados. Entre 2019 y 2022 se realizaron 139.113 entrevistas y 39.558 familias fueron clasificadas para seguimiento (aproximadamente el 28% del total).

En enero de 2025, los resultados ya hablaban por sí mismos: casi 32.000 familias habían sido atendidas por la Secretaría Municipal de Salud y unas 26.000 recibieron apoyo de la Secretaría de Asistencia Social.

Gestión inteligente: datos e integración contra desigualdades persistentes

En marzo de 2025, Río de Janeiro recibió la Certificación Oro del programa What Works Cities, impulsado por Bloomberg Philanthropies y Results for America. La distinción reconoce a los gobiernos que aplican estándares avanzados en el uso de datos y evidencia para mejorar sus políticas públicas.

¿Qué lección dejó ese reconocimiento internacional? Las experiencias del COR y de Territórios Sociais muestran que los datos, por sí solos, no bastan: deben ir acompañados de presencia territorial y confianza comunitaria. En Río de Janeiro, las tecnologías funcionan porque detrás de ellas hay agentes comunitarios que recorren las calles, visitan hogares y ganan la confianza de las familias. Ese vínculo humano valida y complementa la información digital, asegurando que ninguna persona quede fuera por falta de registro.

Otra lección clave fue romper los silos burocráticos. Para compartir información y planificar acciones conjuntas, la municipalidad creó un comité intersecretarial junto al IPP, que permitió coordinar políticas y evitar duplicaciones.

También se fortaleció la transparencia pública: la difusión periódica de resultados —familias atendidas, niños escolarizados, mejoras en los indicadores— aumentó la confianza ciudadana y reforzó la rendición de cuentas.

Desde Río de Janeiro, inspiración para otras ciudades

El modelo del COR inspiró a capitales como São Paulo, Salvador y Belo Horizonte, que ya cuentan con centros de monitoreo similares. Su replicación exige inversión y liderazgo político, pero demuestra que la coordinación institucional y las alianzas tecnológicas pueden transformar la gestión urbana.

Por su parte, el enfoque de Territórios Sociais puede adaptarse a municipios medianos mediante la selección de barrios prioritarios y el uso de herramientas digitales de recolección de datos, muchas de ellas apoyadas por organismos internacionales como ONU-Hábitat o Unicef.

Otra iniciativa replicable es el uso de observatorios urbanísticos, como el Instituto Pereira Passos (IPP), para centralizar la inteligencia de datos de la ciudad. Varios municipios han creado unidades similares, dedicadas al análisis de indicadores y al seguimiento de políticas públicas.

En la práctica, Río de Janeiro aprendió que los datos pueden salvar vidas, pero su valor real aparece cuando se traducen en decisiones, coordinación y cercanía. Una ciudad más resiliente no se construye solo con tecnología, sino con información útil, vínculos de confianza y voluntad política sostenida.

Este artículo fue redactado originalmente en portugués por Amilcar Pereira Cardoso, especialista en transformación del sector público, y traducido y editado por +COMUNIDAD. Integra una serie de publicaciones sobre ciudades de Brasil que utilizan datos para impulsar mejoras públicas.

Imagen principal: Centro de Operaciones y Resiliencia de Río de Janeiro. Foto: COR Río.

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En Hermosillo (Sonora, México) el sol ya no es sólo el rasgo climático más característico: comienza a convertirse en motor de transformación urbana. Durante décadas se la conoció como la “Ciudad del Sol”, pero hoy avanza hacia una nueva identidad: la de “Ciudad Solar”.

La Estrategia Municipal de Transición Energética 2024-2030 busca aprovechar la alta radiación de la región —45% superior al promedio nacional— para reducir la dependencia de combustibles fósiles y proyectar un modelo de ciudad sostenible. En ese marco, la movilidad eléctrica empieza a consolidarse como el eje más visible y de mayor impacto en la vida cotidiana.

El transporte representa más del 40% de las emisiones locales y el parque vehicular creció más de un 25% entre 2021 y 2023. El número de buses, en tanto, aumentó un 23% y el de los vehículos de carga, un 18%.  Frente a este panorama, Hermosillo decidió intervenir con una de las políticas más integrales de electromovilidad en México. 

Hoy, la ciudad cuenta con más de 280 patrullas eléctricas, lo que ubica a su policía local entre las de mayor flota sostenible en México. Además, opera 11 transportes escolares eléctricos, camiones recolectores, barredoras y taxis reconvertidos (además, la mayoría están conducidos por mujeres).

La red de estaciones solares de carga, abierta también a la ciudadanía, permitió miles de recargas y un ahorro millonario en combustibles fósiles. Entre 2021 y octubre de 2024, sólo las patrullas eléctricas generaron un ahorro en combustible superior a 68 millones de pesos mexicanos (U$S 3,6 millones).

Electromovilidad: del diagnóstico a la acción

El potencial solar de Hermosillo respalda este camino. De acuerdo con la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES), el estado concentra el 8,4% del potencial nacional de energías renovables, con la energía solar como principal recurso. Dos tercios de esa capacidad se explican por su alta irradiación. 

Con estos niveles, la capital sonorense decidió no quedarse en el diagnóstico y trazó un plan integral que combina sostenibilidad ambiental con inclusión social. ¿El horizonte? Convertirse en una ciudad líder en transición energética para 2030. La estrategia municipal se articula en cinco ejes: 

1. Energía solar para un futuro sostenible 

Se busca acelerar la adopción de fuentes de energía limpia y renovable, reduciendo la dependencia de fuentes fósiles y promoviendo una matriz energética más ecológica.

2. Transformación energética a través de la eficiencia

Se enfoca en mejorar el uso de la energía en todos los sectores, promoviendo tecnologías y prácticas que optimicen el consumo y minimicen el desperdicio.

3. Movilidad eléctrica accesible, sostenible e inteligente 

Tiene como objetivo la transición hacia un sistema de transporte eléctrico eficiente, accesible para toda la población y capaz de reducir las emisiones contaminantes.

4. Futuro energético inclusivo 

Establece la necesidad de garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones y en la implementación de proyectos energéticos.

5.Futuro energético desde lo local

Reconoce la importancia de construir una transición energética desde las realidades locales, promoviendo el desarrollo de soluciones adaptadas a la realidad de Hermosillo.

Patrullas eléctricas, un hito para Hermosillo

La movilidad fue definida como un eje prioritario dentro de la estrategia. En 2025, el municipio incorporó 60 nuevas patrullas eléctricas para la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipalque. Así, lograron reducir los tiempos de respuesta policial de 40 a 10 minutos, con la expectativa de llegar a 5. 

Con esta última entrega, realizada en abril de 2025, suman en total 284 unidades eléctricas que circulan en el área urbana y rural de Hermosillo. “Con esta flotilla podremos retirar del servicio patrullas que ya cumplieron con su tiempo de utilidad e incorporar estos elementos que vendrán sin duda a agilizar los tiempos de espera que actualmente rondan los 10 minutos”, expresó el alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Esta inversión en electromovilidad  rondó los 73 millones de pesos mexicanos (unos U$S 3,9 millones), pero desde el Ayuntamiento destacan que detrás hay un ahorro operativo clave. Solo en 2023, 30 patrullas de gasolina demandaron más de 23 millones de pesos mexicanos en combustible y mantenimiento. Al sustituirlas por unidades eléctricas, el municipio procura reducir gastos, mejorar la eficiencia del servicio y disminuir la huella de carbono.

Finanzas ordenadas para impulsar la electromovilidad

En septiembre de 2025, el Oficial Mayor Ramón Corral Aguirre destacó en una entrevista con Nueva Sonora los ahorros generados por la compra de patrullas eléctricas. “Es un tema que ha traído beneficios directos, como la seguridad y los ahorros al Ayuntamiento. Esos ahorros se ven reflejados en más infraestructura para la ciudad y mejor equipamiento para nuestras corporaciones”, aseguró. 

Corral Aguirre explicó que el 90% de la flota eléctrica se adquirió con recursos propios, combinando compras y esquemas de arrendamiento. “Han sido compras, adquisiciones, y en algunos casos esquemas de arrendamiento puro cuando no hay liquidez inmediata”, señaló. Recordó que al término del primer contrato lograron adquirir 185 patrullas en buenas condiciones y proyectan llegar a 300 unidades en 2025.

Según el funcionario, la disciplina financiera del municipio permitió generar más ingresos y mejorar el manejo del gasto. “Solo en electromovilidad, el año pasado ahorramos 34 millones de pesos, y este año proyectamos un ahorro adicional de 22 millones. Hermosillo está avanzando y esto no es discurso: se ve, se siente, se mide”, concluyó.

Otras iniciativas sostenibles en la “Ciudad del Sol”

En su camino hacia la eficiencia energética, la seguridad, la educación y la movilidad sostenible, Hermosillo implementa otras iniciativas que buscan generar un impacto positivo en la calidad de vida de sus habitantes.

Una de ellas es el Programa H-Bus: un servicio de transporte eléctrico gratuito dirigido principalmente a estudiantes universitarios. Propone facilitar su traslado, reducir los costos familiares y mejorar la movilidad sustentable a través de recorridos planificados.

Otra propuesta que se integra dentro de la Estrategia Municipal de Transición Energética 2024-2030 es la iniciativa Viaja Segura, que reemplaza taxis de gasolina por vehículos eléctricos con enfoque de movilidad sostenible y perspectiva de género. 

A su vez cuentan con el programa Biciclando. Además de promover el cuidado del ambiente, ofrece a las mujeres en situación de vulnerabilidad la oportunidad de generar ingresos propios mediante el manejo adecuado de materiales reciclables. En los diferentes puntos de recolección, la comunidad puede acudir a entregar materiales como papel, cartón, aluminio y plástico. Una vez acopiado el material, este se transporta al Centro de Economía Circular (CEC) para continuar con el proceso de reciclaje.

Una apuesta por la electromovilidad 

El avance de Hermosillo en electromovilidad se traduce en ahorros presupuestarios, mejoras en los tiempos de respuesta policial y reducción en el consumo de combustibles fósiles. La experiencia se articula con otras iniciativas de inclusión social y acceso al transporte, dentro de una estrategia que busca aprovechar la energía solar como recurso para el desarrollo urbano.

Como expresó el alcalde Astiazarán Gutiérrez en una nota de opinión en 2025, publicada en la Revista La Nación: “La sostenibilidad, la innovación y la colaboración son clave para construir un futuro más prometedor y crear comunidades más seguras, limpias y prósperas”.

En un contexto regional marcado por el aumento del parque vehicular y la necesidad de alternativas más limpias, el caso de Hermosillo se presenta como un modelo con posibilidad de replicación. Su tránsito de “Ciudad del Sol” a “Ciudad Solar” plantea aprendizajes que pueden resultar de interés para otras ciudades latinoamericanas en búsqueda de soluciones de movilidad sostenible.

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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Esa transformación le valió, a fines de 2024, la primera distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL). Esta certificación reconoce a gobiernos locales que administran los recursos con responsabilidad, innovación y enfoque estratégico. Y, sobre todo, que traducen esos esfuerzos en mejoras tangibles para su comunidad.

“En Tres de Febrero entendemos la eficiencia municipal como la capacidad de hacer más y mejor con los recursos disponibles, acercando soluciones concretas a los vecinos de manera ágil, transparente y sostenible”, define a +COMUNIDAD Bautista Pino, jefe de Gabinete. Para lograrlo, resume cuatro claves: decisiones basadas en evidencia, transformación digital, capacitación permanente de equipos y participación ciudadana.

A continuación, un recorrido por cinco políticas que explican el reconocimiento y permiten identificar aprendizajes transferibles a otros municipios.

1. Mi 3F: ciudadanía digital para resolver trámites y reclamos

El punto de partida fue Mi 3F, la plataforma que unifica trámites, pagos, solicitudes y seguimientos en línea. Lo que antes estaba disperso en ventanillas y formularios ahora se resuelve en un único espacio digital, pensado para que cualquier vecino —desde un celular o una computadora— encuentre su gestión y compruebe su estado. 

La digitalización alcanzó más de 200 procedimientos y permitió que el 85 % de los trámites que eran presenciales se hicieran completamente online. Ese salto no es abstracto: detrás hay 145.000 usuarios registrados —125.000 vecinos activos— que ya interactúan por esta vía.

El cambio se percibe en tiempos y previsibilidad. Las habilitaciones exprés gratuitas, por ejemplo, se resuelven entre 48 y 72 horas según cada caso. Y los expedientes digitales con trazabilidad en tiempo real dejan de depender del “lleve y traiga” de papeles.

La plataforma incorporó, además, herramientas de escucha y control: un canal para denunciar trabas burocráticas y “Trefi”, un chatbot 24/7 que responde por WhatsApp y Telegram. Del lado interno, el esfuerzo se sostuvo con el control biométrico del personal y la publicación digital de declaraciones juradas y licitaciones. La premisa es sencilla: cuanto más claro y transparente es el proceso, más fácil es evaluar y mejorar.

2. Salud: de 60 a 10 minutos, y la atención que llega a casa

Uno de los mayores puntos de quiebre estuvo en la gestión de emergencias. Tres de Febrero reorganizó su red para que el tiempo de respuesta bajara de un promedio de 60 minutos a 10 minutos. Ese cambio, alcanzado en 2023, se apoyó en decisiones de gestión que ordenaron la demanda y acercaron la oferta. Es decir, ningún residente de la población priorizada debe viajar más de 15 minutos para llegar a un centro de salud primario (CAPS). 

La meta sanitaria dejó de ser sólo el “derecho” a la atención y se volvió acceso efectivo: más del 50% de la población local está registrada en el sistema público municipal (con una meta mínima de 35% para quienes cuentan únicamente con cobertura pública). Esto permite identificar necesidades, programar prestaciones y responder con mayor precisión.

Para sostener esa accesibilidad, el municipio digitalizó la gestión clínica y administrativa. Se migró de historias en papel a perfiles médicos digitales, se habilitaron turnos en línea, recetas y prácticas con trazabilidad, y se coordinó el empadronamiento electrónico hasta alcanzar cobertura completa en la población priorizada. La descentralización acompañó la estrategia: se abrieron dos CAPS en ubicaciones estratégicas para cubrir vacíos territoriales y se ampliaron prestaciones en la red existente.

Un indicador ilustra la escala del cambio: en 2021 únicamente un CAPS contaba con laboratorio; en 2023, los 14 centros ya realizaban análisis de sangre. La revitalización edilicia cerró el triángulo: más de 14 CAPS fueron renovados para garantizar condiciones adecuadas de atención y convivencia comunitaria. El resultado agregado se observa en el circuito completo: resultados de laboratorio disponibles en tres días (antes dos semanas) y más de 450 profesionales participando en formación continua, con protocolos comunes y uso consistente de la información clínica.

Salud que llega a casa: Telemedicina en Tres de Febrero

Sobre esa base, en 2025 se incorporó un canal digital complementario: Telemedicina 3F. La atención clínica y pediátrica 24/7 por vía remota amplía la puerta de entrada al sistema, evita traslados innecesarios y ayuda a descongestionar guardias. Entre enero y el último corte disponible (julio de 2025), se contabilizan 1.962 nuevos empadronamientos en historia clínica digital y 2.018 consultas resueltas por telemedicina. En el último mes con datos disponibles, las atenciones superaron las 730.

Un dato relevante para la equidad: más de 300 personas ingresaron por primera vez al sistema de salud a través de este canal. La combinación de respuesta rápida en emergencias, capilaridad territorial y atención remota –entienden desde la Municipalidad– permanente organiza mejor la demanda, prioriza casos según gravedad y acerca prestaciones a quienes tienen mayores barreras de tiempo o movilidad.

El hilo común es la gestión por datos: saber dónde están las personas con mayor necesidad, qué prestaciones requieren y cuándo deben recibirlas. Con información interoperable —de la red de CAPS, los laboratorios y la telemedicina— el municipio programa turnos, asigna recursos y sigue la evolución de cada caso. La eficiencia, en salud, se vuelve visible así: menos minutos de espera cuando ocurre una emergencia, menos días para un resultado diagnóstico, más puertas de acceso para consultas oportunas y más profesionales trabajando con criterios compartidos. 

En términos de vida cotidiana, significa que un episodio agudo recibe atención en 10 minutos, que un estudio de laboratorio no implica perder dos semanas, y que una familia puede resolver una consulta sin salir de su casa cuando la clínica lo permite.

3. De la alerta a la acción: seguridad con planificación y evidencia

La misma lógica de procesos integrados se aplicó a la seguridad. El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) centraliza imágenes de cámaras distribuidas en el distrito y articula, en un mismo espacio, la respuesta con Ojos en Alerta y el 911. Cada incidente queda documentado y alimenta un Mapa del Delito que identifica tipologías y zonas con mayor incidencia. La información sale del tablero: guía rutas de patrullaje, operativos de saturación y la ubicación de nuevas cámaras mediante mapas de calor.

La coordinación interáreas acorta los tiempos entre la detección y la intervención, evita patrullajes sin foco y permite comparar resultados para ajustar. 

Para el vecino, el impacto se resume en dos dimensiones: rapidez de respuesta cuando algo sucede y prevención en los puntos calientes donde antes se acumulaban hechos. “La innovación requiere personas preparadas y, sobre todo, participación ciudadana —sostiene Bautista Pino—. Eso asegura que las políticas respondan a necesidades reales”. En seguridad, esa participación se apoya en canales activos de reporte y en decisiones que se justifican con evidencia.

4. Aire para producir: simplificación tributaria y previsibilidad

La mejora de servicios al vecino convivió con una reforma de hacienda orientada a facilitar la actividad económica y dar previsibilidad a largo plazo. Bajo la consigna “Menos impuestos, más trabajo”, el municipio eliminó más de 400 conceptos fiscales y 500 tasas. A la vez, simplificó 35.000 trámites y redujo el volumen de la Ordenanza Fiscal Impositiva. 

En paralelo, habilitó un paso clave para la economía de cercanía: habilitaciones comerciales instantáneas y sin costo para más de 70 rubros, apoyadas en la creación de la Dirección de Inversiones y Emprendedores.

La creación de la Monotasa unificó tributos (Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda, Ocupación de espacio público, Pesas y Medidas y Control de Plagas) con reducciones de hasta 60 % y facilidades como la gestión online y el pago anual con bonificaciones por débito automático. El esquema se complementa con la no aplicación de Tasa Vial y una Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) entre las más bajas de la provincia de Buenos Aires —la alícuota general promedio se ubica en 5,4%—. 

Para inversiones de mayor escala, el Régimen de Incentivos a la Generación de Inversiones (RIGI municipal) estableció exenciones y bonificaciones sobre TISH con horizonte de hasta 14/15 años según el monto y la condición. Además, se instituyó estabilidad tributaria por 30 años, sin aumentos ni creación de nuevos impuestos municipales. Acuerdos con la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) sumaron líneas de crédito por hasta AR$ 60.000 millones (U$S 41.000 millones) con tasas preferenciales y la apertura de una nueva sucursal en Caseros.

Los efectos se ven en decisiones concretas. Mercado Libre anunció U$S 65 millones para un centro logístico de 58.000 m² en el Predio Logístico Tres de Febrero, con capacidad para 570.000 artículos y 100.000 productos diarios.

5. Crecer sin desorden: plusvalía urbana para financiar hábitat e infraestructura

Cuando la rueda económica gira, la ciudad también cambia. El desafío es que ese crecimiento no profundice desigualdades ni sobrecargue servicios. La respuesta de Tres de Febrero fue combinar reglas urbanas actualizadas con un mecanismo de financiamiento base suelo.

Con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (2019) y la Ordenanza N.º 3440/19, se creó el Fondo para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable, conocido como plusvalía urbana. La lógica es la siguiente: si un proyecto obtiene mayor aprovechamiento constructivo que el permitido originalmente, aporta una contribución calculada por metros cuadrados adicionales, valor de incidencia del suelo por manzana y una alícuota diferencial según la zona.

Ese ingreso no va a una bolsa general: tiene afectación específica con criterio redistributivo:

• Un 5 % se destina a la protección del patrimonio público.
•  Un 30 % a infraestructura y saneamiento, reurbanización de asentamientos informales , relocalización de familias, vivienda social y mejoramiento habitacional. 
•  Un 65 % a servicios y transporte, equipamiento, espacios públicos, fortalecimiento de centralidades comerciales y acciones del Plan Urbano Estratégico. 

El resultado esperado es doble: autonomía financiera para ejecutar obras y equidad territorial al orientar recursos hacia donde más falta hacen. “La implementación de este mecanismo constituye una herramienta innovadora de financiamiento base suelo que promueve una distribución más equitativa de los beneficios derivados del desarrollo inmobiliario”, aseguran en la Municipalidad de Tres de Febrero. 

La plusvalía no se piensa aislada: conversa con la simplificación tributaria que impulsa inversiones y con la planificación que ordena los impactos de cada desarrollo. Las tres piezas —reglas claras, incentivos económicos y financiamiento redistributivo— buscan que el crecimiento sea con previsibilidad y con un principio de justicia urbana explícito.

Lo que deja la experiencia en Tres de Febrero: aprender haciendo (y midiendo)

“Estas políticas reflejan eficiencia porque demuestran que es posible hacer más con menos: reducir costos internos, transparentar procesos, usar mejor los datos disponibles y reinvertir recursos en las prioridades del distrito”, sintetiza Pino. La frase condensa una metodología de gestión: definir problemas, diseñar soluciones viables, medir impacto y ajustar. En ese camino, aparecieron aprendizajes que otras ciudades pueden considerar.

Primero, la gobernanza por datos. La trazabilidad de expedientes, los tableros de telemedicina y los mapas del delito operan como brújula para tomar decisiones y rendir cuentas. Segundo, la interoperabilidad tecnológica: Mi 3F, seguridad y salud no son “islas”, comparten información útil y evitan duplicaciones. Tercero, el talento público: sostener la digitalización demanda capacitación continua y roles claros. Cuarto, reglas urbanas y fiscales que den certidumbre: la previsibilidad es un activo para quien abre un comercio y para quien decide una inversión grande. Y quinto, escucha y comunicación: los canales para denunciar trabas o consultar 24/7 ayudan a detectar fallas y a ampliar el uso ciudadano de los servicios.

Las cinco políticas muestran que la eficiencia no es un atributo abstracto, ni sólo un reordenamiento interno. Se verifica en tiempo ahorrado por los vecinos cuando hacen un trámite, en consultas de salud resueltas sin desplazamientos, en respuestas más rápidas ante emergencias, en barrios que incorporan obras gracias a la plusvalía y en emprendimientos que pueden abrir con menos fricción. 

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

La distinción de 100 Ciudades Certificadas de RIL no cierra una etapa; establece una vara. Mantenerla exigirá sostener estándares, publicar más y mejores datos de resultado, y seguir ajustando procesos con la comunidad en el centro.

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, que obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

^{Redacción +COMUNIDAD}

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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Hasta hace poco, el Puente de Colores era un punto evitado en Santiago de Cali. Con arte, mobiliario y mejor conectividad peatonal, una intervención lo transformó en un lugar de orgullo barrial. Chicas y chicos hoy lo usan para reunirse, cruzar con seguridad y desplegar actividades que antes quedaban restringidas por la percepción de riesgo.

“Ahora puedo moverme sin miedo a que me pase nada, a que me roben o que pase una moto rápido. Ahora mi mamá me deja salir, siento que puedo moverme sola”, cuenta con alivio Kelly, de 10 años. 

Una situación similar se da ahora en una zona que antes era eludida en el barrio de El Poblado II, en Cali. Allí, un terreno baldío funcionó durante años como un vacío urbano. Hoy es el Aula Vivo Mi Calle: un espacio abierto con huerta, juegos y una pequeña pista de baile donde se programan talleres y encuentros. La activación recuperó un lugar cercano para socializar, aprender y tejer confianza entre vecinos, especialmente para adolescentes.

Algo parecido ocurrió en Palmira, donde en los últimos años se impulsó una cicloruta saludable y la revitalización de un polideportivo, en el barrio de Caimitos. Allí se fortalecieron las prácticas deportivas, se instalaron juegos infantiles tradicionales y alternativos, se pintaron murales y se sumó mobiliario que incentiva la interacción vecinal.

Estos cambios tuvieron lugar en barrios populares de Cali y Palmira, en el Valle del Cauca, donde la falta de infraestructura y oportunidades ha marcado la vida comunitaria. Son territorios atravesados por tensiones cotidianas ligadas a la inseguridad y a una percepción de riesgo que históricamente ha limitado el uso de parques y canchas.

Pero esto está cambiando, y las intervenciones no se explican sólo por la puesta en marcha de obras físicas, sino por un proceso más profundo: diagnóstico, codiseño y activación con las juventudes. ¿El punto en común? Estas activaciones han recuperado lugares cercanos para socializar, aprender y tejer confianza entre vecinos, especialmente para adolescentes.

Vivo Mi Calle: juventudes protagonistas del espacio público

La respuesta está dada por Vivo Mi Calle, una iniciativa implementada desde 2019 por WRI Colombia, Fundación Despacio y la Universidad EAFIT, con apoyo de Fundación Botnar, Ecorys y otras organizaciones. Más de 256 adolescentes participaron de las decisiones y del hacer en territorio. En conjunto, las acciones revitalizaron 10.000 m² y alcanzaron a más de 23.000 personas entre Cali y Palmira.

El proyecto parte de una premisa clara: las juventudes no son sólo beneficiarias, sino protagonistas capaces de incidir en la planificación urbana y en la construcción de comunidades más seguras e inclusivas, por medio del liderazgo y la movilización. Según el monitoreo del proyecto, el sentido de apropiación del espacio creció 65,3% y la comunidad impulsó decenas de iniciativas para mantener activos los nuevos ámbitos.

Para profundizar en el proceso —qué problema se abordó, cómo se trabajó con adolescentes, qué funcionó, qué se ajustaría y en qué condiciones es replicable— +COMUNIDAD conversó con el equipo de WRI Colombia. En concreto, con Jéssica Kisner, gerente de proyectos del programa de Ciudades; Natalia Senejoa, analista técnica; y Diego Gómez, gerente de comunicaciones.

Asimismo, en otro apartado del artículo, se suman los testimonios de Fredy Bustos López y Karen Dayanna Rojas Pulido, del equipo de Movilidad Sostenible de la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali.

Los cimientos sobre los que se construyó Vivo Mi Calle

━ ¿Cómo surgió desde WRI Colombia la decisión de priorizar la participación de adolescentes en la planificación urbana de Cali y Palmira, y qué necesidades concretas buscaban atender con Vivo Mi Calle?

WRI Colombia: Desde hace unos años empezó un movimiento que buscaba abrir mayores espacios para que las personas tuvieran voz y decisión sobre cómo querían sus entornos urbanos. Por ello surge el propósito de habilitar lugares para que adolescentes puedan ser partícipes del diseño, planificación, y construcción de su ciudad. Vivo Mi Calle nació en 2019 con el propósito de crear rutas seguras para que adolescentes de Cali y Palmira pudieran acceder a oportunidades recreativas y pedagógicas.

Sin embargo, su alcance ha cambiado y hoy en día se presenta como una apuesta para fomentar el uso saludable del espacio público por parte de adolescentes y sus comunidades con un enfoque de género, actividad física y seguridad. Esto se consiguió a través del desarrollo de actividades de formación de liderazgo juvenil, urbanismo participativo e incidencia política y movilización comunitaria, que entre 2022 y 2025 se realizaron en el Parque de la Paz, en Cali, y en el Polideportivo Caimitos de Palmira.

Es importante recalcar que Viva Mi Calle hace parte del programa global de Ciudades Saludables para adolescentes de Fundación Botnar, supervisado por Ecorys, con el que se busca promover la salud y el bienestar de esta población en contextos urbanos en donde se carecen de algunas condiciones para atender sus necesidades. Así, se busca posicionar a la adolescencia como un actor fundamental para lograr un desarrollo urbano justo y sostenible.

━ ¿Qué papel han jugado las diferentes dependencias municipales en el diseño y la implementación de estas intervenciones urbanas?

Trabajamos con distintas dependencias municipales para fortalecer los procesos de apropiación y sostenibilidad de la transformación que iniciamos con Vivo Mi Calle: establecemos memorandos de entendimiento con las alcaldías de ambas ciudades. En Cali tuvimos espacios de intercambio con el Departamento Administrativo de Planeación, específicamente con el Taller de Espacio Público en espacios de intercambio de conocimiento; el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente. También con la Secretaría de Integración Social y la Oficina de Cooperación Internacional, que ha servido como un canal para difundir el proyecto y llegar con esta iniciativa a otras dependencias de la administración municipal.

En Palmira trabajamos con la Secretaría General, como principal punto focal para fortalecer las acciones de intervención del proyecto, apalancándonos en iniciativas de la Alcaldía como el programa “Palmira es mi casa” y en espacios de diálogo con la Secretaría de Integración Social. Gracias al trabajo comunitario entre líderes, adolescentes y jóvenes, en Cali se han hecho alianzas para la activación de los espacios públicos con otras dependencias como la Secretaría del Deporte y la Recreación, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana y su Subsecretaría de Territorios de Inclusión y Oportunidades e instituciones educativas como la Universidad del Cauca.

Adicionalmente, trabajamos con Consejos Municipales de Juventud, grupos de jóvenes de entre 14 y 28 años que son elegidos popularmente por sus pares en todos los territorios de Colombia. Estos consejos son un mecanismo de representación que tiene la juventud colombiana para participar en los espacios de toma de decisiones sobre políticas, programas y proyectos que impactan esta población.

━ ¿Cómo se ha coordinado el trabajo con la comunidad y organizaciones de la sociedad civil como Despacio?

Vivo Mi Calle ha sido una iniciativa implementada por WRI Colombia, Fundación Despacio y la Universidad EAFIT con apoyo de Fundación Botnar, Ecorys y otras organizaciones que se han aliado al proceso de trabajo con aliados locales para fortalecer su impacto. Para lograr la mejora del bienestar de adolescentes y comunidades a partir de la revitalización del espacio público, identificamos organizaciones locales, instituciones educativas, líderes, líderesas y a un grupo de adolescentes con experiencia para adelantar las actividades del proyecto.

Este trabajo colaborativo e involucramiento constante son fundamentales, pues el corazón del proyecto es contribuir al bienestar de la adolescencia y de sus comunidades a partir de la transformación de sus espacios públicos más cercanos.

Contar con la participación de la comunidad y organizaciones aliadas locales nos permite comprender sus expectativas y alinear nuestros esfuerzos para contribuir a la visión que tienen de sus territorios.

Todas las personas involucradas que participan en distintos momentos son parte clave del proyecto y tienen voz y voto de las decisiones más relevantes, como el diseño de la intervención física del espacio público. Así, promovemos espacios de diálogo y toma de decisiones del proyecto que integren las perspectivas de todas las partes implicadas.

━ ¿Cómo evalúan el impacto de estas intervenciones en la percepción de seguridad, la apropiación del espacio público y el bienestar de adolescentes de la ciudad?

La evaluación de las intervenciones es realizada por un socio del proyecto externo a nuestra organización, pero que es parte esencial del mismo y acompaña el proceso desde el inicio. En la fase II de Vivo Mi Calle contamos con el acompañamiento de la Universidad EAFIT, quien lideró el proceso de monitoreo, evaluación y lecciones aprendidas. Esta institución mide el impacto a través del análisis de información recolectada con métodos mixtos como entrevistas individuales y grupales, grupos focales, cuestionarios y observaciones. 

Se trabaja con un marco de resultados que presenta distintos indicadores sobre los productos y los resultados de mediano y largo plazo incluidos en nuestra teoría de cambio. Estos resultados se enfocan en conseguir que las y los adolescentes conozcan su entorno y que tomen un rol de agentes de cambio en sus comunidades, promoviendo actividades saludables en el espacio público, y posicionando sus necesidades en las discusiones de la administración pública local y la comunidad.

En cuanto a la apropiación del espacio público, las intervenciones realizadas en el Parque de la Paz, en Cali, y en el Polideportivo Caimitos, en Palmira, aumentaron en un 65,3% el sentido de apropiación de la comunidad y su disposición para involucrarse en el cuidado y activación de los espacios revitalizados. Luego de la intervención, la comunidad lideró 15 iniciativas para promover la actividad física y el uso constante del espacio público.

En el caso de Palmira, el 62% de los usuarios encuestados del Polideportivo Caimitos (revitalizado en la fase II) valoraron positivamente las mejoras que se hicieron en el espacio, un dato que ascendió a 86,5% entre adolescentes. También se registró un aumento de su uso general en un 33,2% entre la comunidad, con un 26,7% entre los adolescentes (45,7% en niñas y 54,3% en niños). La seguridad general percibida aumentó un 54,2%, con un 46,2% para las niñas y un 63,6% entre los niños. 

Medir, evaluar e inspirar

━ ¿Cómo y a través de qué metodologías miden los resultados de estas intervenciones, tanto a nivel de infraestructura como en el fortalecimiento del tejido social y la salud mental juvenil?

WRI Colombia: Para los temas de infraestructura se mide el total del espacio recuperado o intervenido: para la fase II, incluyendo las intervenciones en Palmira, se intervinieron 10.800 m2 de espacio público. También se mide el uso de ese espacio en las activaciones que se realizan para mantenerlo vivo, en las que más de 1.200 personas participaron. Adicionalmente, se realizaron 15 iniciativas comunitarias para promover la actividad física y uso del espacio público (que incluyen las realizadas en Palmira).

Con relación al tejido social se trabajó con los líderes comunitarios, como comités vecinales y miembros de la Junta de Acción Comunal, junto con los adolescentes del programa y jóvenes del barrio. La mitad de los y las participantes jóvenes manifestó que los miembros de la comunidad y las autoridades locales están más dispuestos a oír sus ideas. Y por su lado, el 53,4% de los encuestados adultos mejoró la percepción de las capacidades y habilidades de los jóvenes para incidir y tomar decisiones. 

Se busca que haya una integración intergeneracional y diálogos entre los diferentes actores, por lo cual es esencial que existan espacios donde puedan compartir sus ideas de forma segura para lograr consolidar ese tejido social sano al que enfocamos nuestros esfuerzos.Los eventos y activaciones, que los definen de manera conjunta entre los miembros de la comunidad, buscan también ser espacios de socialización que ayuden a fortalecer los lazos comunitarios. Estos datos se recopilan con las estrategias trabajadas para el monitoreo, evaluación y aprendizaje del proyecto.

━ ¿Qué recomendaciones darían a otras ciudades u organizaciones interesadas en implementar procesos de diseño urbano liderados por jóvenes?

La urbanización creciente implica retos en términos de accesibilidad y bienestar para poblaciones como adolescentes y jóvenes que usualmente no participan en los procesos de planificación urbana. Por ello, es muy importante que se creen espacios donde niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) puedan interactuar con quienes toman las decisiones en las ciudades y en las comunidades. 

Para enriquecer estos espacios de discusión, también es fundamental contar con procesos de formación y fortalecimiento de capacidades de liderazgo de los y las jóvenes. Mejorar sus habilidades de comunicación y negociación, así como compartir conocimiento acerca de sus ciudades, les permite tener conversaciones más horizontales con distintos tomadores de decisiones, conocer sus contextos y expresar sus ideas para abordar las problemáticas que enfrentan en sus entornos cercanos.

Estos procesos con la comunidad, donde se busca la integración de varias voces, y el fortalecimiento de capacidades, conllevan más tiempo, pero a la larga son procesos que realmente construyen ciudad y ciudadanía. No es solo intervenir un espacio, es trabajar en conjunto con la gente, los vecinos, los niños, niñas y los adolescentes para que juntos podamos crecer, aprender y transformarnos.

Adicionalmente, el trabajo en red con organizaciones e iniciativas con intereses comunes fortalece el mensaje que se busca transmitir sobre la relevancia de la adolescencia como una población clave para el diseño de las ciudades. Vivo Mi Calle se ha consolidado como una metodología que puede ser replicable en otros contextos urbanos. Tenemos publicaciones que recopilan el proceso de implementación desde 2019 hasta 2025 y plasma los aprendizajes, así como el paso a paso que sugerimos para llevar a cabo un proceso participativo de transformación del espacio público para mejorar el bienestar de los y las jóvenes.

Ciudades con y para las juventudes

━ ¿Qué ganan aquellas ciudades que trabajan por posicionar a adolescentes como protagonistas en la planificación urbana y en la formulación de políticas públicas orientadas a construir ciudades más saludables para la juventud?

Contar con una ciudadanía activa que esté interesada en el desarrollo de la ciudad y que tenga las capacidades y herramientas para poder incidir es una base fundamental para un desarrollo urbano que beneficie a la sociedad. Si esa base se trabaja y se comienza desde una edad temprana, fortalece la capacidad futura de los próximos líderes y fortalece las comunidades con liderazgos sólidos.

Dentro de nuestro Decálogo de ciudades saludables el primer punto es la inclusión de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en los procesos de planificación. Incluir las voces de esta población, cuyas necesidades han sido desatendidas, es clave teniendo en cuenta que su participación activa es un primer paso para la construcción de espacios públicos y entornos saludables e inclusivos que les brindan bienestar al poder relacionarse con sus pares, comunidades y realizar actividad física.

Trabajar en políticas públicas orientadas a la atención de la población joven implica entender, oír, conocer y colaborar con ellos para que las propuestas realmente estén orientadas a sus necesidades y respondan a los desafíos que enfrentan, integrando sus ideas para abordarlos. Una ciudad gana al crear escenarios para el desarrollo (social, físico y emocional) y disfrute de esta población, se construye una ciudadanía comprometida y apropiada de sus territorios, y se fomenta el fortalecimiento de los próximos líderes que ayudarán a transformar y diseñar ciudades con un desarrollo justo y sostenible.

El efecto de Vivo Mi Calle en la Alcaldía de Cali

En julio de 2025 se cerró la segunda fase de implementación de Vivo Mi Calle. Actualmente, WRI Colombia no está realizando actividades en las ciudades donde se implementó la iniciativa durante las fases previas, pero permanece a la espera de la eventual aprobación para extender el proyecto por un año adicional.

Tal como se anticipó en la apertura, tras las respuestas de WRI Colombia se presenta la mirada municipal. En este marco, John Fredy Bustos López (especialista en movilidad sostenible) y Karen Dayanna Rojas Pulido (arquitecta en movilidad sostenible), integrantes de la  Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santiago de Cali, profundizaron a pedido de +COMUNIDAD sobre aprendizajes e impactos en políticas públicas orientadas a adolescentes y jóvenes en la ciudad.

━ ¿Qué aprendizajes deja para la Alcaldía de Cali la experiencia de Vivo Mi Calle sobre el papel de la juventud en la transformación del espacio público?

El proyecto Vivo Mi Calle ha dejado valiosos aprendizajes para la Alcaldía de Cali al destacar el rol crucial que la juventud desempeña en la creación de un espacio público más accesible y en paz. Esta iniciativa reveló que los jóvenes no son meros receptores de políticas, sino agentes activos con la capacidad de transformar su entorno. Durante la pandemia, Vivo Mi Calle desarrolló una metodología innovadora para planificar la cicloinfraestructura considerando las necesidades y dinámicas específicas de la juventud, esta metodología ha permitido que los documentos técnicos generados sean hoy día la base para generar una intervención en la calle 8.

Además, el proyecto facilitó alianzas estratégicas con organizaciones de renombre internacional como el World Resources Institute (WRI) y Bloomberg, que permitieron reconectar el Parque 72w, revitalizándolo con nuevos conceptos urbanísticos que no solo mejoran la estética, sino que también fomentan la cohesión social. 

━ ¿Cuál dirían que ha sido el mayor impacto y por qué?

El mayor impacto de este proyecto ha sido la capacidad de desarrollar y validar metodologías de escucha a la juventud, traduciéndolas a un lenguaje institucional comprensible y aplicable. Tradicionalmente, las instituciones públicas han tenido dificultades para conectar con las inquietudes y propuestas de los jóvenes de manera estructurada, pero Vivo Mi Calle entiende este obstáculo y lo trabaja al crear un puente entre las ideas de la juventud y el marco de acción institucional.

La Alcaldía ahora cuenta con herramientas concretas y probadas para replicar este modelo en otras áreas de la ciudad, asegurando que la voz de los jóvenes siga siendo un componente esencial en la toma de decisiones sobre el espacio público. En lugar de una simple consulta, se ha establecido un proceso de cocreación que dota de poder a la juventud y brinda a la administración pública un modelo de gestión más inclusivo y eficiente.

━ ¿Ha cambiado el enfoque de la Alcaldía en políticas públicas?

Si bien el enfoque de las políticas públicas de la Alcaldía de Cali no ha cambiado en su esencia, la experiencia de Vivo Mi Calle ha tenido un efecto significativo en la toma de decisiones públicas. El proyecto ha servido como un catalizador, orientando las acciones de la administración municipal de manera más directa hacia el cumplimiento de los objetivos ya establecidos en las políticas públicas.

Anteriormente, la visión de implementación de políticas públicas podía carecer de un vínculo claro con las necesidades reales de los jóvenes. En este sentido, el proyecto Vivo Mi Calle ha enriquecido el proceso de toma de decisiones, garantizando que se base en evidencia y en una comprensión más profunda de la realidad de la comunidad, lo que a largo plazo fortalece la efectividad y pertinencia de las políticas públicas existentes, así como la implementación y apropiación de los proyectos. Articulación comunitaria, la clave para generar impacto.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con base en fotos de Vivo Mi Calle / Despacio.

Redacción +COMUNIDAD

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“Quiero crear lugares en la ciudad donde podamos ser nosotros mismos y divertirnos, sin sentirnos presionados por la inseguridad”, dice Jander, de 18 años. Su voz resume un anhelo compartido por miles de adolescentes de Quevedo, una ciudad marcada por altos niveles de violencia, fronteras invisibles entre barrios y escasez de espacios seguros para la juventud. Pero, por encima de todas las dificultades, es un territorio cuyos habitantes repiten que tienen “una enorme sed de hacer las cosas bien”. 

En Ecuador, Quevedo y Riobamba se están convirtiendo en escenarios de transformación comunitaria para enfrentar desafíos urgentes de la adolescencia como la pobreza, el embarazo adolescente, el suicidio juvenil y la violencia. Gracias a un trabajo colectivo que combina nuevas metodologías y alianzas diversas, estas ciudades empiezan a crear un terreno fértil para la participación juvenil, el encuentro intercultural y la construcción de comunidades más seguras y saludables.

Quevedo, capital de Los Ríos en la región litoral, arrastra un historial de desigualdad e inseguridad. Riobamba, capital de Chimborazo en la región interandina, concentra una importante población indígena históricamente marginada. Cada una ronda los 178.000 habitantes. Aunque distintas en geografía y composición social, ambas ciudades comparten un mismo reto: generar entornos más seguros y oportunidades de desarrollo para sus adolescentes, especialmente en sus barrios más vulnerables.

Con ese objetivo, en 2023 nació Alza Tu Voz, una iniciativa que coloca a ese grupo etario en el centro de la planificación urbana y social. El proyecto trabaja en estrecha colaboración con autoridades locales, universidades y organizaciones sociales, y parte de un diagnóstico participativo que busca que jóvenes expresen sus prioridades y codiseñen sus propias soluciones.

En total, la primera etapa alcanza de manera directa a 395 adolescentes (210 en Quevedo y 185 en Riobamba) y de forma indirecta a más de 6.300 personas de sus comunidades.

Tres áreas clave, múltiples herramientas

El programa se organiza en torno a tres ejes definidos a partir del proceso participativo de evaluación de necesidades y codiseño: educación y aprendizaje, participación e incidencia juvenil, y salud mental. A estos se suman herramientas innovadoras como el rap, el muralismo, los telares comunitarios, encuestas por WhatsApp y mapas parlantes del territorio.

Alza Tu Voz es liderada por Liderada por LAB-XXI en Ecuador, en colaboración con socios y aliados locales, como Fundación Datalat, la consultora urbana Huasipichanga, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo ESPOCH, la Universidad Politécnica de Chimborazo, y los gobiernos municipales de Quevedo y Riobamba. Además este consorcio involucra a grupos núcleo para adolescentes de ambas ciudades como miembros activos a la par que reciben formación en liderazgo, derechos juveniles, equidad de género y comunicación digital.

El proyecto se enmarca dentro de Ciudades Saludables para Adolescentes (HCA), un programa global lanzado por Fundación Botnar que busca propuestas innovadoras para generar cambios respecto a cómo funcionan las ciudades y fomentar la igualdad.

+COMUNIDAD conversó con Laura Ostos, coordinadora nacional del proyecto Alza Tu Voz en LAB-XXI, y con parte del equipo territorial en Quevedo sobre cómo se implementa esta estrategia que recoge las voces y necesidades adolescentes.

Alza Tu Voz: adolescentes que codiseñan su ciudad

En Quevedo, el primer desafío por abordar fue la falta de espacios seguros. “La presencialidad es muy limitada por los problemas de seguridad. Dentro de la misma ciudad hay pocos espacios donde los adolescentes pueden sentirse seguros”, cuenta Laura Ostos. 

Esa realidad obligó al equipo a pensar en una estrategia mixta, talleres presenciales de liderazgo y habilidades blandas en los pocos lugares disponibles, combinados con herramientas digitales como un chatbot de WhatsApp. 

En paralelo, se lanzaron convocatorias cerradas para conformar los llamados grupos núcleo, que son equipos de adolescentes participantes y protagonistas del proyecto (no más de veinte en cada ciudad, con paridad de género). “Este grupo núcleo lo conformamos, lo formamos y lo hicimos parte del consorcio, y a partir de diferentes herramientas, participaron de un proceso de investigación y codiseño que les permitió identificar causas, problemáticas y posibles soluciones”, explica Ostos.

El resultado fue una teoría del cambio codiseñada. Es un proceso no quedó solo en papel: los grupos núcleo viajaron a Quito para validar durante tres días todo el modelo, junto con otros actores estratégicos. “Siempre les hemos dicho que nosotros realmente somos un puente, pero que queremos que ellas y ellos sean los protagonistas. Por eso, el nombre Alza Tu Voz es una identidad que eligieron ellos mismos”, agrega la coordinadora.

Creatividad que se transforma en incidencia

De las herramienta implementadas, la que sorprendió más por su impacto fue el chatbot que les permitió recoger información en barrios que son considerados “zonas rojas”. Son calles y barrios de Quevedo en los que el equipo de trabajo tenía una gran dificultad para poder ingresar a trabajar. “Logramos recolectar 170 encuestas de adolescentes de entre 14 y 18 años. Esta fue la manera en la que ellos pudieron hacer escuchar sus voces y contarnos sus vivencias”, destaca Ostos.

Una persona integrante del equipo de trabajo de Alza Tu Voz afirma que, en Quevedo, los adolescentes nunca habían tenido un espacio para ser escuchados. “Desde que les dijimos queremos construir un proyecto con ustedes, sintieron el proyecto como suyo”, cuenta. El programa incorporó expresiones artísticas y culturales como el rap, el muralismo o los telares comunitarios para que expresaran cómo viven su ciudad.

Estas metodologías son las que más impacto han generado, coinciden las técnicas de Lab XXI.  “Todo lo que decía ese rap era lo que vivimos diariamente, pero desde la percepción de los adolescentes. Esto ayudó muchísimo a identificar las realidades y a tomar decisiones sobre seguridad y planificación urbana”, cuentan. 

Estas herramientas innovadoras no solo captaron la voz de la juventud, sino que les permitieron incidir directamente en las decisiones del proyecto, reforzando su rol de protagonistas en la transformación de su ciudad.

La importancia de trabajar con el gobierno local

La articulación con el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Quevedo es clave para la trascendencia de Alza Tu Voz en la ciudad. “La Alcaldía ha sido quien nos ha habilitado el trabajo, por lo que tenemos una relación cercana”, señala Ostos. Esta colaboración permite asegurar la sostenibilidad de los resultados, mediante recursos en especie, facilitación de espacios públicos y apoyo logístico. 

A esto se suma el conocimiento municipal sobre sobre seguridad y dinámica local, ayudando a planificar actividades seguras en barrios donde existen “fronteras invisibles”. Esto –indica– es fundamental en una ciudad donde la población adolescente, la verdadera protagonista, muchas veces no puede movilizarse libremente. 

Esta alianza estratégica está permitiendo, además, dejar capacidades instaladas dentro de la Municipalidad. La idea es que las herramientas y metodologías de Alza Tu Voz puedan continuar en el futuro, más allá de la intervención directa de Lab XXI.

Alza Tu Voz, entre desafíos y aprendizajes 

Uno de los principales retos que enfrentó Alza Tu Voz fue dejar claro que el proyecto no estaba diseñado como una “estrategia de securitización” ni de “prevención del reclutamiento o incorporación juvenil a las bandas delictivas”, profundiza Ostos. “Entonces nos tocó educar al consorcio hasta que quedara súper claro que esto no tenía que ver con la seguridad, sino con un proyecto centrado en el bienestar y la construcción de ciudad desde la perspectiva de adolescentes y jóvenes”, subraya.

La variabilidad de la seguridad en Quevedo y la falta de infraestructura adecuada también constituyeron desafíos significativos. “Hay meses en los que estamos súper bien y otros en los que hay picos de violencia”, cuenta la coordinadora de HCA.

Estos límites obligaron al equipo a desarrollar la creatividad, a adaptar actividades y a planificar cada intervención con extremo cuidado, asegurando que las personas que participaran pudieran hacerlo realmente de forma segura y protegida.

En esa línea, otro desafío clave fue ganarse la confianza de las familias y manejar las expectativas sobre lo que el proyecto podía lograr en términos de transformación estructural. Por tanto, explicaron qué era posible alcanzar en este tiempo y qué no. A pesar de estas dificultades que menciona el equipo de trabajo de Alza Tu Voz, el proceso permitió establecer relaciones sólidas con adolescentes, familias y actores locales, sentando las bases para un verdadero empoderamiento juvenil en Quevedo.

Nuevas oportunidades para las juventudes

La primera etapa del proyecto, desarrollada entre agosto y diciembre de 2023, estuvo enfocada en relevar las necesidades de la población adolescente de Quevedo. La segunda, en marcha desde enero de 2024 y prevista hasta junio de 2026, se centra en dar respuesta a esas problemáticas. Entre los avances más relevantes, Laura Ostos destaca la apertura de toda la información del diagnóstico y el codiseño en formato de Open Data: “Esta investigación crea una teoría del cambio, y también sirvió para incidir e impactar a nivel urbano”.

El empoderamiento adolescente va más allá de la recopilación de datos. Cada actividad es monitoreada y luego se reflexiona sobre sus resultados, lo que genera un sentido de apropiación de la iniciativa por parte de sus participantes. Esto permitió al equipo de trabajo comprobar que no sólo los grupos núcleo, sino también la comunidad de adolescentes, docentes y familias, se involucró activamente en el proyecto, aportando su presencia en cada dinámica propuesta.

Los grupos núcleo cuentan hoy con planes de trabajo anuales que se ejecutan junto al consorcio, una muestra de su integración en los mecanismos de toma de decisiones de la ciudad. Estas actividades incluyen la coordinación con la alcaldía para definir fechas de acciones conjuntas, como el Mes de la Juventud o el Día de Prevención del Suicidio. Con el tiempo, este rol los ha convertido en consejeros y consejeras reconocidos en temas juveniles por las autoridades locales.

“El proyecto ha permitido que reconozcan qué espacios son seguros y cómo transmitir esa información a sus comunidades”, analizan desde Alza Tu Voz en Quevedo. Además, los grupos núcleo han impulsado actividades inclusivas, considerando diversidad funcional, género y orientación sexual, creando entornos donde todos los y las adolescentes se sienten escuchados y valorados.

Alza Tu Voz y la “sed de hacer las cosas bien”

El proyecto también abrió puertas educativas y de desarrollo personal. Hoy se ofrecen formaciones en inglés y tecnologías, áreas que antes eran inaccesibles para gran parte de la población adolescente en Quevedo. Estas experiencias, sumadas a intercambios con jóvenes de otras ciudades y países, ampliaron la visión del mundo de quienes participan y fortalecieron sus capacidades para involucrarse en proyectos locales y globales.

Desde enero de 2024 y hasta junio de 2026, Alza Tu Voz se implementa de manera conjunta en Quevedo y Riobamba, con un objetivo claro: que adolescentes se empoderen y se involucren activamente en la mejora de sus ciudades. La meta es crear espacios —físicos y digitales— que promuevan la salud y el bienestar, y que se conviertan en puntos de encuentro seguros.

Finalmente, un logro clave ha sido la integración de adolescentes al propio equipo de trabajo de la iniciativa. Tras capacitarse en habilidades digitales y blandas, colaboran activamente en la implementación de talleres, la logística de actividades y la validación de información. “Son parte de nuestro equipo, colaboran en territorio y ayudan a organizar los grupos núcleo”, concluye Ostos. Una muestra de que en las ciudades de Ecuador hay mucho más que violencia o exclusión. También hay innovación, creatividad y una profunda “sed de hacer las cosas bien”.

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Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con base en fotos de Alza Tu Voz.
Redacción +COMUNIDAD

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Por Juan Martín de Chazal,
coordinador de +COMUNIDAD

“Soñamos con ciudades donde la prevención esté integrada a la cultura urbana. Donde vecinos, gobiernos y organizaciones trabajen juntos para eliminar peligros y evitar siniestros”. La frase pertenece a Sandra Meyer, fundadora de la Fundación Relevando Peligros, y encierra una visión que nació del dolor más profundo. 

El 24 de diciembre de 2009, Sandra y dos de sus hijos –Juan y Valentina– salieron a tomar un helado por el barrio Jardín, en la ciudad de Córdoba, Argentina. Era Nochebuena y había llovido bastante. En el camino, Juan rozó un cesto de basura que estaba electrificado y sufrió una descarga que le costó la vida. Tenía 13 años.

De esa tragedia nació Relevando Peligros. Lo que comenzó como una iniciativa de una madre en busca de justicia se convirtió en una herramienta que combina tecnología, participación ciudadana e instituciones públicas. En otras palabras, Sandra transformó su dolor en un motor de acción colectiva que hoy reduce riesgos urbanos y salva vidas. 

La propuesta es sencilla: los vecinos reportan un peligro en la plataforma digital de la Fundación, el equipo verifica la información y la deriva al organismo correspondiente. El proceso —que llaman “circuito del peligro”— tiene tres estados: recibido, tramitado, solucionado. La trazabilidad de cada caso busca garantizar que un aviso vecinal llegue a destino y se traduzca en mejoras concretas en el espacio público.

Participación ciudadana y gestión con evidencia

“La participación ciudadana es un pilar fundamental para construir ciudades más seguras”, afirma Sandra en diálogo con +COMUNIDAD. Esa mirada cotidiana, ejercida de manera organizada, permite detectar antes que nadie un cable suelto, una tapa rota o un poste quebrado. El impacto acumulado es contundente: más de 19.000 reportes gestionados en distintos puntos del país, cada uno representando una situación de riesgo que pudo evitarse.

Este trabajo sólo es posible con articulación institucional. En Córdoba Capital, los reportes se gestionan a través de Defensa Civil; con la Provincia, se integran al sistema Ciudadano Digital (CiDi); y con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) funciona un canal directo mediante web service. “La identificación precisa y georreferenciada de los elementos relevados nos permite construir un mapa dinámico del estado de las instalaciones”, explica el ingeniero Cristian Morielli, gerente de Distribución de EPEC. Además de facilitar la atención de emergencias, este mapa contribuye con la planificación de obras y la priorización de intervenciones donde más se necesitan.

“A través de esta articulación con municipios y organismos provinciales, trabajamos por una gestión más eficiente, colaborativa y centrada en la prevención. Pero, sobre todo, reafirmamos que detrás de cada dato hay una vida, una familia, una comunidad que merece habitar un espacio público seguro y cuidado”, reflexiona Morielli. 

Más allá de la electricidad: accesibilidad y riesgos urbanos

Aunque el eje inicial fue la seguridad eléctrica, la Fundación amplió su mirada a otros riesgos de la vida urbana: bocas de cloacas abiertas, rampas en mal estado, plazas con juegos rotos, carteles con peligro de derrumbe, entre otros. El Proyecto Rampas, por ejemplo, se desarrolló junto a la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Córdoba y relevó las condiciones de accesibilidad en espacios públicos de dos Centros de Participación Comunal (CPC), incluyendo plazas, centros de salud y jardines maternales. 

A su vez, trabajaron activamente en educación ambiental, especialmente con el proyecto Mi Impacto Positivo en el Planeta. “Nos interesa seguir fortaleciendo nuestra línea educativa para formar ciudadanos capaces de identificar peligros y actuar preventivamente en su comunidad”, cuenta Sandra. 

La Municipalidad también encontró en esta articulación una forma de fortalecer su propia gestión. “Gracias al relevamiento técnico realizado con la Fundación pudimos inspeccionar más de 5.000 luminarias e identificar situaciones de riesgo que se resolvieron de manera inmediata cuando representaban un peligro evidente”, explica el ingeniero Lucas Navarro, director de Alumbrado Público. “La articulación con organizaciones como Relevando Peligros fortalece la gestión pública, profesionaliza los controles y demuestra que la colaboración entre el Estado y la sociedad civil es fundamental para garantizar espacios públicos más seguros”, añade. 

Prevención de riesgos como política pública

Con el tiempo, la tarea cotidiana de resolver reportes individuales se expandió hacia acciones más estructurales. La Fundación trabajó junto al Ministerio Público Fiscal en la elaboración de un protocolo de electrocución para unificar la respuesta judicial, y junto al Ministerio de Servicios Públicos en la creación de la Escuela de Seguridad Eléctrica, una propuesta de formación gratuita y virtual sobre riesgos eléctricos.

“Estamos convencidos de que los entramados interinstitucionales son clave para que los relevamientos y las diversas acciones que pongamos en marcha se traduzcan en acciones concretas”, razona la presidenta de Relevando Peligros. 

“La seguridad eléctrica es un tema muy importante porque impacta en la vida de todos y, para eso, es fundamental concientizar a los vecinos para que puedan participar activamente del relevamiento de los peligros. La vía pública debe ser un espacio seguro”, aporta el ingeniero  Ezequiel Turletto, subsecretario de Infraestructura Eléctrica de Córdoba. 

Desde su área apoyaron además la instauración del 17 de junio como el Día Provincial de la Seguridad Eléctrica, que incorporó estos contenidos a las escuelas para concientizar desde temprana edad. Proyectos como Construyendo Seguridad Eléctrica desde la Infancia o Mi Impacto Positivo en el Planeta apuntan en la misma dirección: educar a nuevas generaciones capaces de identificar peligros y actuar preventivamente.

Una experiencia replicable

Lo que hoy funciona en Córdoba puede inspirar a otras ciudades. El consejo de Sandra es reconocer a la ciudadanía como aliada estratégica, garantizar canales accesibles y evitar la fragmentación entre áreas del Estado. Las mesas intersectoriales y la interoperabilidad de sistemas son, para ella, condiciones básicas para sostener el proceso.

“El primer paso es reconocer que los ciudadanos son aliados estratégicos en la construcción de ciudades seguras”, insiste la fundadora de Relevando Peligros. “Es un modelo replicable por otras ciudades que buscan mejorar su infraestructura urbana con datos confiables y compromiso social”, suma Lucas Navarro, de Alumbrado de la Municipalidad de Córdoba.

La visión está definida y trasciende lo local: “Visualizamos una red federal de sedes de la Fundación Relevando Peligros que fomenten la participación ciudadana para lograr ciudades libres de peligros eléctricos y estructurales en la vía pública, un sistema educativo que cuente con herramientas pedagógicas disponibles en todas las escuelas y protocolos de actuación para el Poder Judicial que unifiquen la respuesta ante siniestros eléctricos en cada rincón del país”.

Ilustración principal: diseño +COMUNIDAD, con base en material de Relevando Peligros. 

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