El Mes de la Conciencia Negra, celebrado en noviembre en Brasil, se consolidó como un espacio de reflexión sobre desigualdades arraigadas y sobre las respuestas que gobiernos, instituciones y comunidades construyen para enfrentarlas. Esa agenda, lejos de ser exclusiva del país, conecta con desafíos comunes en ciudades de toda América Latina: brechas persistentes en salud, educación, vivienda, trato institucional y acceso a oportunidades que afectan de manera desproporcionada a la población afrodescendiente.

En un contexto donde los municipios están cada vez más cerca de los problemas cotidianos, las ciudades brasileñas vienen mostrando rutas posibles para abordar el racismo desde la gestión local. Dos experiencias —Vitória y Salvador— permiten observar distintos caminos para fortalecer la participación social, revisar prácticas internas, institucionalizar políticas públicas y generar impacto sostenido.

Puedes leer este artículo en portugués aquí:

Vitória: participación territorial, memoria activa y una política sostenida de igualdad racial

La capital del estado de Espíritu Santo desarrolló, a lo largo de más de dos décadas, una estructura institucional que combina participación ciudadana, acciones educativas y políticas territoriales para abordar desigualdades históricas que afectaron especialmente a la población negra. 

Desde fines de los años noventa, la ciudad cuenta con el Conselho Municipal do Negro (Conegro), un espacio de representación social y estatal que orienta prioridades, propone políticas públicas y monitorea su ejecución. Esa construcción institucional se complementa con el Museu do Negro, administrado por la Prefeitura y activo en la preservación de la memoria, talleres educativos y círculos de conversación comunitaria.

El secretario de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, resume a RIL y +COMUNIDAD de forma clara el sentido de esta estructura: “La propuesta del Consejo Municipal del Negro es dar destaque y priorizar, a partir de la participación, políticas determinadas por el propio grupo como prioritarias para la ciudad. Y el Museo del Negro cumple un rol central al mantener viva la cultura en un espacio abierto a la comunidad”.

La conformación del Consejo se apoyó en un modelo territorial de nueve regionales, que genera un contacto frecuente con liderazgos locales. Todos los jueves, la Secretaría se reúne con una de las regiones para escuchar demandas, articular propuestas y reforzar la participación comunitaria. 

Según Forrechi, esa dinámica fue clave para asegurar representatividad y fortalecer la vinculación con asociaciones vecinales que históricamente enfrentaron desigualdades. “Tenemos una relación muy próxima con las comunidades. Ese diálogo semanal facilita la movilización y permite que las asociaciones difundan la importancia del Consejo”, explica.

Participación sostenida y expansión territorial

Uno de los principales desafíos iniciales fue garantizar la participación voluntaria de la sociedad civil en un órgano no remunerado. Para sostener la calidad técnica y asegurar continuidad, la Municipalidad designó a una servidora especializada en derecho para acompañar las actividades del Consejo. “Involucrar a la sociedad civil siempre es más difícil, porque exige compromiso. Por eso precisamos un equipo capacitado que diera soporte técnico y jurídico. Ese apoyo amplió la capacidad ejecutiva del Consejo”, señala el secretario.

La agenda de igualdad racial se integra además con políticas de juventud y revitalización urbana. Durante el Mes de la Conciencia Negra, Vitória impulsa decenas de actividades culturales, educativas y deportivas en las Casas de la Juventud, muchas ubicadas en territorios que vivieron procesos de exclusión prolongada, como Grande São Pedro. 

Allí, la transformación urbana y los nuevos equipamientos públicos consolidaron espacios de participación de jóvenes negros en políticas culturales y formativas. Entre las acciones más emblemáticas destaca la Corrida Zumbi dos Palmares, realizada desde hace 14 años, que conecta la Casa do Cidadão con el Museo del Negro. “Es una forma de llamar la atención de la población y fortalecer la memoria. La carrera se volvió un encuentro cultural con música, gastronomía y artesanía vinculadas al Consejo”, afirma Forrechi.

El secretario sostiene que la continuidad de estas políticas depende de una premisa básica: que las propuestas del Consejo se traduzcan en acciones concretas. “Cualquier Consejo es más efectivo si las propuestas que presenta son ejecutadas. Si se reúnen, proponen, y nada ocurre, eso desmotiva y vacía el espacio”, reflexiona. Para evitar ese riesgo, la Secretaría elaboró un plan estratégico que permite transformar ideas en proyectos ejecutables y con potencial de financiamiento, lo que reforzó la confianza de las comunidades en el proceso.

Educación, políticas públicas y aprendizajes para la región

La ciudad también vincula esta agenda con la expansión de las escuelas de tiempo integral, que pasaron de cuatro en 2021 a más de cuarenta actualmente. Para Forrechi, esa política educativa es parte de una estrategia más amplia de reducción de desigualdades y prevención de violencias. “Ofrecer educación a toda la población disminuye las posibilidades de que niñas y niños queden en situaciones de riesgo. Espacio público ocupado, políticas bien establecidas y educación accesible: esa combinación es una de las mejores formas de mejorar la calidad de vida”.

Vitória identifica varias oportunidades de aprendizaje para otras ciudades de la región: institucionalizar espacios de participación, fortalecer la presencia territorial del Estado, garantizar soporte técnico permanente y sostener rutinas de diálogo capaces de transformar demandas sociales en políticas reales. Como experiencia replicable, Forrechi menciona el programa Cidadania Fundamental, que invita a estudiantes de noveno año a pasar un día en la Secretaría para conocer cómo se diseñan políticas públicas, incluido el trabajo del Conegro. “Llevar esta temática a las escuelas, o traer a las escuelas a estos espacios, multiplica el impacto a corto, mediano y largo plazo”, destaca.

Salvador: una política pionera para transformar la administración y combatir el racismo institucional

Salvador (Bahía) es una de las ciudades brasileñas que más tempranamente reconoció que las desigualdades enfrentadas por la población negra no podían explicarse solo por prejuicios individuales. La administración municipal identificó que, en muchos servicios, existían prácticas, criterios y rotinas que producían resultados desiguales sin una intención explícita de discriminar. 

Esa constatación dio origen en 2005 a una política sistémica: el Programa Municipal de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), liderada por la Secretaría Municipal de Reparación (Semur), hoy a cargo de la abogada y activista Isaura Genoveva. “Identificamos que el racismo no era solo un problema de actitudes individuales, sino un patrón estructurado de prácticas y omisiones que producía desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios”, explicó Genoveva a +COMUNIDAD. 

El diagnóstico coincide con la definición oficial adoptada por la PCRI: fallas y sesgos en las prácticas institucionales que generan desventajas raciales, incluso sin intención explícita. Para la secretaria, reconocer ese funcionamiento interno fue decisivo para orientar la respuesta: “Era necesario institucionalizar procesos que permitieran detectar, prevenir y corregir desigualdades”.

A partir de ahí, Salvador optó por una política que transformara la administración desde adentro. Genoveva detalló que uno de los primeros pasos fue la formación continuada de servidores, centrada en racismo institucional, sesgos inconscientes y prácticas antirracistas. “Ese letramento racial creó una base común y estimuló la revisión crítica de las rutinas administrativas”, señaló. Paralelamente, se crearon los Núcleos Internos del PCRI en cada secretaría, equipos responsables de adaptar las directrices generales a la realidad de cada área. “Los núcleos garantizan capilaridad y hacen que la política no dependa solo de campañas o de una gestión puntual”, añadió.

Cambios institucionales y efectos en los servicios públicos

La secretaria municipal de Reparación también destacó la implementación de protocolos y orientaciones técnicas para áreas sensibles, como la salud, históricamente atravesada por desigualdades raciales. La incorporación de datos desagregados por raza/color fue otra pieza clave: “Permiten monitorear desigualdades y orientar decisiones con base en evidencias”, explicó. Según Genoveva, esta etapa se complementó con cartillas educativas, seminarios y materiales de apoyo que ayudaron a construir conciencia institucional y compromiso entre los equipos técnicos.

Los impactos, afirma, son cada vez más visibles. “Se percibe una administración con mayor capacidad para reconocer problemas y evitar daños”, sostuvo. En servicios esenciales, como salud y asistencia social, los servidores cuentan con más herramientas para identificar situaciones discriminatórias y actuar de forma preventiva. También hay mejoras en la relación entre el gobierno y las comunidades negras, fortalecida por iniciativas como Novembro Negro y Salvador Capital Afro, que consolidaron un compromiso público sostenido con la equidad racial.

Genoveva subraya que la política se sostiene por la acción conjunta de múltiples actores. La Semur ejerce la coordinación conceptual, pero los Núcleos Internos son responsables de llevar la política al día a día. Movimientos sociales, organizaciones negras, universidades y centros de investigación participan en diagnósticos, formaciones y evaluaciones. La secretaria también mencionó el aporte de organismos internacionales en distintas fases de implementación.

Una política estable contra el racismo institucional, aprendizajes y proyección regional

Consultada sobre los factores que explican la continuidad de la PCRI, Genoveva enumeró tres pilares: “La institucionalización dentro de la estructura administrativa; la formación continuada, que crea memoria institucional; y la presencia constante de la pauta racial en agendas estratégicas de la ciudad”. Ese conjunto, afirma, permitió que la política se mantenga activa y adaptable, incluso en contextos de cambio de gestión.

Para otras ciudades latinoamericanas que buscan enfrentar desigualdades raciales, la experiencia de Salvador deja un conjunto de aprendizajes. Genoveva enfatiza la importancia de comenzar con un diagnóstico profundo de los propios procesos internos: “Es indispensable entender dónde y cómo el racismo opera en la administración”. También considera clave crear estructuras permanentes —como los núcleos internos— capaces de sostener la política a largo plazo; invertir en formación continua; y desarrollar sistemas de datos con recorte racial para orientar la toma de decisiones. La participación de movimientos sociales y de la academia, afirma, fortalece la legitimidad y mantiene la política conectada con las demandas reales de la población negra.

La PCRI sigue plenamente activa. La Semur continúa promoviendo formaciones, encuentros y acciones intersectoriales, mientras que los Núcleos Internos trabajan de forma descentralizada en las distintas secretarías. Profesionales de salud, educación, gestión y asistencia social participan regularmente en actividades vinculadas a la política. Documentos, cartillas y registros fotográficos pueden consultarse en los informes oficiales de la Prefeitura y en las publicaciones de la Semur, que reúnen materiales de las formaciones, seminarios y acciones desarrolladas en los últimos años.

Para Genoveva, el desafío central sigue siendo sostener la transformación estructural iniciada por la PCRI: “Es una política que exige continuidad, revisión permanente y compromiso de toda la administración”. Salvador, sostiene, avanza hacia un modelo en el que la lucha contra el racismo institucional no es un proyecto puntual, sino un principio de gestión. Una experiencia que, por su capacidad de transformar procesos internos y construir cambios culturales sostenidos, hoy se observa como referencia para ciudades de toda América Latina.

^{Imagen principal: Prefeitura de Vitória.}
Redacción +COMUNIDAD

La entrada Qué pueden hacer las ciudades para enfrentar el racismo institucional: lecciones de Vitória y Salvador se publicó primero en +COMUNIDAD.

Em um contexto em que os municípios estão cada vez mais próximos dos problemas cotidianos, as cidades brasileiras têm mostrado caminhos possíveis para abordar o racismo a partir da gestão local. Duas experiências — Vitória e Salvador — permitem observar distintas estratégias para fortalecer a participação social, revisar práticas internas, institucionalizar políticas públicas e gerar impacto sustentável.

Pode ler este artigo em espanhol aqui:

Vitória: participação territorial, memória ativa e uma política contínua de igualdade racial

A capital do estado do Espírito Santo desenvolveu, ao longo de mais de duas décadas, uma estrutura institucional que combina participação cidadã, ações educativas e políticas territoriais para enfrentar desigualdades históricas que afetaram especialmente a população negra.

Desde o fim dos anos 1990, a cidade conta com o Conselho Municipal do Negro (Conegro), um espaço de representação social e estatal que orienta prioridades, propõe políticas públicas e monitora sua execução. Essa construção institucional é complementada pelo Museu do Negro, administrado pela Prefeitura e ativo na preservação da memória, em oficinas educativas e rodas de conversa comunitária.

O secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, resumiu para RIL e +COMUNIDAD o sentido dessa estrutura: “A proposta do Conselho Municipal do Negro é dar destaque e priorizar, a partir da participação, políticas definidas pelo próprio grupo como prioritárias para a cidade. E o Museu do Negro cumpre um papel central ao manter viva a cultura em um espaço aberto à comunidade”.

A conformação do Conselho se apoiou em um modelo territorial de nove regionais, que gera contato frequente com lideranças locais. Todas as quintas-feiras, a Secretaria se reúne com uma das regiões para ouvir demandas, articular propostas e reforçar a participação comunitária.

Segundo Forrechi, essa dinâmica foi fundamental para garantir representatividade e fortalecer a vinculação com associações de moradores que historicamente enfrentaram desigualdades. “Temos uma relação muito próxima com as comunidades. Esse diálogo semanal facilita a mobilização e permite que as associações divulguem a importância do Conselho”, explica.

Participação contínua e expansão territorial

Um dos principais desafios iniciais foi garantir a participação voluntária da sociedade civil em um órgão não remunerado. Para sustentar a qualidade técnica e assegurar continuidade, a Prefeitura designou uma servidora especializada em direito para acompanhar as atividades do Conselho. “Envolver a sociedade civil é sempre mais difícil, porque exige compromisso. Por isso precisávamos de uma equipe capacitada que desse suporte técnico e jurídico. Esse apoio ampliou a capacidade executiva do Conselho”, afirma o secretário.

A agenda de igualdade racial também se integra com políticas de juventude e revitalização urbana. Durante o Mês da Consciência Negra, Vitória promove dezenas de atividades culturais, educativas e esportivas nas Casas da Juventude, muitas localizadas em territórios que viveram longos processos de exclusão, como Grande São Pedro.

Ali, a transformação urbana e os novos equipamentos públicos consolidaram espaços de participação de jovens negros em políticas culturais e formativas. Entre as ações mais emblemáticas, destaca-se a Corrida Zumbi dos Palmares, realizada há 14 anos, que conecta a Casa do Cidadão ao Museu do Negro. “É uma forma de chamar a atenção da população e fortalecer a memória. A corrida se tornou um encontro cultural com música, gastronomia e artesanato vinculados ao Conselho”, afirma Forrechi.

O secretário sustenta que a continuidade dessas políticas depende de uma premissa básica: que as propostas do Conselho se traduzam em ações concretas. “Qualquer Conselho é mais efetivo quando as propostas apresentadas são executadas. Se as pessoas se reúnem, propõem, e nada acontece, isso desmotiva e esvazia o espaço”, avalia. Para evitar esse risco, a Secretaria elaborou um plano estratégico que permite transformar ideias em projetos executáveis e com potencial de financiamento, fortalecendo a confiança das comunidades no processo.

Educação, políticas públicas e aprendizagens para a região

A cidade também relaciona essa agenda com a expansão das escolas de tempo integral, que passaram de quatro em 2021 para mais de quarenta atualmente. Para Forrechi, essa política educacional integra uma estratégia ampla de redução de desigualdades e prevenção de violências. “Oferecer educação para toda a população diminui as possibilidades de que crianças e adolescentes fiquem em situações de risco. Espaço público ocupado, políticas bem estabelecidas e educação acessível: essa combinação é uma das melhores formas de melhorar a qualidade de vida”.

Vitória identifica várias oportunidades de aprendizagem para outras cidades da região: institucionalizar espaços de participação, fortalecer a presença territorial do Estado, garantir suporte técnico permanente e sustentar rotinas de diálogo capazes de transformar demandas sociais em políticas reais. Como experiência replicável, Forrechi menciona o programa Cidadania Fundamental, que convida estudantes do nono ano a passar um dia na Secretaria para conhecer como se desenham políticas públicas, incluindo o trabalho do Conegro. “Levar essa temática às escolas — ou trazer as escolas a esses espaços — multiplica o impacto no curto, médio e longo prazo”, destaca.

Salvador: uma política pioneira para transformar a administração e combater o racismo

Salvador é uma das cidades brasileiras que mais cedo reconheceu que as desigualdades enfrentadas pela população negra não podiam ser explicadas apenas por preconceitos individuais. A administração municipal identificou que, em muitos serviços, existiam práticas, critérios e rotinas que produziam resultados desiguais sem intenção explícita de discriminar.

Esse diagnóstico deu origem, em 2005, a uma política sistêmica: o Programa Municipal de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), liderado pela Secretaria Municipal de Reparação (Semur), hoje comandada pela advogada e ativista Isaura Genoveva. “Identificamos que o racismo não era apenas um problema de atitudes individuais, mas um padrão estruturado de práticas e omissões que gerava desigualdades no acesso e na qualidade dos serviços”, explicou Genoveva a +COMUNIDAD.

O diagnóstico coincide com a definição oficial adotada pelo PCRI: falhas e vieses nas práticas institucionais que produzem desvantagens raciais, mesmo sem intenção explícita. Para a secretária, reconhecer esse funcionamento interno foi decisivo para orientar a resposta: “Era necessário institucionalizar processos que permitissem detectar, prevenir e corrigir desigualdades”.

A partir dali, Salvador optou por uma política que transformasse a administração desde dentro. Genoveva detalhou que um dos primeiros passos foi a formação continuada de servidores, centrada em racismo institucional, vieses inconscientes e práticas antirracistas. “Esse letramento racial criou uma base comum e estimulou a revisão crítica das rotinas administrativas”, afirmou. Paralelamente, foram criados os Núcleos Internos do PCRI em cada secretaria, equipes responsáveis por adaptar as diretrizes gerais à realidade de cada área. “Os núcleos garantem capilaridade e fazem com que a política não dependa apenas de campanhas ou de uma gestão pontual”, acrescentou.

Mudanças institucionais e efeitos nos serviços públicos

A secretária também destacou a implementação de protocolos e orientações técnicas para áreas sensíveis, como a saúde, historicamente atravessada por desigualdades raciais. A incorporação de dados desagregados por raça/cor foi outro elemento central. “Eles permitem monitorar desigualdades e orientar decisões baseadas em evidências”, explicou. Segundo Genoveva, essa etapa foi complementada por cartilhas educativas, seminários e materiais de apoio que ajudaram a construir consciência institucional e compromisso entre as equipes técnicas.

Os impactos, afirma, são cada vez mais visíveis. “Percebe-se uma administração com maior capacidade para reconhecer problemas e evitar danos”, avaliou. Em serviços essenciais, como saúde e assistência social, os servidores dispõem de mais ferramentas para identificar situações discriminatórias e agir de forma preventiva. Também houve avanços na relação entre o governo e as comunidades negras, fortalecida por iniciativas como o Novembro Negro e o Salvador Capital Afro, que consolidaram um compromisso público permanente com a equidade racial.

Genoveva ressalta que a política se sustenta pela ação conjunta de múltiplos atores. A Semur exerce a coordenação conceitual, mas os Núcleos Internos são responsáveis por levar a política ao cotidiano das secretarias. Movimentos sociais, organizações negras, universidades e centros de pesquisa participam de diagnósticos, formações e avaliações. A secretária também mencionou o apoio de organismos internacionais em distintas fases de implementação.

Uma política estável contra o racismo, aprendizados e projeção regional

Ao ser questionada sobre os fatores que explicam a continuidade do PCRI, Genoveva enumerou três pilares: “A institucionalização dentro da estrutura administrativa; a formação continuada, que cria memória institucional; e a presença constante da pauta racial nas agendas estratégicas da cidade”. Esse conjunto, afirma, permitiu que a política permanecesse ativa e adaptável, mesmo em contextos de mudança de gestão.

Para outras cidades latino-americanas que buscam enfrentar desigualdades raciais, a experiência de Salvador oferece um conjunto de aprendizados. Genoveva enfatiza a importância de começar com um diagnóstico profundo dos próprios processos internos: “É indispensável entender onde e como o racismo opera na administração”. Também considera fundamental criar estruturas permanentes — como os núcleos internos — capazes de sustentar a política a longo prazo; investir em formação contínua; e desenvolver sistemas de dados com recorte racial para orientar a tomada de decisões. A participação de movimentos sociais e da academia, afirma, fortalece a legitimidade e mantém a política conectada às demandas reais da população negra.

O PCRI segue plenamente ativo. A Semur continua promovendo formações, encontros e ações intersetoriais, enquanto os Núcleos Internos trabalham de forma descentralizada nas diversas secretarias. Profissionais de saúde, educação, gestão e assistência social participam regularmente de atividades vinculadas à política. Documentos, cartilhas e registros fotográficos podem ser consultados nos relatórios oficiais da Prefeitura e nas publicações da Semur. Reúnem materiais das formações, seminários e ações desenvolvidas nos últimos anos.

Para Genoveva, o desafio central segue sendo sustentar a transformação estrutural iniciada pelo PCRI: “É uma política que exige continuidade, revisão permanente e compromisso de toda a administração”. Salvador, afirma, avança para um modelo em que o enfrentamento ao racismo institucional não é um projeto pontual, mas um princípio de gestão. Uma experiência que, por sua capacidade de transformar processos internos e construir mudanças culturais duradouras, hoje se observa como referência para cidades de toda a América Latina.

^{Imagem principal: Prefeitura de Vitória.}
Redação +COMUNIDAD

La entrada O que as cidades podem fazer para enfrentar o racismo institucional: lições de Vitória e Salvador se publicó primero en +COMUNIDAD.

Por María Mercedes Ordoñez y Clarisa Corral (*)

La transición energética plantea desafíos que no son únicamente ambientales, sino también sociales. Estamos frente a una situación de pobreza energética cuando un asentamiento informal no tiene conexión a la red eléctrica o de gas, pero también cuando una mujer debe caminar varios kilómetros para conseguir leña para calefaccionar su hogar ya que, a pesar de tener conexión a servicios, no tiene acceso a tecnologías de climatización. 

Hablamos de pobreza energética cuando una persona mayor, en plena ciudad, debe restringir el consumo básico de energía porque su jubilación le obliga a priorizar otros gastos. También se manifiesta cuando el desempeño escolar de un niño se ve afectado por no tener luz para hacer la tarea en su casa, cuando en invierno anochece temprano.

En términos generales, la pobreza energética ocurre cuando un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea por razones económicas, de infraestructura o equipamiento. Sin embargo, su naturaleza multidimensional —que abarca factores técnicos, sociales, económicos, culturales y climáticos— dificulta la adopción de una definición única y universalmente aceptada. 

A propósito de esto, Paz Araya Jofré, investigadora doctoral en Antropología y miembro de la Red de Pobreza Energética de Chile  (RedPE) destaca “la importancia de que cada territorio y cada gobierno construya sus propias definiciones de pobreza energética acorde a las realidades y diversidades territoriales”. La declaración se produjo en el marco del último encuentro de la Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas, realizado en julio de 2025.

En el mismo sentido, se vuelve fundamental la construcción de indicadores propios y la generación de información local para el diseño de políticas públicas de equidad energética. Entre estos, se pone el foco en conocer en particular los niveles de ingresos y gastos de las familias, la disponibilidad de tecnología, las condiciones habitacionales, entre otros. 

Alejandra Reyes, de la Dirección Nacional de Energía de Uruguay, resaltó además el valor de “considerar en el diseño de estos indicadores las características climáticas y patrones socioculturales que puedan estar condicionando las dinámicas de acceso y consumo de energía en cada localidad”.

^{Unas 2.100 millones de personas siguen cocinando y calentando sus hogares con combustibles sólidos, según la OMS. Imagen: Dirección de Hábitat, Godoy Cruz, Mendoza.}

Cuando la falta de energía profundiza otras desigualdades

Que un hogar no tenga acceso a servicios de energía se entrelaza con otras condiciones estructurales de desigualdad urbana y social. Esto condiciona el ejercicio de diversos derechos que garantizan una vida digna y con oportunidades en una ciudad.  

La pobreza energética se constituye como una experiencia de vida que tiene efectos negativos tanto en la salud como en la alimentación, la educación, el empleo, la recreación y la resiliencia frente a contingencias climáticas extremas. A propósito de esto, Chisaki Melissa Guibo, arquitecta y jefa del Departamento de Formulación y Evaluación de Proyectos de la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Godoy Cruz enfatizó en que “la pobreza energética no es un problema aislado, sino que es una expresión más de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestros territorios”.

Muchas familias sin acceso fiable a la red eléctrica o de gas dependen de combustibles insalubres para cocinar y calefaccionarse, lo que aumenta los riesgos de enfermedades por la exposición a contaminantes o conexiones informales. De hecho, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que cada año 3,2 millones de personas mueren prematuramente por afecciones vinculadas a la contaminación del aire doméstico. Estas condiciones afectan de forma desigual a las mujeres, debido a la distribución inequitativa de los roles de cuidado dentro del hogar.

Sumado a ello, la falta de equipamiento e infraestructura para un aprovechamiento eficiente del recurso energético domiciliario –como es el aislamiento de las viviendas y los materiales constructivos precarios– exponen a las familias a una mayor propensión al desarrollo de enfermedades respiratorias. Esto aumenta, a su vez, las probabilidades de ausentismo escolar y laboral. En un contexto socioeconómico de pluriempleo o de dobles jornadas de estudio y trabajo, la falta de servicios energéticos complejiza el desarrollo de emprendimientos productivos y de fortalecimiento de la trayectoria escolar.

Además, la falta de acceso a la energía en calidad y cantidad atenta contra la posibilidad de que un hogar pueda afrontar fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, temperaturas bajo cero y tormentas severas. Estos efectos se agravan cuando se trata de personas mayores, personas con discapacidad o electrodependientes, que requieren condiciones térmicas y de abastecimiento estables para su supervivencia.

Retos comunes y respuestas locales

La forma en que están diseñadas y gestionadas las ciudades incide directamente en las posibilidades de acceso a una energía segura, limpia y asequible. Las condiciones del entorno construido, la distancia a los centros de abastecimiento, la infraestructura de servicios, la calidad del hábitat y los criterios de ocupación del suelo son factores que pueden amplificar o reducir la pobreza energética. Por eso, integrar la planificación urbana y territorial en la estrategia energética resulta fundamental.

En este punto, la articulación entre políticas energéticas y políticas urbanas no puede ser postergada: el modo en que se planifican los barrios, se habilita el suelo o se distribuyen los servicios impacta directamente en la posibilidad de acceso equitativo a la energía.

Las ciudades latinoamericanas comparten desafíos estructurales: tarifas de energía altas, suministro intermitente y un gran sector informal con conexiones irregulares. Para enfrentarlos, los gobiernos locales pueden adoptar diversas acciones:

• Regularización y tarifas sociales. Facilitar la regularización de conexiones informales y ofrecer tarifas diferenciadas o subsidios focalizados para los hogares más vulnerables así como programas de pago flexible vinculados con mejoras en eficiencia energética que garanticen el pago de servicios esenciales.
• Vivienda social sostenible. Incorporar criterios de eficiencia energética y energías renovables en los programas de vivienda pública y asistencia habitacional. Por ejemplo, dotar a las casas sociales de aislamiento térmico, paneles solares o termo tanques solares reduce costos a largo plazo y mejora la calidad de vida.
• Generación distribuida. El desarrollo de proyectos de generación distribuida o generación distribuida comunitaria que permitan satisfacer las necesidades energéticas de poblaciones alejadas de las redes de servicios.
• Reacondicionamiento de vivienda. La inversión en mejoramiento habitacional de viviendas propias o alquiladas para la reducción de costos en energía. 
• Promoción de equipamiento eficiente. Ya sea para la adquisición de nuevos equipos de climatización como de mantenimiento y recambio de equipos preexistentes, pudiendo incluir el desarrollo de un mercado local de proveedores y prestadores de servicios para estos fines.

Ciudades contra la pobreza energética

La ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Argentina, es un caso inspirador de abordaje de la pobreza energética desde la gestión del hábitat, con foco en los asentamientos informales y poblaciones más vulnerables. 

En 2023, el municipio comenzó con la implementación de proyectos de vivienda social sustentable. Distintas familias en situación de extrema vulnerabilidad recibieron viviendas construidas con contenedores reciclados (“Ecocasas”). Estas casas, con un costo 40% menor por metro cuadrado que la construcción tradicional, incluyen termotanques solares para calefacción de agua. 

Se destinaron a hogares con condiciones de hacinamiento crítico y con personas con discapacidades o problemas de salud. A su vez, cada familia recibió su guía para el mantenimiento y uso de nuevas viviendas. De esta manera, el municipio logró reducir costos de producción y brindar soluciones habitacionales dignas, a la vez que introdujo tecnologías limpias y eficientes en las viviendas sociales.

Además, Godoy Cruz actualmente implementa varias líneas de acción que contribuyen a la equidad energética de las poblaciones más vulnerables. Entre estas se encuentra la ejecución de mejoras edilicias en viviendas vulnerables, a través del Programa de Emergencia Habitacional (PEHab), y las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica informal (conexiones eléctricas no regularizadas, instalaciones deterioradas o sobrecargadas). También la renovación de cableado deteriorado, apuntalamiento o colocación de nuevos postes, colocación de térmicas y disyuntores, y mejora de instalaciones precarias. 

Asimismo, destacan el rol clave de sumar espacios de consulta para la población como es en este caso la Consejería de Hábitat para el acompañamiento técnico y comunitario permanente y el brindado de talleres de formación en estrategias bioclimáticas, electricidad y albañilería con enfoque térmico. Todo esto, diseñado a partir de un sistema de relevamiento continuo con enfoque multidimensional que permite orientar políticas públicas con base territorial.

^{Talleres de albañilería básica con enfoque en el confort térmico. Imagen: Municipalidad de Godoy Cruz.}

Otro caso destacable ocurre en Chile, donde el gobierno central –en coordinación con gobiernos locales– implementa acciones para reducir la pobreza energética dirigidas especialmente a las infancias y a las personas mayores de zonas rurales. 

Es así que, en los últimos cuatro años, se creó y fortaleció una línea de acción para acceso y mejoramiento del suministro energético en escuelas rurales. Se focalizan recursos para el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética, el robustecimiento del sistema eléctrico, calefacción sustentable y agua caliente sanitaria para baños y duchas donde asisten niños y niñas de comunidades originarias. 

A la vez, desde el programa para Acceso y Mejoramiento del Suministro Energético en establecimientos con rol público se ha llevado adelante una línea de acción para mejorar las condiciones energéticas de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a través de energías renovables. 

La Ciudad de México, con casi el 98% de sus habitantes conectados a la red eléctrica, ha identificado nuevas fronteras de la pobreza energética: la falta de agua caliente y el alto costo del gas LP para cocinar. Para abordar esto, lanzó el programa “Ciudad Solar”, que impulsa el uso intensivo de energía solar en la ciudad. 

Bajo este plan se han instalado grandes paneles fotovoltaicos en techos de mercados mayoristas y edificios gubernamentales, aprovechando los altos niveles de radiación solar de la capital. Además, se establecieron regulaciones que obligan a instalar calentadores solares de agua en todas las nuevas viviendas y edificios reconstruidos, reemplazando la demanda de gas licuado por energía limpia. 

En consonancia, el gobierno ha donado más de 25.000 calentadores solares a hogares de bajos ingresos desde 2018, cubriendo sus necesidades de agua caliente con energía asequible. Estas iniciativas reducen la factura del gas LPG (que usa el 82% de los hogares) y mejoran la salud al disminuir la quema de combustibles fósiles en los hogares.

Aunque este tipo de políticas requiere inversión pública significativa, también muestra la capacidad de los gobiernos urbanos para movilizar recursos, regular y coordinar actores, y generar impactos tangibles en la vida cotidiana.

^{Paneles solares en la Ciudad de México. Imagen: Gobierno de la Ciudad de México.}

Colaborar para transformar: Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas

Cuando se promueve la participación de equipos técnicos municipales, comunidades y actores del territorio en el diagnóstico y codiseño de las soluciones, se logran políticas públicas más ajustadas a las realidades concretas. Desde esa perspectiva, los municipios cumplen un rol clave como articuladores de políticas públicas de equidad energética cercanas al territorio. 

La experiencia acumulada en la Red de Innovación Local (RIL) demuestra que la innovación urbana surge muchas veces del intercambio horizontal entre gobiernos locales y de la escucha activa de las necesidades barriales. En muchos casos, las respuestas más eficaces han surgido del trabajo colaborativo entre áreas técnicas, equipos de gobierno y comunidades organizadas. Reconocer esa capacidad de los gobiernos locales para coordinar, escuchar y construir en conjunto es central para avanzar hacia una transición energética más justa. 

 (*) María Mercedes Ordoñez es coordinadora del programa Ciudades de la Energía y Clarisa Corral es integrante del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL).

Imagen principal: Unsplash.

La entrada Pobreza energética en América Latina: desafíos y soluciones desde las ciudades se publicó primero en +COMUNIDAD.

Por Muriel Alarcón, 
desde Santiago de Chile (*)

En agosto de 2021, Mayka Martínez, activista medioambiental, recibió un audio que la estremeció. Era su vecina, Patricia Bravo, presidenta de la junta de vecinos de La Farfana, un pueblito campestre en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Bravo lloraba, desesperada. “¿Qué vamos a hacer?”, preguntaba. “Se acabó el mundo para nosotros”. Una planta de tratamiento de aguas servidas, llamada Santa María, se instalaría junto a sus casas. 

A Martínez la conmovió. “Sentí que algo debía hacerse”. Rápidamente, compartió el audio en un chat vecinal con 8.000 miembros, creado una década antes cuando los residentes de la zona, cansados de la delincuencia, decidieron unirse. El grupo se había fortalecido durante la pandemia.  Martínez recuerda que ante la desolación de Bravo, todos reaccionaron. ¿Qué temían? El impacto. “Más mal olor del que ya soportaban cada día”, dice. 

La comunidad ya vivía con otra planta de tratamiento y, según Martínez, ya sufría diversos problemas derivados de su operación. La activista y otros vecinos se conformaron rápidamente bajo la organización Coordinadora Ambiental La Farfana para enfrentar la amenaza. “Fue un mes en la calle, un mes de panfletos. No hacía falta explicar nada porque aquí nadie soportaba más. Nos despertaban en la madrugada los olores, nos daban náuseas, los niños sufrían con dolores de estómago”, cuenta Martínez.

Malos olores: avances y retrocesos

Fue tanto el apoyo que la alerta consiguió entre ciudadanos que el proyecto fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental (COEVA) de la Región Metropolitana. El alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, se lo atribuyó a las organizaciones territoriales de La Farfana.  

La lucha de Martínez, hoy una de las activistas más destacadas en esta causa, apenas comenzaba. Ahora es un movimiento masivo que ha unido a comunidades afectadas como Til Til, Lampa, Colina y Quilicura.  “Una vez al año hay una emergencia de olores”, afirma Rodrigo Vallejos, líder de la organización Resistencia Socioambiental de Quilicura. Vallejos se unió a la causa de Martínez para fortalecer la coordinación regional y fundar juntos el Cordón Socioambiental, una organización que, según Martínez, “nació pidiéndonos auxilio unos a otros” y que hoy cuenta con el respaldo de parlamentarios en el Congreso. 

En Chile el mal olor ha dejado de ser solo una molestia para convertirse en un problema grave de salud pública y calidad de vida. En 2024 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley 19.300 sobre Bases Generales de Medio Ambiente que define como “contaminación odorífica aquella provocada por el hombre o por la naturaleza, de manera directa o indirecta, con determinados componentes que tengan como consecuencia la producción de efectos perjudiciales, o que provoquen molestias, daño o perturbación olfativa excesiva” y busca regularizarla.

El avance legislativo, hoy en el Senado chileno, toma como caso emblemático de la regulación del olor en Chile el conflicto de 2010 en Freirina, en la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama, donde los malos olores de la planta de cerdos de Agrosuper provocaron una crisis sanitaria. Conocido en Chile como el caso Freirina llevó a la comuna al caos después de que los olores productos de las fecas de cerdo provocaran emanaciones que causaron malestares físicos —como dolores de cabeza, malestar estomacal, problemas respiratorios—y también psicológicos en la comunidad, afectando especialmente a los niños. 

En 2012, residentes de Freirina salieron masivamente a las calles, exigiendo una solución a una crisis que no solo amenazaba su salud, sino su derecho a un ambiente sin contaminación, dando lugar a un movimiento que se convirtió en símbolo de resistencia. 

La diputada, dirigenta social y activista medioambiental Viviana Delgado, una de las principales impulsoras de este proyecto de ley junto al Cordón Socioambiental Norponiente, residente en Maipú, conoce el problema porque lo vive en su comuna. “En algunos sectores, en verano, hay días en que no puedes salir de tu casa”, explica. “Los malos olores te hacen sentir como un ciudadano de tercera clase”, agrega.  

Delgado sabe que experiencias como la de su comuna son parte de una realidad que se repite en múltiples localidades del país. Es un problema que hoy afecta a sus vecinos de Rungue y Montenegro, localidades de la comuna de Til Til, donde sus residentes sufren a diario los fuertes olores que provienen desde, entre otros, sus planteles de rellenos sanitarios. 

Mientras en otras regiones, en las comunas de Chillán, Chillán Viejo y Coihueco, los habitantes han denunciado reiteradamente el mal manejo de residuos industriales líquidos por parte de planteles agroindustriales y el uso de guano como fertilizante agrícola, lo que ha contaminado el aire con olores persistentes y desagradables. 

En la zona del Biobío, continúa, en las comunas de Lota y Coronel se han iniciado sumarios contra tres empresas pesqueras acusadas por la comunidad de emitir olores molestos. Mientras que en la costa central, poblados como Valparaíso y San Antonio, también enfrentan serios problemas de contaminación odorífera debido a industrias sanitarias que vierten aguas mal tratadas al mar. 

“Si eres una empresa, eres un vecino más y debes aprender a ser buen vecino. Eso es lo que pedimos con esta ley”, dice Delgado. 

Demostrar que los malos olores existen 

En Chile, según el Ministerio del Medio Ambiente, hay al menos una docena de actividades que genera malos olores: la crianza de animales, la producción de alimentos y productos lácteos, la fabricación de celulosa, el procesamiento de productos del mar, curtiembres, mataderos, refinerías de petróleo, y sitios de disposición de residuos, entre otros. Estas actividades, por su volumen, métodos operativos, cercanía a zonas residenciales o duración, provocan incomodidad en las comunidades cercanas. La contaminación por olor también depende de factores como el clima y los recursos naturales de cada región. 

La dirección del viento no sólo determina cómo se perciben los malos olores en las zonas habitadas, sino que también puede hacer que estos olores viajen grandes distancias, afectando a comunidades alejadas y variando en intensidad según las condiciones climáticas. Por esta razón, Vallejos dice que la normativa incluirá medidas para controlar las fuentes de emisión y también mecanismos que permitan a las comunidades afectadas presentar denuncias: “El olor se va transformando”, afirma. 

Esta dispersión impredecible refuerza, para Delgado, la necesidad de comprender mejor los contaminantes en el aire: “¿Qué nos asegura que lo que estamos respirando no está afectando nuestra salud?” Para responder a esta interrogante, Vallejos subraya la importancia de contar con normas de emisión y dispositivos que midan los olores, permitiendo identificar con precisión las sustancias asociadas a olores molestos según su concentración en el aire y evaluar su impacto en la salud de las personas y del medio ambiente.

Frente a este riesgo, Delgado destaca la urgencia de avanzar hacia un marco regulatorio más sólido que incluya medidas específicas, como priorizar las denuncias de comunidades en desarrollo, que, según ella, son “especialmente vulnerables a esta forma de contaminación”. Además, plantea la necesidad de un reglamento que establezca parámetros de emisión para cada sector productivo, defina claramente las sustancias responsables de los malos olores, determine los métodos adecuados para medirlos, y establezca sanciones para quienes incumplan la normativa. 

En la misma línea, Delgado subraya que contar con un reglamento no sólo fortalece las ordenanzas a nivel local, sino que también facilita la fiscalización. Con un reglamento en vigor, el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), un organismo consultivo que promueve la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas en Chile, podría exigir a los alcaldes que emitan ordenanzas basadas en la ley. “Esto proporciona a las comunidades una herramienta para ejercer su derecho a participar y defender sus propias causas ambientales”, dice la legisladora, reconociendo que las empresas responsables de la contaminación varían entre las distintas comunas. 

Mientras la ley está hoy en el Senado, Delgado trabaja junto a Vallejos, Martínez y otras autoridades y organizaciones en la “Mesa Técnica de Contaminación Odorífica”, desarrollando un protocolo de fiscalización para canalizar denuncias de forma expedita que ya tiene una primera versión, hoy en revisión. Vallejos resalta: “Ahora hay un mapa de cómo denunciar, algo que antes no existía”.  

Para todos este esfuerzo permitirá demostrar que los malos olores existen y que no son solo una cuestión de percepción. “Es un problema real que ahora se podrá medir”, dice Delgado. 

Para Martínez, la legislación no puede esperar más. Patricia Bravo, presidenta del pueblito La Farfana, le mandó un nuevo audio, diciéndole que se había presentado un nuevo proyecto de planta de aguas servidas en la comuna. “Le dije tranquila”, recuerda Martínez. “Estamos mejor que tres años atrás”.

(*) Este artículo fue producido con el apoyo de Agencia de Noticias InnContext.

Imagen de portada: Coordinadora Ambiental La Farfana.

La entrada Los malos olores movilizan a comunas chilenas se publicó primero en +COMUNIDAD.

Todos los 19 de octubre, las ciudades conmemoran el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, fecha establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La propuesta es generar conciencia y sensibilizar sobre la enfermedad, para que más personas accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. 

Siendo esta enfermedad una de las más comunes entre mujeres a nivel mundial, se busca visibilizar la importancia de la prevención y atención médica a tiempo. En este contexto, las ciudades pueden jugar un papel fundamental transformando sus espacios públicos en escenarios de concientización sobre este tipo de cáncer.

En esta publicación te acercamos diversas iniciativas de localidades que, en 2024, ponen a disposición sus espacios  para conmemorar el Octubre Rosa. Desde talleres de concientización en plazas hasta eventos artísticos, estas acciones buscan visibilizar y construir una comunidad bien informada. 

Octubre Rosa en ciudades argentinas

En la ciudad de Sampacho, provincia de Córdoba, organizan el Circuito de la Salud, donde del 7 al 18 de octubre se pueden solicitar turnos y realizar estudios médicos. También organizan la iniciativa Luces Rosas, que consta de la iluminación de todos los edificios públicos en el marco del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.

El municipio de Mina Clavero, también en la provincia de Córdoba, lleva adelante una importante campaña de concientización sobre el cáncer de mama durante el mes. Realizan charlas  a cargo de profesionales sobre la prevención y el diagnóstico temprano del cáncer de mama, en Centros de Atención Primaria y Especialidades.

En la localidad de Urdinarrain, en la provincia de Entre Ríos, también se iluminarán espacios públicos como instituciones y monumentos para dar visibilidad a la causa. De esta manera la ciudad crea un espacio para la reflexión y la fotografía, acompañado con información útil a través de las redes sociales del municipio. 

Más ciudades, más acciones

Mientras tanto en Santa Fe, el Centro de Salud Municipal Nuevo Horizonte ofrece diferentes propuestas para la prevención y concientización de la enfermedad. Desde jornadas de sensibilización y detección precoz, mamografías gratuitas y actividades de prevención y concientización durante todo el mes de octubre. 

En la localidad de Ceres, Santa Fe, las actividades se desarrollan en el Centro de Salud de Atención Primaria, Centro Integrador Comunitario y Centro de Participación Comunitaria. En la Municipalidad de Rivadavia, Buenos Aires, realizarán una charla sobre cáncer de mama en el Palacio Municipal y una caminata en el Vivero Municipal. 

Desde el Municipio de General Viamonte organizan una jornada que comprende una caminata por las salas de salud barriales, en donde habrá charlas y auto testeos. Además en cada parada compartirán historias de personas que han superado la enfermedad y también clases de baile para poner el cuerpo en movimiento.

Un objetivo: hacer parte a la comunidad

Estas son sólo algunas de las iniciativas que realizan ciudades argentinas en pos de transformar sus espacios públicos en lugares de encuentro, reflexión y acción para hacer partícipe a toda la comunidad. 

Al involucrar a vecinas y vecinos en la lucha contra el cáncer de mama, no sólo se crea conciencia, sino que también se construyen lazos que fortalecen el tejido social.

Cada charla, taller, caminata y jornada de concientización busca  convertirse en una oportunidad para educar y empoderar a la comunidad sobre diferentes realidades. Octubre Rosa es más que una campaña. Es un llamado a la acción colectiva, que busca transformar los  espacios públicos en escenarios de aprendizaje para la ciudadanía. Así, cada plaza y cada calle se puede convertir en un punto de educación y reflexión. 

¿Tenés una historia para contar? ¡En +COMUNIDAD nos gustaría conocerla!

Imagen ilustrativa de portada: unsplash.

La entrada Octubre Rosa: el espacio público como escenario para la toma de conciencia se publicó primero en +COMUNIDAD.