Por Ashoka Cono Sur

En Misiones, Tiago Rodriguez (19) dirige una startup que desarrolla inteligencia artificial para estudiantes con discapacidad. En Córdoba, Uriel Barzola (21) combina la apicultura con el activismo ambiental y los saberes del pueblo originario al que pertenece para montar un proyecto productivo en el lugar donde nació y eligió quedarse. 

Ambos representan una forma de entender el trabajo que no separa la vocación del impacto, ni el proyecto personal del laboral y las acciones colectivas. Los dos forman parte de la generación 2026 de Tribu, la red de jóvenes agentes de cambio impulsada por Ashoka Cono Sur, que este año lanza Tribu Usina de Impacto, una instancia de cruce entre juventudes, trabajo y emprendimiento social. 

Tiago partió de un compromiso personal y familiar por generar soluciones a personas con TDAH y TEA, que lo llevó desde más chico a involucrarse con campañas de concientización sobre discapacidad. Las ganas y la curiosidad lo llevaron a crear juguetes accesibles impresos en 3D con plástico reciclado. “Acelerados”, su proyecto actual, recupera los aprendizajes de ese camino y lo potencia. Es una plataforma de inteligencia artificial que adapta contenido educativo para estudiantes con trastornos de atención o del espectro autista. 

Transformarlo en un medio de vida implica desafíos: “¿Cómo monetizar sin cobrarle a estudiantes ni a docentes?”, se preguntó. Por eso, indaga en propuestas público-privadas de financiamiento y en toda oportunidad de crecer. Es que para Tiago, el éxito se encuentra en dos dimensiones: una de métricas, que se da por llegar a más escuelas y usuarios con su desarrollo, y otra personal, que tiene que ver con acompañar a las familias.

Uriel también encontró la semilla de la transformación social hace años, movilizado por el activismo ambiental. Perteneciente a la comunidad originaria sanavirona Kasik Sacat, Uriel fundó Tracelife (“rastro de vida”), para divulgar material científico sobre las aves playeras migratorias del Parque Nacional Ansenuza, un proyecto que sumó limpiezas de costa y talleres en escuelas, ganó un premio y llegó hasta la legislatura de Córdoba. 

En la actualidad, es voluntario en la Fundación Líderes de Ansenuza, donde se ocupa de la logística de talleres ambientales en La Shinconá, trabaja como apicultor en su propio emprendimiento en clave sociambiental y estudia Administración de Empresas. “Como ambientalista, quiero despertar el interés de las comunidades sobre el valor del ecosistema local. Como emprendedor, quiero lograr un proyecto escalable que genere empleo en mi zona”, recalca. Una vez que termine su formación, quiere regresar a Villa Rosario del Saladillo y visibilizar el proceso de producción de miel y la vida en ese rincón de Córdoba. 

Que cambiar el mundo y trabajar no sea solo un sueño

Ser un agente de transformación social y necesitar, como cualquier persona, un ingreso económico para sostenerse, puede entrar en tensión. Para abordarlo, Ashoka impulsa desde hace seis años en Argentina la iniciativa Tribu, una red de jóvenes agentes de cambio que cada año explora distintas temáticas vinculadas a la participación y la transformación social. 

En 2026, la propuesta presenta una nueva edición llamada Tribu Usina de Impacto, enfocada en el vínculo entre juventudes, trabajo y emprendimiento social. Además, gracias al acompañamiento de Citi Foundation obtenido en 2025, el programa se expande por primera vez a Uruguay y Paraguay. 

La propuesta convoca a jóvenes que quieran profundizar su camino como emprendedores sociales, para formarlos en habilidades de liderazgo e iniciativa emprendedora. Les pone en contacto con referentes del sector privado, público y social, y busca cocrear con ellos y ellas materiales audiovisuales y educativos para acompañar el recorrido por el mundo laboral. 

“Las juventudes están atravesadas por una gran incertidumbre respecto del futuro laboral, pero también por una necesidad muy fuerte de encontrar sentido en lo que hacen. Desde Ashoka creemos que no alcanza con pensar el trabajo únicamente como una salida económica o profesional. Las nuevas generaciones buscan espacios donde puedan desarrollarse, aportar a sus comunidades y tener un impacto positivo en los desafíos sociales y ambientales que atraviesan sus territorios”, definió Layla Calomiti, coordinadora de Niñez y Juventud de la organización. 

Según detalló, ya desde los primeros encuentros de Tribu Impact Lab las y los jóvenes se mostraron “muy conscientes del contexto que habitan, con una enorme sensibilidad frente a temas como la salud mental, la desigualdad, la educación, el acceso a oportunidades, la crisis ambiental o la desconexión comunitaria”. Esas ganas generan acción porque se involucran para “imaginar respuestas nuevas frente a problemas complejos”, recalcó Calomiti. 

Emprender desde el territorio y trabajo con propósito 

Lo que Tiago y Uriel ya aprendieron en Tribu es que no están solos. “Ashoka nos da una visión externa de nuestros proyectos y nos ayuda a superar obstáculos”, consideró Uriel. Tiago valora sobre todo el contacto con jóvenes de otros lugares que también piensan el trabajo desde el impacto social. Y para quienes tienen inquietudes pero todavía no se animan a convertirlas en inquietudes de su vida cotidiana, les propuso: “Sean curiosos, estén presentes y molesten. Apuesten todo por las ideas que sienten que tienen potencial”. 

En un momento en que el mundo del trabajo se transforma a una velocidad que desorienta, las juventudes aportan herramientas, ideas creativas, habilidad para la innovación y liderazgo. Hay algo que ambos jóvenes tienen en claro: el cambio puede ser algo más que una actividad paralela a la vida productiva; puede ser en sí mismo un proyecto de vida.

Este artículo se publica en el marco de un acuerdo de colaboración entre Ashoka Cono Sur y +COMUNIDAD | RIL. En esta ocasión, ocurre en el contexto de la publicación y difusión del Boletín Ideas & Inspiración. La edición de mayo 2026 está dedicada a iniciativas locales de desarrollo económico en América Latina.

^{Imágenes: Ashoka Cono Sur.} 

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Esa situación derivó en un circuito informal de fiestas clandestinas en espacios sin habilitación, falsificación de identidades para ingresar a locales bailables de adultos (boliches, en el habla argentina), traslados de alta peligrosidad hacia localidades vecinas en transportes no autorizados y la celebración sin marco regulado de eventos masivos de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), una tradición que reúne a estudiantes del último año del secundario en la noche previa al inicio del ciclo lectivo.

Como la segunda ciudad de Córdoba, con más de 180.000 habitantes, Río Cuarto alberga más de 40 escuelas secundarias y 16 instituciones de nivel superior. Ese entramado atrae cada año a miles de estudiantes del país. Los adolescentes residentes conviven así con ingresantes universitarios de 17 años que viven de forma independiente y participan activamente en la vida social. 

Las respuestas previas, centradas en la clausura y la sanción punitiva a los organizadores, no tuvieron continuidad ni resolvieron las dinámicas reales del consumo cultural juvenil.

Frente a este diagnóstico, el municipio implementó el  Programa Más 16, una política pública integral que transforma la nocturnidad mediante un esquema de cogestión y corresponsabilidad entre el Estado, las familias y el sector empresarial. A través de una plataforma digital que valida identidades y otorga trazabilidad en tiempo real a los tutores, la iniciativa sustituye la restricción punitiva por una regulación inteligente. El modelo estructuró una alternativa formal que garantiza entornos protegidos y consolida el derecho a una noche segura.

Más 16: de la restricción legal al acuerdo institucional

La evolución regulatoria local ayuda a comprender las raíces del problema estructural. Hasta el año 2008, las ordenanzas municipales habilitaban el ingreso de adolescentes desde los 16 años a locales nocturnos con pistas de baile. Sin embargo, un cambio de paradigma normativo elevó la edad mínima a los 18 años, y esto desplazó a una franja de jóvenes a una zona gris de exclusión legal que persistió durante más de una década. 

Si bien la sanción del Código de Espectáculos Públicos en 2014, mediante la Ordenanza 604/14 unificó criterios de control, no ofreció alternativas viables para este grupo demográfico, lo que profundizó el mercado de fiestas clandestinas y la preocupación de las familias.

La superación de este estancamiento normativo requirió una decisión política orientada a reemplazar el control puramente punitivo por un esquema de prevención inteligente. Al inicio de la gestión actual, recorridas territoriales por establecimientos educativos consolidaron el reclamo juvenil por un entorno de esparcimiento seguro, lo que impulsó la sanción de la Ordenanza 100/24. El nuevo marco regulatorio modernizó los trámites, agilizó las gestiones comerciales y aumentó las sanciones  a los organizadores de eventos clandestinos. 

Para evitar un abordaje fragmentado, la administración centralizó y coordinó el trabajo de ocho dependencias municipales. La Subsecretaría de Juventud y Derechos Humanos y la Dirección de Espectáculos Públicos asumen la conducción directa del sistema. 

La Fiscalía Municipal, el Concejo Deliberante, la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia operan como órganos asesores. La Guardia Local Preventiva, la Subsecretaría de Innovación, el Área de Adicciones y la Subsecretaría de Tránsito ejecutan el despliegue operativo en el territorio. La articulación transversal es, según describe el propio equipo municipal, una de las claves del programa: ningún área aislada hubiera podido sostener una respuesta de esta envergadura.

Arquitectura técnica y ecosistema digital de validación

La plataforma Más 16 funciona como un ecosistema digital de validación centrado en la interoperabilidad y la seguridad de los datos. Mediante un convenio con la Provincia de Córdoba, el municipio integró su sistema con Ciudadano Digital Nivel 2 (CiDi), la plataforma provincial que verifica identidades con datos biométricos. Esta integración técnica elimina la discrecionalidad en el ingreso a los locales y aporta trazabilidad al control.

El circuito operativo se organiza en cinco pasos:

• Acceso directo y validación del tutor: la persona adulta responsable ingresa al enlace del sistema Más 16 desde la página de Gobierno de Río Cuarto utilizando directamente sus credenciales de Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2, sin necesidad de un registro secundario. El sistema redirige automáticamente al portal provincial para validar la identidad mediante datos biométricos y luego devuelve al usuario a la plataforma propia de Más 16, garantizando un marco legal seguro. 
• Declaración jurada y vinculación de parentesco: una vez dentro de la plataforma, el o la responsable debe confeccionar una declaración jurada digital donde registra los datos del menor y refrenda su rol específico de padre, madre o tutor. Este proceso activa el permiso vigente, que es auditado de manera permanente por un equipo municipal de revisión que verifica la validez de los datos filiatorios y de contacto mediante cruces de documentación, lo que permite detectar anomalías —como cargas realizadas por hermanos mayores— y comunicarse directamente con las familias. 
• Verificación digital por DNI de control: al llegar al local nocturno, el personal de admisión utiliza una aplicación móvil integrada en el sistema municipal Más 16 —cuyo funcionamiento digital asimila la dinámica de plataformas de seguridad urbana como “Tribuna Segura”— donde cargan directamente el número de documento de el o la menor para verificar de inmediato en pantalla si la validación parental se encuentra activa.
• Validación comercial: el personal de admisión del local utiliza un módulo informático especial para escanear y habilitar el ingreso.
• Notificación en tiempo real: el tutor recibe un correo automático inmediato con datos del horario, local, puerta y personal interviniente.
• Gestión de altas y bajas: el responsable puede activar o revocar la autorización del menor de manera ágil desde su perfil de usuario.

Implementación territorial y métricas de control urbano

La viabilidad del programa se consolidó mediante un proceso de gobernanza colaborativa antes de su despliegue permanente. En diciembre de 2024, el municipio ejecutó una prueba piloto orientada a evaluar la estabilidad de la infraestructura informática frente a picos simultáneos de tráfico. 

La evaluación se realizó durante los festejos del Último Día de Quinto (UDQ), y movilizó a más de 1400 estudiantes de 42 establecimientos secundarios y 47 cursos diferentes en cuatro locales nocturnos habilitados. El testeo permitió calibrar los tiempos de respuesta del software y coordinar los operativos de prevención urbana junto a la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Modernización.

El despliegue facilitó la reconversión de celebraciones tradicionales de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), que históricamente acontecían en inmuebles suburbanos informales sin medidas de protección elemental. Bajo el nuevo código, se permitió que los boliches funcionen como salones privados co-organizados por las familias. En febrero de 2026, más de 1.200 jóvenes celebraron el UPD bajo este formato. El circuito nocturno formalizado registra hoy una afluencia promedio de 1.200 jóvenes por fin de semana.

El monitoreo constante a través del Servicio Único de Atención al Vecino (SUAV) contribuye a sostener la confianza del entramado social. Finalmente, la baja tasa de penalizaciones por conductas inadecuadas o infracciones vinculadas al alcohol refleja un cambio cultural positivo dentro de los entornos comerciales regulados. Los indicadores de gestión recopilados hasta marzo de 2026 evidencian el nivel de adopción social del ecosistema digital en Río Cuarto:

Aprendizajes fundamentales de la experiencia local

La implementación del programa genera múltiples lecciones institucionales para los gobiernos municipales abocados al diseño de políticas de desarrollo territorial y convivencia ciudadana. El primer aprendizaje que destaca el equipo de Juventud Municipal de Río Cuarto, coordinado por Mariano Lucena Vidoret, es que “la innovación tecnológica debe estar precedida por una innovación en la gobernanza. La creación de una plataforma digital por sí sola no resuelve un conflicto social si no existe un consenso previo entre los actores involucrados”. 

“En Río Cuarto aprendimos que para que una política de este tipo sea sostenible, el Estado debe dejar de ser un actor meramente punitivo para convertirse en un facilitador de entornos seguros”, profundiza. 

Un segundo elemento clave radica en la articulación de la corresponsabilidad familiar como motor de la política pública. Al integrar la validación biométrica obligatoria del tutor, la administración local logró que las familias dejen de ser demandantes externas de seguridad y se asuman como administradoras activas del cuidado de los adolescentes.

Asimismo, la experiencia evidencia la importancia de construir una gobernanza colaborativa que integre al sector privado comercial en el diseño normativo. Por último, el uso de infraestructura tecnológica preexistente, como los convenios de interoperabilidad con plataformas provinciales de identidad digital, disminuye los costos presupuestarios y acelera la puesta en marcha de las soluciones locales.

La iniciativa ya tuvo una primera réplica formal en la vecina localidad de Santa Catalina-Holmberg, además de recibir consultas de otros municipios. 

Un reconocimiento entre ciudades argentinas

El Premio a la Innovación Local 2026 de RIL Argentina, entregado el 13 de mayo en el Teatro El Círculo de Rosario durante la Noche de Intendentes, distinguió a Más 16 entre casi 70 postulaciones recibidas en una convocatoria abierta a todos los municipios del país. 

Las bases del concurso establecieron que las políticas deben contar con los siguientes componentes: innovación (el grado de cambio que introduce la solución respecto de las respuestas tradicionales al problema), inteligencia colectiva (la participación de actores diversos en el diagnóstico y la respuesta), implementación (el nivel de avance efectivo de la política), impacto (los cambios observables generados en la comunidad) y sostenibilidad (la capacidad de permanencia en el tiempo). 

A la vez, fueron considerados programas, proyectos y soluciones que se encuentren actualmente en implementación y generen cambios observables en la comunidad.  Deben ser desarrolladas e implementadas por el gobierno local, en colaboración con la comunidad, sociedad civil y/o sector privado.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por miembros de la Red de Innovación Local y especialistas en gestión pública local.

En el caso de Río Cuarto, se valoró la reforma sistémica y participativa del Código de Espectáculos Públicos, el desarrollo de una plataforma digital propia que vincula la identidad de los menores con la autorización parental en tiempo real, y la formalización del ocio nocturno adolescente mediante articulación público-privada. La iniciativa se postula así como una solución transferible para otras ciudades que buscan reducir los riesgos de la nocturnidad informal a través de la gobernanza digital.

^{Redacción +COMUNIDAD}

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El Mes de la Conciencia Negra, celebrado en noviembre en Brasil, se consolidó como un espacio de reflexión sobre desigualdades arraigadas y sobre las respuestas que gobiernos, instituciones y comunidades construyen para enfrentarlas. Esa agenda, lejos de ser exclusiva del país, conecta con desafíos comunes en ciudades de toda América Latina: brechas persistentes en salud, educación, vivienda, trato institucional y acceso a oportunidades que afectan de manera desproporcionada a la población afrodescendiente.

En un contexto donde los municipios están cada vez más cerca de los problemas cotidianos, las ciudades brasileñas vienen mostrando rutas posibles para abordar el racismo desde la gestión local. Dos experiencias —Vitória y Salvador— permiten observar distintos caminos para fortalecer la participación social, revisar prácticas internas, institucionalizar políticas públicas y generar impacto sostenido.

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Vitória: participación territorial, memoria activa y una política sostenida de igualdad racial

La capital del estado de Espíritu Santo desarrolló, a lo largo de más de dos décadas, una estructura institucional que combina participación ciudadana, acciones educativas y políticas territoriales para abordar desigualdades históricas que afectaron especialmente a la población negra. 

Desde fines de los años noventa, la ciudad cuenta con el Conselho Municipal do Negro (Conegro), un espacio de representación social y estatal que orienta prioridades, propone políticas públicas y monitorea su ejecución. Esa construcción institucional se complementa con el Museu do Negro, administrado por la Prefeitura y activo en la preservación de la memoria, talleres educativos y círculos de conversación comunitaria.

El secretario de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, resume a RIL y +COMUNIDAD de forma clara el sentido de esta estructura: “La propuesta del Consejo Municipal del Negro es dar destaque y priorizar, a partir de la participación, políticas determinadas por el propio grupo como prioritarias para la ciudad. Y el Museo del Negro cumple un rol central al mantener viva la cultura en un espacio abierto a la comunidad”.

La conformación del Consejo se apoyó en un modelo territorial de nueve regionales, que genera un contacto frecuente con liderazgos locales. Todos los jueves, la Secretaría se reúne con una de las regiones para escuchar demandas, articular propuestas y reforzar la participación comunitaria. 

Según Forrechi, esa dinámica fue clave para asegurar representatividad y fortalecer la vinculación con asociaciones vecinales que históricamente enfrentaron desigualdades. “Tenemos una relación muy próxima con las comunidades. Ese diálogo semanal facilita la movilización y permite que las asociaciones difundan la importancia del Consejo”, explica.

Participación sostenida y expansión territorial

Uno de los principales desafíos iniciales fue garantizar la participación voluntaria de la sociedad civil en un órgano no remunerado. Para sostener la calidad técnica y asegurar continuidad, la Municipalidad designó a una servidora especializada en derecho para acompañar las actividades del Consejo. “Involucrar a la sociedad civil siempre es más difícil, porque exige compromiso. Por eso precisamos un equipo capacitado que diera soporte técnico y jurídico. Ese apoyo amplió la capacidad ejecutiva del Consejo”, señala el secretario.

La agenda de igualdad racial se integra además con políticas de juventud y revitalización urbana. Durante el Mes de la Conciencia Negra, Vitória impulsa decenas de actividades culturales, educativas y deportivas en las Casas de la Juventud, muchas ubicadas en territorios que vivieron procesos de exclusión prolongada, como Grande São Pedro. 

Allí, la transformación urbana y los nuevos equipamientos públicos consolidaron espacios de participación de jóvenes negros en políticas culturales y formativas. Entre las acciones más emblemáticas destaca la Corrida Zumbi dos Palmares, realizada desde hace 14 años, que conecta la Casa do Cidadão con el Museo del Negro. “Es una forma de llamar la atención de la población y fortalecer la memoria. La carrera se volvió un encuentro cultural con música, gastronomía y artesanía vinculadas al Consejo”, afirma Forrechi.

El secretario sostiene que la continuidad de estas políticas depende de una premisa básica: que las propuestas del Consejo se traduzcan en acciones concretas. “Cualquier Consejo es más efectivo si las propuestas que presenta son ejecutadas. Si se reúnen, proponen, y nada ocurre, eso desmotiva y vacía el espacio”, reflexiona. Para evitar ese riesgo, la Secretaría elaboró un plan estratégico que permite transformar ideas en proyectos ejecutables y con potencial de financiamiento, lo que reforzó la confianza de las comunidades en el proceso.

Educación, políticas públicas y aprendizajes para la región

La ciudad también vincula esta agenda con la expansión de las escuelas de tiempo integral, que pasaron de cuatro en 2021 a más de cuarenta actualmente. Para Forrechi, esa política educativa es parte de una estrategia más amplia de reducción de desigualdades y prevención de violencias. “Ofrecer educación a toda la población disminuye las posibilidades de que niñas y niños queden en situaciones de riesgo. Espacio público ocupado, políticas bien establecidas y educación accesible: esa combinación es una de las mejores formas de mejorar la calidad de vida”.

Vitória identifica varias oportunidades de aprendizaje para otras ciudades de la región: institucionalizar espacios de participación, fortalecer la presencia territorial del Estado, garantizar soporte técnico permanente y sostener rutinas de diálogo capaces de transformar demandas sociales en políticas reales. Como experiencia replicable, Forrechi menciona el programa Cidadania Fundamental, que invita a estudiantes de noveno año a pasar un día en la Secretaría para conocer cómo se diseñan políticas públicas, incluido el trabajo del Conegro. “Llevar esta temática a las escuelas, o traer a las escuelas a estos espacios, multiplica el impacto a corto, mediano y largo plazo”, destaca.

Salvador: una política pionera para transformar la administración y combatir el racismo institucional

Salvador (Bahía) es una de las ciudades brasileñas que más tempranamente reconoció que las desigualdades enfrentadas por la población negra no podían explicarse solo por prejuicios individuales. La administración municipal identificó que, en muchos servicios, existían prácticas, criterios y rotinas que producían resultados desiguales sin una intención explícita de discriminar. 

Esa constatación dio origen en 2005 a una política sistémica: el Programa Municipal de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), liderada por la Secretaría Municipal de Reparación (Semur), hoy a cargo de la abogada y activista Isaura Genoveva. “Identificamos que el racismo no era solo un problema de actitudes individuales, sino un patrón estructurado de prácticas y omisiones que producía desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios”, explicó Genoveva a +COMUNIDAD. 

El diagnóstico coincide con la definición oficial adoptada por la PCRI: fallas y sesgos en las prácticas institucionales que generan desventajas raciales, incluso sin intención explícita. Para la secretaria, reconocer ese funcionamiento interno fue decisivo para orientar la respuesta: “Era necesario institucionalizar procesos que permitieran detectar, prevenir y corregir desigualdades”.

A partir de ahí, Salvador optó por una política que transformara la administración desde adentro. Genoveva detalló que uno de los primeros pasos fue la formación continuada de servidores, centrada en racismo institucional, sesgos inconscientes y prácticas antirracistas. “Ese letramento racial creó una base común y estimuló la revisión crítica de las rutinas administrativas”, señaló. Paralelamente, se crearon los Núcleos Internos del PCRI en cada secretaría, equipos responsables de adaptar las directrices generales a la realidad de cada área. “Los núcleos garantizan capilaridad y hacen que la política no dependa solo de campañas o de una gestión puntual”, añadió.

Cambios institucionales y efectos en los servicios públicos

La secretaria municipal de Reparación también destacó la implementación de protocolos y orientaciones técnicas para áreas sensibles, como la salud, históricamente atravesada por desigualdades raciales. La incorporación de datos desagregados por raza/color fue otra pieza clave: “Permiten monitorear desigualdades y orientar decisiones con base en evidencias”, explicó. Según Genoveva, esta etapa se complementó con cartillas educativas, seminarios y materiales de apoyo que ayudaron a construir conciencia institucional y compromiso entre los equipos técnicos.

Los impactos, afirma, son cada vez más visibles. “Se percibe una administración con mayor capacidad para reconocer problemas y evitar daños”, sostuvo. En servicios esenciales, como salud y asistencia social, los servidores cuentan con más herramientas para identificar situaciones discriminatórias y actuar de forma preventiva. También hay mejoras en la relación entre el gobierno y las comunidades negras, fortalecida por iniciativas como Novembro Negro y Salvador Capital Afro, que consolidaron un compromiso público sostenido con la equidad racial.

Genoveva subraya que la política se sostiene por la acción conjunta de múltiples actores. La Semur ejerce la coordinación conceptual, pero los Núcleos Internos son responsables de llevar la política al día a día. Movimientos sociales, organizaciones negras, universidades y centros de investigación participan en diagnósticos, formaciones y evaluaciones. La secretaria también mencionó el aporte de organismos internacionales en distintas fases de implementación.

Una política estable contra el racismo institucional, aprendizajes y proyección regional

Consultada sobre los factores que explican la continuidad de la PCRI, Genoveva enumeró tres pilares: “La institucionalización dentro de la estructura administrativa; la formación continuada, que crea memoria institucional; y la presencia constante de la pauta racial en agendas estratégicas de la ciudad”. Ese conjunto, afirma, permitió que la política se mantenga activa y adaptable, incluso en contextos de cambio de gestión.

Para otras ciudades latinoamericanas que buscan enfrentar desigualdades raciales, la experiencia de Salvador deja un conjunto de aprendizajes. Genoveva enfatiza la importancia de comenzar con un diagnóstico profundo de los propios procesos internos: “Es indispensable entender dónde y cómo el racismo opera en la administración”. También considera clave crear estructuras permanentes —como los núcleos internos— capaces de sostener la política a largo plazo; invertir en formación continua; y desarrollar sistemas de datos con recorte racial para orientar la toma de decisiones. La participación de movimientos sociales y de la academia, afirma, fortalece la legitimidad y mantiene la política conectada con las demandas reales de la población negra.

La PCRI sigue plenamente activa. La Semur continúa promoviendo formaciones, encuentros y acciones intersectoriales, mientras que los Núcleos Internos trabajan de forma descentralizada en las distintas secretarías. Profesionales de salud, educación, gestión y asistencia social participan regularmente en actividades vinculadas a la política. Documentos, cartillas y registros fotográficos pueden consultarse en los informes oficiales de la Prefeitura y en las publicaciones de la Semur, que reúnen materiales de las formaciones, seminarios y acciones desarrolladas en los últimos años.

Para Genoveva, el desafío central sigue siendo sostener la transformación estructural iniciada por la PCRI: “Es una política que exige continuidad, revisión permanente y compromiso de toda la administración”. Salvador, sostiene, avanza hacia un modelo en el que la lucha contra el racismo institucional no es un proyecto puntual, sino un principio de gestión. Una experiencia que, por su capacidad de transformar procesos internos y construir cambios culturales sostenidos, hoy se observa como referencia para ciudades de toda América Latina.

^{Imagen principal: Prefeitura de Vitória.}
Redacción +COMUNIDAD

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Em um contexto em que os municípios estão cada vez mais próximos dos problemas cotidianos, as cidades brasileiras têm mostrado caminhos possíveis para abordar o racismo a partir da gestão local. Duas experiências — Vitória e Salvador — permitem observar distintas estratégias para fortalecer a participação social, revisar práticas internas, institucionalizar políticas públicas e gerar impacto sustentável.

Pode ler este artigo em espanhol aqui:

Vitória: participação territorial, memória ativa e uma política contínua de igualdade racial

A capital do estado do Espírito Santo desenvolveu, ao longo de mais de duas décadas, uma estrutura institucional que combina participação cidadã, ações educativas e políticas territoriais para enfrentar desigualdades históricas que afetaram especialmente a população negra.

Desde o fim dos anos 1990, a cidade conta com o Conselho Municipal do Negro (Conegro), um espaço de representação social e estatal que orienta prioridades, propõe políticas públicas e monitora sua execução. Essa construção institucional é complementada pelo Museu do Negro, administrado pela Prefeitura e ativo na preservação da memória, em oficinas educativas e rodas de conversa comunitária.

O secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, resumiu para RIL e +COMUNIDAD o sentido dessa estrutura: “A proposta do Conselho Municipal do Negro é dar destaque e priorizar, a partir da participação, políticas definidas pelo próprio grupo como prioritárias para a cidade. E o Museu do Negro cumpre um papel central ao manter viva a cultura em um espaço aberto à comunidade”.

A conformação do Conselho se apoiou em um modelo territorial de nove regionais, que gera contato frequente com lideranças locais. Todas as quintas-feiras, a Secretaria se reúne com uma das regiões para ouvir demandas, articular propostas e reforçar a participação comunitária.

Segundo Forrechi, essa dinâmica foi fundamental para garantir representatividade e fortalecer a vinculação com associações de moradores que historicamente enfrentaram desigualdades. “Temos uma relação muito próxima com as comunidades. Esse diálogo semanal facilita a mobilização e permite que as associações divulguem a importância do Conselho”, explica.

Participação contínua e expansão territorial

Um dos principais desafios iniciais foi garantir a participação voluntária da sociedade civil em um órgão não remunerado. Para sustentar a qualidade técnica e assegurar continuidade, a Prefeitura designou uma servidora especializada em direito para acompanhar as atividades do Conselho. “Envolver a sociedade civil é sempre mais difícil, porque exige compromisso. Por isso precisávamos de uma equipe capacitada que desse suporte técnico e jurídico. Esse apoio ampliou a capacidade executiva do Conselho”, afirma o secretário.

A agenda de igualdade racial também se integra com políticas de juventude e revitalização urbana. Durante o Mês da Consciência Negra, Vitória promove dezenas de atividades culturais, educativas e esportivas nas Casas da Juventude, muitas localizadas em territórios que viveram longos processos de exclusão, como Grande São Pedro.

Ali, a transformação urbana e os novos equipamentos públicos consolidaram espaços de participação de jovens negros em políticas culturais e formativas. Entre as ações mais emblemáticas, destaca-se a Corrida Zumbi dos Palmares, realizada há 14 anos, que conecta a Casa do Cidadão ao Museu do Negro. “É uma forma de chamar a atenção da população e fortalecer a memória. A corrida se tornou um encontro cultural com música, gastronomia e artesanato vinculados ao Conselho”, afirma Forrechi.

O secretário sustenta que a continuidade dessas políticas depende de uma premissa básica: que as propostas do Conselho se traduzam em ações concretas. “Qualquer Conselho é mais efetivo quando as propostas apresentadas são executadas. Se as pessoas se reúnem, propõem, e nada acontece, isso desmotiva e esvazia o espaço”, avalia. Para evitar esse risco, a Secretaria elaborou um plano estratégico que permite transformar ideias em projetos executáveis e com potencial de financiamento, fortalecendo a confiança das comunidades no processo.

Educação, políticas públicas e aprendizagens para a região

A cidade também relaciona essa agenda com a expansão das escolas de tempo integral, que passaram de quatro em 2021 para mais de quarenta atualmente. Para Forrechi, essa política educacional integra uma estratégia ampla de redução de desigualdades e prevenção de violências. “Oferecer educação para toda a população diminui as possibilidades de que crianças e adolescentes fiquem em situações de risco. Espaço público ocupado, políticas bem estabelecidas e educação acessível: essa combinação é uma das melhores formas de melhorar a qualidade de vida”.

Vitória identifica várias oportunidades de aprendizagem para outras cidades da região: institucionalizar espaços de participação, fortalecer a presença territorial do Estado, garantir suporte técnico permanente e sustentar rotinas de diálogo capazes de transformar demandas sociais em políticas reais. Como experiência replicável, Forrechi menciona o programa Cidadania Fundamental, que convida estudantes do nono ano a passar um dia na Secretaria para conhecer como se desenham políticas públicas, incluindo o trabalho do Conegro. “Levar essa temática às escolas — ou trazer as escolas a esses espaços — multiplica o impacto no curto, médio e longo prazo”, destaca.

Salvador: uma política pioneira para transformar a administração e combater o racismo

Salvador é uma das cidades brasileiras que mais cedo reconheceu que as desigualdades enfrentadas pela população negra não podiam ser explicadas apenas por preconceitos individuais. A administração municipal identificou que, em muitos serviços, existiam práticas, critérios e rotinas que produziam resultados desiguais sem intenção explícita de discriminar.

Esse diagnóstico deu origem, em 2005, a uma política sistêmica: o Programa Municipal de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), liderado pela Secretaria Municipal de Reparação (Semur), hoje comandada pela advogada e ativista Isaura Genoveva. “Identificamos que o racismo não era apenas um problema de atitudes individuais, mas um padrão estruturado de práticas e omissões que gerava desigualdades no acesso e na qualidade dos serviços”, explicou Genoveva a +COMUNIDAD.

O diagnóstico coincide com a definição oficial adotada pelo PCRI: falhas e vieses nas práticas institucionais que produzem desvantagens raciais, mesmo sem intenção explícita. Para a secretária, reconhecer esse funcionamento interno foi decisivo para orientar a resposta: “Era necessário institucionalizar processos que permitissem detectar, prevenir e corrigir desigualdades”.

A partir dali, Salvador optou por uma política que transformasse a administração desde dentro. Genoveva detalhou que um dos primeiros passos foi a formação continuada de servidores, centrada em racismo institucional, vieses inconscientes e práticas antirracistas. “Esse letramento racial criou uma base comum e estimulou a revisão crítica das rotinas administrativas”, afirmou. Paralelamente, foram criados os Núcleos Internos do PCRI em cada secretaria, equipes responsáveis por adaptar as diretrizes gerais à realidade de cada área. “Os núcleos garantem capilaridade e fazem com que a política não dependa apenas de campanhas ou de uma gestão pontual”, acrescentou.

Mudanças institucionais e efeitos nos serviços públicos

A secretária também destacou a implementação de protocolos e orientações técnicas para áreas sensíveis, como a saúde, historicamente atravessada por desigualdades raciais. A incorporação de dados desagregados por raça/cor foi outro elemento central. “Eles permitem monitorar desigualdades e orientar decisões baseadas em evidências”, explicou. Segundo Genoveva, essa etapa foi complementada por cartilhas educativas, seminários e materiais de apoio que ajudaram a construir consciência institucional e compromisso entre as equipes técnicas.

Os impactos, afirma, são cada vez mais visíveis. “Percebe-se uma administração com maior capacidade para reconhecer problemas e evitar danos”, avaliou. Em serviços essenciais, como saúde e assistência social, os servidores dispõem de mais ferramentas para identificar situações discriminatórias e agir de forma preventiva. Também houve avanços na relação entre o governo e as comunidades negras, fortalecida por iniciativas como o Novembro Negro e o Salvador Capital Afro, que consolidaram um compromisso público permanente com a equidade racial.

Genoveva ressalta que a política se sustenta pela ação conjunta de múltiplos atores. A Semur exerce a coordenação conceitual, mas os Núcleos Internos são responsáveis por levar a política ao cotidiano das secretarias. Movimentos sociais, organizações negras, universidades e centros de pesquisa participam de diagnósticos, formações e avaliações. A secretária também mencionou o apoio de organismos internacionais em distintas fases de implementação.

Uma política estável contra o racismo, aprendizados e projeção regional

Ao ser questionada sobre os fatores que explicam a continuidade do PCRI, Genoveva enumerou três pilares: “A institucionalização dentro da estrutura administrativa; a formação continuada, que cria memória institucional; e a presença constante da pauta racial nas agendas estratégicas da cidade”. Esse conjunto, afirma, permitiu que a política permanecesse ativa e adaptável, mesmo em contextos de mudança de gestão.

Para outras cidades latino-americanas que buscam enfrentar desigualdades raciais, a experiência de Salvador oferece um conjunto de aprendizados. Genoveva enfatiza a importância de começar com um diagnóstico profundo dos próprios processos internos: “É indispensável entender onde e como o racismo opera na administração”. Também considera fundamental criar estruturas permanentes — como os núcleos internos — capazes de sustentar a política a longo prazo; investir em formação contínua; e desenvolver sistemas de dados com recorte racial para orientar a tomada de decisões. A participação de movimentos sociais e da academia, afirma, fortalece a legitimidade e mantém a política conectada às demandas reais da população negra.

O PCRI segue plenamente ativo. A Semur continua promovendo formações, encontros e ações intersetoriais, enquanto os Núcleos Internos trabalham de forma descentralizada nas diversas secretarias. Profissionais de saúde, educação, gestão e assistência social participam regularmente de atividades vinculadas à política. Documentos, cartilhas e registros fotográficos podem ser consultados nos relatórios oficiais da Prefeitura e nas publicações da Semur. Reúnem materiais das formações, seminários e ações desenvolvidas nos últimos anos.

Para Genoveva, o desafio central segue sendo sustentar a transformação estrutural iniciada pelo PCRI: “É uma política que exige continuidade, revisão permanente e compromisso de toda a administração”. Salvador, afirma, avança para um modelo em que o enfrentamento ao racismo institucional não é um projeto pontual, mas um princípio de gestão. Uma experiência que, por sua capacidade de transformar processos internos e construir mudanças culturais duradouras, hoje se observa como referência para cidades de toda a América Latina.

^{Imagem principal: Prefeitura de Vitória.}
Redação +COMUNIDAD

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