Esta nota es la primera de una serie de tres. En esta entrega trazamos el panorama: el desafío de empleo que enfrenta Argentina y cómo se distribuye, de manera dispar, a lo largo del territorio nacional. La segunda recorre una constelación de gobiernos locales que, dentro de sus competencias, buscan mover la aguja del empleo privado, el desarrollo económico, el conocimiento y el emprendedurismo. La tercera pone rostro a esas políticas con las historias de personas cuyas trayectorias se vieron beneficiadas, de alguna manera, por una decisión de gestión municipal.

El mismo país, dos futuros

Dos chicos terminan la secundaria el mismo año. Tienen la misma edad, las mismas ganas, parecidas notas. Uno vive en un partido del Gran Buenos Aires; el otro, en un departamento del norte argentino. A partir de ahí, sus caminos se bifurcan por una razón que ninguno eligió: el lugar donde nacieron. Para uno, alrededor hay fábricas, oficinas, comercios que registran empleados. Para el otro, el trabajo formal privado es una rareza, y lo más probable es una salida informal, una changa o irse.

Que el código postal incline la balanza no es una metáfora; es algo que las personas viven. En Lobería, una ciudad de 18.000 habitantes en el interior bonaerense, Facundo terminó la secundaria a los 20 años sin saber muy bien qué haría. Irse a estudiar a otra ciudad no estaba entre sus planes. Si las cosas hubieran seguido su curso, su camino habría sido otro. “Seguramente hubiera estudiado algún oficio para desarrollar habilidades para trabajar en algún ámbito totalmente distinto al que tengo actualmente”, reconoce. Hoy tiene 27 años y trabaja en desarrollo informático, el campo para el que se formó.

Qué cambió entre una vida y la otra es una historia que esta serie cuenta más adelante. Por ahora alcanza con anotar que cambió, y que fue por su esfuerzo, claro, pero también por una política pública que marcó un antes y un después en la localidad.

Esa lotería del código postal es invisible en las estadísticas nacionales, que promedian todo y aplanan las diferencias. Pero es la que ordena la vida de millones de personas. Y está por volverse más urgente.

Hay un número que el Banco Mundial repite cuando habla de Argentina. En los próximos diez años, casi dos millones de jóvenes alcanzarán la edad de trabajar. Para ellos, según las proyecciones del organismo, el país creará apenas la mitad de los puestos de trabajo necesarios. No es una estadística sobre el pasado: es una cuenta sobre adolescentes que hoy están en un aula y en pocos años golpearán la puerta del mercado laboral. La pregunta de quién les abrirá esa puerta, y dónde, es la que recorre esta serie.

El segundo panel del siguiente gráfico cuenta la otra mitad de la historia. La tasa de empleo mide qué porción de la población en edad de trabajar tiene efectivamente un trabajo, de cualquier tipo. En Argentina trepó hasta 58,5% en 2023 y cayó a 57,4% en 2024, el primer año del cambio de gobierno. En el mismo período, el promedio de América Latina y el Caribe subió de 58,8% a 59,1%. Mientras la región mejoraba, Argentina se despegaba hacia abajo. El desafío de los dos millones de jóvenes, entonces, no llega sobre un mercado en expansión, sino sobre uno que venía cediendo.

Por qué el promedio nacional oculta las brechas laborales

Lo nacional, en un país tan extenso y desigual como Argentina, casi siempre engaña. Un promedio es un punto de equilibrio entre realidades que pueden no parecerse en nada: el mismo número resume a un partido bonaerense con parques industriales y a un departamento del norte donde el empleo formal privado escasea. El promedio existe, pero nadie vive en él.

Para ver lo que esconde hay que bajar la mirada al territorio. Y ahí aparece un problema práctico: en Argentina, los datos de empleo con detalle local son escasos. La principal encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mide solo 31 aglomerados urbanos, una fracción del país. Para construir un mapa nacional completo hace falta otra fuente.

Esa fuente existe. El Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Economía (CEP-XXI) publica, a partir de los registros del sistema previsional, la cantidad de puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado en cada uno de los más de quinientos departamentos y partidos del país. Tiene una virtud decisiva para esta investigación: cuenta cada puesto en el lugar donde vive la persona que trabaja, no donde está la empresa. Es lo más cercano al empleo según el código postal de las personas.

Al cruzar ese dato con la población de cada departamento que mide el INDEC, se obtiene un indicador comparable de una punta del país a la otra: cuántos puestos de trabajo formales privados hay cada mil habitantes. Es el corazón de esta serie, y es el mapa que sigue más adelante.

Una aclaración sobre la escala

Antes del mapa, una precisión necesaria, porque define qué se está mirando. La unidad de este trabajo es el departamento —o el partido, en la provincia de Buenos Aires—, no el municipio. Y conviene entender por qué.

En Argentina hay más de 2.300 gobiernos locales: municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas de gobierno, juntas vecinales. La cifra exacta varía según la fuente y el momento, porque cada tanto se crean nuevos. Sería el nivel ideal para una nota sobre lo local. Pero no existen datos públicos de empleo registrado a esa escala; la estadística oficial no baja hasta el gobierno local. El nivel más fino disponible, y el único con cobertura nacional completa, es el departamento.

Departamento y gobierno local no son lo mismo, y la diferencia no es menor. Cada provincia define su propio régimen municipal, según le reconoce la Constitución Nacional. En algunas un departamento coincide más o menos con un municipio. Mientras la provincia de Buenos Aires se divide en 135 partidos que funcionan como gobierno local, en Córdoba o Santa Fe un mismo departamento puede contener decenas de municipios y comunas con autoridades propias. El mapa, entonces, muestra el territorio con el mayor detalle que la estadística pública permite, que no siempre es el del gobierno que toma las decisiones. Es una limitación de los datos disponibles.

El mapa del empleo privado formal en Argentina

La media nacional es de 143 puestos cada mil habitantes. Pero esa cifra, otra vez, es un promedio. El mapa muestra la verdadera amplitud.

Conviene detenerse a recorrerlo. Los departamentos más oscuros, los de mayor densidad de empleo formal, dibujan un corredor reconocible: la Ciudad de Buenos Aires, el sur santafesino alrededor de Rosario, el corazón productivo de Córdoba, y los enclaves donde la energía y la minería ordenan la economía, como Neuquén y el sur patagónico. En el otro extremo, vastas zonas del norte argentino aparecen en tonos claros, con menos de un tercio de la media nacional. Allí, el empleo asalariado registrado privado es la excepción, no la regla, y buena parte del trabajo se reparte entre la informalidad, el cuentapropismo y el empleo público.

Una aclaración que el propio mapa explicita, y que vale la pena entender, porque cambia la lectura. El indicador cuenta a las personas donde viven. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, muestra 266 puestos cada mil habitantes, bastante menos de lo que sugieren otros rankings que llegan a más del doble. La diferencia no es un error. Esos otros rankings cuentan el empleo donde está el puesto de trabajo, y la Ciudad recibe cada día a cientos de miles de personas que trabajan en sus oficinas pero viven en el conurbano. Medido por residencia, esos trabajadores se cuentan en los partidos del Gran Buenos Aires, que es donde viven sus familias.

Una foto de noviembre de 2023

El mapa tiene una fecha que quedó algo atrás, y es importante decirla con todas las letras. Refleja la situación a noviembre de 2023, el último dato disponible con ese nivel de detalle territorial. Después de esa fecha, la serie con apertura departamental dejó de actualizarse, justo cuando asumía un nuevo gobierno y la economía entraba en una etapa de fuerte reacomodamiento.

Quedarse solo con esa foto sería contar una historia a medias. Por eso, para asomarse a lo que pasó después, hay que cambiar de fuente y de escala. El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial de la Secretaría de Trabajo publica una serie por provincia que llega hasta mediados de 2025. No tiene el detalle departamental del mapa, y cuenta el empleo según dónde está el puesto de trabajo, no según la residencia. Pero permite responder la pregunta que todo lector se hace frente a una foto de 2023: ¿y después, qué pasó?

Lo que pasó después fue una caída con forma de doble valle. El empleo registrado privado retrocedió a lo largo de 2024, tuvo una recuperación parcial a comienzos de 2025 y volvió a ceder: dos años después del punto de partida, el país cerró con un 2,8% menos de empleo formal privado. Pero, como en el mapa, el número nacional esconde una enorme disparidad. Detrás de ese promedio hay provincias que crecieron, encabezadas por Neuquén y el empuje de Vaca Muerta, y provincias que perdieron más de un diez por ciento de su empleo formal, como Santa Cruz, La Rioja, Formosa o Tierra del Fuego. La geografía desigual del empleo no es una foto fija: también la dinámica reciente golpeó de manera despareja al territorio.

La pregunta que abre la serie: qué pueden hacer las ciudades

Reunidos, los tres gráficos cuentan una sola historia. El país necesita generar empleo para una generación que está por llegar, y no alcanza. El empleo que existe se reparte de forma radicalmente despareja según dónde se viva. Y la coyuntura reciente, lejos de emparejar, profundizó esas brechas.

Frente a un diagnóstico así, resulta fácil quedarse en la denuncia. Pero hay otra parte de la historia, menos visible en los grandes promedios, que es la que da sentido a esta serie. En todo el país hay gobiernos locales que, dentro de sus competencias y con recursos siempre acotados, decidieron no esperar. Crearon programas de empleo joven, clubes de emprendedores, polos tecnológicos, escuelas de oficios, vínculos entre las universidades y las empresas de su región. No mueven el promedio nacional, pero mueven el dato dentro de su jurisdicción, y cambian vidas concretas.

Ese tipo de historias, con foco en soluciones e innovación, son las que seguimos de cerca en +COMUNIDAD y la Red de Innovación Local (RIL). Tal constelación de ciudades es el tema de la segunda entrega de esta serie. Iremos a verlas de cerca: qué hicieron, cómo lo hicieron y qué resultados muestran.Y en la tercera entrega, las historias de algunas de las personas cuyas trayectorias se vieron impactadas en mayor o menor medida por una de esas decisiones de gestión.

Volvamos al principio, y a Facundo.

En Lobería, terminar la secundaria solía ser el primer paso de una partida: quien podía, se iba; quien no, no seguía los estudios. Lo que cambió su rumbo fue que el municipio articuló con la Universidad Nacional del Centro para traer la universidad a la ciudad, con una carrera de desarrollo informático incluida. La universidad fue, además, el puente directo con su primer empleo: “Me llegó una propuesta de trabajo mientras estaba terminando el último año. La empresa buscaba un empleado con el perfil para el cual nos formamos, y la universidad fue un nexo para que se concrete esa oportunidad”.

No necesitó irse para profesionalizarse. Su historia, y la de otras personas cuyas trayectorias cambiaron por una decisión de gestión local, es la que cierra esta serie en la tercera entrega.

De los dos chicos que terminan la secundaria, el futuro de uno y otro no tiene por qué seguir dependiendo del código postal. Porque detrás de cada punto de estos mapas hay, al final, alguien buscando trabajo.

Nota de metodología. El indicador territorial de esta nota corresponde a puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado cada mil habitantes, elaborado a partir de datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía, sobre registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cruzados con las estimaciones de población por departamento del INDEC con base en el Censo 2022. El dato refiere al promedio de enero a noviembre de 2023, último período disponible con apertura departamental. La cartografía se construyó sobre la capa de departamentos censales del INDEC. La dinámica posterior se basa en la serie provincial del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo. Los indicadores nacionales y la comparación regional provienen del Banco Mundial (Indicadores de Desarrollo Mundial, vía Data360) y de su Informe Anual 2025. El procesamiento de los datos y la construcción de las visualizaciones interactivas se realizaron con un método auditable, con soporte de Claude Code. Las visualizaciones pueden recorrerse en detalle en la versión digital de esta nota.

Este trabajo fue producido y dirigido por Juan Martín de Chazal, coordinador de +COMUNIDAD | RIL. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de casi una decena de personas más de la Red de Innovación Local. En especial: Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico), Florencia Luján (Apoyo periodístico +COMUNIDAD), Inés Reineke (Dirección de Innovación Global), Pedro Nieto (desarrollo web RIL Digital), Florencia Galimberti (Dirección de Impacto), Sofía Irazusta (Dirección de Impacto) y Olivia Nazar Anchorena (diseño gráfico). A todos ellos, el agradecimiento más profundo de +COMUNIDAD. También hacia Alejandra Dandan y Silvina Heguy, periodistas mentoras del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos.

Esta producción se enmarca en el microgrant con mentoría otorgado a +COMUNIDAD por el Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos, una iniciativa impulsada por Media Party y el Banco Mundial destinada a fortalecer el periodismo de datos e IA sobre empleo y desarrollo en América Latina. 

^{Diseño placa principal: Olivia Nazar Anchorena.}

La entrada Lo que el promedio esconde: cuánto varía el empleo privado según tu código postal en Argentina se publicó primero en +COMUNIDAD.

Esta es la segunda de una serie de tres notas, en el marco del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos impulsado por Media Party y el Banco Mundial. En la primera trazamos el panorama, con un mapa nacional que mostró cuánto varía, según el lugar donde se viva, el empleo privado registrado en Argentina. Esta segunda recorre una constelación de gobiernos locales que, dentro de sus competencias, buscan mover la aguja del empleo, el desarrollo económico, el conocimiento y el emprendedurismo. La tercera pone rostro a esas políticas, con las historias de personas cuyas trayectorias se vieron impactadas por una decisión de gestión municipal.

La otra mitad de la historia: por qué políticas locales de empleo

Hay un número que ya apareció en la primera entrega de esta serie, y que el Banco Mundial repite cuando habla de la Argentina. En los próximos diez años, casi dos millones de jóvenes llegarán a la edad de trabajar, y el país proyecta crear apenas la mitad de los puestos que necesitan. La primera nota mostró, además, que el empleo que sí existe se reparte de forma despareja según el territorio. La media nacional es de 143 puestos de trabajo registrados del sector privado cada mil habitantes, pero detrás de ese promedio conviven localidades con parques industriales y otras donde el empleo formal es una rareza.

Frente a un diagnóstico así, hay una reacción que no se ve en los grandes promedios. En distintos puntos del país, gobiernos locales decidieron no esperar. Con competencias acotadas y presupuestos cortos, impulsaron universidades, polos tecnológicos, escuelas de oficios, clubes de emprendedores y puentes entre las aulas y las empresas. No mueven la aguja nacional, pero mueven el dato dentro de su jurisdicción. Esta entrega recorre once de esos municipios.

El recorrido no pretende ser exhaustivo. La selección se construyó junto a los equipos de la Red de Innovación Local (RIL) que acompañan a estos gobiernos: Camila Alanis, coordinadora de Ciudades del Conocimiento; Gastón Lastra, coordinador de Ciudades del Desarrollo Económico; y Clarisa Fabris, coordinadora de Ciudades Emprendedoras, los tres de RIL Argentina. 

El resultado es deliberadamente diverso: ciudades de siete provincias, gobernadas por fuerzas políticas distintas y de tamaños que van de los pocos miles a más de un millón de habitantes. El denominador común no es el color partidario ni la escala, sino la decisión de gestionar el empleo como política de Estado local.

Es, además, un primer mapa, no uno cerrado. En algunos casos la información todavía está en construcción y podrá ampliarse con nuevos datos y precisiones. Y es, sobre todo, una selección inicial: hay muchos más municipios trabajando en esta dirección, y la intención es seguir sumándolos.

Los once casos pueden recorrerse de dos maneras. En esta nota, agrupados en tres familias de política —conocimiento, emprendedurismo y desarrollo económico—. Y en el mapa interactivo que acompaña la serie, donde cada ciudad es un punto sobre el territorio: al pasar el cursor se despliega su política, el partido que la gobierna y, donde corresponde, su dato de empleo. Conviene tenerlo a mano durante la lectura.

Una aclaración heredada de la primera entrega se vuelve a aplicar. El dato de empleo se mide por departamento o partido, una unidad que no siempre coincide con el municipio. Donde coincide, la cifra local acompaña a cada ciudad; donde no, se omite, para no atribuir a un municipio un dato que abarca un territorio más amplio.

El conocimiento, para que el talento se quede

Un primer grupo de ciudades apostó a la economía del conocimiento como forma de generar empleo calificado sin que sus jóvenes tengan que irse. Universidades locales, polos tecnológicos y escuelas digitales son las herramientas.

Lobería, Buenos Aires

En este partido de 18.000 habitantes del sudeste bonaerense, terminar la secundaria solía ser el primer paso de una partida. Quien podía irse a estudiar rara vez volvía; quien no podía, dejaba los estudios. Al mismo tiempo, casi la mitad de la economía local dependía del agro, pero sin talento formado en tecnología ese motor no podía dar el salto hacia la agricultura de precisión. Con 97 puestos cada mil habitantes, muy por debajo de la media nacional, Lobería tenía además uno de los mercados de empleo formal más delgados de los casos relevados.

La respuesta fue traer la universidad al territorio. Con acompañamiento de RIL desde 2016 y en alianza con la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) y otras cuatro casas de estudio nacionales, el municipio dio vida a la Universidad en Lobería, que hoy ofrece más de 15 carreras, y a un Clúster AgTech que forma en drones y programación aplicada al campo. Los resultados son medibles. Desde 2019 pasaron por sus aulas más de 3.200 personas. Sus primeros 132 egresados marcaron un hito: el 98% fueron los primeros universitarios de sus familias. En 2025, la universidad inauguró edificio propio, con reconocimiento de la Unesco.

Rosario, Santa Fe

El desafío tenía dos caras. Por un lado, jóvenes con habilidades digitales pero sin una primera experiencia laboral calificada. Por otro, emprendimientos que necesitaban presencia digital y no podían pagarla. Un proyecto nacional para crear una Tecnoteca en el histórico Galpón 13, frente al río Paraná, había quedado detenido por cambios institucionales y de financiamiento.

La ciudad retomó la iniciativa y la rediseñó. En 2023, en el marco del programa Ciudades del Conocimiento de RIL, articuló áreas de gobierno con empresas y organizaciones del ecosistema, y validó el modelo con un piloto, Tecnoteca Beta. 

El resultado fue concreto: 60 jóvenes egresaron con 90% de asistencia y, durante la cursada, construyeron tiendas digitales para 9 emprendedores locales. Las tiendas eran reales, con clientes reales. Validado el modelo, la Tecnoteca se trasladó a su sede definitiva: 4.000 m² en el Galpón 13. Para 2026 ofrece ocho trayectos formativos con certificación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El intendente Pablo Javkin la inauguró en noviembre de 2025 y la definió como la “fábrica de futuro” de la ciudad.

Escobar, Buenos Aires

Escobar parte de otra posición. Con 193 puestos cada mil habitantes —1,35 veces la media nacional—, tiene uno de los mercados de empleo formal más densos del grupo. Su desafío no era en sí la falta de empleo, sino un desajuste: el distrito formaba perfiles técnicos calificados, pero las empresas no lograban encontrarlos por ausencia de un nexo.

El municipio empezó a construir ese puente con dos herramientas. El Polo Tecnológico FlyTech, un espacio público con capacitación gratuita, coworking y laboratorios, dicta cursos de habilidades digitales y para emprender junto al Centro de Formación Profesional N° 402 y la Unión Industrial local. Y el programa Escobar Produce conecta a estudiantes de escuelas técnicas con la industria a través de visitas a planta. El alcance es amplio: Escobar Produce ya vinculó a más de 3.000 jóvenes con más de 30 empresas, entre ellas Tenaris, Mirgor y Yazaki. En el cierre anual se compartieron casos de estudiantes que accedieron a pasantías y empleo tras participar.

General Madariaga, Buenos Aires

En una ciudad de fuerte identidad rural, las iniciativas tecnológicas existían pero estaban dispersas, sin una estrategia que las ordenara ni permitiera medir su impacto. Con 132 puestos cada mil habitantes, Madariaga estaba algo por debajo de la media nacional.

En 2023, la Secretaría de Producción se incorporó al programa Ciudades del Conocimiento de RIL para estructurar una política. Conformó una mesa transversal entre cinco áreas municipales y tejió acuerdos con la UTN y la UNICEN. 

De ese proceso nació Madariaga Futura, que organiza la formación digital local en programación, ciberseguridad, testing y robótica, entre otras. Hasta hoy, el municipio dictó 29 capacitaciones y entregó 749 certificados. Según su propio seguimiento, entre 20 y 30 personas que pasaron por los cursos ya trabajan en al menos seis empresas de tecnología, y la obra de su Polo Tecnológico avanza al 80%. Javier Volpatti, secretario de Producción, resume el aporte del proceso: “RIL fue como nuestro psicólogo: nos ayudó a ordenar las ideas y a encontrar nuestro propósito, que es la formación de personas”.

Libertador General San Martín, Jujuy

La historia se repite con acento agroindustrial. Había iniciativas de formación digital impulsadas por jóvenes, instituciones y empresas, pero avanzaban de manera aislada, sin una estrategia común. En 2023, el municipio se sumó al programa Ciudades del Conocimiento de RIL y conformó una mesa de articulación público-privada que reunió a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el Clúster Tecnológico provincial, escuelas y empresas.

De allí surgió la Academia CimaTech, que en su primera etapa priorizó a la población LGBTQ+ y a pueblos originarios. Los números todavía son iniciales pero alentadores: la ciudad alcanzó un 54% de avance en su estrategia, y CimaTech cerró su primer año con 120 inscriptos y 15 egresadas. Sumadas las demás acciones —un training camp de programación con la empresa Ledesma y la UNJu, talleres en escuelas, una feria tecnológica regional—, las iniciativas ampliaron oportunidades para más de 200 personas.

Ecosistemas para emprender

Otro grupo de ciudades puso el foco en quienes deciden crear su propio trabajo. La apuesta combina financiamiento, formación, acompañamiento y espacios para vender.

Junín, Buenos Aires

Junín llega a este mapa con un mercado laboral en la media exacta del país: 141 puestos cada mil habitantes. Su política emprendedora venía creciendo desde hacía años a través de ferias, créditos y capacitaciones, pero sin una estrategia integral que le diera coherencia y continuidad.

En los últimos años, municipio decidió ordenar ese conjunto disperso y se incorporó al programa Ciudades Emprendedoras de RIL. El cambio más profundo fue interno: el paso de una gestión reactiva a una planificada, con registro y evaluación continua. El área pasó de coordinación a Dirección de Emprendedores, con presupuesto propio, una señal de continuidad más allá de la gestión. Los resultados respaldan el camino. 

En 2025, Junín obtuvo el Sello de Ciudad Emprendedora de RIL con un puntaje del 84%, tras una auditoría de 81 preguntas. Su Club de Emprendedores acompaña hoy a más de 1.100 emprendedores, y sus líneas de microcrédito canalizaron más de 100 millones de pesos (cerca de 69.000 dólares) entre más de 800 personas.

San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca

Este caso ilustra como pocos la tesis de la serie. Es la capital de una provincia y, aun así, registra apenas 98 puestos cada mil habitantes: 0,69 veces la media nacional. Ser capital provincial no asegura un mercado de empleo formal denso.

Frente a ese piso, la ciudad apostó a construir una identidad emprendedora con método. A través del Plan Estratégico Integral (PEI 2030) —elaborado en más de 85 talleres con la participación de más de 2.000 vecinos—, el municipio relevó quiénes son sus emprendedores, qué necesitan y dónde están. Sobre ese diagnóstico articuló una red público-privada de más de 20 actores, con eje en el Instituto Municipal de Emprendedores y un Nodo Tecnológico. 

El proceso obtuvo el Sello de Ciudad Emprendedora de RIL con un puntaje del 88%, uno de los más altos del grupo, y se completó en 2025 con la sanción del primer Código Urbanístico de la ciudad.

Río Grande, Tierra del Fuego

En el extremo sur de Argentina, llevaba décadas una creencia extendida: que los jóvenes no estaban muy interesados en emprender y buscaban, más que nada, empleo en relación de dependencia. Un proceso de validación territorial en 2018, con encuestas a más de 100 jóvenes, reveló lo contrario. Sí querían emprender, pero desconocían las herramientas que el municipio ofrecía. El hallazgo obligó a rediseñar la estrategia desde la evidencia.

Desde allí se profundizó política con cuatro ejes: acompañamiento personalizado, formación para la empleabilidad, acceso a mercados y fortalecimiento del ecosistema. La Escuela Municipal de Emprendedores, Oficios y Formación Laboral concentra la capacitación, y la Dirección de Desarrollo Local abre espacios de venta sin costo, como la Expo Emprender desde el Sur. 

Con 191 puestos cada mil habitantes, Río Grande tiene un mercado formal denso. Pero ningún número alto es un puerto seguro: entre 2023 y 2025, Tierra del Fuego perdió cerca del 10% de su empleo registrado. En ese contexto, el andamiaje que sostiene a los emprendedores locales pesa más, no menos.

Desarrollo económico desde la gestión

Un tercer grupo trabaja sobre las condiciones del desarrollo: la formación en oficios, el ordenamiento productivo y la articulación con el sector privado.

Pilar, Buenos Aires

En el norte del conurbano, Pilar combina industria, salud y construcción en una estrategia de desarrollo con foco en la innovación. Con 165 puestos cada mil habitantes, por encima de la media nacional, su desafío es sostener y calificar ese entramado productivo.

La herramienta central es la articulación con la formación. El municipio trabaja junto a la Universidad Nacional de Pilar (UNIPILAR) —que estrenó campus propio— para alinear la oferta académica con la demanda del sector privado, y la complementa con un portal de empleo que conecta puestos y perfiles. 

El programa Pilar Emprende suma herramientas para que los negocios locales incorporen tecnología. Esa estrategia obtuvo el Sello de Ciudad del Desarrollo Económico de RIL con un puntaje del 78%. El puente entre la universidad y el sistema productivo —el mismo que recorre, del lado humano, la tercera entrega de esta serie— es el corazón del modelo: formar el talento donde se lo necesita.

Laboulaye, Córdoba

En el sur cordobés, el diagnóstico surgió del trabajo cotidiano de la Oficina de Empleo y de una encuesta a todos los estudiantes que terminaban el secundario. Apareció una brecha entre la oferta laboral local y las capacidades de buena parte de la población: muchas personas, sobre todo jóvenes y adultos que buscaban reinsertarse, no tenían formación en los oficios que el sector productivo demandaba.

La estrategia se ordenó en tres ejes: formación para el trabajo, articulación con el sector privado y fortalecimiento del ecosistema productivo. La Universidad Popular, creada por convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, y el Programa de Formación en Oficios dictan capacitaciones gratuitas en demandas concretas: electricidad, instalaciones sanitarias, herrería, cocina profesional, marketing digital. El Punto Digital y la Oficina de Empleo completan el circuito, y en paralelo avanza el ordenamiento del Parque Industrial. 

Hasta el momento, según datos de la Municipalidad:
• Más de 850 personas participaron en cursos y capacitaciones.
• Se desarrollaron 42 cursos y talleres.
• 90 % de los participantes manifestó haber mejorado sus oportunidades laborales o iniciado una actividad económica propia luego de capacitarse.
• 62 empresas participaron de acciones de vinculación con la Oficina de Empleo.
• El Parque Industrial cuenta con 95% del ára ocupado y 55% empresas instaladas y generó aproximadamente 145 puestos de trabajo directos.

El proceso obtuvo el Sello de Ciudad del Desarrollo Económico de RIL con un puntaje del 91%, el más alto del grupo. Los datos de alcance están en elaboración.

Rada Tilly, Chubut

Rada Tilly enfrentaba una limitación concreta: quería diseñar un programa estratégico de desarrollo económico, pero no tenía el presupuesto para financiar siquiera su etapa de diseño. La oportunidad de articular al sector público con el privado existía; faltaban la hoja de ruta y el capital inicial.

La solución fue, en sí misma, una innovación de gestión. El municipio diseñó su Programa de Desarrollo Económico Local con la articulación público-privada como pilar, y creó SINCRO RT, una herramienta de vinculación y capacitación con empresas y PyMEs. 

Lo más destacable es cómo lo financió: en lugar de esperar fondos propios, movilizó 180.780 dólares de patrocinadores privados para costear el diseño del programa. El dato importa más allá de Rada Tilly, porque muestra un mecanismo replicable. Para Jorge Mérida, secretario del área, SINCRO RT busca “alinear a las empresas locales con nuevas tendencias de crecimiento”. Un municipio chico demostró que la falta de presupuesto no siempre es el final del camino.

Qué hace falta para que se repita

Recorridos en conjunto, los once casos comparten una estructura, más allá de la categoría o el tamaño. Primero, una decisión política sostenida en el tiempo: casi todas estas políticas llevan años y atravesaron más de una gestión. Segundo, articulación público-privada: ninguna avanzó sin universidades, empresas, instituciones de crédito u organizaciones de la comunidad empujando en la misma dirección. Tercero, una lectura fina de la demanda local, para formar en los oficios y sectores que el territorio realmente necesita. Y cuarto, la decisión de medir y registrar, para sostener la política con evidencia.

El propio equipo de Laboulaye, al pensar cómo replicar su experiencia, resumió varias de esas condiciones: decisión política, articulación entre actores, escucha de las necesidades productivas y seguimiento de los participantes más allá del dictado de cursos. “La principal enseñanza de nuestra experiencia es que incluso en ciudades de tamaño intermedio es posible generar oportunidades de empleo y desarrollo económico cuando la capacitación, la articulación institucional y el sector productivo trabajan con objetivos comunes”, resume a +COMUNIDAD Martín Villalonga, secretario de Promoción de Desarrollo Económico de la Municipalidad. 

Este es un primer mapa, no uno definitivo. En varios casos la información todavía está en construcción y podrá ampliarse con más datos y precisiones. Y la lista no se cierra aquí: hay muchos más municipios trabajando en esta dirección, y la intención es seguir reconociéndolos en próximas entregas.

El Banco Mundial define dos prioridades para la Argentina que viene: crear empleo —en particular para jóvenes, mujeres y trabajadores informales— y fortalecer el capital humano. Estas once ciudades, cada una a su escala, trabajan exactamente sobre esos dos frentes. No mueven el promedio nacional. Pero, como muestra la tercera y última entrega de esta serie, mueven algo más concreto: la vida de las personas que viven en ellas.

Nota de metodología. El indicador de empleo de esta nota corresponde a puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado cada mil habitantes, elaborado a partir de datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía sobre registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cruzados con las estimaciones de población del INDEC con base en el Censo 2022, para el promedio de enero a noviembre de 2023. El dato se mide por departamento o partido; donde esa unidad no coincide con el municipio, la cifra local se omite. La selección de ciudades se construyó junto a los coordinadores de RIL Argentina Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico) y Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras); la información de cada política proviene de los gobiernos locales y de RIL, y en varios casos está en construcción y podrá ampliarse. El diagnóstico nacional y la comparación regional provienen del Banco Mundial (Indicadores de Desarrollo Mundial, vía Data360, y su Informe Anual 2025). Las visualizaciones se construyeron con un método auditable, con soporte de Claude Code.

Este trabajo fue producido y dirigido por Juan Martín de Chazal, coordinador de +COMUNIDAD | RIL. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de casi una decena de personas más de la Red de Innovación Local. En especial: Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico), Florencia Luján (Apoyo periodístico +COMUNIDAD), Inés Reineke (Dirección de Innovación Global), Pedro Nieto (desarrollo web RIL Digital), Florencia Galimberti (Dirección de Impacto), Sofía Irazusta (Dirección de Impacto) y Olivia Nazar Anchorena (diseño gráfico). A todos ellos, el agradecimiento más profundo de +COMUNIDAD. También hacia Alejandra Dandan y Silvina Heguy, periodistas mentoras del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos.

Esta producción se enmarca en el microgrant con mentoría otorgado a +COMUNIDAD por el Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos, una iniciativa impulsada por Media Party y el Banco Mundial destinada a fortalecer el periodismo de datos e IA sobre empleo y desarrollo en América Latina.

^{Diseño placa principal: Olivia Nazar Anchorena.}

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Esta es la tercera y última entrega de la serie sobre el trabajo y la geografía de las oportunidades, en el marco del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos impulsado por Media Party y el Banco Mundial. En la primera trazamos el panorama, con un mapa nacional que mostró cuánto varía, a nivel local, el empleo privado registrado en Argentina. En la segunda recorrimos ciudades que, dentro de sus competencias, buscan mover la aguja del empleo, el desarrollo económico y el emprendedurismo. Esta vez, el foco está en las personas y sus historias de esfuerzo. 

A los 20 años, recién salido de la secundaria, Facundo Arana todavía no tenía un rumbo definido en Lobería, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Irse a estudiar a otra ciudad no estaba entre sus planes. No quería hacerlo. Si las cosas hubieran seguido su curso, su camino habría sido otro. “Seguramente hubiera estudiado algún oficio para desarrollar habilidades para trabajar en algún ámbito totalmente distinto al que tengo actualmente”, reconoce. 

Hoy tiene 27 años y trabaja en desarrollo informático, el campo para el que se formó. La diferencia entre una vida y la otra cabe en una decisión de gestión local: que la universidad y una carrera de desarrollo informático llegaran a Lobería.

En Río Grande, el extremo sur del país, el comedor de la casa de Emanuel Rodríguez fue durante años también depósito, local y oficina. Desde allí respondía mensajes, preparaba pedidos y hacía crecer su marca de ropa. Hoy CJE, su negocio, tiene un local propio en el centro de la mayor ciudad de Tierra del Fuego y emplea a siete personas, incluyéndolo. El camino lo abrió él, y contó con un empujón del municipio.

La historia de Valeria Flores en Junín, provincia de Buenos Aires, es la de una emprendedora que apostó todo a un producto en que creía. Antes de vender su primera bolsa de granola, pasó un año entero probando recetas en su cocina. Quería un producto que no encontraba en las góndolas. Esa búsqueda terminó convirtiéndose en OndaFit, un emprendimiento que hoy tiene en la granola y el yogur griego a sus productos estrella. Para crecer recurrió a créditos de distintos organismos. El Club de Emprendedores del municipio, en tanto, acompañó su camino con acciones puntuales. 

En Pilar, en la zona norte del conurbano bonaerense, Mathias Ferreira tiene 24 años y arrancó la carrera de Emergencias de la Salud en cuanto abrió la universidad nacional en la ciudad. Desde hace unas semanas recorre los pasillos del hospital municipal en sus primeras prácticas profesionales. Su historia recién empieza, pero ya muestra el patrón que se repite en las otras ciudades: una articulación local que tiende un puente entre el aula y el trabajo.

Las personas detrás del mapa

Las cuatro vidas retratadas aquí transcurren en ciudades que ofrecen oportunidades muy diferentes para trabajar y emprender. Lobería registraba 97 puestos de empleo privado por cada 1.000 habitantes a fines de 2023, bastante por debajo de la media nacional de 143. Junín estaba prácticamente en esa media, con 141. Pilar la superaba con 165, y Río Grande aparecía bastante más arriba, con 191.

No se trata de una galería de casos fáciles. En el lugar con menos empleo registrado de los cuatro, una ciudad decidió construir una universidad para que sus jóvenes pudieran quedarse.

Pero ninguna foto es definitiva. Después de 2023, la macroeconomía siguió su curso y algunas provincias retrocedieron. Tierra del Fuego, donde está Río Grande, perdió cerca del 10% de su empleo registrado entre 2023 y 2025. Ningún número alto es un puerto seguro. Por eso el andamiaje que construyen los municipios pesa, sobre todo cuando el viento sopla en contra.

La universidad que llegó a Lobería

La historia de Facundo Arana empieza donde muchas terminan. En Lobería, una localidad de 18.000 habitantes, terminar la secundaria solía ser el primer paso de una partida. Quien podía, se iba; quien no, abandonaba los estudios.

El municipio articuló una alianza con la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) y dio vida a la Universidad en Lobería, que hoy ofrece más de 15 carreras. Entre ellas, la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas (TUDAI), la que cursó Facundo.

El arranque fue modesto. La primera camada empezó con más de 50 inscriptos y la terminaron apenas siete. Cursaban en un centro de usos múltiples; hoy la universidad tiene edificio propio, impulsado por una asociación civil local.

El dato que mejor mide el impacto social es otro: de sus 2.947 estudiantes, los primeros 126 egresados marcaron un hito, ya que el 98% son los primeros universitarios de sus familias. Si bien Facundo no pertenece a su grupo, varias personas de su entorno sí. Por eso su historia ilumina otra dimensión: la del arraigo. No necesitó irse para profesionalizarse.

La universidad fue, además, el puente directo con su primer empleo. “Me llegó una propuesta de trabajo mientras estaba terminando el último año. La empresa buscaba un empleado con el perfil para el cual nos formamos en TUDAI, y la universidad fue un nexo para que se concrete esa oportunidad”. 

Su hermano y su tío también estudiaron allí y tienen historias parecidas. Lo que antes era una ciudad desde la que había que partir, para muchos jóvenes se convirtió en un lugar donde también es posible quedarse.

Una “última bala” en Río Grande

CJE es una marca de ropa con identidad fueguina. Emanuel Rodríguez diseña y produce las prendas en Río Grande, y su trabajo se volvió referencia entre los jóvenes de la ciudad. “Somos parte de una cultura de jóvenes que eligen hoy por hoy nuestra marca”, dice.

Hace cinco años tomó una decisión que todavía recuerda como un salto al vacío: renunció a su trabajo para dedicarse de lleno al emprendimiento. “Sentía yo como que era mi última bala que me jugaba. Y dije, ya fue, vamos a intentarlo”, cuenta a +COMUNIDAD.

Hubo momentos muy difíciles. “No es todo color de rosas”, admite. Todo se hizo a pulmón, con una administración cuidada que él reivindica como una de las claves del crecimiento: “Hemos sabido administrarnos bien, invertir bien”. Y le suma una filosofía: “No mirar el dinero como objetivo, sino la trascendencia”.

El municipio entró en escena con algo puntual y valioso para un emprendedor que recién empieza: lugares para vender sin costo. La Escuela Municipal de Emprendedores, Oficios y Formación Laboral y la Dirección de Desarrollo Local acompañaron a CJE con capacitaciones, espacios de asesoramiento y la invitación a expos como Emprender desde el Sur y la Expo Agroproductiva.

La cuenta que hace Emanuel explica por qué importa el acceso gratuito. En una feria, un puesto puede costar entre 60.000 y 70.000 pesos (cerca de 50 dólares) y muchas veces se vende poco, por lo que “todas tus ganancias se iban en pagar el puesto”. En la expo de la Municipalidad se entra sin costo.

Ese espacio le dio otro flujo de ventas y, sobre todo, clientes nuevos. “La gente te empieza a conocer. A la gente le gusta que sea algo que se fabrique acá”.

Emanuel es enfático en separar las cosas. El mérito es suyo y de su equipo. El acompañamiento existió y lo valora sin vueltas. “El municipio ha estado súper presente conmigo. Siempre me atendieron el teléfono y hasta la fecha me siguen escribiendo por si necesito algo”, remarca.

OndaFit y una tranquilidad “impagable” 

La historia de OndaFit empezó en una cocina. Durante un año, Valeria Flores probó recetas de granola porque ninguna de las que encontraba en el mercado la convencía. “No me gustaban las granolas que se estaban comercializando, las sentía poco naturales”, recuerda.

Esa búsqueda artesanal fue el germen de un emprendimiento que hoy funciona de manera online, con un punto de retiro y delivery. La granola y el yogur griego se convirtieron en sus productos estrella, y a esa oferta sumaron desayunos saludables que diariamente salen de su cocina. Los desayunos ampliaron la base de clientes y la visibilidad de la marca. “A través de los desayunos también nos permitió crecer en que la gente nos visualice”, explica.

El motor sigue siendo el esfuerzo diario y una apuesta personal que Valeria lleva adelante con mucha determinación. Incluso puso su auto en venta para volcar ese dinero al negocio, hoy enfocado en abrir un local en un shopping de la ciudad. La idea no es solo vender ahí: el espacio estará orientado a que la gente vaya a desayunar y merendar.

Las decisiones más grandes las financió con créditos de distintas instituciones. El municipio aportó en una escala menor, pero concreta. Un microcrédito de la Municipalidad le permitió comprar una heladera, y el Club de Emprendedores la acompañó en el etiquetado de sus productos.

Lo que más rescata, sin embargo, es algo menos tangible.”Saber que el Club de Emprendedores está ahí ante una duda, una consulta, un trámite o lo que fuera, nos da una tranquilidad como emprendedores que es impagable”, reconoce. 

El Club acompaña hoy a más de 1.100 emprendedores en Junín. Para Valeria, el respaldo es un piso sobre el cual moverse con menos miedo. Pero el esfuerzo y la “apuesta a todo” son de ella y de Federico Celsi, su pareja. Hoy el emprendimiento da empleo a cinco personas: cuatro están fijas y cuentan con otra persona “que se acopla en momentos de mayor demanda”. La próxima apertura en el centro comercial de Junín ya implica nuevas búsquedas laborales. 

Pilar y el puente entre el aula y el hospital

La historia de Mathias Ferreira recién empieza y, justamente por eso, vale la pena contarla. Arrancó la carrera de Emergencias de la Salud en 2025, poco después de que abriera la Universidad Nacional de Pilar (UNIPILAR). Desde el mes pasado hace sus prácticas en el Hospital Municipal Cirilo Sanguinetti.

Ahí se ve, casi de inmediato, la articulación que impulsa el municipio: una universidad nacional que forma y un hospital municipal que recibe a esos estudiantes. “La práctica me dio la posibilidad de conocer cómo funciona un hospital desde adentro y entender la importancia del trabajo en equipo”, cuenta. 

Lo que más lo movió fue el contacto con los pacientes, esa distancia entre el protocolo del aula y la persona real. “Estar frente a pacientes reales, escuchar sus historias, acompañarlos, es algo que aporta una experiencia completamente distinta”, profundiza. 

Mathias valora esa articulación entre la universidad y el municipio, que en sus palabras tiende “un puente entre el estudio y el trabajo”. Su trayectoria está en marcha, pero ya muestra el patrón que se repite en las otras ciudades. La oportunidad la construye él, con su estudio y su esfuerzo. La gestión local le acercó el lugar donde ese esfuerzo se vuelve experiencia.

Una ciudad puede abrir o cerrar la puerta

Las cuatro historias comparten una estructura:primero está la persona. Facundo pudo estudiar sin irse de su ciudad. Emanuel dejó un empleo para jugarse su “última bala”. Valeria puso en venta su auto para apostar por su emprendimiento. Mathias entró por primera vez a un hospital como futuro profesional de la salud.

Ninguna política reemplaza ese esfuerzo ni lo inventa. Pero en el momento justo, una decisión de gestión local funcionó como empujón: una carrera a la vuelta de casa, un puesto gratis para vender, un microcrédito para una heladera, un lugar donde hacer las primeras prácticas.

Ese empujón no es neutro. Hay ciudades que, dentro de sus competencias acotadas, eligen orientar la brújula hacia la oportunidad. Bajan el costo de entrada de un emprendedor, traen la universidad al territorio, tienden un puente entre el aula y el primer trabajo.

¿Qué hace falta para replicarlo? Las historias sugieren algunas condiciones: una articulación sostenida entre actores, donde el municipio, una universidad, el sector privado y las instituciones de crédito empujan en la misma dirección; una lectura fina de las necesidades del territorio; y una decisión política de acompañar sin asfixiar, reconociendo que el protagonista es la persona que se la juega.

El código postal todavía pesa en el destino laboral de un argentino. No determina por completo el futuro de una persona, pero sí puede acercarle o alejarle oportunidades. Las historias de Facundo, Emanuel, Valeria y Mathias muestran algo más simple: una ciudad no puede hacer el esfuerzo por sus vecinos y vecinas, pero sí puede decidir si les abre una puerta, les tiende un puente o les deja el camino un poco menos cuesta arriba.

Este trabajo fue producido y dirigido por Juan Martín de Chazal, coordinador de +COMUNIDAD | RIL. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de casi una decena de personas más de la Red de Innovación Local. En especial: Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico), Florencia Luján (Apoyo periodístico +COMUNIDAD), Inés Reineke (Dirección de Innovación Global), Pedro Nieto (desarrollo web RIL Digital), Florencia Galimberti (Dirección de Impacto), Sofía Irazusta (Dirección de Impacto) y Olivia Nazar Anchorena (diseño gráfico). A todos ellos, el agradecimiento más profundo de +COMUNIDAD. También hacia Alejandra Dandan y Silvina Heguy, periodistas mentoras del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos.

Esta producción se enmarca en el microgrant con mentoría otorgado a +COMUNIDAD por el Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos, una iniciativa impulsada por Media Party y el Banco Mundial destinada a fortalecer el periodismo de datos e IA sobre empleo y desarrollo en América Latina. 

^{Diseño placa principal: Olivia Nazar Anchorena.}

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Escobar Produc

Por Sol Falduto, 

Comunicación Institucional en Municipio de Escobar

En Escobar, Argentina, existe una brecha entre la formación escolar y las demandas reales del mercado laboral. Pero el problema principal no está en los contenidos, sino en la falta de un nexo entre las escuelas técnicas y las empresas locales. A pesar de que en el distrito se forman perfiles técnicos calificados, muchas compañías no logran encontrarlos por ausencia de articulación y canales de contacto. 

Esta desconexión genera un desajuste, donde los jóvenes salen preparados, pero las empresas no llegan a ellos. Para abordar este desafío, el municipio impulsa Escobar Produce, un programa que articula educación, producción, empleo y juventud para acercar ambos mundos.

La propuesta se basa en visitas a planta, donde los estudiantes conocen de primera mano líneas de producción, laboratorios de calidad, procesos de automatización y la organización interna de cada fábrica. Estos espacios generan intercambios valiosos entre quienes buscan perfiles técnicos y quienes están próximos a incorporarse al mercado laboral. 

Más de 3 mil jóvenes ya participaron y más de 30 empresas abrieron sus puertas, entre ellas Alfaparf, Yazaki, Dreamco, Hongos Porto, Tenaris, Mirgor. Las visitas permiten que los estudiantes formulen preguntas, observen sectores clave y comprendan con mayor precisión qué perfiles se demandan en el territorio.

El nexo que establece Escobar Produce

En el cierre anual realizado en el Teatro Seminari se reconoció el rol de las empresas y se compartieron casos reales de jóvenes que accedieron a pasantías y oportunidades laborales luego de participar del programa. Esto demuestra que la experiencia no se limita a un recorrido, sino que abre puertas para su futuro.

Escobar Produce plantea una solución práctica y replicable a un problema que afecta a muchos municipios: la falta de articulación entre la formación técnica y las necesidades del sistema productivo. Al fortalecer este nexo, el programa mejora la orientación vocacional, facilita la inserción laboral y ayuda a las empresas a acceder a los perfiles que ya existen en su propia comunidad.

Este artículo se publica en el marco de la participación de la autora en el Programa Periodismo de Ciudades 2025, una iniciativa de la Red de Innovación Local (RIL) y +COMUNIDAD que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de comunicación constructiva de periodistas y comunicadores locales en América Latina. Las opiniones, interpretaciones y datos presentados en el artículo son responsabilidad exclusiva de su autora y no representan necesariamente la posición institucional de +COMUNIDAD ni de RIL. 

Imagen de portada: +COMUNIDAD.

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Existe uma versão em espanhol deste artigo aqui.

Em agosto de 2024, o +COMUNIDAD publicou pela primeira vez um especial sobre sandboxes regulatórios: aqueles ambientes em que um governo permite testar, por um tempo e sob supervisão, inovações que nenhuma norma ainda contempla. Entre os casos em destaque estava o do Rio de Janeiro, a primeira capital brasileira a montar um a escala municipal.

Naquele momento, o Sandbox.Rio era sobretudo uma promessa com bons primeiros resultados. A equipe nos contava que a cidade já abrigava estações de recarga para carros elétricos, robôs de entrega circulando pelas calçadas, drones distribuindo bebidas e até os primeiros passos de um carro voador. Tudo isso acontecia sem que o Rio tivesse que reescrever sua normativa de antemão.

Quase dois anos depois, voltamos a bater à porta. A pergunta principal era o que havia acontecido com tudo aquilo: ficou em experimento ou se transformou em algo mais? E, sobretudo, uma pergunta que organiza esta edição do Boletim Ideias & Inspiração: como se traduz um “laboratório regulatório” em desenvolvimento econômico concreto para uma cidade?

As respostas foram dadas, como naquela ocasião, por Carina de Castro Quirino. Ela é a subsecretária de Regulação e Ambiente de Negócios da Prefeitura do Rio (SUBRAN), cuja área conduz o programa. E deixam ver uma mudança de etapa: o sandbox deixou de ser uma vitrine de pilotos para começar a produzir aquilo que mais custa a qualquer governo gerar diante da inovação: normas com base em evidência.

Uma caixa de areia, para quem chega pela primeira vez

A metáfora que lhe dá nome vem do mundo do software. Quando uma pessoa dedicada à programação quer testar um código novo, não o libera direto no sistema: roda-o em um ambiente isolado, uma “caixa de areia”, onde pode falhar sem contaminar o resto. Em 2015, reguladores financeiros do Reino Unido tomaram a ideia emprestada para deixar que as fintechs testassem seus produtos em um espaço delimitado, sem exigir-lhes de entrada todas as regras pensadas para os bancos.

Um sandbox regulatório é isso: uma autorização delimitada no tempo, no território e em seu alcance, para testar algo novo na vida real. Não suspende os controles de segurança nem as proteções ao cidadão. Suspende, de forma temporária, normas menores que bloqueiam uma inovação que ainda ninguém regulou. O que o Rio mudou foi a escala. Uma coisa é um sandbox financeiro, com dois reguladores e um punhado de empresas. Outra muito distinta é uma cidade inteira, com ruas, vizinhos, trânsito e comércios.

O Rio criou seu programa em 2022 por meio do Decreto Municipal 50.697. Qualquer empresa, startup ou instituto de pesquisa pode apresentar um projeto. Se a inovação não se encaixa na normativa vigente, o município a avalia e, se tiver mérito, lhe outorga uma autorização temporária para operar com usuários reais e sob monitoramento. Ao fechar o ciclo, a Prefeitura produz um relatório técnico. E aí começa o interessante.

Do experimento à norma: o caso das patinetes

Se há um aprendizado que a equipe de Quirino resgata destes quase quatro anos, é que “uma regulação eficaz precisa de evidência, não de antecipação”.

A subsecretária o apresenta como uma inversão da lógica habitual do Estado. “O poder público costuma regular novas tecnologias a partir de projeções e suposições”, explica. O sandbox propõe o caminho oposto: primeiro se testa em escala real, depois se regula a partir dos dados.

O caso que melhor completa essa trajetória é o do Projeto Patinete Rio, da empresa Whoosh. Ao longo de 19 meses de operação experimental, a Prefeitura mediu de forma contínua padrões de uso, perfil de usuários e impactos na mobilidade e no ambiente. Ao fechar o ciclo, os números eram contundentes: 2,9 milhões de viagens, 972 mil usuários ativos e cerca de 230 empregos diretos e indiretos gerados.

Esse volume de dados foi decisivo para dois movimentos que tiveram que ocorrer em paralelo. Por um lado, a articulação com as áreas municipais, que passaram a conhecer os riscos reais —e não hipotéticos— das patinetes no espaço urbano. Por outro, o respaldo político para avançar rumo a uma regulação permanente. O resultado foi o Decreto Municipal 57.657, de 9 de março de 2026, que regula de forma definitiva as patinetes elétricas compartilhadas na cidade, após um processo que incluiu consulta pública, relatórios de monitoramento e diálogo com os órgãos envolvidos.

A lição que Quirino deixa é direta: sem o sandbox, o debate regulatório teria travado em intuições e em comparações com outras cidades, sem prática própria. Com ele, discutiu-se sobre evidência recolhida em um ambiente controlado. “Dados que não deixavam margem para questionar a relevância do serviço para a cidade”, resume.

O que se regula e o que não: o mecanismo por trás

O caso das patinetes é o produto de um método. Ao final de cada ciclo, de cerca de doze meses, o Sandbox.Rio produz um relatório técnico consolidado que orienta a decisão entre três caminhos possíveis: regulação definitiva, continuidade experimental ou encerramento ordenado do projeto.

As patinetes já percorreram esse caminho completo. Outros estão em pleno trajeto. O mais avançado é o Eletroposto Carioca, a primeira estação de recarga de veículos elétricos do país, inaugurada em fevereiro de 2025 na Barra da Tijuca. Em seu primeiro ano registrou 21.179 sessões de recarga, consumiu 522.373 kWh e evitou 406 toneladas de dióxido de carbono.

Esses dados, segundo a Prefeitura, já estão orientando uma decisão de política pública mais ampla. O Rio é a terceira cidade do Brasil em número de veículos elétricos emplacados, e a demanda cresce mais rápido que a oferta de infraestrutura: a frota eletrificada brasileira aumentou 28% somente no primeiro semestre de 2025, e as vendas cresceram 65,5% nos dois primeiros meses de 2026 frente ao mesmo período do ano anterior. O país tinha cerca de 21 mil estações de recarga em fevereiro de 2026, mas os condutores seguem apontando a falta de infraestrutura como o principal gargalo da eletromobilidade.

Por isso a cidade avança no desenho de um Plano Municipal de Eletromobilidade, que prevê somar 15 novas estações públicas de recarga até 2028. O sandbox foi o instrumento que permitiu acumular dados reais sobre demanda, perfis de uso, localização estratégica e viabilidade econômica. Dados que agora sustentam esse plano. Nas palavras de Quirino, “o programa não existe apenas para liberar inovação, mas para produzir o conhecimento que permite ao Estado agir com precisão”.

A inovação também para as periferias

Em todo o caminho houve, contudo, um ponto sensível que a própria equipe detectou. Os dois primeiros ciclos haviam dado resultados sólidos, mas concentrados em zonas com melhor acesso à infraestrutura urbana: a Zona Sul e a Barra da Tijuca. A inovação chegava onde já existia, de certo modo, e não onde mais fazia falta.

O terceiro ciclo, lançado em agosto de 2025, buscou corrigir esse viés. Pela primeira vez, os projetos voltados a comunidades cariocas e a áreas fora desse eixo recebem até dez pontos adicionais na seleção. A mudança se notou: 58 projetos inscritos, segundo a Prefeitura, um recorde para um sandbox municipal no Brasil, com participação inédita de iniciativas pensadas para territórios periféricos e um júri integrado por instituições como a Firjan e a UFRJ.

Entre os dez projetos do ciclo, dois mostram com clareza essa virada. Um é o Biclean, uma bicicleta aquática que se testa na Lagoa Rodrigo de Freitas como veículo de recreação e turismo sustentável, com a particularidade de recolher resíduos enquanto circula. O outro, de maior alcance social, é um CEP Digital —um sistema de endereços digitais— para as comunidades da Mangueira e do Caju, desenvolvido pela logtech de impacto social naPorta junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria Municipal de Saúde.

A ideia é simples, mas nem por isso menos poderosa. Em territórios onde o sistema postal tradicional não funciona, criam-se endereços digitais precisos para cada moradia. Isso permite, por exemplo, que os agentes comunitários de saúde localizem os moradores com exatidão, melhora o acompanhamento de pacientes, a cobertura de vacinação e a eficácia dos programas de atenção básica.A tecnologia de endereços digitais já vinha sendo aplicada em favelas cariocas desde o fim de 2024; o que o sandbox aporta é articulá-la com os serviços públicos de saúde do município. É o tipo de resultado, assinala Quirino, que converte o programa em um instrumento de redução da desigualdade urbana, e não apenas de fomento ao empreendedorismo.

Limites e diálogo com outros níveis do Estado

A experiência carioca também deixa ver onde estão as tensões. Um sandbox municipal só pode mexer em normas municipais, e os limites aparecem quando uma inovação toca competências de outros níveis do Estado. A própria equipe reconhece: pode dialogar com reguladores federais, como a agência de aviação que intervém no caso dos drones ou dos eVTOL, mas não modificar suas regras.

Esse atrito de competências ficou visível em abril de 2026, quando a Prefeitura publicou um decreto mais amplo —distinto do das patinetes compartilhadas— para ordenar a circulação de toda a micromobilidade elétrica na cidade. O Ministério Público do Estado do Rio questionou parte dessa norma e pediu sua suspensão, ao considerar que o município não pode modificar classificações de veículos já definidas pela legislação federal de trânsito.

O decreto afetado, o número 57.823, não tem relação com o programa Sandbox.Rio (o decreto dos patinetes compartilhados é o número 57.657 e segue em vigor). O episódio, ainda em aberto, ilustra um aprendizado que vai além do Rio: experimentar no âmbito local é possível e fértil, mas transformar esses aprendizados em uma regulação duradoura exige coordenação com os demais níveis do Estado.

O que outra cidade da região pode aprender

Para os governos locais que leem este Boletim, a pergunta prática é se tudo isso pode ser replicado. A recomendação de Quirino é não esperar ter o modelo perfeito. “O maior erro que uma cidade pode cometer é achar que precisa regular o futuro antes de entendê-lo”, afirma.

O programa carioca, lembra, não demandou recursos do erário nem uma estrutura complexa: precisou de vontade política, um instrumento jurídico claro e uma equipe disposta a aprender junto com as empresas. Apoia-se, além disso, em uma base normativa nacional —o Marco Legal das Startups, a lei complementar 182 de 2021— que habilita expressamente estados e municípios a criar esses ambientes de teste.

Na região, cidades como Porto Alegre, Goiânia, Maceió, Criciúma, Teresópolis e Volta Redonda, além do estado de São Paulo, já montaram seus próprios sandboxes. Na Argentina, a Cidade de Buenos Aires conta com uma lei desde 2021, e municípios como Escobar começaram a trilhar caminhos regulatórios semelhantes, inspirados em parte pela experiência do Rio.

O decreto que deu origem ao Sandbox.Rio está disponível como modelo adaptável para qualquer município que queira começar. Porque o problema que resolve, diz Quirino, é universal: “Se a sua cidade enfrenta tecnologias que chegam mais rápido que a capacidade de regulá-las —e todas enfrentam— o sandbox não é uma opção sofisticada reservada às grandes metrópoles. É a resposta prática a um problema comum”.

Quase dois anos depois daquela primeira matéria, a caixa de areia do Rio demonstrou algo que vai além dos drones e dos carros voadores que a tornaram famosa: que uma autorização temporária, bem desenhada, pode se converter em infraestrutura, em emprego, em serviços de saúde que chegam a uma favela. E, sobretudo, em uma forma distinta de o Estado se relacionar com aquilo que ainda não sabe regular.

Contato com Sandbox.Rio: https://www.sandboxrio.com.br/

Esta matéria faz parte do Boletim Ideias & Inspiração da Rede de Inovação Local (RIL), no qual a cada mês se destacam casos inovadores de diferentes temáticas em cidades de todo o mundo. Gostaria de receber, uma vez por mês, soluções locais como as desta matéria no seu e-mail? Você pode se inscrever gratuitamente!

Redação +COMUNIDAD

Imagem de capa: ilustração de RIL e +COMUNIDAD.

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Existe una versión en portugués de este artículo aquí. 

En agosto de 2024, +COMUNIDAD publicó por primera vez un especial sobre sandboxes regulatorios: esos entornos donde un gobierno permite probar, durante un tiempo y bajo supervisión, innovaciones que ninguna norma todavía contempla. Entre los casos destacados estaba el de Río de Janeiro, la primera capital brasileña en montar uno a escala municipal.

En aquel momento, el Sandbox.Rio era sobre todo una promesa con buenos primeros resultados. Su equipo nos contaba que la ciudad ya alojaba estaciones de recarga para autos eléctricos, robots de entrega circulando por las veredas, drones repartiendo bebidas y hasta los primeros pasos de un auto volador. Todo eso ocurría sin que la ciudad hubiera tenido que reescribir su normativa de antemano.

Casi dos años después, volvimos a tocar la puerta. La pregunta principal era qué había pasado con todo aquello: ¿quedó en experimento o se transformó en algo más? Y, sobre todo, una pregunta que ordena esta edición del Boletín Ideas & Inspiración: ¿cómo se traduce un “laboratorio regulatorio” en desarrollo económico concreto para una ciudad?

Las respuestas las dio, como aquella vez, Carina de Castro Quirino. Es la subsecretaria de Regulación y Ambiente de Negocios de la Prefeitura de Río (SUBRAN), cuya área conduce el programa. Y dejan ver un cambio de etapa: el sandbox dejó de ser una vitrina de pilotos para empezar a producir lo que más le cuesta generar a cualquier gobierno frente a la innovación: normas con base en evidencia.

Una caja de arena, para quien llega por primera vez

La metáfora que le da nombre viene del mundo del software. Cuando una persona dedicada a la programación quiere probar un código nuevo, no lo libera directo al sistema: lo corre en un entorno aislado, una “caja de arena”, donde puede fallar sin contaminar al resto. En 2015, reguladores financieros del Reino Unido tomaron prestada la idea para dejar que las fintech probaran sus productos en un espacio acotado, sin exigirles de entrada todas las reglas pensadas para los bancos.

Un sandbox regulatorio es eso: un permiso acotado en el tiempo, en el territorio y en su alcance, para probar algo nuevo en la vida real. No suspende los controles de seguridad ni las protecciones al ciudadano. Suspende, de forma temporal, normas menores que bloquean una innovación que todavía nadie reguló. Lo que cambió Río fue la escala. Una cosa es un sandbox financiero, con dos reguladores y un puñado de empresas. Otra muy distinta es una ciudad entera, con calles, vecinos, tránsito y comercios.

Río creó su programa en 2022 mediante el Decreto Municipal 50.697. Cualquier empresa, startup o instituto de investigación puede presentar un proyecto. Si la innovación no encaja en la normativa vigente, el municipio la evalúa y, si tiene mérito, le otorga una autorización temporal para operar con usuarios reales y bajo monitoreo. Al cerrar el ciclo, la Prefeitura produce un informe técnico. Y ahí empieza lo interesante.

Del experimento a la norma: el caso de los patinetes

Si hay un aprendizaje que el equipo de Quirino rescata de estos casi cuatro años es que “una regulación eficaz necesita evidencia, no anticipación”. 

La subsecretaria lo plantea como una inversión de la lógica habitual del Estado. “El poder público suele regular nuevas tecnologías a partir de proyecciones y suposiciones”, explica. El sandbox propone el camino opuesto: primero se prueba en escala real, después se regula a partir de los datos.

El caso que mejor completa esa trayectoria es el del Proyecto Patinete Rio, de la empresa Whoosh. Durante 19 meses de operación experimental, la Prefeitura midió de forma continua patrones de uso, perfil de usuarios e impactos en la movilidad y el ambiente. Al cerrar el ciclo, los números eran contundentes: 2,9 millones de viajes, 972.000 usuarios activos y unos 230 empleos directos e indirectos generados.

Ese volumen de datos resultó decisivo para dos movimientos que tuvieron que ocurrir en paralelo. Por un lado, la articulación con las áreas municipales, que pasaron a conocer los riesgos reales —y no hipotéticos— de los patinetes en el espacio urbano. Por el otro, el respaldo político para avanzar hacia una regulación permanente. El resultado fue el Decreto Municipal 57.657, del 9 de marzo de 2026, que regula de forma definitiva los patinetes eléctricos compartidos en la ciudad, tras un proceso que incluyó consulta pública, informes de monitoreo y diálogo con los organismos involucrados.

La lección que deja Quirino es directa: sin el sandbox, el debate regulatorio se habría trabado en intuiciones y en comparaciones con otras ciudades, sin práctica propia. Con él, se discutió sobre evidencia recogida en un entorno controlado. “Datos que no dejaban margen para cuestionar la relevancia del servicio para la ciudad”, resume.

Qué se regula y qué no: el mecanismo detrás

El caso de los patinetes es el producto de un método. Al final de cada ciclo, de unos doce meses, el Sandbox.Rio produce un informe técnico consolidado que orienta la decisión entre tres caminos posibles: regulación definitiva, continuidad experimental o cierre ordenado del proyecto.

Los patinetes ya recorrieron ese camino completo. Otros están en pleno trayecto. El más avanzado es el Eletroposto Carioca, la primera estación de recarga de vehículos eléctricos del país, inaugurada en febrero de 2025 en Barra da Tijuca. En su primer año registró 21.179 sesiones de recarga, consumió 522.373 kWh y evitó 406 toneladas de dióxido de carbono.

Esos datos, según la Prefeitura, ya están orientando una decisión de política pública más amplia. Río es la tercera ciudad de Brasil en cantidad de vehículos eléctricos patentados, y la demanda crece más rápido que la oferta de infraestructura: la flota electrificada brasileña aumentó 28% solo en el primer semestre de 2025, y las ventas crecieron 65,5% en los dos primeros meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. El país tenía unas 21.000 estaciones de recarga en febrero de 2026, pero los conductores siguen señalando la falta de infraestructura como el principal cuello de botella de la electromovilidad.

Por eso la ciudad avanza en el diseño de un Plan Municipal de Electromovilidad, que prevé sumar 15 nuevas estaciones públicas de recarga hasta 2028. El sandbox fue el instrumento que permitió acumular datos reales sobre demanda, perfiles de uso, localización estratégica y viabilidad económica. Datos que ahora sostienen ese plan. En palabras de Quirino, “el programa no existe solo para liberar innovación, sino para producir el conocimiento que permite al Estado actuar con precisión”. 

^{Bicicleta acuática recolectora de residuos en la Laguna Rodrigo de Freitas. Imagen: Proyectdo Biclean.}

La innovación también para las periferias

En todo el camino hubo, sin embargo, un punto sensible que el propio equipo detectó. Los dos primeros ciclos habían dado resultados sólidos, pero concentrados en zonas con mejor acceso a infraestructura urbana: la Zona Sur y Barra da Tijuca. La innovación llegaba donde ya existía en cierto modo, no donde más falta hacía.

El tercer ciclo, lanzado en agosto de 2025, buscó corregir ese sesgo. Por primera vez, los proyectos orientados a comunidades cariocas y a áreas fuera de ese eje reciben hasta diez puntos adicionales en la selección. El cambio se notó: 58 proyectos inscriptos, según la Prefeitura, un récord para un sandbox municipal en Brasil, con participación inédita de iniciativas pensadas para territorios periféricos y un jurado integrado por instituciones como la Firjan y la UFRJ.

Entre los diez proyectos del ciclo, dos muestran con claridad ese giro. Uno es Biclean, una bicicleta acuática que se prueba en la Laguna Rodrigo de Freitas como vehículo de recreación y turismo sustentable, con la particularidad de recolectar residuos mientras circula. El otro, de mayor alcance social, es un CEP Digital —un sistema de direcciones digitales— para las comunidades de Mangueira y Caju, desarrollado por la logtech de impacto social naPorta junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría Municipal de Salud.

La idea es sencilla, pero no por eso  menos potente. En territorios donde el sistema postal tradicional no funciona, se crean direcciones digitales precisas para cada vivienda. Eso permite, por ejemplo, que los agentes comunitarios de salud localicen a los vecinos con exactitud, mejora el seguimiento de pacientes, la cobertura de vacunación y la eficacia de los programas de atención primaria.

La tecnología de direcciones digitales ya venía aplicándose en favelas cariocas desde fines de 2024; lo que aporta el sandbox es articularla con los servicios públicos de salud del municipio. Es el tipo de resultado, señala Quirino, que convierte al programa en un instrumento de reducción de desigualdad urbana, y no solo de fomento al emprendimiento. 

^{Biclean, una bicicleta acuática que se prueba en la Laguna Rodrigo de Freitas como vehículo de recreación y turismo sustentable, con la particularidad de recolectar residuos mientras circula. Imagen: 10viajes.com} 

Límites y diálogo con otros niveles del Estado

La experiencia carioca también deja ver dónde están las tensiones. Un sandbox municipal solamente puede mover normas municipales, y los límites aparecen cuando una innovación toca competencias de otros niveles del Estado. El propio equipo lo reconoce: puede dialogar con reguladores federales, como la agencia de aviación que interviene en el caso de los drones o los eVTOL, pero no modificar sus reglas.

Ese roce de competencias se hizo visible en abril de 2026, cuando la Prefeitura publicó un decreto más amplio —distinto del de los patinetes compartidos— para ordenar la circulación de toda la micromovilidad eléctrica en la ciudad. El Ministerio Público del Estado de Río cuestionó parte de esa norma y pidió su suspensión, al considerar que el municipio no puede modificar clasificaciones de vehículos ya definidas por la legislación federal de tránsito. 

El decreto afectado, el número 57.823, no tiene relación con el programa Sanbox.Rio (el de los patinetes compartidos es el número 57.657 y se encuentra vigente). El episodio, todavía abierto, ilustra un aprendizaje que excede a Río: experimentar en el ámbito local es posible y fértil, pero llevar esos aprendizajes a una regulación duradera exige coordinar con los demás niveles del Estado.

Qué puede aprender otra ciudad de la región

Para los gobiernos locales que leen este Boletín, la pregunta práctica es si todo esto se puede replicar. La recomendación de Quirino es no esperar a tener el modelo perfecto. “El mayor error que puede cometer una ciudad es creer que necesita regular el futuro antes de entenderlo”, afirma.

El programa carioca, recuerda, no demandó recursos del erario ni una estructura compleja: necesitó voluntad política, un instrumento jurídico claro y un equipo dispuesto a aprender junto con las empresas. Se apoya, además, en una base normativa nacional —el Marco Legal de Startups, la ley complementaria 182 de 2021— que habilita expresamente a estados y municipios a crear estos entornos de prueba.

En la región, ciudades como Porto Alegre, Goiânia, Maceió, Criciúma, Teresópolis y Volta Redonda, además del estado de São Paulo, ya armaron sus propios sandboxes. En la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una ley desde 2021, y municipios como Escobar empezaron a transitar caminos regulatorios similares, inspirados en parte por la experiencia de Río.

El decreto que dio origen al Sandbox.Rio está disponible como modelo adaptable para cualquier municipio que quiera empezar. Porque el problema que resuelve, dice Quirino, es universal: “Si tu ciudad enfrenta tecnologías que llegan más rápido que la capacidad de regularlas —y todas las enfrentan— el sandbox no es una opción sofisticada reservada a las grandes metrópolis. Es la respuesta práctica a un problema común”.

Casi dos años después de aquella primera nota, la caja de arena de Río demostró algo que va más allá de los drones y los autos voladores que la hicieron famosa: que un permiso temporal, bien diseñado, puede convertirse en infraestructura, en empleo, en servicios de salud que llegan a una favela. Y, sobre todo, en una forma distinta de que el Estado se relacione con lo que todavía no sabe regular.

Contacto con Sandbox.Rio: https://www.sandboxrio.com.br/

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Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD. 

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¿Qué pasaría si el Estado pagara solo cuando un programa social funciona? No por las capacitaciones que dio. No porque se cumplió un cronograma. Sino cuando una persona obtiene un empleo formal y un sistema independiente verifica que efectivamente lo consiguió. 

Ese es, en esencia, el modelo de Pago por Resultados que Colombia viene desarrollando desde hace una década y que Bogotá decidió convertir en política de gestión. Lo hizo mediante un decreto, su incorporación al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y la creación del Comité Distrital de Pago por Resultados, una instancia que articula áreas de gobierno, verifica metas y diseña nuevos esquemas. No se conoce un antecedente similar a nivel de ciudad ni en Colombia ni en el resto del mundo.

En estos modelos, el Estado define una meta verificable —por ejemplo, empleo formal sostenido, calidad medida en educación inicial, acceso a financiamiento productivo— y vincula una porción del pago a los operadores al cumplimiento de esa meta. La novedad, en Bogotá, es haberla convertido en política institucional.

Cuando no se sabe si el gasto funciona

El punto de partida es un problema viejo de la administración pública: presupuestos limitados, exigencia creciente sobre cómo se usan y la obligación de cumplir metas concretas frente a desafíos persistentes, como la empleabilidad de la población más vulnerable.

“El esquema tradicional tiende a pagar por procesos y actividades —que se contrate, que se ejecute, que se cumpla el cronograma— más que por lo que efectivamente se transforma en la vida de las personas. El modelo de Pago por Resultados busca corregir esa lógica: orientar el gasto hacia lo que de verdad se logra y hacer más eficiente cada peso gastado”, explicó a +COMUNIDAD María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

La observación no es nueva. Buena parte de las políticas sociales en la región se evalúan por insumos y actividades, no por transformaciones medibles. El Pago por Resultados invierte esa lógica: la unidad de pago deja de ser la capacitación y pasa a ser el resultado final que esa capacitación persigue.

Pago por Resultados: 10 años de aprendizajes en Colombia

Colombia no parte de cero. Lleva un decenio desarrollando un ecosistema nacional de Pago por Resultados que la convirtió en referente regional. En 2017 lanzó Empleando Futuro, el primer Bono de Impacto Social en un país de ingresos medios del mundo, implementado en Pereira, Cali y Bogotá. 

El programa acompañó a 898 personas en situación de alta vulnerabilidad —el 74% mujeres, el 51% jóvenes de entre 18 y 24 años y el 39% víctimas del conflicto armado— con un esquema en el que los pagadores (el Departamento para la Prosperidad Social y BID Lab) sólo desembolsaban contra tres resultados específicos: colocación en empleo formal, retención a tres meses y retención a seis meses. La verificación estuvo a cargo de un tercero independiente, la firma auditora Deloitte, y participaron 643 empresas ofreciendo vacantes.

Los resultados fueron contundentes y, en buena medida, son los que después permitieron escalar el modelo. El bono superó en un 17% la meta de colocación (117% de cumplimiento) y, sobre todo, el 88% de las personas que consiguieron un empleo formal lo mantuvieron al menos tres meses.

Dos años después, el país fue el primero en América Latina en crear un Fondo de Pago por Resultados —llamado Logra—, pensado como un vehículo financiero para escalar y dar sostenibilidad al modelo.

El acumulado del ecosistema incluye cuatro bonos implementados, más de 20.000 millones de pesos colombianos movilizados (unos 5,5 millones de dólares) y más de 5.000 empleos formales generados para población vulnerable, con la participación de 14 inversionistas y 9 proveedores de servicios del sector privado. 

En septiembre de 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con el BID a través de su laboratorio de innovación, la cooperación suiza (SECO) y Fundación Corona, formalizaron una Estrategia Nacional de Pago por Resultados que incluye, entre otras cosas, un sandbox regulatorio para identificar y remover las barreras legales que dificultan su implementación.

Cómo se paga por resultados

Detrás del nombre hay una arquitectura concreta. El Estado define una meta verificable —por ejemplo, 1.000 personas vulnerables empleadas y retenidas durante seis meses—. Operadores ejecutan el programa en territorio: capacitación, intermediación laboral, acompañamiento. Una instancia independiente verifica si el resultado se alcanzó. Y recién entonces se paga. Si la meta no se cumple, no hay desembolso o el desembolso es parcial.

“Pagar por resultados es un modelo que nos permite, tanto al sector público como al privado, asegurarnos de que cada peso, cada centavo, cada dólar que estamos invirtiendo en nuestros programas y proyectos esté atado a la obtención de un resultado final que pueda medir y verificar. Nos asegura impacto, eficiencia y transparencia”, desarrolló María Paulina Gómez, directora del programa MÁS Pago por Resultados, en declaraciones a Malditos Optimistas y la Red de Innovación Local (RIL). 

Hay dos formas principales en que los actores privados se vinculan a estos esquemas, y cada una configura una arquitectura financiera distinta. 

En la primera, inversionistas privados —organizaciones filantrópicas, fundaciones, capital de deuda— ponen el capital por adelantado y asumen el riesgo: si el resultado se alcanza, recuperan su inversión con un retorno. Si no, asumen la pérdida.

En la segunda, no hay inversionistas externos: el Estado contrata operadores tradicionales y vincula parte sustancial de su pago al cumplimiento del resultado. El operador, en la práctica, se juega el cierre financiero del proyecto.

Las condiciones que hicieron a Bogotá un terreno fértil

Para que una ciudad pueda dar el salto del piloto a la política institucionalizada, hace falta más que voluntad. Hace falta una combinación específica de condiciones, según describe la dirección del programa que acompaña el proceso desde la cooperación internacional.

“Hay una suma de lo que llamamos condiciones habilitantes. No es imposible, pero tenemos que trabajar para unir los puntos. Bogotá tenía capital catalítico, asistencia técnica y un marco de confianza para que los gobiernos aprendieran a utilizar este tipo de esquemas. Innovar con recursos públicos suele dar temor, es complejo, y estos actores pusieron unas condiciones al principio”, observa María Paulina Gómez.

La otra condición habilitante es política. Sin tomadores de decisión dispuestos a probar un mecanismo nuevo, los puntos no se alinean. “Hubo una decisión concreta de utilizar este mecanismo, probarlo y lograr resultados verificados que apunten a las metas de desarrollo”, agrega la directora de MÁS Pago por Resultados.

De experimento a política: la apuesta del Comité Distrital

La novedad de Bogotá no es haber usado el Pago por Resultados —ya lo había hecho como ciudad participante de los bonos nacionales—. La novedad es la decisión de institucionalizarlo. Para eso, la Alcaldía lo incluyó en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y lo respaldó con un decreto que regula su uso. 

La pieza central de esa arquitectura es el Comité Distrital de Pago por Resultados, la instancia que articula a las áreas del gobierno, verifica los resultados y discute el diseño de cada esquema.

“Sobre lo más innovador, no creo que sea un solo elemento, sino la apuesta por institucionalizar el mecanismo para que trascienda al gobierno de turno. Esto ayuda a blindar el mecanismo y evita que la iniciativa muera con el cambio de administración”, ahondó María del Pilar López Uribe.

Una adaptación técnica que destrabó el modelo

Para que el esquema funcionara dentro del marco legal colombiano hubo que resolver una incompatibilidad concreta: la anualidad presupuestal. La regla establece que el gasto público se compromete año a año, pero los esquemas de Pago por Resultados pagan contra metas que se verifican en horizontes más largos.

La solución a la que llegó la ciudad fue un arreglo fiduciario que permite extender esa anualidad para los sectores definidos por el mecanismo. Es un detalle técnico, pero es el tipo de adaptación que separa una idea atractiva en el papel de un modelo que efectivamente puede operar dentro de las reglas de juego de la administración pública. “Esa fue la adaptación concreta que hizo viable el modelo en nuestro marco legal”, resume López Uribe.

Cinco programas aprobados, uno completado

En poco más de un año desde la puesta en marcha del Comité, Bogotá tiene cinco esquemas aprobados en distintas etapas de su ciclo. Solo uno concluyó hasta ahora: el programa de Jardines Infantiles Cofinanciados, que incluyó un componente de Pago por Resultados orientado a incentivar la asistencia, la permanencia y la medición de la calidad de la educación inicial.

“Un segundo frente de éxito, y quizás el más valioso de cara al futuro, son los aprendizajes que ya están alimentando nuevas iteraciones”, precisó la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. En Jardines Infantiles, una segunda implementación incorporó mejoras derivadas de la primera: la permanencia se consolidó como métrica de pago (la asistencia puntual pasó a ser una obligación contractual), se amplió el período de verificación de la calidad y se ajustaron los sistemas de información para que los pagos avancen al ritmo en que se verifican los resultados. En empleo ocurre algo parecido: la Secretaría está diseñando un nuevo esquema mientras el actual sigue en implementación.

Cali: cuando el resultado no es solo el empleo, sino la trayectoria

Antes de Bogotá, Cali había llevado el modelo un paso más allá. En lugar de pagar solo por la colocación laboral, la ciudad incentivó financieramente que la persona se mantuviera en el empleo tres y seis meses. La lógica era distinta: ya no se trataba de generar ingresos puntuales, sino de medir un cambio sostenido en la trayectoria de la persona.

“Empezamos a resolver otro tipo de problemática, que no es solo generación de ingresos, sino superación de la pobreza. Cuando una persona viene de la informalidad, pasa a empleo formal y lo retiene tres o seis meses, lo que vemos a través de nuestros estudios de impacto es que la trayectoria laboral cambia completamente”, aseguró María Paulina Gómez. “Las empresas quieren retener ese talento, la formalidad se mantiene, y la persona accede a otros servicios: créditos financieros, créditos para vivienda. Se genera un círculo más positivo”, añadió. 

Esa redefinición del resultado es –consideran– una innovación. Cambia lo que el Estado considera “éxito” y, en consecuencia, qué tipo de intervenciones tienen sentido financiar. Si el indicador es la colocación, basta con conectar a la persona con un empleador. Si el indicador es la retención, hay que trabajar las brechas que normalmente sacan a esa persona del mercado formal: cuidados para mujeres con hijos, auxilio de transporte, acompañamiento psicosocial, habilidades blandas, entre otros. 

Pago por Resultados: dos arquitecturas, una misma lógica

Cali y Bogotá representan dos formas distintas de operar el Pago por Resultados, y la diferencia es relevante para cualquier ciudad que esté pensando en adoptar el modelo.

Cali utilizó el esquema clásico, con inversionistas privados que asumen el riesgo: organizaciones filantrópicas y otras fuentes que pusieron capital privado por adelantado para desplegar el programa, y la Alcaldía como pagador final, condicionado a los resultados verificados. 

Bogotá tomó otro camino: en sus esquemas distritales no hay inversores privados a riesgo. La ciudad trabaja con los operadores habituales de cada programa y les incorpora un componente de Pago por Resultados. El operador recibe un pago por actividades, pero el pago total depende del resultado.

Calibrar el incentivo, la decisión más difícil

De todas las decisiones técnicas que implica diseñar un esquema de Pago por Resultados, hay una que sus impulsores señalan como la más compleja: cuánto del pago debe estar atado al resultado y cuánto a las actividades previas.

“Si el incentivo se pone muy alto, desincentiva el uso del esquema; si queda muy bajo, no agrega nada. Calibrarlo bien es una de las decisiones más difíciles del modelo”, indica la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. 

La calibración define, en los hechos, qué tan “arriesgada” resulta la intervención para el operador. Y de eso depende el comportamiento que el modelo termina premiando. Un incentivo bajo hace que el componente de resultado sea una formalidad. Un incentivo demasiado alto puede llevar a los operadores a seleccionar solo a las personas con más probabilidades de éxito o, directamente, a no participar de los esquemas.

Qué aprende una ciudad que quiera intentarlo

Consultada por +COMUNIDAD sobre qué consejos le daría a otra ciudad que quiera seguir un camino parecido, López Uribe distingue varios niveles. El primero es político: empezar no por el instrumento, sino por un resultado que la ciudad de verdad quiera lograr y esté dispuesta a defender y sostener. Sin esa convicción, el resto del andamiaje no se sostiene.

Sobre esa base, identifica un conjunto de condiciones prácticas: construir un marco normativo y de seguridad jurídica que dé confianza a quienes van a participar:

• Anclar el esfuerzo en lo institucional —plan de desarrollo, decreto o acto administrativo equivalente— para que sobreviva al cambio de gobierno. 
• Empezar pequeño y bien estructurado, antes que grande y débil en métricas-
• No subestimar la verificación, porque sin medición creíble el modelo entero pierde sentido.
•  Calibrar con cuidado el incentivo, y apoyarse desde el inicio en pares, cooperación y aliados técnicos.

También menciona un aprendizaje menos visible: la articulación con sectores como Hacienda y Planeación, que tienen una mirada estratégica más distante del día a día de las áreas ejecutoras. “Construir la normativa exigió acercar esas dos miradas”, dice. Es el tipo de fricción que rara vez aparece en los manuales, pero define si un esquema termina implementándose o queda escrito.

Más allá del empleo: el horizonte del modelo

Durante una década, Colombia concentró sus esquemas de Pago por Resultados en empleabilidad para población vulnerable. Era el terreno donde había una problemática nítida, un indicador medible y fuentes públicas para verificarlo. Pero el modelo no se limita a ese campo.

“Todas las áreas de política pública tienen chance de utilizar este mecanismo. Requiere distintas condiciones. En Colombia exploramos educación, empleo, productividad, salud, mortalidad materna, economía circular, conservación de biodiversidad. Lo que necesitamos es un problema concreto buscando un resultado concreto, y a quiénes tenemos que incentivar financieramente para alcanzarlo, que sea medible y verificable dentro del tiempo de intervención”, insiste María Paulina Gómez.

Bogotá ya empezó a moverse en esa dirección. Sus cinco esquemas aprobados incluyen los frentes históricos —empleo, productividad, financiamiento empresarial—, pero también calidad de jardines infantiles, un terreno donde el resultado a medir y a pagar es la educación temprana, no la colocación laboral.

Un cambio de pregunta

Si el modelo se sostiene, lo que cambia no es sólo cuánto se gasta. Cambia la pregunta que se le hace al gasto público. La pregunta tradicional fue durante mucho tiempo: “¿el dinero se ejecutó?”. La pregunta del Pago por Resultados es otra: “¿el problema se resolvió?”.

Una década de pilotos, cuatro bonos de impacto, miles de empleos generados, una estrategia nacional, un decreto distrital y un comité que ya tiene su rutina de trabajo sugieren que la pregunta puede formularse y, en algunos casos, responderse. El siguiente paso, el que están explorando estas y otras ciudades, es averiguar hasta dónde llega.

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La iniciativa nació en 2023 como una articulación entre la Municipalidad de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y el Banco Galicia. Desde entonces, se convirtió en una plataforma de validación y aceleración para proyectos tecnológicos vinculados a desafíos concretos del territorio. La propuesta combina mentorías, financiamiento, asistencia técnica, redes de contacto y pruebas piloto en entornos reales.

Según sus impulsores, uno de los objetivos del Hub es conectar emprendimientos con necesidades concretas del territorio y generar instancias de validación para acelerar soluciones tecnológicas. 

En sus primeras tres ediciones, el Hub reunió 117 proyectos provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. La mayoría de las iniciativas estuvieron vinculadas a innovación agroindustrial, vitivinicultura, sostenibilidad, movilidad y tecnología aplicada a servicios urbanos.

El programa forma parte de una tendencia cada vez más extendida entre gobiernos locales: generar condiciones para fortalecer ecosistemas emprendedores y promover innovación aplicada al desarrollo económico. En este caso, con una lógica de articulación público-privada y académica.

Del laboratorio a la validación territorial

Uno de los aspectos centrales del Hub es que los emprendimientos no sólo reciben capacitación o mentorías. También tienen la posibilidad de validar sus soluciones en territorio, junto a empresas, bodegas, instituciones científicas y organismos públicos.

Ese fue el caso de Bees IoT, un emprendimiento especializado en monitoreo inteligente de microclima mediante sensores e inteligencia artificial. Tras ser seleccionado en la edición 2025, el proyecto comenzó una prueba piloto en la bodega Cheval des Andes para monitorear variables climáticas en tiempo real, prevenir heladas y optimizar procesos de riego.

La experiencia permitió que la startup ajustara su tecnología en condiciones reales y generara vínculos con actores estratégicos del ecosistema productivo mendocino.

“La experiencia permitió demostrar el potencial del programa para conectar emprendimientos tecnológicos con necesidades concretas del territorio”, sostiene el informe del Hub, elaborado por la Municipalidad de Mendoza y el Banco Galicia. 

El programa trabaja sobre distintas verticales estratégicas. Durante las primeras ediciones, el foco estuvo puesto principalmente en innovación vitivinícola y agroindustrial, con proyectos vinculados a trazabilidad, monitoreo inteligente, bioinsumos o tecnologías aplicadas al agro. Más recientemente se incorporó una línea orientada a turismo e innovación urbana.

Entre los proyectos seleccionados en 2024 estuvieron Btrazer, dedicada a trazabilidad blockchain para el agro; Novosens, que desarrolló un biosensor portátil para medición de alcohol en vinos; y PuroNativo-Agro, enfocada en bioinsecticidas inteligentes para viñedos.

Huella Mendoza, un ecosistema con múltiples actores

El Hub también funciona como espacio de encuentro entre actores que habitualmente no trabajan de manera articulada. En las distintas ediciones participaron universidades, aceleradoras, cámaras empresariales, organismos técnicos y empresas vinculadas al sector tecnológico y agroindustrial.

Entre ellas estuvieron el INTA, Wines of Argentina, Bodegas de Argentina, la UTN Regional Mendoza, Embarca Aceleradora y la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otras instituciones.

Durante la edición 2024, por ejemplo, se realizaron talleres, reuniones de validación, encuentros con inversores y actividades de networking en distintos espacios de innovación de Mendoza. Según datos del programa, participaron 32 instituciones, ocho bodegas y más de 30 mentores y especialistas.

El esquema busca responder a uno de los principales desafíos de muchos ecosistemas emprendedores: la dificultad para que proyectos innovadores accedan a financiamiento, validen tecnologías o encuentren mercados donde escalar.

En ese sentido, el Hub combina aportes no reembolsables, líneas de financiamiento y acompañamiento técnico para fortalecer modelos de negocio sostenibles.

Innovación aplicada al desarrollo económico

Con el paso de las ediciones, el programa también permitió detectar tendencias dentro del ecosistema emprendedor regional. Una de las principales conclusiones fue el crecimiento de iniciativas vinculadas al agro, la vitivinicultura y la biotecnología.

La primera edición destinó 12 millones de pesos al acompañamiento de los proyectos (unos 34.000 dólares al tipo de cambio oficial de octubre de 2023) y la segunda, 10 millones (unos 10.000 dólares al tipo de cambio oficial de octubre de 2024).

Según el informe del Hub, estos sectores mostraron “mayor nivel de innovación aplicada y mejores oportunidades de validación territorial” que otras verticales planteadas inicialmente.

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Por Ashoka Cono Sur

En Misiones, Tiago Rodriguez (19) dirige una startup que desarrolla inteligencia artificial para estudiantes con discapacidad. En Córdoba, Uriel Barzola (21) combina la apicultura con el activismo ambiental y los saberes del pueblo originario al que pertenece para montar un proyecto productivo en el lugar donde nació y eligió quedarse. 

Ambos representan una forma de entender el trabajo que no separa la vocación del impacto, ni el proyecto personal del laboral y las acciones colectivas. Los dos forman parte de la generación 2026 de Tribu, la red de jóvenes agentes de cambio impulsada por Ashoka Cono Sur, que este año lanza Tribu Usina de Impacto, una instancia de cruce entre juventudes, trabajo y emprendimiento social. 

Tiago partió de un compromiso personal y familiar por generar soluciones a personas con TDAH y TEA, que lo llevó desde más chico a involucrarse con campañas de concientización sobre discapacidad. Las ganas y la curiosidad lo llevaron a crear juguetes accesibles impresos en 3D con plástico reciclado. “Acelerados”, su proyecto actual, recupera los aprendizajes de ese camino y lo potencia. Es una plataforma de inteligencia artificial que adapta contenido educativo para estudiantes con trastornos de atención o del espectro autista. 

Transformarlo en un medio de vida implica desafíos: “¿Cómo monetizar sin cobrarle a estudiantes ni a docentes?”, se preguntó. Por eso, indaga en propuestas público-privadas de financiamiento y en toda oportunidad de crecer. Es que para Tiago, el éxito se encuentra en dos dimensiones: una de métricas, que se da por llegar a más escuelas y usuarios con su desarrollo, y otra personal, que tiene que ver con acompañar a las familias.

Uriel también encontró la semilla de la transformación social hace años, movilizado por el activismo ambiental. Perteneciente a la comunidad originaria sanavirona Kasik Sacat, Uriel fundó Tracelife (“rastro de vida”), para divulgar material científico sobre las aves playeras migratorias del Parque Nacional Ansenuza, un proyecto que sumó limpiezas de costa y talleres en escuelas, ganó un premio y llegó hasta la legislatura de Córdoba. 

En la actualidad, es voluntario en la Fundación Líderes de Ansenuza, donde se ocupa de la logística de talleres ambientales en La Shinconá, trabaja como apicultor en su propio emprendimiento en clave sociambiental y estudia Administración de Empresas. “Como ambientalista, quiero despertar el interés de las comunidades sobre el valor del ecosistema local. Como emprendedor, quiero lograr un proyecto escalable que genere empleo en mi zona”, recalca. Una vez que termine su formación, quiere regresar a Villa Rosario del Saladillo y visibilizar el proceso de producción de miel y la vida en ese rincón de Córdoba. 

Que cambiar el mundo y trabajar no sea solo un sueño

Ser un agente de transformación social y necesitar, como cualquier persona, un ingreso económico para sostenerse, puede entrar en tensión. Para abordarlo, Ashoka impulsa desde hace seis años en Argentina la iniciativa Tribu, una red de jóvenes agentes de cambio que cada año explora distintas temáticas vinculadas a la participación y la transformación social. 

En 2026, la propuesta presenta una nueva edición llamada Tribu Usina de Impacto, enfocada en el vínculo entre juventudes, trabajo y emprendimiento social. Además, gracias al acompañamiento de Citi Foundation obtenido en 2025, el programa se expande por primera vez a Uruguay y Paraguay. 

La propuesta convoca a jóvenes que quieran profundizar su camino como emprendedores sociales, para formarlos en habilidades de liderazgo e iniciativa emprendedora. Les pone en contacto con referentes del sector privado, público y social, y busca cocrear con ellos y ellas materiales audiovisuales y educativos para acompañar el recorrido por el mundo laboral. 

“Las juventudes están atravesadas por una gran incertidumbre respecto del futuro laboral, pero también por una necesidad muy fuerte de encontrar sentido en lo que hacen. Desde Ashoka creemos que no alcanza con pensar el trabajo únicamente como una salida económica o profesional. Las nuevas generaciones buscan espacios donde puedan desarrollarse, aportar a sus comunidades y tener un impacto positivo en los desafíos sociales y ambientales que atraviesan sus territorios”, definió Layla Calomiti, coordinadora de Niñez y Juventud de la organización. 

Según detalló, ya desde los primeros encuentros de Tribu Impact Lab las y los jóvenes se mostraron “muy conscientes del contexto que habitan, con una enorme sensibilidad frente a temas como la salud mental, la desigualdad, la educación, el acceso a oportunidades, la crisis ambiental o la desconexión comunitaria”. Esas ganas generan acción porque se involucran para “imaginar respuestas nuevas frente a problemas complejos”, recalcó Calomiti. 

Emprender desde el territorio y trabajo con propósito 

Lo que Tiago y Uriel ya aprendieron en Tribu es que no están solos. “Ashoka nos da una visión externa de nuestros proyectos y nos ayuda a superar obstáculos”, consideró Uriel. Tiago valora sobre todo el contacto con jóvenes de otros lugares que también piensan el trabajo desde el impacto social. Y para quienes tienen inquietudes pero todavía no se animan a convertirlas en inquietudes de su vida cotidiana, les propuso: “Sean curiosos, estén presentes y molesten. Apuesten todo por las ideas que sienten que tienen potencial”. 

En un momento en que el mundo del trabajo se transforma a una velocidad que desorienta, las juventudes aportan herramientas, ideas creativas, habilidad para la innovación y liderazgo. Hay algo que ambos jóvenes tienen en claro: el cambio puede ser algo más que una actividad paralela a la vida productiva; puede ser en sí mismo un proyecto de vida.

Este artículo se publica en el marco de un acuerdo de colaboración entre Ashoka Cono Sur y +COMUNIDAD | RIL. En esta ocasión, ocurre en el contexto de la publicación y difusión del Boletín Ideas & Inspiración. La edición de mayo 2026 está dedicada a iniciativas locales de desarrollo económico en América Latina.

^{Imágenes: Ashoka Cono Sur.} 

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En la esquina de Freire con Manuel Rodríguez, en el corazón de Renca, un edificio de 5.000 metros cuadrados llevaba años siendo lo que ningún vecino quiere tener al lado de su casa: un supermercado abandonado. Ventanas rotas. Muros grafiteados. El galpón concentraba basura, tráfico de drogas y una sensación persistente de inseguridad en un territorio que ya cargaba con déficit de servicios, pocas áreas verdes y escasa presencia del Estado. 

Renca, comuna de 150.000 habitantes, figuraba en los diagnósticos urbanos de Santiago como un territorio vulnerable, con capacidad institucional limitada para atraer inversión privada y coordinar cooperación internacional.

Cuando Claudio Castro asumió la Municipalidad en 2017, Renca tenía menos de dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante, una fracción del rango de 10 que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Concentraba el mayor polo industrial de la Región Metropolitana —más de 600 empresas—, pero la actividad productiva operaba de espaldas a los vecinos. Los camiones entraban y salían. El empleo, los proveedores y las oportunidades quedaban en otro lado.

En 2018, el municipio tomó una decisión que pocos esperaban: comprar el edificio abandonado. No para demolerlo ni para construir un estacionamiento. Lo compró para convertirlo en algo que no existía en Chile a esa escala. Una fábrica de ideas al servicio del territorio. El edificio en sí está lejos de ser lo más interesante de la historia. Lo verdaderamente nuevo fue la figura institucional que se puso en marcha allí, hoy estudiada como un modelo de innovación pública para América Latina.

Un brazo innovador para el municipio

La Fábrica de Renca no es un centro cultural ni un espacio de coworking con buenas intenciones. Es una corporación de desarrollo: una organización de derecho privado sin fines de lucro, con gobernanza propia, financiada por el municipio pero con autonomía operativa.

Esa arquitectura jurídica es deliberada. Permite contratar equipos técnicos sin grandes restricciones administrativas, firmar convenios con empresas y organismos internacionales con agilidad, y recibir financiamiento privado fuera de los circuitos tradicionales de la gestión municipal.

En palabras de Gabriela Elgueta, primera directora de La Fábrica, la corporación nació para visibilizar la democratización de la innovación, ya que ofrece “la posibilidad de mover su centro de gravedad” a un territorio que se caracteriza por su vulnerabilidad económica y social”. La frase condensa un principio de diseño: la innovación pública no debería concentrarse en las comunas ricas de Santiago. Puede y debe operar desde los “márgenes”.

El método es sencillo de enunciar, pero difícil de ejecutar: conectar los problemas del territorio con las capacidades de tres ecosistemas que no siempre se hablaban. Uno internacional —organismos multilaterales, embajadas, ciudades del mundo—. Uno nacional —empresas, universidades, centros de investigación—. Y uno comunitario —vecinos, almaceneros, emprendedores, estudiantes—. Ahora, cada vez que se activa una relación entre esos mundos, se formula un proyecto concreto y los equipos municipales se integran a la ejecución.

Javier Morales Norambuena, actual director ejecutivo de La Fábrica, sintetizó el enfoque en una entrevista con Bloomberg Cities. “La promesa que le hicimos a la comunidad fue que aquí traeríamos innovación y, al hacerlo, desbloquearíamos servicios que ni siquiera había imaginado”, manifestó. 

Las cifras dan cuenta del alcance. Desde su apertura, La Fábrica movilizó más de 22 millones de dólares en inversión público-privada. Tiene más de 100 aliados estratégicos activos y recibió más de 30 delegaciones extranjeras desde 2023. 

Los spin-offs: instrumentos que adquieren vida propia

La Fábrica no se agota en la articulación. Genera instrumentos concretos que después funcionan de manera autónoma. El equipo los llama spin-offs. Tres de ellos ilustran la amplitud del modelo.

1. Renca Conecta: la industria reconectada con el barrio

El programa apunta a resolver una paradoja histórica. La comuna concentra el polo industrial más grande de Santiago, pero durante décadas esas empresas no generaban valor para el barrio. Renca Conecta articula a empresas, al municipio, a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y a asociaciones locales para convertir a la comuna en un hub de logística y manufactura con impacto territorial. Funciona con una gobernanza tripartita que integra al sector público (Municipalidad de Renca, CORFO Metropolitano, Gobierno Regional), al sector privado (empresas del territorio) y a la sociedad civil (asociaciones de emprendedores y fundaciones).

Víctor Aguayo, gerente de operaciones de Prodalam, una empresa logística local, sostiene que el programa permitió articular proveedores locales con la cadena de suministro y reducir costos operativos. Marcela Fierro, presidenta de la Asociación de Emprendedoras de Renca, agrega que las capacitaciones abrieron a las socias acceso a empleos mejor remunerados en el sector manufacturero.

De Renca Conecta también nació la primera Comunidad Logística Urbana de Chile, donde empresas como Coca-Cola Andina, CCU, Correos de Chile, Megacentro y Prodalam se coordinan con el municipio en seguridad, movilidad y empleo.

2. Distrito Empresarial: el primer BID industrial de Chile

El segundo spin-off es el Distrito Empresarial Renca Poniente, el primer Business Improvement District (BID) industrial de Chile. En este tipo de figura, las empresas de una zona se constituyen legalmente como corporación para mejorar de manera colectiva las condiciones de su entorno. La lógica es estratégica. Un territorio más seguro, mejor iluminado y con espacio público cuidado es un territorio donde operar resulta más eficiente.

El Distrito fue creado en 2024 por la Municipalidad y más de 30 empresas, con apoyo de CORFO Metropolitano y la gestión de La Fábrica. A enero de 2026 contaba con 40 empresas socias y una inversión privada que supera los 350 millones de pesos chilenos (aproximadamente 370.000 dólares al tipo de cambio de enero de 2026), destinados a seguridad, espacio público, iluminación, vialidad y servicios urbanos.

El modelo funcionó al punto de que en enero de 2026 se lanzó el Distrito Empresarial Renca Oriente, segundo BID de la comuna, con respaldo del Ministerio de Economía, CORFO e INACAP. La meta del municipio es ambiciosa: que para 2030 la mitad de los empleos en Renca sean ocupados por vecinos de la comuna.

3. Agencia de Inversiones: la primera de su tipo en el país

El tercer spin-off es la Agencia de Inversiones Locales, la primera a nivel municipal en Chile, lanzada en agosto de 2025. Se inspiró en modelos de São Paulo, Glasgow, Sofía y Barcelona, ciudades con oficinas especializadas en atraer inversión privada. 

La diferencia es que Renca es una comuna de poco más de 150.000 habitantes, no una capital global. La Agencia funciona como una unidad técnica de La Fábrica que conecta inversores con las necesidades concretas del territorio, identificadas junto a la comunidad. Al momento del lanzamiento, tenía catastrados alrededor de 100 terrenos estratégicos que suman más de 74 hectáreas.

En abril de 2026, la Agencia canalizó la firma de una alianza con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para incorporar inteligencia artificial en la tramitación de permisos de obras. La plataforma REVI, desarrollada por la CChC junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), acelera la revisión de expedientes en la Dirección de Obras Municipales mediante dos asistentes de IA. Uno orienta a los solicitantes en la preparación de antecedentes. El otro apoya al revisor con criterios normativos consistentes.

Castro lo planteó con una frase directa al firmar el convenio: “En Chile se habla mucho de la permisología. En Renca estamos haciendo algo distinto: estamos resolviendo el problema”. Mientras en muchas comunas del país los permisos de edificación pueden tardar más de 200 días, Renca opera hoy en torno a los 39, según cifras del municipio.

Lo que nace alrededor de La Fábrica de Renca

La Fábrica también transformó su entorno inmediato. En el mismo recinto se instalaron la primera Farmacia Comunitaria de Renca —donde los vecinos ahorran en promedio un 76% en medicamentos respecto de los precios de mercado— y la primera Óptica Comunitaria, junto a una plaza construida con materiales reciclados. Los negocios tradicionales del barrio se adaptaron, y la zona pasó de ser un espacio evitado a funcionar como un subcentro urbano activo.

Solange Arredondo, presidenta de la Fundación DO! Smart City, organización que opera como brazo ejecutor de varios proyectos público-privados de La Fábrica, observa que uno de los efectos visibles de la instalación de la corporación es la disminución de delitos en el sector.

A través de la Red de Almaceneros y plataformas como Mi Barrio, Mi Almacén, La Fábrica canalizó más de 300 millones de pesos chilenos (unos 320.000 dólares al tipo de cambio del período) en aportes privados y donaciones al comercio local. El programa Imparables Renca 2026, una alianza con el Holding Orsan y la Fundación Kellü, identifica a 12 emprendedores locales con tracción comercial y los acompaña con mentorías profesionales para convertirlos en proveedores estratégicos del distrito industrial.

La Escuela de Innovación Pública capacitó a más de 1.200 personas en liderazgo, gestión pública, digitalización y sostenibilidad. El laboratorio de fabricación digital, instalado en alianza con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), formó a más de 500 vecinos en impresión 3D, corte láser y trabajo con biomateriales.

Los cerros como prueba

El impacto más visible de La Fábrica se despliega en los cerros que rodean la comuna. El Parque Metropolitano Cerros de Renca abarca tres cerros —Renca, Colorado y Lo Ruiz—, y representa el proyecto de restauración ecológica más ambicioso de la comuna y uno de los más relevantes de Santiago.

Desde 2017 se plantaron más de 80.000 árboles nativos. El municipio reporta una tasa de supervivencia superior al 90%. La inversión combina fondos públicos, privados y compensaciones ambientales. Las alianzas que sostienen el parque pasan por La Fábrica. El Plan Maestro del Agua, con una inversión público-privada de 5.700 millones de pesos chilenos (aproximadamente 6 millones de dólares), capta, acumula y distribuye agua reutilizada —incluyendo aguas tratadas provenientes de la planta de Coca-Cola Andina— para el riego de las zonas reforestadas. Es infraestructura proyectada para al menos 20 años.

La cooperación técnica de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, acompaña el diseño de un modelo de gobernanza climática. En 2023, La Fábrica gestionó la entrada de Renca en el programa CityToCity con la ciudad de Toyama (Japón), lo que permitió instalar plantas solares de vanguardia en empresas locales. A través del programa Cities Forward del Departamento de Estado de Estados Unidos, se formalizó una alianza con la ciudad de Evanston (Illinois) para trabajar en sustentabilidad, inclusión y resiliencia urbanas.

Desde la corporación también se gestionó el cierre definitivo de la Central Renca, una planta de generación a diésel que operaba desde 1962 y representaba uno de los focos históricos de contaminación de la comuna. La operación, articulada entre el municipio, Generadora Metropolitana y la comunidad, fue presentada como una transición simbólica hacia un modelo de generación eléctrica más limpio.

En entrevista con +COMUNIDAD en 2025, Castro destacó que son los propios vecinos quienes informan cuando un árbol necesita atención o cuando el sistema de riego sufre algún daño, una señal del compromiso comunitario con la regeneración ambiental de los cerros.

Imagen de portada: La Fábrica de Renca. 

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