Por César Tomás Zarrabeitia, coordinador de
Ciudades Innovadoras en RIL

Hay una tentación cuando se trabaja en un desafío público (desde un gobierno, una organización o incluso desde un programa de innovación) a creer que primero hay que encontrar la solución y después convocar a los demás. La experiencia nos viene mostrando que, frente a los problemas complejos de una ciudad, conviene hacer exactamente lo contrario.

La clave es sentar alrededor de una misma mesa a quienes conocen distintas partes del problema: al funcionario que tiene capacidad de decisión, al vecino que lo vive todos los días, a una organización social que lleva años trabajando sobre el tema, a una empresa o una universidad, y también a alguien que probablemente nunca fue invitado a participar de una conversación de política pública. A eso, dentro del Programa de Innovadores Locales (PIL), lo llamamos Red de Cambio.

La definición puede sonar sencilla. Son espacios que conectan a líderes locales con actores de distintos sectores para comprender un desafío y co-crear respuestas. Pero después de acompañar cientos de estas redes, creemos que lo más interesante ocurre en un lugar un poco menos visible. Una Red de Cambio funciona cuando el problema deja de ser del municipio, de la organización o de los vecinos, y empieza a ser nuestro problema.

Redes de Cambio: participar no es solamente ser consultado

En los últimos años, desde RIL acompañamos la creación de Redes de Cambio en ciudades de América Latina, África y Asia. Solo durante las dos últimas ediciones del Programa se crearon 101 redes de cambio. Los números cuentan una parte de la historia; la otra aparece cuando uno mira qué sucede dentro de esas reuniones.

La metodología propone que los equipos lleguen a la comunidad con preguntas, no con una solución terminada para validarla. Trabajan sobre el sistema, contrastan sus hipótesis en el territorio, incorporan otras perspectivas y recién entonces avanzan hacia el diseño y la implementación de una respuesta. Las Redes de Cambio atraviesan ese proceso como un espacio estratégico, no como una instancia aislada, y esa diferencia parece pequeña, pero no lo es.

Consultar es preguntar qué piensa alguien sobre una decisión; colaborar supone aceptar que esa persona también puede modificarla, y eso exige ceder un poco del control, algo desafiante para cualquier organización. 

Cuando aparecen conversaciones que antes no existían

San Carlos de Bariloche llegó al programa con un enorme desafío alrededor de la gestión de residuos, que incluía un relleno sanitario en una situación crítica, dificultades de recolección y actores que hasta entonces trabajaban de manera fragmentada.

La Red de Cambio reunió a unas 50 personas entre municipio, cooperativas de recicladores, academia, organizaciones y referentes barriales. En lugar de intentar resolver de entrada el problema más grande, la conversación permitió acordar tres frentes posibles: sensibilización, fortalecimiento de las cooperativas y actualización normativa para grandes generadores.

De allí surgieron, entre otras acciones, una propuesta de modificación normativa cuya autoría fue atribuida a la propia Red de Cambio, además de distintas acciones de sensibilización y recuperación de residuos. Con el tiempo, el propio municipio comenzó a presentar públicamente a la Red como parte del proceso que potenció la iniciativa Bariloche Responsable. Ahí está buena parte de su valor, en crear conversaciones que, de otro modo, probablemente no ocurrirían.

En Bariloche hubo además un resultado más profundo. Cuando entrevistamos al equipo tiempo después, una de las personas que había participado resumió el efecto de la experiencia en una frase: “Mi manera de trabajar cambió completamente”. La metodología había empezado a utilizarse también para abordar otros problemas municipales, y ese es uno de los indicadores más interesantes de una Red de Cambio, el momento en que deja de ser solamente una reunión alrededor de un proyecto y empieza a convertirse en otra manera de gestionar.

Cuando una red deja de pertenecer al gobierno

Otro aprendizaje apareció en Los Cabos, México. La iniciativa Santiago Sostenible reunió al gobierno local, emprendedores, academia, organizaciones sociales y sector privado alrededor del desarrollo del turismo sostenible. La Red continuó trabajando una vez terminado el programa, atravesó dos transiciones consecutivas de gobierno y fue ganando una identidad cada vez más autónoma.

Santiago Sostenible fue incorporada a documentos oficiales del municipio como una iniciativa construida de manera colaborativa, y la propia red avanzó hacia una mayor institucionalización. Su recorrido deja una enseñanza interesante, una iniciativa nacida o fortalecida desde el Estado no necesita permanecer exclusivamente dentro del Estado para sostenerse.

No sobrevivió porque una normativa obligara a mantenerla, sino porque había dejado de depender exclusivamente del gobierno. El análisis posterior de la experiencia identifica esa característica como una de las claves de su resiliencia, ya que los actores locales, y no solamente el municipio, quedaron en el centro de la gobernanza de la red.

Eso toca uno de los problemas centrales de muchas experiencias de participación ciudadana, cómo pasar del encuentro a la continuidad. Porque convocar una reunión no construye automáticamente una red; esta empieza a existir realmente cuando las personas encuentran razones para seguir vinculadas aun cuando termina el encuentro, cambia el funcionario que la impulsó o desaparece el programa que inicialmente las reunió.

Cuando la metodología empieza a viajar sola

En los últimos meses se fortaleció otro aspecto de la replicabilidad de la metodología, ya que las Redes de Cambio empezaron a viajar, no necesariamente porque RIL las llevara a un nuevo territorio, sino porque las personas que habían participado del programa comenzaron a hacerlo.

Hace poco articulamos con CYPA Africa (Center for Youth Participation, Dialogue and Advocacy in Africa) para participar de su Policy Leadership and Advocacy Fellowship Bootcamp en Jos, Nigeria. Quien representó a RIL ahí fue Itswell Victor, una participante destacada del Programa de Innovadores Locales y referente de nuestra Comunidad de Innovadores Locales. Frente a una nueva generación de líderes, ella facilitó presencialmente un espacio sobre liderazgo e incidencia en políticas públicas, y compartió herramientas de Redes de Cambio, gobernanza colaborativa y responsabilidades compartidas.

Esa escena tiene algo revelador. Una metodología utilizada dentro de un programa para trabajar sobre desafíos locales estaba siendo compartida, tiempo después, por una de sus protagonistas con líderes con los que RIL nunca había trabajado directamente. El conocimiento se pasa de mano en mano, y ahí aparece una dimensión de la democracia participativa de la que hablamos menos, la de que las capacidades también pueden distribuirse.

De participantes a multiplicadores

Para medir el impacto de nuestro programa, con frecuencia nos preguntamos qué sucede con las personas después. ¿Siguen convocando actores diferentes cuando aparece un problema? ¿Escuchan antes de diseñar? ¿Comparten herramientas con otros? ¿Crean nuevas conversaciones dentro de sus organizaciones? ¿Ayudan a que otras comunidades hagan lo mismo?

En PIL venimos encontrando algunas señales alentadoras: el 76,3% de los participantes relevados declaró utilizar herramientas de la metodología en su trabajo cotidiano, y el 84,5% de los equipos mantiene planes de colaboración después del programa.

Pero también aprendimos que una red no se sostiene solamente porque haya tenido un buen comienzo. Algunas se mantienen activas, otras entran en pausa y otras desaparecen; la falta de tiempo, financiamiento, respaldo político o una distribución clara de responsabilidades puede debilitarlas. Por eso, quizá, el objetivo no debería ser crear redes eternas, sino crear comunidades capaces de volver a organizarse cuando las necesitan.

Nuestra experiencia en las ciudades nos hace pensar que la democracia puede fortalecerse desde conversaciones pequeñas, concretas y profundamente locales.

Una Red de Cambio no garantiza que esas conversaciones sean fáciles, ni tampoco que todos estén de acuerdo. Lo importante es que crea un espacio donde personas que antes miraban el problema desde lugares distintos puedan empezar a hacerse cargo juntas.

A veces ese espacio cambia una manera de gestionar, como ocurrió en Bariloche. A veces adquiere vida propia y sobrevive a los gobiernos que ayudaron a impulsarlo, como Santiago Sostenible en Los Cabos. Y otras veces son las propias personas quienes llevan lo aprendido mucho más lejos, como Itswell compartiendo la metodología con una nueva generación de líderes en Jos.

Quizás esa sea una buena forma de medir hasta dónde puede llegar una metodología de participación, no por cuántas veces conseguimos replicarla nosotros, sino por cuántas veces otros deciden hacerla propia.

Imagen principal: Red de Cambio en Los Cabos, México.

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¿Qué pasaría si el Estado pagara solo cuando un programa social funciona? No por las capacitaciones que dio. No porque se cumplió un cronograma. Sino cuando una persona obtiene un empleo formal y un sistema independiente verifica que efectivamente lo consiguió. 

Ese es, en esencia, el modelo de Pago por Resultados que Colombia viene desarrollando desde hace una década y que Bogotá decidió convertir en política de gestión. Lo hizo mediante un decreto, su incorporación al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y la creación del Comité Distrital de Pago por Resultados, una instancia que articula áreas de gobierno, verifica metas y diseña nuevos esquemas. No se conoce un antecedente similar a nivel de ciudad ni en Colombia ni en el resto del mundo.

En estos modelos, el Estado define una meta verificable —por ejemplo, empleo formal sostenido, calidad medida en educación inicial, acceso a financiamiento productivo— y vincula una porción del pago a los operadores al cumplimiento de esa meta. La novedad, en Bogotá, es haberla convertido en política institucional.

Cuando no se sabe si el gasto funciona

El punto de partida es un problema viejo de la administración pública: presupuestos limitados, exigencia creciente sobre cómo se usan y la obligación de cumplir metas concretas frente a desafíos persistentes, como la empleabilidad de la población más vulnerable.

“El esquema tradicional tiende a pagar por procesos y actividades —que se contrate, que se ejecute, que se cumpla el cronograma— más que por lo que efectivamente se transforma en la vida de las personas. El modelo de Pago por Resultados busca corregir esa lógica: orientar el gasto hacia lo que de verdad se logra y hacer más eficiente cada peso gastado”, explicó a +COMUNIDAD María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

La observación no es nueva. Buena parte de las políticas sociales en la región se evalúan por insumos y actividades, no por transformaciones medibles. El Pago por Resultados invierte esa lógica: la unidad de pago deja de ser la capacitación y pasa a ser el resultado final que esa capacitación persigue.

Pago por Resultados: 10 años de aprendizajes en Colombia

Colombia no parte de cero. Lleva un decenio desarrollando un ecosistema nacional de Pago por Resultados que la convirtió en referente regional. En 2017 lanzó Empleando Futuro, el primer Bono de Impacto Social en un país de ingresos medios del mundo, implementado en Pereira, Cali y Bogotá. 

El programa acompañó a 898 personas en situación de alta vulnerabilidad —el 74% mujeres, el 51% jóvenes de entre 18 y 24 años y el 39% víctimas del conflicto armado— con un esquema en el que los pagadores (el Departamento para la Prosperidad Social y BID Lab) sólo desembolsaban contra tres resultados específicos: colocación en empleo formal, retención a tres meses y retención a seis meses. La verificación estuvo a cargo de un tercero independiente, la firma auditora Deloitte, y participaron 643 empresas ofreciendo vacantes.

Los resultados fueron contundentes y, en buena medida, son los que después permitieron escalar el modelo. El bono superó en un 17% la meta de colocación (117% de cumplimiento) y, sobre todo, el 88% de las personas que consiguieron un empleo formal lo mantuvieron al menos tres meses.

Dos años después, el país fue el primero en América Latina en crear un Fondo de Pago por Resultados —llamado Logra—, pensado como un vehículo financiero para escalar y dar sostenibilidad al modelo.

El acumulado del ecosistema incluye cuatro bonos implementados, más de 20.000 millones de pesos colombianos movilizados (unos 5,5 millones de dólares) y más de 5.000 empleos formales generados para población vulnerable, con la participación de 14 inversionistas y 9 proveedores de servicios del sector privado. 

En septiembre de 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con el BID a través de su laboratorio de innovación, la cooperación suiza (SECO) y Fundación Corona, formalizaron una Estrategia Nacional de Pago por Resultados que incluye, entre otras cosas, un sandbox regulatorio para identificar y remover las barreras legales que dificultan su implementación.

Cómo se paga por resultados

Detrás del nombre hay una arquitectura concreta. El Estado define una meta verificable —por ejemplo, 1.000 personas vulnerables empleadas y retenidas durante seis meses—. Operadores ejecutan el programa en territorio: capacitación, intermediación laboral, acompañamiento. Una instancia independiente verifica si el resultado se alcanzó. Y recién entonces se paga. Si la meta no se cumple, no hay desembolso o el desembolso es parcial.

“Pagar por resultados es un modelo que nos permite, tanto al sector público como al privado, asegurarnos de que cada peso, cada centavo, cada dólar que estamos invirtiendo en nuestros programas y proyectos esté atado a la obtención de un resultado final que pueda medir y verificar. Nos asegura impacto, eficiencia y transparencia”, desarrolló María Paulina Gómez, directora del programa MÁS Pago por Resultados, en declaraciones a Malditos Optimistas y la Red de Innovación Local (RIL). 

Hay dos formas principales en que los actores privados se vinculan a estos esquemas, y cada una configura una arquitectura financiera distinta. 

En la primera, inversionistas privados —organizaciones filantrópicas, fundaciones, capital de deuda— ponen el capital por adelantado y asumen el riesgo: si el resultado se alcanza, recuperan su inversión con un retorno. Si no, asumen la pérdida.

En la segunda, no hay inversionistas externos: el Estado contrata operadores tradicionales y vincula parte sustancial de su pago al cumplimiento del resultado. El operador, en la práctica, se juega el cierre financiero del proyecto.

Las condiciones que hicieron a Bogotá un terreno fértil

Para que una ciudad pueda dar el salto del piloto a la política institucionalizada, hace falta más que voluntad. Hace falta una combinación específica de condiciones, según describe la dirección del programa que acompaña el proceso desde la cooperación internacional.

“Hay una suma de lo que llamamos condiciones habilitantes. No es imposible, pero tenemos que trabajar para unir los puntos. Bogotá tenía capital catalítico, asistencia técnica y un marco de confianza para que los gobiernos aprendieran a utilizar este tipo de esquemas. Innovar con recursos públicos suele dar temor, es complejo, y estos actores pusieron unas condiciones al principio”, observa María Paulina Gómez.

La otra condición habilitante es política. Sin tomadores de decisión dispuestos a probar un mecanismo nuevo, los puntos no se alinean. “Hubo una decisión concreta de utilizar este mecanismo, probarlo y lograr resultados verificados que apunten a las metas de desarrollo”, agrega la directora de MÁS Pago por Resultados.

De experimento a política: la apuesta del Comité Distrital

La novedad de Bogotá no es haber usado el Pago por Resultados —ya lo había hecho como ciudad participante de los bonos nacionales—. La novedad es la decisión de institucionalizarlo. Para eso, la Alcaldía lo incluyó en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y lo respaldó con un decreto que regula su uso. 

La pieza central de esa arquitectura es el Comité Distrital de Pago por Resultados, la instancia que articula a las áreas del gobierno, verifica los resultados y discute el diseño de cada esquema.

“Sobre lo más innovador, no creo que sea un solo elemento, sino la apuesta por institucionalizar el mecanismo para que trascienda al gobierno de turno. Esto ayuda a blindar el mecanismo y evita que la iniciativa muera con el cambio de administración”, ahondó María del Pilar López Uribe.

Una adaptación técnica que destrabó el modelo

Para que el esquema funcionara dentro del marco legal colombiano hubo que resolver una incompatibilidad concreta: la anualidad presupuestal. La regla establece que el gasto público se compromete año a año, pero los esquemas de Pago por Resultados pagan contra metas que se verifican en horizontes más largos.

La solución a la que llegó la ciudad fue un arreglo fiduciario que permite extender esa anualidad para los sectores definidos por el mecanismo. Es un detalle técnico, pero es el tipo de adaptación que separa una idea atractiva en el papel de un modelo que efectivamente puede operar dentro de las reglas de juego de la administración pública. “Esa fue la adaptación concreta que hizo viable el modelo en nuestro marco legal”, resume López Uribe.

Cinco programas aprobados, uno completado

En poco más de un año desde la puesta en marcha del Comité, Bogotá tiene cinco esquemas aprobados en distintas etapas de su ciclo. Solo uno concluyó hasta ahora: el programa de Jardines Infantiles Cofinanciados, que incluyó un componente de Pago por Resultados orientado a incentivar la asistencia, la permanencia y la medición de la calidad de la educación inicial.

“Un segundo frente de éxito, y quizás el más valioso de cara al futuro, son los aprendizajes que ya están alimentando nuevas iteraciones”, precisó la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. En Jardines Infantiles, una segunda implementación incorporó mejoras derivadas de la primera: la permanencia se consolidó como métrica de pago (la asistencia puntual pasó a ser una obligación contractual), se amplió el período de verificación de la calidad y se ajustaron los sistemas de información para que los pagos avancen al ritmo en que se verifican los resultados. En empleo ocurre algo parecido: la Secretaría está diseñando un nuevo esquema mientras el actual sigue en implementación.

Cali: cuando el resultado no es solo el empleo, sino la trayectoria

Antes de Bogotá, Cali había llevado el modelo un paso más allá. En lugar de pagar solo por la colocación laboral, la ciudad incentivó financieramente que la persona se mantuviera en el empleo tres y seis meses. La lógica era distinta: ya no se trataba de generar ingresos puntuales, sino de medir un cambio sostenido en la trayectoria de la persona.

“Empezamos a resolver otro tipo de problemática, que no es solo generación de ingresos, sino superación de la pobreza. Cuando una persona viene de la informalidad, pasa a empleo formal y lo retiene tres o seis meses, lo que vemos a través de nuestros estudios de impacto es que la trayectoria laboral cambia completamente”, aseguró María Paulina Gómez. “Las empresas quieren retener ese talento, la formalidad se mantiene, y la persona accede a otros servicios: créditos financieros, créditos para vivienda. Se genera un círculo más positivo”, añadió. 

Esa redefinición del resultado es –consideran– una innovación. Cambia lo que el Estado considera “éxito” y, en consecuencia, qué tipo de intervenciones tienen sentido financiar. Si el indicador es la colocación, basta con conectar a la persona con un empleador. Si el indicador es la retención, hay que trabajar las brechas que normalmente sacan a esa persona del mercado formal: cuidados para mujeres con hijos, auxilio de transporte, acompañamiento psicosocial, habilidades blandas, entre otros. 

Pago por Resultados: dos arquitecturas, una misma lógica

Cali y Bogotá representan dos formas distintas de operar el Pago por Resultados, y la diferencia es relevante para cualquier ciudad que esté pensando en adoptar el modelo.

Cali utilizó el esquema clásico, con inversionistas privados que asumen el riesgo: organizaciones filantrópicas y otras fuentes que pusieron capital privado por adelantado para desplegar el programa, y la Alcaldía como pagador final, condicionado a los resultados verificados. 

Bogotá tomó otro camino: en sus esquemas distritales no hay inversores privados a riesgo. La ciudad trabaja con los operadores habituales de cada programa y les incorpora un componente de Pago por Resultados. El operador recibe un pago por actividades, pero el pago total depende del resultado.

Calibrar el incentivo, la decisión más difícil

De todas las decisiones técnicas que implica diseñar un esquema de Pago por Resultados, hay una que sus impulsores señalan como la más compleja: cuánto del pago debe estar atado al resultado y cuánto a las actividades previas.

“Si el incentivo se pone muy alto, desincentiva el uso del esquema; si queda muy bajo, no agrega nada. Calibrarlo bien es una de las decisiones más difíciles del modelo”, indica la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. 

La calibración define, en los hechos, qué tan “arriesgada” resulta la intervención para el operador. Y de eso depende el comportamiento que el modelo termina premiando. Un incentivo bajo hace que el componente de resultado sea una formalidad. Un incentivo demasiado alto puede llevar a los operadores a seleccionar solo a las personas con más probabilidades de éxito o, directamente, a no participar de los esquemas.

Qué aprende una ciudad que quiera intentarlo

Consultada por +COMUNIDAD sobre qué consejos le daría a otra ciudad que quiera seguir un camino parecido, López Uribe distingue varios niveles. El primero es político: empezar no por el instrumento, sino por un resultado que la ciudad de verdad quiera lograr y esté dispuesta a defender y sostener. Sin esa convicción, el resto del andamiaje no se sostiene.

Sobre esa base, identifica un conjunto de condiciones prácticas: construir un marco normativo y de seguridad jurídica que dé confianza a quienes van a participar:

• Anclar el esfuerzo en lo institucional —plan de desarrollo, decreto o acto administrativo equivalente— para que sobreviva al cambio de gobierno. 
• Empezar pequeño y bien estructurado, antes que grande y débil en métricas-
• No subestimar la verificación, porque sin medición creíble el modelo entero pierde sentido.
•  Calibrar con cuidado el incentivo, y apoyarse desde el inicio en pares, cooperación y aliados técnicos.

También menciona un aprendizaje menos visible: la articulación con sectores como Hacienda y Planeación, que tienen una mirada estratégica más distante del día a día de las áreas ejecutoras. “Construir la normativa exigió acercar esas dos miradas”, dice. Es el tipo de fricción que rara vez aparece en los manuales, pero define si un esquema termina implementándose o queda escrito.

Más allá del empleo: el horizonte del modelo

Durante una década, Colombia concentró sus esquemas de Pago por Resultados en empleabilidad para población vulnerable. Era el terreno donde había una problemática nítida, un indicador medible y fuentes públicas para verificarlo. Pero el modelo no se limita a ese campo.

“Todas las áreas de política pública tienen chance de utilizar este mecanismo. Requiere distintas condiciones. En Colombia exploramos educación, empleo, productividad, salud, mortalidad materna, economía circular, conservación de biodiversidad. Lo que necesitamos es un problema concreto buscando un resultado concreto, y a quiénes tenemos que incentivar financieramente para alcanzarlo, que sea medible y verificable dentro del tiempo de intervención”, insiste María Paulina Gómez.

Bogotá ya empezó a moverse en esa dirección. Sus cinco esquemas aprobados incluyen los frentes históricos —empleo, productividad, financiamiento empresarial—, pero también calidad de jardines infantiles, un terreno donde el resultado a medir y a pagar es la educación temprana, no la colocación laboral.

Un cambio de pregunta

Si el modelo se sostiene, lo que cambia no es sólo cuánto se gasta. Cambia la pregunta que se le hace al gasto público. La pregunta tradicional fue durante mucho tiempo: “¿el dinero se ejecutó?”. La pregunta del Pago por Resultados es otra: “¿el problema se resolvió?”.

Una década de pilotos, cuatro bonos de impacto, miles de empleos generados, una estrategia nacional, un decreto distrital y un comité que ya tiene su rutina de trabajo sugieren que la pregunta puede formularse y, en algunos casos, responderse. El siguiente paso, el que están explorando estas y otras ciudades, es averiguar hasta dónde llega.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Redacción +COMUNIDAD
Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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