Esa situación derivó en un circuito informal de fiestas clandestinas en espacios sin habilitación, falsificación de identidades para ingresar a locales bailables de adultos (boliches, en el habla argentina), traslados de alta peligrosidad hacia localidades vecinas en transportes no autorizados y la celebración sin marco regulado de eventos masivos de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), una tradición que reúne a estudiantes del último año del secundario en la noche previa al inicio del ciclo lectivo.

Como la segunda ciudad de Córdoba, con más de 180.000 habitantes, Río Cuarto alberga más de 40 escuelas secundarias y 16 instituciones de nivel superior. Ese entramado atrae cada año a miles de estudiantes del país. Los adolescentes residentes conviven así con ingresantes universitarios de 17 años que viven de forma independiente y participan activamente en la vida social. 

Las respuestas previas, centradas en la clausura y la sanción punitiva a los organizadores, no tuvieron continuidad ni resolvieron las dinámicas reales del consumo cultural juvenil.

Frente a este diagnóstico, el municipio implementó el  Programa Más 16, una política pública integral que transforma la nocturnidad mediante un esquema de cogestión y corresponsabilidad entre el Estado, las familias y el sector empresarial. A través de una plataforma digital que valida identidades y otorga trazabilidad en tiempo real a los tutores, la iniciativa sustituye la restricción punitiva por una regulación inteligente. El modelo estructuró una alternativa formal que garantiza entornos protegidos y consolida el derecho a una noche segura.

Más 16: de la restricción legal al acuerdo institucional

La evolución regulatoria local ayuda a comprender las raíces del problema estructural. Hasta el año 2008, las ordenanzas municipales habilitaban el ingreso de adolescentes desde los 16 años a locales nocturnos con pistas de baile. Sin embargo, un cambio de paradigma normativo elevó la edad mínima a los 18 años, y esto desplazó a una franja de jóvenes a una zona gris de exclusión legal que persistió durante más de una década. 

Si bien la sanción del Código de Espectáculos Públicos en 2014, mediante la Ordenanza 604/14 unificó criterios de control, no ofreció alternativas viables para este grupo demográfico, lo que profundizó el mercado de fiestas clandestinas y la preocupación de las familias.

La superación de este estancamiento normativo requirió una decisión política orientada a reemplazar el control puramente punitivo por un esquema de prevención inteligente. Al inicio de la gestión actual, recorridas territoriales por establecimientos educativos consolidaron el reclamo juvenil por un entorno de esparcimiento seguro, lo que impulsó la sanción de la Ordenanza 100/24. El nuevo marco regulatorio modernizó los trámites, agilizó las gestiones comerciales y aumentó las sanciones  a los organizadores de eventos clandestinos. 

Para evitar un abordaje fragmentado, la administración centralizó y coordinó el trabajo de ocho dependencias municipales. La Subsecretaría de Juventud y Derechos Humanos y la Dirección de Espectáculos Públicos asumen la conducción directa del sistema. 

La Fiscalía Municipal, el Concejo Deliberante, la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia operan como órganos asesores. La Guardia Local Preventiva, la Subsecretaría de Innovación, el Área de Adicciones y la Subsecretaría de Tránsito ejecutan el despliegue operativo en el territorio. La articulación transversal es, según describe el propio equipo municipal, una de las claves del programa: ningún área aislada hubiera podido sostener una respuesta de esta envergadura.

Arquitectura técnica y ecosistema digital de validación

La plataforma Más 16 funciona como un ecosistema digital de validación centrado en la interoperabilidad y la seguridad de los datos. Mediante un convenio con la Provincia de Córdoba, el municipio integró su sistema con Ciudadano Digital Nivel 2 (CiDi), la plataforma provincial que verifica identidades con datos biométricos. Esta integración técnica elimina la discrecionalidad en el ingreso a los locales y aporta trazabilidad al control.

El circuito operativo se organiza en cinco pasos:

• Acceso directo y validación del tutor: la persona adulta responsable ingresa al enlace del sistema Más 16 desde la página de Gobierno de Río Cuarto utilizando directamente sus credenciales de Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2, sin necesidad de un registro secundario. El sistema redirige automáticamente al portal provincial para validar la identidad mediante datos biométricos y luego devuelve al usuario a la plataforma propia de Más 16, garantizando un marco legal seguro. 
• Declaración jurada y vinculación de parentesco: una vez dentro de la plataforma, el o la responsable debe confeccionar una declaración jurada digital donde registra los datos del menor y refrenda su rol específico de padre, madre o tutor. Este proceso activa el permiso vigente, que es auditado de manera permanente por un equipo municipal de revisión que verifica la validez de los datos filiatorios y de contacto mediante cruces de documentación, lo que permite detectar anomalías —como cargas realizadas por hermanos mayores— y comunicarse directamente con las familias. 
• Verificación digital por DNI de control: al llegar al local nocturno, el personal de admisión utiliza una aplicación móvil integrada en el sistema municipal Más 16 —cuyo funcionamiento digital asimila la dinámica de plataformas de seguridad urbana como “Tribuna Segura”— donde cargan directamente el número de documento de el o la menor para verificar de inmediato en pantalla si la validación parental se encuentra activa.
• Validación comercial: el personal de admisión del local utiliza un módulo informático especial para escanear y habilitar el ingreso.
• Notificación en tiempo real: el tutor recibe un correo automático inmediato con datos del horario, local, puerta y personal interviniente.
• Gestión de altas y bajas: el responsable puede activar o revocar la autorización del menor de manera ágil desde su perfil de usuario.

Implementación territorial y métricas de control urbano

La viabilidad del programa se consolidó mediante un proceso de gobernanza colaborativa antes de su despliegue permanente. En diciembre de 2024, el municipio ejecutó una prueba piloto orientada a evaluar la estabilidad de la infraestructura informática frente a picos simultáneos de tráfico. 

La evaluación se realizó durante los festejos del Último Día de Quinto (UDQ), y movilizó a más de 1400 estudiantes de 42 establecimientos secundarios y 47 cursos diferentes en cuatro locales nocturnos habilitados. El testeo permitió calibrar los tiempos de respuesta del software y coordinar los operativos de prevención urbana junto a la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Modernización.

El despliegue facilitó la reconversión de celebraciones tradicionales de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), que históricamente acontecían en inmuebles suburbanos informales sin medidas de protección elemental. Bajo el nuevo código, se permitió que los boliches funcionen como salones privados co-organizados por las familias. En febrero de 2026, más de 1.200 jóvenes celebraron el UPD bajo este formato. El circuito nocturno formalizado registra hoy una afluencia promedio de 1.200 jóvenes por fin de semana.

El monitoreo constante a través del Servicio Único de Atención al Vecino (SUAV) contribuye a sostener la confianza del entramado social. Finalmente, la baja tasa de penalizaciones por conductas inadecuadas o infracciones vinculadas al alcohol refleja un cambio cultural positivo dentro de los entornos comerciales regulados. Los indicadores de gestión recopilados hasta marzo de 2026 evidencian el nivel de adopción social del ecosistema digital en Río Cuarto:

Aprendizajes fundamentales de la experiencia local

La implementación del programa genera múltiples lecciones institucionales para los gobiernos municipales abocados al diseño de políticas de desarrollo territorial y convivencia ciudadana. El primer aprendizaje que destaca el equipo de Juventud Municipal de Río Cuarto, coordinado por Mariano Lucena Vidoret, es que “la innovación tecnológica debe estar precedida por una innovación en la gobernanza. La creación de una plataforma digital por sí sola no resuelve un conflicto social si no existe un consenso previo entre los actores involucrados”. 

“En Río Cuarto aprendimos que para que una política de este tipo sea sostenible, el Estado debe dejar de ser un actor meramente punitivo para convertirse en un facilitador de entornos seguros”, profundiza. 

Un segundo elemento clave radica en la articulación de la corresponsabilidad familiar como motor de la política pública. Al integrar la validación biométrica obligatoria del tutor, la administración local logró que las familias dejen de ser demandantes externas de seguridad y se asuman como administradoras activas del cuidado de los adolescentes.

Asimismo, la experiencia evidencia la importancia de construir una gobernanza colaborativa que integre al sector privado comercial en el diseño normativo. Por último, el uso de infraestructura tecnológica preexistente, como los convenios de interoperabilidad con plataformas provinciales de identidad digital, disminuye los costos presupuestarios y acelera la puesta en marcha de las soluciones locales.

La iniciativa ya tuvo una primera réplica formal en la vecina localidad de Santa Catalina-Holmberg, además de recibir consultas de otros municipios. 

Un reconocimiento entre ciudades argentinas

El Premio a la Innovación Local 2026 de RIL Argentina, entregado el 13 de mayo en el Teatro El Círculo de Rosario durante la Noche de Intendentes, distinguió a Más 16 entre casi 70 postulaciones recibidas en una convocatoria abierta a todos los municipios del país. 

Las bases del concurso establecieron que las políticas deben contar con los siguientes componentes: innovación (el grado de cambio que introduce la solución respecto de las respuestas tradicionales al problema), inteligencia colectiva (la participación de actores diversos en el diagnóstico y la respuesta), implementación (el nivel de avance efectivo de la política), impacto (los cambios observables generados en la comunidad) y sostenibilidad (la capacidad de permanencia en el tiempo). 

A la vez, fueron considerados programas, proyectos y soluciones que se encuentren actualmente en implementación y generen cambios observables en la comunidad.  Deben ser desarrolladas e implementadas por el gobierno local, en colaboración con la comunidad, sociedad civil y/o sector privado.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por miembros de la Red de Innovación Local y especialistas en gestión pública local.

En el caso de Río Cuarto, se valoró la reforma sistémica y participativa del Código de Espectáculos Públicos, el desarrollo de una plataforma digital propia que vincula la identidad de los menores con la autorización parental en tiempo real, y la formalización del ocio nocturno adolescente mediante articulación público-privada. La iniciativa se postula así como una solución transferible para otras ciudades que buscan reducir los riesgos de la nocturnidad informal a través de la gobernanza digital.

^{Redacción +COMUNIDAD}

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En la esquina de Freire con Manuel Rodríguez, en el corazón de Renca, un edificio de 5.000 metros cuadrados llevaba años siendo lo que ningún vecino quiere tener al lado de su casa: un supermercado abandonado. Ventanas rotas. Muros grafiteados. El galpón concentraba basura, tráfico de drogas y una sensación persistente de inseguridad en un territorio que ya cargaba con déficit de servicios, pocas áreas verdes y escasa presencia del Estado. 

Renca, comuna de 150.000 habitantes, figuraba en los diagnósticos urbanos de Santiago como un territorio vulnerable, con capacidad institucional limitada para atraer inversión privada y coordinar cooperación internacional.

Cuando Claudio Castro asumió la Municipalidad en 2017, Renca tenía menos de dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante, una fracción del rango de 10 que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Concentraba el mayor polo industrial de la Región Metropolitana —más de 600 empresas—, pero la actividad productiva operaba de espaldas a los vecinos. Los camiones entraban y salían. El empleo, los proveedores y las oportunidades quedaban en otro lado.

En 2018, el municipio tomó una decisión que pocos esperaban: comprar el edificio abandonado. No para demolerlo ni para construir un estacionamiento. Lo compró para convertirlo en algo que no existía en Chile a esa escala. Una fábrica de ideas al servicio del territorio. El edificio en sí está lejos de ser lo más interesante de la historia. Lo verdaderamente nuevo fue la figura institucional que se puso en marcha allí, hoy estudiada como un modelo de innovación pública para América Latina.

Un brazo innovador para el municipio

La Fábrica de Renca no es un centro cultural ni un espacio de coworking con buenas intenciones. Es una corporación de desarrollo: una organización de derecho privado sin fines de lucro, con gobernanza propia, financiada por el municipio pero con autonomía operativa.

Esa arquitectura jurídica es deliberada. Permite contratar equipos técnicos sin grandes restricciones administrativas, firmar convenios con empresas y organismos internacionales con agilidad, y recibir financiamiento privado fuera de los circuitos tradicionales de la gestión municipal.

En palabras de Gabriela Elgueta, primera directora de La Fábrica, la corporación nació para visibilizar la democratización de la innovación, ya que ofrece “la posibilidad de mover su centro de gravedad” a un territorio que se caracteriza por su vulnerabilidad económica y social”. La frase condensa un principio de diseño: la innovación pública no debería concentrarse en las comunas ricas de Santiago. Puede y debe operar desde los “márgenes”.

El método es sencillo de enunciar, pero difícil de ejecutar: conectar los problemas del territorio con las capacidades de tres ecosistemas que no siempre se hablaban. Uno internacional —organismos multilaterales, embajadas, ciudades del mundo—. Uno nacional —empresas, universidades, centros de investigación—. Y uno comunitario —vecinos, almaceneros, emprendedores, estudiantes—. Ahora, cada vez que se activa una relación entre esos mundos, se formula un proyecto concreto y los equipos municipales se integran a la ejecución.

Javier Morales Norambuena, actual director ejecutivo de La Fábrica, sintetizó el enfoque en una entrevista con Bloomberg Cities. “La promesa que le hicimos a la comunidad fue que aquí traeríamos innovación y, al hacerlo, desbloquearíamos servicios que ni siquiera había imaginado”, manifestó. 

Las cifras dan cuenta del alcance. Desde su apertura, La Fábrica movilizó más de 22 millones de dólares en inversión público-privada. Tiene más de 100 aliados estratégicos activos y recibió más de 30 delegaciones extranjeras desde 2023. 

Los spin-offs: instrumentos que adquieren vida propia

La Fábrica no se agota en la articulación. Genera instrumentos concretos que después funcionan de manera autónoma. El equipo los llama spin-offs. Tres de ellos ilustran la amplitud del modelo.

1. Renca Conecta: la industria reconectada con el barrio

El programa apunta a resolver una paradoja histórica. La comuna concentra el polo industrial más grande de Santiago, pero durante décadas esas empresas no generaban valor para el barrio. Renca Conecta articula a empresas, al municipio, a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y a asociaciones locales para convertir a la comuna en un hub de logística y manufactura con impacto territorial. Funciona con una gobernanza tripartita que integra al sector público (Municipalidad de Renca, CORFO Metropolitano, Gobierno Regional), al sector privado (empresas del territorio) y a la sociedad civil (asociaciones de emprendedores y fundaciones).

Víctor Aguayo, gerente de operaciones de Prodalam, una empresa logística local, sostiene que el programa permitió articular proveedores locales con la cadena de suministro y reducir costos operativos. Marcela Fierro, presidenta de la Asociación de Emprendedoras de Renca, agrega que las capacitaciones abrieron a las socias acceso a empleos mejor remunerados en el sector manufacturero.

De Renca Conecta también nació la primera Comunidad Logística Urbana de Chile, donde empresas como Coca-Cola Andina, CCU, Correos de Chile, Megacentro y Prodalam se coordinan con el municipio en seguridad, movilidad y empleo.

2. Distrito Empresarial: el primer BID industrial de Chile

El segundo spin-off es el Distrito Empresarial Renca Poniente, el primer Business Improvement District (BID) industrial de Chile. En este tipo de figura, las empresas de una zona se constituyen legalmente como corporación para mejorar de manera colectiva las condiciones de su entorno. La lógica es estratégica. Un territorio más seguro, mejor iluminado y con espacio público cuidado es un territorio donde operar resulta más eficiente.

El Distrito fue creado en 2024 por la Municipalidad y más de 30 empresas, con apoyo de CORFO Metropolitano y la gestión de La Fábrica. A enero de 2026 contaba con 40 empresas socias y una inversión privada que supera los 350 millones de pesos chilenos (aproximadamente 370.000 dólares al tipo de cambio de enero de 2026), destinados a seguridad, espacio público, iluminación, vialidad y servicios urbanos.

El modelo funcionó al punto de que en enero de 2026 se lanzó el Distrito Empresarial Renca Oriente, segundo BID de la comuna, con respaldo del Ministerio de Economía, CORFO e INACAP. La meta del municipio es ambiciosa: que para 2030 la mitad de los empleos en Renca sean ocupados por vecinos de la comuna.

3. Agencia de Inversiones: la primera de su tipo en el país

El tercer spin-off es la Agencia de Inversiones Locales, la primera a nivel municipal en Chile, lanzada en agosto de 2025. Se inspiró en modelos de São Paulo, Glasgow, Sofía y Barcelona, ciudades con oficinas especializadas en atraer inversión privada. 

La diferencia es que Renca es una comuna de poco más de 150.000 habitantes, no una capital global. La Agencia funciona como una unidad técnica de La Fábrica que conecta inversores con las necesidades concretas del territorio, identificadas junto a la comunidad. Al momento del lanzamiento, tenía catastrados alrededor de 100 terrenos estratégicos que suman más de 74 hectáreas.

En abril de 2026, la Agencia canalizó la firma de una alianza con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para incorporar inteligencia artificial en la tramitación de permisos de obras. La plataforma REVI, desarrollada por la CChC junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), acelera la revisión de expedientes en la Dirección de Obras Municipales mediante dos asistentes de IA. Uno orienta a los solicitantes en la preparación de antecedentes. El otro apoya al revisor con criterios normativos consistentes.

Castro lo planteó con una frase directa al firmar el convenio: “En Chile se habla mucho de la permisología. En Renca estamos haciendo algo distinto: estamos resolviendo el problema”. Mientras en muchas comunas del país los permisos de edificación pueden tardar más de 200 días, Renca opera hoy en torno a los 39, según cifras del municipio.

Lo que nace alrededor de La Fábrica de Renca

La Fábrica también transformó su entorno inmediato. En el mismo recinto se instalaron la primera Farmacia Comunitaria de Renca —donde los vecinos ahorran en promedio un 76% en medicamentos respecto de los precios de mercado— y la primera Óptica Comunitaria, junto a una plaza construida con materiales reciclados. Los negocios tradicionales del barrio se adaptaron, y la zona pasó de ser un espacio evitado a funcionar como un subcentro urbano activo.

Solange Arredondo, presidenta de la Fundación DO! Smart City, organización que opera como brazo ejecutor de varios proyectos público-privados de La Fábrica, observa que uno de los efectos visibles de la instalación de la corporación es la disminución de delitos en el sector.

A través de la Red de Almaceneros y plataformas como Mi Barrio, Mi Almacén, La Fábrica canalizó más de 300 millones de pesos chilenos (unos 320.000 dólares al tipo de cambio del período) en aportes privados y donaciones al comercio local. El programa Imparables Renca 2026, una alianza con el Holding Orsan y la Fundación Kellü, identifica a 12 emprendedores locales con tracción comercial y los acompaña con mentorías profesionales para convertirlos en proveedores estratégicos del distrito industrial.

La Escuela de Innovación Pública capacitó a más de 1.200 personas en liderazgo, gestión pública, digitalización y sostenibilidad. El laboratorio de fabricación digital, instalado en alianza con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), formó a más de 500 vecinos en impresión 3D, corte láser y trabajo con biomateriales.

Los cerros como prueba

El impacto más visible de La Fábrica se despliega en los cerros que rodean la comuna. El Parque Metropolitano Cerros de Renca abarca tres cerros —Renca, Colorado y Lo Ruiz—, y representa el proyecto de restauración ecológica más ambicioso de la comuna y uno de los más relevantes de Santiago.

Desde 2017 se plantaron más de 80.000 árboles nativos. El municipio reporta una tasa de supervivencia superior al 90%. La inversión combina fondos públicos, privados y compensaciones ambientales. Las alianzas que sostienen el parque pasan por La Fábrica. El Plan Maestro del Agua, con una inversión público-privada de 5.700 millones de pesos chilenos (aproximadamente 6 millones de dólares), capta, acumula y distribuye agua reutilizada —incluyendo aguas tratadas provenientes de la planta de Coca-Cola Andina— para el riego de las zonas reforestadas. Es infraestructura proyectada para al menos 20 años.

La cooperación técnica de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, acompaña el diseño de un modelo de gobernanza climática. En 2023, La Fábrica gestionó la entrada de Renca en el programa CityToCity con la ciudad de Toyama (Japón), lo que permitió instalar plantas solares de vanguardia en empresas locales. A través del programa Cities Forward del Departamento de Estado de Estados Unidos, se formalizó una alianza con la ciudad de Evanston (Illinois) para trabajar en sustentabilidad, inclusión y resiliencia urbanas.

Desde la corporación también se gestionó el cierre definitivo de la Central Renca, una planta de generación a diésel que operaba desde 1962 y representaba uno de los focos históricos de contaminación de la comuna. La operación, articulada entre el municipio, Generadora Metropolitana y la comunidad, fue presentada como una transición simbólica hacia un modelo de generación eléctrica más limpio.

En entrevista con +COMUNIDAD en 2025, Castro destacó que son los propios vecinos quienes informan cuando un árbol necesita atención o cuando el sistema de riego sufre algún daño, una señal del compromiso comunitario con la regeneración ambiental de los cerros.

Imagen de portada: La Fábrica de Renca. 

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Por Mariana Foglia y Sofía Castro,
Ciudades por la Seguridad en RIL (*)

En 2024, la provincia de Córdoba puso en marcha un nuevo paradigma en seguridad ciudadana que promueve la articulación entre el Estado provincial, los gobiernos locales y el sector privado para desarrollar soluciones más eficientes. El cambio normativo tiene como eje central a los municipios y comunas: ya son 107 los que crearon sus propias Guardias Locales de Prevención y Convivencia, y más de 300 los que adhirieron a la nueva Ley de Seguridad Pública (Ley N° 10.954), sancionada a fines de 2023. La cifra representa el 85% de la población provincial. 

Lejos de deslindar responsabilidades, esta política reconoce el rol clave que tienen los gobiernos locales como primera línea en la prevención del delito. A través de la ley, se facilita la provisión de recursos provinciales como tecnología de videovigilancia, equipamiento y vehículos para los nuevos cuerpos de seguridad. También se fomenta la adopción de programas de participación ciudadana exitosos como Ojos en Alerta.

La prevención es la parte que les compete a los gobiernos locales en la coproducción de seguridad ciudadana. Para que sea sostenible, necesitan algo más que recursos materiales: requieren también de herramientas para profesionalizar a sus equipos técnicos, realizar diagnósticos más certeros y diseñar planes estratégicos para ordenar, priorizar y tomar decisiones basadas en evidencia.

Por eso, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Seguridad de la Provincia implementó junto con RIL el programa Ciudades por la Seguridad. En 2024, la propuesta acompañó a 25 gobiernos locales, incluidas ciudades grandes como Córdoba Capital, Villa María, San Francisco y Río Cuarto. Se trata de un recorrido donde los equipos locales reciben asistencia técnica desde el diagnóstico a la planificación y el monitoreo de metas de seguridad, con el foco puesto en generar capacidad instalada y el trabajo en red. En 2025, el programa se expandirá a 40 ciudades más.

Para cualquier gobierno local que busque fortalecer su estrategia local de seguridad, esta experiencia ofrece una guía valiosa. ¿Cuáles fueron sus mayores desafíos? ¿Qué aprendieron en el camino? ¿Qué logros alcanzaron? Estas preguntas nos ayudan a entender y compartir las claves de su transformación.

Innovación y planificación en seguridad

A través del recorrido del programa Ciudades por la Seguridad, los municipios participantes dieron un gran paso hacia una gestión de la seguridad más estratégica y eficiente al crear sus propios Planes de Seguridad Local. Esta hoja de ruta, pensada a cuatro años, incluye la visión del intendente, ejes estratégicos, objetivos, metas claras e indicadores para medir los avances en el tiempo.

Para dar seguimiento al Plan, los municipios crearon un tablero de monitoreo que les permite medir el progreso, identificar demoras y ajustar la gestión. Mantenerlo actualizado asegura que las estrategias de seguridad no queden sólo en planes, sino que se traduzcan en mejoras reales, sostenibles y transparentes.

El punto de partida para que cada gobierno local participante alcance su Plan de Seguridad fue un autodiagnóstico de capacidades locales. Se trata de una herramienta de autoevaluación diseñada con un panel de expertos, que les permitió medir su estado o línea de base en materia de gestión de la seguridad local. 

¿Cuentan con un área de seguridad en su estructura orgánica? ¿Realizan encuestas de victimización y percepción sobre seguridad? ¿Promueven instancias de participación ciudadana en la materia? Estas son sólo algunas de las 58 preguntas en seis grandes temas que permitió a cada equipo identificar fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora. Esta herramienta es de carácter abierto y  accesible a través del portal de  RIL, y procura identificar cuales “No” podemos transformar en “Sí”.

La experiencia en ciudades de Córdoba

Transformar los “No” en “Sí” implica reconocer lo que falta y animarse a construirlo. Así lo hicieron, por ejemplo, en Arroyito, donde crearon una Secretaría de Seguridad Ciudadana, separando sus funciones de las de seguridad vial para abordar de manera más focalizada la prevención del delito y la protección comunitaria. O en Estación Juárez Celman, donde el equipo municipal creó una Dirección de Seguridad Ciudadana que integra dispositivos de emergencia y estrategias preventivas para fortalecer la respuesta ante incidentes. Se trata de aprendizajes que surgen al revisar capacidades institucionales y poner de relieve la importancia de contar con  áreas municipales especializadas y equipos formados en las mejores prácticas. 

En la siguiente etapa del programa, el desafío fue mejorar la recolección y análisis de datos sobre seguridad. Para ello, se asistió a los equipos para identificar los principales factores de riesgos socio-delictuales y qué programas municipales funcionan como factor de protección. La verdadera innovación del proceso radicó en acelerar la articulación multiagencial dentro de cada municipio, facilitando un trabajo conjunto para definir prioridades y abordar la seguridad de manera más integral. 

Para ello, las áreas de Seguridad trabajaron en conjunto -muchas por primera vez- con otras dependencias como Desarrollo Social, Cultura, Espacios Públicos o Educación para pensar la problemática desde su complejidad. También unificaron estadísticas dispersas para tener una visión más clara considerando no sólo la información criminal, sino múltiples datos que permiten entender el problema desde sus causas.

En algunas ciudades como San Francisco y Malagueño esta búsqueda por unificar datos delictuales dispersos derivó en la creación y fortalecimiento de sus propios Observatorios de Seguridad Municipales. Estos espacios contribuyen a la profesionalización técnica y continua del análisis de datos para la planificación de políticas locales. 

En la ciudad de Córdoba, en tanto, se realizó un arduo trabajo en la unificación de registros provenientes de diversas áreas municipales. Por ejemplo, las denuncias por violencia de género, la identificación de espacios con presencia de personas en situación de calle y el mapa de intervenciones de la Guardia Urbana Municipal. 

En municipios como Marcos Juárez y Villa Allende, los espacios de diálogo multiagencial fomentaron la cooperación entre distintos niveles gubernamentales y actores comunitarios. En ciudades como Cosquín, incluso se sumó personal policial a estos talleres, aportando su mirada y debatiendo con secretarios municipales de distintas áreas.

Aprendizajes para una gestión más eficiente: formación y trabajo en red

Convencidos de que la innovación va de la mano de la inspiración, los referentes de seguridad ciudadana comenzaron a formar parte de la “Comunidad Seguridad”. Se trata de un espacio de aprendizaje entre pares que ya se extendió a 84 ciudades de 14 provincias argentinas. El objetivo: una red colaborativa nacional que acelere el intercambio de buenas prácticas y soluciones para desafíos comunes. Allí se canalizan capacitaciones con expertos nacionales e internacionales, siendo la formación para la acción a través de la Academia de Seguridad de RIL un pilar del programa.

A la hora del balance, una de las grandes lecciones de esta experiencia es que una planificación más efectiva demanda pensar la seguridad más allá del delito para que los gobiernos locales puedan llegar antes de que el mismo ocurra. Integrar datos sobre acceso a la salud, consumos problemáticos, deserción escolar, desarrollo humano, denuncias por violencia de género y condiciones del espacio público hace la diferencia entre la prevención temprana y la reacción tardía. 

Otro aprendizaje clave fue la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la prevención del delito. Morteros, por ejemplo, llevó a cabo un Taller de Medidas Preventivas de Seguridad dirigido a personas mayores, demostrando la importancia de integrar a la comunidad en las estrategias de seguridad, promoviendo la corresponsabilidad de la seguridad y fortaleciendo la cohesión social.

La planificación estratégica demostró ser un factor determinante en la efectividad de las políticas de seguridad. En municipios como Tanti y Río Cuarto, la implementación de tableros de monitoreo ha permitido seguir en tiempo real la evolución de los programas en curso y realizar ajustes en función de los resultados obtenidos.

Este enfoque ayuda a medir resultados y, al mismo tiempo, permite que lo urgente no le quite tiempo a lo importante. Al contar con información clara, los equipos de gobierno pueden tomar decisiones estratégicas con mayor precisión, priorizar intervenciones efectivas y asegurar que la seguridad ciudadana sea abordada con planificación, datos y resultados concretos.

Un camino de mejora continua para todos los municipios 

Los avances registrados en Córdoba confirman que la seguridad local exige un enfoque integral y colaborativo, donde confluyen la planificación basada en datos, la articulación multiagencial y la participación comunitaria. Si bien planificar implica un cambio cultural y enfrentar resistencias de áreas de gobierno que tienden a funcionar como compartimentos estancos, es posible avanzar hacia una lógica más coordinada y estratégica. 

La experiencia de estos municipios demuestra que, incluso con recursos limitados, se pueden impulsar transformaciones significativas cuando se trabaja con información, se promueve la cooperación entre sectores y se invierte en la formación continua de los equipos. Todo esto con el horizonte de dejar un legado duradero de mayor seguridad para la ciudadanía. La clave radica en la implementación de metodologías basadas en evidencia, el fortalecimiento de la gobernanza local y la construcción de redes de colaboración sostenibles en el tiempo.

El cierre del programa 2024 no marca un punto final, sino un nuevo punto de partida para seguir fortaleciendo la experiencia que vivirán 40 nuevos gobiernos locales de Córdobaen 2025. Es una experiencia que invita a otras provincias del país a nutrirse de este enfoque de seguridad basada en la corresponsabilidad entre niveles de gobierno para alcanzar comunidades más seguras, resilientes y participativas.

Lecciones desde Colombia sobre la planificación en seguridad local  

Como parte del programa, una de las expertas invitadas en 2024 fue Melissa Franco García, consultora internacional en planificación de políticas de seguridad y exsecretaria del Interior de Bucaramanga, Colombia. Durante un webinario, compartió una experiencia muy valiosa desarrollada en su país. 

En Colombia, desde 1993, a partir de la sanción de la Ley Nacional N.º 62, se estableció la obligación de que alcaldes y gobernadores, en conjunto con la Policía Nacional, diseñen y ejecuten planes integrales de seguridad en sus territorios. Estos planes, conocidos como Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), son requisitos indispensables para acceder a recursos logísticos y financieros por parte del gobierno nacional.

Esta política resalta la importancia de la planificación estratégica en materia de seguridad, y para ello, a lo largo de los años, Colombia ha desarrollado una guía metodológica común que permite a todos los municipios formular sus planes de manera homogénea, utilizando un mismo formato en todo el país. 

Además, los planes deben cargarse en un sistema nacional de seguimiento. Esto obliga a los municipios a mantener la información actualizada y accesible, tanto para otros funcionarios como para la ciudadanía. Esto refuerza la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales. Los PISCC incorporan buenas prácticas internacionales y están diseñados para trascender gestiones políticas, combinando metas de corto y largo plazo que pueden sostenerse entre administraciones.

La experiencia de Colombia, así como la de Córdoba, demuestra que cuando existe voluntad política, acompañada por herramientas normativas claras y sistemas de seguimiento eficientes, es posible lograr una transformación profunda en la manera en que se gestiona la seguridad desde lo local.

(*) Mariana Foglia es coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad en la Red de Innovación Local (RIL). Sofía Castro se desempeña como facilitadora en el mismo programa. 

Fuente ilustración principal: Pinterest. 

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Por Juan Martín de Chazal,
coordinador de +COMUNIDAD

El salón principal de la Fundación Navarro Viola, en Buenos Aires, se convirtió en un espacio donde resonaron distintos acentos que reflejaban una amplia diversidad geográfica. Voces de Argentina, Costa Rica, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay confluyeron durante dos días para tratar una preocupación común: la democracia y sus desafíos actuales en América Latina. 

Desde el inicio, la propuesta fue clara: pensar soluciones con perspectiva local. Elisenda Ballesté Buxó, coordinadora de proyectos de Global Democracy Coalition (GDC), dejó planteada una idea que atravesó todas las conversaciones posteriores. “Este encuentro en Buenos Aires nos permite continuar la conversación global sobre los desafíos democráticos, pero desde nuestra propia realidad. No podemos permitir que las respuestas sean diseñadas desde afuera, desconectadas de nuestras experiencias y necesidades”, planteó. 

En ese contexto, Inés Reineke, directora de Innovación Global en RIL, abrió el foro con una invitación concreta: “En momentos donde la democracia aparece vulnerada, sobran ejemplos inspiradores en la región. Las redes de cambio son una herramienta potente de participación. Nuestra propuesta es pasar a la acción”.

En el centro del escenario principal se destacó una silla intervenida y vacía, símbolo del espíritu participativo del encuentro. Durante las dos jornadas, cualquier persona podía subir espontáneamente y sumar su voz al diálogo. La propuesta surtió efectos y se utilizó en numerosas ocasiones. 

Redes de cambio para pasar a la acción

Precisamente, la metodología “Redes de Cambio”, impulsada por RIL, atravesó distintos momentos del evento. Se trata de espacios que conectan líderes locales con diferentes actores de la sociedad para impulsar la gobernanza colaborativa y la cocreación de soluciones. 

“Gracias a las redes de cambio generamos conversaciones nuevas que no se habrían generado sin una participación estratégica”, valoró Josaphat Jarpa, de la Fundación Crescendo (Chile) durante uno de los talleres dedicados específicamente a esta estrategia. Roberval Almeida, presidente de la ONG Conturia de Brasil, sumó un reto crucial: “El gran desafío no es crear una red, sino mantenerla y hacerla sostenible”. Ambos participaron en ediciones anteriores del Programa de Innovadores Locales. 

Fortalecer la democracia desde lo local

Una idea fundamental del encuentro fue que el fortalecimiento democrático no puede darse exclusivamente desde grandes relatos globales, sino principalmente desde el trabajo diario en comunidades locales. Olgui Caballero, directora ejecutiva de Alma Cívica en Paraguay, reforzó esta perspectiva: “¿Cómo podemos transformar la manera en la que se trabaja la democracia? Rescatando lo local. Hay que poner la lupa sobre lo que está pasando en las localidades. Nuestro foco es potenciar ese tesoro que ya existe, conectarlo”.

Coincidió Florencia Caffarone, directora ejecutiva de Democracia en Red, quien recordó que “quienes trabajan en lo local tienen grandes responsabilidades, y su rol es clave para sostener las agendas democráticas”. 

Durante ese mismo panel, titulado “Empoderando a la ciudadanía en la toma de decisiones”, Natalia Carfi, directora ejecutiva de Open Data Charter, destacó la importancia de la información accesible como condición necesaria para procesos participativos reales. “Si queremos hablar de procesos participativos, debemos hablar de datos abiertos. No es solo publicar un Excel, es un trabajo interno que debe sostenerse”, puntualizó. 

Juventud, confianza y nuevos liderazgos

En el panel inicial “Retos y Oportunidades para las Democracias en América Latina”, Hernán Charosky, coordinador de Dialogando Buenos Aires, alertó sobre la erosión de valores democráticos como un fenómeno que “ya venía ocurriendo”. “Es un proceso que ya estaba en marcha, pero tal vez de manera menos evidente. Hoy se expresa abiertamente. Y vemos que se cuestionan cosas que dábamos por sentado”, apuntó. 

“Lo más valioso de la democracia es que es un modo de vida que nos permite desarrollar nuestra vida, nuestros proyectos, con autonomía, a través de la participación. Eso significa también que siempre es un proyecto incompleto que requiere ser ampliado”, añadió el cofundador del proyecto “Disonante”.  

Gabriela Vega Franco, directora ejecutiva de Recambio (Perú), complementó esta visión al recordar que “no hay democracia, ni la mínima ni la participativa, sin confianza”. Además, afirmó la urgencia de “nuevos liderazgos plurales capaces de reconstruir esa confianza perdida”.

“La ciudadanía expresa su descontento o desencanto por diferentes mecanismos, desde votos, tuits, charlas con la familia. Pero quienes tenemos la posibilidad y recursos para iniciar ese círculo virtuoso estamos en la posición de asumir un rol activo en la reconstrucción de la confianza pública y reconstrucción de nuestras democracias”, desarrolló la politóloga. 

Por su parte, Matías Bianchi, director de Asuntos del Sur, enunció una de las frases más recordadas del evento:“La democracia está en crisis y muy cuestionada. Pero la crisis no es destino. Es un espacio de disputa en el que podemos volver a tomar la iniciativa. El problema es que cuando no avanza, retrocede”.

La participación de jóvenes de diferentes organizaciones y espacios políticos tuvo un espacio protagónico en el panel interactivo “Retos y soluciones para la participación de la juventud”, moderado por Pablo Rolando, coordinador del Diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública (CAF-Banco de Desarrollo). Allí, Diego Jiménez, politólogo y migrante peruano, sintetizó la discusión: “La persona que piensa distinto a mí no es un enemigo por eliminar”.

Democracia e inclusión real

Repensar la democracia desde lo local también significa reconocer diversidades que históricamente no han tenido suficiente visibilidad ni representación política. Así lo planteó Karina Sánchez, del Gobierno de Junín (Buenos Aires), en referencia a las personas con discapacidad. “La democracia no es sólo una forma de gobierno, es un derecho que nos permite expresarnos y construir. Una persona con discapacidad quiere ser parte de la democracia”, manifestó. 

Durante el taller “Democracia para todos”, liderado por Karina y Roberval Almeida, se trabajó con un “Mapa de Empatía” para reflexionar sobre la participación democrática de personas históricamente excluidas. La funcionaria de Junín enfatizó especialmente que “la inclusión debe ser real, no solo para cumplir cupos”, señalando además que “la principal barrera para la inclusión es actitudinal” y que la “sociedad debe estar abierta”. 

La inclusión digital fue otro eje clave del foro. Magdalena Saieg, directora ejecutiva de Fundación Navarro Viola, durante el panel “Brechas digitales y personas mayores”, afirmó que “los derechos digitales son la puerta para acceder a muchos otros derechos”. 

“Creemos que toda persona tiene derecho a ser autónoma. Para eso hay que trabajar en alianza con organizaciones sociales y el Estado. Hay que transformar los prejuicios en oportunidades”, aportó Verónica Capurro, de Inmigrantes Digitales. Gonzalo Straface, director de Economía Plateada en la Subsecretaría de Personas Mayores de la Ciudad de Buenos Aires, enfatizó que “la inclusión de personas mayores debe involucrar tanto al sector privado como a la sociedad civil y el Estado, generando incentivos para una verdadera participación”.

Construir democracia desde la creatividad

El evento también abordó experiencias exitosas de participación ciudadana vinculadas a la seguridad. Cristian Méndez presentó el programa “Ojos en Alerta”, nacido en San Miguel (Buenos Aires), y hoy replicado en 59 ciudades argentinas, como un ejemplo concreto de articulación ciudadana para enfrentar desafíos locales.

Pero la participación no se limitó a exposiciones o presentaciones. Mesas redondas equipadas con marcadores, papeles y materiales creativos se convirtieron en pequeños laboratorios para pensar soluciones concretas en tiempo real. Por ejemplo, el ejercicio del “Mapa de Empatía” ayudó a identificar emociones y necesidades ciudadanas en torno a la democracia, y reveló preocupaciones compartidas en la región.

Otra dinámica particularmente significativa consistió en el trazado de redes con cuerdas, simbolizando físicamente la construcción y fortalecimiento de redes de cambio entre distintos actores. Esta actividad hizo visible la importancia estratégica de sostener vínculos colaborativos más allá de eventos puntuales.

Además, en diversos momentos se realizaron votaciones rápidas para priorizar temas, identificar desafíos comunes y definir próximos pasos, generando un clima participativo que mantuvo activamente involucrados a todos los asistentes.

Como broche final y síntesis visual del encuentro, se compartió en pantalla un diseño estilo doodle realizado por la artista gráfica Lucila Sarquis. Este dibujo, que ilustra esta nota, plasmó de manera creativa, clara y colorida los conceptos, debates y conclusiones principales que emergieron durante los dos días del foro.

Un cierre simbólico con alcance global

Como cierre simbólico, Buenos Aires entregó la antorcha al próximo encuentro global de la GDC que se desarrollará en Nairobi (Kenia) el próximo 28 de marzo. Esta iniciativa, que promueve el intercambio global de ideas y estrategias para fortalecer la democracia, comenzó su ciclo 2025 en Milán (Italia, Europa), el pasado 15 de marzo. Continuó luego en Buenos Aires (Argentina, Américas), los días 19 y 20. El recorrido finalizará el próximo 4 de abril en Bangkok (Tailandia, Asia).

En definitiva, el Foro Américas de la GDC reafirmó que pensar la democracia desde lo local no solo es necesario, sino que es una condición esencial para revitalizarla y adaptarla a los desafíos contemporáneos. Como resumió Ballesté Buxó coordinadora de proyectos en la GDC: “No todo es crisis. América Latina también es un laboratorio de innovación democrática”.

^{Ilustración principal: Lucila Sarquis.
Fotos en nota: Danila Pagano Bianchini.}

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El crecimiento de Tandil se explica, en parte, por la fortaleza de sectores tradicionales como el agropecuario y el manufacturero, pero también por su impulso en la economía del conocimiento. 

En los últimos años, se ha posicionado como un polo tecnológico clave en la región, albergando más de 60 empresas de software y generando empleo para miles de personas. Este clúster tecnológico permite que la ciudad se convierta en un lugar atractivo para trabajadores especializados, quienes ven en Tandil una alternativa de vida que combina oportunidades laborales con una buena calidad de vida en un entorno marcado por las sierras bonaerenses.

La clave para que esto ocurra fue la cooperación entre el sector público, privado y académico. Esto fomentó la creación y desarrollo de empresas y organismos de base tecnológica que generaron la atracción y retención del talento científico tecnológico.

“Ha sido tan alto el impacto que generó la economía del conocimiento en la ciudad que hoy atraviesa todos los sectores económicos”, reflexiona Marcela Pretantonio, secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales de la  Municipalidad de Tandil.

La educación, el puntapié de la transformación

La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) sembró la semilla al potenciar sus carreras orientadas a la industria del conocimiento. En los últimos años, las formaciones relacionadas –como Ingeniería en Sistemas– han liderado las preferencias de inscripciones. 

“La alta demanda que el perfil informático tiene en el mercado del trabajo y los elevados salarios que promete el sector redundan en un crecimiento cada vez mayor de esta ingeniería”, evalúan en la prensa local.  

Desde el municipio se acompañó esta lógica sumando otras herramientas para fomentar y potenciar la empleabilidad de las personas, con una oferta educativa acorde a las necesidades de los sectores productivos. En esa línea se creó  Escuela de Talentos, con el fin de cubrir una demanda de los diferentes sectores de la ciudad que fueran incorporando más mano de obra y, también de aquellos que trabajan por cuenta propia para mejorar sus servicios y productos.

Para desarrollar un ecosistema en torno a la economía del conocimiento, Pretantonio explica que fue necesario “generar metodologías que permitan que el ecosistema funcione priorizando los consensos y no los disensos de los actores partícipes”. 

“Siempre es un desafío permanente esta construcción colectiva de buscar identificar una mirada común. Cada territorio tiene sus dinámicas, sus actores, sus sujetos y desde ahí construye las bases para su proyección”, comenta. Para impulsar estas acciones “la normativa es sumamente importante y ordenadora” , agrega la funcionaria.

 Polo Tecnológico de Tandil, la llave del ecosistema

La Cámara de Empresas del Polo Informático de Tandil (CEPIT) se creó en 2010 por un grupo de empresas de software de Tandil, con el propósito de potenciar el ecosistema innovador a través de la vinculación entre el sector público, privado y el académico. 

El espacio contaba con 15 empresas y al día de hoy ya son más de 50. Junto a sus dos socios estratégicos (el municipio y la Universidad) fomentan el desarrollo de soluciones locales con tecnología, e impulsan nuevas fuentes de trabajo en la ciudad. 

En la actualidad, la economía del conocimiento es el cuarto complejo exportador de la Argentina después del sojero, cerealero y automotriz. En esa línea la CEPIT estima que el 70% de lo que producen sus empresas se exporta a mercados de todo el mundo.

Flama, el evento que condensa todas estas experiencias

Para compartir proyectos inspiradores en torno a la economía del conocimiento, la Municipalidad de Tandil junto a la CEPIT, la UNICEN y algunas empresas locales crearon Flama. Se trata de un evento que ofrece capacitaciones, conferencias y muestras de todo tipo bajo el lema “el conocimiento prende”. 

En 2024, Flama cumple su tercera edición con siete ejes temáticos: educación, tecnología, industria, planeta, bienestar, diversidad y cultura. “Las charlas están diseñadas para generar un ambiente de reflexión y cercanía con el público, en un formato único que invita al diálogo y la inspiración”, definen desde la Municipalidad. 

Todas estas acciones partieron del Plan Estratégico del Software y la Biotecnología, que ya cumple un decenio.  Diseñado por estos tres sectores, es la hoja de ruta del ecosistema emprendedor de Tandil para consolidarse como una ciudad modelo. 

La exportación de tecnología les demanda estar un paso adelante. La funcionaria Pretantonio cuenta que en la ciudad ya se está hablando de nanotecnología, biotecnología y el efecto de la Inteligencia Artificial en la economía local.

“Estamos detrás de las pistas de transformación que van apareciendo para poder adelantarnos y pensar  en cómo incorporarlas. Y cómo eso puede impactar en nuestro ecosistema”, concluye la Secretaria de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales de la  Municipalidad de Tandil.

Imagen principal: Municipalidad de Tandil.

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