Río de Janeiro encendió la alerta roja cuando, hacia fines de la década de 2000, se vio golpeada por deslizamientos e inundaciones, un tránsito caótico y altos niveles de violencia. Pero el mayor problema no era sólo la magnitud de las crisis, sino la dificultad del gobierno local para responder con rapidez. La falta de coordinación entre los distintos organismos de la administración pública evidenció la necesidad de una transformación profunda.

Fue entonces cuando la ciudad dio un paso pionero: firmó una alianza público-privada con IBM para crear el Centro de Operações Rio (COR) —hoy Centro de Operaciones y Resiliencia—. Concebido como un “corazón tecnológico”, el COR integró en una sola plataforma toda la información sobre seguridad pública, tránsito, medioambiente y servicios urbanos. Desde allí, más de 30 organismos municipales coordinan acciones de monitoreo y respuesta conjunta.

El sistema permite identificar emergencias en tiempo real, activar alertas preventivas y movilizar equipos en minutos. Con el tiempo, el COR se convirtió en el centro de comando oficial de la ciudad, especialmente durante eventos de gran escala o situaciones críticas.

Enfrentar el riesgo climático y la exclusión social en Río de Janeiro

En simultáneo, los desafíos climáticos y sociales seguían siendo enormes. Las lluvias intensas y los deslizamientos afectaban con frecuencia a comunidades vulnerables, muchas de ellas en zonas de difícil acceso y fuera de los registros oficiales. Aunque Río contaba con una amplia red de servicios públicos, miles de personas permanecían “invisibles” para el Estado, sin acceso estable a salud, educación o vivienda.

La misión del municipio fue entonces usar los datos para combatir la exclusión y orientar las políticas públicas hacia las áreas de mayor riesgo. En 2017, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) —establecido en 1998— y del Instituto Pereira Passos (IPP), la ciudad creó el Programa Territórios Sociais.

Su propósito fue identificar y acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en los diez mayores complejos de favelas, como Alemão, Rocinha, Cidade de Deus, Maré y Jacarezinho. En 2022, la iniciativa se amplió a toda la ciudad.

Un programa con método y resultados

El protocolo del Territórios Sociais se estructura en tres fases: búsqueda activa, plan de acción integrado y monitoreo. En la primera, agentes de campo contratados por el programa visitan cada vivienda y aplican un cuestionario basado en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Naciones Unidas, que evalúa privaciones graves en salud, educación y nivel de vida.

Las familias con un IPM igual o superior al 33% son incorporadas al Módulo Integrado de Monitoreo, que las vincula con servicios básicos de salud, asistencia social o educación según sus necesidades. Al cabo de un año, se vuelve a aplicar el cuestionario inicial para medir avances y evaluar la efectividad del programa.

Entre 2017 y 2018 se identificaron 2.316 familias en situación de vulnerabilidad, cerca del 13% del total de hogares en los 145 sectores relevados. Entre 2019 y 2022 se realizaron 139.113 entrevistas y 39.558 familias fueron clasificadas para seguimiento (aproximadamente el 28% del total).

En enero de 2025, los resultados ya hablaban por sí mismos: casi 32.000 familias habían sido atendidas por la Secretaría Municipal de Salud y unas 26.000 recibieron apoyo de la Secretaría de Asistencia Social.

Gestión inteligente: datos e integración contra desigualdades persistentes

En marzo de 2025, Río de Janeiro recibió la Certificación Oro del programa What Works Cities, impulsado por Bloomberg Philanthropies y Results for America. La distinción reconoce a los gobiernos que aplican estándares avanzados en el uso de datos y evidencia para mejorar sus políticas públicas.

¿Qué lección dejó ese reconocimiento internacional? Las experiencias del COR y de Territórios Sociais muestran que los datos, por sí solos, no bastan: deben ir acompañados de presencia territorial y confianza comunitaria. En Río de Janeiro, las tecnologías funcionan porque detrás de ellas hay agentes comunitarios que recorren las calles, visitan hogares y ganan la confianza de las familias. Ese vínculo humano valida y complementa la información digital, asegurando que ninguna persona quede fuera por falta de registro.

Otra lección clave fue romper los silos burocráticos. Para compartir información y planificar acciones conjuntas, la municipalidad creó un comité intersecretarial junto al IPP, que permitió coordinar políticas y evitar duplicaciones.

También se fortaleció la transparencia pública: la difusión periódica de resultados —familias atendidas, niños escolarizados, mejoras en los indicadores— aumentó la confianza ciudadana y reforzó la rendición de cuentas.

Desde Río de Janeiro, inspiración para otras ciudades

El modelo del COR inspiró a capitales como São Paulo, Salvador y Belo Horizonte, que ya cuentan con centros de monitoreo similares. Su replicación exige inversión y liderazgo político, pero demuestra que la coordinación institucional y las alianzas tecnológicas pueden transformar la gestión urbana.

Por su parte, el enfoque de Territórios Sociais puede adaptarse a municipios medianos mediante la selección de barrios prioritarios y el uso de herramientas digitales de recolección de datos, muchas de ellas apoyadas por organismos internacionales como ONU-Hábitat o Unicef.

Otra iniciativa replicable es el uso de observatorios urbanísticos, como el Instituto Pereira Passos (IPP), para centralizar la inteligencia de datos de la ciudad. Varios municipios han creado unidades similares, dedicadas al análisis de indicadores y al seguimiento de políticas públicas.

En la práctica, Río de Janeiro aprendió que los datos pueden salvar vidas, pero su valor real aparece cuando se traducen en decisiones, coordinación y cercanía. Una ciudad más resiliente no se construye solo con tecnología, sino con información útil, vínculos de confianza y voluntad política sostenida.

Este artículo fue redactado originalmente en portugués por Amilcar Pereira Cardoso, especialista en transformación del sector público, y traducido y editado por +COMUNIDAD. Integra una serie de publicaciones sobre ciudades de Brasil que utilizan datos para impulsar mejoras públicas.

Imagen principal: Centro de Operaciones y Resiliencia de Río de Janeiro. Foto: COR Río.

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Por Guilherme Rocha Formicki (*)

Con lluvias cada vez más intensas y olas de calor más frecuentes, el debate sobre la necesidad de transformar nuestras ciudades en lugares más resilientes ante el cambio climático ha ganado fuerza. Otro debate, el de las ciudades sostenibles, es más antiguo y cobra nuevo impulso con los eventos climáticos recientes observados en Brasil, como la ola de calor de fines de 2023 que afectó a más de 2.700 municipios en unos 15 estados y la tormenta del 3 de noviembre de 2023 que golpeó a São Paulo, dejando a miles de hogares sin luz durante días.

Todas estas discusiones tratan sobre la urgencia de alcanzar un nuevo y más sofisticado nivel en nuestras ciudades. Hablamos de inversiones multimillonarias en el soterramiento de cables, discutimos la compra de autobuses eléctricos y abordamos muchas otras medidas necesarias, pero costosas. 

Defiendo que, además de todos estos pasos, debemos centrarnos en garantizar que todos puedan vivir en viviendas ambientalmente cómodas, fuera del riesgo de inundaciones y deslizamientos, y conectadas al saneamiento básico. Las ciudades resilientes y sostenibles son aquellas que, por encima de todo, ofrecen viviendas dignas a todos sus residentes.

Vivienda digna: una puerta a otros derechos

Ciertamente, ofrecer una vivienda digna para todo el mundo es una política pública costosa y compleja. Una tarea casi imposible. Pero debemos empezar por algún lugar. Recordemos que todos necesitan un lugar para vivir. Además, la vivienda abre la puerta a otros derechos. Por ejemplo, tener un código postal permite recibir correspondencia y paquetes. Vivir en una casa con buena ventilación e iluminación natural fomenta el aprendizaje de un niño al hacer sus tareas escolares.

Necesitamos garantizar lo básico. Las ciudades más resilientes y sostenibles deben ofrecer casas y barrios donde se pueda vivir con dignidad. Cuando miramos a los millones de personas que habitan favelas y otros asentamientos precarios en Brasil, notamos que nuestras ciudades no ofrecen este mínimo indispensable.

La experiencia de São Paulo

A principios de los años 2010, la ciudad de São Paulo implementó una política habitacional que intentaba lograr lo esencial. El Programa de Urbanización de Favelas no era una política exclusivamente habitacional. En su ámbito, se incluía el tratamiento de los arroyos que cruzan las favelas, la reubicación de viviendas en áreas de riesgo (con la previsión de relocalización definitiva en la propia comunidad o en sus cercanías) y la instalación de ciclovías donde el espacio físico lo permitía, entre otras acciones que iban más allá de la vivienda estrictamente.

La priorización de las favelas y sus arroyos en función de la subcuenca hidrográfica en la que se encontraban daba también una lógica ambiental a las intervenciones. El reconocimiento de que algunas familias corrían riesgos inminentes de que sus casas fueran arrasadas por inundaciones o afectadas por deslizamientos llevó a la priorización de esas familias en la asignación de una nueva vivienda. 

La consolidación de las demás casas (mejorando los callejones adyacentes, instalando postes de luz en las calles, etc.) partía del supuesto de que no había recursos suficientes para construir nuevas viviendas para todos los residentes (que, a menudo, no tenían interés en mudarse a conjuntos habitacionales lejos de su comunidad original). Entonces, se buscaba mejorar sus condiciones habitacionales.

Lecciones de un programa imperfecto pero necesario

Es claro que podría haber sido mejor. Faltó que el gobierno incentivara las reformas de las casas en áreas consolidadas, la llamada mejora habitacional. Faltó evitar que las orillas de los arroyos fueran reocupadas por las familias más vulnerables. Y faltó proporcionar viviendas a todas las personas desplazadas, muchas de las cuales llevan años en alquiler social.

Pero el Programa de Urbanización fue al menos un intento de ofrecer lo básico a decenas de miles de familias. Y de hacer que sus comunidades fueran más habitables, más resilientes a las lluvias y más saludables desde el punto de vista del saneamiento.

Hoy en día, se habla mucho de los programas ‘Minha Casa, Minha Vida‘ y ‘Pode Entrar‘. Es claro que deben implementarse. Pero deben integrarse en planes intersectoriales para mitigar los efectos del cambio climático. Deben precisar que nuestras ciudades contaminen menos. Y, antes que nada, necesitan garantizar lo básico.

(*) Guilherme Rocha Formicki es doctorando en Planificación Urbana y Regional en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo (FAU USP) e investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Arquitecto y urbanista, también formado en la FAU USP, cursó una maestría en Planificación Urbana en la Universidad de Columbia. Allí, recibió el premio Charles Abrams por su tesis, que mostró un mayor compromiso con la justicia social. Guilherme trabajó en la Secretaría Municipal de Vivienda de São Paulo entre 2014 y 2016, participando en la urbanización de siete favelas en las zonas sur y oeste de la ciudad.

El artículo fue publicado originalmente en portugués en NexoJornal. Guilherme Rocha Formicki autorizó a +COMUNIDAD su traducción y publicación. 

^{Imagen principal ilustrativa: Freepik.}

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Uno de los mayores desafíos es la existencia de asentamientos humanos expuestos a los deslizamientos de tierra y las crecientes de los ríos. Además, la carencia de un manejo adecuado de los residuos afecta la infraestructura necesaria para responder en caso de inundaciones y genera focos de vectores de enfermedades con riesgo de salud pública para esta área habitada por más de 800.000 personas. 

Más del 30% de la población del municipio de Ndirande, al este de Blantyre, vive en zonas de alta vulnerabilidad. Esto significa que, según cifras de los referentes locales, sólo en esta localidad más de 22.000 personas están expuestas a peligros relacionados con las inundaciones, las cuales han duplicado su ocurrencia en los últimos cinco años.

La cartografía como aliada

En el marco del Concurso de Innovadores Locales 2021, organizado por la Red de Innovación Local (RIL) y otros organismos aliados, el equipo de Blantyre presentó una solución a sus dificultades que incluye la introducción de Sistemas de Información Geográfica (GIS) y otras herramientas que fusionan la tecnología de teledetección y recursos humanos.

Mediante el uso de drones e imágenes satelitales, en 2022 se relevarán datos hidrológicos, geológicos y demográficos para analizar el uso del suelo y los riesgos a los que está expuesto. Se utilizarán registros históricos para entender el avance de las inundaciones a través del tiempo y los movimientos de masas. También, con la participación de la comunidad local, se construirán mapas sociales para identificar comportamientos y modos de vida que incidan sobre la situación. 

El objetivo es crear instrumentos cartográficos que ponderen los factores desencadenantes de los desastres y proporcionen medidas de mitigación viables para reducir sus impactos, evitando la destrucción de hogares y salvando miles de vidas.

El equipo de trabajo está conformado, entre numerosos actores involucrados, por Noel Band, Hestings Hatton, y Hassan Allison, estudiantes de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Malawi; Mervis Nyirenda, licenciada en comunicación empresarial; MCLean Kumwenda, ingeniero biomédico; y Yusuf Chizonga, líder del gobierno local.

Innovación con impacto

Según los especialistas del proyecto, la innovación de la propuesta consiste en introducir análisis geoespaciales integrales para la toma de decisiones en las políticas públicas, “lo cual no es una situación presente en el lugar”. Otro factor ponderado es la incorporación permanente de la participación ciudadana en el proceso “para tener lecturas completas de la realidad de la población”. 

En el marco del Concurso de Innovadores Locales 2021, la propuesta también generó una red permanente de interconexión con organizaciones que abordan problemáticas similares. “La solución une recursos tecnológicos con aspectos sociales para dar respuestas adecuadas a la realidad de los habitantes, interpretando su contexto sociopolítico y utilizando recursos locales para generar acciones efectivas”, sostiene la presentación del proyecto. 

Tras la realización de los estudios históricos sobre el comportamiento de los ríos, durante 2022 se realizarán los sobrevuelos con drones para actualizar la información de los asentamientos poblacionales (cada vez hay más en el área metropolitana) y la disposición final de los residuos urbanos. Una vez que haya avances con la primera prueba piloto en la localidad de Ndirande, la intención es escalar la política a la región. 

Misión colaborativa

En busca de financiamiento, la propuesta del equipo malauí se encuentra en el Marketplace de Soluciones Locales. Esta plataforma une a innovadores locales con fondos de impacto para resolver de forma colaborativa los desafíos públicos más urgentes de las ciudades, poniendo en el centro a las personas. En esta nota podés conocer más sobre su funcionamiento. 

En 2021, los protagonistas expusieron su solución en un video titulado “Implementando herramientas tecnológicas para disminuir los peligros ambientales en la población de Blantyre mediante el mapeo de riesgos y así salvar vidas”. Lo podés ver en el siguiente enlace (en inglés, con subtítulos):

¿En tu ciudad se utilizan herramientas geoespaciales para mitigar los efectos de los desastres naturales? ¡Compartí la experiencia con RIL!

^{Imagen principal: Sobrevuelo de drones para el relevamiento de datos.}

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