Gobernar una ciudad obliga a ocuparse todos los días de lo urgente.

Hay que reparar un bache, atender un reclamo, mejorar un servicio, ordenar una calle, acompañar a una familia y resolver los problemas que aparecen. Esa es una parte esencial de la gestión pública. Pero gobernar no puede consistir solamente en administrar el presente.

También significa tomar decisiones pensando en lo que vendrá.

Las decisiones que tomamos hoy pueden definir durante muchos años cómo crece una ciudad, qué oportunidades genera, qué calidad de vida ofrece y qué problemas tendrán que enfrentar las próximas generaciones.

Por eso gobernar exige mirar más allá del mandato.

Luján de Cuyo se fundó en 1855. Un gobierno de cuatro años representa apenas un poco más del 2% de su historia. Incluso dos períodos completos representan menos del 5%.

Sin embargo, en la política aparece muchas veces la tentación de creer que esos cuatro años son suficientes para refundarlo todo. Como si la ciudad hubiera nacido el día en que asumimos y toda su historia anterior tuviera que ser descartada.

Claro que siempre hay cosas que cambiar. Hay estructuras que revisar, servicios que mejorar y formas de trabajar que ya no sirven.

Pero gobernar no es empezar de cero cada cuatro años.

Tampoco es concentrar toda la energía en inauguraciones, anuncios o acciones diseñadas para conseguir el aplauso inmediato. Las obras son necesarias y muchas veces cambian de manera concreta la vida de las personas. El problema aparece cuando la política se limita a aquello que puede mostrarse rápido, cortarse con una cinta o transformarse en una campaña electoral.

Una ciudad necesita algo más profundo: construir capacidades.

Un Estado preparado para resolver

Construir capacidades significa formar equipos, ordenar procesos, incorporar tecnología, utilizar información y desarrollar una cultura de trabajo que permita resolver mejor los problemas.

Significa atender el stock de dificultades que una ciudad acumula durante años, gestionar con eficiencia los desafíos del presente y prepararse para problemas futuros que seguramente serán más complejos.

Ese trabajo no puede depender solamente del intendente ni de los funcionarios que ocupan cargos políticos durante algunos años.

Tiene que apoyarse en el personal público, especialmente en la planta permanente: las personas que sostienen el municipio todos los días, atraviesan distintas gestiones y acumulan una enorme experiencia que muchas veces no es suficientemente valorada.

Confiar en ellos no significa conformarse con la manera en la que siempre se hicieron las cosas. Significa ofrecerles herramientas, formación, responsabilidades y oportunidades para seguir creciendo.

También significa abrir el municipio.

Convocar a personas con conocimiento y experiencia. Vincularnos con universidades, empresas, organizaciones sociales y especialistas. Comparar experiencias, estudiar lo que funciona en otros lugares y adaptarlo a nuestra realidad.

Hay una frase que me gusta mucho: el que sabe copia; el que no sabe, inventa.

No significa copiar sin pensar. Significa tener la humildad de reconocer que muchos de los problemas que enfrentamos ya fueron abordados en otros lugares. Nuestro trabajo es aprender, comparar y encontrar la mejor forma de aplicar esas soluciones en nuestra comunidad.

Administrar una ciudad es una profesión

Quienes trabajamos en un municipio administramos ciudades. Y administrar una ciudad es una tarea específica.

No es lo mismo que ser ingeniero, abogado, contador, docente o gerente de una empresa. Cada una de esas profesiones aporta conocimientos valiosos, pero ninguna prepara por sí sola a una persona para gestionar todos los desafíos urbanos.

Una ciudad debe ocuparse del crecimiento urbano, el agua, la movilidad, la seguridad, el ambiente, el desarrollo económico, la niñez, la adolescencia, los adultos mayores, el turismo, la cultura, el deporte y la inclusión.

También debe garantizar servicios, administrar recursos escasos, planificar obras, anticipar riesgos y responder ante situaciones inesperadas.

Todo eso no se aprende de la noche a la mañana.

Tampoco existe una carrera universitaria que entregue a una persona completamente preparada para gerenciar una ciudad. Mucho menos en un mundo donde una parte cada vez mayor de la población, la actividad económica y los desafíos sociales se concentran en los espacios urbanos.

Por eso las ciudades necesitan construir su propio conocimiento.

^{Vinculación con la ciudadanía. Imagen: Municipalidad de Luján de Cuyo.} 

Los desafíos de Luján de Cuyo, una ciudad en crecimiento

Luján de Cuyo no es una ciudad cualquiera.

Es una de las ciudades argentinas con mayor crecimiento y con una gran cantidad de permisos de construcción. Ese crecimiento genera oportunidades, pero también exige planificación, infraestructura, servicios y una mirada territorial de largo plazo.

Por nuestro territorio pasa el Corredor Bioceánico, uno de los principales ejes de conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Tenemos uno de los complejos industriales y energéticos más importantes del país. Somos un punto central para la actividad logística de Mendoza.

Al mismo tiempo, somos tierra del malbec, de bodegas reconocidas en la Argentina y el mundo, de gastronomía, paisaje y turismo. Somos una de las principales puertas de entrada a la montaña y uno de los destinos más importantes de Mendoza.

Esa diversidad nos llena de orgullo, pero también nos impone una enorme responsabilidad.

No podemos administrar una ciudad de estas características solamente reaccionando ante los problemas. Necesitamos profesionales capaces de comprenderla, planificarla y conducirla.

La Escuela de Gobierno como estrategia de formación 

Con esa idea creamos la Escuela de Gobierno Municipal.

No creemos que sea la única respuesta posible. Seguramente existen otras herramientas. Pero fue la manera que elegimos para construir una usina propia de conocimiento, formación e innovación dentro del municipio.

La Escuela nació de una necesidad concreta: contar con las herramientas necesarias para administrar los desafíos de Luján de Cuyo.

No la pensamos como un curso aislado, una actividad para entregar diplomas o una capacitación que termina después de algunas clases.

La pensamos como un proceso permanente.

Dentro de la Escuela creamos la formación de Especialista en Gestión de Ciudades, porque entendemos que esa es nuestra tarea: administrar ciudades con sus problemas, sus oportunidades y sus particularidades.

Hoy, el 20% de la familia municipal participa de este programa.

No son solamente funcionarios. Participan líderes de distintas áreas y trabajadores de planta permanente: quienes sostienen la Municipalidad todos los días, incluso cuando atraviesan gestiones mejores o peores, y que pocas veces reciben el reconocimiento que merecen.

Este esfuerzo viene creciendo de manera sostenida. Solo durante 2025 alcanzamos más de 52.000 horas de capacitación.

Y el recorrido no termina con la especialización. Creamos un programa de becas completas o de hasta el 80% para que nuestros colaboradores puedan cursar maestrías vinculadas con la gestión pública y los desafíos urbanos.

Hoy tenemos más de cien integrantes de la Municipalidad realizando estudios de posgrado en universidades como Torcuato Di Tella, Austral, Nacional de Cuyo, Nacional de Entre Ríos y Católica Argentina, entre otras.

Muchos de ellos utilizan a Luján de Cuyo como caso de estudio.

Eso significa que nuestros problemas se investigan, nuestras políticas se comparan y nuestras decisiones se analizan con mayor profundidad. El conocimiento no queda afuera de la Municipalidad: vuelve a ella convertido en mejores herramientas para gestionar.

Una Escuela de Gobierno para sembrar capacidades

Yo creo profundamente en la educación.

Soy docente universitario y estoy convencido de que para resolver mejor los problemas tenemos que estudiar, investigar, comparar y estar abiertos a nuevas ideas.

La formación no es un premio para el empleado municipal. Tampoco es un gasto que puede postergarse cuando aparecen otras urgencias. Es una inversión en la capacidad de la ciudad para resolver problemas.

En la Biblia aparece una idea sencilla y poderosa: se cosecha lo que se siembra. La cosecha llegará tarde o temprano. Lo que es optativo es la siembra.

La Escuela de Gobierno es nuestra forma de sembrar. Sembrar conocimientos, equipos, liderazgos y una forma más profesional de trabajar. Sembrar capacidades para resolver los problemas conocidos y también aquellos que todavía no podemos anticipar.

Algunas de esas semillas darán resultados durante nuestra gestión. Otras quizás lo hagan cuando nosotros ya no estemos.

Ese es precisamente el punto.

^{Daniel Cerezo, consultor en desarrollo humano y cultura organizacional, da una capacitación. Imagen: Escuela de Gobierno Municipal.}

El legado de una gestión: construir capacidades 

Ningún equipo de gobierno refunda una ciudad cada cuatro años.

Creerlo sería un error. También sería un error gastar toda nuestra energía en acciones pensadas solamente para conseguir aprobación inmediata.

Nuestra responsabilidad es otra. Es hacer cada día de la gestión pública una tarea más profesional, más consciente y más dedicada.

Es construir un municipio que aprenda, que acumule experiencia y que pueda seguir mejorando cuando cambien los nombres y se renueven los equipos de conducción.

Las gestiones pasan. Los funcionarios dejan sus cargos. Los carteles se despintan y las inauguraciones se vuelven recuerdos.

Lo que debe quedar son las capacidades.

La capacidad de prestar mejores servicios. De planificar el crecimiento. De anticipar los problemas. De aprovechar las oportunidades. De escuchar a la comunidad y responder con seriedad.

Todo esto tiene un solo objetivo: reconocer y recompensar el enorme esfuerzo que hacen cada día las familias de Luján de Cuyo.

Que ese esfuerzo vuelva en forma de una ciudad ordenada, con oportunidades, buenos servicios y una mejor calidad de vida.

Gobernamos apenas una pequeña parte de la historia de Luján de Cuyo. Pero durante ese tiempo tenemos una gran responsabilidad: administrar bien el presente y dejar una ciudad mejor preparada para el futuro.

Porque nuestro verdadero legado no será creer que lo empezamos todo Será haber ayudado a que Luján de Cuyo pueda seguir creciendo mucho después de que nosotros nos hayamos ido.

Esta columna “Desde el territorio” forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen principal: Escuela de Gobierno Municipal de Luján de Cuyo.

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La supervisión, realizada por la misma policía, dependía de que ese distintivo pudiera verse desde el exterior. Si el vehículo tenía polarizado (tinteado) oscuro o el marbete no se encontraba en un lugar visible, los agentes no podían confirmar fácilmente si el pago se había realizado. 

Esto generaba situaciones frecuentes de conflicto. Algunos vehículos que sí habían pagado recibían multas porque el marbete no se encontraba a la vista al momento de la supervisión, lo que provocaba discusiones entre usuarios y autoridades municipales. Para evitar esos enfrentamientos, en muchos casos los agentes preferían no sancionar, lo que debilitaba la capacidad de control del sistema y, también, la pérdida de ingresos.

Además, todo funcionaba de forma análoga, lo que generaba altos costos de transacción para los usuarios. El pago sólo podía realizarse en efectivo y no existía una base de datos digitalizada y centralizada que permitiera verificar los pagos o monitorear el sistema.

El punto de partida: regular el espacio público en Antigua Guatemala

En 2024, el Concejo Municipal de Antigua Guatemala renovó la normativa de uso temporal de la vía pública para el estacionamiento de vehículos, y estableció un marco legal para ordenar el uso del espacio público y modernizar el sistema de estacionamiento. En junio 2026, fue aprobado un nuevo reglamento, el cual incorporó mejoras a los servicios y tarifas.

El nuevo reglamento parte de una premisa: el uso voluntario de la vía pública para el estacionamiento conlleva la provisión del servicio de asistencia vial 24/7 y seguridad perimetral. El objetivo es optimizar el uso del espacio urbano, mejorar la movilidad y generar ingresos que contribuyan al mantenimiento de la infraestructura vial y la seguridad en la vía pública. Esta ordenanza genera condiciones de gratuidad para los vecinos y aplica descuento especial para las personas que visitan frecuentemente la ciudad.

Parte de este proceso fue reconocer e institucionalizar la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer la regulación, el control y el monitoreo del tránsito de personas y vehículos en la ciudad. A partir de este marco normativo nació MarbEx, el sistema que hoy gestiona el estacionamiento en Antigua Guatemala.

MarbEx, un sistema que combina regulación y tecnología

MarbEx transformó el modelo tradicional basado en marbetes físicos y pagos en efectivo. El sistema incorpora distintos métodos de pago, incluyendo portal web municipal, dispositivos POS en la vía pública y otros medios electrónicos, además del pago en efectivo para quienes lo prefieran. 

Cada transacción queda registrada en un sistema digital que permite verificar la fecha y hora exacta en la que un vehículo ha pagado el derecho de estacionamiento en la vía pública. Esto facilita el trabajo de supervisión y reduce los conflictos que antes se generaban cuando el marbete no era visible. El reglamento también establece la generación de bases de datos de placas, sistemas de verificación y herramientas tecnológicas que permiten monitorear y evaluar periódicamente el sistema de manera más eficiente. 

Antigua Guatemala, una ciudad con miles de espacios regulados

Encontrar datos relevantes del ingreso de los vehículos al municipio se había convertido en un reto, y el sistema MarbEx permitió facilitar el conteo de visitantes. Uno de los cambios más visibles e inmediatos ha sido la transformación en la forma de pago y, por ende, en la forma en que el usuario se vincula a este importante servicio público. En enero de 2026, se contabilizaron 71,767 marbetes vendidos digitalmente, seis veces más que enero de 2025. 

Durante 2025 se registraron 779,850 marbetes emitidos, distribuidos de la siguiente manera:

• 52.6 % pagados a través del portal digital.
• 31.6 % mediante dispositivos POS con un agente.
• 15.8 % en efectivo en cajas municipales.

Esto significa que más del 84% de las transacciones ya se realizan digitalmente, lo que redujo significativamente la dependencia del efectivo y aumentando la trazabilidad del sistema.

Nota de la Redacción: Antigua tiene cerca de 50.000 habitantes, pero en períodos turísticos como Semana Santa puede llegar a recibir más de un millón de visitas.

Estos datos permiten que la Municipalidad agilice sus procesos y mejore sus procedimientos. Pese a estos cambios, existe una brecha en la regulación de los parqueos sobre la vía pública, por lo que se continúa trabajando con herramientas digitales y físicas para enriquecer los datos y la manera en que se realiza el conteo. 

El impacto en los ingresos municipales

La modernización del sistema también se refleja en la recaudación.

Ingresos por estacionamiento, en quetzales guatemaltecos (1Q equivale a cerca de 0,13 dólares):

• 2022: Q5.6 millones.
• 2023: Q6.9 millones.
• 2024: Q7.0 millones.
• 2025: Q11.6 millones.

En tres años, la recaudación se duplicó, lo que sugiere una mayor formalización del sistema y una mejor capacidad de control del uso del espacio público.

Este incremento en la recaudación no sólo evidencia una mejora en la eficiencia administrativa, sino que también se traduce en una mayor disponibilidad de capital para el municipio. Estos fondos adicionales se destinan a la inversión en infraestructura vial, un aspecto clave especialmente en una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde los retos de conservación, mantenimiento y modernización requieren intervenciones cuidadosas, sostenibles y alineadas con la protección del valor histórico y cultural.

Más que tecnología: un cambio en la gestión urbana

Aunque el componente tecnológico es visible, el cambio principal ha sido institucional. El reglamento establece indicadores para evaluar el desempeño del sistema, incluyendo cobertura del estacionamiento regulado, ingresos, cumplimiento de las normas, sanciones aplicadas y percepción ciudadana.  Esto permite que el sistema no dependa únicamente de la supervisión manual, sino que pueda evaluarse a partir de datos y ajustarse con base en evidencia.

Carmen Zea, visitante frecuente y propietaria reconoce el sistema como una ventaja: “El Marbex me parece una solución muy práctica para pagar el parqueo. Antes tenía que recorrer toda Antigua buscando dónde comprar el marbete, pero ahora el proceso es mucho más rápido y conveniente. Además, puedo pagar varios días de una sola vez cuando me quedo más tiempo”.

Lecciones para otras ciudades

La experiencia de Antigua Guatemala muestra que la digitalización de un servicio público puede ser más efectiva cuando está respaldada por un marco normativo claro. En este caso, la tecnología permitió aplicar una normativa reciente, de forma eficiente. La combinación de reglas claras, herramientas digitales y monitoreo institucional contribuyó a mejorar el control del sistema y a reducir los conflictos entre usuarios y autoridades.

Para ciudades que enfrentan desafíos similares en la gestión del estacionamiento, la experiencia sugiere que la transformación digital puede ser una oportunidad para fortalecer la administración del espacio público y mejorar la transparencia en la gestión de los servicios urbanos.

1. La tecnología funciona mejor cuando está respaldada por reglas claras.

Digitalizar un servicio público sin un marco normativo sólido puede generar nuevas herramientas, pero no necesariamente mejores resultados. En Antigua Guatemala, el cambio tecnológico estuvo acompañado por un reglamento que redefinió cómo se administra el espacio público, respetando el valor histórico de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

2. Reducir el uso de efectivo mejora la trazabilidad del sistema.

La incorporación de pagos digitales facilita la experiencia del usuario, fortalece la transparencia y permite un control administrativo eficaz, al registrar cada transacción en una base de datos verificable.

3. La digitalización también transforma la relación entre ciudadanos y autoridades.

Cuando la verificación del pago depende de datos y no únicamente de inspecciones visuales, disminuyen los conflictos entre supervisores y usuarios y se fortalece la confianza en el sistema.

4. La gestión del estacionamiento es una herramienta para ordenar el espacio público.

Más allá de la recaudación, regular el estacionamiento permite organizar mejor la movilidad urbana, optimizar el uso de las calles y equilibrar el acceso de distintos usuarios al espacio público.

5. La modernización de los servicios municipales puede comenzar con problemas cotidianos.

Un sistema de estacionamiento puede parecer un servicio menor, pero cuando se gestiona con datos, tecnología y reglas claras, puede convertirse en una puerta de entrada para la transformación digital de la administración municipal.

Este artículo fue escrito por la Secretaría de Gestión Estratégica de la Municipalidad de Antigua Guatemala y editado por +COMUNIDAD. 

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Por Juan Martín de Chazal,
Coordinación +COMUNIDAD | RIL

ciudades de oportunidades

Sos un bebé de dos meses. Una noche empezás con fiebre muy alta. A esta edad cualquier fiebre es una emergencia: el sistema inmune todavía no está formado. El miedo es real y es de madrugada.

Esa tarjeta fue la primera en salir a los pocos minutos de empezar. Frente a mí, en una mesa redonda como las otras ochenta y tantas del Salón Metropolitano de Rosario, había un intendente patagónico y otro de una ciudad agrícola de la llanura pampeana. También una funcionaria del conurbano bonaerense, representantes de una de las principales compañías de bebidas del país y referentes que trabajan en innovación, ciencia y desarrollo territorial. 

A cada uno nos había tocado, al azar, un tablero distinto. Una ciudad distinta. Leímos la tarjeta en voz alta. Nadie respondió enseguida.

Horas antes, en el Teatro El Círculo, frente a una sala colmada, Nazarena Smit —directora de Alianzas de la Red de Innovación Local (RIL)— había dicho una frase que después atravesó toda la noche: “Todas las personas merecen calidad de vida y oportunidades para desarrollarse, sin importar dónde hayan nacido. El código postal no puede ser un destino”.

Cuando volvimos a esa frase, sentados frente al juego, ya no sonaba a discurso. Sonaba a pregunta personal.

El miércoles 13 de mayo, Rosario reunió a lo que integrantes de la organización y varios medios argentinos llamaron, con cierto humor, los “Martín Fierro de los municipios”. La Noche de Intendentes, evento bienal de RIL Argentina, celebró su tercera edición —después de Buenos Aires en 2022 y Córdoba en 2024— y por primera vez aterrizó en Rosario. 

Participaron más de 300 líderes comunales, cuatro gobernadores, equipos de gobierno, más de un centenar de referentes del sector privado, académicos y periodistas. En total, unas 800 personas alrededor de un mismo juego.

En las mesas y en los salones se mezclaban perfiles que en otro encuentro difícilmente se cruzarían. El intendente de un pueblo chaqueño con menos de 5.000 habitantes se codea con el responsable de una gran capital provincial. Ciudades petroleras, portuarias, turísticas, mineras, agrícolas e industriales repartidas alrededor de una misma consigna.

Y un sector privado igual de diverso: bancos y compañías de energía, alimentos, bebidas, tecnología, agroindustria, telecomunicaciones, seguros. Aliados que llegan desde sectores muy distintos, cada uno con su propia agenda de impacto, y que sostienen los programas que hacen posible esta red.

El juego como espejo

El juego de mesa se llama “La Ciudad de tu Vida”. Lo diseñó RIL especialmente para esa noche. Cada participante recibe un tablero propio, que representa una localidad atravesada por distintos recursos iniciales —salud y bienestar, economía, educación y comunidad— que condicionan las posibilidades de partida. A partir de ahí, el desafío consiste en tomar decisiones para una ciudad y para una vida que no elegiste. La dinámica se organiza en cuatro grandes rondas que recorren distintas etapas cronológicas: niñez, juventud, adultez y vejez. 

Las tarjetas ponen veinte escenarios cotidianos —una emergencia médica, una vacante escolar, un primer empleo, un emprendimiento, una jubilación— y cada uno se bifurca en dos finales. Uno si ese día estás en una ciudad de oportunidades. Otro si estás en una ciudad de desafíos. Más que dónde naciste, importa dónde estás en el momento en que la vida interpela.

La fiebre del bebé es uno de los veinte.

En una ciudad de oportunidades, la madrugada se resuelve con un teléfono. Una plataforma de telemedicina pública atiende en menos de diez minutos. El médico indica ir a la guardia, el diagnóstico confirma la sospecha, hay antibióticos, internación de 48 horas y monitoreo. En una semana el bebé está en casa.

En una ciudad de desafíos, no hay guardias cerca. El hospital queda a cuarenta minutos y la sala de espera demora tres horas. Los padres esperan en casa a ver si la fiebre baja sola. No baja. A la mañana siguiente, cuando logran que lo atiendan, la infección ya avanzó más de lo que debía. El bebé se recupera, pero algo queda. Una secuela auditiva leve que nadie va a diagnosticar hasta los cuatro años, cuando ya empezó la escolaridad.

Dos vidas, dos finales, por una sola diferencia de contexto. Eso es lo que la directora ejecutiva de RIL Argentina, Candelaria Yanzi, definió esa noche como “la asimetría que nos mueve”. Una frase que se complementa con algo que también quedó resonando entre todo el mundo: “liderar es sostener una promesa”. 

Diez tableros, tres polos

El juego, en su primera versión, tiene diez tableros de partida distintos. No son simples graduaciones de un mismo eje. Cada uno tiene su historia, sus activos y sus carencias. A modo de muestra, tres alcanzan para marcar los polos.

La Capital arranca con escuelas de primer nivel, hospitales de última tecnología, mercado laboral próspero y presupuesto. También arranca con algo menos visible: un individualismo que casi no necesita al vecino, una participación barrial mínima, la sensación de que cada uno se las arregla solo. Barrio Nuevo comienza al revés. Calles de tierra, pocos servicios formales, una educación pública que nunca terminó de llegar, una economía mayormente informal. Pero arranca también con redes vecinales fuertes, comedores activos y clubes de barrio que funcionan como segundo hogar. El Desierto empieza con casi nada. Servicios públicos inexistentes o en estado crítico, escuelas distantes, salud limitada al mínimo. La supervivencia descansa en la solidaridad comunitaria.

La gracia del diseño es que muestra dos cosas a la vez. Que los activos no son sólo materiales y que la gestión, a lo largo de la partida, puede mover las piezas. Esto es lo que se discute, finalmente, cuando se habla de innovación pública: no qué tablero te tocó, sino qué hacés con ese tablero y con quién lo hacés.

Lo que mueve la aguja

Horas antes, en el Teatro El Círculo, se habían entregado los Premios RIL 2026: 37 ciudades de nueve provincias fueron distinguidas por políticas concretas de gestión local y por su eficiencia interna. Algunos casos, entre muchos posibles, ilustran lo que hacen en la práctica las decisiones que el juego pide tomar en menos de un minuto.

“Cuando uno le da la mano a un vecino no hay que soltarla. No importan los colores políticos: importa que todos queremos a esa ciudad para vivir”, dijo Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, la ciudad más premiada de la jornada.

Esa frase, enunciada entre los pasillos del Salón Metropolitano, condensa una idea que venimos conversando con el equipo en los días posteriores al evento. Lo que se vio en Rosario es que el buen gobierno no tiene color político. Que la mejora de las condiciones de vida —para esta generación y para las que vienen— puede ser, finalmente, una agenda común. Eso es lo que pasaba en las mesas.

Fermín Laborde, director de Liderazgo de RIL, lo había anticipado al abrir la ceremonia de premiación. “Esta tarde celebramos a los municipios que se convirtieron en ciudades faro. Los que demostraron con evidencia que se puede gestionar mejor y de esa manera le abren el camino a otros para animarse a hacer lo mismo”. Esa jornada, la palabra faro dejó de funcionar como metáfora y empezó a parecer una definición precisa de lo que muchas de esas ciudades buscaban construir.

La conversación que se potencia

Hay algo que rara vez aparece en las crónicas de este tipo de eventos. La Noche de Intendentes, más que una ceremonia, es el momento más visible de un trabajo silencioso que dura todo el año y que se hace en red. 

Provincias que deciden coordinar con sus municipios. Equipos técnicos que se forman. Datos que se comparten. Aliados privados que entienden que la calidad de vida del territorio donde operan es parte de su propio negocio. Y un equipo RIL que esta vez llegó a Rosario desde puntos muy distintos del país —Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, entre otros tantos más— porque la red se hace, todos los días, desde cada uno de esos lugares. 

Candelaria Yanzi lo había planteado más temprano, desde el escenario, al recuperar a Domingo Faustino Sarmiento para dar vuelta su sueño original. “Sarmiento decía 100 Chivilcoy para la fundación de la patria. Nosotros queremos 100 ciudades certificadas”. La idea detrás de esa consigna es que una ciudad faro también puede convertirse en una ciudad que enseña. Entonces, lo que empieza a construirse deja de parecerse a una competencia y se acerca más a una red. 

Hay otra cosa que merece subrayarse. Una conversación que durante años se dio en Buenos Aires —sobre las ciudades, sobre la gestión local, sobre lo que funciona— esta vez se dio en Rosario. Y antes en Córdoba. Y los protagonistas no fueron analistas que miran desde lejos. Fueron quienes la viven todos los días. Eso es lo que está cambiando: que las conversaciones locales e hiperlocales lleguen a la escena nacional como protagonistas y no como personajes secundarios.

Volver al juego

No alcanzamos a terminar las partidas. El reloj corrió más rápido que las decisiones. En el camino, además, aparecieron cartas inesperadas: tarjetas de interrupción global que el juego saca cuando menos lo esperás, eventos que ningún jugador controla y que recalibran los recursos de todos los tableros a la vez. Una inundación. Una crisis de migración. Una gran inversión del exterior. En cada mesa, cuando esa tarjeta caía, había que volver a pensar todo.

Esa es, quizás, una de las lecciones más útiles del juego. Ninguna ciudad transforma su realidad si la transformación queda librada al esfuerzo individual de un buen intendente. Ningún municipio puede prepararse, en soledad, para lo que no se puede prever. La asimetría no se compensa con voluntad. La incertidumbre, tampoco. Se compensan con red. 

A la salida, cada uno eligió una tarjeta. Algunos se llevaron la del bebé. Otros, una de escolaridad, una de primer empleo, una de reconversión laboral. La consigna era simple: ponerla en un lugar visible —un escritorio, un corcho, la heladera— para que cada mañana, antes de empezar la jornada, esa tarjeta empuje una pregunta. La misma con la que Candelaria cerró esa noche: ¿qué estoy haciendo desde mi lugar para generar ciudades de oportunidades?

Hay cientos de personas con capacidad de decisión que, desde esa noche, conviven cada día con una tarjeta que les recuerda esa pregunta. No es poco. 

+COMUNIDAD es un medio impulsado por la Red de Innovación Local (RIL). El autor de esta columna integra el staff de la organización como coordinador editorial y participó de La Noche de Intendentes. 

Fotos: Juli Rock y Nadia Colombero.

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Los Premios RIL agruparon en una misma ceremonia distinciones que la red ya venía entregando: los sellos temáticos para políticas vinculadas a ejes específicos de gestión y las certificaciones en Gestión Eficiente. La edición de 2026 sumó categorías nuevas: el Premio a la Innovación Local y el premio Gente que Ama lo que Hace, dirigido a equipos de gobierno. En la noche, también se entregó por primera vez el Premio Ciudad RIL.

“En RIL celebramos el compromiso y la dedicación de aquellos líderes que no se conforman sólo con hacer bien su trabajo. Trabajamos con funcionarios a los que les importa generar un cambio en sus comunidades”, explicó Candelaria Yanzi, directora ejecutiva de RIL Argentina. “La entrega de premios es para reflexionar y para destacar a los que ya están haciendo, pero sobre todo para contagiar a otros. Creemos que el reconocimiento también puede iluminar a los más de 2.300 líderes de gobiernos locales de la Argentina para crear ciudades de oportunidades”, agregó. 

Las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santa Fe y Tucumán concentraron las distinciones de este año.

La Noche de Intendentes: tres ediciones, tres ciudades sede

La Noche de Intendentes nació en 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reunió en su primera edición a líderes de gobiernos locales y empresas en La Rural. La segunda edición se realizó en marzo de 2024 en la ciudad de Córdoba —la primera vez que el evento se federalizó fuera de la capital argentina, con la participación de más de 800 referentes públicos y privados—. La edición 2026 trasladó la sede al litoral, con Rosario como anfitriona.

El formato este año combina la cena central, la entrega de los reconocimientos y una jornada adicional de actividades temáticas en la ciudad santafesina. Esta última recibe el nombre de “Día de las Ciudades” y tiene como objetivo conocer de cerca políticas públicas destacadas del municipio.

Premios RIL: cuáles son las ciudades reconocidas

Desde RIL se destaca que cada premio tiene una razón de ser y reconoce alguna particularidad de la gestión. No se trata de premios que reconozcan los resultados de impacto, sino más bien la decisión de transformar la gestión local.

Los Sellos RIL son distinciones que se otorgan a ciudades que se destacan por su liderazgo e innovación en la implementación de soluciones a desafíos urbanos vinculados a una temática específica. RIL cuenta con 15 sellos temáticos que van desde el uso de inteligencia artificial, protección de la biodiversidad, desarrollo económico hasta promoción de las primeras infancias y movilidad urbana, entre otros. 

En esta edición, fueron 33 ciudades de 9 provincias quienes recibieron sellos temáticos: 

• Sello Ciudad Circular: Despeñaderos (Córdoba), Venado Tuerto (Santa Fe), San Miguel de Tucumán (Tucumán) y Luján de Cuyo (Mendoza).
• Sello Ciudad Emprendedora: Junín (Buenos Aires), Mendoza (Mendoza) y San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca).
• Sello Ciudad de la Energía: Luján de Cuyo y Godoy Cruz (Mendoza).
• Sello Ciudad Digital: Pilar (Buenos Aires), Escobar (Buenos Aires), Luján de Cuyo, (Mendoza), Luján (Buenos Aires), Tandil (Buenos Aires), Yerba Buena (Tucumán) y Villa Allende (Córdoba).
• Sello Ciudades Planificadas: Tres de Febrero (Buenos Aires), San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca), San Nicolás (Buenos Aires) y Río Cuarto (Córdoba).
• Sello en Eficiencia en las Finanzas Locales: Concordia (Entre Ríos) y Luján de Cuyo (Mendoza).
• Sello Ciudades por la Seguridad: San Francisco y Río Cuarto (Córdoba).
• Sello Ciudades por la Educación: Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Ascasubi (Córdoba), Morteros, (Córdoba), Despeñaderos, (Córdoba), Alta Gracia (Córdoba), Tres de Febrero (Buenos Aires) y San Isidro (Buenos Aires).
• Sello Ciudades del Conocimiento: Rosario (Santa Fe), Lobería, (Buenos Aires), Concepción del Uruguay (Entre Ríos) Luján (Buenos Aires), General Madariaga (Buenos Aires), Escobar (Buenos Aires) y Venado Tuerto (Santa Fe).
• Sello Ciudad por la Movilidad Urbana: Oberá (Misiones) y General Pico (La Pampa).
• Sello Ciudades por la Primera Infancia:Villa Allende (Córdoba), Despeñaderos (Córdoba) y Godoy Cruz (Mendoza).
• Sello Desarrollo Económico: Laboulaye (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires).
• Sello Ciudad por la Naturaleza y el Espacio Público: Escobar (Buenos Aires), Mendoza (Mendoza) y Posadas (Misiones).
• Sello Ciudades de la Inteligencia Artificial: Córdoba (Córdoba), Escobar (Buenos Aires) y Rosario (Santa Fe).

En otra línea, se entregaron las Certificaciones de Gestión Eficiente. Se trata de una distinción que otorga RIL para visibilizar a los gobiernos locales comprometidos con el uso responsable y estratégico de los recursos públicos en pos del desarrollo de su comunidad. 

Tras completar un proceso de evaluación que contempla ejes como Atención ciudadana y Transformación digital, los municipios reciben un tipo de certificación en base al resultado obtenido: Ciudad Promesa, Ciudad Líder y Ciudad Faro. En esta ocasión, 17 ciudades de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán recibieron este reconocimiento:

• Ciudad Faro: Luján de Cuyo (Mendoza), Mendoza (Mendoza) y Rosario (Santa Fe).
• Ciudad Líder: Tres de Febrero (Buenos Aires), Jesús María (Córdoba), San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires), San Miguel (Buenos Aires), Escobar (Buenos Aires), Santa Rosa (Mendoza), San Isidro (Buenos Aires) y Maipú (Mendoza).
• Ciudad Promesa: Venado Tuerto (Santa Fe), Junín (Buenos Aires), Luján (Buenos Aires), San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca), San Miguel de Tucumán (Tucumán) y Yerba Buena (Tucumán).

En otra línea de premiación, se entregó el Premio a la Innovación Local 2026. Se trata de un reconocimiento a la ciudad argentina con la política más innovadora de todo el país, que promueva la inteligencia colectiva y la generación de impacto positivo en la comunidad. Con la iniciativa “Programa Más 16”, Río Cuarto, Córdoba, obtuvo esta máxima distinción. Para conocer más del programa y sus impactos, ingresar aquí.

En la noche, en el Centro de Convenciones Metropolitano se entregó por primera vez el premio Ciudad RIL, que valora el compromiso, la capacidad de gestión y el nivel de involucramiento de los gobiernos locales dentro de la red. Luján de Cuyo (Mendoza) fue la elegida.

Liderazgos y trabajo en red

Por último, se distinguieron a líderes que se destacan por su capacidad de trabajar en equipo, inspirar, generar impacto real y construir red con distintos sectores de su comunidad. Así, RIL entregó el premio “Gente que Ama lo que Hace” a tres líderes: 

• Ana Carina Rodríguez, subsecretaria de Innovación de Escobar (Buenos Aires) “por impulsar transformaciones profundas y poner la innovación al servicio de las personas”.
• Marianela Piazzano, secretaria de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica de Jesus María (Córdoba), “por construir sistemas que fortalecen la gestión y hacen que el cambio permanezca.
• Ezequiel Rogante, coordinador de Comunicación y Prensa de de Santa Catalina (Córdoba), “por recordarnos que nada funciona sin poner en el centro a las personas y que liderar es esencialmente cuidar”. 

“Los Premios RIL no son sólo un reconocimiento a las políticas, ya que muchas de ellas se encuentran en estado de implementación –destaca la Red de Innovación Local–. Se valora y se incentiva el compromiso, la sustentabilidad y la convicción de que construir ciudades de oportunidades es posible, siempre y cuando haya decisión política y estrategias puestas al servicio de las personas”. 

Fotos: Juli Rock y Nadia Colombero.
Redacción +COMUNIDAD

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Por María Mercedes Ordoñez, coordinadora
de Ciudades de la Energía en RIL

Cuando en el verano de 2023 una ola de calor dejó sin luz durante días a miles de vecinos del conurbano bonaerense, las imágenes de comercios cerrados, hospitales colapsados y barrios enteros sin agua recorrieron Argentina. En contraposición, durante las olas de frío de los años venideros, algunas ciudades enfrentaron restricciones en el suministro de gas, lo que significó interrupciones en industrias y estaciones de GNC (gas natural comprimido) para garantizar el abastecimiento residencial. Estas situaciones tienen un denominador común: muestran cómo la seguridad energética tiene impactos profundamente locales.

La seguridad energética se define como la capacidad de un territorio para garantizar el acceso continuo, confiable y asequible a la energía que necesita su población para satisfacer sus necesidades básicas, pero también sociales, económicas y culturales. Si bien las políticas energéticas se definen a nivel nacional, son los gobiernos locales quienes gestionan muchas de las consecuencias cuando esas redes no tienen la capacidad o disponibilidad necesaria, o cuando ocurren contingencias climáticas que generan interrupciones. Y son quienes deben garantizar la prestación de servicios municipales de respuesta incluso en esas condiciones. 

La energía deja de ser una cuestión abstracta cuando el hospital municipal queda a oscuras, cuando los centros de personas mayores no pueden calefaccionarse, cuando las pymes pierden producción por no poder prender sus máquinas, cuando falta combustible en las estaciones de servicio o cuando, frente a una tormenta severa, el área de Defensa Civil no cuenta con generadores para mantener activos los servicios de comunicación. 

El rol de las ciudades

El desafío se vuelve aún más complejo en el contexto actual. Por un lado, el crecimiento urbano aumenta la demanda y tensiona sistemas eléctricos y gasíferos diseñados, en otros contextos, para ciudades con otras demandas inferiores a las actuales. Por otro lado, el cambio climático genera eventos extremos que ponen a prueba los sistemas energéticos locales: olas de calor que disparan el uso de sistemas de climatización, inviernos más fríos que lo habitual que saturan el consumo de gas, tormentas que dañan líneas eléctricas. 

Frente a este escenario, algunas ciudades empiezan a ensayar un cambio de paradigma: pasar de ser simples consumidoras de energía a convertirse en gestoras activas de su seguridad energética. Eso implica, en primer lugar, conocer su propia demanda y consumos, para poder anticipar riesgos y necesidades frente a distintos escenarios, pero también gestionar de manera eficiente los recursos energéticos. 

Conlleva, además, avanzar en la diversificación de fuentes, incorporando generación renovable distribuida como la solar fotovoltaica o el biogás, que no solo reducen emisiones de gases de efecto invernadero, sino que pueden sostener servicios críticos ante cortes en la red. 

El entramado de servicios que sostienen la ciudad

Los servicios de distribución de electricidad y gas son muchas veces dados por sentado en lo que respecta al funcionamiento de una ciudad. Solo notamos su importancia cuando  no contamos con ellos. El foco no está puesto en el servicio, sino en lo que nos permite hacer cuando funciona correctamente. Es por esto que la prevención de daños en redes y tendidos se vuelve un factor fundamental pero silencioso. 

La electricidad y el gas han cumplido roles complementarios para satisfacer las necesidades energéticas de una población. Sin embargo, también será necesario acelerar una electrificación progresiva de los usos finales, sumando más energía limpia y reforzando redes locales, para disminuir la dependencia de un único vector energético.

Este camino exige planificación e inversión, pero también coordinación. Los municipios pueden cumplir un rol articulador: tender puentes entre empresas de servicios públicos, comercios, usuarios residenciales y sectores clave como salud o educación, para alinear inversiones, regulaciones y hábitos de consumo. Incluso acciones aparentemente pequeñas —como mejorar la eficiencia energética en los edificios públicos, o instalar sistemas de respaldo en escuelas y hospitales— pueden marcar la diferencia ante una emergencia.

El caso de la localidad cordobesa de Ticino es un claro ejemplo de cómo invertir en proyectos de autoabastecimiento de energía aumentan la resiliencia de una ciudad frente a determinadas contingencias. La generación de energía a partir de biomasa obtenida de los restos de la industria manicera permitió que los 2.500 habitantes de la localidad tuvieran energía mientras 50 millones de argentinos y uruguayos vieran restringido el suministro por horas. Un pequeño destello entre tanta oscuridad. 

Cambio climático y seguridad energética

El cambio climático intensifica los desafíos de la seguridad energética, exponiendo a las comunidades a eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Las olas de calor, por ejemplo, no sólo disparan la demanda eléctrica por el uso masivo de sistemas de climatización, sino que también incrementan el riesgo de incendios domésticos debido al sobrecalentamiento de sistemas eléctricos, conexiones inseguras o el uso inadecuado de aparatos.

De manera similar, durante las olas de frío, la necesidad de calefaccionar los hogares puede llevar a la utilización de métodos peligrosos y precarios, como el uso de materiales inflamables o sistemas de calefacción improvisados, aumentando el riesgo de incendios y de intoxicación por monóxido de carbono. Estos escenarios evidencian cómo la falta de acceso a energía segura y asequible, o la dependencia de infraestructuras poco resilientes, puede tener consecuencias directas y graves para la salud y la seguridad de las personas en sus propios hogares.

Ante esta realidad, los gobiernos locales tienen un rol fundamental en educar a la ciudadanía sobre el uso seguro de la energía, promover la eficiencia energética y fomentar la adopción de sistemas de calefacción y refrigeración más seguros y sostenibles.

El municipio de Malargüe, en la provincia de Mendoza, cuya gran parte de la población no se encuentra conectada a la red de distribución de gas natural, comenzó con la distribución de briquetas construidas con restos de la poda municipal. El uso de este tipo de combustible por parte de las familias para calefacción resulta más eficiente (ya que posee mayor poder calorífico que la leña seca), una combustión menos contaminante del aire domiciliario (ya que por su densidad reducen el humo visible y los depósitos de hollín) y más seguro para su almacenamiento y manipulación.

El aporte de la planificación urbana a la seguridad energética 

La planificación urbana emerge como un gran canalizador para  integrar la seguridad energética a la escala local. Los gobiernos locales, al conocer su propia demanda y capacidad instalada, pueden anticipar riesgos y diseñar estrategias efectivas. Joaquín Rotman, coordinador de Ciudades Planificadas de RIL Argentina, señala algunos de los puntos donde la planificación urbana contribuye a la seguridad energética de una ciudad: 

• Conocer la demanda y oferta local presente y futura. Mapear el consumo energético por sector (residencial, comercial, industrial, público) y la infraestructura existente (redes de gas, subestaciones eléctricas, generación distribuida), así como tener en cuenta las proyecciones de crecimiento de la ciudad, tanto demográficas como territoriales y de usos productivos, permite anticipar nuevas necesidades energéticas y planificar la inversión en redes e infraestructura. En este punto, involucrar y alinear al sector privado e inmobiliario será clave para una gobernanza energética.
• Conocer los riesgos asociados a servicios energéticos. Mapear la localización de infraestructura energética clave, tendidos eléctricos y gasoductos. Conocer el estado y su antigüedad, sus amenazas y la expansión urbana no planificada, el arbolado urbano deteriorado, o contingencias climáticas. También las zonas propensas a cortes de suministros e identificar poblaciones vulnerables expuestas a estos riesgos. 
• Integrar los servicios energéticos al ordenamiento territorial. Incorporar criterios de eficiencia energética y resiliencia climática en el Código de Edificación, en la planificación de nuevos desarrollos urbanos y en la gestión de espacios públicos. Por ejemplo, priorizar la instalación de paneles solares en nuevas construcciones o asegurar la provisión de energía de respaldo para servicios esenciales.

El caso de Alderetes, en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, ejemplifica un caso de articulación público- privada con foco en la prevención de daños sobre la infraestructura energética a partir de la intervención urbana. 

La empresa TGN encontró en el gobierno local un aliado para adoptar medidas de contención que evitaran contingencias en la zona de los gasoductos -caños de grandes dimensiones que transporta el gas natural a alta presión enterrados y que abastecen a numerosas localidades. 

Los gasoductos construidos en las décadas de 1960 y 1980 se trazaron en zonas con poca infraestructura cercana. El objetivo era evitar su paso por áreas pobladas y reducir riesgos para la seguridad pública. Sin embargo, la densidad poblacional creció alrededor del ducto. Esto aumentó la posibilidad de asentamientos informales dentro de la franja de seguridad y de obras sin supervisión. También se registraron excavaciones, circulación de maquinaria pesada, plantaciones de árboles y estructuras fijas sobre el trazado. Todas estas intervenciones elevan el riesgo de cortes de suministro, pérdidas de presión e incluso incendios o explosiones.

A partir de este escenario, se diseñó un proyecto de ordenamiento urbano para reducir riesgos y ordenar el uso del suelo. La iniciativa consistió en construir calles paralelas a los ductos, ubicadas en los márgenes de la franja de seguridad. Estas vías funcionan como barrera física para frenar el avance de nuevas construcciones. En total, se ejecutaron 2.668 metros lineales de cordón cuneta. El proyecto disminuyó el riesgo para la población, eliminó microbasurales presentes en la traza y permitió instalar una plazoleta con fines recreativos.

La seguridad energética, una agenda de oportunidades

El camino hacia una mayor seguridad energética es, entonces, un viaje de transformación que comienza en cada localidad. Implica pasar de ser meros consumidores a gestores activos, conociendo en profundidad las demandas y vulnerabilidades propias. Cada acción local cuenta. Es en esta capacidad de planificar, coordinar y anticipar donde reside el verdadero poder de los gobiernos locales para construir territorios más robustos, equitativos y preparados. 

Al final del día, fortalecer la seguridad energética no es sólo una cuestión de infraestructura, sino de garantizar el bienestar, y el futuro de cada ciudadano. Es construir ciudades resilientes, donde la energía no sea un privilegio, sino un derecho continuo y accesible para todos. Las ciudades que empiecen hoy a mapear sus vulnerabilidades, diversificar fuentes y fortalecer sus  sistemas energéticos estarán mucho mejor preparadas para garantizar un servicio confiable y justo para sus habitantes, incluso en tiempos de crisis. La seguridad energética se construye localmente, con planificación, inversión y participación ciudadana.

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Investigador y consultor en movilidad sostenible, Skiadaressis plantea que el transporte no es un fin en sí mismo, sino un medio para realizar otras actividades como trabajar, estudiar y recrearse. A partir de esta visión integral, destaca que “el gobierno local, desde el conocimiento y la planificación del territorio, cumple un rol central”. Esto también  implica asumir una gobernanza urbana coherente, integrada y colaborativa entre diversas jurisdicciones, especialmente en áreas metropolitanas.

A lo largo del episodio, Skiadaressis aborda preguntas clave para comprender los desafíos actuales y futuros del transporte urbano en América Latina. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las ciudades argentinas y latinoamericanas para invertir en transporte masivo? ¿Existen particularidades en la región que faciliten o compliquen las soluciones económicas sostenibles? ¿Cuáles son las tendencias actuales en financiamiento del transporte público? 

Además, el especialista comparte experiencias de buenas prácticas en ciudades de la región como Curitiba, Santiago de Chile, Bogotá y São Paulo, que ofrecen algunas lecciones sobre cómo gestionar el transporte urbano de manera eficiente y sostenible.

Apuntes sobre la Economía del Transporte

Antes de abordar los retos y posibilidades que presenta el concepto de Economía del Transporte para las ciudades, Skiadaressis propone definir claramente qué es el transporte. “Desde la disciplina entendemos el transporte como el movimiento de personas y bienes en un espacio y tiempo determinados. Esto establece una frontera de posibilidades para acciones e intercambios”, explica. 

En este sentido, la Economía del Transporte estudia cómo estas interacciones impactan en los fenómenos económicos, sumando variables espaciales y temporales. Si bien aborda distintas escalas —lo urbano, lo interurbano y las cargas—, su foco principal está en las ciudades y en sus sistemas de transporte, especialmente en cómo financiarlos y gestionarlos.

Para profundizar sobre este concepto y su relación con el desarrollo urbano, escuchá el episodio completo de la nueva entrega de CIUDADES. Una conversación que invita a reflexionar sobre diferentes experiencias en ciudades de la región y hacia dónde orientar los esfuerzos de gestiones locales para avanzar hacia una movilidad económicamente sostenible. 

Sobre Rafael Skiadaressis

Rafael Skiadaressis es economista especializado en Economía del Transporte, consultor en movilidad sostenible y políticas de transición energética. Actualmente, se desempeña como jefe de Planeamiento del Grupo Metropol y como investigador asociado en el Observatorio de Tarifas y Servicios Públicos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).

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Por medio de un curso gratuito, dividido en ocho clases teóricas y prácticas, las personas que asisten aprenden a manejar motocicletas de forma segura y responsable. Para  tomar la capacitación no es necesario contar con conocimiento previo o con la moto y sus elementos, pero sí tener mínimo 17 años de edad y saber andar en bicicleta. 

Fabián Jorge Pizutti, director de Movilidad Urbana del Gobierno de Oberá, contó a +COMUNIDAD cómo surgió esta iniciativa y cuáles son los resultados de esta propuesta. “Los resultados han sido muy positivos. Quienes completaron el curso tienen una mejor postura y conocen técnicas esenciales que reducen el riesgo de accidentes”, aseguró.

La experiencia de Oberá

Con la mirada puesta en ser la ciudad pionera en la provincia con esta iniciativa, e inspirada por otras experiencias similares, Oberá inauguró su Moto Escuela Municipal.  Usualmente en la localidad se detectaban motociclistas que manejaban haciendo zigzag, adelantándose a los autos por lugares que no debían o no respetando su carril, entre otras infracciones. 

“El objetivo es preparar a los motociclistas, no sólo con conocimientos teóricos, sino también con una formación en idoneidad conductiva”, puntualizó el director Pizutti. Durante el primer año de actividades, la escuela recibió a 56 personas: 12 en 2023 y 42 en 2024. Todas fueron aprobadas y hoy salen a la calle con más y mejor conocimiento.

La creación e implementación de la Moto Escuela Municipal de Oberá fue posible gracias a una alianza conjunta con la Fundación Gonzalo Rodríguez de Uruguay. Esta organización trabaja para evitar lesiones graves y muertes por siniestros de tránsito en América Latina, a través de la promoción de la movilidad segura y saludable. 

Cada persona egresada recibe una certificación que después le permite obtener la Licencia Nacional de Moto Vehicular de forma más rápida y sencilla que lo habitual. Entre sus principales desafíos, el funcionario remarcó la alta demanda y la falta de motos e instructores. “Por momentos limita la capacidad actual de la motoescuela”, observó.

“El curso para mí fue hermoso, siempre tuve mucho miedo, porque antes tuve una mala experiencia al manejar, y ahora lo superé”, comentó un egresada al portal Mi Misiones. “El propósito de la escuela es fomentar en cada conductor un mayor sentido de responsabilidad al manejar una motocicleta”, añadió el director de Movilidad Urbana.

El proyecto, además de contar con la guía de la Fundación Gonzalo Rodríguez, se inspiró en otras experiencias internacionales, de países como Chile, Colombia y Uruguay. “Nuestro aprendizaje es claro: debemos elevar el nivel de conocimiento y responsabilidad de los motociclistas para hacer las calles más seguras”, dijo Pizutti.

Las primeras motoescuelas de Argentina

La iniciativa de las motoescuelas con las características de la de Oberá surgió en Uruguay, por medio de la Fundación Gonzalo Rodríguez, que posteriormente decidió expandir esta propuesta al resto de Sudamérica. De esta forma llegó a países como Chile, Colombia, Brasil y Argentina, con el propósito de articular estos espacios junto a gobiernos, organizaciones, academia y otros.

En Argentina algunas de las ciudades que se sumaron a esta iniciativa son San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca), Cerrito (Entre Ríos), Ramallo (Buenos Aires). San Javier (Santa Fe), La Rioja (La Rioja), La Merced (Salta), Guaymallén (Mendoza), Villa María (Córdoba), Baradero (Buenos Aires) y Oberá (Misiones).

El desembarco en Argentina fue en 2019. Para la selección de los municipios en donde se harían pruebas piloto, se tuvieron en cuenta algunos requisitos indispensables. Algunos fueron, según la organización, “el número disponible e instructores para la motoescuela, contar con un predio adecuado y participar de las capacitaciones”.

El primer espacio de este tipo se inauguró en 2022, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, en donde la motocicleta es uno de los vehículos más utilizados.
Hasta ese año, la fundación contó con una buena respuesta a la convocatoria realizada al proyecto de motoescuelas municipales, con más de 140 municipios postulados.

Mediante ese tiempo de trabajo en conjunto, se logró capacitar en seguridad de motociclistas a 528 personas de más de 200 municipios. Además, más de 60 ciudades lograron readaptar sus contenidos teórico-práctico en el camino a la formación de motociclistas, procurando así promover la seguridad vial local.

“Este proyecto es la continuación lógica de lo que hemos trabajado con la Fundación Gonzalo Rodríguez hasta ahora: que los motociclistas tengan un lugar donde formarse. Esto es un ejemplo para que otros municipios puedan sumarse“, aseguró Yuyo Rubino, responsable del área de Seguridad de Motociclistas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina.

Otra experiencia similar en América Latina

La Escuela de Conducción Santiago de Cali, en Colombia, es la primera escuela creada y operada por un gobierno local en el país, lo cual marcó un antes y después en la materia. Con este espacio, la Secretaría de Movilidad buscó cumplir con el componente del plan de desarrollo 2020 – 2023, así como con el plan de enseñanza del Ministerio de Transporte.

A diferencia de las motoescuelas, esta comprende en su enseñanza a otros vehículos, para promover de esa forma una movilidad sostenible, saludable, segura y accesible. Cuentan con un parque automotor adecuado para la instrucción en técnicas de conducción y personal calificado en aspectos normativos, técnicos y pedagógicos. 

La capacitación para licencia B1 (automóviles particulares) es de 50 horas: consta de 25 horas de teoría, 5 horas  en práctica de taller y 20 horas de conducción. Para adquirir la licencia A2 (motocicletas) son 43 horas de capacitación: de las cuales 25 horas son de teoría, 3 horas de práctica de taller y 15 horas de conducción.

En definitiva, las motoescuelas y otras iniciativas similares son un eslabón más de la cadena para mejorar la seguridad vial en las ciudades y generar una cultura alrededor del tema. A través de cursos teóricos y prácticos, como así también charlas, capacitan a conductores, reduciendo accidentes y fomentando una conducción más responsable.

Aunque enfrentan desafíos como la alta demanda y la falta de recursos, estas academias se erigen como instancias clave para promover conciencia ciudadana y generar un mayor compromiso por la seguridad en las calles. 

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Imagen principal: Gobierno Municipal de Oberá

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Por Estefanie Quispe Salas (*)

¿Qué es una sociedad que enjevece para el desarrollo urbano sostenible?

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos más significativos del siglo XXI, con implicaciones profundas para el desarrollo urbano. Las ciudades, como centros económicos y sociales, enfrentan el desafío de adaptarse a una población que envejece rápidamente, mientras continúan siendo espacios inclusivos, dinámicos y sostenibles para todas las generaciones.

A medida que el porcentaje de personas mayores crece en áreas urbanas, es fundamental desarrollar estrategias de planificación que aborden las necesidades específicas de esta población y aprovechen las oportunidades que el envejecimiento conlleva. La transformación demográfica hacia sociedades más longevas requiere un replanteamiento de las infraestructuras, los servicios y las políticas urbanas. Esto implica garantizar la accesibilidad y el bienestar físico de las personas mayores. También fomentar su participación activa en la vida económica, social y cultural de las ciudades.

Desde el diseño de viviendas adaptadas hasta la creación de espacios públicos amigables para todas las edades, las ciudades deben reinventarse para facilitar una vida plena y autónoma a medida que la población envejece. De este modo, el envejecimiento urbano no sólo es un desafío, sino también una oportunidad para promover entornos urbanos más equitativos.

A pesar de que el envejecimiento suele percibirse como un problema que sobrecarga los sistemas sociales y económicos, también es un logro de las condiciones socioeconómicas mejoradas que han permitido que las personas vivan más tiempo y de manera más saludable.

Las ciudades tienen un papel crucial en este proceso, gestionando las implicaciones del envejecimiento, y también celebrando y potenciando las contribuciones de las personas mayores. Esto requiere un enfoque integral que incluya la coordinación intersectorial y el compromiso con las comunidades locales para desarrollar políticas que promuevan una mejor calidad de vida para todos los residentes, independientemente de su edad.

¿Qué debemos considerar para crear políticas urbanas para una sociedad que envejece?

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es fundamental tener en cuenta tres aspectos interconectados al desarrollar políticas urbanas dirigidas a las sociedades que están envejeciendo:

1. El envejecimiento a nivel individual.
2. El envejecimiento de la población en general.
3. El nuevo equilibrio demográfico que se establece en las sociedades después de pasar por las distintas fases del proceso de envejecimiento.

1. Envejecimiento individual

El envejecimiento individual se refiere al hecho de que las personas, en promedio, viven vidas más largas que las generaciones anteriores. Esto extiende la división tradicional de la vida en juventud, adultez y vejez, añadiendo una etapa adicional. Se trata de la “tercera edad” (65-74 años) y la “cuarta edad” (75 años en adelante).

Este fenómeno requiere una reevaluación de cómo las políticas públicas abordan la vejez, considerando las necesidades únicas de estas nuevas fases de la vida. Por ejemplo, las personas en la tercera edad pueden ser más activas y participar en la comunidad. Mientras, aquellas en la cuarta edad pueden requerir mayores apoyos de salud y movilidad.

Asegurar la autonomía de las personas mayores es un aspecto esencial de las políticas que se desarrollan en torno al envejecimiento individual. Es decir, proporcionar servicios e infraestructura que les permitan vivir de manera independiente y con dignidad durante el mayor tiempo posible. Aspectos como el acceso a transporte adaptado, viviendas accesibles y servicios médicos cercanos son cruciales.

Además, las ciudades deben pensar en cómo promover actividades que mantengan a las personas mayores físicamente activas y socialmente conectadas, reduciendo el riesgo de aislamiento. La promoción de la independencia física y financiera de las personas mayores es también una cuestión importante para el desarrollo urbano sostenible. Las ciudades deben diseñar espacios y servicios que respondan a las limitaciones físicas de las personas mayores, además de fomentar su participación económica y social.

Las políticas deben ser inclusivas y considerar tanto las capacidades como las limitaciones de las personas mayores. Esto también incluye la necesidad de entornos amigables para personas mayores, donde las barreras arquitectónicas se minimicen y la seguridad sea una prioridad.

2. Envejecimiento poblacional

El envejecimiento poblacional se refiere al aumento del número y porcentaje de personas mayores dentro de la estructura demográfica de una sociedad. Este cambio afecta fundamentalmente las pirámides de población, las cuales han sido la base de muchas políticas sociales y económicas.

A medida que la base de la pirámide poblacional se estrecha y el segmento de edad avanzada se expande, las ciudades deben reconfigurar sus enfoques en áreas como el empleo, los servicios de salud y el cuidado a largo plazo. Esto requiere un cambio hacia políticas más intergeneracionales que promuevan la redistribución equitativa de los recursos entre generaciones.

La planificación urbana debe considerar cómo las ciudades pueden atender las necesidades tanto de las generaciones jóvenes como de las más envejecidas sin crear conflictos entre ellas. Las ciudades que experimentan un envejecimiento significativo de la población deben garantizar que los servicios públicos sean sostenibles y equitativos. Por ejemplo, invertir en infraestructura de salud y servicios sociales es esencial. Pero también lo es apoyar el acceso de los jóvenes a la educación y el empleo.

Un equilibrio cuidadoso asegurará que las ciudades continúen siendo entornos inclusivos para todas las edades. Es importante que las políticas urbanas no vean el envejecimiento poblacional como un obstáculo, sino como una oportunidad para crear ciudades más inclusivas y adaptables.

A medida que la estructura demográfica cambia, las ciudades pueden rediseñar sus servicios y espacios para ser más accesibles y beneficiosos para todos. Esto incluye fomentar entornos de aprendizaje y trabajo para las personas mayores, impulsando su participación activa en la sociedad. Las ciudades también pueden buscar formas innovadoras de utilizar la experiencia y sabiduría de las personas mayores, promoviendo el voluntariado y la mentoría para fortalecer la cohesión social.

3. Nuevo equilibrio demográfico

El nuevo equilibrio demográfico se refiere al estado de estabilidad al que las sociedades llegan después de haber pasado por el proceso de envejecimiento poblacional. Este nuevo equilibrio implica que la sociedad ha reconfigurado su estructura de edad y que ahora debe adaptarse a un entorno donde las proporciones de edad se mantendrán más o menos constantes a largo plazo.

En este punto, las ciudades deben haber implementado sistemas resilientes que puedan manejar los impactos del envejecimiento de manera sostenible y equitativa, sin comprometer el bienestar de ninguna generación.

Las ciudades que alcanzan este nuevo equilibrio demográfico tienen la oportunidad de aprender de los desafíos y éxitos del pasado. Se espera que estas sociedades se recuperen de los impactos iniciales del envejecimiento poblacional y que se fortalezcan mediante políticas adaptativas y enfoques urbanos resilientes. Esto podría significar el desarrollo de programas de vivienda multigeneracional, sistemas de transporte flexibles y redes de apoyo comunitario que sean beneficiosas para todas las edades.

El objetivo es que las ciudades estén mejor preparadas para cualquier cambio futuro en la estructura poblacional. El aprendizaje y la adaptabilidad son cruciales en esta fase, ya que las ciudades necesitan ser capaces de responder a nuevas circunstancias con rapidez y eficacia. Las políticas deben ser lo suficientemente flexibles para ajustarse a los cambios a largo plazo, pero también deben estar ancladas en un compromiso con la inclusión y la sostenibilidad.

Este nuevo equilibrio demográfico brinda una oportunidad para reevaluar las prioridades urbanas y fomentar comunidades donde la interdependencia y el apoyo mutuo entre generaciones se conviertan en el núcleo de la vida urbana. Esto promoverá ciudades más cohesivas y resilientes, capaces de afrontar los desafíos del futuro.

¿Cómo podemos abordar este desafío desde las smart cities?

La integración de datos permite a los planificadores urbanos y a los responsables de políticas monitorear las tendencias demográficas en tiempo real. Proporcionan información sobre la distribución geográfica de las personas mayores y sus necesidades específicas, ayudando a asignar recursos de manera eficiente. Por ejemplo, identificando áreas donde se requiere una mayor inversión en infraestructura de salud o transporte accesible. Además, las herramientas de análisis de datos pueden predecir futuras demandas de servicios y apoyar la planificación urbana a largo plazo.

Por otro lado, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar cómo las ciudades abordan los desafíos del envejecimiento mediante soluciones personalizadas. Por ejemplo, los sistemas de IA pueden optimizar las rutas de transporte público para facilitar el acceso a las personas mayores. O incluso proporcionar asistencia en tiempo real a través de dispositivos inteligentes que monitorean la salud de los residentes y alertan a los servicios de emergencia en caso de necesidad.

Los algoritmos de aprendizaje automático también pueden analizar datos sobre patrones de movilidad y uso de servicios para mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas mayores. Esto va desde cruces peatonales más seguros hasta alertas automáticas en caso de caídas.

Desafíos y oportunidades

Se puede concluir que las sociedades envejecidas presentan tanto desafíos como oportunidades para el desarrollo urbano sostenible. Las ciudades deben replantear y rediseñar sus políticas urbanas para garantizar que las personas mayores vivan de manera independiente y digna, con acceso a infraestructura y servicios adecuados. Esto implica invertir en espacios públicos accesibles, viviendas adaptadas y sistemas de transporte eficientes que beneficien a todos los ciudadanos, independientemente de su edad. Además, integrar a las personas mayores en la vida económica y social de la ciudad es primordial para aprovechar su experiencia y fomentar una mayor cohesión social. 

Por otro lado, el envejecimiento de la población ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las prioridades urbanas y avanzar hacia un modelo de ciudad más inclusivo y justo. Al aprender de las experiencias de los países y ciudades que ya enfrentan estos cambios, es posible desarrollar soluciones que mejoren la calidad de vida para todas las generaciones. En última instancia, abordar el envejecimiento de manera proactiva y estratégica ayudará a crear ciudades más habitables y sostenibles.

Bibliografía

• Asociación Académica. (n.d.). Desarrollo de ciudades inclusivas para las personas mayores. https://www.aacademica.org/000-009/920.pdf
• Canal Senior. (n.d.). Ciudades del futuro: ¿Hay sitio para las personas mayores?. https://canalsenior.es/noticias/ciudades-del-futuro-hay-sitio-para-las-personas-mayores/
• Fundación Mutualidad. (n.d.). La realidad: Una sociedad que envejece en las ciudades. https://fundacionmutualidad.org/recurso/la-realidad-una-sociedad-que-envejeceen-las-ciudades/
• International Federation on Ageing. (2015). Shaping ageing cities. https://ifa.ngo/wp-content/uploads/2015/09/Shaping-Ageing-Cities_A4_web-1.pdf
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2015). Ageing in cities. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2015/04/ageing-in-cities_g1g51d27/9789264231160-en.pdf
• Organización Panamericana de la Salud (OPS). (n.d.). Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. https://www.paho.org/es/temas/ciudades-comunidades-amigables-con-personas-mayores
• Scielo México. (2021). Investigación sobre ciudades y envejecimiento. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-36072021000100002
• World Health Organization. (2023). Decade of healthy ageing: Baseline report update. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/366634/9789240068698-eng.pdf

(*) Estephanie Quispe Salas es parte de Trend Smart Cities, una consultrora que acompaña a gobiernos, empresas, startups y emprendedores a generar un impacto positivo para un mejor futuro urbano. Conocé más en www.trend-smartcities.com. Instagram @trendsmartcities.

En este enlace podés leer más columnas de Lucía Bellocchio, directora de Trend Smart Cities, relacionadas al mundo de las smart cities publicadas en +COMUNIDAD.

^{Imagen principa ilustrativa. Fuente: Unsplash.} 

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Por Eduardo Grin (*)

El asociativismo intermunicipal es una realidad en el federalismo y la gestión pública brasileña. Los números y la diversidad de políticas son significativos. Desde un enfoque académico, existen evidencias empíricas suficientes de este fenómeno en la administración pública municipal, además de una extensa producción en la literatura nacional sobre el tema. 

Es innegable que la expansión en cantidad y diversidad de los consorcios públicos existentes en Brasil ha convertido este tipo de arreglo territorial en una alternativa clave de cooperación intergubernamental dentro de nuestro federalismo.

El crecimiento de los consorcios fue especialmente notable después de la promulgación de la Ley de Consorcios Públicos en 2005, que permitió la creación formal de consorcios públicos. Estas nuevas normas jurídicas son parte de un avance iniciado con la modificación del artículo 241 de la Constitución Federal de Brasil, que redefinió la noción de servicios públicos y permitió que dos o más entes federativos se unieran para prestar un servicio de interés común. 

Esta legislación es innovadora en términos comparativos con otros países y ha sido un motor para el consorciamiento intermunicipal en Brasil. Esta ley y su reglamentación por el decreto n°6.107/2007 consolidaron las bases legales de esta forma de cooperación federativa entre municipios.

Los consorcios: una buena práctica de gestión municipal

Son cuatro los principales factores que impulsan los consorcios: 

1. Formales: jurídicos –mayor estabilidad en los vínculos entre entes–, organizativos –creación de estructuras supramunicipales– y gerenciales –mayor calidad en la acción regional vía acción colectiva municipal–.
2. Económicos: escala, eficiencia y uso racional de los recursos.
3. Políticos: cooperación intergubernamental, accountability (rendición de cuentas) y reducción del comportamiento autárquico aislado de los municipios.
4. Técnicos: ampliación de la capacidad de planificación regional integrada.

Los consorcios pueden configurarse como asociaciones de derecho público ratificadas por ley por los poderes Ejecutivo y Legislativo municipales. Su constitución define deberes y derechos de los municipios: financieros (contrato de reparto) y operativos (contrato de programa). La documentación para formalizarlos (pacto de intenciones, contrato de reparto, contrato de programa y contrato formalizado) induce una mayor convergencia en torno a las reglas deliberadas por los municipios.

El contrato de reparto permite planificar el flujo de recursos entre los entes sobre bases más estables, aunque puedan existir problemas de coordinación de la acción colectiva. Además, ser una asociación de derecho público, desde 2008, pasó a ser condición necesaria para que estos arreglos reciban recursos de transferencia voluntaria de la Unión (el Gobierno Federal).

Un segundo orden de argumentos es de carácter económico y de eficiencia en el uso de los recursos, pues la cooperación territorial puede viabilizar economías de escala en la planificación, regulación y promoción de servicios públicos. Especialmente, los municipios pequeños son los más propensos a formalizar adhesiones, ya que no disponen de condiciones para operar servicios cuyo costo es elevado, como ocurre en el área de salud. Se busca generar escala en el uso de los recursos para enfrentar las desigualdades regionales.

En cuanto a las ganancias organizativas, la articulación regional es una de ellas, mediante la planificación y gestión para implementar políticas públicas. La prestación integrada de servicios busca obtener economías de escala, de modo que la formación y capacitación de un cuerpo técnico especializado sea esencial para apoyar a los municipios.

En lo que respecta a las ganancias políticas, la nueva legislación, en vista de los pasos necesarios para la creación de estos arreglos, amplía la transparencia de sus acciones y formas de financiamiento, lo que brinda a la sociedad mayor control. Al no ser un pacto administrativo, ya que es necesario el aval de los Legislativos municipales, crece la exigencia para que los líderes políticos locales sean más responsables y accountables (rindan cuentas). 

Una práctica municipal en ascenso 

Los números del consorciamiento intermunicipal son expresivos y, para fines comparativos con otras federaciones, muy superiores tanto en términos absolutos como relativos. El texto a continuación muestra esta evolución desde 2005 hasta 2019 (último año con información disponible en la Pesquisa de Informações Básicas Municipais del IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). 

Es importante destacar que el consorciamiento es una opción ampliamente difundida entre los municipios más pequeños, especialmente aquellos con hasta 50 mil habitantes (89% del total). Los números son elocuentes, ya que el total de ciudades participantes en consorcios en diferentes sectores es muy superior a los 5.568 municipios brasileños.

Si se considera la evolución del número de áreas en las cuales los municipios participan en consorcios públicos, de 2005 a 2019, el crecimiento fue del 230% (de 4274 a 9853, ya que una ciudad puede participar en varios consorcios en diferentes sectores). La salud es el sector más representativo (3.216 ciudades participantes y un crecimiento del 68,7% en ese período), seguido por residuos sólidos con 1.209 ciudades, medio ambiente (950 ciudades y un crecimiento del 245%), desarrollo urbano (827 y una expansión del 324%) y saneamiento (750 y un crecimiento del 220%). Asistencia social (499), turismo (509) y educación (441) forman un grupo intermedio. Por otro lado, en términos numéricos de ciudades, áreas como educación (441), saneamiento (220), transporte (344), cultura (385) y vivienda (292) han optado mucho menos por el consorciamiento.

La nueva legislación generó un punto de inflexión frente a la estabilidad proporcionada por las nuevas reglas del juego, lo que se refleja en la ampliación significativa del número de municipios que comenzaron a actuar colectivamente, especialmente los más pequeños. 

Según el Observatorio del Consorcio de la Confederación Nacional de Municipios, en 2024, 4786 localidades están consorciadas en Brasil en la modalidad de consorcio público, lo que representa el 85% del total de localidades. Existen 724 consorcios públicos en el país que están distribuidos de manera desigual regionalmente (ver gráfico abajo).

Sin embargo, en la media nacional, cada consorcio público cubre una población de 292.265 habitantes, lo cual es positivo considerando que el 70% de las ciudades tienen hasta 20.000 habitantes y el 90%, hasta 50.000 habitantes. 

Si los consorcios se forman para generar economías de escala y ganancias organizacionales, los números de este fenómeno en Brasil son una buena pista inicial. He aquí una buena práctica de gestión municipal consolidada en el país. En un año de elección para la elección de nuevos gobernantes para las ciudades brasileñas, queda la recomendación para que los postulantes al cargo de alcalde/a adopten esta idea en sus programas de gobierno.

(*) Eduardo Grin es politólogo y doctor en Administración Pública y Gobierno por la FGV/EAESP (Escuela de Administración de Empresas de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas). Profesor del Departamento de Gestión Pública de la FGV/EAESP. Investigador y coordinador de relaciones institucionales del QualiGov (Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Calidad de Gobierno y Políticas para el Desarrollo Sostenible).

Este artículo de opinión forma parte de la serie “El papel de los municipios en el federalismo brasileño”, producido por investigadores del QualiGov (Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Calidad de Gobierno y Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible), en el marco de las elecciones municipales de 2024 en Brasil.

El artículo fue publicado originalmente en portugués en NexoJornal. Eduardo Grin autorizó a +COMUNIDAD su traducción y publicación. 

^{Imagen principal: Confederação Nacional de Municípios (CNM)}

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Por Juan Martín de Chazal,
Redacción +COMUNIDAD

La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en una realidad crítica en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Alquilar o comprar un hogar seguro es cada vez más difícil para sectores medios y bajos, enfrentando precios de alquiler disparados, poca oferta habitacional y condiciones que relegan a millones de personas a la precariedad.

Las principales ciudades de Europa, América Latina y otras regiones lidian con desafíos similares: alquileres que consumen más de la mitad de los ingresos, baja disponibilidad de inmuebles y la proliferación de barrios inasequibles.

A pesar de este panorama, existen modelos de políticas públicas y programas habitacionales que han logrado revertir esta tendencia en ciudades específicas. Se trata de enfoques que intentan aliviar el problema y transformar el acceso al hogar como un derecho esencial. 

El modelo de vivienda en Viena

Viena, la capital de Austria, es mundialmente reconocida por su modelo de vivienda pública y asequible, que permite que miles de personas accedan a un hogar sin el temor de que los alquileres absorban gran parte de sus ingresos. Desde principios del siglo XX, la ciudad invierte en un sistema robusto de vivienda pública, con el Estado como actor fundamental en la provisión de soluciones habitacionales.

La ciudad cuenta con más de 220.000 departamentos en edificios municipales y otros 200.000 que son gestionados por asociaciones sin fines de lucro, las cuales ofrecen alquileres a precios muy por debajo del mercado. ¿El resultado? Una mayor oferta de alquileres baratos que también presiona a la baja los precios en el ámbito privado. 

Según cifras del gobierno, alrededor del 60% de los 1,8 millones de vieneses viven en viviendas públicas o subsidiadas. Además, las políticas de alquiler aseguran contratos estables y una rotación justa que evita la especulación inmobiliaria.

Para poder acceder a una vivienda social, existen requisitos que la mayoría de los residentes en Viena cumplen. Primero, ser ciudadano de la Unión Europea o contar con un permiso de residencia; segundo, haber vivido en la ciudad por al menos dos años; y tercero, no superar ciertos umbrales de ingresos.

En 2024, cualquier persona con ingresos mensuales de hasta 3506 euros puede acceder a un apartamento público; para una pareja, el límite es de 5225 euros; y para tres personas, 5918 euros. “Aquí nos gusta decir que todos pueden vivir en viviendas municipales: desde el taxista hasta el profesional universitario. Este enfoque asegura la diversidad social y ayuda a desarrollar un espíritu de comunidad“, dijo en 2020 Markus Leitgeb, entonces portavoz de Wiener Wohnen, la organización inmobiliaria social de Viena, a Equal Times.

Un legado centenario

Esta historia comenzó hace más de 100 años, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando la ciudad empezó a construir edificios de vivienda social conocidos como Gemeindebauten. “Esta iniciativa temprana sentó las bases para una estrategia integral que abarca funciones tanto reguladoras como participativas en el mercado de la vivienda por parte del gobierno municipal”, analiza Huaisi Cen, especialista en asuntos inmobiliarios. 

Desde entonces, estos complejos se han multiplicado y se diseñan con espacios verdes, servicios como guarderías y escuelas, tiendas, y conexiones con el transporte público. Según sus planificadores, este enfoque procura crear entornos que fomenten la cohesión social y el bienestar, además de proporcionar viviendas.

Los habitantes de Viena pueden pagar 500 euros al mes –un precio bastante inferior al valor de mercado– por departamentos de 70 metros cuadrados y tres habitaciones en zonas bien ubicadas. Este es el caso de Tesbire Keskin, una auxiliar administrativa entrevistada por Euronews que pudo mudarse hace 20 años junto con su familia. 

“La guardería está justo enfrente y el colegio está a diez minutos andando. En dos minutos estoy en el metro. Cuando mis hijos eran pequeños y yo no podía llegar a casa del trabajo, los vecinos los recogían de la guardería. Aquí se está muy bien; es verde, tranquilo. Estoy muy contenta, satisfecha”, contó en el reportaje. 

¿El modelo de Viena es replicable en otras ciudades?

Frecuentemente la prensa internacional define el modelo de Viena como “el paraíso de los inquilinos”, “un oasis en medio de la crisis mundial de vivienda” , “un milagro inmobiliario” o sencillamente como una “utopía”.

El sistema de vivienda de Viena está sustentado en un sólido esquema de financiamiento. Desde la década de 1920, un porcentaje fijo del impuesto sobre los ingresos laborales es destinado exclusivamente a la construcción y mantenimiento de viviendas públicas. Este flujo constante de recursos permite que Viena construya entre 5000 y 7000 nuevas viviendas al año, con una inversión anual que supera los 400 millones de euros.

“Un hito importante en la evolución de la estrategia de vivienda de Viena fue la creación del Wohnfonds Wien en 1984. Esta institución se creó para proporcionar un mecanismo estructurado de asignación de terrenos, financiación y apoyo a proyectos de vivienda, actuando eficazmente como un banco de tierras para el bien público”, puntualiza Huaisi Cen. 

El éxito del modelo de Viena ha atraído la atención de urbanistas y especialistas en políticas habitacionales a nivel global. No obstante, la replicabilidad de este modelo no es sencilla debido a su excepcionalidad. “El sistema se basa en una tradición de 100 años. No es posible copiarlo idénticamente”, señala Kathrin Gaál, vicealcaldesa de Viena.

Además, la ciudad cuenta con más de 3 millones de metros cuadrados de suelo público disponible para la construcción, un recurso que pocos territorios pueden aprovechar. “Esto proporciona a los vieneses la certeza de que la vivienda seguirá siendo asequible”, puntualiza la funcionaria. 

Guatemala: vivienda asequible desde el ámbito municipal

En América Central, la Ciudad de Guatemala implementa desde 2019 una iniciativa innovadora en la región: el Programa Municipal de Vivienda Prioritaria y Asequible. Tiene como objetivo “convertir a la Ciudad de Guatemala en una ciudad de propietarios”, en respuesta a un déficit habitacional que, según cifras oficiales, alcanzaba el 90 % en 2020. 

Este programa, coordinado por la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Guatemala, genera condiciones para que el sector privado se involucre activamente en la construcción de viviendas accesibles, ofreciendo incentivos y asesoría que promueven el desarrollo de proyectos habitacionales de alto impacto social y rentabilidad financiera.

En 2022, más de 600 unidades de vivienda prioritaria estaban en proceso de construcción, con una proyección de más de 1300 unidades adicionales que buscan contribuir a la reducción del déficit habitacional en la ciudad. La ubicación de los proyectos es estratégica: se sitúan en zonas dotadas de servicios urbanos, cercanas a centros de trabajo y accesibles mediante el transporte público. 

“Contamos con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala a través de la empresa municipal de vivienda y el personal de ventanilla única, que nos asesoraron durante todo el proceso, especialmente en los incentivos para poder realizar este tipo de proyectos. Fue una excelente experiencia comercial: se vendieron 80 apartamentos en menos de dos meses. También estamos agradecidos por la respuesta de la gente”, valoró el ingeniero José F. Obiols, desarrollador inmobiliario. 

Vivienda propia: una oportunidad de cambio de vida

Para los beneficiarios de este programa, el impacto en sus vidas es tangible. Yarino Pérez Vila, uno de los nuevos propietarios en Guatemala, destaca las facilidades de pago y la asequibilidad como factores clave para decidirse a adquirir una vivienda en lugar de seguir pagando una renta. “Lo que me animó a comprar acá fue la facilidad de pago. Comparado con otros proyectos que visité, este se ajusta mucho más a mi situación económica. Pagar esta mensualidad es más cómodo y accesible que seguir gastando en un alquiler”, contrasta.

Otro residente, Kevin Solórzano, resalta el valor de este programa para personas que, como él, inician “de cero” y buscan una estabilidad económica y personal. “Es una oportunidad que pocas veces se presenta: una mensualidad que nos ayuda a tener nuestra propia vivienda. Nuestro apartamento está demasiado céntrico, a la par de centros comerciales, avenidas principales y hospitales”, valora.

Karla Chiquín, también beneficiaria del programa, comparte lo que significa contar con una vivienda propia para su futuro y el de sus hijos. “Tener una vivienda propia es una seguridad y un beneficio para el futuro de mis hijos. Recomiendo a otros que se animen a comprar; aquí los precios son asequibles, especialmente para quienes somos de bajos recursos”, aconseja.

Inspiración y desafíos para otras ciudades

El modelo de Viena es un caso ampliamente estudiado que muestra cómo una política habitacional orientada al bienestar social puede hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda. Sin embargo, su éxito se debe a un conjunto de condiciones particulares, como su continuidad centenaria y un sistema de financiamiento sostenido, que no todas las ciudades pueden replicar con facilidad.

La Ciudad de Guatemala, en contraste, ha optado recientemente por un enfoque que fomenta la propiedad, buscando reducir el déficit habitacional mediante incentivos para el sector privado y la construcción de viviendas accesibles. 

A pesar de las diferencias –Viena se centra en el alquiler social y Guatemala en la creación de propietarios–, ambos modelos comparten un objetivo común: aumentar la oferta de viviendas a precios más alcanzables, sin recurrir directamente a políticas que regulen los precios. 

En un contexto global donde la crisis habitacional es cada vez más profunda, estos casos sirven como una guía para reimaginar el acceso a la vivienda como un derecho para toda la población mediante políticas públicas inclusivas.

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^{Foto principal: viviendas en Viena, Austria. Fuente: Unsplash.}
Redacción +COMUNIDAD

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