Existe una versión en portugués de este artículo aquí.

Entre el 24 y el 28 de mayo de 2022 cayó sobre Recife cerca del 65 % de toda la lluvia de ese mes. La capital de Pernambuco, en el noreste de Brasil, acumuló 686,4 milímetros, más del doble de su promedio histórico de 291 milímetros, según datos del Centro de Operaciones de Recife (COP). Los deslizamientos y las inundaciones dejaron más de 120 muertos en la región metropolitana, en la peor tragedia del siglo en el estado, y muchas familias perdieron su casa, sobre todo en los morros de las zonas sur y oeste.

La tragedia expuso un riesgo que la ciudad conoce desde hace décadas. Recife combina una planicie baja, donde las inundaciones se agravan cuando la lluvia coincide con la marea alta, con morros densamente ocupados y expuestos a deslizamientos. Según la Secretaría Ejecutiva de Defensa Civil (SEDEC), cerca del 67,4 % del territorio está formado por morros, donde vive el 35 % de las familias. Más de 206.000 personas residen en 21 áreas de riesgo alto o muy alto.

Para reducir ese riesgo, la Prefeitura de Recife trabaja en dos escalas. En los barrios, la SEDEC visita casa por casa, forma a vecinos como agentes comunitarios y construye con ellos obras de contención mediante el Programa Parceria. En la gestión de la ciudad, el COP reúne a 14 organismos municipales que deciden con la misma información y bajo un mismo mando. Ambas estructuras trabajan sobre la base del Plan de Contingencia 2026 de la Acción Invierno, el operativo municipal para la temporada de lluvias.

Para esta nota, +COMUNIDAD entrevistó a Anderson Soares de Freitas, secretario ejecutivo del COP, que depende de la Secretaría de Orden Público y Seguridad (SEOPS), y al equipo de Atención Social de la SEDEC: Maria Afra Nunes Guedes, gerente de Atención Social; Erika Cristina Alcântara, gerente social del Programa Parceria, y Giselle Vieira, gerente general de Atención Social.

Una defensa civil que se rehízo después de cada tragedia

La Defensa Civil de Recife nació en 1986 como una coordinación que funcionaba dentro de la empresa municipal de urbanización. En invierno, otras áreas de la Prefeitura le prestaban personal para atender la demanda aumentada por las lluvias de la estación. El primer cambio de fondo llegó después del 29 de abril de 1996, cuando un deslizamiento y la rotura de una cañería de agua en el Córrego do Boleiro, en el barrio de Nova Descoberta, causaron 12 muertes.

En 2001 la Defensa Civil pasó a funcionar de forma permanente. Ese año se creó el Auxílio Moradia, un subsidio para las familias que deben dejar su casa por riesgo o por un desastre, que se paga hasta que acceden a un programa habitacional. También se abrieron seis sedes regionales cerca de los barrios: cinco para los morros y una para la planicie. En 2008, un concurso público permitió formar un equipo técnico propio de arquitectura, ingeniería, geología, geografía, psicología y trabajo social. Según la SEDEC, fue el primer concurso de ese tipo en el país. En 2013, la coordinación se convirtió en secretaría ejecutiva.

El equipo de Atención Social de la SEDEC explica a +COMUNIDAD que, a lo largo de esos cambios, el organismo mantuvo como premisas “la proximidad con los territorios, la descentralización de las acciones y el trabajo permanente junto a las comunidades”.

Obras de contención hechas con los vecinos

El Programa Parceria es la pieza más visible de ese trabajo territorial. Nació en 2001 y en 2014 pasó a la órbita de la SEDEC. Ejecuta obras pequeñas y medianas en los morros y en la planicie. Para contener laderas usa enrocado (rip rap), mampostería armada y malla con mortero. También incluye drenajes, mejoras de acceso, reubicación de pozos sépticos y reparación de viviendas dañadas o en riesgo. No cubre instalaciones hidráulicas ni eléctricas.

El programa funciona por corresponsabilidad. La SEDEC elabora el proyecto, explica la metodología a las familias y acuerda con ellas qué hace cada parte. Luego aporta los materiales y acompaña la obra con equipos de ingeniería y de trabajo social hasta que termina. Las familias ponen la mano de obra, que puede ser propia, contratada o mixta. “La ejecución de las obras la realiza la población con el apoyo técnico de la SEDEC”, resume el equipo. Las solicitudes llegan de los propios vecinos, de referentes comunitarios o del monitoreo de la Defensa Civil.

En 2026, hasta fines de septiembre, el Parceria concluyó 733 obras que beneficiaron a 967 familias, según la SEDEC. El balance acumulado más reciente, publicado en el Diario Oficial de Recife en marzo de 2026, suma 5.175 obras desde 2021 y 11.071 familias beneficiadas. En 2022, el programa recibió el Pergamino de Honor de ONU-Hábitat.

La principal dificultad es logística. En laderas empinadas, con pasajes angostos o sin calles, cuesta llevar vehículos, equipos y materiales hasta cada obra.

Volver a casa y aprender un oficio

El equipo de Atención Social destaca dos efectos que van más allá de la contención. Algunas familias que habían dejado su casa por un deslizamiento, y cobraban el Auxílio Moradia, pudieron volver después de que el programa trató la ladera y reparó la vivienda. Además, vecinos que participaron en la obra de su propia casa, sin experiencia previa en construcción, hoy son contratados para otros trabajos en su comunidad. 

Para la SEDEC, estas experiencias muestran “la valorización de los saberes locales, el desarrollo de nuevas habilidades y la generación de oportunidades de trabajo e ingresos en los territorios”.

Vecinos formados para dar el primer aviso

La segunda pieza territorial son los Núcleos Comunitarios de Protección y Defensa Civil (NUPDEC, por su sigla en portugués). Forman a vecinos como agentes de prevención en cuatro modalidades: comunitaria, escolar, de mujeres y NUPDECquinho, para niñas y niños.

La formación dura 32 horas, en talleres semanales de cuatro horas. Aborda el cambio climático, la perspectiva de género en los desastres, el apoyo psicológico, los primeros auxilios, la evacuación y el racismo ambiental, entre otros temas. Para certificarse, cada grupo debe hacer un simulacro en una zona de riesgo de la ciudad. La Universidad Católica de Pernambuco (UNICAP) otorga el certificado como curso de extensión. En 2026 se formaron 72 agentes en cuatro núcleos, en las regionales Norte, Plana, Sur y Oeste.

Durante el invierno, los agentes vigilan sus barrios, avisan de inmediato a los equipos técnicos ante cualquier señal de riesgo y difunden en grupos vecinales las alertas, el nivel operativo vigente y los refugios abiertos. Mantienen contacto diario con su sede regional por un canal oficial de WhatsApp para voluntarios. Hoy también participan en la revisión del Plan Municipal de Reducción de Riesgos, con voz en las decisiones del próximo ciclo de gestión.

Un centro de operaciones para decidir con las mismas reglas

La otra escala es la coordinación de la ciudad. En diálogo con +COMUNIDAD, Anderson Soares de Freitas, secretario ejecutivo del COP, explica que la idea de un centro integrado ya estaba en la agenda de la gestión. “2022 mostró que no podía esperar”, señala.

Hasta entonces, la respuesta estaba fragmentada. Cada organismo monitoreaba y actuaba por su cuenta, la comunicación entre áreas fallaba, los procesos eran manuales y no había seguimiento continuo ni indicadores para evaluar el desempeño. El COP se creó formalmente en 2023.

Hoy, 14 organismos comparten la misma información y deciden bajo un mismo mando. Entre ellos están la Defensa Civil, el servicio de emergencias médicas (SAMU), el área de mantenimiento urbano (Emlurb), la de tránsito (CTTU) y la Secretaría de Salud. La ciudad opera con cinco niveles operativos estandarizados: Normalidad, Movilización, Atención, Alerta y Alerta Máxima. Cada nivel indica a la vez qué debe hacer cada organismo y qué puede esperar la población. En 2026, el COP estrenó una nueva sede, con una sala de operaciones que funciona las 24 horas, una sala de crisis y una sala de planificación.

Quién decide qué cuando llueve

La división de tareas parte de una diferencia de naturaleza. El COP es una instancia de coordinación. La Defensa Civil es un órgano técnico con competencias propias, fijadas por la Ley federal 12.608 de 2012, y actúa directamente en las áreas de riesgo. “El COP ve la ciudad entera y decide a nivel de gestión, mientras que la Defensa Civil va al territorio y decide técnicamente sobre el riesgo de cada situación”, resume Soares de Freitas.

Antes de la lluvia, la meteorología municipal sigue la lluvia, la marea y el viento, en articulación con la APAC, el Inmet y el Cemaden, y traduce esos datos en impactos esperados para la ciudad. Con esa lectura, el COP define el nivel operativo y convoca a los organismos para que ubiquen equipos antes de que aparezcan las emergencias. En paralelo, la SEDEC hace inspecciones y visitas casa por casa, y coloca lonas y geomantas en las laderas.

Durante el evento, el COP puede abrir refugios, suspender las clases en la red municipal o indicar que los servicios no esenciales trabajen a distancia. La Defensa Civil atiende llamados las 24 horas, inspecciona y clausura viviendas, y orienta o retira a las familias de las zonas de riesgo. Después, el COP coordina la recuperación de la ciudad y consolida los datos del evento, mientras la SEDEC evalúa los daños, decide si las familias pueden volver y deriva los casos de clausura definitiva al Auxílio Moradia.

Alertas en tres capas

Los avisos a la población también se ordenan por capas. La primera es meteorológica: los organismos estatales y federales anuncian por región la probabilidad de lluvia fuerte. La segunda es la decisión municipal. El COP comunica el nivel vigente por la aplicación Conecta Recife, WhatsApp, SMS, Telegram, las redes de la Prefeitura, el sitio de la Acción Invierno y la prensa local. En Alerta Máxima, por ejemplo, se suspenden los servicios no esenciales y las actividades culturales y deportivas.

La tercera capa es la alerta directa a quien está en riesgo, a cargo de la Defensa Civil. Funciona por SMS al número 40199, para quienes se registran con su código postal, y por difusión celular (cell broadcast). Con este sistema, todos los teléfonos con 4G o 5G en el área de riesgo reciben el aviso en pantalla, con señal sonora y sin registro previo. “En la práctica, la división es esta: la meteorología dice cómo va a llover, el COP decide cómo va a funcionar la ciudad y la Defensa Civil avisa a quienes están en riesgo y qué deben hacer”, sintetiza Soares de Freitas.

Actuar ante la primera señal

Según detalla Soares de Freitas, la herramienta central del COP es una Matriz de Disparadores, alimentada por el Observatorio de Inteligencia Urbana. Son criterios objetivos que, a partir de datos integrados de distintos organismos, definen cuándo y cómo actúa el centro. La sala de operaciones reúne en un mismo panel las cámaras de la ciudad, los radares de tránsito y la información de los organismos de respuesta, y una central de drones monitorea las zonas afectadas. Cada intervención se registra en cuatro pasos (activada, presente, en actuación y finalizada), lo que permite saber si un equipo llegó y si terminó su trabajo. En el Panel del COP, cualquier persona puede consultar en tiempo real pluviómetros, tránsito, inundaciones, refugios y mareas.

El centro también trabaja fuera de la temporada de lluvias, en grandes eventos como el Carnaval y en problemas recurrentes de la ciudad. El paso siguiente es medir la operación de forma sistemática, con un panel de indicadores sobre el tiempo medio de respuesta de los equipos y el tiempo para liberar vías y restablecer servicios esenciales. En palabras de Soares de Freitas, el COP “pasó de una estructura de respuesta a una estructura de gestión de la ciudad, que observa, decide, actúa y aprende”.

Lo que todavía cuesta

La escala del problema sigue siendo grande. Con más de 206.000 personas en áreas de riesgo alto o muy alto, la fiscalización, el monitoreo preventivo y cualquier desocupación a gran escala son, según la SEDEC, un desafío logístico.

El equipo de Atención Social reconoce que, aun con notificaciones, inspecciones o decisiones judiciales, “parte de los vecinos se resiste a dejar sus viviendas, ya sea por pertenencia al lugar, por miedo a perder sus bienes o por demora o insuficiencia en el cobro del auxilio habitacional”. Después de cada lluvia intensa, la alta demanda de refugios, lonas, registro de familias afectadas y ayuda humanitaria genera cuellos de botella en el tiempo de respuesta.

Tampoco existe todavía una evaluación de impacto. Las respuestas del municipio no incluyeron registros sobre cómo se comportaron, en los últimos inviernos, las zonas con obras del Parceria o con agentes NUPDEC. Los datos disponibles miden lo que se hizo (obras, familias atendidas, agentes formados) más que el riesgo evitado. El panel de indicadores del COP y el registro de cada intervención son el punto de partida para empezar a medirlo.

Qué necesita otra ciudad

El COP y la SEDEC coinciden en que el punto de partida es la gobernanza. “El principal aprendizaje es que la tecnología viene después de la gobernanza”, afirma Soares de Freitas. Un centro de operaciones funciona cuando los organismos aceptan decidir juntos y cada uno conoce su papel, y eso puede empezar con una estructura física simple. “Pantallas y sistemas amplían la capacidad de una coordinación que ya existe, pero no la reemplazan”, agrega.

Para municipios con menos recursos, ambos equipos proponen:

• Definir las reglas antes de la crisis. Niveles operativos y criterios objetivos de activación reducen la improvisación. “Cuando llega la lluvia, la decisión ya está diseñada, y lo que queda es ejecutarla”, dice Soares de Freitas.
• Usar datos públicos y gratuitos. En Brasil, los del Cemaden, los institutos estaduales de meteorología y las plataformas abiertas de tránsito. El valor está en integrarlos e interpretarlos con conocimiento del territorio.
• Hablar con una sola voz. Una orientación única y clara, difundida también por la prensa local, funciona mejor que varios avisos desencontrados.
• Registrar cada intervención desde el primer día. Ese historial permite aprender y, más adelante, anticipar.
• Fortalecer la defensa civil local. Con leyes y decretos que la estructuren, presupuesto propio, personal técnico estable y diagnósticos participativos del riesgo. La SEDEC atribuye a esas condiciones su capacidad de actuar todo el año.
• Empezar con un piloto. “Aun en municipios con menor disponibilidad de recursos financieros y operativos, se considera viable replicar la experiencia del Programa Parceria”, sostiene el equipo de la SEDEC. Propone elegir un territorio prioritario por su nivel de riesgo, con un equipo técnico mínimo, tipos de intervención definidos de antemano y espacios comunitarios que ya existen, como asociaciones vecinales, iglesias o escuelas. Los NUPDEC pueden empezar del mismo modo, con profesionales de salud, educación y asistencia social a cargo de los talleres.

Antes de la próxima lluvia

La experiencia de Recife une dos escalas que suelen ir por separado: el muro que una familia levanta en su ladera y la decisión que 14 organismos toman en una misma sala. Ninguna de las dos elimina el riesgo en una ciudad construida entre el mar y los morros. Juntas buscan que, cuando vuelva a llover como en mayo de 2022, la respuesta ya esté acordada.

Nota metodológica: Anderson Soares de Freitas, secretario ejecutivo del Centro de Operaciones de Recife (COP), y el equipo de Atención Social de la Secretaría Ejecutiva de Defensa Civil (SEDEC), integrado por Maria Afra Nunes Guedes, Erika Cristina Alcântara y Giselle Vieira, respondieron por escrito y en portugués a las preguntas de +COMUNIDAD en octubre de 2026. Las citas fueron traducidas por la redacción. Los datos acumulados del Programa Parceria provienen del Diario Oficial de Recife (3 de marzo de 2026).

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Redacción +COMUNIDAD

La entrada Cómo Recife se prepara para las lluvias: obras con los vecinos y un centro que coordina 14 organismos se publicó primero en +COMUNIDAD.

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Río de Janeiro creció sobre montañas. Muchas de sus favelas ocupan laderas donde el suelo saturado por la lluvia puede ceder en minutos. El proyecto Rio 60ºC, de la organización Ambiental Media y la Universidade Federal Fluminense (UFF), estimó en abril de 2025 que unos 599.000 domicilios de la ciudad están en alto riesgo de desastre. Unos 60.000 están expuestos a deslizamientos.

La respuesta municipal combina dos piezas. La primera es Alerta Rio, el sistema de pronóstico de lluvias intensas y deslizamientos creado en 1996 por la Fundación Instituto de Geotecnia del Municipio (Geo-Rio). La segunda es el Sistema de Alerta y Alarma Comunitaria, una red de sirenas que la Defensa Civil municipal (Defesa Civil) activa cuando la lluvia supera umbrales definidos para cada comunidad. Ambas operan en el Centro de Operaciones y Resiliencia (COR), la sala desde donde la Prefeitura (gobierno municipal) coordina la respuesta a emergencias.

En octubre de 2025, +COMUNIDAD publicó cómo Río usa los datos para coordinar su respuesta urbana a través del COR y del programa Territórios Sociais (leer la nota). Esta nota se enfoca en una pieza de ese engranaje, el aviso temprano ante deslizamientos. Se basa en documentos oficiales, informes técnicos y prensa disponibles hasta el 25 de octubre de 2026. 

Una respuesta que nació de una tragedia

La gestión del riesgo en las laderas de Río tiene una fecha de origen. En enero de 1966, un temporal dejó a la ciudad en estado de calamidad. El 12 de mayo de ese año, un decreto del entonces estado de Guanabara creó el Instituto de Geotecnia, hoy Fundación Geo-Rio, para inspeccionar laderas y construir obras de contención.

El 19 de febrero de 1967, la lluvia desprendió una roca en el barrio de Laranjeiras. El bloque derribó dos edificios y sepultó a más de 100 personas. Los desastres de esos días dejaron casi 200 muertos, según la reconstrucción difundida en el 60º aniversario de Geo-Rio.

El monitoreo llegó tres décadas más tarde. En 1996, Geo-Rio puso en marcha Alerta Rio, una red de estaciones pluviométricas que transmiten datos cada 15 minutos. En 2010, tras nuevas lluvias con decenas de muertos en la ciudad, la Prefeitura creó el COR y Geo-Rio relevó el riesgo geotécnico de todas las comunidades. Ese mapeo identificó 117 comunidades con alto riesgo de deslizamiento.

La pieza que faltaba llegó en enero de 2011. En el Morro do Borel, la Prefeitura presentó la primera sirena de un sistema pensado para avisar a los vecinos cuándo dejar sus casas. La red llegó a 103 comunidades. Según la Prefeitura, se concentran en las zonas norte y sur, que el mapeo señaló como las de mayor riesgo geológico.

Del pluviómetro a la sirena

La cadena empieza en los pluviómetros. Los equipos asociados a las sirenas envían mediciones automáticas cada 15 minutos, según informó Geo-Rio al Tribunal de Cuentas del Municipio (TCM). El COR suma dos radares meteorológicos propios. El de Sumaré funciona desde 2010 y el de Mendanha, en la zona oeste, desde 2024. También integra imágenes satelitales.

Con esos datos, los meteorólogos de Alerta Rio pronostican la lluvia y estiman la probabilidad de deslizamientos en cuatro niveles, de baja a muy alta. Los criterios técnicos, definidos en 2012, consideran la lluvia acumulada en 1, 24 y 96 horas.

La Defensa Civil activa las sirenas después de que los meteorólogos de Alerta Rio evalúan los niveles críticos de lluvia. Ambos equipos trabajan juntos en el COR. Según el centro de operaciones, en algunas comunidades las sirenas suenan cuando la lluvia alcanza entre 40 y 55 mm por hora. Por encima de 55 mm, la activación sale directamente del COR. El acumulado también cuenta. En abril de 2025, la Defensa Civil activó sirenas en Borel y Andaraí por la lluvia de 24 horas, con el suelo saturado.

Cada actor tiene un rol definido. Geo-Rio mapea el riesgo, construye obras de contención y fiscaliza los contratos de Alerta Rio y de las sirenas. La Defensa Civil activa la alarma y acompaña la evacuación. El COR fija el estágio operativo de la ciudad, una escala de 1 a 5 vigente desde un decreto de noviembre de 2023.

El aviso en las comunidades

El aviso llega por varias vías. La Defensa Civil envía mensajes por SMS y WhatsApp a quienes se registran. Desde enero de 2025 usa además el cell broadcast, una tecnología de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) que llega a todos los celulares de una zona sin registro previo. El 29 de enero de 2025, la ciudad recibió por primera vez un alerta extremo por esa vía.

En las comunidades cubiertas, las sirenas cumplen dos funciones. Primero emiten un aviso de aproximación de lluvia intensa. Si la lluvia alcanza los umbrales, suena la orden de desocupación. Los vecinos se dirigen entonces a puntos de apoyo identificados de antemano. Según la presentación de la Prefeitura de julio de 2026, la ciudad cuenta con 225 puntos de apoyo y 165 sirenas en 103 comunidades.

Según la Prefeitura, un registro actualizado de personas mayores y con discapacidad permite que la Defensa Civil las asista cuando suena la sirena. Cada comunidad cuenta, además, con líderes capacitados.

La preparación se completa con simulacros de desocupación, en los que los vecinos recorren las rutas hacia los puntos de apoyo. Las cifras públicas sobre estos ejercicios no coinciden. Un balance de abril de 2023 contaba 52 simulacros desde 2011. La presentación de julio de 2026 menciona 869 desde 2014.

Lo que cambió y lo que no

En los últimos años, el sistema sumó capas tecnológicas. En 2024 se instaló el segundo radar, en el Morro do Mendanha. En 2025 llegó el cell broadcast como canal masivo. En noviembre de 2023, la Prefeitura reemplazó los nombres de los estágios operativos por números del 1 al 5, con colores alineados a los del Centro Nacional de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales (Cemaden). Una encuesta había mostrado que la población no entendía la escala anterior.

La inteligencia artificial está en fase de prueba. El consorcio Rionowcast, formado por el Laboratorio Nacional de Computación Científica (LNCC), el CEFET-RJ, la UFF y el COR, desarrolla modelos para anticipar lluvias extremas. En 2026, investigadores de la UFF presentaron un modelo que requiere menos energía y capacidad de cómputo. El paso siguiente es probarlo con datos en tiempo real en los sistemas del COR y de Alerta Rio.

El COR también creció. La nota de +COMUNIDAD de 2025 hablaba de más de 30 organismos. En julio de 2026, la Prefeitura informó más de 50 órganos integrados y 50 protocolos operativos.

La cobertura de las sirenas se mantuvo estable. Los registros públicos mencionan 103 comunidades desde al menos 2020, con entre 162 y 165 equipos según el año. Para el proyecto Rio 60ºC, la red no sumó comunidades desde su lanzamiento. “Nunca más instalaron sirenas”, afirmó en abril de 2025 su coordinador, Miguel Vilela.

Febrero de 2026, una prueba de esfuerzo

La última temporada de lluvias puso al sistema bajo presión. Febrero de 2026 fue el más lluvioso desde 1997, cuando comenzó la serie de Alerta Rio. Hasta el día 27, el promedio de las estaciones marcó 354 mm, el triple de la media histórica del mes (118,3 mm). Un año antes, febrero de 2025 había sido uno de los más secos de la serie, con 0,6 mm. La Prefeitura contabilizó 1.292 atenciones vinculadas a los temporales durante el mes.

Los registros públicos muestran activaciones frecuentes. El 28 de noviembre de 2025, la Defensa Civil activó 11 sirenas en siete comunidades después de lluvias superiores a 50 mm en una hora. El 4 de enero de 2026, tres sirenas sonaron en la comunidad de Formiga y se silenciaron una hora y cuarto después. El 9 de febrero, con la ciudad en estágio 3, sonaron 15 sirenas en nueve comunidades.

La cadena se activa con regularidad. Su efecto es más difícil de medir. Las fuentes públicas consultadas no informan cuántas personas llegaron a los puntos de apoyo, con cuánta antelación recibieron el aviso ni cuántos deslizamientos ocurrieron en las zonas cubiertas. El indicador oficial más reciente que encontró +COMUNIDAD es de febrero de 2023. Según la Defensa Civil, desde la instalación de las sirenas hubo cuatro muertes por deslizamientos en las zonas monitoreadas.

Lo que todavía cuesta

El límite principal es la cobertura. En 2022, el TCM identificó cerca de 400 comunidades sin sirenas ni estudios de riesgo geológico-geotécnico, la mayoría alrededor del macizo de Pedra Branca, en la zona oeste. El tribunal ordenó a Geo-Rio completar el mapeo de riesgo en un año y ampliar el sistema de alarma. +COMUNIDAD no encontró información pública sobre el cumplimiento de esa orden.

La Prefeitura sostiene que las comunidades de la zona oeste tienen características geológicas distintas de las ubicadas junto a los macizos de las zonas sur y norte. Entre los censos de 2010 y 2022, los barrios de la zona oeste lideraron el crecimiento de población de la ciudad.

El segundo límite está en el pronóstico. El 29 de julio de 2026, un vendaval con ráfagas de hasta 92 km/h golpeó la capital. La Prefeitura fue cuestionada por no haber alertado a tiempo. El alcalde Eduardo Cavaliere reconoció que los vientos superaron lo previsto por la gestión municipal. El episodio no incluyó deslizamientos, pero mostró que el aviso depende de la calidad del pronóstico.

Continuidad entre gestiones

El sistema atravesó cinco mandatos municipales y tres alcaldes. Nació con Eduardo Paes en 2011, siguió con Marcelo Crivella entre 2017 y 2020 y volvió a Paes. Desde marzo de 2026 lo administra Eduardo Cavaliere, que asumió tras la renuncia de Paes. En marzo de 2020, durante la pandemia, las sirenas de las 103 comunidades transmitieron mensajes para que los vecinos evitaran salir de sus casas.

La continuidad tiene una base institucional. Geo-Rio existe desde 1966, Alerta Rio desde 1996 y el COR desde 2010. Los estágios operativos y la gobernanza de las emergencias están fijados por decreto. La Defensa Civil publica planes de contingencia, como el de la temporada 2025-2026, con el protocolo de activación de sirenas.

Los recursos específicos del sistema de alerta no aparecen desagregados en las fuentes consultadas. Sí hay cifras de inversión en reducción del riesgo. Geo-Rio informó R$ 460 millones en más de 300 obras de contención desde 2021, con fondos municipales y federales. El programa PAC Encostas destina R$ 258 millones a contener laderas y proteger a 60.000 personas. En 2026, la Secretaría de Conservación duplicó la inversión en drenaje, a R$ 70 millones.

En julio de 2026, ante una probabilidad del 81 % de un El Niño muy fuerte entre octubre y diciembre, Cavaliere presentó el plan de respuesta de la ciudad. “No podemos impedir que El Niño tenga efectos sobre el clima de Río”, afirmó, citado en el diario Correio da Manhã.

Qué necesita otra ciudad

Según la Prefeitura, varias ciudades brasileñas adoptaron el modelo, y Geo-Rio asesora a otros municipios. Las fuentes revisadas permiten identificar cinco condiciones para replicarlo:

• Un mapa de riesgo antes que la tecnología. Las sirenas de Río se ubicaron según el mapeo de 2010. Donde no hay mapeo, como señaló el TCM, tampoco hay alarma.
• Umbrales propios para cada comunidad. Los valores de lluvia que activan la alarma varían según el terreno y se calibran con el registro de deslizamientos.
• Un lugar donde el dato se convierte en decisión. En Río, meteorólogos y Defensa Civil comparten la sala del COR.
• Puntos de apoyo y vecinos preparados. La sirena sirve cuando cada familia sabe adónde ir. Los simulacros y los líderes comunitarios cumplen esa función.
• Varios canales a la vez. Sirenas, SMS, WhatsApp y cell broadcast llegan a públicos distintos.

Para municipios sin red de sensores, la investigadora Mariza Ferro, de la UFF, propuso en 2025 empezar con herramientas simples, como pluviómetros caseros y capacitación de los vecinos. El objetivo es que las comunidades usen los datos de riesgo sin depender solo del gobierno. En Brasil, además, el cell broadcast opera a escala nacional y está disponible para las defensas civiles locales.

El próximo paso

Quince años después de la primera sirena, Río de Janeiro tiene una cadena de aviso que se activa con regularidad en 103 comunidades. La tarea ahora es llevar el mapeo y la alarma a los barrios que crecieron después de 2010, para que el sistema acompañe a la ciudad frente a lluvias más intensas.

Nota metodológica: esta nota se relaciona con la que +COMUNIDAD publicó el 14 de octubre de 2025, “Datos que salvan vidas: la estrategia de Río de Janeiro para responder y cuidar mejor“, sobre el COR y el programa Territórios Sociais. En octubre de 2026, +COMUNIDAD solicitó entrevistas a Geo-Rio y al COR, sin respuesta a la fecha de cierre, el 26 de octubre de 2026. Las fuentes consultadas fueron comunicados y documentos de la Prefeitura de Río, el COR y Geo-Rio, el Diário Oficial del Municipio, informes del Tribunal de Cuentas del Municipio citados por la prensa, el proyecto Rio 60ºC, el consorcio Rionowcast y artículos de Agência Brasil, CNN Brasil, Climatempo, Poder360, CartaCapital, Correio da Manhã, Folhapress, Jornal do Brasil y Tempo Real RJ. Las citas en portugués fueron traducidas por +COMUNIDAD. 

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

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Redacción +COMUNIDAD

La entrada Alerta Rio, el sistema que anticipa los deslizamientos en las laderas de Río de Janeiro se publicó primero en +COMUNIDAD.

La relación entre El Niño y el dengue está documentada. Un estudio publicado este año en The Lancet Planetary Health analizó casi 19 millones de casos en 21 países, entre 2000 y 2019. Los autores midieron la intensidad de El Niño con una unidad estadística llamada desvío estándar, que indica cuánto se aparta un valor de lo habitual. Por cada una de esas unidades que suma el fenómeno, el riesgo de dengue aumenta 23,7 %. En otras palabras, cuanto más intenso es El Niño, mayor es el riesgo.

Este año, El Niño ya está en marcha y sigue creciendo. En algunas zonas del Pacífico oriental, el mar supera en más de 4 °C su temperatura habitual. En su informe del 8 de octubre de 2026, la NOAA, la agencia climática de Estados Unidos, estimó un 83 % de probabilidad de que entre octubre y diciembre el fenómeno supere a todos los episodios registrados desde 1950. Ese trimestre sería el pico. 

Luego, la agencia prevé que El Niño persista al menos hasta marzo-mayo de 2027 y que las condiciones neutras vuelvan hacia mediados del año. La NOAA aclara que, con un evento de esta magnitud, son más probables los cambios climáticos típicos de El Niño, como lluvias abundantes en algunas regiones y sequías en otras.

Gran parte de la prevención está en manos de los municipios y cuesta poco. “Prepararse ahora cuesta poco y evita mucho”, resume a +COMUNIDAD la doctora Susana Devoto, especialista en inmunizaciones de la Fundación Iberoamericana Consenso Salud (FICS). La fundación elaboró además una guía práctica para equipos municipales.

Más lluvia en algunas regiones

El Niño no afecta igual a toda la región. Según la CEPAL, aumentan las lluvias y el riesgo de inundaciones en la costa del Pacífico de Ecuador y Perú, el sur de Brasil, Uruguay, el norte de Argentina y el centro de Chile. En el norte de Sudamérica y en Centroamérica, en cambio, predomina la sequía.

Donde llueve más, el problema cambia de escala. Según Devoto, cuando El Niño es intenso, la lluvia se concentra en menos tiempo y deja agua acumulada durante días en lugares donde normalmente no la hay. Más lluvia significa más recipientes con agua estancada en patios, viviendas, terrenos baldíos y residuos, y ahí se concentra la prevención. 

Las lluvias extremas pueden arrastrar larvas, pero los especialistas advierten que eso no protege si después queda agua acumulada. En las zonas secas, el riesgo llega por otra vía: el agua que se almacena en recipientes también puede volverse criadero.

Argentina, con la guardia baja

En Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias por encima de lo normal hasta diciembre en el Litoral, Córdoba, el oeste de Santa Fe y el oeste de Buenos Aires. Devoto suma al NEA y al NOA, donde el dengue circula con más frecuencia.

El antecedente preocupa. La temporada 2023-2024, que coincidió con el último El Niño, fue la mayor epidemia de dengue registrada en el país, con 583.259 casos notificados y 419 muertes. Ese brote dejó, además, a muchas personas con una infección previa. Según la especialista, quien ya tuvo dengue puede tener un cuadro más grave si se infecta con otro tipo del virus.

La temporada pasada, en cambio, fue tranquila: el país registró 69 casos confirmados. Esa calma también es un riesgo. “El riesgo de bajar la guardia es real”, advierte Devoto. Después de un año con pocos casos cuesta sostener la eliminación de criaderos, la vigilancia y la vacunación de quienes la tienen indicada.

Prepararse para el agua y para el mosquito

FICS propone cinco medidas de bajo costo. Las dos primeras ordenan la respuesta ante inundaciones. Las otras tres protegen la salud, con foco en el dengue.

Ante las inundaciones:

• Un solo canal de alerta, con responsables claros para recibir los avisos, decidir y comunicar.
• Puntos seguros definidos de antemano, con agua segura, atención de salud y registro de personas.

Frente al dengue y otras enfermedades

• Mensajes simples para que los vecinos vacíen recipientes, usen agua segura y cuiden sus heridas.
• Centros de salud abastecidos y atentos en las semanas posteriores a las lluvias.
• Vacunación anticipada de la población de riesgo, coordinada con el nivel de gobierno que gestiona las dosis.

Muchos municipios no tienen un área de salud propia ni presupuesto adicional. “La clave es coordinar, no tener estructura propia”, sostiene la especialista. Propone designar un referente municipal que articule con el hospital y la región sanitaria. También sugiere sumar lo que ya existe en el territorio, como Defensa Civil, escuelas, clubes y organizaciones barriales, para eliminar criaderos y difundir mensajes. Los canales de comunicación del municipio no tienen costo y llegan a los vecinos.

Desde FICS detallan también las medidas sanitarias que conviene activar apenas llega el aviso de El Niño. La primera es garantizar agua segura, con lavandina, hervido o pastillas potabilizadoras. A eso suma reforzar el descacharrado, asegurar la provisión de repelentes y controlar a los roedores, que propagan la leptospirosis a través de su orina. También advierte sobre un riesgo menos visible. Las interrupciones logísticas pueden dejar sin medicamentos esenciales a los pacientes crónicos, por lo que conviene garantizar su provisión con anticipación.

La vacunación es el otro eje. Estas situaciones, explican, elevan el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles con vacunas, como la hepatitis A, el tétanos y el dengue. Por eso recomienda revisar y completar los esquemas de la población, en Argentina según el Calendario Nacional de Vacunación y las recomendaciones del Ministerio de Salud. Piden prestar especial atención al personal de salud, que suele ser el más expuesto.

Sobre la hepatitis A, Devoto advierte que no vacunarse es un problema tan grave como no hacerlo contra el tétanos, o incluso más. El virus circula con facilidad en el agua contaminada, y los casos tienden a aumentar cuando hay inundaciones y agua estancada. Para la especialista, es una oportunidad para proteger a la población antes de que lleguen esos casos.

En el caso del dengue, Nación distribuyó 170.000 dosis en enero de 2026 para personas de 15 a 39 años de 42 departamentos priorizados, y varias provincias compraron dosis propias. Según Devoto, el municipio accede a través del programa provincial de inmunizaciones. Puede pedir operativos en el distrito, ofrecer centros de salud y puntos seguros como vacunatorios con horario extendido, convocar a la población priorizada y asegurar el registro de cada dosis. 

La Comisión Nacional de Inmunizaciones recomienda priorizar a quienes ya tuvieron dengue. El esquema es de dos dosis separadas por tres meses, por lo que conviene completarlo antes del período de mayor circulación del virus. La vacuna no reemplaza la eliminación de criaderos.

Cuando baja el agua

“Cuando baja el agua empieza la etapa sanitaria, que suele recibir menos atención”, señala Devoto. Durante la emergencia, la prioridad es la seguridad de las personas. Después, el trabajo se traslada a los barrios. Hay que recorrerlos para vaciar recipientes y retirar residuos y cacharros, vigilar los casos de fiebre en centros de salud y puntos seguros durante varias semanas y mantener al día la antitetánica de equipos y vecinos que participan en la limpieza. Los mensajes deben invitar a consultar temprano ante la fiebre.

Después del agua también llegan otras enfermedades. La especialista advierte que en las semanas siguientes a una inundación suelen aparecer diarreas, leptospirosis, dengue y chikungunya. En Argentina, el dengue cuenta con una vacuna indicada para la población de riesgo, pero la leptospirosis y la chikungunya no tienen vacuna disponible en el país. Frente a esas enfermedades, la protección pasa por el agua segura, evitar el contacto con el agua y el barro de la calle, eliminar criaderos y consultar temprano ante la fiebre.

La experiencia reciente muestra por qué esa etapa importa. Tras las inundaciones de 2024 en Rio Grande do Sul, Brasil, la leptospirosis pasó a ser uno de los principales riesgos sanitarios. Hubo 910 casos y 79 muertes en cinco meses, casi el triple de casos que en el semestre anterior.

Lo que dejaron las últimas epidemias

Para FICS, en la epidemia argentina de 2023-2024 la prevención llegó tarde porque se activó con los casos, y los centros de salud se saturaron. En Perú, las lluvias extremas de marzo de 2023 precedieron al mayor brote de dengue de su historia, con 222.620 casos y 381 muertes hasta julio. Los CDC de Estados Unidos concluyeron que hace falta detectar los brotes rápido y fortalecer la atención primaria antes del pico.

Las respuestas que funcionan tienen rasgos en común, según FICS. Una mesa local que se arma antes de la emergencia y no durante, un vocero único, vigilancia activa durante semanas después de que baja el agua y trabajo coordinado con la región sanitaria.

El error más frecuente, para Devoto, es “no hacer a tiempo lo que ya está al alcance del municipio: comunicar y prevenir antes de que aparezcan los casos”. Cuando la respuesta empieza con los primeros enfermos, los criaderos ya están y la demanda en los centros de salud crece. También importa el tono. Comunicar con miedo o con culpa hacia el vecino no ayuda. “Los mensajes que funcionan son serenos, concretos y dicen qué hacer”, agrega la especialista.

Ciudades que se anticipan

Algunas ciudades de la región sumaron herramientas que ayudan a anticiparse a los brotes.

En Cali (Colombia), la Alcaldía desarrolló Dengue.AI con la Fundación Rockefeller y las universidades Icesi y del Valle. El sistema cruza datos climáticos, de mosquitos y de brotes anteriores. Según la fundación, anticipa brotes hasta tres semanas antes, con 93 % de precisión, y orienta acciones por barrio, como visitas a hogares y limpieza de sumideros.

En Santa Fe (Argentina), el municipio vigila al mosquito con 47 ovitrampas en 35 barrios, junto con la Universidad Nacional del Litoral. Son recipientes que atraen la puesta de huevos y alertan antes de los primeros casos. Es una herramienta de bajo costo y fácil de replicar: la Fundación Mundo Sano acompañó redes similares en 17 municipios argentinos.

A más largo plazo, el Valle de Aburrá (Colombia) y Niterói (Brasil) liberaron mosquitos con la bacteria Wolbachia, que reduce la transmisión del virus. La medida se asoció con caídas de 95 % a 97 % y de 69 % en los casos de dengue.

Lo que un municipio no puede hacer solo

La preparación local tiene límites. Las vacunas, los insumos, el laboratorio, la vigilancia epidemiológica, los hospitales de referencia y las obras de drenaje suelen depender de otros niveles de gobierno. Según la especialista de FICS, lo que más necesita un municipio es información a tiempo sobre alertas y casos por distrito, operativos y dosis cuando corresponda y un canal directo con la región sanitaria.

Con esas condiciones, las medidas pueden replicarse en ciudades de cualquier tamaño. “Con un canal de alerta, puntos seguros, mensajes claros y la población de riesgo protegida, el municipio llega mejor a la temporada”, concluye Devoto.

Hoja de ruta de 10 días ante inundaciones

• Días 1 a 3. Mesa local con Salud, Defensa Civil, Obras, Desarrollo Social y Comunicación. Un responsable por cada medida y un vocero único.
• Días 4 a 7. Puntos seguros publicados y mensajes de precaución en tono sereno.
• Días 8 a 10. Vacunación de la población de riesgo, coordinada con la provincia, con horarios extendidos, recordatorio de dosis pendientes y registro de cada aplicación.

Fuente: FICS, “Inundaciones: lo que sí se puede hacer antes” (octubre de 2026).

Ilustración principal: +COMUNIDAD | RIL

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En 2022, la zona central de Chile enfrentaba una de sus mayores crisis hídricas tras 14 años de sequía consecutiva. En la comuna de Vitacura, perteneciente a la Región Metropolitana de Santiago, el desabastecimiento estuvo a pocas semanas de traducirse en cortes programados de agua potable para la población. Datos técnicos revelaron que el 71% del consumo de agua potable de la localidad provenía del sector residencial, impulsado por el riego de grandes extensiones de césped.

Esta problemática hídrica coincidía con una pérdida progresiva de biodiversidad urbana y la degradación de hábitats naturales, lo que redujo de forma drástica la presencia de fauna y flora nativa en la localidad. Al detectar que los jardines, patios y balcones privados representaban una superficie muy significativa del territorio, la gestión local identificó la necesidad urgente de transformar estos espacios en aliados de la sostenibilidad, modificando las pautas tradicionales de manejo de la vegetación.

Frente a este escenario, en 2021 se lanzó el programa piloto “Certificación de Jardines por la Biodiversidad”, una iniciativa pionera en el país enmarcada en la estrategia Mi Jardín Sustentable. El proyecto busca transicionar hacia una estética de bajo consumo hídrico mediante un sistema integral de auditorías residenciales, capacitación ciudadana y patrones de manejo respaldados por evidencia científica para convertir los entornos privados en refugios ecológicos.

Mi Jardín Sustentable, una metodología con base científica y comunitaria

El programa se articula de manera directa con el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Vitacura, un territorio de 28,9 kilómetros cuadrados y 97.000 habitantes. “Al detectar que más del 70% del consumo de agua potable de la comuna provenía del sector residencial, entendimos que el cambio debía ser no solo en las áreas verdes municipales, sino también dentro de los hogares”, explica a +COMUNIDAD Daniela Casanello, asesora de Áreas Verdes y Sustentabilidad de la Municipalidad de Vitacura.

El diseño del programa requirió traducir el conocimiento académico y botánico complejo en herramientas sencillas, lúdicas y accesibles para la ciudadanía. Para lograrlo, la Municipalidad consolidó una alianza estratégica con el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) y el Jardín Botánico Chagual. Según detalla Casanello, el proceso “fue un esfuerzo conjunto con la academia, con quienes codiseñamos una certificación de jardines utilizando a la Municipalidad como piloto”.

La convocatoria se abrió de forma inclusiva para los vecinos y vecinas de la comuna, abarcando tanto a propietarios como a arrendatarios. Además, la plataforma extendió su alcance territorial al permitir que personas residentes fuera de Vitacura accedan libremente a los recursos educativos, cursos y manuales formativos dispuestos de forma virtual en la página web municipal.

El sistema de certificación residencial se organiza de manera secuencial a través de las siguientes tres etapas:

• Inscripción: vecinos se suman voluntariamente al programa y acceden a talleres prácticos, cursos específicos y material educativo diseñado por los expertos.

• Autoevaluación: inscriptos miden las prácticas de manejo existentes en sus hogares mediante una plataforma digital simple. Si alcanzan un puntaje mínimo estipulado, quedan habilitados para solicitar una visita técnica presencial.

• Seguimiento: personal técnico del municipio realiza inspecciones posteriores en el terreno para evaluar los avances y, cuando corresponde, otorgar una certificación de rango superior.

Evidencia y resultados medibles en el territorio

La combinación entre la regulación del espacio público y la apertura del programa residencial generó resultados cuantitativos verificables. En el sector privado, la asesora señala que “esta articulación entre academia, municipio y vecinos nos permite contar hoy con casi 58 hogares certificados”. Todos completaron el proceso oficial dentro de la comuna en sus tres niveles de avance: semilla, árbol y ecosistema.

Los efectos visibles en el entorno urbano validan el desempeño de la solución:

• Intervención integral de 256.000 metros cuadrados de superficies y áreas verdes públicas.
• Consolidación de más de 43.000 metros cuadrados de jardines biodiversos.
• Plantación de 4.400 árboles en calles y avenidas, complementados con la introducción de 194.000 arbustos y herbáceas nativas.
• Reducción comprobada de aproximadamente un 45% en el consumo de agua en la totalidad de las áreas verdes públicas intervenidas.

Además, Casanello señala que el monitoreo ecológico desarrollado durante los últimos dos años corrobora un incremento significativo de polinizadores e insectos benéficos en los corredores intervenidos. Este aumento es relevante porque estas especies funcionan como indicadores de la salud de los ecosistemas. Su presencia sugiere que los jardines ofrecen alimento y refugio para distintas variedades, lo que contribuye a recuperar la biodiversidad urbana. Al mismo tiempo, los polinizadores cumplen un rol clave en la reproducción de las plantas y ayudan a sostener el equilibrio ecológico local. 

En paralelo, los especialistas analizan las islas de calor urbano para establecer cómo la reconversión paisajística mitiga las temperaturas extremas sobre el suelo pavimentado. Esta red de corredores biológicos urbanos, que ya lleva cinco años construyéndose, posicionó a la comuna como finalista en los premios internacionales AIPH World Green City Awards 2026.

Desafíos y aprendizajes de Mi Jardín Sustentable

El obstáculo principal radica en la velocidad del cambio de paradigma cultural. Daniela Casanello explica que el mayor desafío ha sido enfrentar esa transformación en la comunidad, “lo cual requiere procesos de adopción que suelen ser lentos”. En la localidad, modificar hábitos arraigados requirió de procesos formativos continuos frente a la histórica preferencia por el césped tradicional de alto consumo.

Por otra parte, el aumento demográfico continuo dentro de los 28,9 kilómetros cuadrados de la comuna presiona constantemente los indicadores de espacio verde por habitante. Manuela Iglesias, encargada de Áreas Naturales y Biodiversidad, advierte que esta población en constante aumento desafía directamente los indicadores locales, obligando a una permanente optimización de los recursos hídricos y del suelo urbano disponible para mantener los parámetros de bienestar ambiental recomendados de nueve metros cuadrados por habitante.

Respecto a los aprendizajes, Casanello refuerza la idea del liderazgo institucional: “Nuestra principal estrategia fue liderar con el ejemplo a través del espacio público. El hecho de que las áreas verdes municipales ya hubiesen comenzado su transformación bajo estos mismos lineamientos sustentables fue clave”. Al ver los resultados reales y atractivos en sus propias plazas y parques, los vecinos comenzaron a comprender el valor de la propuesta y replicar estas prácticas en los jardines de sus casas. 

Condiciones para replicar experiencias como Mi Jardín Sustentable

Casanello enfatiza la relevancia del ordenamiento institucional: “Para cualquier municipio de América Latina que busque replicar este modelo, el componente mínimo viable no es un programa aislado, sino la planificación estratégica. El primer paso fundamental es crear una hoja de ruta técnica e institucional; en nuestro caso, el Plan de Infraestructura Verde actúa como el gran paraguas normativo”.

Disponer de este marco institucional consolidado ha garantizado a Vitacura que las metas socioambientales trasciendan los cambios de gestión política y se articulen de manera directa con el presupuesto municipal. Asimismo, la inserción en redes internacionales como ICLEI y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía facilita el intercambio de conocimientos y fortalece las capacidades técnicas locales para sostener la infraestructura ecológica urbana.

El reconocimiento internacional de Vitacura pone de manifiesto que la mitigación del cambio climático en las ciudades requiere un cambio metodológico profundo. Modificar la fisonomía urbana no depende exclusivamente de las grandes obras de infraestructura pública, sino de la capacidad institucional para involucrar a la ciudadanía en la gestión de sus propios entornos. 

Al transformar los patios privados en nodos de biodiversidad, los gobiernos locales pueden descentralizar la resiliencia hídrica y construir comunidades preparadas para los desafíos ambientales del futuro.

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Redacción +COMUNIDAD

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Por Alfredo Marcelo Caro Alvarado,
director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Municipalidad de Puerto Varas

Cuando se habla de sostenibilidad, la atención suele centrarse en las grandes ciudades o en políticas de alcance nacional. Sin embargo, en el sur de Chile —a orillas del lago Llanquihue y bajo la mirada de los volcanes Calbuco y Osorno— Puerto Varas demuestra que las ciudades intermedias también pueden liderar transformaciones ambientales con un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

Con una población que supera los 52.000 habitantes, un territorio de más de 4.000 kilómetros cuadrados y uno de los ritmos de crecimiento más acelerados en la región de Los Lagos, la comuna enfrenta desafíos cada vez más complejos. La expansión urbana, la gestión de residuos, la conservación de ecosistemas y la adaptación al cambio climático son algunos de los más urgentes. 

Este auge habitacional y el desarrollo de los sectores rurales traen oportunidades, pero también, una mayor presión sobre los recursos naturales y la capacidad de los servicios municipales. Frente a esta realidad, Puerto Varas impulsa una estrategia ambiental en la que la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, la participación ciudadana y la educación ambiental forman parte de una misma conversación.

Puerto Varas Huella Cero: camino hacia la economía circular

Uno de los mayores desafíos ambientales para cualquier ciudad es la gestión de sus residuos diarios. Durante décadas, en Puerto Varas la respuesta se limitó a recolectar y confinar los desechos en vertederos, práctica que hoy evoluciona hacia los rellenos sanitarios. Frente a este panorama, nos planteamos una pregunta clave: ¿cuánto de lo que descartamos puede reincorporarse realmente a un ciclo productivo?

Con esa mirada nació, en diciembre de 2025, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), bajo el sello Huella 0. Se trata de una estrategia comunal diseñada para reducir el volumen de desechos que llegan al Relleno Sanitario La Laja, espacio que recibe la basura de toda la provincia de Llanquihue. Este plan busca incrementar de forma progresiva la valorización de los residuos mediante dos líneas de acción que ya se encuentran en ejecución:

• Huella Cero Inorgánicos: enfocado en el reciclaje, implementa la recolección diferenciada puerta a puerta en toda la zona urbana y gran parte del sector rural. Además, incluye la instalación de puntos limpios en establecimientos educacionales, bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP).
• Huella Cero Orgánicos: aborda la fracción más grande de desechos, dado que en Chile los residuos orgánicos representan al menos el 50% de la bolsa de basura promedio.

Para gestionar esos residuos orgánicos, se trabaja en dos frentes. Primero, se están entregando 950 composteras y 350 vermicomposteras, logrando que el residuo permanezca en la vivienda y se transforme en compost para huertas domésticas, promoviendo así la soberanía alimentaria de las familias. En segundo lugar, se ha fortalecido el servicio de recolección puerta a puerta de orgánicos, expandiendo la cobertura en 2026, de 300 a cerca de 1.000 viviendas. Con esto se consolida una red comunitaria que se hace parte activa de la solución.

Más allá de los números, el principal objetivo es generar un cambio cultural. La economía circular sólo es posible cuando las personas comprenden que los residuos pueden ser recursos, y que las decisiones cotidianas tienen un impacto en el territorio.

Plan Lago Sin Huella: Una estrategia integral para la cuenca 

Si existe un elemento que define la identidad de Puerto Varas es el lago Llanquihue. Su valor ambiental, paisajístico, turístico y cultural lo convierte en el principal activo de la comuna. Sin embargo, también es un ecosistema vulnerable que exige monitoreo y protección permanentes.

Con este propósito nace el Plan Lago Sin Huella, una iniciativa de articulación público-privada, que se originó en enero de 2022 con la creación de la Mesa Hídrica Asesora. Un espacio donde autoridades, la academia, fundaciones y el sector privado aportan su experiencia científica y metodológica para evaluar el estado del agua y diseñar estrategias que reduzcan el ingreso de contaminantes en la bahía.

Aunque el foco inicial es la bahía de Puerto Varas, el éxito de este modelo busca ser replicado en las demás comunas de la cuenca, bajo la premisa de que la protección del lago debe ser un esfuerzo mancomunado de todo el territorio.

Como respuesta complementaria para mitigar los impactos humanos directos sobre el espejo de agua, el municipio comenzó a explorar e implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). Durante el último año, para tratar las aguas mixtas que descienden hacia el lago y que arrastran contaminación proveniente de viviendas que aún no se conectan a los servicios sanitarios, se ha construido un piloto de humedal fitodepurador.

Además se está estudiando la factibilidad de repoblar el entorno, tomando como objetivo de estudio al Diplodon chilensis, una almeja nativa de agua dulce, enfocando sus poblaciones en los puntos críticos de contaminación urbana debido a su capacidad natural de filtración.

Actualmente se encuentran en proceso de elaboración y postulación diversos proyectos destinados a recuperar quebradas y humedales locales. En su conjunto, estas intervenciones no solo buscan resolver problemáticas sanitarias específicas, sino también aumentar la resiliencia de Puerto Varas frente a los desafíos del cambio climático y fortalecer el vínculo vital entre las personas y los ecosistemas que habitan.

Cuando la comunidad se convierte en protagonista

Uno de los aprendizajes más valiosos ha sido comprobar que las transformaciones ambientales más duraderas son aquellas que involucran activamente a la comunidad. Por esta razón, Puerto Varas ha impulsado una red creciente de jardines biodiversos, huertos comunitarios, viveros vecinales y jardines inundables desarrollados junto a grupos de vecinos, organizaciones territoriales, establecimientos educacionales y voluntarios.

A estas iniciativas se suman talleres de flora nativa, hongos, mejoramiento de suelos, propagación de especies y restauración ecológica, permitiendo que vecinos y vecinas adquieran conocimientos prácticos y participen directamente en la recuperación de espacios públicos.

Los resultados han sido significativos. Personas que inicialmente asistían a una jornada de plantación hoy participan activamente en el cuidado de estos espacios, promoviendo su protección y fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia sus barrios.

Asimismo, este trabajo ha abierto nuevas oportunidades de colaboración con el sector privado. Cada vez más empresas locales se han sumado al cuidado de espacios públicos mediante el apadrinamiento de jardines, la donación de especies vegetales y la participación de sus equipos en actividades de restauración y plantación, demostrando que la sostenibilidad es una responsabilidad compartida.

Una experiencia que sigue construyéndose

Los desafíos ambientales que enfrenta Puerto Varas son similares a los de muchas ciudades que buscan crecer sin perder los atributos naturales que las hacen únicas. La diferencia radica en la forma de enfrentarlos y planificar. La experiencia comunal demuestra que la gestión ambiental no depende únicamente de grandes inversiones o infraestructura. También requiere educación, participación ciudadana, colaboración público-privada, generación de conocimiento y una visión de largo plazo, capaz de integrar desarrollo y conservación.

En una comuna donde el paisaje es parte fundamental de la identidad local, proteger el entorno no es solo una tarea ambiental. Es una forma de construir comunidad, fortalecer la calidad de vida y proyectar un futuro más sostenible para las próximas generaciones.

Porque vivir al fin del mundo también implica asumir el compromiso de cuidarlo.

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La ciudad de Córdoba, en Argentina, convive con la dualidad del río Suquía: la belleza de su cauce contiene, a la vez, un riesgo latente de crecidas repentinas. Este río de carácter serrano posee una dinámica hidrológica capaz de transformar un curso calmo en un torrente en cuestión de pocas horas. Los temporales de inicios de 2024 funcionaron como un recordatorio crítico de esta amenaza.

Aquellas lluvias evidenciaron las limitaciones del sistema de monitoreo municipal. Los anegamientos y cortes de calles estratégicas revelaron una escasez de datos hidrométricos en tiempo real y una respuesta de emergencia basada en información fragmentada. Sin un sistema de alerta temprana automatizado, la resiliencia de la infraestructura urbana quedaba vulnerable ante eventos climáticos cada vez más frecuentes y severos.

Frente a este déficit, la Municipalidad decidió abordar el problema mediante la innovación junto con BID-Lab. En 2024, a través del Laboratorio de Innovación Pública (CorLab), de la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, se lanzó Río Inteligente, un desafío de innovación abierta diseñado para sensorizar el cauce y transformar la gestión del riesgo hídrico.

Río Inteligente, un desafío que propone ir más allá

Marcela Nicolaides, directora de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Córdoba y referente del CorLab, conversó con +COMUNIDAD sobre el mecanismo detrás de esta iniciativa. “El desafío se diseñó para implementar una solución de sensorización IoT (Internet of Things), con el objetivo de fortalecer las capacidades del municipio de prevención, mitigación y respuesta ante eventualidades”, explica.

El desafío se desarrolló en el marco de un programa específico que aplicó el modelo de Compra Pública de Innovación a Emprendimientos (CPIE), una herramienta que permite al Estado impulsar soluciones que aún no existen en el mercado o que requieren instancias de co-creación.

Nicolaides indica que la ventaja central reside en la posibilidad de co-desarrollar la solución, incorporando adaptaciones durante la implementación que difícilmente se lograrían en esquemas tradicionales. 

En este camino, el desafío Río Inteligente fue pensado no sólo como una compra de hardware, sino como un proceso de validación técnica donde participaron además la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Defensa Civil. 

Finalmente, la propuesta ganadora, desarrollada por la startup cordobesa Pampa 4, representa un hito en la modernización de los servicios públicos locales, al combinar conectividad LoRaWAN con infraestructura de seguridad vial automatizada. Esta red garantiza el flujo de datos incluso si las redes celulares fallan durante una tormenta.

^{Primer sensor IoT, instalado en intersección de Ibarbalz y Costanera Norte. Imagen: Municipalidad de Córdoba.} 

Infraestructura, impacto y evidencia

La implementación del sistema Río Inteligente se desarrolló de manera progresiva entre diciembre de 2024 y octubre de 2025, y alcanzó una implementación operativa en cuatro puntos críticos de la costanera: Ibarbalz, Cantón, Avellaneda y San Vicente. “El primer punto, Ibarbalz y Costanera Norte, fue el primero en entrar en operación durante agosto de 2025, funcionando como piloto para la validación del sistema antes de su escalamiento al resto de las ubicaciones”, cuenta Nicolaides. 

Actualmente el sistema está instalado e integrado con los siguientes componentes: 

• Sensores IoT de nivel de agua en cuatro puntos críticos, con medición continua en tiempo real.
•  Barreras automatizadas, cartelería LED y sirenas, activadas de forma manual o automática según protocolos. 
• Red de comunicación LoRaWAN activa, que garantiza conectividad incluso ante fallas de red celular.
• Plataforma web municipal de uso interno para monitoreo en tiempo real, control remoto y registro de eventos. 

La referente del CorLab explica que, dado el carácter reciente de la implementación, no se reportan aún métricas cuantitativas consolidadas públicas, como pueden ser porcentajes de reducción de tiempos o cantidad de eventos gestionados. Sin embargo, el informe técnico ya permite identificar resultados verificables. Algunos de ellos son:

• Disponibilidad de datos sobre el nivel del río en puntos críticos.
• Automatización efectiva del sistema de respuesta, con activación de barreras y alertas ante umbrales definidos.
• Operación autónoma validada, incluso sin conectividad, mediante lógica local.
• Capacidad de control remoto desde el Centro de Control de Tránsito.
• Registro histórico de eventos y condiciones del sistema.

El sistema introduce una mejora estructural en los tiempos de respuesta a través de: 

• Monitoreo continuo (no episódico) del nivel del río.
• Alertas automáticas ante umbrales críticos.
• Activación automatizada de barreras con lógica local.

La funcionaria explica, además, que en modo automático el sistema puede accionar ante condiciones críticas sostenidas (por ejemplo, nivel de riesgo durante un minuto), reduciendo la dependencia de la detección manual. 

“El sistema cubre actualmente cuatro puntos estratégicos definidos por Defensa Civil, considerados críticos para la gestión del riesgo hídrico en la ciudad, con posibilidad de expansión futura gracias a la arquitectura escalable basada en LoRaWAN”, profundiza.

Sin embargo, la gestión de infraestructura tecnológica en entornos abiertos enfrenta desafíos de integridad física. “Como sucede en toda infraestructura urbana en espacio público, se han registrado episodios puntuales de vandalismo y afectaciones sobre algunos componentes, lo que ha requerido intervenciones de mantenimiento correctivo”, detalla Nicolaides. 

^{Sistema instalado en Puente Cantón. Imagen:  Municipalidad de Córdoba.}

Arquitectura técnica de la solución 

La selección de la solución se realizó mediante un proceso de Compra Pública de Innovación a Emprendimientos (CPIE), evaluando criterios como calidad técnica, viabilidad, capacidades del equipo y adecuación a los requerimientos del desafío. 

En este marco, la propuesta seleccionada –la startup PAMPA 4– se destacó por ofrecer una solución integral “end to end”, cuya implementación quedó validada en el proyecto final: 

• Arquitectura completa de IoT, automatización, software con sensores controladores, barreras, cartelería y plataforma web de uso interno integrados en un único sistema.
• Capacidad de operación autónoma, mediante lógica local en controladores que permiten actuar incluso sin conectividad.
• Infraestructura resiliente, con respaldo energético y redundancia en comunicaciones.
• Interoperabilidad, a través de APIs y compatibilidad con sistemas municipales existentes.

Lecciones y condiciones para la transferencia

La implementación de Río Inteligente deja lecciones para la gestión pública de las crisis climáticas. En palabras de Marcela Nicolaides, este proyecto permitió consolidar aprendizajes en varias dimensiones que trascienden la instalación de sensores. 

Además, expresó que no se trata sólo de un éxito tecnológico, sino de un cambio cultural en la forma en que el Estado evalúa temas complejos, como en este caso puntual el colapso de la vía y servicios públicos ante eventos climáticos extremos. En resumen, el proyecto consolida articulación institucional, gobernanza de datos para la toma de decisiones y sostenibilidad operativa y capacitación.

La experiencia de Córdoba con Río Inteligente es replicable en otras ciudades con riesgos hídricos similares, siempre que se consideren ciertas condiciones necesarias para su adaptación. El diseño modular y escalable del sistema permite incorporar nuevos sensores o extender la red a otros puntos de la ciudad de forma sencilla, pero para que otra ciudad pueda adaptar este modelo, la directora  de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Córdoba identifica los siguientes requisitos:

• Definición clara del problema público y sus requerimientos funcionales.
• Definición precisa de puntos críticos basada en evidencia.
• Existencia de un ecosistema emprendedor o tecnológico activo.
• Capacidad institucional para gestionar procesos de innovación abierta.
• Articulación entre áreas técnicas y operativas.
• Infraestructura mínima para integración tecnológica, conectividad o posibilidad de desplegarla.
• Marcos de gobernanza de datos, interoperabilidad y seguridad.

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El nombre lo dice en lengua huarpe: “Guay-mayén” significa “tierra de ciénagas, vegas o bañados”. Mucho antes de que la urbanización transformara el territorio, la zona acumulaba agua por condición natural. Con el crecimiento acelerado de las últimas décadas, ese rasgo histórico se convirtió en un problema de gestión pública que ningún gobierno local había podido resolver.

Guaymallén es el departamento más poblado de Mendoza (Argentina), con más de 321.000 habitantes según el censo de 2022. Más superficie construida significó más suelo impermeabilizado y menos capacidad de absorción ante cada tormenta. Las precipitaciones mendocinas suelen ser breves, pero de alta intensidad.

La geografía hacía del departamento el punto más vulnerable del Gran Mendoza. El investigador del CONICET Alberto Vich lo explica con precisión: todos los cauces del piedemonte corren de oeste a este y su principal colector es el canal Cacique Guaymallén, que históricamente tiene menos capacidad de conducción que la suma de todos los canales que desembocan en él. Cada tormenta, la misma agua llegaba concentrada al mismo embudo. El resultado eran 50 calles y barrios anegados.

En 2019, el gobierno nacional firmó un acuerdo con el municipio para ejecutar obras de mitigación de inundaciones con una inversión de 319 millones de pesos (aproximadamente 6 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), que incluyeron el mejoramiento de la red de canales y acequias, pavimentos permeables, lagunas de retención y obras de drenaje urbano de impacto.

Ese acuerdo fue la base de lo que luego se consolidaría como el Plan de Drenaje Municipal Urbano (PMDU).

La reingeniería que cambió la lógica del drenaje urbano

El Plan de Drenaje Municipal Urbano (PMDU) no amplió el sistema existente: lo rediseñó desde su lógica. “Se hizo una reingeniería y se modificó la lógica de los drenajes urbanos para resolver un problema muy grave y estructural que tenía Guaymallén”, explicó el intendente Marcos Calvente al presentar el plan en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, en noviembre de 2024.

El cambio conceptual es el núcleo del modelo. Los sistemas de drenaje convencionales priorizan la conducción: llevar el agua lo más rápido posible hacia los cauces principales. El PMDU adoptó un enfoque opuesto, orientado a la retención y la infiltración en el origen mismo de la escorrentía. 

“Hemos sido el primer municipio del interior del país que estableció estrategias con un impacto muy fuerte, que tienen que ver con retener el flujo del agua de la lluvia in situ y generar infiltración”, señaló Calvente.

Las obras incluyeron la canalización y revestimiento de canales secundarios y terciarios, la incorporación de nuevos trazados hidráulicos y la construcción de lagunas de retención que controlan los escurrimientos desde su origen.  Además, se instalaron sensores electrónicos en los reservorios que regulan la liberación del agua según la capacidad disponible del sistema, lo que permite optimizar el rendimiento en tiempo real y evitar saturaciones en puntos críticos. 

En total, las dos etapas del plan alcanzaron 400 kilómetros de canalizaciones hidráulicas. El financiamiento provino de la Secretaría de Política e Infraestructura Hídrica de la Nación, con una inversión aproximada de 6 millones de dólares.

Los resultados frente a una temporada exigente

La temporada de lluvias 2025-2026 fue la prueba más reciente y más exigente. Las precipitaciones fueron fuertes y continuas durante varias semanas. Desde la Municipalidad de Guaymallén, afirmaron a +COMUNIDAD que “el sistema funcionó bien”: los más de 40 barrios que históricamente se anegaban no registraron ese problema.

El contraste con el resto del Gran Mendoza fue notorio. Durante uno de los temporales de febrero de 2026 que afectó a la región, los daños en Guaymallén fueron mínimos, con tres viviendas afectadas, mientras departamentos vecinos reportaban evacuados, desbordes de cauces y viviendas inundadas. Los datos acumulados desde la implementación del PMDU indican que el sistema capta más del 70% del agua de lluvia de la cuenca.

El alcance del modelo trascendió las fronteras del departamento. En Barcelona, tras la exposición en el Smart City Expo, se concretaron reuniones con alcaldes de América Latina y Europa interesados en el plan de drenaje urbano de Guaymallén, en un contexto marcado por las inundaciones de Valencia, que habían instalado la gestión hídrica en el centro del debate internacional.

El Acceso Este: la barrera que el municipio no puede resolver solo

Los logros del PMDU tienen una excepción geográfica precisa. La zona sur del departamento, a la altura de un reconocido centro comercial, sigue siendo vulnerable. La causa es estructural y, según entienden desde el gobierno local, excede a la competencia municipal.

El Acceso Este —la ex ruta nacional 7— actúa como una barrera física que interrumpe el escurrimiento norte-sur del departamento. “Además de cortar la integración norte-sur, funciona como dique al drenaje de agua y se inunda la zona sur a la altura del Mendoza Shopping”, reconoció el municipio ante la consulta de +COMUNIDAD. La temporada 2025-2026 dejó imágenes de ese anegamiento en varios medios locales.

La solución depende del gobierno provincial, afirman en Guaymallén. Un proyecto en licitación contempla la ampliación a una tercera trocha, el alteo de la traza en el sector más complejo, la construcción de tres puentes nuevos, la ampliación de otros dos existentes y la mejora de los sistemas de drenaje. El costo ronda los 40 millones de dólares y se realizó una audiencia pública el 18 de marzo de 2026. Desde el municipio indicaron que, una vez ejecutadas estas obras, el sistema de drenaje urbano quedará completo en toda la extensión del departamento.

Qué necesita una ciudad para replicar este modelo

El PMDU ofrece aprendizajes concretos, pero con condiciones que no siempre están disponibles.

La primera es el financiamiento externo de escala. La inversión de 6 millones de dólares requirió un acuerdo con el gobierno nacional y un proyecto técnico que lo justificara: no era sostenible con recursos municipales propios. La segunda es el diseño basado en evidencia territorial: el sistema fue concebido a partir de un estudio detallado de las características climatológicas y morfológicas del departamento, no como solución genérica exportable sin adaptación. La tercera es la continuidad: el plan se ejecutó en etapas a lo largo de siete años, lo que exige priorización sostenida más allá de los ciclos electorales.

Hay también una advertencia técnica que el caso vuelve visible: la infraestructura vial preexistente puede neutralizar los beneficios de un plan de drenaje urbano si no se la analiza en clave hidráulica. 

El Acceso Este no fue diseñado pensando en el agua, pero opera hoy como una barrera de escurrimiento. Esa variable quedó fuera del alcance del plan municipal. Resolverla requiere la intervención de otro nivel del Estado —y en Guaymallén, esa articulación está en marcha.

Redacción +COMUNIDAD

Foto principal: Municipalidad de Guaymallén. 

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Por María Mercedes Ordoñez, coordinadora
de Ciudades de la Energía en RIL

Cuando en el verano de 2023 una ola de calor dejó sin luz durante días a miles de vecinos del conurbano bonaerense, las imágenes de comercios cerrados, hospitales colapsados y barrios enteros sin agua recorrieron Argentina. En contraposición, durante las olas de frío de los años venideros, algunas ciudades enfrentaron restricciones en el suministro de gas, lo que significó interrupciones en industrias y estaciones de GNC (gas natural comprimido) para garantizar el abastecimiento residencial. Estas situaciones tienen un denominador común: muestran cómo la seguridad energética tiene impactos profundamente locales.

La seguridad energética se define como la capacidad de un territorio para garantizar el acceso continuo, confiable y asequible a la energía que necesita su población para satisfacer sus necesidades básicas, pero también sociales, económicas y culturales. Si bien las políticas energéticas se definen a nivel nacional, son los gobiernos locales quienes gestionan muchas de las consecuencias cuando esas redes no tienen la capacidad o disponibilidad necesaria, o cuando ocurren contingencias climáticas que generan interrupciones. Y son quienes deben garantizar la prestación de servicios municipales de respuesta incluso en esas condiciones. 

La energía deja de ser una cuestión abstracta cuando el hospital municipal queda a oscuras, cuando los centros de personas mayores no pueden calefaccionarse, cuando las pymes pierden producción por no poder prender sus máquinas, cuando falta combustible en las estaciones de servicio o cuando, frente a una tormenta severa, el área de Defensa Civil no cuenta con generadores para mantener activos los servicios de comunicación. 

El rol de las ciudades

El desafío se vuelve aún más complejo en el contexto actual. Por un lado, el crecimiento urbano aumenta la demanda y tensiona sistemas eléctricos y gasíferos diseñados, en otros contextos, para ciudades con otras demandas inferiores a las actuales. Por otro lado, el cambio climático genera eventos extremos que ponen a prueba los sistemas energéticos locales: olas de calor que disparan el uso de sistemas de climatización, inviernos más fríos que lo habitual que saturan el consumo de gas, tormentas que dañan líneas eléctricas. 

Frente a este escenario, algunas ciudades empiezan a ensayar un cambio de paradigma: pasar de ser simples consumidoras de energía a convertirse en gestoras activas de su seguridad energética. Eso implica, en primer lugar, conocer su propia demanda y consumos, para poder anticipar riesgos y necesidades frente a distintos escenarios, pero también gestionar de manera eficiente los recursos energéticos. 

Conlleva, además, avanzar en la diversificación de fuentes, incorporando generación renovable distribuida como la solar fotovoltaica o el biogás, que no solo reducen emisiones de gases de efecto invernadero, sino que pueden sostener servicios críticos ante cortes en la red. 

El entramado de servicios que sostienen la ciudad

Los servicios de distribución de electricidad y gas son muchas veces dados por sentado en lo que respecta al funcionamiento de una ciudad. Solo notamos su importancia cuando  no contamos con ellos. El foco no está puesto en el servicio, sino en lo que nos permite hacer cuando funciona correctamente. Es por esto que la prevención de daños en redes y tendidos se vuelve un factor fundamental pero silencioso. 

La electricidad y el gas han cumplido roles complementarios para satisfacer las necesidades energéticas de una población. Sin embargo, también será necesario acelerar una electrificación progresiva de los usos finales, sumando más energía limpia y reforzando redes locales, para disminuir la dependencia de un único vector energético.

Este camino exige planificación e inversión, pero también coordinación. Los municipios pueden cumplir un rol articulador: tender puentes entre empresas de servicios públicos, comercios, usuarios residenciales y sectores clave como salud o educación, para alinear inversiones, regulaciones y hábitos de consumo. Incluso acciones aparentemente pequeñas —como mejorar la eficiencia energética en los edificios públicos, o instalar sistemas de respaldo en escuelas y hospitales— pueden marcar la diferencia ante una emergencia.

El caso de la localidad cordobesa de Ticino es un claro ejemplo de cómo invertir en proyectos de autoabastecimiento de energía aumentan la resiliencia de una ciudad frente a determinadas contingencias. La generación de energía a partir de biomasa obtenida de los restos de la industria manicera permitió que los 2.500 habitantes de la localidad tuvieran energía mientras 50 millones de argentinos y uruguayos vieran restringido el suministro por horas. Un pequeño destello entre tanta oscuridad. 

Cambio climático y seguridad energética

El cambio climático intensifica los desafíos de la seguridad energética, exponiendo a las comunidades a eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Las olas de calor, por ejemplo, no sólo disparan la demanda eléctrica por el uso masivo de sistemas de climatización, sino que también incrementan el riesgo de incendios domésticos debido al sobrecalentamiento de sistemas eléctricos, conexiones inseguras o el uso inadecuado de aparatos.

De manera similar, durante las olas de frío, la necesidad de calefaccionar los hogares puede llevar a la utilización de métodos peligrosos y precarios, como el uso de materiales inflamables o sistemas de calefacción improvisados, aumentando el riesgo de incendios y de intoxicación por monóxido de carbono. Estos escenarios evidencian cómo la falta de acceso a energía segura y asequible, o la dependencia de infraestructuras poco resilientes, puede tener consecuencias directas y graves para la salud y la seguridad de las personas en sus propios hogares.

Ante esta realidad, los gobiernos locales tienen un rol fundamental en educar a la ciudadanía sobre el uso seguro de la energía, promover la eficiencia energética y fomentar la adopción de sistemas de calefacción y refrigeración más seguros y sostenibles.

El municipio de Malargüe, en la provincia de Mendoza, cuya gran parte de la población no se encuentra conectada a la red de distribución de gas natural, comenzó con la distribución de briquetas construidas con restos de la poda municipal. El uso de este tipo de combustible por parte de las familias para calefacción resulta más eficiente (ya que posee mayor poder calorífico que la leña seca), una combustión menos contaminante del aire domiciliario (ya que por su densidad reducen el humo visible y los depósitos de hollín) y más seguro para su almacenamiento y manipulación.

El aporte de la planificación urbana a la seguridad energética 

La planificación urbana emerge como un gran canalizador para  integrar la seguridad energética a la escala local. Los gobiernos locales, al conocer su propia demanda y capacidad instalada, pueden anticipar riesgos y diseñar estrategias efectivas. Joaquín Rotman, coordinador de Ciudades Planificadas de RIL Argentina, señala algunos de los puntos donde la planificación urbana contribuye a la seguridad energética de una ciudad: 

• Conocer la demanda y oferta local presente y futura. Mapear el consumo energético por sector (residencial, comercial, industrial, público) y la infraestructura existente (redes de gas, subestaciones eléctricas, generación distribuida), así como tener en cuenta las proyecciones de crecimiento de la ciudad, tanto demográficas como territoriales y de usos productivos, permite anticipar nuevas necesidades energéticas y planificar la inversión en redes e infraestructura. En este punto, involucrar y alinear al sector privado e inmobiliario será clave para una gobernanza energética.
• Conocer los riesgos asociados a servicios energéticos. Mapear la localización de infraestructura energética clave, tendidos eléctricos y gasoductos. Conocer el estado y su antigüedad, sus amenazas y la expansión urbana no planificada, el arbolado urbano deteriorado, o contingencias climáticas. También las zonas propensas a cortes de suministros e identificar poblaciones vulnerables expuestas a estos riesgos. 
• Integrar los servicios energéticos al ordenamiento territorial. Incorporar criterios de eficiencia energética y resiliencia climática en el Código de Edificación, en la planificación de nuevos desarrollos urbanos y en la gestión de espacios públicos. Por ejemplo, priorizar la instalación de paneles solares en nuevas construcciones o asegurar la provisión de energía de respaldo para servicios esenciales.

El caso de Alderetes, en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, ejemplifica un caso de articulación público- privada con foco en la prevención de daños sobre la infraestructura energética a partir de la intervención urbana. 

La empresa TGN encontró en el gobierno local un aliado para adoptar medidas de contención que evitaran contingencias en la zona de los gasoductos -caños de grandes dimensiones que transporta el gas natural a alta presión enterrados y que abastecen a numerosas localidades. 

Los gasoductos construidos en las décadas de 1960 y 1980 se trazaron en zonas con poca infraestructura cercana. El objetivo era evitar su paso por áreas pobladas y reducir riesgos para la seguridad pública. Sin embargo, la densidad poblacional creció alrededor del ducto. Esto aumentó la posibilidad de asentamientos informales dentro de la franja de seguridad y de obras sin supervisión. También se registraron excavaciones, circulación de maquinaria pesada, plantaciones de árboles y estructuras fijas sobre el trazado. Todas estas intervenciones elevan el riesgo de cortes de suministro, pérdidas de presión e incluso incendios o explosiones.

A partir de este escenario, se diseñó un proyecto de ordenamiento urbano para reducir riesgos y ordenar el uso del suelo. La iniciativa consistió en construir calles paralelas a los ductos, ubicadas en los márgenes de la franja de seguridad. Estas vías funcionan como barrera física para frenar el avance de nuevas construcciones. En total, se ejecutaron 2.668 metros lineales de cordón cuneta. El proyecto disminuyó el riesgo para la población, eliminó microbasurales presentes en la traza y permitió instalar una plazoleta con fines recreativos.

La seguridad energética, una agenda de oportunidades

El camino hacia una mayor seguridad energética es, entonces, un viaje de transformación que comienza en cada localidad. Implica pasar de ser meros consumidores a gestores activos, conociendo en profundidad las demandas y vulnerabilidades propias. Cada acción local cuenta. Es en esta capacidad de planificar, coordinar y anticipar donde reside el verdadero poder de los gobiernos locales para construir territorios más robustos, equitativos y preparados. 

Al final del día, fortalecer la seguridad energética no es sólo una cuestión de infraestructura, sino de garantizar el bienestar, y el futuro de cada ciudadano. Es construir ciudades resilientes, donde la energía no sea un privilegio, sino un derecho continuo y accesible para todos. Las ciudades que empiecen hoy a mapear sus vulnerabilidades, diversificar fuentes y fortalecer sus  sistemas energéticos estarán mucho mejor preparadas para garantizar un servicio confiable y justo para sus habitantes, incluso en tiempos de crisis. La seguridad energética se construye localmente, con planificación, inversión y participación ciudadana.

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Además de incrementar el consumo energético (y con él la huella de carbono), este calor extremo limita el uso de los espacios públicos y afecta la salud de niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

A esta situación se suma una vulnerabilidad geográfica y climática particular. Con una densidad de 313 habitantes por km², y más de 2.700 en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), el país enfrenta lluvias cada vez más intensas que provocan inundaciones y deslizamientos de tierra. 

“Los deslizamientos se llevan los cultivos de toda la zona. Hay que reinvertir una y otra vez, y los recursos ya son escasos”, relata Héctor Velásquez, caficultor y padre de dos niños. La impermeabilización del suelo urbano agrava el problema: el agua de lluvia no se infiltra y los riesgos se multiplican.

Una “esponja” que respira y absorbe

Frente a este doble desafío —calor extremo e inundaciones—, San Salvador adoptó la estrategia de “ciudad esponja”, que busca aumentar la cobertura vegetal y mejorar la capacidad de absorción de agua y calor. El proyecto comenzó en 2021 tras ser seleccionado en el desafío “Ciudades para Todos” del Laboratorio de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde entonces, la capital salvadoreña impulsa un cambio estructural en la forma de relacionarse con el entorno.

La iniciativa combina infraestructura verde y participación ciudadana. Con una metodología de Design Thinking, se desarrollaron módulos de vegetación en techos, fachadas, parklets y quioscos verdes, con monitoreo ambiental constante. El proyecto reúne a la Universidad Don Bosco, viveros locales, el Jardín Botánico, organismos internacionales como el PNUMA (a través de su programa CityAdapt) y al Consejo de Alcaldes del AMSS (COAMSS/OPAMSS), junto con la comunidad.

La visión de “esponja urbana” también se extendió hacia las zonas rurales: CityAdapt restauró 1.150 hectáreas de bosques y cafetales en las laderas del volcán de San Salvador. “La adaptación basada en ecosistemas es una estrategia de eficacia comprobada, tanto en ciudades como en áreas rurales”, destaca Jessica Troni, jefa de la Unidad de Adaptación al Cambio Climático del PNUMA.

Una ciudad más fresca y resiliente

El proyecto piloto muestra los siguientes resultados: 

• Reducción térmica. Los módulos de cobertura vegetal lograron reducir la temperatura interior de las edificaciones entre 10°C y 17°C, y en espacios públicos, entre 7°C y 11°C. 
• Captura de carbono. Cada metro cuadrado de módulo demostró la capacidad de capturar aproximadamente 13,6 kg de CO₂ al año, contribuyendo directamente a la mitigación del cambio climático. La cantidad equivale a lo que captura un árbol joven en varios meses.
• Gestión del agua. La estrategia de “ciudad esponja” ha fortalecido la capacidad de San Salvador para absorber las precipitaciones, lo que es vital para prevenir inundaciones y deslizamientos. La iniciativa CityAdapt ha ayudado a unas 16.000 personas a reducir el riesgo de inundaciones, con una proyección de alcanzar a 115.000 en los próximos años. 

Un aprendizaje clave, coinciden los actores involucrados, es que la colaboración interinstitucional y la participación ciudadana son esenciales para sostener una transformación ambiental duradera. “Fue muy importante la participación de las alcaldías en el diseño e implementación del proyecto piloto, pues son ellas las que tienen que dar mantenimiento y quienes replicarán estos elementos en otros espacios públicos”, destaca Alexander Chávez, especialista ambiental de COAMPS/OPAMSS. De hecho, la apropiación es tal que personas de negocios aledaños a los módulos apoyan con el riego de las plantas.

Desafíos pendientes: consolidar la transformación verde

Aunque los avances son significativos, San Salvador aún enfrenta el reto de escalar la experiencia, garantizar el mantenimiento de los módulos y actualizar los códigos de construcción, que siguen reproduciendo un modelo urbano “gris”.

Sin embargo, los resultados ya están generando nuevas medidas. La Universidad Don Bosco planea replicar los techos verdes en su campus y la OPAMSS busca incorporar el diseño en su Guía de Hábitats Urbanos Sostenibles (HAUS). También se prevé ampliar los estudios sobre retención de escorrentía, aislamiento acústico y captura de carbono.

Los organismos internacionales destacan el caso como ejemplo de cómo una ciudad puede convertir un problema crítico —el calor urbano— en una oportunidad para innovar y mejorar la vida cotidiana.

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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Cada día, más de un millón de niños y niñas almuerzan en las escuelas públicas de São Paulo. Hasta hace poco, la mayoría de esos platos contenía carne: más de 335 toneladas por semana, lo que equivalía a más de 151.000 toneladas de CO₂ al año. Era una cifra invisible pero enorme, que vinculaba la rutina de los comedores escolares con la crisis climática global.

En 2023, la ciudad decidió cambiar el menú —literalmente— y transformar la alimentación escolar en una estrategia de sostenibilidad urbana. Así nació el proyecto Menú Escolar Sostenible (Cardápio Escolar Sustentável), una política pionera que combina acción climática, salud y desarrollo local. Su meta: reducir 25% las huellas de carbono y de agua para 2030, incorporando más vegetales, productos frescos y alimentos de proximidad.

“Esto fortalece las cadenas cortas de abastecimiento, valoriza la agricultura familiar y estimula prácticas agrícolas regenerativas, orgánicas y de pequeña escala, generando impactos positivos para el clima y la comunidad”, explica a +COMUNIDAD Fernanda Lourenço de Menezes, directora de la División de Nutrición Escolar de la Coordinación de Alimentación Escolar (CODAE) de São Paulo.

Desde su implementación, el programa logró una reducción del 8% en la huella de carbono y capacitó a más de 5.000 cocineras y nutricionistas en cocina sostenible. São Paulo convirtió sus comedores escolares en un laboratorio de innovación climática y social, donde cada receta refleja un cambio de paradigma: cuidar el planeta desde el plato.

De los comedores escolares a la acción climática

+COMUNIDAD: São Paulo alimenta a cientos de miles de estudiantes. ¿Cómo se identificó el impacto ambiental y de salud generado por los menús tradicionales? ¿Qué llevó a la ciudad a transformar la alimentación escolar en un eje estratégico de sostenibilidad urbana?

Fernanda Lourenço de Menezes: El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) es una política pública esencial para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes durante el período escolar. En São Paulo, más de un millón de alumnos matriculados en unas 4.000 escuelas municipales se benefician de esta iniciativa.

La ciudad distribuía semanalmente más de 335 toneladas de carne, sirviendo alrededor de 2 millones de comidas por día en las escuelas municipales. Para medir el impacto ambiental de esta práctica, se utilizó una herramienta desarrollada por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, que calcula las huellas de carbono, hídrica y ecológica de los alimentos consumidos en el país.

Antes de adoptar medidas sostenibles, el consumo de carne en las unidades educativas generaba cerca de 151.382 toneladas de CO₂ por año. Ante estos números, São Paulo inició en 2023 la primera fase del proyecto Menú Escolar Sostenible (Cardápio Escolar Sustentável) con el objetivo de reducir gradualmente el consumo de carne y aumentar la presencia de legumbres en las comidas.

Actualmente, el consumo semanal de carne se redujo a unas 291 toneladas (vacuna, pollo, pescado y cerdo), gracias al avance hacia la segunda fase del proyecto. La meta es ambiciosa: reducir en 25% las huellas de carbono y de agua para 2030. Además de promover hábitos alimentarios más saludables y conscientes, el proyecto combate el desperdicio de alimentos y fomenta la compra de productos locales. Esto fortalece las cadenas cortas de abastecimiento, valoriza la agricultura familiar y estimula prácticas agrícolas regenerativas, orgánicas y de pequeña escala —generando impactos positivos para el clima y la comunidad.

— Desde la selección de las escuelas hasta el vínculo con los productores locales, ¿cómo se diseñó la estrategia de abastecimiento sostenible que hoy permite sustituir dos comidas semanales con carne por opciones a base de plantas?

— Para garantizar el suministro de alimentos a la Red Municipal de Enseñanza, São Paulo adopta distintos modelos de adquisición. En el contexto del proyecto Menú Escolar Sostenible, el modelo descentralizado de compras se ha destacado por ampliar la oferta de alimentos frescos y sostenibles en las unidades educativas.

En este modelo, la Secretaría Municipal de Educación transfiere recursos financieros directamente a las organizaciones de la sociedad civil, que se encargan de comprar los alimentos. La Coordinación de Alimentación Escolar (CODAE) define las directrices generales, los criterios nutricionales y sanitarios, los estándares de calidad y el esquema alimentario que orientan todo el proceso.

Además de adquirir los alimentos, estas organizaciones asociadas también gestionan completamente las comidas escolares: recepción, almacenamiento, preparación y distribución de las cinco comidas diarias que se ofrecen a bebés y niños: desayuno, colación, almuerzo, merienda y comida de la tarde.

El modelo descentralizado ofrece ventajas al permitir mayor agilidad en las compras —evitando la burocracia de los procesos públicos tradicionales— y flexibilidad en la elaboración de los menús. También posibilita la adaptación a las realidades locales de cada escuela e incentiva la compra de alimentos regionales y de temporada, fortaleciendo los circuitos cortos de abastecimiento.

Para acercar a los agricultores urbanos a las escuelas, se implementaron diversas acciones: capacitaciones sobre compra directa y requisitos del PNAE; orientaciones prácticas para identificar y relacionarse con productores locales; catálogos de proveedores; espacios de diálogo entre escuelas y agricultores; y visitas a las propiedades para conocer los métodos de cultivo.

Complementando esta estructura, la ciudad mantiene canales de comunicación directa con las unidades asociadas, brindando apoyo continuo para resolver dudas, superar desafíos logísticos y realizar ajustes operativos cuando sea necesario.

Aprendizajes, desafíos y expansión del Menú Escolar Sostenible

— Cambiar hábitos alimentarios a gran escala puede generar resistencias. ¿Qué aprendizajes dejó el proceso en relación con la comunicación, la capacitación de los equipos y la aceptación de las familias y los estudiantes?

— Sabemos que el patrón alimentario brasileño se basa en arroz y frijoles, acompañados de proteínas animales, especialmente carne vacuna. Existe una sobrevaloración de la carne en las comidas, en detrimento de otros alimentos. Este hábito representaba un desafío importante para la aceptación de comidas a base de vegetales.

Además, la mayoría de los niños no conocía ni estaba acostumbrada a consumir distintas variedades de legumbres y hortalizas. Para superar esta barrera inicial, se desarrollaron, en alianza con la Sociedad Vegetariana Brasileña, recetas sabrosas y atractivas a base de vegetales, que fueron incorporadas en los menús escolares. Las recetas y el paso a paso se presentaron en la Formación en línea del Menú Escolar Sostenible.

Desde el inicio del proyecto, se capacitó a más de 440 cocineras y nutricionistas. En 2023 se realizó una formación presencial práctica para los 450 nutricionistas de las empresas tercerizadas de alimentación escolar y de la CODAE. Ese mismo año se ofreció una formación virtual con recetas, técnicas y orientaciones sobre alimentación y sostenibilidad para más de 5.000 cocineras y nutricionistas de la red municipal.

En 2024, la formación incluyó también a las beneficiarias del Programa Operación Trabajo – Madres Guardianas de la Alimentación Escolar (GAE), con 649 participantes en encuentros que presentaron el proyecto, incluyendo charla con nutricionista y taller culinario.

Para 2025, están previstos dos encuentros de formación centrados en Plantas Alimenticias No Convencionales (PANC), brotes y aprovechamiento integral de los alimentos, dirigidos a unas 1.200 GAE. También comenzará la capacitación presencial sobre el programa y recetas a base de vegetales para todas las cocineras de las empresas tercerizadas.

— ¿Qué indicadores se utilizan para evaluar el impacto ambiental —por ejemplo, la reducción de emisiones de CO₂—, así como los beneficios nutricionales y económicos del programa?

— Utilizamos los siguientes indicadores: 

• Impacto ambiental: huellas de carbono, hídrica y ecológica.
• Beneficios nutricionales: mayor aporte de fibras, micronutrientes y polifenoles; menor consumo de grasa de origen animal y menor exposición a sustancias proinflamatorias, en consonancia con las recomendaciones de la Dieta Planetaria (EAT-Lancet, 2025).
• Beneficios económicos: no evaluados.

— ¿Cómo se financia actualmente el Menú Escolar Sostenible y qué mecanismos se están implementando para garantizar su continuidad y expansión a más escuelas?

— Los recursos financieros provienen del gobierno federal y del tesoro municipal. La implementación comenzó en agosto de 2023 con la “sopa sostenible”, elegida por ser una preparación de buena aceptación y que permite sustituir la carne sin un gran impacto para los niños.

En la primera fase, participaron 2.196 unidades asociadas, beneficiando a 308.343 alumnos. En 2024 se avanzó con la segunda fase en parte de las unidades tercerizadas, alcanzando 2.576 escuelas y beneficiando a 345.718 estudiantes, con una reducción de aproximadamente 8% en la huella de carbono.

En síntesis, el menú sostenible se está escalando gradualmente en la red, comenzando por preparaciones de fácil aceptación, mientras se fortalecen las capacitaciones de educadores y cocineras.

^{En la C40 de Buenos Aires, recibieron un premio por el Menú Escolar Sostenible el alcalde de S. Paulo, Pablo Ricardo Nunes, y funcionarias de la Coordinación de Alimentación Escolar: las nutricionistas Cláudia Lopes Macedo (directora responsable técnica) y Andrea Wang Catalani, y la coordinadora general, Maria de Fatima de Brum Cavalheiro.}

— ¿Qué aprendizajes o recomendaciones compartirían con otros gobiernos locales de América Latina que buscan avanzar hacia una alimentación escolar más sostenible, saludable y con menor huella de carbono?

— La ciudad de São Paulo se destaca por haber transformado la alimentación escolar en una estrategia de sostenibilidad, salud y fortalecimiento de la agricultura local. A través del proyecto Menú Escolar Sostenible, redujo el consumo de carne en las escuelas, priorizó ingredientes de origen vegetal y comenzó a comprar alimentos de pequeños productores, beneficiando a más de un millón de estudiantes por día.

Delegaciones de otras ciudades latinoamericanas conocieron de cerca esta iniciativa, visitaron escuelas y huertas urbanas, dialogaron con equipos intersectoriales y comenzaron a construir planes de replicación adaptados a sus realidades locales.

El programa ofrece un modelo replicable de compras públicas que cumple con objetivos climáticos, nutricionales y económicos. La experiencia refuerza la importancia de la cooperación entre ciudades para enfrentar desafíos globales como el cambio climático.
Brasil, a través del PNAE —que cumple 70 años como referencia mundial—, participa en la Coalición Internacional de Alimentación Escolar, brindando apoyo técnico a países de América Latina, Asia y África.

El equipo de la CODAE expresa orgullo por el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y por la valorización de la cultura alimentaria brasileña, especialmente al incentivar el consumo de arroz y frijoles y fortalecer las cadenas cortas de abastecimiento. Además, se pone a disposición para apoyar a otras ciudades interesadas en replicar esta idea.

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Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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