La ciudad de Córdoba, en Argentina, convive con la dualidad del río Suquía: la belleza de su cauce contiene, a la vez, un riesgo latente de crecidas repentinas. Este río de carácter serrano posee una dinámica hidrológica capaz de transformar un curso calmo en un torrente en cuestión de pocas horas. Los temporales de inicios de 2024 funcionaron como un recordatorio crítico de esta amenaza.

Aquellas lluvias evidenciaron las limitaciones del sistema de monitoreo municipal. Los anegamientos y cortes de calles estratégicas revelaron una escasez de datos hidrométricos en tiempo real y una respuesta de emergencia basada en información fragmentada. Sin un sistema de alerta temprana automatizado, la resiliencia de la infraestructura urbana quedaba vulnerable ante eventos climáticos cada vez más frecuentes y severos.

Frente a este déficit, la Municipalidad decidió abordar el problema mediante la innovación junto con BID-Lab. En 2024, a través del Laboratorio de Innovación Pública (CorLab), de la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, se lanzó Río Inteligente, un desafío de innovación abierta diseñado para sensorizar el cauce y transformar la gestión del riesgo hídrico.

Río Inteligente, un desafío que propone ir más allá

Marcela Nicolaides, directora de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Córdoba y referente del CorLab, conversó con +COMUNIDAD sobre el mecanismo detrás de esta iniciativa. “El desafío se diseñó para implementar una solución de sensorización IoT (Internet of Things), con el objetivo de fortalecer las capacidades del municipio de prevención, mitigación y respuesta ante eventualidades”, explica.

El desafío se desarrolló en el marco de un programa específico que aplicó el modelo de Compra Pública de Innovación a Emprendimientos (CPIE), una herramienta que permite al Estado impulsar soluciones que aún no existen en el mercado o que requieren instancias de co-creación.

Nicolaides indica que la ventaja central reside en la posibilidad de co-desarrollar la solución, incorporando adaptaciones durante la implementación que difícilmente se lograrían en esquemas tradicionales. 

En este camino, el desafío Río Inteligente fue pensado no sólo como una compra de hardware, sino como un proceso de validación técnica donde participaron además la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Defensa Civil. 

Finalmente, la propuesta ganadora, desarrollada por la startup cordobesa Pampa 4, representa un hito en la modernización de los servicios públicos locales, al combinar conectividad LoRaWAN con infraestructura de seguridad vial automatizada. Esta red garantiza el flujo de datos incluso si las redes celulares fallan durante una tormenta.

^{Primer sensor IoT, instalado en intersección de Ibarbalz y Costanera Norte. Imagen: Municipalidad de Córdoba.} 

Infraestructura, impacto y evidencia

La implementación del sistema Río Inteligente se desarrolló de manera progresiva entre diciembre de 2024 y octubre de 2025, y alcanzó una implementación operativa en cuatro puntos críticos de la costanera: Ibarbalz, Cantón, Avellaneda y San Vicente. “El primer punto, Ibarbalz y Costanera Norte, fue el primero en entrar en operación durante agosto de 2025, funcionando como piloto para la validación del sistema antes de su escalamiento al resto de las ubicaciones”, cuenta Nicolaides. 

Actualmente el sistema está instalado e integrado con los siguientes componentes: 

• Sensores IoT de nivel de agua en cuatro puntos críticos, con medición continua en tiempo real.
•  Barreras automatizadas, cartelería LED y sirenas, activadas de forma manual o automática según protocolos. 
• Red de comunicación LoRaWAN activa, que garantiza conectividad incluso ante fallas de red celular.
• Plataforma web municipal de uso interno para monitoreo en tiempo real, control remoto y registro de eventos. 

La referente del CorLab explica que, dado el carácter reciente de la implementación, no se reportan aún métricas cuantitativas consolidadas públicas, como pueden ser porcentajes de reducción de tiempos o cantidad de eventos gestionados. Sin embargo, el informe técnico ya permite identificar resultados verificables. Algunos de ellos son:

• Disponibilidad de datos sobre el nivel del río en puntos críticos.
• Automatización efectiva del sistema de respuesta, con activación de barreras y alertas ante umbrales definidos.
• Operación autónoma validada, incluso sin conectividad, mediante lógica local.
• Capacidad de control remoto desde el Centro de Control de Tránsito.
• Registro histórico de eventos y condiciones del sistema.

El sistema introduce una mejora estructural en los tiempos de respuesta a través de: 

• Monitoreo continuo (no episódico) del nivel del río.
• Alertas automáticas ante umbrales críticos.
• Activación automatizada de barreras con lógica local.

La funcionaria explica, además, que en modo automático el sistema puede accionar ante condiciones críticas sostenidas (por ejemplo, nivel de riesgo durante un minuto), reduciendo la dependencia de la detección manual. 

“El sistema cubre actualmente cuatro puntos estratégicos definidos por Defensa Civil, considerados críticos para la gestión del riesgo hídrico en la ciudad, con posibilidad de expansión futura gracias a la arquitectura escalable basada en LoRaWAN”, profundiza.

Sin embargo, la gestión de infraestructura tecnológica en entornos abiertos enfrenta desafíos de integridad física. “Como sucede en toda infraestructura urbana en espacio público, se han registrado episodios puntuales de vandalismo y afectaciones sobre algunos componentes, lo que ha requerido intervenciones de mantenimiento correctivo”, detalla Nicolaides. 

^{Sistema instalado en Puente Cantón. Imagen:  Municipalidad de Córdoba.}

Arquitectura técnica de la solución 

La selección de la solución se realizó mediante un proceso de Compra Pública de Innovación a Emprendimientos (CPIE), evaluando criterios como calidad técnica, viabilidad, capacidades del equipo y adecuación a los requerimientos del desafío. 

En este marco, la propuesta seleccionada –la startup PAMPA 4– se destacó por ofrecer una solución integral “end to end”, cuya implementación quedó validada en el proyecto final: 

• Arquitectura completa de IoT, automatización, software con sensores controladores, barreras, cartelería y plataforma web de uso interno integrados en un único sistema.
• Capacidad de operación autónoma, mediante lógica local en controladores que permiten actuar incluso sin conectividad.
• Infraestructura resiliente, con respaldo energético y redundancia en comunicaciones.
• Interoperabilidad, a través de APIs y compatibilidad con sistemas municipales existentes.

Lecciones y condiciones para la transferencia

La implementación de Río Inteligente deja lecciones para la gestión pública de las crisis climáticas. En palabras de Marcela Nicolaides, este proyecto permitió consolidar aprendizajes en varias dimensiones que trascienden la instalación de sensores. 

Además, expresó que no se trata sólo de un éxito tecnológico, sino de un cambio cultural en la forma en que el Estado evalúa temas complejos, como en este caso puntual el colapso de la vía y servicios públicos ante eventos climáticos extremos. En resumen, el proyecto consolida articulación institucional, gobernanza de datos para la toma de decisiones y sostenibilidad operativa y capacitación.

La experiencia de Córdoba con Río Inteligente es replicable en otras ciudades con riesgos hídricos similares, siempre que se consideren ciertas condiciones necesarias para su adaptación. El diseño modular y escalable del sistema permite incorporar nuevos sensores o extender la red a otros puntos de la ciudad de forma sencilla, pero para que otra ciudad pueda adaptar este modelo, la directora  de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Córdoba identifica los siguientes requisitos:

• Definición clara del problema público y sus requerimientos funcionales.
• Definición precisa de puntos críticos basada en evidencia.
• Existencia de un ecosistema emprendedor o tecnológico activo.
• Capacidad institucional para gestionar procesos de innovación abierta.
• Articulación entre áreas técnicas y operativas.
• Infraestructura mínima para integración tecnológica, conectividad o posibilidad de desplegarla.
• Marcos de gobernanza de datos, interoperabilidad y seguridad.

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Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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El nombre lo dice en lengua huarpe: “Guay-mayén” significa “tierra de ciénagas, vegas o bañados”. Mucho antes de que la urbanización transformara el territorio, la zona acumulaba agua por condición natural. Con el crecimiento acelerado de las últimas décadas, ese rasgo histórico se convirtió en un problema de gestión pública que ningún gobierno local había podido resolver.

Guaymallén es el departamento más poblado de Mendoza (Argentina), con más de 321.000 habitantes según el censo de 2022. Más superficie construida significó más suelo impermeabilizado y menos capacidad de absorción ante cada tormenta. Las precipitaciones mendocinas suelen ser breves, pero de alta intensidad.

La geografía hacía del departamento el punto más vulnerable del Gran Mendoza. El investigador del CONICET Alberto Vich lo explica con precisión: todos los cauces del piedemonte corren de oeste a este y su principal colector es el canal Cacique Guaymallén, que históricamente tiene menos capacidad de conducción que la suma de todos los canales que desembocan en él. Cada tormenta, la misma agua llegaba concentrada al mismo embudo. El resultado eran 50 calles y barrios anegados.

En 2019, el gobierno nacional firmó un acuerdo con el municipio para ejecutar obras de mitigación de inundaciones con una inversión de 319 millones de pesos (aproximadamente 6 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), que incluyeron el mejoramiento de la red de canales y acequias, pavimentos permeables, lagunas de retención y obras de drenaje urbano de impacto.

Ese acuerdo fue la base de lo que luego se consolidaría como el Plan de Drenaje Municipal Urbano (PMDU).

La reingeniería que cambió la lógica del drenaje urbano

El Plan de Drenaje Municipal Urbano (PMDU) no amplió el sistema existente: lo rediseñó desde su lógica. “Se hizo una reingeniería y se modificó la lógica de los drenajes urbanos para resolver un problema muy grave y estructural que tenía Guaymallén”, explicó el intendente Marcos Calvente al presentar el plan en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, en noviembre de 2024.

El cambio conceptual es el núcleo del modelo. Los sistemas de drenaje convencionales priorizan la conducción: llevar el agua lo más rápido posible hacia los cauces principales. El PMDU adoptó un enfoque opuesto, orientado a la retención y la infiltración en el origen mismo de la escorrentía. 

“Hemos sido el primer municipio del interior del país que estableció estrategias con un impacto muy fuerte, que tienen que ver con retener el flujo del agua de la lluvia in situ y generar infiltración”, señaló Calvente.

Las obras incluyeron la canalización y revestimiento de canales secundarios y terciarios, la incorporación de nuevos trazados hidráulicos y la construcción de lagunas de retención que controlan los escurrimientos desde su origen.  Además, se instalaron sensores electrónicos en los reservorios que regulan la liberación del agua según la capacidad disponible del sistema, lo que permite optimizar el rendimiento en tiempo real y evitar saturaciones en puntos críticos. 

En total, las dos etapas del plan alcanzaron 400 kilómetros de canalizaciones hidráulicas. El financiamiento provino de la Secretaría de Política e Infraestructura Hídrica de la Nación, con una inversión aproximada de 6 millones de dólares.

Los resultados frente a una temporada exigente

La temporada de lluvias 2025-2026 fue la prueba más reciente y más exigente. Las precipitaciones fueron fuertes y continuas durante varias semanas. Desde la Municipalidad de Guaymallén, afirmaron a +COMUNIDAD que “el sistema funcionó bien”: los más de 40 barrios que históricamente se anegaban no registraron ese problema.

El contraste con el resto del Gran Mendoza fue notorio. Durante uno de los temporales de febrero de 2026 que afectó a la región, los daños en Guaymallén fueron mínimos, con tres viviendas afectadas, mientras departamentos vecinos reportaban evacuados, desbordes de cauces y viviendas inundadas. Los datos acumulados desde la implementación del PMDU indican que el sistema capta más del 70% del agua de lluvia de la cuenca.

El alcance del modelo trascendió las fronteras del departamento. En Barcelona, tras la exposición en el Smart City Expo, se concretaron reuniones con alcaldes de América Latina y Europa interesados en el plan de drenaje urbano de Guaymallén, en un contexto marcado por las inundaciones de Valencia, que habían instalado la gestión hídrica en el centro del debate internacional.

El Acceso Este: la barrera que el municipio no puede resolver solo

Los logros del PMDU tienen una excepción geográfica precisa. La zona sur del departamento, a la altura de un reconocido centro comercial, sigue siendo vulnerable. La causa es estructural y, según entienden desde el gobierno local, excede a la competencia municipal.

El Acceso Este —la ex ruta nacional 7— actúa como una barrera física que interrumpe el escurrimiento norte-sur del departamento. “Además de cortar la integración norte-sur, funciona como dique al drenaje de agua y se inunda la zona sur a la altura del Mendoza Shopping”, reconoció el municipio ante la consulta de +COMUNIDAD. La temporada 2025-2026 dejó imágenes de ese anegamiento en varios medios locales.

La solución depende del gobierno provincial, afirman en Guaymallén. Un proyecto en licitación contempla la ampliación a una tercera trocha, el alteo de la traza en el sector más complejo, la construcción de tres puentes nuevos, la ampliación de otros dos existentes y la mejora de los sistemas de drenaje. El costo ronda los 40 millones de dólares y se realizó una audiencia pública el 18 de marzo de 2026. Desde el municipio indicaron que, una vez ejecutadas estas obras, el sistema de drenaje urbano quedará completo en toda la extensión del departamento.

Qué necesita una ciudad para replicar este modelo

El PMDU ofrece aprendizajes concretos, pero con condiciones que no siempre están disponibles.

La primera es el financiamiento externo de escala. La inversión de 6 millones de dólares requirió un acuerdo con el gobierno nacional y un proyecto técnico que lo justificara: no era sostenible con recursos municipales propios. La segunda es el diseño basado en evidencia territorial: el sistema fue concebido a partir de un estudio detallado de las características climatológicas y morfológicas del departamento, no como solución genérica exportable sin adaptación. La tercera es la continuidad: el plan se ejecutó en etapas a lo largo de siete años, lo que exige priorización sostenida más allá de los ciclos electorales.

Hay también una advertencia técnica que el caso vuelve visible: la infraestructura vial preexistente puede neutralizar los beneficios de un plan de drenaje urbano si no se la analiza en clave hidráulica. 

El Acceso Este no fue diseñado pensando en el agua, pero opera hoy como una barrera de escurrimiento. Esa variable quedó fuera del alcance del plan municipal. Resolverla requiere la intervención de otro nivel del Estado —y en Guaymallén, esa articulación está en marcha.

Redacción +COMUNIDAD

Foto principal: Municipalidad de Guaymallén. 

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Por María Mercedes Ordoñez, coordinadora
de Ciudades de la Energía en RIL

Cuando en el verano de 2023 una ola de calor dejó sin luz durante días a miles de vecinos del conurbano bonaerense, las imágenes de comercios cerrados, hospitales colapsados y barrios enteros sin agua recorrieron Argentina. En contraposición, durante las olas de frío de los años venideros, algunas ciudades enfrentaron restricciones en el suministro de gas, lo que significó interrupciones en industrias y estaciones de GNC (gas natural comprimido) para garantizar el abastecimiento residencial. Estas situaciones tienen un denominador común: muestran cómo la seguridad energética tiene impactos profundamente locales.

La seguridad energética se define como la capacidad de un territorio para garantizar el acceso continuo, confiable y asequible a la energía que necesita su población para satisfacer sus necesidades básicas, pero también sociales, económicas y culturales. Si bien las políticas energéticas se definen a nivel nacional, son los gobiernos locales quienes gestionan muchas de las consecuencias cuando esas redes no tienen la capacidad o disponibilidad necesaria, o cuando ocurren contingencias climáticas que generan interrupciones. Y son quienes deben garantizar la prestación de servicios municipales de respuesta incluso en esas condiciones. 

La energía deja de ser una cuestión abstracta cuando el hospital municipal queda a oscuras, cuando los centros de personas mayores no pueden calefaccionarse, cuando las pymes pierden producción por no poder prender sus máquinas, cuando falta combustible en las estaciones de servicio o cuando, frente a una tormenta severa, el área de Defensa Civil no cuenta con generadores para mantener activos los servicios de comunicación. 

El rol de las ciudades

El desafío se vuelve aún más complejo en el contexto actual. Por un lado, el crecimiento urbano aumenta la demanda y tensiona sistemas eléctricos y gasíferos diseñados, en otros contextos, para ciudades con otras demandas inferiores a las actuales. Por otro lado, el cambio climático genera eventos extremos que ponen a prueba los sistemas energéticos locales: olas de calor que disparan el uso de sistemas de climatización, inviernos más fríos que lo habitual que saturan el consumo de gas, tormentas que dañan líneas eléctricas. 

Frente a este escenario, algunas ciudades empiezan a ensayar un cambio de paradigma: pasar de ser simples consumidoras de energía a convertirse en gestoras activas de su seguridad energética. Eso implica, en primer lugar, conocer su propia demanda y consumos, para poder anticipar riesgos y necesidades frente a distintos escenarios, pero también gestionar de manera eficiente los recursos energéticos. 

Conlleva, además, avanzar en la diversificación de fuentes, incorporando generación renovable distribuida como la solar fotovoltaica o el biogás, que no solo reducen emisiones de gases de efecto invernadero, sino que pueden sostener servicios críticos ante cortes en la red. 

El entramado de servicios que sostienen la ciudad

Los servicios de distribución de electricidad y gas son muchas veces dados por sentado en lo que respecta al funcionamiento de una ciudad. Solo notamos su importancia cuando  no contamos con ellos. El foco no está puesto en el servicio, sino en lo que nos permite hacer cuando funciona correctamente. Es por esto que la prevención de daños en redes y tendidos se vuelve un factor fundamental pero silencioso. 

La electricidad y el gas han cumplido roles complementarios para satisfacer las necesidades energéticas de una población. Sin embargo, también será necesario acelerar una electrificación progresiva de los usos finales, sumando más energía limpia y reforzando redes locales, para disminuir la dependencia de un único vector energético.

Este camino exige planificación e inversión, pero también coordinación. Los municipios pueden cumplir un rol articulador: tender puentes entre empresas de servicios públicos, comercios, usuarios residenciales y sectores clave como salud o educación, para alinear inversiones, regulaciones y hábitos de consumo. Incluso acciones aparentemente pequeñas —como mejorar la eficiencia energética en los edificios públicos, o instalar sistemas de respaldo en escuelas y hospitales— pueden marcar la diferencia ante una emergencia.

El caso de la localidad cordobesa de Ticino es un claro ejemplo de cómo invertir en proyectos de autoabastecimiento de energía aumentan la resiliencia de una ciudad frente a determinadas contingencias. La generación de energía a partir de biomasa obtenida de los restos de la industria manicera permitió que los 2.500 habitantes de la localidad tuvieran energía mientras 50 millones de argentinos y uruguayos vieran restringido el suministro por horas. Un pequeño destello entre tanta oscuridad. 

Cambio climático y seguridad energética

El cambio climático intensifica los desafíos de la seguridad energética, exponiendo a las comunidades a eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Las olas de calor, por ejemplo, no sólo disparan la demanda eléctrica por el uso masivo de sistemas de climatización, sino que también incrementan el riesgo de incendios domésticos debido al sobrecalentamiento de sistemas eléctricos, conexiones inseguras o el uso inadecuado de aparatos.

De manera similar, durante las olas de frío, la necesidad de calefaccionar los hogares puede llevar a la utilización de métodos peligrosos y precarios, como el uso de materiales inflamables o sistemas de calefacción improvisados, aumentando el riesgo de incendios y de intoxicación por monóxido de carbono. Estos escenarios evidencian cómo la falta de acceso a energía segura y asequible, o la dependencia de infraestructuras poco resilientes, puede tener consecuencias directas y graves para la salud y la seguridad de las personas en sus propios hogares.

Ante esta realidad, los gobiernos locales tienen un rol fundamental en educar a la ciudadanía sobre el uso seguro de la energía, promover la eficiencia energética y fomentar la adopción de sistemas de calefacción y refrigeración más seguros y sostenibles.

El municipio de Malargüe, en la provincia de Mendoza, cuya gran parte de la población no se encuentra conectada a la red de distribución de gas natural, comenzó con la distribución de briquetas construidas con restos de la poda municipal. El uso de este tipo de combustible por parte de las familias para calefacción resulta más eficiente (ya que posee mayor poder calorífico que la leña seca), una combustión menos contaminante del aire domiciliario (ya que por su densidad reducen el humo visible y los depósitos de hollín) y más seguro para su almacenamiento y manipulación.

El aporte de la planificación urbana a la seguridad energética 

La planificación urbana emerge como un gran canalizador para  integrar la seguridad energética a la escala local. Los gobiernos locales, al conocer su propia demanda y capacidad instalada, pueden anticipar riesgos y diseñar estrategias efectivas. Joaquín Rotman, coordinador de Ciudades Planificadas de RIL Argentina, señala algunos de los puntos donde la planificación urbana contribuye a la seguridad energética de una ciudad: 

• Conocer la demanda y oferta local presente y futura. Mapear el consumo energético por sector (residencial, comercial, industrial, público) y la infraestructura existente (redes de gas, subestaciones eléctricas, generación distribuida), así como tener en cuenta las proyecciones de crecimiento de la ciudad, tanto demográficas como territoriales y de usos productivos, permite anticipar nuevas necesidades energéticas y planificar la inversión en redes e infraestructura. En este punto, involucrar y alinear al sector privado e inmobiliario será clave para una gobernanza energética.
• Conocer los riesgos asociados a servicios energéticos. Mapear la localización de infraestructura energética clave, tendidos eléctricos y gasoductos. Conocer el estado y su antigüedad, sus amenazas y la expansión urbana no planificada, el arbolado urbano deteriorado, o contingencias climáticas. También las zonas propensas a cortes de suministros e identificar poblaciones vulnerables expuestas a estos riesgos. 
• Integrar los servicios energéticos al ordenamiento territorial. Incorporar criterios de eficiencia energética y resiliencia climática en el Código de Edificación, en la planificación de nuevos desarrollos urbanos y en la gestión de espacios públicos. Por ejemplo, priorizar la instalación de paneles solares en nuevas construcciones o asegurar la provisión de energía de respaldo para servicios esenciales.

El caso de Alderetes, en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, ejemplifica un caso de articulación público- privada con foco en la prevención de daños sobre la infraestructura energética a partir de la intervención urbana. 

La empresa TGN encontró en el gobierno local un aliado para adoptar medidas de contención que evitaran contingencias en la zona de los gasoductos -caños de grandes dimensiones que transporta el gas natural a alta presión enterrados y que abastecen a numerosas localidades. 

Los gasoductos construidos en las décadas de 1960 y 1980 se trazaron en zonas con poca infraestructura cercana. El objetivo era evitar su paso por áreas pobladas y reducir riesgos para la seguridad pública. Sin embargo, la densidad poblacional creció alrededor del ducto. Esto aumentó la posibilidad de asentamientos informales dentro de la franja de seguridad y de obras sin supervisión. También se registraron excavaciones, circulación de maquinaria pesada, plantaciones de árboles y estructuras fijas sobre el trazado. Todas estas intervenciones elevan el riesgo de cortes de suministro, pérdidas de presión e incluso incendios o explosiones.

A partir de este escenario, se diseñó un proyecto de ordenamiento urbano para reducir riesgos y ordenar el uso del suelo. La iniciativa consistió en construir calles paralelas a los ductos, ubicadas en los márgenes de la franja de seguridad. Estas vías funcionan como barrera física para frenar el avance de nuevas construcciones. En total, se ejecutaron 2.668 metros lineales de cordón cuneta. El proyecto disminuyó el riesgo para la población, eliminó microbasurales presentes en la traza y permitió instalar una plazoleta con fines recreativos.

La seguridad energética, una agenda de oportunidades

El camino hacia una mayor seguridad energética es, entonces, un viaje de transformación que comienza en cada localidad. Implica pasar de ser meros consumidores a gestores activos, conociendo en profundidad las demandas y vulnerabilidades propias. Cada acción local cuenta. Es en esta capacidad de planificar, coordinar y anticipar donde reside el verdadero poder de los gobiernos locales para construir territorios más robustos, equitativos y preparados. 

Al final del día, fortalecer la seguridad energética no es sólo una cuestión de infraestructura, sino de garantizar el bienestar, y el futuro de cada ciudadano. Es construir ciudades resilientes, donde la energía no sea un privilegio, sino un derecho continuo y accesible para todos. Las ciudades que empiecen hoy a mapear sus vulnerabilidades, diversificar fuentes y fortalecer sus  sistemas energéticos estarán mucho mejor preparadas para garantizar un servicio confiable y justo para sus habitantes, incluso en tiempos de crisis. La seguridad energética se construye localmente, con planificación, inversión y participación ciudadana.

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Además de incrementar el consumo energético (y con él la huella de carbono), este calor extremo limita el uso de los espacios públicos y afecta la salud de niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

A esta situación se suma una vulnerabilidad geográfica y climática particular. Con una densidad de 313 habitantes por km², y más de 2.700 en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), el país enfrenta lluvias cada vez más intensas que provocan inundaciones y deslizamientos de tierra. 

“Los deslizamientos se llevan los cultivos de toda la zona. Hay que reinvertir una y otra vez, y los recursos ya son escasos”, relata Héctor Velásquez, caficultor y padre de dos niños. La impermeabilización del suelo urbano agrava el problema: el agua de lluvia no se infiltra y los riesgos se multiplican.

Una “esponja” que respira y absorbe

Frente a este doble desafío —calor extremo e inundaciones—, San Salvador adoptó la estrategia de “ciudad esponja”, que busca aumentar la cobertura vegetal y mejorar la capacidad de absorción de agua y calor. El proyecto comenzó en 2021 tras ser seleccionado en el desafío “Ciudades para Todos” del Laboratorio de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde entonces, la capital salvadoreña impulsa un cambio estructural en la forma de relacionarse con el entorno.

La iniciativa combina infraestructura verde y participación ciudadana. Con una metodología de Design Thinking, se desarrollaron módulos de vegetación en techos, fachadas, parklets y quioscos verdes, con monitoreo ambiental constante. El proyecto reúne a la Universidad Don Bosco, viveros locales, el Jardín Botánico, organismos internacionales como el PNUMA (a través de su programa CityAdapt) y al Consejo de Alcaldes del AMSS (COAMSS/OPAMSS), junto con la comunidad.

La visión de “esponja urbana” también se extendió hacia las zonas rurales: CityAdapt restauró 1.150 hectáreas de bosques y cafetales en las laderas del volcán de San Salvador. “La adaptación basada en ecosistemas es una estrategia de eficacia comprobada, tanto en ciudades como en áreas rurales”, destaca Jessica Troni, jefa de la Unidad de Adaptación al Cambio Climático del PNUMA.

Una ciudad más fresca y resiliente

El proyecto piloto muestra los siguientes resultados: 

• Reducción térmica. Los módulos de cobertura vegetal lograron reducir la temperatura interior de las edificaciones entre 10°C y 17°C, y en espacios públicos, entre 7°C y 11°C. 
• Captura de carbono. Cada metro cuadrado de módulo demostró la capacidad de capturar aproximadamente 13,6 kg de CO₂ al año, contribuyendo directamente a la mitigación del cambio climático. La cantidad equivale a lo que captura un árbol joven en varios meses.
• Gestión del agua. La estrategia de “ciudad esponja” ha fortalecido la capacidad de San Salvador para absorber las precipitaciones, lo que es vital para prevenir inundaciones y deslizamientos. La iniciativa CityAdapt ha ayudado a unas 16.000 personas a reducir el riesgo de inundaciones, con una proyección de alcanzar a 115.000 en los próximos años. 

Un aprendizaje clave, coinciden los actores involucrados, es que la colaboración interinstitucional y la participación ciudadana son esenciales para sostener una transformación ambiental duradera. “Fue muy importante la participación de las alcaldías en el diseño e implementación del proyecto piloto, pues son ellas las que tienen que dar mantenimiento y quienes replicarán estos elementos en otros espacios públicos”, destaca Alexander Chávez, especialista ambiental de COAMPS/OPAMSS. De hecho, la apropiación es tal que personas de negocios aledaños a los módulos apoyan con el riego de las plantas.

Desafíos pendientes: consolidar la transformación verde

Aunque los avances son significativos, San Salvador aún enfrenta el reto de escalar la experiencia, garantizar el mantenimiento de los módulos y actualizar los códigos de construcción, que siguen reproduciendo un modelo urbano “gris”.

Sin embargo, los resultados ya están generando nuevas medidas. La Universidad Don Bosco planea replicar los techos verdes en su campus y la OPAMSS busca incorporar el diseño en su Guía de Hábitats Urbanos Sostenibles (HAUS). También se prevé ampliar los estudios sobre retención de escorrentía, aislamiento acústico y captura de carbono.

Los organismos internacionales destacan el caso como ejemplo de cómo una ciudad puede convertir un problema crítico —el calor urbano— en una oportunidad para innovar y mejorar la vida cotidiana.

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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Cada día, más de un millón de niños y niñas almuerzan en las escuelas públicas de São Paulo. Hasta hace poco, la mayoría de esos platos contenía carne: más de 335 toneladas por semana, lo que equivalía a más de 151.000 toneladas de CO₂ al año. Era una cifra invisible pero enorme, que vinculaba la rutina de los comedores escolares con la crisis climática global.

En 2023, la ciudad decidió cambiar el menú —literalmente— y transformar la alimentación escolar en una estrategia de sostenibilidad urbana. Así nació el proyecto Menú Escolar Sostenible (Cardápio Escolar Sustentável), una política pionera que combina acción climática, salud y desarrollo local. Su meta: reducir 25% las huellas de carbono y de agua para 2030, incorporando más vegetales, productos frescos y alimentos de proximidad.

“Esto fortalece las cadenas cortas de abastecimiento, valoriza la agricultura familiar y estimula prácticas agrícolas regenerativas, orgánicas y de pequeña escala, generando impactos positivos para el clima y la comunidad”, explica a +COMUNIDAD Fernanda Lourenço de Menezes, directora de la División de Nutrición Escolar de la Coordinación de Alimentación Escolar (CODAE) de São Paulo.

Desde su implementación, el programa logró una reducción del 8% en la huella de carbono y capacitó a más de 5.000 cocineras y nutricionistas en cocina sostenible. São Paulo convirtió sus comedores escolares en un laboratorio de innovación climática y social, donde cada receta refleja un cambio de paradigma: cuidar el planeta desde el plato.

De los comedores escolares a la acción climática

+COMUNIDAD: São Paulo alimenta a cientos de miles de estudiantes. ¿Cómo se identificó el impacto ambiental y de salud generado por los menús tradicionales? ¿Qué llevó a la ciudad a transformar la alimentación escolar en un eje estratégico de sostenibilidad urbana?

Fernanda Lourenço de Menezes: El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) es una política pública esencial para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes durante el período escolar. En São Paulo, más de un millón de alumnos matriculados en unas 4.000 escuelas municipales se benefician de esta iniciativa.

La ciudad distribuía semanalmente más de 335 toneladas de carne, sirviendo alrededor de 2 millones de comidas por día en las escuelas municipales. Para medir el impacto ambiental de esta práctica, se utilizó una herramienta desarrollada por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, que calcula las huellas de carbono, hídrica y ecológica de los alimentos consumidos en el país.

Antes de adoptar medidas sostenibles, el consumo de carne en las unidades educativas generaba cerca de 151.382 toneladas de CO₂ por año. Ante estos números, São Paulo inició en 2023 la primera fase del proyecto Menú Escolar Sostenible (Cardápio Escolar Sustentável) con el objetivo de reducir gradualmente el consumo de carne y aumentar la presencia de legumbres en las comidas.

Actualmente, el consumo semanal de carne se redujo a unas 291 toneladas (vacuna, pollo, pescado y cerdo), gracias al avance hacia la segunda fase del proyecto. La meta es ambiciosa: reducir en 25% las huellas de carbono y de agua para 2030. Además de promover hábitos alimentarios más saludables y conscientes, el proyecto combate el desperdicio de alimentos y fomenta la compra de productos locales. Esto fortalece las cadenas cortas de abastecimiento, valoriza la agricultura familiar y estimula prácticas agrícolas regenerativas, orgánicas y de pequeña escala —generando impactos positivos para el clima y la comunidad.

— Desde la selección de las escuelas hasta el vínculo con los productores locales, ¿cómo se diseñó la estrategia de abastecimiento sostenible que hoy permite sustituir dos comidas semanales con carne por opciones a base de plantas?

— Para garantizar el suministro de alimentos a la Red Municipal de Enseñanza, São Paulo adopta distintos modelos de adquisición. En el contexto del proyecto Menú Escolar Sostenible, el modelo descentralizado de compras se ha destacado por ampliar la oferta de alimentos frescos y sostenibles en las unidades educativas.

En este modelo, la Secretaría Municipal de Educación transfiere recursos financieros directamente a las organizaciones de la sociedad civil, que se encargan de comprar los alimentos. La Coordinación de Alimentación Escolar (CODAE) define las directrices generales, los criterios nutricionales y sanitarios, los estándares de calidad y el esquema alimentario que orientan todo el proceso.

Además de adquirir los alimentos, estas organizaciones asociadas también gestionan completamente las comidas escolares: recepción, almacenamiento, preparación y distribución de las cinco comidas diarias que se ofrecen a bebés y niños: desayuno, colación, almuerzo, merienda y comida de la tarde.

El modelo descentralizado ofrece ventajas al permitir mayor agilidad en las compras —evitando la burocracia de los procesos públicos tradicionales— y flexibilidad en la elaboración de los menús. También posibilita la adaptación a las realidades locales de cada escuela e incentiva la compra de alimentos regionales y de temporada, fortaleciendo los circuitos cortos de abastecimiento.

Para acercar a los agricultores urbanos a las escuelas, se implementaron diversas acciones: capacitaciones sobre compra directa y requisitos del PNAE; orientaciones prácticas para identificar y relacionarse con productores locales; catálogos de proveedores; espacios de diálogo entre escuelas y agricultores; y visitas a las propiedades para conocer los métodos de cultivo.

Complementando esta estructura, la ciudad mantiene canales de comunicación directa con las unidades asociadas, brindando apoyo continuo para resolver dudas, superar desafíos logísticos y realizar ajustes operativos cuando sea necesario.

Aprendizajes, desafíos y expansión del Menú Escolar Sostenible

— Cambiar hábitos alimentarios a gran escala puede generar resistencias. ¿Qué aprendizajes dejó el proceso en relación con la comunicación, la capacitación de los equipos y la aceptación de las familias y los estudiantes?

— Sabemos que el patrón alimentario brasileño se basa en arroz y frijoles, acompañados de proteínas animales, especialmente carne vacuna. Existe una sobrevaloración de la carne en las comidas, en detrimento de otros alimentos. Este hábito representaba un desafío importante para la aceptación de comidas a base de vegetales.

Además, la mayoría de los niños no conocía ni estaba acostumbrada a consumir distintas variedades de legumbres y hortalizas. Para superar esta barrera inicial, se desarrollaron, en alianza con la Sociedad Vegetariana Brasileña, recetas sabrosas y atractivas a base de vegetales, que fueron incorporadas en los menús escolares. Las recetas y el paso a paso se presentaron en la Formación en línea del Menú Escolar Sostenible.

Desde el inicio del proyecto, se capacitó a más de 440 cocineras y nutricionistas. En 2023 se realizó una formación presencial práctica para los 450 nutricionistas de las empresas tercerizadas de alimentación escolar y de la CODAE. Ese mismo año se ofreció una formación virtual con recetas, técnicas y orientaciones sobre alimentación y sostenibilidad para más de 5.000 cocineras y nutricionistas de la red municipal.

En 2024, la formación incluyó también a las beneficiarias del Programa Operación Trabajo – Madres Guardianas de la Alimentación Escolar (GAE), con 649 participantes en encuentros que presentaron el proyecto, incluyendo charla con nutricionista y taller culinario.

Para 2025, están previstos dos encuentros de formación centrados en Plantas Alimenticias No Convencionales (PANC), brotes y aprovechamiento integral de los alimentos, dirigidos a unas 1.200 GAE. También comenzará la capacitación presencial sobre el programa y recetas a base de vegetales para todas las cocineras de las empresas tercerizadas.

— ¿Qué indicadores se utilizan para evaluar el impacto ambiental —por ejemplo, la reducción de emisiones de CO₂—, así como los beneficios nutricionales y económicos del programa?

— Utilizamos los siguientes indicadores: 

• Impacto ambiental: huellas de carbono, hídrica y ecológica.
• Beneficios nutricionales: mayor aporte de fibras, micronutrientes y polifenoles; menor consumo de grasa de origen animal y menor exposición a sustancias proinflamatorias, en consonancia con las recomendaciones de la Dieta Planetaria (EAT-Lancet, 2025).
• Beneficios económicos: no evaluados.

— ¿Cómo se financia actualmente el Menú Escolar Sostenible y qué mecanismos se están implementando para garantizar su continuidad y expansión a más escuelas?

— Los recursos financieros provienen del gobierno federal y del tesoro municipal. La implementación comenzó en agosto de 2023 con la “sopa sostenible”, elegida por ser una preparación de buena aceptación y que permite sustituir la carne sin un gran impacto para los niños.

En la primera fase, participaron 2.196 unidades asociadas, beneficiando a 308.343 alumnos. En 2024 se avanzó con la segunda fase en parte de las unidades tercerizadas, alcanzando 2.576 escuelas y beneficiando a 345.718 estudiantes, con una reducción de aproximadamente 8% en la huella de carbono.

En síntesis, el menú sostenible se está escalando gradualmente en la red, comenzando por preparaciones de fácil aceptación, mientras se fortalecen las capacitaciones de educadores y cocineras.

^{En la C40 de Buenos Aires, recibieron un premio por el Menú Escolar Sostenible el alcalde de S. Paulo, Pablo Ricardo Nunes, y funcionarias de la Coordinación de Alimentación Escolar: las nutricionistas Cláudia Lopes Macedo (directora responsable técnica) y Andrea Wang Catalani, y la coordinadora general, Maria de Fatima de Brum Cavalheiro.}

— ¿Qué aprendizajes o recomendaciones compartirían con otros gobiernos locales de América Latina que buscan avanzar hacia una alimentación escolar más sostenible, saludable y con menor huella de carbono?

— La ciudad de São Paulo se destaca por haber transformado la alimentación escolar en una estrategia de sostenibilidad, salud y fortalecimiento de la agricultura local. A través del proyecto Menú Escolar Sostenible, redujo el consumo de carne en las escuelas, priorizó ingredientes de origen vegetal y comenzó a comprar alimentos de pequeños productores, beneficiando a más de un millón de estudiantes por día.

Delegaciones de otras ciudades latinoamericanas conocieron de cerca esta iniciativa, visitaron escuelas y huertas urbanas, dialogaron con equipos intersectoriales y comenzaron a construir planes de replicación adaptados a sus realidades locales.

El programa ofrece un modelo replicable de compras públicas que cumple con objetivos climáticos, nutricionales y económicos. La experiencia refuerza la importancia de la cooperación entre ciudades para enfrentar desafíos globales como el cambio climático.
Brasil, a través del PNAE —que cumple 70 años como referencia mundial—, participa en la Coalición Internacional de Alimentación Escolar, brindando apoyo técnico a países de América Latina, Asia y África.

El equipo de la CODAE expresa orgullo por el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y por la valorización de la cultura alimentaria brasileña, especialmente al incentivar el consumo de arroz y frijoles y fortalecer las cadenas cortas de abastecimiento. Además, se pone a disposición para apoyar a otras ciudades interesadas en replicar esta idea.

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Para revertir esa brecha, el gobierno local decidió hacer del aniversario número 130 de Renca una acción climática sin precedentes. En 2024, la comuna impulsó la Gran Reforestación Masiva, una jornada que reunió a miles de vecinos, voluntarios, empresas y organizaciones sociales para plantar más de 2.000 árboles nativos en el Parque Metropolitano Cerros de Renca. 

La jornada fue parte de un proceso sostenido iniciado en 2017, cuando la gestión local impulsó el sueño de convertir el cerro en el segundo pulmón verde de Santiago. Desde entonces, Renca ha plantado más de 80.000 árboles, con una captura estimada de 78 toneladas de CO₂ al año (aproximadamente lo que emiten entre 15 y 20 automóviles en un año). También lanzó el Plan Maestro del Agua, que reutiliza aguas industriales para su riego.

“Transformar nuestro paisaje urbano es un acto de justicia y un compromiso con nuestros vecinos”, destaca el alcalde Claudio Castro en diálogo con +COMUNIDAD. Lo que comenzó como una reforestación simbólica se consolidó como un modelo de gestión colaborativa: más de 170 alianzas público-privadas coordinadas por la Corporación La Fábrica de Renca que sostienen hoy una política ambiental de largo plazo y un compromiso colectivo con la sostenibilidad.

Una acción climática con raíces comunitarias

+COMUNIDAD: ¿Cómo y cuándo surgió la idea de transformar el aniversario número 130 de Renca en una gran acción climática y comunitaria? ¿Por qué se eligió el Parque Metropolitano Cerros de Renca para concretar esta acción?

Claudio Castro: El Parque Cerros de Renca es el sello más significativo de la comuna y el sueño es que se convierta en el segundo pulmón verde de Santiago, propio de la historia de Renca y con la comunidad como protagonista. Por ello, cada año, se ha vuelto una tradición invitar a la comunidad a hacerse parte de los proyectos de reforestación y el aniversario 130 no fue la excepción, representando una oportunidad para continuar involucrando a los vecinos en la rehabilitación ecológica de nuestros cerros, invitándolos a plantar la ladera norte del Santuario Laura Vicuña y en un acto simbólico, reforestar el camino de acceso al Cerro Colorado, con árboles de mayor tamaño que representan a las Juntas de Vecinos de los sectores aledaños al parque. 

La historia de Renca, lamentablemente, es la historia de una profunda inequidad territorial. Hemos sido una comuna que ha asumido los costos del desarrollo regional, marcada por ser una “isla de calor” y por un déficit de áreas verdes que supera con creces lo aceptable, 10 m2/hab, siendo éste el estándar de área verde recomendado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. En Renca contamos con apenas 5.79 m2 por habitante. Esta desigualdad en la infraestructura urbana, con autopistas en superficie y falta de espacios de calidad, no es solo una cifra macroeconómica, sino una vivencia cotidiana. Por eso, transformar nuestro paisaje urbano es un acto de justicia y un compromiso con nuestros vecinos para brindar más oportunidades y dignidad.

Hoy podemos afirmar que el Parque Metropolitano Cerros de Renca es el símbolo y el hito de justicia urbana y ambiental de nuestra gestión. Su consolidación es una respuesta clara a esta desigualdad, buscando convertirlo en el gran pulmón verde del sector norponiente de Santiago. En Renca entendemos que la justicia territorial también es sostenibilidad ambiental, por eso hemos plantado más de 80.000 árboles en el cerro en reforestaciones masivas y comunitarias. Para asegurar la mantención de estos árboles y mitigar la crisis hídrica, lanzamos a inicios de este año el Plan Maestro del Agua, con una inversión público-privada de 5.700 millones, que buscará la reutilización del agua de grandes empresas para el riego sostenible del cerro.

El Parque Metropolitano Cerros de Renca es la demostración palpable de que, con gestión, colaboración y visión de largo plazo, estamos transformando Renca en un modelo de progreso y equidad, haciendo que el futuro mejor esté en Renca. 

━ ¿Qué resultados concretos observan hoy, tanto en términos ambientales como sociales, y cómo se está garantizando el mantenimiento de los árboles plantados? 

━ En la actualidad se han plantado más de 80.000 árboles en el Parque Metropolitano Cerros de Renca, a través de la participación de niñas, niños y adultos. En términos ambientales, esto nos ha permitido una evidente mejora y avance en la creación de este pulmón verde y, en materia social, ha producido un fuerte compromiso de la comunidad. 

Este compromiso, ha llevado a que sean los propios vecinos, y vecinas quienes informen cuando ven árboles en mal estado, cuando identifican vandalización de los sistemas de riego y cuando entran animales en los sectores reforestados. Es muy gratificante observar cómo nuestra comunidad se ha convertido en guardianes de los árboles y como se han comprometido con la regeneración ambiental, con soluciones basadas en la naturaleza, buscando revertir la degradación de los ecosistemas generando un impacto positivo en la naturaleza en lugar de solo compensar el daño. 

El mantenimiento actual se realiza principalmente gracias al compromiso del municipio y a la incorporación de programas de compensación de emisiones en el marco de los compromisos ambientales de proyectos que se ejecutan en la comuna, lo que permiten mejorar las condiciones del Cerro en los sectores reforestados y aumentar la reforestación. Además, creemos que la cooperación público-privada es fundamental para alcanzar la meta de esta transformación ecológica; y es por esto que, a través de La Corporación Fábrica de Renca, hemos logrado acuerdos para llevar a cabo proyectos como el Plan Maestro del Agua, que nos permitirá regar los árboles de nuestro Parque Cerros de Renca. Un proyecto ícono en materia de sustentabilidad, que hará posible no solo el abastecimiento de agua sino que, además, será agua recirculada cuidando el recurso hídrico, que es tan escaso en esta época. 

Renca: gestión colaborativa y financiamiento sostenible

━ ¿Cómo se logró financiar esta iniciativa y qué consejo le darían a otros gobiernos locales sobre la financiación de este tipo de iniciativas? 

Si bien el financiamiento siempre representa un desafío, en Renca hemos buscado transformar esa dificultad en una oportunidad de innovación. Hoy contamos con una red de colaboración público-privada de más de 170 alianzas, articulada a través de la Corporación La Fábrica, que se ha consolidado como un espacio permanente de encuentro entre el municipio, empresas, fundaciones y organismos internacionales.

Gracias a este modelo, hemos logrado movilizar recursos, capacidades y conocimiento, involucrando a actores de distintos tamaños y sectores en el desarrollo de proyectos con impacto real en la comunidad. Estamos demostrando que la transformación de Renca es posible si es que la construimos entre todos.

En este camino hemos aprendido que esto no se sostiene con aportes aislados, sino que debe construirse sobre la base de confianza, transparencia y objetivos compartidos. Por eso hemos institucionalizado esta forma de trabajo a través de La Fábrica, que nos permite ordenar, proyectar y canalizar las alianzas hacia las prioridades estratégicas de la comuna, sus habitantes y de nuestros socios.

Renca es hoy un ejemplo de que, cuando existe una visión común y un marco de colaboración estable, los gobiernos locales pueden ampliar su capacidad de gestión, sostener sus estrategias en el tiempo y escalar su impacto social, ambiental y urbano. La colaboración público-privada no es solo un medio para financiar proyectos: es una herramienta para hacer ciudad en conjunto, con un compromiso compartido por el bienestar y el desarrollo sostenible de las comunidades.

━ ¿Qué pasos debería seguir una ciudad que quiera replicar la experiencia, combinando acción climática, participación vecinal y celebración ciudadana?

━ Para nosotros fue clave, cuando iniciamos nuestra administración el año 2017, identificar que el cerro era un lugar identitario y de profunda conexión para los renquinos y renquinas, y que tenía un gran potencial urbano, ambiental y patrimonial que no estaba siendo aprovechado. Lo que quisimos hacer fue convertirlo en un símbolo de la transformación ambiental que nos propusimos llevar a cabo. Entonces, lo que quiero decir es que hay que identificar oportunidades.

Como segunda cosa, creo que es clave mantener un involucramiento efectivo de la comunidad, invitándoles a participar activamente de las diferentes iniciativas. Con respecto a la acción climática, es fundamental facilitar la comprensión de las estrategias ambientales llevándolas a un idioma simple, que genere orgullo y reconocimiento por parte de los vecinos y vecinas. Y por supuesto, es fundamental entender que cada iniciativa es una oportunidad para reencontrarse, conocerse y trabajar juntos y juntas  por el futuro de Renca.

Pero también es importante generar sinergias entre los distintos actores del territorio. Las ciudades no pueden enfrentar solas los desafíos climáticos, y por eso en Renca hemos aprendido a construir soluciones colectivas: el municipio, las empresas, las universidades y fundaciones y con la comunidad. Todo esto da sentido y legitimidad a cada acción. Esa articulación nos permite transformar buenas intenciones en proyectos sostenibles y de largo plazo.

Finalmente, entendemos que cada iniciativa ambiental también debe ser una instancia de encuentro ciudadano. Las plantaciones, los festivales o las campañas de educación son oportunidades para fortalecer vínculos, reconocer el trabajo conjunto y reafirmar que el desarrollo local se construye entre todos.

━ ¿Qué rol cumplió cada uno de los actores involucrados en esta acción, enmarcada en el Plan de Cambio Climático de Renca? La Municipalidad de Renca, la Empresa CCU, la Corporación Cultiva y la Fundación Beata Laura Vicuña, entre otros.

━ Actividades de esta índole y de gran importancia para nuestra comunidad, sólo son posibles en un ambiente de máxima colaboración. Es por eso que ha sido fundamental la participación de cada uno de los actores involucrados. El Santuario Laura Vicuña fue el escenario elegido para esta actividad. El municipio asumió la coordinación general de la actividad y se pudo contar con un gran número de voluntarios que estuvieron a disposición de los vecinos y vecinas para distribuir las distintas labores. CCU aportó financiamiento, para hacer de esta reforestación una gran fiesta comunitaria, con música en vivo, animación y puntos de hidratación para los asistentes. Nuestro socio estratégico, Corporación Cultiva, con más de 15 años de experiencia reforestando los Cerros de Renca, lideró las tareas de reforestación, incorporando la educación ambiental para sensibilizar a la comunidad con el proceso de plantación y poniendo énfasis en el cuidado y mantención de cada nuevo árbol para el Parque. 

Este tipo de colaboración es el resultado de años de trabajo conjunto. Cada actor asume una parte del proceso: el municipio coordina, las empresas se comprometen y se hacen parte del desarrollo de la comuna, y las organizaciones especializadas como Cultiva aportan experiencia técnica y educación ambiental. Esa complementariedad ha sido clave para consolidar una forma de gestión más eficiente y sostenible y que además nos permita ser mucho más ambiciosos en la transformación de la comuna.

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La crisis climática, de la atmósfera a la calle, revela que la proximidad es una ventaja estratégica. La primera barrera para actuar frente a ella suele ser la distancia: la idea de que “el planeta” es algo lejano, ajeno a lo cotidiano. Sin embargo, la evidencia es contundente. Las ciudades concentran más del 70% de las emisiones globales y, en América Latina, donde el 80% de la población vive en entornos urbanos, esta vulnerabilidad es evidente: siete de cada diez ciudades ya sufren impactos climáticos que deterioran su infraestructura y su calidad de vida, según datos del BID.

La realidad es que el cambio climático es, ante todo, un problema de proximidad. No es un castigo abstracto que ocurre “allá afuera”; es una alteración directa de nuestra gestión cotidiana. Es la ola de calor que satura el sistema de salud en una ciudad con poco arbolado urbano. Una inundación recurrente en un barrio donde la planificación urbana falló. Es la crisis hídrica en una cuenca que nos obliga a repensar de manera integral su gestión.

Estos eventos ya no pueden ser considerados “shocks exógenos” o “mala suerte”. Son, de facto, determinantes cíclicos del presupuesto local. Así como la sequía de 2022/23 en Argentina generó una caída de 3 puntos del PBI nacional, según datos de la Presidencia de la Nación, la inundación local genera costos recurrentes en reconstrucción de infraestructura y asistencia social que erosionan la estabilidad fiscal del municipio.

La innovación climática como oportunidad local

Pero aquí el riesgo se convierte en oportunidad. Porque así como los procesos globales impactan de lleno sobre el territorio, es en el gobierno local donde se presenta la oportunidad concreta de incidir directamente sobre la adaptación y la mitigación. La gran ventaja de la escala municipal es que la proximidad es directamente proporcional a la capacidad de incidencia real.

Un municipio no necesita un lustro para actuar. Puede decidir sobre criterios de una licitación de transporte o un código de edificación. Esta agilidad es una oportunidad clave: permite vincular la acción climática con beneficios directos e inmediatos para la comunidad (aire más limpio, menos inundaciones, barrios más frescos).

El desafío es adoptar una perspectiva ‘glocal’: usar esta competencia local para implementar los grandes compromisos globales. Por lo tanto, los gobiernos locales retoman la centralidad como el laboratorio principal para la innovación climática y la búsqueda de soluciones. Es en esta escala donde se pueden pilotar, medir y escalar respuestas ágiles. Por ello, la colaboración en redes que comparten lecciones aprendidas y experiencias exitosas se vuelve indispensable.

Gobernar la complejidad climática: de la gestión fragmentada a la innovación institucional

Si la escala es la correcta y la urgencia es clara, el desafío de la implementación es puramente institucional. Este desafío es doble: uno interno (cómo nos organizamos) y otro externo (qué capacidades tenemos).

El primer paso es instalar la agenda climática como un eje estratégico y transversal en toda la administración, superando la gestión fragmentada. Esta visión integral permite gobernar la complejidad y evita la incoherencia administrativa, que no es solo un error de gestión, sino un pasivo fiscal y administrativo insostenible. 

Esto significa entender que las decisiones climáticas más importantes no se toman solo en la secretaría de ambiente. Ocurren en Hacienda, al migrar a luminarias LED dimerizables, reduciendo el gasto eléctrico corriente. Ocurren en Obras Públicas, al exigir eficiencia energética en edificios públicos o instalar techos solares. Estas acciones de Eficiencia Energética generan ahorros fiscales directos. Ocurren en Planificación, cuando se implementan Soluciones basadas en Naturaleza (SbN) (infraestructura verde) o se fomenta la Economía Circular (EC), que ve los residuos como una oportunidad para impulsar nuevas cadenas de valor, en lugar de un mero desecho a gestionar.

El segundo desafío es la “brecha de capacidades“, resultado de una “descentralización asimétrica” : los municipios asumieron más responsabilidades en los últimos años, pero frecuentemente sin los recursos técnicos o financieros para ejercerlas . La innovación institucional es clave para superar esta brecha. La experiencia sugiere algunos mecanismos fundamentales:

• Aprender en red. Utilizar plataformas como el Pacto Global de Alcaldes , C40 o la Red de Innovación Local (RIL), que facilitan asistencia técnica, metodologías y el intercambio de lecciones aprendidas.
• Colaborar. Impulsar alianzas público-privadas-académicas, reconociendo que el municipio necesita socios para generar datos (universidades) y escalar soluciones (sector privado).
• Medir para gestionar. Adoptar una gestión basada en evidencia, desarrollando diagnósticos (Inventarios GEI, Análisis de Riesgo) y monitoreando resultados para una toma de decisiones adaptativa, no solo reactiva.

El llamado a la acción: la eficiencia como política de Estado local

El argumento final es económico. La acción climática local no es un gasto suntuario; es la inversión más eficiente que un municipio puede hacer. Gestionar el ‘riesgo’ se ha convertido en el paradigma de la administración pública moderna. Este enfoque supera al modelo reactivo de la ‘emergencia’ y se consolida como la estrategia más eficiente para proteger los recursos públicos.

La eficiencia es doble. En adaptación, cada peso invertido en resiliencia temprana ahorra entre cuatro y siete pesos en respuesta a desastres (Banco Mundial, 2019). En mitigación, la Economía Circular genera nuevas oportunidades económicas  y de negocios; la eficiencia energética reduce costos operativos directos; y la generación descentralizada crea nueva infraestructura de valor. Todo esto reduce costos, crea empleos verdes y recorta las emisiones de GEI.

El llamado a la acción es directo a los gestores locales. La crisis climática no es un problema del futuro ni de jurisdicción ajena. Es el desafío central de la gestión pública del siglo XXI. Empezar, se empieza hoy, midiendo el territorio, rompiendo los silos de la administración y reconociendo que cada decisión presupuestaria —desde la recolección de residuos hasta el permiso de obra— no es solo una decisión económica, sino también una decisión climática.

(*) Sebastián Melchor es consultor independiente, exsubsecretario de Ambiente de la Provincia de Mendoza y cofounder de Sustenta Lab.

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datos

Por Agustina Randazzo, Jimena Álvarez (RIL),
Sarah Farooqi y Arielle Diamond (DIAL)

Las ciudades de América Latina y el Caribe representan más del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, según datos de la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este fenómeno se debe a la rápida urbanización, que ha provocado una expansión descontrolada del transporte, la industria y la deforestación. Además, estas ciudades albergan a más del 80 % de la población regional, lo que las convierte en puntos clave para implementar soluciones eficaces para hacer frente al cambio climático. 

Sin embargo, el reto es aún mayor. Las ciudades están cada vez más expuestas a fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías, que afectan a millones de personas. 

En este contexto, la Red Innovación Local (RIL), que trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos locales de toda América Latina, se unió a la Red de Aprendizaje Conjunto sobre Datos Climáticos (JLN) y ha aportado ideas clave a su investigación consultiva. Convocada por Digital Impact Alliance (DIAL), la JLN reúne a diversas organizaciones comprometidas con el avance del uso de datos para la acción climática.

DIAL y RIL trabajarán  juntos a través de la JLN de datos climáticos, en colaboración con otros 23 socios y con ciudades de todo el mundo, para explorar los retos y oportunidades únicos a los que se enfrentan las zonas urbanas en sus esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Los gobiernos municipales se enfrentan a retos a la hora de aprovechar los datos para elaborar planes de acción climática

A través de una investigación realizada el año pasado, clasificamos los obstáculos para desbloquear el uso de data para la acción climática en cuatro categorías: datos, confianza, finanzas y capacidad. ¿Cómo se traduce esto para los gobiernos subnacionales?

• Datos

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los gobiernos locales es la falta de información sistematizada y de alta calidad que permita tomar decisiones basadas en datos empíricos. Aunque los datos pueden existir, a menudo están dispersos, son demasiado técnicos o están desactualizados, lo que dificulta convertir la información en conocimientos claros y accesibles que sirvan de guía para las decisiones sobre los servicios públicos, el transporte o la gestión de las infraestructuras. 

• Finanzas

Al mismo tiempo, los presupuestos limitados y las barreras para acceder a la financiación climática a menudo dificultan la implementación de acciones concretas. Especialmente en las ciudades latinoamericanas, que se enfrentan a una amplia gama de retos urgentes a diario. Del mismo modo, estos retos relacionados con las finanzas hacen que los gobiernos subnacionales a menudo no dispongan de los presupuestos necesarios para acceder a las últimas tecnologías o adquirir conjuntos de datos útiles que puedan impulsar soluciones innovadoras.

• Capacidad

Muchos equipos técnicos y responsables de la toma de decisiones siguen careciendo de las herramientas necesarias para comprender cómo la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación están afectando a la vida cotidiana en sus territorios. Integrar esta perspectiva en la gestión pública no es un lujo, sino una necesidad urgente. Para ello se requiere personal capacitado para analizar e interpretar datos, acceso constante a Internet de alta velocidad y, en última instancia, una cultura ágil de toma de decisiones basada en datos.

• Confianza

Cuando se trabaja con datos, la confianza es esencial. Para romper los silos de datos se necesitan marcos sólidos de privacidad y gobernanza de los datos que protejan a los propietarios de los datos e inspiren confianza entre los usuarios. Muchos países carecen de los marcos normativos necesarios para regular los datos y, cuando estos marcos existen, a los municipios más pequeños les puede resultar complicado sortear las diversas barreras legales y técnicas necesarias para minimizar los riesgos al compartir y acceder a los datos. 

El año pasado, exploramos el potencial de nuevos e innovadores modelos de gobernanza y financiación de datos para ofrecer soluciones a estos retos. Superando estos obstáculos, podemos crear un mundo en el que más departamentos gubernamentales tengan acceso a datos de alta calidad y relevantes para el clima, necesarios para informar sus planes de acción climática.

Pueden acceder a los artículos destacados de Climate Data JLN sobre fideicomisos de datos, redes de transacciones abiertas, espacios de datos y datos abiertos.

Los gobiernos locales pueden allanar el camino hacia una resiliencia y adaptación climáticas centradas en las personas

Lejos de ser meros ejecutores de políticas nacionales, los gobiernos locales son cada vez más reconocidos como actores estratégicos en la lucha contra la crisis climática. Iniciativas como el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas y las plataformas CitiesWithNature y RegionsWithNature están situando las acciones urbanas y subnacionales en el centro de las estrategias medioambientales globales. 

Cada vez se reconoce más que los gobiernos locales se encuentran en una posición única para conectar a las personas con la naturaleza, fomentar la innovación y obtener resultados concretos, siempre que tengan acceso a los datos, las capacidades y las alianzas adecuadas.

Ciudades de todo el mundo ya están liderando el desarrollo de estrategias a largo plazo para construir sociedades resilientes al clima. Este es el caso de Cali, Colombia, que se ha convertido en líder en biodiversidad urbana y participación comunitaria en América Latina. La ciudad promueve diversas iniciativas que integran la conservación de la naturaleza con el desarrollo sostenible, desde la mejora de los espacios verdes urbanos hasta la elaboración de directrices para la construcción sostenible. 

Muchas de estas iniciativas están financiadas por el Fondo Cali, un mecanismo multilateral diseñado para compartir de forma equitativa los beneficios derivados del uso de datos. Creado durante la celebración de la COP16 en Cali en 2024, el Fondo exige a las empresas que hacen uso comercial de los datos de secuenciación genética de los recursos naturales en sectores como la cosmética, la agricultura y la biotecnología que contribuyan con una parte de sus ingresos para apoyar los esfuerzos de conservación. 

Modelos de financiación innovadores como este demuestran cómo los datos abiertos, cuando se aprovechan de forma equitativa, pueden generar un apoyo financiero sostenido para la conservación y la resiliencia climática.

Del mismo modo, la ciudad de Mendoza, en Argentina, está integrando la biodiversidad urbana como un componente esencial de su gestión local. La ciudad ha creado islas de biodiversidad, bosques de bolsillo e iniciativas de ciencia ciudadana para transformar el territorio urbano en un entorno más resiliente y sostenible. Mendoza también está buscando modelos de financiación innovadores a través de bonos verdes, que apoyan el desarrollo de proyectos sostenibles.

Estos avances abren una ventana de oportunidad única: pasar de proyectos piloto aislados a transformaciones sistémicas, en las que la acción climática, la conservación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación se integren plenamente en la planificación local, la elaboración de presupuestos y la gestión cotidiana. Las ciudades que adoptan este paradigma están demostrando que la transformación no solo es posible, sino que ya está ocurriendo. 

El reto está en ampliar y acelerar estas iniciativas para que más ciudades puedan sumarse a este cambio con el apoyo, los datos y los recursos que necesitan

A medida que Climate Data JLN continúa su investigación colaborativa, nos entusiasma ampliar nuestro trabajo directamente con las ciudades. Al asociarnos con estas ciudades, todas ellas con geografías, contextos culturales y necesidades diversas, esperamos poder aprender lecciones que luego podamos ampliar.

Estamos muy agradecidos de contar con las siguientes ciudades como colaboradoras:

• Despeñaderos, Argentina.
• Freetown, Sierra Leona.
• Condado de Nairobi, Kenia.

Al trabajar más directamente con los gobiernos municipales, estableceremos conexiones entre las necesidades de datos y las soluciones de datos, poniendo a prueba modelos de gobernanza de datos en entornos reales. Este trabajo tendrá dos vertientes: en primer lugar, trabajar con las ciudades para comprender sus ecosistemas existentes, sus necesidades específicas de datos y sus casos de uso prioritarios. Y, a continuación, profundizar en los casos de uso comunes de los datos climáticos en las ciudades para descubrir información útil.

Esperamos seguir trabajando en las propuestas de todo el año, que incluirá mesas redondas con presentaciones de cada una de nuestras ciudades asociadas y un informe final de investigación con los resultados compartidos en la COP30 en Brasil.}

(*) Este artículo fue coescrito entre RIL y DIAL. Participaron Agustina Randazzo, vicedirectora de Aceleración en RIL Argentina; Jimena Álvarez, coordinadora del programa Ciudades de la Biodiversidad en RIL Argentina; Saraah Farooqi, Product Owner en DIAL; y Arielle Diamond, Senior Communications Manager en DIAL. Puedes encontrar la versión en inglés del artículo aquí.

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¿Qué nos están diciendo los eventos extremos recientes, como las inundaciones en Bahía Blanca, sobre el riesgo climático que enfrentan las ciudades? Esta es una de las preguntas que abordamos en el nuevo episodio de CIUDADES, donde entrevistamos a María Cintia Piccolo, doctora en Oceanografía y licenciada en Ciencias Meteorológicas. 

Piccolo, reconocida por su trayectoria en el estudio de la interacción mar-atmósfera y su impacto en los ecosistemas, explica por qué fenómenos como las lluvias intensas afectan de manera desigual a distintas ciudades. El factor clave, asegura, está en la planificación urbana, la comunicación entre gobiernos y ciudadanía, y la inversión en infraestructura adecuada.

“Todo lugar tiene partes débiles”, señala Piccolo, en referencia a zonas particularmente vulnerables como valles de ríos o áreas costeras. Identificar estos sectores, agrega, es fundamental para reducir el impacto de los eventos extremos como los que sufrió Bahía Blanca en marzo de 2025, ciudad en la que reside. 

A lo largo de la conversación, analizamos por qué algunas ciudades del mundo —como Copenhague, Berlín o Canberra, según sus ejemplos— lograron fortalecer su resiliencia frente a eventos extremos, y qué aprendizajes podrían adaptarse, incluso a pequeña escala, en América Latina. ¿Una pista? Pensar en clave de ciudades inteligentes. 

En Argentina, aunque con desafíos importantes, algunas ciudades –menciona– ya comenzaron a trabajar en identificar vulnerabilidades, dialogar con sus comunidades y llevar adelante obras de mitigación.

El rol de la ciudadanía en la gestión del riesgo

Además de la acción estatal, la entrevista invita a reflexionar sobre el rol de las personas y las comunidades. “Si la comunidad está educada, se van a poder mejorar las consecuencias que dejan los eventos extremos”, afirma Piccolo.

Entender los niveles de alerta meteorológica —amarillo, naranja, rojo—, preparar los hogares ante inundaciones o tormentas, y actuar de manera preventiva frente a olas de frío o de calor son algunas de las acciones que pueden marcar la diferencia.

La especialista también subraya la relevancia de los humedales, las costas y los espacios verdes urbanos en la gestión del riesgo. Además de ayudar a absorber el agua en caso de lluvias intensas o a frenar la erosión, estos ecosistemas funcionan como sumideros naturales de carbono. Por ende, contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático. 

En estudios recientes, indica, se ha comprobado que las marismas costeras tienen un alto potencial para absorber dióxido de carbono, aunque todavía falta mayor investigación y protección de estos espacios, especialmente en países como Argentina.

El episodio cierra con una mirada a largo plazo: cómo imaginar ciudades más preparadas para convivir con la variabilidad climática. Piccolo comparte su receta, que incluye infraestructura resiliente, energía limpia, acceso equitativo a la tecnología y una cultura de prevención basada en la educación.

Para profundizar sobre la gestión del riesgo, la resiliencia urbana y el rol de la ciudadanía ante eventos climáticos extremos, escuchá el episodio completo de la nueva entrega de CIUDADES. Una conversación que invita a reflexionar sobre las vulnerabilidades de nuestras ciudades, las oportunidades de acción local y la necesidad de construir comunidades más preparadas y sostenibles.

Sobre María Cintia Piccolo

María Cintia Piccolo es doctora en Oceanografía por la Universidad de Old Dominion (Estados Unidos) y licenciada en Ciencias Meteorológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se especializa en la variabilidad climática y su impacto en ecosistemas urbanos, marinos y continentales. A lo largo de su trayectoria, dirigió más de 30 tesis doctorales y publicó cerca de 200 artículos científicos. Fue directora del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y actualmente continúa trabajando en proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y el CONICET.

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Potenciar la igualdad de género en un contexto de crisis climática es uno de los mayores desafíos mundiales del siglo XXI. A partir de esta premisa surgió Mujeres Resilientes, un programa que promueve la inclusión financiera a través del empleo verde en la ciudad de Despeñaderos (Córdoba, Argentina). Implementado por la Municipalidad, impulsa el desarrollo de habilidades para permitir que mujeres de la localidad puedan acceder a nuevas oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida.

Premiada internacionalmente por combinar la lucha contra la violencia de género con el desarrollo económico y la reparación del ambiente, esta iniciativa de 2022 reconoce la contribución de las mujeres a la mitigación y adaptación al cambio climático. Sus principales objetivos son promover la seguridad, la independencia y el empoderamiento de las mujeres de Despeñaderos a través de empleos verdes y formarlas en el oficio del reciclado, el diseño industrial y la reutilización de materiales plásticos.

Gisela Acosta, coordinadora de Punto Mujer Despeñaderos, y Carla Zarate, colaboradora y miembro del equipo conversaron con +COMUNIDAD sobre cómo surgió esta iniciativa y cuáles son los aspectos más innovadores de este espacio local. Sustentabilidad, educación financiera, violencia de género y formación junto a la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) son, en palabras de Acosta y Zárate, los criterios y factores que vuelven “especial” la experiencia de Mujeres Resilientes. 

Mujeres resilientes en Despeñaderos

━ ¿Cómo surgió el programa Mujeres Resilientes? 

━ El proyecto surge con la necesidad e intencionalidad del trabajo en conjunto con el área de ambiente, desarrollo social y el Punto Mujer. En la primera fase se cuestionó la situación de género, ambiental y objetivos de desarrollo sustentable promovidos por la Agenda 2030 y políticas de erradicación y prevención de violencia de género  a nivel local. Otra fase fue la búsqueda de promotores de dicho proyecto. De esta manera, se contó con ayuda de los Ministerios de la Provincia de Córdoba y de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. También se realizaron las capacitaciones pertinentes a las mujeres pertenecientes al Punto Mujer, que serían quienes llevaron a cabo el producto a comercializar. Finalmente se buscaron comerciantes dispuestos a comprar el producto para así concluir con lo propuesto.

━  De su creación a la fecha, ¿cómo ha sido la respuesta de la población?

━ El programa fue pensado con la proyección de ser expandido al mercado y fomentar el emprendedurismo, una herramienta que permite empoderar e independizar a las mujeres. De esta manera atendemos la realidad del 100 % de las mujeres que han pasado por el Punto Mujer solicitando asistencia por diversas cuestiones de violencia de género. Más del 80% de ellas no tiene empleo o cuenta con empleo precarizado, ni tampoco formación educacional, dado que es muy poca la cantidad de mujeres que cuentan con nivel primario y secundario. Y mucho menos un nivel superior. Esto genera una dependencia económica, que hace que vuelvan al hogar. Por eso, atentos a esta realidad que afecta a las mujeres, es que surge esta propuesta enmarcada en los objetivos de ODS 2030 y nuestra política de reciclado en la localidad.

La clave para inspirar personas resilientes

━  ¿Qué significó este programa para las mujeres que han participado? 

━  Al trabajar con algunas mujeres que viven en zona rural, ellas aportaron el material silobolsa que no utilizan en el campo, rescatándolo y dándole un valor. Esto genera el resultado esperado de convertir un desecho en un producto, es decir, de reutilizar algo que de otra manera se iba a desechar. En cuanto al impacto más importante que se logró fue en base al asombro y  descubrimiento de las personas. El hecho de ver lo que se puede generar a partir de plásticos, promoviendo una mayor concientización en cuanto al cuidado del medio ambiente. Las emprendedoras generaron un producto específico, un bolso matero realizado con silobolsa para la facultad de agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

━   ¿Cuál consideran que es el aspecto más “innovador” del programa?

━  Entender la sustentabilidad como un proceso que tiene el objetivo de encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los recursos naturales. Procurando y planeando concienzudamente el consumo de los mismos para garantizar su existencia en las generaciones futuras. La educación financiera la entendemos como una estrategia de inclusión fundamental, fortaleciendo las capacidades financieras y asegurando, a través de la promoción, un mayor acceso a los productos y servicios financieros especialmente de aquellas personas usuarias pertenecientes a grupos sociales vulnerados. 

Finalmente otro criterio de gran valor en la experiencia es la contribución a la erradicación de la violencia de género. Esto a través de la generación de independencia económica y autonomía que promueve el proyecto, empoderando a las mujeres para que puedan contar con recursos que contribuyan a la prevención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo. La edición de marzo se publica en el marco del Mes de la Mujer. 

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Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD basada en fotos del Programa Mujeres Resilientes.

Redacción +COMUNIDAD.

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