Una ley histórica aprobada en 2024 por la Unión Europea (UE) acuerda un enfoque de dos niveles. Por un lado, exige transparencia para todos los modelos de IA de uso general como Chat GPT (que tienen modelos cerrados). Por otro, requisitos más estrictos para aquellos más críticos como la provisión de agua, electricidad y gas, dispositivos médicos, sistemas para determinar el acceso a instituciones educativas o utilizados en controles de fronteras, la administración de justicia y los procesos democráticos. 

Dice también esta ley que se prohibirán los sistemas de reconocimiento de emociones en ámbitos laborales e instituciones educativas y la categorización biométrica para conocer datos sensibles como la orientación sexual o las creencias políticas o religiosas. Además, establece la prohibición de  sistemas de IA que amenacen derechos fundamentales, que “manipulen el comportamiento humano” para eludir el libre albedrío o que permiten el social scoring. Esto significa sistemas que puntúan a las personas basándose en su sexo, salud, comportamiento social o en sus preferencias. Las principales empresas que están detrás de los modelos actuales de IA dicen que acatarán la ley, aunque pidieron efusivamente que su aplicación “no suponga un freno para su desarrollo”. 

El panorama en Latinoamérica

La IA en Latinoamérica presenta un gran potencial para transformar los sectores de salud y educación. En salud, la IA puede mejorar diagnósticos y gestión hospitalaria, mejorando así la calidad de vida y personalizando su atención médica. Pero a su vez surgen interrogantes sobre la responsabilidad y privacidad de los datos. Por poner un ejemplo cercano: en Brasil, el cáncer de mama representa casi el 30% de todos los tipos de cáncer y cerca del 40% de las pacientes sólo reciben el diagnóstico en las fases avanzadas de la enfermedad. En este sentido, ya existen iniciativas prometedoras que podrían implementarse. Una es el sistema ÁGUEDA, basado en IA, para la detección temprana del cáncer de mama en dicho país.

Respecto a la educación a nivel global, en 2024 el gran modelo de lenguaje GPT-4o de la empresa OpenAI demostró cómo podría impactar la IA en ese ámbito. Salman Khan, fundador de Khan Academy, el sitio de aprendizaje online gratuito y multilingüe, junto con uno de sus hijos, realizó una demostración de cómo podría asistir por voz el aprendizaje de conceptos trigonométricos. A nivel local, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina inició el año pasado una serie de reuniones para conocer la opinión de expertos en IA. Allí se plantearon preocupaciones sobre su impacto en el empleo, la privacidad, la desigualdad y el medio ambiente. 

Sin embargo, la región debe legislar sobre tecnologías de vanguardia mientras enfrenta brechas digitales históricas. Tiene la oportunidad de crear un marco legal innovador, pero debe hacerlo con rapidez y prudencia. Es evidente que se requiere encontrar un equilibrio entre fomentar la innovación y proteger los derechos fundamentales.

En Argentina, ya se presentaron al menos siete proyectos de ley para regularla. Uno de los proyectos consiste en una “Ley de Regulación y Uso de la Inteligencia Artificial en la Educación”. Busca proteger la privacidad de los estudiantes, asegurar que todos tengan las mismas oportunidades y que los sistemas de IA sean transparentes y efectivos. Además, se busca evitar sesgos y garantizar que la tecnología complemente, y no reemplace, la interacción humana en el proceso educativo.

IA con impacto social

Mientras tanto, entre argumentaciones sobre regulaciones y amenazas, poco se sabe que estas tecnologías están siendo utilizadas también por emprendedores sociales que buscan potenciar su impacto social. Desde Ashoka mapeamos 34 iniciativas (hasta septiembre de 2024), provenientes de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, Colombia y México. Y las reunimos para ​crear la primera Comunidad de Emprendedores Sociales que utilizan IA para profundizar su impacto. 

Esta comunidad tiene un 50 % de participantes mujeres. El 26% de los proyectos se dedica a promover el desarrollo económico; el 20% a la participación ciudadana y el 15% a Educación. Salud y medio ambiente, un 7% cada uno. En cuanto a su composición, el 46% de las iniciativas tienen equipos técnicos in house. Un 30% lo hacen de manera externa y un 25% no tienen. Entre los desafíos más importantes, se encuentran el desarrollo de sistemas de aprendizaje automático y análisis de datos, procesamiento de lenguaje natural y los desarrollos y perfeccionamiento de los sistemas de recomendación. 

Bastan algunos ejemplos para dimensionar el impacto de estas iniciativas. Una es Diagui, un asistente que busca acompañar, de manera personalizada y en el momento en que lo necesitan, a las personas de más de 45 años que se encuentran en un procesos de reinvención y búsqueda laboral. 

Otra es Hunko, que desarrolló recorridos de aprendizaje corporativos personalizados y adaptados a las necesidades de cualquier persona, buscando la innovación y la eficiencia. Por otra parte, en el Estado, el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), busca detectar y relevar nuevos barrios populares, utilizando modelos de visión por computadora entrenados con datos de acceso públicos. Además, Humai trabaja por la IA por el bien común en Latinoamérica ofreciendo educación especializada y accesible.

En medio de la confusión, el desconcierto y el temor, desde Ashoka creemos en el poder de la tecnología usada para el bien común. Queremos que los emprendedores sociales acerquen sus perspectivas a las industrias, a los ecosistemas en los que intentan incidir. Creemos que ellos y ellas son quienes más entienden a la sociedad y sus problemas. Y que sus miradas amplían derechos, descubren mercados y aportan, siempre, un gran valor.  

(*) Esta nota fue publicada originalmente el 20 de septiembre de 2024 en Ashoka Cono Sur. Esta nueva versión fue editada por +COMUNIDAD y es republicada por una alianza entre ambas organizaciones.

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La ciudad hoy exhibe avances en torno a la valorización de espacios verdes, la creación de nuevos circuitos de recolección de residuos, la apertura de mecanismos de participación comunitaria y sensibilización institucional, entre otros resultados. Según la planificación establecida, una vez que finalice 2023 se habrán materializado más progresos. 

Todo comenzó con un diagnóstico del área central desarrollado por la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC). Allí, un grupo de especialistas detectó problemáticas, reconoció posibilidades y ofreció alternativas sobre distintas temáticas relacionadas a la mejora del espacio público. Con ese análisis, la Municipalidad inició el proyecto “Respira Córdoba” para “recuperar el centro a nivel histórico, patrimonial y paisajístico para el uso de todos los vecinos y personas que transiten el área”. 

Una vez seleccionado, el proyecto transitó una fase de “training” durante un año para revisar y ajustar los objetivos y resultados según las metodologías de la Unión Europea. Así, en 2021 se anunció la subvención del proyecto por más de 3,1 millones de euros para las intervenciones en el centro histórico y el barrio de Alberdi. 

Múltiples intervenciones

El objetivo general del proyecto es, durante dos años, “contribuir a la ecologización de Córdoba, promoviendo la gobernanza multisectorial en la gestión urbana”. Entre los objetivos específicos, se encuentra la revitalización y dinamización del centro en sus espacios públicos y patrimonio histórico-cultural. También se menciona el mejoramiento de la calidad ambiental y la promoción de la economía circular. 

“Esto representa una nueva manera de gestionar lo público y concebir los espacios para que estén pensados para el ciudadano”, resumió a +COMUNIDAD Alejandra Torres, secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de Córdoba. 

Para evaluar el impacto de las propuestas en implementación y las futuras, la Municipalidad realizó a comienzos de la gestión del proyecto una encuesta de opinión dirigida a las personas que transitan con frecuencia el área central. A fines de 2023 habrá un nuevo relevamiento y un análisis comparativo entre ambas instancias. 

Entre los resultados obtenidos en el primer plazo, la Municipalidad destacó: 

• Cambio de modalidad de trabajo en la Dirección de Turismo, que comenzó a confeccionar circuitos bajo un nuevo paradigma que prioriza la accesibilidad y la inclusión.
• Establecimiento de nuevos circuitos de recolección de residuos sólidos urbanos, creando nuevos espacios y modalidades para la tarea. 
• Participación ciudadana: numerosos encuentros entre la sociedad civil y diferentes áreas del municipio para conocer propuestas y escuchar sugerencias. 
• Implementación de más metros cuadrados de espacios con microintervenciones que “tienen impacto en la concientización de una ciudad más verde y el efecto psicológico que genera”. 

El valor de la cooperación internacional

El proyecto “Respira Córdoba” se alinea con su Plan de Metas, elaborado en 2020, sobre los ejes que apuntan hacia una “ciudad atractiva, planificada, sostenible, de oportunidades e inclusiva”. Una vez finalizado el proceso, el gobierno espera –entre otras actividades– haber incorporado más “sumideros de carbono”, como terrazas y muros verdes; haber fortalecido la gestión de recuperadores urbanos en el centro; haber desarrollado nuevos circuitos de reutilización y reciclaje; y haber formado a emprendedores bajo principios de economía circular. 

Además del financiamiento de la Unión Europea, la Municipalidad contó con otro tipo de asistencia internacional. El Ayuntamiento de Córdoba (España) fue co-solicitante del proyecto y aportó asistencia técnica, comunicacional y presupuestaria. El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), por su parte, actuó como aliado extranjero. 

“La cooperación internacional desempeña un papel fundamental en la elaboración y gestión de proyectos de gran envergadura, como es el caso de Respira Córdoba. Su objetivo principal es promover intercambios socioeconómicos, culturales, ideológicos y políticos con el fin de fortalecer los lazos de cooperación en el ámbito internacional”, destacó Alejandra Torres. 

El proyecto también recibió distinciones en certámenes internacionales. En 2022, fue finalista del concurso “Premios Verdes”, que cada año premia, da visibilidad y crea redes entre más de 2500 iniciativas sociales y ambientales .

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^{Imagen principal: Plaza San Martín. Fuente: Municipalidad de Córdoba.}
Redacción +COMUNIDAD

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