Por Natalia Aquino,
Ciudades Circulares en RIL

La foto inicial

Es un día cualquiera de la semana —vaya a saber de qué mes—, allá por 2018.
El trazado de coordenadas nos ubica en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 

En la calle Pilcomayo, a unos cinco o seis kilómetros del centro, un grupo de personas trabaja subido a una montaña de residuos. Es su jornada laboral. Circula algún mate bien dulce y alguna palabra, no muchas: la tarea exige estar alerta para cuando llegue el camión, abrir bolsas, inspeccionar, seleccionar y rescatar el mejor material posible. De esa agilidad y astucia depende “el mango” que cada uno lleve a su casa. Es un desafío individual.

Entre esas personas, alguien más colabora en la tarea, pero su objetivo es otro. No está ahí para llevarse un botín: busca conocer, de cerca y desde la voz de los protagonistas, cómo es el oficio de cartonero. Sabe que hay algo en ese proceso que no está del todo bien y entiende que el tiempo —y un cúmulo de decisiones y convicciones— lo colocaron en el lugar y en el momento justo para impulsar un cambio.

Federico Ignaszewski, profesor de Historia, militante político y subgerente del Ente Municipal de Saneamiento Urbano de Santa Rosa, cuenta que es necesario conocer a los cartoneros, a los recicladores, porque desde el municipio no piensan el ambiente en abstracto, sino a partir de sus actores.

“Para nosotros, el actor fundamental del trabajo ambiental son los cartoneros. Nosotros llegamos a trabajar con lo ambiental a través de ellos, y no al revés”, dice. Más adelante agregará que por eso hablan de gestión integral de residuos sólidos urbanos con inclusión social.

Hubo una experiencia previa

Algunos años antes de esta escena, una gestión había intentado organizar la recolección diferenciada y la separación de residuos. Ya existía el relleno sanitario y existían también los cartoneros y cartoneras que, subidos a la montaña, hacían de esa tarea su changa diaria.

Se levantó un galpón, se compró una cinta transportadora, se hicieron inversiones importantes. Pero un incendio destruyó la estructura y cortó de cuajo todo el proceso, echando por tierra ese trabajo.

El fuego arrasó con la maquinaria y también con la incipiente idea de que era posible una gestión diferente de los residuos.

El humo y las cenizas esparcieron, además, una creencia desalentadora: que no servía para nada separar los residuos.
Los cartoneros y cartoneras, entonces, volvieron a subir a la montaña.

El trasfondo de la política social

Llega 2019 y, con un nuevo cambio de gestión, se crea la Dirección de Economía Popular en el municipio de Santa Rosa. Su tarea: trabajar con los sectores de la producción y la economía no alcanzados por los circuitos tradicionales —como la industria o el comercio local—. Se impulsaron programas y acciones dirigidas a vendedores ambulantes, artesanas, cadetes y otros trabajadores. En algunos casos, con la intención de formalizar esos sectores; pero, sobre todo, para dignificar sus condiciones de labor.

En ese contexto —y con algún que otro paquete de medialunas bajo el brazo—, Federico encaminó más de una jornada hacia la calle Pilcomayo para conocer de cerca las rutinas de los cartoneros y cartoneras. Quería entender por qué los turnos eran necesarios para evitar conflictos entre ellos, y descubrir también que esas personas ya cargaban con el peso de muchas promesas incumplidas. Si pretendía impulsar un cambio, debía andar con pie de plomo: los cartoneros no iban a entregar su confianza tan fácilmente. 

Para el Ente Municipal de Saneamiento Urbano, la coincidencia con una política nacional y federal fue la llave que permitió el diseño de una nueva propuesta y la reorganización del trabajo en este sector. Gradualmente, los camiones dejaron de trepar la montaña y comenzaron a detenerse al final de cada recorrido, allá abajo. Separar la basura se volvió una tarea visible, no escondida, como antes, en lo alto. El material empezó a compactarse y surgieron los primeros intercambios comerciales.

Llegaron máquinas, un espacio donde cambiarse la pilcha de trabajo, baños, computadoras, charlas de capacitación y asambleas que consolidaron procesos de organización.

La construcción material de un nuevo programa de gestión integral de residuos tuvo como reflejo la mejora en los ingresos de las cartoneras y los cartoneros. En poco tiempo, las ganancias se triplicaron, y esa comunidad de laburantes halló en la dinámica cooperativa una manera de ordenar y fortalecer su economía cotidiana.

Eso no eliminó las tensiones ni los desacuerdos —como en todo ámbito de trabajo—, pero el dato concreto de que esta forma colectiva generaba mejores resultados que la venta individual, atravesada por una larga cadena de intermediarios, se volvió innegable.

Cuando le pregunto a Federico para qué sirve ordenar y promover la organización del trabajo de cartoneras y cartoneros, me responde sin vueltas:

—Es simple: enterrás menos residuos y le devolvés a la ciudad la plata que antes estabas enterrando. Porque quienes trabajan en el sector de recuperación compran y consumen en los comercios del barrio, de la zona, de la ciudad. Así se alimenta un círculo virtuoso que camina sobre tres ejes:  ambiental,  social y económico.

La foto final

Donde antes se armaba un fueguito para calentar el agua del mate —con el riesgo de que todo terminara envuelto en llamas—, y en más de una ocasión se desataban disputas por algún material valioso que arrojaban los camiones, hoy existe un espacio de trabajo que se nombra y se reconoce como tal.

De unos escasos tres o cuatro materiales que se recuperaban, la nómina creció a diez, y con ello también las posibilidades de una economía circular más certera.

Donde veinte personas disputaban un botín, hoy ochenta se organizan, debaten y construyen un modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos con inclusión social.

Federico me dice que el proceso no fue tan rápido como hubiesen querido, pero que, al fin de cuentas, sucedió.

Este camino formó parte del acompañamiento que el programa Ciudades Circulares de la Red de Innovación Local (RIL) realizó en 2025, impulsando aprendizajes, espacios de articulación y nuevas oportunidades para fortalecer la gestión local.

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La crisis climática, de la atmósfera a la calle, revela que la proximidad es una ventaja estratégica. La primera barrera para actuar frente a ella suele ser la distancia: la idea de que “el planeta” es algo lejano, ajeno a lo cotidiano. Sin embargo, la evidencia es contundente. Las ciudades concentran más del 70% de las emisiones globales y, en América Latina, donde el 80% de la población vive en entornos urbanos, esta vulnerabilidad es evidente: siete de cada diez ciudades ya sufren impactos climáticos que deterioran su infraestructura y su calidad de vida, según datos del BID.

La realidad es que el cambio climático es, ante todo, un problema de proximidad. No es un castigo abstracto que ocurre “allá afuera”; es una alteración directa de nuestra gestión cotidiana. Es la ola de calor que satura el sistema de salud en una ciudad con poco arbolado urbano. Una inundación recurrente en un barrio donde la planificación urbana falló. Es la crisis hídrica en una cuenca que nos obliga a repensar de manera integral su gestión.

Estos eventos ya no pueden ser considerados “shocks exógenos” o “mala suerte”. Son, de facto, determinantes cíclicos del presupuesto local. Así como la sequía de 2022/23 en Argentina generó una caída de 3 puntos del PBI nacional, según datos de la Presidencia de la Nación, la inundación local genera costos recurrentes en reconstrucción de infraestructura y asistencia social que erosionan la estabilidad fiscal del municipio.

La innovación climática como oportunidad local

Pero aquí el riesgo se convierte en oportunidad. Porque así como los procesos globales impactan de lleno sobre el territorio, es en el gobierno local donde se presenta la oportunidad concreta de incidir directamente sobre la adaptación y la mitigación. La gran ventaja de la escala municipal es que la proximidad es directamente proporcional a la capacidad de incidencia real.

Un municipio no necesita un lustro para actuar. Puede decidir sobre criterios de una licitación de transporte o un código de edificación. Esta agilidad es una oportunidad clave: permite vincular la acción climática con beneficios directos e inmediatos para la comunidad (aire más limpio, menos inundaciones, barrios más frescos).

El desafío es adoptar una perspectiva ‘glocal’: usar esta competencia local para implementar los grandes compromisos globales. Por lo tanto, los gobiernos locales retoman la centralidad como el laboratorio principal para la innovación climática y la búsqueda de soluciones. Es en esta escala donde se pueden pilotar, medir y escalar respuestas ágiles. Por ello, la colaboración en redes que comparten lecciones aprendidas y experiencias exitosas se vuelve indispensable.

Gobernar la complejidad climática: de la gestión fragmentada a la innovación institucional

Si la escala es la correcta y la urgencia es clara, el desafío de la implementación es puramente institucional. Este desafío es doble: uno interno (cómo nos organizamos) y otro externo (qué capacidades tenemos).

El primer paso es instalar la agenda climática como un eje estratégico y transversal en toda la administración, superando la gestión fragmentada. Esta visión integral permite gobernar la complejidad y evita la incoherencia administrativa, que no es solo un error de gestión, sino un pasivo fiscal y administrativo insostenible. 

Esto significa entender que las decisiones climáticas más importantes no se toman solo en la secretaría de ambiente. Ocurren en Hacienda, al migrar a luminarias LED dimerizables, reduciendo el gasto eléctrico corriente. Ocurren en Obras Públicas, al exigir eficiencia energética en edificios públicos o instalar techos solares. Estas acciones de Eficiencia Energética generan ahorros fiscales directos. Ocurren en Planificación, cuando se implementan Soluciones basadas en Naturaleza (SbN) (infraestructura verde) o se fomenta la Economía Circular (EC), que ve los residuos como una oportunidad para impulsar nuevas cadenas de valor, en lugar de un mero desecho a gestionar.

El segundo desafío es la “brecha de capacidades“, resultado de una “descentralización asimétrica” : los municipios asumieron más responsabilidades en los últimos años, pero frecuentemente sin los recursos técnicos o financieros para ejercerlas . La innovación institucional es clave para superar esta brecha. La experiencia sugiere algunos mecanismos fundamentales:

• Aprender en red. Utilizar plataformas como el Pacto Global de Alcaldes , C40 o la Red de Innovación Local (RIL), que facilitan asistencia técnica, metodologías y el intercambio de lecciones aprendidas.
• Colaborar. Impulsar alianzas público-privadas-académicas, reconociendo que el municipio necesita socios para generar datos (universidades) y escalar soluciones (sector privado).
• Medir para gestionar. Adoptar una gestión basada en evidencia, desarrollando diagnósticos (Inventarios GEI, Análisis de Riesgo) y monitoreando resultados para una toma de decisiones adaptativa, no solo reactiva.

El llamado a la acción: la eficiencia como política de Estado local

El argumento final es económico. La acción climática local no es un gasto suntuario; es la inversión más eficiente que un municipio puede hacer. Gestionar el ‘riesgo’ se ha convertido en el paradigma de la administración pública moderna. Este enfoque supera al modelo reactivo de la ‘emergencia’ y se consolida como la estrategia más eficiente para proteger los recursos públicos.

La eficiencia es doble. En adaptación, cada peso invertido en resiliencia temprana ahorra entre cuatro y siete pesos en respuesta a desastres (Banco Mundial, 2019). En mitigación, la Economía Circular genera nuevas oportunidades económicas  y de negocios; la eficiencia energética reduce costos operativos directos; y la generación descentralizada crea nueva infraestructura de valor. Todo esto reduce costos, crea empleos verdes y recorta las emisiones de GEI.

El llamado a la acción es directo a los gestores locales. La crisis climática no es un problema del futuro ni de jurisdicción ajena. Es el desafío central de la gestión pública del siglo XXI. Empezar, se empieza hoy, midiendo el territorio, rompiendo los silos de la administración y reconociendo que cada decisión presupuestaria —desde la recolección de residuos hasta el permiso de obra— no es solo una decisión económica, sino también una decisión climática.

(*) Sebastián Melchor es consultor independiente, exsubsecretario de Ambiente de la Provincia de Mendoza y cofounder de Sustenta Lab.

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¿Qué nos están diciendo los eventos extremos recientes, como las inundaciones en Bahía Blanca, sobre el riesgo climático que enfrentan las ciudades? Esta es una de las preguntas que abordamos en el nuevo episodio de CIUDADES, donde entrevistamos a María Cintia Piccolo, doctora en Oceanografía y licenciada en Ciencias Meteorológicas. 

Piccolo, reconocida por su trayectoria en el estudio de la interacción mar-atmósfera y su impacto en los ecosistemas, explica por qué fenómenos como las lluvias intensas afectan de manera desigual a distintas ciudades. El factor clave, asegura, está en la planificación urbana, la comunicación entre gobiernos y ciudadanía, y la inversión en infraestructura adecuada.

“Todo lugar tiene partes débiles”, señala Piccolo, en referencia a zonas particularmente vulnerables como valles de ríos o áreas costeras. Identificar estos sectores, agrega, es fundamental para reducir el impacto de los eventos extremos como los que sufrió Bahía Blanca en marzo de 2025, ciudad en la que reside. 

A lo largo de la conversación, analizamos por qué algunas ciudades del mundo —como Copenhague, Berlín o Canberra, según sus ejemplos— lograron fortalecer su resiliencia frente a eventos extremos, y qué aprendizajes podrían adaptarse, incluso a pequeña escala, en América Latina. ¿Una pista? Pensar en clave de ciudades inteligentes. 

En Argentina, aunque con desafíos importantes, algunas ciudades –menciona– ya comenzaron a trabajar en identificar vulnerabilidades, dialogar con sus comunidades y llevar adelante obras de mitigación.

El rol de la ciudadanía en la gestión del riesgo

Además de la acción estatal, la entrevista invita a reflexionar sobre el rol de las personas y las comunidades. “Si la comunidad está educada, se van a poder mejorar las consecuencias que dejan los eventos extremos”, afirma Piccolo.

Entender los niveles de alerta meteorológica —amarillo, naranja, rojo—, preparar los hogares ante inundaciones o tormentas, y actuar de manera preventiva frente a olas de frío o de calor son algunas de las acciones que pueden marcar la diferencia.

La especialista también subraya la relevancia de los humedales, las costas y los espacios verdes urbanos en la gestión del riesgo. Además de ayudar a absorber el agua en caso de lluvias intensas o a frenar la erosión, estos ecosistemas funcionan como sumideros naturales de carbono. Por ende, contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático. 

En estudios recientes, indica, se ha comprobado que las marismas costeras tienen un alto potencial para absorber dióxido de carbono, aunque todavía falta mayor investigación y protección de estos espacios, especialmente en países como Argentina.

El episodio cierra con una mirada a largo plazo: cómo imaginar ciudades más preparadas para convivir con la variabilidad climática. Piccolo comparte su receta, que incluye infraestructura resiliente, energía limpia, acceso equitativo a la tecnología y una cultura de prevención basada en la educación.

Para profundizar sobre la gestión del riesgo, la resiliencia urbana y el rol de la ciudadanía ante eventos climáticos extremos, escuchá el episodio completo de la nueva entrega de CIUDADES. Una conversación que invita a reflexionar sobre las vulnerabilidades de nuestras ciudades, las oportunidades de acción local y la necesidad de construir comunidades más preparadas y sostenibles.

Sobre María Cintia Piccolo

María Cintia Piccolo es doctora en Oceanografía por la Universidad de Old Dominion (Estados Unidos) y licenciada en Ciencias Meteorológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se especializa en la variabilidad climática y su impacto en ecosistemas urbanos, marinos y continentales. A lo largo de su trayectoria, dirigió más de 30 tesis doctorales y publicó cerca de 200 artículos científicos. Fue directora del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y actualmente continúa trabajando en proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y el CONICET.

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Según la octava ronda de la encuesta de la Situación de la Niñez y adolescencia de UNICEF en Argentina, en 2023 el 58,5% de los niños, niñas  y adolescentes vivía en condiciones de  pobreza, y el 18,9% en condiciones de extrema pobreza.  En abril de 2024, el 48% de los hogares no tenía ingresos suficientes para cubrir los gastos diarios, y en el 15% de los hogares con niños y niñas, alguna persona adulta perdió su empleo en la primera mitad del año.

Esta disminución en el ingreso afecta al acceso a bienes básicos, notándose una  reducción de un 23% en la compra de medicamentos, y un 32% en los controles médicos y odontológicos. Además, de forma preocupante, un 52% redujo la compra de alimentos claves para un crecimiento sano y aumentó el consumo de fideos, harina y pan.  

Las primeras infancias, de 0 a 5 años, se ven afectadas en gran medida por la situación actual en los hogares ya que los primeros años son claves para el desarrollo físico, cognitivo y emocional. Si queremos transformar la realidad presente debemos conocerla con la mayor precisión posible, identificar cuáles son los problemas que sufren y conocer la tendencia de mejora o empeoramiento a lo largo del tiempo. Es aquí que el rol de las ciudades es fundamental para mitigar el impacto y generar políticas públicas integrales para las primeras infancias. 

El rol de las ciudades 

Las ciudades están en la primera línea: conocen a la ciudadanía, sus necesidades, las escuchan y responden. Son quienes tienen mayor cercanía con las primeras infancias y sus familias, y deben trabajar para garantizar el pleno desarrollo de estas.  

Durante el 2023, la Red de Innovación Local (RIL) y la Fundación Navarro Viola hicieron un relevamiento de 46 ciudades de la provincia de Buenos Aires. En este se detectó que el 70% no cuenta con área específica de la primera infancia. Y también que el 90% de ellas no cuenta con un plan integral de primera infancia con objetivos claros y medibles. Esto lleva directamente al diseño de acciones aisladas que se disuelven con el tiempo, resultan menos eficaces y no permiten que las primeras infancias reciban una intervención holística. Además, compromete el acceso a servicios esenciales como salud, educación, y nutrición, así como  el desarrollo sostenible y equitativo de los municipios.

Es fundamental visualizar a la primera infancia como un eje transversal en las políticas públicas. No solo compete a salud, educación y desarrollo social; otras áreas también deben contribuir a promover sus derechos, como género, movilidad, hábitat y vivienda, espacio público, entre otras. Las niñas y los niños pequeños necesitan recibir, desde el principio de su curso de vida, un cuidado cariñoso y sensible a sus necesidades. Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de gestionar los recursos de sus ciudades para abordar esta etapa de manera eficiente, cubriendo las demandas necesarias para que esta población y su entorno se desarrollen según los estándares establecidos.

Una “ciudad de oportunidades” es una ciudad que comprende que la primera infancia es una etapa crucial del ciclo de vida, y que abordarla es necesaria para el desarrollo de cada persona y de la ciudad. Proporciona acceso a servicios de salud de calidad, educación temprana, espacios seguros y estimulantes, protege los derechos y escucha a su ciudadanía. Comprende también que es necesario generar redes entre las distintas áreas de la ciudad, así como con los distintos actores sociales que trabajan con el mismo objetivo.

El rol fundamental de los equipos técnicos que planifican las acciones para el desarrollo de las primeras infancias radica en diseñar e implementar políticas públicas de forma colaborativa e interdisciplinarias con el foco en el curso de vida y en la promoción de derechos. Esto permitirá que puedan crecer y desarrollarse de forma plena, contribuyendo a la disminución de riesgos y prevención de problemáticas de mayor magnitud en los años siguientes.

¿Qué están haciendo las ciudades de Argentina por las primeras infancias?

Hay casos como el de Jesús María, en Córdoba, que han diseñado un plan director ‘’Mis Primeros 18 años’’. Este guía las políticas y acciones de la Municipalidad con el objetivo de igualar oportunidades y promover el desarrollo integral de niños y niñas. De forma integral y transversal, buscan garantizar el acceso a oportunidades educativas, sanitarias, culturales y deportivas para todos los niños, niñas y jóvenes de la ciudad.  

Cuentan con tres centros de Cuidado Y Desarrollo Infantil, en los cuales realizan valoraciones del desarrollo motriz, cognitivo y del habla de las infancias a través de juegos y actividades lúdicas. En caso de detectar alguna alerta se interviene de forma inmediata y, en paralelo a estas acciones de prevención, trabajan junto a las familias para brindar herramientas para la estimulación y desarrollo de las infancias.

Comodoro Rivadavia, en Chubut, por su parte, es un excelente ejemplo del uso de datos para el análisis de situación y desarrollo de políticas públicas que busquen transformar esa realidad.  El programa ‘’Creciendo Juntos’’ nace luego de altos índices de mortalidad infantil entre el 2000 y 2003, y es una alianza entre el tercer sector, el sector privado y el público. 

En este programa, que ha sido replicado con éxito en otras ciudades del país, se realizan capacitaciones de asuntos perinatales al equipo médico. También promoción de la lactancia materna, capacitación a todos los equipos de neonatología, perinatología, obstetricia e infectología. Promoción de los controles médicos y difusión de campañas sobre los cuidados claves durante el embarazo, durante el parto y post parto.

En cuanto al fortalecimiento de los valores nutricionales de las infancias, se destaca el programa TITAN. Un Programa Integral de Seguridad Alimentaria y Bienestar para niños y niñas de 0 a 3 años de Tandil (Buenos Aires). El camino de una persona que ingresa al programa inicia con la incorporación de la madre al programa provincial Más Vida. Ahí reciben prestaciones alimenticias junto al kit de recién nacido. Además, se realiza un seguimiento de los controles médicos. Reciben la Tarjeta Única de acompañamiento social con el programa alimentario. Y el recién nacido es incorporado al programa Materno Infantil que establece la provisión de leche de 0 a 2 años.

Llamado a la acción

Para poder acompañar y promover el desarrollo de las primeras infancias es fundamental que desde la ciudad se le dé prioridad a esta temática. El rol de los municipios es claro. Para garantizar la eficiencia es necesario capacitarse constantemente. Adjudicar un presupuesto al tema, contar con equipos fortalecidos, articular entre las diversas áreas y con otros actores. Y por supuesto, contar con un plan integral de primera infancia. Pero no debemos olvidarnos de relevar, registrar y utilizar los datos; los datos hablan y nos cuentan cómo está la realidad actual. Los datos nos invitan a frenar y pensar: ¿qué podemos hacer para transformar la realidad de la primera infancia en la ciudad? 

Imagen de portada: UNICEF.

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