Por María Mercedes Ordoñez y Clarisa Corral (*)

La transición energética plantea desafíos que no son únicamente ambientales, sino también sociales. Estamos frente a una situación de pobreza energética cuando un asentamiento informal no tiene conexión a la red eléctrica o de gas, pero también cuando una mujer debe caminar varios kilómetros para conseguir leña para calefaccionar su hogar ya que, a pesar de tener conexión a servicios, no tiene acceso a tecnologías de climatización. 

Hablamos de pobreza energética cuando una persona mayor, en plena ciudad, debe restringir el consumo básico de energía porque su jubilación le obliga a priorizar otros gastos. También se manifiesta cuando el desempeño escolar de un niño se ve afectado por no tener luz para hacer la tarea en su casa, cuando en invierno anochece temprano.

En términos generales, la pobreza energética ocurre cuando un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea por razones económicas, de infraestructura o equipamiento. Sin embargo, su naturaleza multidimensional —que abarca factores técnicos, sociales, económicos, culturales y climáticos— dificulta la adopción de una definición única y universalmente aceptada. 

A propósito de esto, Paz Araya Jofré, investigadora doctoral en Antropología y miembro de la Red de Pobreza Energética de Chile  (RedPE) destaca “la importancia de que cada territorio y cada gobierno construya sus propias definiciones de pobreza energética acorde a las realidades y diversidades territoriales”. La declaración se produjo en el marco del último encuentro de la Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas, realizado en julio de 2025.

En el mismo sentido, se vuelve fundamental la construcción de indicadores propios y la generación de información local para el diseño de políticas públicas de equidad energética. Entre estos, se pone el foco en conocer en particular los niveles de ingresos y gastos de las familias, la disponibilidad de tecnología, las condiciones habitacionales, entre otros. 

Alejandra Reyes, de la Dirección Nacional de Energía de Uruguay, resaltó además el valor de “considerar en el diseño de estos indicadores las características climáticas y patrones socioculturales que puedan estar condicionando las dinámicas de acceso y consumo de energía en cada localidad”.

^{Unas 2.100 millones de personas siguen cocinando y calentando sus hogares con combustibles sólidos, según la OMS. Imagen: Dirección de Hábitat, Godoy Cruz, Mendoza.}

Cuando la falta de energía profundiza otras desigualdades

Que un hogar no tenga acceso a servicios de energía se entrelaza con otras condiciones estructurales de desigualdad urbana y social. Esto condiciona el ejercicio de diversos derechos que garantizan una vida digna y con oportunidades en una ciudad.  

La pobreza energética se constituye como una experiencia de vida que tiene efectos negativos tanto en la salud como en la alimentación, la educación, el empleo, la recreación y la resiliencia frente a contingencias climáticas extremas. A propósito de esto, Chisaki Melissa Guibo, arquitecta y jefa del Departamento de Formulación y Evaluación de Proyectos de la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Godoy Cruz enfatizó en que “la pobreza energética no es un problema aislado, sino que es una expresión más de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestros territorios”.

Muchas familias sin acceso fiable a la red eléctrica o de gas dependen de combustibles insalubres para cocinar y calefaccionarse, lo que aumenta los riesgos de enfermedades por la exposición a contaminantes o conexiones informales. De hecho, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que cada año 3,2 millones de personas mueren prematuramente por afecciones vinculadas a la contaminación del aire doméstico. Estas condiciones afectan de forma desigual a las mujeres, debido a la distribución inequitativa de los roles de cuidado dentro del hogar.

Sumado a ello, la falta de equipamiento e infraestructura para un aprovechamiento eficiente del recurso energético domiciliario –como es el aislamiento de las viviendas y los materiales constructivos precarios– exponen a las familias a una mayor propensión al desarrollo de enfermedades respiratorias. Esto aumenta, a su vez, las probabilidades de ausentismo escolar y laboral. En un contexto socioeconómico de pluriempleo o de dobles jornadas de estudio y trabajo, la falta de servicios energéticos complejiza el desarrollo de emprendimientos productivos y de fortalecimiento de la trayectoria escolar.

Además, la falta de acceso a la energía en calidad y cantidad atenta contra la posibilidad de que un hogar pueda afrontar fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, temperaturas bajo cero y tormentas severas. Estos efectos se agravan cuando se trata de personas mayores, personas con discapacidad o electrodependientes, que requieren condiciones térmicas y de abastecimiento estables para su supervivencia.

Retos comunes y respuestas locales

La forma en que están diseñadas y gestionadas las ciudades incide directamente en las posibilidades de acceso a una energía segura, limpia y asequible. Las condiciones del entorno construido, la distancia a los centros de abastecimiento, la infraestructura de servicios, la calidad del hábitat y los criterios de ocupación del suelo son factores que pueden amplificar o reducir la pobreza energética. Por eso, integrar la planificación urbana y territorial en la estrategia energética resulta fundamental.

En este punto, la articulación entre políticas energéticas y políticas urbanas no puede ser postergada: el modo en que se planifican los barrios, se habilita el suelo o se distribuyen los servicios impacta directamente en la posibilidad de acceso equitativo a la energía.

Las ciudades latinoamericanas comparten desafíos estructurales: tarifas de energía altas, suministro intermitente y un gran sector informal con conexiones irregulares. Para enfrentarlos, los gobiernos locales pueden adoptar diversas acciones:

• Regularización y tarifas sociales. Facilitar la regularización de conexiones informales y ofrecer tarifas diferenciadas o subsidios focalizados para los hogares más vulnerables así como programas de pago flexible vinculados con mejoras en eficiencia energética que garanticen el pago de servicios esenciales.
• Vivienda social sostenible. Incorporar criterios de eficiencia energética y energías renovables en los programas de vivienda pública y asistencia habitacional. Por ejemplo, dotar a las casas sociales de aislamiento térmico, paneles solares o termo tanques solares reduce costos a largo plazo y mejora la calidad de vida.
• Generación distribuida. El desarrollo de proyectos de generación distribuida o generación distribuida comunitaria que permitan satisfacer las necesidades energéticas de poblaciones alejadas de las redes de servicios.
• Reacondicionamiento de vivienda. La inversión en mejoramiento habitacional de viviendas propias o alquiladas para la reducción de costos en energía. 
• Promoción de equipamiento eficiente. Ya sea para la adquisición de nuevos equipos de climatización como de mantenimiento y recambio de equipos preexistentes, pudiendo incluir el desarrollo de un mercado local de proveedores y prestadores de servicios para estos fines.

Ciudades contra la pobreza energética

La ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Argentina, es un caso inspirador de abordaje de la pobreza energética desde la gestión del hábitat, con foco en los asentamientos informales y poblaciones más vulnerables. 

En 2023, el municipio comenzó con la implementación de proyectos de vivienda social sustentable. Distintas familias en situación de extrema vulnerabilidad recibieron viviendas construidas con contenedores reciclados (“Ecocasas”). Estas casas, con un costo 40% menor por metro cuadrado que la construcción tradicional, incluyen termotanques solares para calefacción de agua. 

Se destinaron a hogares con condiciones de hacinamiento crítico y con personas con discapacidades o problemas de salud. A su vez, cada familia recibió su guía para el mantenimiento y uso de nuevas viviendas. De esta manera, el municipio logró reducir costos de producción y brindar soluciones habitacionales dignas, a la vez que introdujo tecnologías limpias y eficientes en las viviendas sociales.

Además, Godoy Cruz actualmente implementa varias líneas de acción que contribuyen a la equidad energética de las poblaciones más vulnerables. Entre estas se encuentra la ejecución de mejoras edilicias en viviendas vulnerables, a través del Programa de Emergencia Habitacional (PEHab), y las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica informal (conexiones eléctricas no regularizadas, instalaciones deterioradas o sobrecargadas). También la renovación de cableado deteriorado, apuntalamiento o colocación de nuevos postes, colocación de térmicas y disyuntores, y mejora de instalaciones precarias. 

Asimismo, destacan el rol clave de sumar espacios de consulta para la población como es en este caso la Consejería de Hábitat para el acompañamiento técnico y comunitario permanente y el brindado de talleres de formación en estrategias bioclimáticas, electricidad y albañilería con enfoque térmico. Todo esto, diseñado a partir de un sistema de relevamiento continuo con enfoque multidimensional que permite orientar políticas públicas con base territorial.

^{Talleres de albañilería básica con enfoque en el confort térmico. Imagen: Municipalidad de Godoy Cruz.}

Otro caso destacable ocurre en Chile, donde el gobierno central –en coordinación con gobiernos locales– implementa acciones para reducir la pobreza energética dirigidas especialmente a las infancias y a las personas mayores de zonas rurales. 

Es así que, en los últimos cuatro años, se creó y fortaleció una línea de acción para acceso y mejoramiento del suministro energético en escuelas rurales. Se focalizan recursos para el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética, el robustecimiento del sistema eléctrico, calefacción sustentable y agua caliente sanitaria para baños y duchas donde asisten niños y niñas de comunidades originarias. 

A la vez, desde el programa para Acceso y Mejoramiento del Suministro Energético en establecimientos con rol público se ha llevado adelante una línea de acción para mejorar las condiciones energéticas de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a través de energías renovables. 

La Ciudad de México, con casi el 98% de sus habitantes conectados a la red eléctrica, ha identificado nuevas fronteras de la pobreza energética: la falta de agua caliente y el alto costo del gas LP para cocinar. Para abordar esto, lanzó el programa “Ciudad Solar”, que impulsa el uso intensivo de energía solar en la ciudad. 

Bajo este plan se han instalado grandes paneles fotovoltaicos en techos de mercados mayoristas y edificios gubernamentales, aprovechando los altos niveles de radiación solar de la capital. Además, se establecieron regulaciones que obligan a instalar calentadores solares de agua en todas las nuevas viviendas y edificios reconstruidos, reemplazando la demanda de gas licuado por energía limpia. 

En consonancia, el gobierno ha donado más de 25.000 calentadores solares a hogares de bajos ingresos desde 2018, cubriendo sus necesidades de agua caliente con energía asequible. Estas iniciativas reducen la factura del gas LPG (que usa el 82% de los hogares) y mejoran la salud al disminuir la quema de combustibles fósiles en los hogares.

Aunque este tipo de políticas requiere inversión pública significativa, también muestra la capacidad de los gobiernos urbanos para movilizar recursos, regular y coordinar actores, y generar impactos tangibles en la vida cotidiana.

^{Paneles solares en la Ciudad de México. Imagen: Gobierno de la Ciudad de México.}

Colaborar para transformar: Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas

Cuando se promueve la participación de equipos técnicos municipales, comunidades y actores del territorio en el diagnóstico y codiseño de las soluciones, se logran políticas públicas más ajustadas a las realidades concretas. Desde esa perspectiva, los municipios cumplen un rol clave como articuladores de políticas públicas de equidad energética cercanas al territorio. 

La experiencia acumulada en la Red de Innovación Local (RIL) demuestra que la innovación urbana surge muchas veces del intercambio horizontal entre gobiernos locales y de la escucha activa de las necesidades barriales. En muchos casos, las respuestas más eficaces han surgido del trabajo colaborativo entre áreas técnicas, equipos de gobierno y comunidades organizadas. Reconocer esa capacidad de los gobiernos locales para coordinar, escuchar y construir en conjunto es central para avanzar hacia una transición energética más justa. 

 (*) María Mercedes Ordoñez es coordinadora del programa Ciudades de la Energía y Clarisa Corral es integrante del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL).

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Godoy Cruz (Mendoza, Argentina) es reconocida por estar a la vanguardia en políticas ambientales de alto impacto. Integrante de la Red Argentina de Municipios ante el Cambio Climático (RAMCC), fue la primera ciudad del país en sumarse al Plan Carbono Neutral 2030. De esta manera, la mayoría de sus acciones deben tender hacia la disminución de los gases de efecto invernadero. 

Con ese horizonte definido, el departamento mendocino impulsa decenas de proyectos para combatir la crisis climática. En la actualidad, sus 200.000 habitantes utilizan energías limpias en algún momento del día gracias a la instalación generalizada de paneles solares en espacios públicos. Además, pueden viajar en medios de transportes sustentables, separar residuos y obtener beneficios si construyen con criterios ecológicos.  

A pesar de todas las medidas públicas, en la Municipalidad surgió una inquietud: para alcanzar la neutralidad del carbono, era necesaria una mayor participación de las empresas. Casi en simultáneo, entre 2020 y 2021 dos iniciativas se pusieron en marcha para incentivar que el sector privado pueda multiplicar sus aportes ambientales y sociales. 

Sellos para las empresas sostenibles

“Diseñamos un programa que invita de manera voluntaria al sector productivo a ser protagonista de los cambios que el mundo necesita. Buscamos apoyar a quienes estén dispuestos a acreditar prácticas sostenibles al interior de su organización, mediante un sistema de identificación (sellos), el cual les permitirá obtener beneficios y mostrarle a los vecinos por qué son sostenibles”, explicó Matías Ubiria, funcionario en la Dirección de Educación y Empleo en Godoy Cruz. 

Esa primera iniciativa, que surgió en el marco del Concurso de Innovadores Locales 2020, se propuso “fomentar una economía segura, justa y sostenible, con piso social y techo ambiental” en la ciudad mendocina. Al efectuar las averiguaciones pertinentes, el equipo detectó que casi el 70% del sector productivo local ya realizaba, sin saberlo ni planificarlo, al menos alguna práctica sostenible. Además, observaron que la población prefería elegir bienes y servicios que adopten criterios sostenibles. 

Desde la Dirección de Ambiente y Energía, por otro lado, también habían decidido involucrar a las empresas en los compromisos ambientales de la Municipalidad. Así, en octubre de 2021, surgió la “Alianza público-privada frente al cambio climático” con el objetivo de acelerar el camino hacia la neutralidad del carbono mediante modelos de producción sostenibles.

“Con los dos procesos en simultáneo, decidimos formalizar la idea del sello y avanzar en forma conjunta (entre ambas Direcciones). Así, las empresas se pueden comprometer a desarrollar actividades que hagan frente al cambio climático, como medir sus huellas de carbono y hacer una gestión eficiente del agua y la energía”, desarrolló Mercedes Ordoñez, jefa del Departamento de Gestión Integral del Cambio Climático. 

Reconocimientos al triple impacto

Tras la aprobación de una nueva ordenanza, la Municipalidad inició el reconocimiento de las prácticas sostenibles para las empresas. Utilizando una calculadora ambiental, se empezaron a medir sus acciones en dimensiones ambientales, de desarrollo económico y de desarrollo humano. Según sus niveles, las compañías obtienen una categoría de “Empresa Sostenible de Godoy Cruz”.

“Vimos la oportunidad de generar una certificación municipal exigente, transparente pero también accesible, dando acompañamiento personalizado a las empresas que quieran asumir el compromiso”, contó Ordoñez. La funcionaria aclaró que los emprendimientos pequeños que tiendan al triple impacto también pueden ser parte, adaptando las acciones según sus posibilidades.

Los beneficios, dependiendo de las categorías obtenidas, pueden ser descuentos impositivos para los derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene, Industria, Actividades Civiles, y de Publicidad y Propaganda. Además, las empresas pueden ganar reconocimiento y difusión institucional. 

“Hemos hecho la mayoría de las acciones que se pueden hacer desde el sector público y ahora necesitamos la colaboración privada para que cada uno, desde su empresa, pueda desarrollar una estrategia para hacer una reducción de emisión de gases de efecto invernadero importante”, dijo Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz, durante la firma de la declaración ambiental en 2021. 

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Imagen principal: Google

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Habiendo superado un proceso de revisión externa, y considerando las exigencias de los organismos pertinentes, la Municipalidad de Córdoba colocó un bono verde por un monto de $2.000 millones (U$S 12 millones) a 36 meses de plazo. El Banco Santander Argentina, en tanto, fue el organizador de la emisión (*).

De acuerdo con los Principios Internacionales de Bonos Verdes, la principal característica de estas herramientas es que deben destinarse a financiar proyectos que ayuden a paliar las consecuencias de la crisis climática. De esta manera, se trata de un tipo de deuda que se utiliza para obtener liquidez a largo plazo y que se enmarca dentro de los criterios ESG (ambiental, social y de gobierno, por sus siglas en inglés). Se utilizan internacionalmente desde 2007 y, en los últimos años, cada vez más ciudades mantienen interés en aprovechar sus beneficios.

Los fondos obtenidos por Córdoba serán destinados, según informaron sus autoridades, a tres verticales principales. Al cambio de luminarias LED, para lograr una mayor eficiencia energética; a la incorporación de paneles solares, con el fin de producir energía renovable; y a obras de saneamiento, para la protección del ambiente y la salud pública. 

Las etapas del proceso

Todo comenzó con la adhesión de Córdoba a los Principios del Pacto Global y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Desde entonces, la gestión actual elaboró dos reportes de sustentabilidad para sentar sus bases de protección y preservación ambiental. En medio de este proceso, detectaron la oportunidad de emitir un bono verde para ayudar a solventar los proyectos del tipo. 

“Siguiendo esa línea, se tomó contacto con el estructurador del instrumento y se realizó un primer envío de información para recibir una propuesta concreta y dar inicio al circuito de emisión del bono. Con las dos partes de acuerdo, firmamos un convenio entre el estructurador y el organizador para establecer los roles que cada parte cumplirá dentro de cada uno de los productos sobre los cuales se defina avanzar”, explicó a +Comunidad Guillermo Acosta, secretario de Economía y Finanzas de Córdoba. 

Luego, en una segunda etapa, avanzaron con la puesta a punto de la documentación técnica y legal necesaria. Además del prospecto de emisión, debían presentar informes a la calificadora de riesgo contratada –Moody’s– para la evaluación económica y financiera de la contabilidad municipal. 

“En este camino fue clave el trabajo de los funcionarios de la ciudad relacionado a la priorización y generación de información, a fin de facilitar la selección y evaluación de los proyectos”, evaluó Ignacio Lorenzo, responsable de Global Debt Financing & Green Finance de Santander Argentina. 

Los impactos esperados

Guillermo Acosta especificó que, siguiendo las tres verticales ambientales mencionadas, la emisión del bono verde incluye proyectos relacionados al consumo de energía no renovable, a la emisión de gases de efecto invernadero y al tratamiento adecuado de efluentes. 

“Los fondos recaudados con la emisión serán destinados a la refinanciación de los gastos incurridos durante los últimos 24 meses y a la compra de materiales y/o la ejecución de obras para implementar el proyecto de compra e instalación de luminarias LED, las cuales se realizarán en los 24 meses posteriores a la emisión del bono”, detalló respecto a los plazos sobre el alcance de la iluminación urbana. 

Del mismo modo, el 100% de los fondos recaudados con el bono verde serán destinados a refinanciar los gastos ya incurridos durante los últimos dos años para instalar paneles solares y para optimizar la red cloacal de la ciudad de Córdoba. “Esto permitiría prevenir los eventos de contaminación del río Suquía y de sus ecosistemas asociados”, detalló el secretario de Economía y Finanzas. 

“En síntesis, los impactos son directos y tienen muchísima incidencia sobre la calidad de vida de los vecinos. Como consecuencia de la difusión que tuvo la operación de la Municipalidad de Córdoba, hemos incrementado el número de consultas de municipios y provincias que tienen bajo análisis este tipo de iniciativas y estamos avanzando con varios de ellos”, informó a +Comunidad Ignacio Lorenzo, ejecutivo de Santander. 

Bonos verdes: consejos para otras ciudades

¿Qué debe hacer una ciudad que desee dar sus primeros pasos en la emisión de bonos verdes? Tanto para Lorenzo como para Acosta, la “hora cero” está marcada por la detección y medición de necesidades ambientales.

“En primer lugar, deben generar una mirada integral con ejes de política pública enfocados en lineamientos sustentables factibles de ser mantenidos en el tiempo. A partir de allí, trabajar para la elección de una cartera de proyectos alineada con los “Green Bond Principles” de ICMA y que englobe aspectos ambientales de la ciudad que precisan ser abordados de forma prioritaria”, dijo el funcionario cordobés.

Entre ellos, se encuentran: ● Eficiencia energética ● Energía renovable, prevención ● Control de la contaminación ● Gestión sostenible de los recursos naturales y el uso de la tierra ● Conservación de la biodiversidad ● Transporte limpio, gestión sostenible del agua y de las aguas residuales ● Productos adaptados a la economía ecológica y / o circular ● Tecnologías y procesos de producción.

“Otra recomendación que me gusta dar es que tiene mucho valor interiorizarse en las guías SASB para proyectos del sector público. Estas guías son una muy buena referencia a la hora de identificar y clasificar los proyectos en función a los ODS sobre los que generan impacto”, apuntó, por su parte, el responsable de Global Debt Financing & Green Finance de Santander Argentina. 

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(*) El Banco Santander Argentina fue el organizador y colocador de la emisión del bono verde, mientras que el Banco de Córdoba actuó como agente de garantía y pago. Por su parte, la firma SMS Latinoamérica fue la auditora que avaló el carácter “verde” de la operación. Asimismo, Moody´s actuó como Calificadora de Riesgo. La Municipalidad contrató un revisor externo independiente a fin de garantizar el cumplimiento de los lineamientos estipulados en los Principios de Bonos Verdes (GBP) de ICMA (2022), los lineamientos y guías para la emisión de valores negociables sociales, verdes y sustentables de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y del Panel Sostenible de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

^{Imagen principal: Río Suquía (Dirección de Turismo de Córdoba).
Redacción +Comunidad.}

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