Las ciudades conviven de manera permanente con desastres y crisis que afectan la vida de millones de personas. Incendios, inundaciones y eventos climáticos extremos impactan sobre viviendas, servicios públicos y redes comunitarias, y exponen las limitaciones de la respuesta estatal cuando la planificación llega tarde.

El inicio de 2026 volvió a poner este escenario en primer plano en distintos puntos de América Latina. En el sur de Argentina, los incendios forestales en la Patagonia obligaron a evacuar poblaciones y a desplegar operativos de emergencia en localidades de Chubut y Río Negro. En el norte del país, las lluvias intensas provocaron desbordes de ríos y anegamientos en ciudades y pueblos de Salta y Jujuy, con impacto en rutas y servicios básicos.

En el Caribe, en tanto, episodios de tormentas e inundaciones afectaron a ciudades de República Dominicana, donde varios municipios activaron alertas y dispositivos de asistencia ante el avance del agua.

Frente a este contexto, los gobiernos locales enfrentan un desafío central: fortalecer su capacidad de preparación. Aunque no es posible evitar los desastres, sí es posible reducir su impacto mediante decisiones anticipadas, reglas claras y una mejor articulación entre actores públicos y comunitarios. En otras palabras, pasar de una gestión del riesgo reactiva hacia una constructiva. 

En distintas ciudades del mundo ya se ensayan respuestas en esa dirección. Sistemas de alerta temprana, esquemas de coordinación municipal y mecanismos financieros específicos muestran que la preparación requiere decisiones concretas.

Estas estrategias se apoyan en tecnología, organización comunitaria y planificación urbana para construir redes de protección más sólidas. Desde procesos de empoderamiento científico en Medellín hasta el uso de seguros paramétricos en ciudades de Estados Unidos, los casos que se presentan a continuación muestran que la gestión del riesgo es una tarea multidimensional, sostenida en políticas, instrumentos y capacidades que fortalecen la resiliencia. 

Medellín: la ciencia como lenguaje común para la prevención y resiliencia

En Medellín, Colombia, la gestión del riesgo va más allá de la mera recopilación de datos de las 17 alarmas que integran los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (SATC). Estas alarmas surgieron en 2015 como una iniciativa ciudadana en el municipio de San Antonio de Prado, ante la necesidad de prepararse frente a posibles inundaciones provocadas por las quebradas de la zona. Con el tiempo, el proceso se consolidó como una pieza clave del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA).

Los SATC funcionan como estrategias territoriales que colocan a la comunidad en el centro de la gestión del riesgo. En este esquema, el SIATA actúa como soporte técnico que brinda información oportuna y confiable a poblaciones en situación de vulnerabilidad. En articulación con los organismos de gestión del riesgo, el sistema fortalece capacidades locales de respuesta y prevención, con el objetivo de reducir daños personales, pérdidas de vidas y afectaciones sobre viviendas, infraestructura y ambiente.

Esta apuesta por la apropiación social del conocimiento se expresa en iniciativas complementarias. Los Semilleros de Ciudadanos Científicos promueven el uso comunitario de herramientas tecnológicas y saberes ambientales. Territorio al Aire acerca información clave sobre el entorno de forma accesible. A su vez, los Cuentos SIATA traducen contenidos técnicos —como hidrología, meteorología, calidad del aire y cambio climático— en relatos pensados para públicos diversos.

^{Reunión de vecinos, vecinas y equipo del SIATA. Imagen: SIATA.}

Infraestructura y fondos de resiliencia en Recife y Salvador

La planificación urbana en Brasil avanza hacia un enfoque que busca convivir con la naturaleza, con especial atención en la protección de los sectores más expuestos al riesgo climático. En Salvador, donde cerca del 50 % de la ciudad se localiza en zonas con riesgo por sequías o deslizamientos, el gobierno local formalizó una alianza con el Fondo Financiero C40 (CFF) para identificar áreas críticas. De ese trabajo surge Bairro Novo, un proyecto orientado a fortalecer la resiliencia de 8.500 habitantes de Vila Mar mediante soluciones basadas en la naturaleza.

Las intervenciones incluyen la rehabilitación de cauces naturales, el uso de vegetación para estabilizar el suelo, la creación de áreas verdes y el pavimentado de taludes. El objetivo es reducir al 30 % la proporción de población que vive en zonas de riesgo hacia 2049. Estas acciones combinan infraestructura física y planificación territorial con una mirada de largo plazo.

Recife complementa esta estrategia con una herramienta de seguridad financiera aplicada a la gestión del riesgo. La ciudad evalúa sus activos y zonas clave para ajustar la cobertura del Fondo de Seguro de Infraestructura Urbana, administrado porLocal Governments for Sustainability (ICLEI). Este esquema permite acceder con mayor rapidez a recursos tras una catástrofe.

El principal aporte de este instrumento es la disponibilidad inmediata de fondos para la recuperación, lo que reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. Así, las comunidades de menores ingresos pueden iniciar antes la reconstrucción de viviendas y medios de vida. Esta solución financiera se articula con otras iniciativas urbanas, como el primer parque inundable de la ciudad, diseñado para retener y drenar el agua de lluvia mientras ofrece espacios públicos de uso recreativo y educativo.

^{Recife inaugura el primer parque diseñado para inundarse durante la temporada de lluvias. Imagen: g1.}

Protocolos y reingeniería: el modelo de respuesta en Corrientes y Guaymallén

La resiliencia urbana en Argentina está encontrando sus pilares en la combinación de una organización municipal clara y obras de infraestructura de alta precisión. En la ciudad de Corrientes, el principal desafío era enfrentar una multiplicidad de riesgos, que iban desde inundaciones y tormentas severas hasta incendios forestales y emergencias sanitarias. Frente a ese escenario, el municipio creó el Comité de Emergencias (COE), un espacio de coordinación entre áreas clave para garantizar una respuesta rápida ante situaciones críticas.

Un paso central fue la elaboración, por primera vez en la historia de la ciudad, de un Manual de Protocolo. Este instrumento define procedimientos y responsabilidades para cada actor municipal y establece pautas de actuación ante emergencias, en particular las de origen hídrico. El objetivo es asegurar intervenciones ordenadas y reducir tiempos de respuesta en contextos de alta presión operativa.

La efectividad de la gestión del riesgo se manifestó recientemente, en enero de 2026, tras una precipitación de 85 milímetros que, gracias a la previsión operativa, no dejó personas evacuadas y permitió un escurrimiento ágil del agua en las zonas críticas. Este resultado –según la evaluación de las autoridades– fue producto de un estricto protocolo coordinado por el COE, que activó tareas de limpieza de canales y mantenimiento de ductos de desagüe en los días previos a la tormenta. 

Ignacio Maldonado Yonna, secretario de Servicios Públicos de Corrientes, explicó que la  estrategia incluyó la instalación de bombas de escurrimiento en puntos estratégicos apenas se recibieron las alertas meteorológicas. Esto permitió que las áreas anegadas fueran atendidas de manera inmediata y eficiente.

A esta experiencia se suma el caso de Guaymallén, en Mendoza, donde el crecimiento urbano acelerado y las lluvias intensas habían superado la capacidad del sistema de drenaje tradicional. La respuesta fue una reingeniería integral a través del Plan de Drenaje Municipal (PMDU), que incluyó la construcción de 400 kilómetros de canalizaciones y la optimización de cauces existentes.

Con una inversión cercana a los 6 millones de dólares, el plan permitió captar más del 70 % del agua de lluvia y eliminar inundaciones en más de 40 barrios. Incluso durante tormentas de alta intensidad registradas en los últimos cinco años, el sistema mostró mejoras sostenidas en la seguridad hídrica local.

^{Parte del Plan de Drenaje Municipal (PMDU). Imagen: Municipalidad de Guaymallén.}

^{Personal del COE trabaja durante las últimas lluvias en Corrientes. Imagen: El Litoral.}

El modelo estadounidense: de la alerta temprana al blindaje financiero

En ciudades de Estados Unidos, la gestión del riesgo combina preparación tecnológica, organización comunitaria y herramientas financieras aplicadas a la prevención. En  Nueva York, las campañas Know Your Zone (Conoce tu zona) buscan ordenar y agilizar las evacuaciones ante emergencias. A través de una plataforma digital, las personas pueden identificar su zona de evacuación según el domicilio y acceder a guías prácticas para actuar antes y durante un evento crítico.

En la costa oeste, en Malibú, California, el enfoque se centra en la respuesta temprana frente a incendios forestales. Allí funciona el programa piloto Brigada Comunitaria, que actúa como un puente entre los bomberos profesionales y la población local. Sus integrantes realizan tareas clave que no incluyen la extinción directa del fuego, como coordinar evacuaciones puerta a puerta e inspeccionar viviendas para detectar vulnerabilidades frente al avance de las llamas.

El componente financiero adquiere especial relevancia en el caso de Fremont, también en California, donde el municipio contrató un seguro paramétrico contra inundaciones. A diferencia de los seguros tradicionales, este instrumento activa pagos automáticos cuando el nivel del agua supera un umbral predefinido, sin necesidad de evaluaciones posteriores de daños. La principal ventaja es la disponibilidad inmediata de recursos, que permite iniciar la reconstrucción sin demoras administrativas que suelen profundizar los efectos de una crisis.

La gestión del riesgo como eje de la Nueva Agenda Urbana

El recorrido por estas experiencias en el continente americano muestra que la resiliencia urbana es un proceso dinámico, como plantea la Nueva Agenda Urbana de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Integra tecnología, organización social, planificación territorial y herramientas financieras. En todos los casos, la gestión del riesgo deja de pensarse como una respuesta posterior al desastre y se consolida como una política pública orientada a la anticipación y la prevención.

Este cambio de enfoque se apoya, además, en una ampliación de los actores involucrados. Cuando el conocimiento técnico se traduce en información accesible y capacidades locales, la comunidad pasa a cumplir un rol activo en la reducción del riesgo. La preparación ya no depende solo de sistemas expertos, sino también de redes sociales organizadas y de reglas claras para actuar ante una emergencia.

La previsión económica completa este esquema. La incorporación de instrumentos financieros específicos permite contar con recursos inmediatos tras un evento crítico y reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. 

En conjunto, estas experiencias confirman que construir resiliencia implica asumir que los desastres y las crisis urbanas son una realidad persistente, pero también que su impacto puede ser gestionado por los gobiernos locales con anticipación, planificación y decisiones sostenidas en el tiempo.

Imagen principal: diseño Florencia Luján. 

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Arquitecto y urbanista, Álvaro García Resta afirma una y otra vez que las políticas públicas que modifican el entorno deben estar pensadas para mejorar la calidad de vida de las personas. Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, repartición que dirige desde 2019, lleva adelante proyectos que –asegura– van en esa línea. 

¿Cuáles son las prioridades en la agenda urbana local y global? ¿Cómo pensar la arquitectura pública? ¿Qué sucede con el patrimonio histórico frente a las nuevas necesidades habitacionales? A lo largo de la nota, García Resta aborda estos temas y otros más, e invita a imaginar las ciudades del futuro.

– ¿Hacia dónde van las ciudades? Atendiendo las urgencias globales y los contextos particulares,  ¿cuánto puede variar la agenda urbana entre Argentina, América Latina y el resto del mundo? 

– Teniendo en cuenta esas urgencias globales, en 2016 la ONU aprobó la Nueva Agenda Urbana (NAU) con el fin de impulsar un nuevo modelo global de urbanismo sostenible. Este documento asesora a los países sobre cómo afrontar los retos de la urbanización y les invita a orientar sus esfuerzos en pos de un desarrollo urbano sostenible. La NAU establece cómo deberían transformarse las ciudades para ser habitables, inclusivas, saludables, sostenibles, seguras, ordenadas, compactas y resilientes a los fenómenos naturales. 

A pesar de los avances logrados en el mundo, actualmente hay diferencias notables entre países y regiones. Algunos pudieron avanzar más que otros. Es indudable: las ciudades enfrentan una enorme necesidad de transformación para ser más sustentables, inclusivas e integradas. Para motorizar esa transformación es fundamental impulsar proyectos de reconversión urbana y políticas que promuevan la modificación de las condiciones de la calidad urbana. Es una agenda urbana muy amplia y abierta, que contiene desde soluciones basadas en la naturaleza hasta la inclusión de perspectiva de género y diversidad en el diseño de espacios públicos. Y requiere de acciones de relacionamiento con socios estratégicos de cada territorio.

– ¿Cuál dirías que es la principal diferencia para pensar la arquitectura pública entre ciudades grandes, como Buenos Aires, y las medianas o chicas? ¿Y qué hay de los poblados rurales? 

– Más que de diferencia, hablaría de similitudes. El sector público es una usina de oportunidades. Nuestro ámbito permite mejorar la vida de las personas, ya sean habitantes de una ciudad grande, mediana o chica. 

Imaginemos una pirámide invertida en la que arriba están las políticas públicas y en la base, las personas. Esas políticas públicas conforman una estrategia que será plasmada en planes y procesos, que luego permitirán acercar lo abstracto a la realidad. Estas secuencias de acciones tienen como catalizadores a los proyectos, que les darán forma concreta a los objetivos. El inicio y fin, base y vértice del poliedro, es mejorar la calidad de vida de las personas.

De esta manera se pueden generar proyectos de enorme transformación en términos urbanísticos y, sobre todo, en términos de calidad de vida. Para eso, es fundamental impulsar un formato colaborativo, que conjugue la escucha, la inclusión, la incorporación y la multiplicidad de voces de los vecinos, los usuarios urbanos. Así se genera una arquitectura pública de valor, desde una perspectiva antropológica.

– ¿Qué debería hacer una ciudad para convertirse en una “ciudad de 15 minutos”? ¿Y qué hay de las “supermanzanas”?

– Desde París al mundo, desde hace años se impone este nuevo concepto urbano. Se trata de un área en la que no es necesario trasladarse más de 15 minutos para acceder a los servicios básicos. Como la salud, el trabajo, los comercios, la cultura y el ocio. Para eso, es necesario idear estrategias urbanísticas y realizar mejoras en la infraestructura pública del área. Un ejemplo de eso es el plan que pusimos en marcha para transformar el microcentro porteño en un barrio para vivir, con espacios públicos de calidad y comercios de cercanía. Uno de los objetivos clave es que más personas se muden a la zona. Para eso, impulsamos distintas iniciativas que van a generar mayor oferta de viviendas y, además, facilitar el acceso a ellas.

También es fundamental promover actividades estratégicas que favorezcan al desarrollo local y generen más movimiento en el barrio. Con ese fin, el plan incluye una serie de beneficios fiscales para inversores. 

En cuanto a las supermanzanas, son un nuevo paradigma de urbanismo ecológico. Una supermanzana es una célula urbana conformada por aproximadamente 4 x 4 manzanas rodeada por avenidas de tránsito intenso. Sus calles interiores son prioridad peatón, en ellas no pueden circular autos. Esto fomenta el uso de sistemas sustentables de transporte: las bicicletas, scooters y otros vehículos livianos tienen sus vías propias demarcadas. El interior de cada supermanzana es un espacio ganado para pasear, practicar running, ir en bici, jugar y sentarse a charlar con los vecinos. La incorporación de árboles, canteros y huertas urbanas disminuye la contaminación ambiental y sonora.

Se toma como radio de la supermanzana la distancia de 400 metros, que es lo que una persona puede recorrer en aproximadamente cinco minutos. La idea es que, en ese radio, la gente tenga acceso a diferentes establecimientos y servicios que le permitan resolver sus necesidades cotidianas (cuidado, alimentación, trabajo, educación y esparcimiento). Esto hace que disminuyan los desplazamientos en auto y aumente la movilidad activa. Además, la supermanzana impulsa la economía local ya que contiene comercios, ferias de artesanías y alimentos, actividades culturales y propuestas gastronómicas.

– Hablando de rediseño… ¿Qué sucede cuando entran en tensión la necesidad de generar nuevos espacios habitacionales y el cuidado del patrimonio histórico?

– Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano partimos de un enfoque dinámico sobre el patrimonio urbano-arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires  y consideramos que los edificios de valor patrimonial deben mantenerse y adecuarse a las nuevas necesidades funcionales. 

El Código Urbanístico especifica los procedimientos que proponen la inclusión y revisión del catálogo de edificios, unidades funcionales o parcelas de valor patrimonial. Según el nivel de protección patrimonial del edificio, establece  el tipo de intervención posible: restituir las condiciones originales; adecuar el espacio interior a condiciones de uso nuevas; hacer cambios para la mejora de las condiciones de habitabilidad y/o ampliar los espacios interiores y el volumen del edificio según lo permita su nivel de catalogación.

Las intervenciones en edificios o construcciones de valor patrimonial constituyen una oportunidad para desarrollar acciones contemporáneas respetando y jerarquizando el objeto histórico sobre el cual se opera.

Antes de realizar una intervención para su recuperación y puesta en valor, es indispensable investigar sobre el proceso histórico y las huellas constructivas de su desarrollo, sus proyectistas y el estado actual del inmueble. 

Por eso, desde la Secretaría de Desarrollo Urbano lanzamos una Guía de buenas prácticas para realizar intervenciones en inmuebles de valor patrimonial en formato digital. Se trata de un instrumento que ayuda a sistematizar criterios, pautas y normas para abordar proyectos en obras de valor patrimonial y orientar sobre trámites a seguir, respetando y garantizando la identidad del volumen a intervenir.

¿Tenés una historia para contar? En +Comunidad podés hacerlo, ya sea sobre este tema o cualquier otro asunto relacionado a la vida en las ciudades y las comunidades rurales de Argentina, Latinoamérica y el mundo. 

^{Foto principal: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Entrevista y redacción +Comunidad.}

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