La crisis climática, de la atmósfera a la calle, revela que la proximidad es una ventaja estratégica. La primera barrera para actuar frente a ella suele ser la distancia: la idea de que “el planeta” es algo lejano, ajeno a lo cotidiano. Sin embargo, la evidencia es contundente. Las ciudades concentran más del 70% de las emisiones globales y, en América Latina, donde el 80% de la población vive en entornos urbanos, esta vulnerabilidad es evidente: siete de cada diez ciudades ya sufren impactos climáticos que deterioran su infraestructura y su calidad de vida, según datos del BID.

La realidad es que el cambio climático es, ante todo, un problema de proximidad. No es un castigo abstracto que ocurre “allá afuera”; es una alteración directa de nuestra gestión cotidiana. Es la ola de calor que satura el sistema de salud en una ciudad con poco arbolado urbano. Una inundación recurrente en un barrio donde la planificación urbana falló. Es la crisis hídrica en una cuenca que nos obliga a repensar de manera integral su gestión.

Estos eventos ya no pueden ser considerados “shocks exógenos” o “mala suerte”. Son, de facto, determinantes cíclicos del presupuesto local. Así como la sequía de 2022/23 en Argentina generó una caída de 3 puntos del PBI nacional, según datos de la Presidencia de la Nación, la inundación local genera costos recurrentes en reconstrucción de infraestructura y asistencia social que erosionan la estabilidad fiscal del municipio.

La innovación climática como oportunidad local

Pero aquí el riesgo se convierte en oportunidad. Porque así como los procesos globales impactan de lleno sobre el territorio, es en el gobierno local donde se presenta la oportunidad concreta de incidir directamente sobre la adaptación y la mitigación. La gran ventaja de la escala municipal es que la proximidad es directamente proporcional a la capacidad de incidencia real.

Un municipio no necesita un lustro para actuar. Puede decidir sobre criterios de una licitación de transporte o un código de edificación. Esta agilidad es una oportunidad clave: permite vincular la acción climática con beneficios directos e inmediatos para la comunidad (aire más limpio, menos inundaciones, barrios más frescos).

El desafío es adoptar una perspectiva ‘glocal’: usar esta competencia local para implementar los grandes compromisos globales. Por lo tanto, los gobiernos locales retoman la centralidad como el laboratorio principal para la innovación climática y la búsqueda de soluciones. Es en esta escala donde se pueden pilotar, medir y escalar respuestas ágiles. Por ello, la colaboración en redes que comparten lecciones aprendidas y experiencias exitosas se vuelve indispensable.

Gobernar la complejidad climática: de la gestión fragmentada a la innovación institucional

Si la escala es la correcta y la urgencia es clara, el desafío de la implementación es puramente institucional. Este desafío es doble: uno interno (cómo nos organizamos) y otro externo (qué capacidades tenemos).

El primer paso es instalar la agenda climática como un eje estratégico y transversal en toda la administración, superando la gestión fragmentada. Esta visión integral permite gobernar la complejidad y evita la incoherencia administrativa, que no es solo un error de gestión, sino un pasivo fiscal y administrativo insostenible. 

Esto significa entender que las decisiones climáticas más importantes no se toman solo en la secretaría de ambiente. Ocurren en Hacienda, al migrar a luminarias LED dimerizables, reduciendo el gasto eléctrico corriente. Ocurren en Obras Públicas, al exigir eficiencia energética en edificios públicos o instalar techos solares. Estas acciones de Eficiencia Energética generan ahorros fiscales directos. Ocurren en Planificación, cuando se implementan Soluciones basadas en Naturaleza (SbN) (infraestructura verde) o se fomenta la Economía Circular (EC), que ve los residuos como una oportunidad para impulsar nuevas cadenas de valor, en lugar de un mero desecho a gestionar.

El segundo desafío es la “brecha de capacidades“, resultado de una “descentralización asimétrica” : los municipios asumieron más responsabilidades en los últimos años, pero frecuentemente sin los recursos técnicos o financieros para ejercerlas . La innovación institucional es clave para superar esta brecha. La experiencia sugiere algunos mecanismos fundamentales:

• Aprender en red. Utilizar plataformas como el Pacto Global de Alcaldes , C40 o la Red de Innovación Local (RIL), que facilitan asistencia técnica, metodologías y el intercambio de lecciones aprendidas.
• Colaborar. Impulsar alianzas público-privadas-académicas, reconociendo que el municipio necesita socios para generar datos (universidades) y escalar soluciones (sector privado).
• Medir para gestionar. Adoptar una gestión basada en evidencia, desarrollando diagnósticos (Inventarios GEI, Análisis de Riesgo) y monitoreando resultados para una toma de decisiones adaptativa, no solo reactiva.

El llamado a la acción: la eficiencia como política de Estado local

El argumento final es económico. La acción climática local no es un gasto suntuario; es la inversión más eficiente que un municipio puede hacer. Gestionar el ‘riesgo’ se ha convertido en el paradigma de la administración pública moderna. Este enfoque supera al modelo reactivo de la ‘emergencia’ y se consolida como la estrategia más eficiente para proteger los recursos públicos.

La eficiencia es doble. En adaptación, cada peso invertido en resiliencia temprana ahorra entre cuatro y siete pesos en respuesta a desastres (Banco Mundial, 2019). En mitigación, la Economía Circular genera nuevas oportunidades económicas  y de negocios; la eficiencia energética reduce costos operativos directos; y la generación descentralizada crea nueva infraestructura de valor. Todo esto reduce costos, crea empleos verdes y recorta las emisiones de GEI.

El llamado a la acción es directo a los gestores locales. La crisis climática no es un problema del futuro ni de jurisdicción ajena. Es el desafío central de la gestión pública del siglo XXI. Empezar, se empieza hoy, midiendo el territorio, rompiendo los silos de la administración y reconociendo que cada decisión presupuestaria —desde la recolección de residuos hasta el permiso de obra— no es solo una decisión económica, sino también una decisión climática.

(*) Sebastián Melchor es consultor independiente, exsubsecretario de Ambiente de la Provincia de Mendoza y cofounder de Sustenta Lab.

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Por Gabriela Pérez (*)

La casa propia es un sueño compartido por todo el mundo, sin importar la clase social o la edad. Personas adultas, en pareja o con familia, todas anhelan tener su propio hogar. En Armstrong, una ciudad ubicada al sur de la provincia de Santa Fe, Argentina, existen factores que dificultan el acceso al lote propio, como el alto costo de los terrenos disponibles para la venta, la dificultad de costear la construcción de una vivienda y alquiler de manera simultánea, entre otros. 

Frente a esta problemática creciente, el municipio decidió tomar cartas en el asunto para encontrar una solución que le permita a los vecinos una alternativa accesible para la construcción de su vivienda. La respuesta llegó de la mano de la creación de loteos municipales.

En 2021 se anunció el Loteo Municipal I, un proyecto que aprovechó un terreno municipal de más de 15.600 metros cuadrados de superficie, dedicado hasta ese momento a la recreación. Se procedió entonces a su subdivisión, creando 40 lotes para aquellos que contaban con los requisitos para la inscripción. Luego se inició su venta, a un precio más accesible que el de mercado y con posibilidad de planes de pago.

El armado de un proyecto innovador

“La creación de políticas públicas para el acceso a la vivienda es un desafío de los gobiernos locales. Fue un compromiso y un precedente que marcamos en 2021 y que sostenemos aún hoy, luego del sorteo del Loteo Municipal 2 y en trámites para una tercera edición”, comentó Daniela Pérez, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Armstrong y líder en el proceso de desarrollo de la iniciativa. 

Pérez explicó que, reconociendo la urgencia de facilitar el acceso a la tierra para la construcción de viviendas, se llevó a cabo una reorganización de los espacios disponibles, priorizando el uso de estos lotes para nuevos desarrollos habitacionales.

El proceso incluyó varias etapas legislativas, donde fue necesario presentar proyectos de ordenanza al Concejo Municipal para autorizar el uso de diferentes terrenos. Posteriormente, se procedió a la subdivisión de estos terrenos, asegurando que pudieran destinarse adecuadamente para la construcción de viviendas. 

“Se destinaron partes para calles y otras para los lotes. Hubo que hacer obras de infraestructura para que estos lotes tuvieran acceso a todos los servicios y que, al momento de ser entregados a los vecinos, pudieran empezar a construir su vivienda propia”, especificó la funcionaria.

La colaboración intramunicipal detrás de los loteos

Teniendo en cuenta los pasos administrativos previos, resulta evidente la necesidad de un equipo técnico detrás de esta iniciativa. “Las áreas del municipio participaron de manera transversal en las etapas de este proyecto. Gobierno, Legales, Obras Públicas, Promoción Comunitaria e inclusive Hacienda elaboraron los planes de pago y gestionaron los fondos que nos permitan construir la infraestructura necesaria para el momento de la toma de posesión”, amplió Pérez.

Si bien el armado del proyecto de loteos partió de la Secretaría de Gobierno, las demás áreas tuvieron un rol fundamental para su ejecución. El área Legales se encargó del armado de la ordenanza y del cambio de dominio de los lotes. Obras Públicas diseñó la subdivisión de la superficie para sacar el mejor provecho de la superficie sin tener que achicar los lotes, de la gestión de los servicios y apertura de calles de ingreso. Por su parte, la Dirección de Promoción Comunitaria, la Secretaría de Hacienda y Gobierno llevaron a cabo la inscripción y verificación de cada uno de los legajos de los 178 inscriptos.

Luego del proceso burocrático, el gobierno local planificó un sorteo para acceder a los loteos. “La idea surge de la práctica usual en los planes nacionales y provinciales de vivienda, donde siempre se arma un padrón con los aptos y luego se sortean los lotes por lotería provincial o nacional”, indicó Pérez. 

Para asegurar la transparencia, se realizó una inscripción abierta de tres meses donde la gente presentaba su documentación para poder acceder al lote propio. “El sorteo se llevó a cabo delante de todos estos participantes como testigos, una escribana y el equipo técnico encargado de verificar cada inscripción”, completó la secretaria de Gobierno de la Municipalidad.

El impacto en la comunidad

Sergio, una de las personas beneficiadas en el sorteo, cuenta que aún alquila una vivienda, pero ha comenzado a pagar las cuotas para acceder a la escritura de su lote. Una vez escriturado, planea utilizar un plan de la empresa donde trabaja su esposa para construir su casa a plazos.

“Tener nuestro lote propio, donde vamos a construir nuestra casa es algo inexplicable. Buscamos por aquí y allá, y en todo este tiempo nunca habíamos podido comprar un terreno”, relató. Consultado sobre cómo se enteró de la iniciativa, respondió: ”Lo vi en el Facebook de la Muni y esa misma tarde fui a preguntar cómo inscribirnos”. 

Sergio, como muchos otros aspirantes al sorteo, habían participado en sorteos anteriores, sin suerte, de viviendas de programas provinciales. Pese a esto, al preguntarle, Sergio remarca que no hay que perder la esperanza, sino aprovechar las oportunidades y tener fe en que la suerte puede cambiar.

Nuevos loteos, nuevas oportunidades

En Armstrong, la implementación del Loteo Municipal I marcó un antes y un después en la política habitacional local. Este proyecto no sólo proporcionó una oportunidad real para quienes sueñan con una casa propia, sino que también sentó las bases para futuros desarrollos habitacionales. A través de un proceso transparente y participativo, se lograron avances significativos en la creación de nuevas oportunidades para los y las armstronenses que desean la construcción de su vivienda propia en esta ciudad.

El proyecto del Loteo Municipal I, seguido por el sorteo del Loteo Municipal 2 y los planes para una tercera edición, es una posibilidad de enfrentar el problema de la vivienda mediante políticas inclusivas y bien estructuradas. En última instancia, esta iniciativa no sólo busca brindar un lote, sino también alimentar la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor para todos los habitantes de Armstrong.

(*) Esta nota se publica en el marco de la primera edición del Programa Periodismo de Ciudades, impulsado por +COMUNIDAD y la Red de Innovación Local (RIL).

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Por Danila Pagano Bianchini,
Ciudades Innovadoras en RIL

El distrito de Santa Anita, ubicado en el este de Lima, Perú, es uno de los 43 distritos que conforman la capital del país y alberga a más de 230.000 habitantes. Este territorio, enclavado en el desierto costero del Pacífico, enfrenta múltiples desafíos urbanos, entre los que destaca la necesidad de mejorar la calidad de los espacios públicos, escasos en una zona donde apenas llueve 9 milímetros al año. 

A pesar del entorno árido, la comunidad valora enormemente las áreas verdes, alimentadas por la vital conexión al canal del río Surco, una antigua arteria acuática que en el pasado irrigaba tierras agrícolas y que hoy sigue siendo fundamental para nutrir los parques de 18 distritos. En este contexto, surgió una iniciativa que, en colaboración con la sociedad civil, una empresa privada y el municipio, busca recuperar y transformar los espacios públicos abandonados, mejorando así la calidad de vida de sus vecinos.

“Tenemos algo de verde, algunos árboles antiguos, y eso, en nuestra Lima del desierto, es un lujo”, comenta Anna Zucchetti, directora de la ONG Ciudad Viva. En comparación con otros distritos limeños, Santa Anita goza de una pequeña red de parques. Sin embargo, la mayoría de estos espacios públicos están abandonados o son inseguros, lo que afecta mucho la calidad de vida de sus habitantes.

En busca de espacios seguros

El distrito, en muchos sentidos, refleja la historia de Lima: un lugar donde las migraciones dejaron su huella con poblaciones que llegaron desde el Perú central en las décadas de los 40, 50 y 60, y hoy constituyen un crisol cultural súper rico en la zona. Además, cuenta con dos de los mercados más grandes de la ciudad –incluyendo el principal mercado mayorista–, haciendo de Santa Anita un eje de dinamismo económico y tránsito constante. 

Estas características presentan desafíos ineludibles en términos de seguridad y gestión de espacios públicos. Anna ejemplifica: “Uno encuentra grupos de jóvenes con sus parlantes cuando camina por los parques, plazas y a veces incluso las veredas, porque no tienen muchos espacios cómodos ni seguros. Están allí solos o acompañados de un profesor, ejercitando sus bailes tradicionales”.

La recuperación del Parque Manuel de la Torre

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida en Santa Anita, Anna Zucchetti y su equipo participaron en el Programa de Innovadores Locales (PIL) 2023, diseñando una estrategia integral para la recuperación de espacios públicos. Un claro ejemplo de esta estrategia es la recuperación del Parque Recreacional y Jardín Botánico Manuel de la Torre.

Este parque, que alguna vez fue una loza deportiva descuidada y prácticamente abandonada, hoy es un espacio multifuncional gracias a la colaboración entre Ciudad Viva, la Municipalidad y la empresa Pepsico. “Gestionamos el financiamiento y rediseñamos el espacio, creando islas de biodiversidad y mejorando el verde”, señala Zucchetti.

Zulema de la Cruz, compañera de Anna, recuerda: “Había muchas problemáticas sociales. Partes del parque estaban muy deshabitadas y peligrosas; la gente evitaba pasar por ahí. El parque estaba en una zona roja de Santa Anita, y era importante dar un espacio digno de circulación”.

Hoy, el parque es un espacio más seguro, con juegos para niños, lo que activó el lugar para otro tipo de uso. “Incluso dejamos áreas verdes, plantamos nuevas especies y creamos caminos internos para generar recorridos”, añade Zulema. La intervención no solo resolvió problemas de inseguridad, sino que también integró a los camioneros que frecuentaban la zona, creando áreas donde pueden almorzar, transformando el lugar en una especie de “zona de camping” para todos. 

Además, cerraron una calle cercana para convertirla en peatonal y fortalecieron el comité de gestión del parque, conformado principalmente por mujeres vecinas. 

Un impulso a la cultura y el deporte

Un aspecto fundamental de la transformación en Santa Anita fue la revitalización cultural de los espacios públicos, con la danza como uno de los principales motores de cohesión social. “Muchos grupos que bailan danzas tradicionales del Perú no tenían espacios adecuados”, explica Zucchetti. Lo que antes era un lugar inseguro, hoy se transformó con una cancha que no sólo se usa para jugar al fútbol, sino también para practicar danzas, deportes y actividades culturales. 

Además, para reforzar la identidad a través de la danza folclórica, se organizó un festival que, además de generar cohesión social, también dinamizó el uso de los espacios recuperados. Estos eventos buscan ser replicables en otros barrios y promueven la participación comunitaria.

La colaboración entre el gobierno local, la asociación civil y la empresa multinacional mejoró la relación con los vecinos, que en el pasado tenían “miles de conflictos” con esta última. Hoy, esa relación se transformó gracias al proceso de co-creación con la comunidad que también pone en valor la articulación entre sector público y el privado. 

Desafíos y soluciones por delante

A pesar de los avances, el camino no es fácil. Santa Anita sigue siendo un distrito con altos índices de inseguridad, especialmente en las zonas más alejadas del centro. Sin embargo, la visión de Ciudad Viva va más allá de la infraestructura. El equipo está desarrollando la Escuela Itinerante de Espacios Públicos, un programa que busca empoderar a los vecinos y a los funcionarios municipales para que participen activamente en la gestión de los espacios públicos.

Además, como parte de un enfoque sistémico, identificaron la necesidad de mapear los espacios públicos del distrito. “Nadie tiene un inventario, ni siquiera la Municipalidad”, comenta Zucchetti. En colaboración con una universidad local, el equipo adaptó el diseño de una aplicación que les permite cartografiar los espacios públicos. Hasta ahora mapearon 20 espacios entre un total de 374.

El éxito en la transformación del Parque Manuel de la Torre es solo el comienzo. Ya se identificaron seis posibles intervenciones más en otras zonas del distrito, y el equipo de Ciudad Viva está en busca de nuevas inversiones para llevarlas a cabo. Lo que antes parecía imposible, hoy es una realidad gracias a la colaboración entre todos los actores de la comunidad. Cuando la comunidad trabaja en conjunto, los cambios positivos son posibles.

^{Imagen de portada: preparación de danzas folklóricas en el nuevo Parque Manuel de la Torre. Foto: Ciudad Viva. Fuente: Ciudad Viva.} 

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Por Guillermo Bonessi (*)

Habitantes del barrio Carlos Berg, en General Pico, provincia de La Pampa (Argentina), llevaban años reclamando por el traslado de una canilera cercana debido a los constantes aullidos, los malos olores y el riesgo que representaban algunos animales peligrosos. Este malestar culminó en una acción participativa en 2019, impulsada por la comunidad, para alcanzar una solución que conjugue la tranquilidad vecinal con el bienestar animal. 

Así lo cuenta Irma Rosales (39), ama de casa, mamá de Manuel (12) y Candela (8); y vecina con 16 años de residencia en el barrio. “No veíamos la hora de que trasladen la canilera. Desde que estamos acá con mi familia, siempre tuvimos dificultad para dormir porque los perros se la pasan aullando toda la noche. Además, dependiendo de dónde venía el viento, se sentía un olor muy fuerte”, recuerda.

Los temores por vivir cerca de un lugar con esas características eran crecientes. “Se ve que los animales no estaban muy bien. Algunos perros eran agresivos; de vez en cuando se escapaban y eran un peligro para los niños y nuestras mascotas. La verdad es que ahora vivimos mucho más tranquilos. Y es una gran alegría saber que somos escuchados”, reflexiona Irma. 

Un proyecto que involucra a la comunidad y la universidad

Con la premisa de resolver esa situación, se comenzaron a analizar alternativas contemplando la posibilidad del traslado de ese espacio, en el que trabajaban en forma conjunta una asociación protectora de animales y el municipio local. En este punto se planteó la articulación interinstitucional con la Universidad Nacional de La Pampa y su Facultad de Ciencias Veterinarias.

La universidad cedió una hectárea de un propio predio, con el objetivo de no sólo albergar a perros abandonados, sino también de integrar proyectos de extensión e investigación entre las instituciones. Además, el espacio debía servir como un recurso educativo, facilitando la participación de estudiantes en diversas materias.

Agustín Vitali, director de Infraestructura y Obras Municipales, estuvo a cargo de la construcción. “Logramos concluir una obra de las que hay muy pocas en el país. Y lo bueno es que solucionó un problema de todo ese sector, que son los barrios Frank Allan, Carlos Berg, Pacífico. Estaba en el medio de la ciudad y había gente que no pegaba un ojo en toda la noche”, señaló. 

Con respecto al momento de iniciar el proyecto agregó: “Después de este convenio que se hizo con la Facultad, hubo que hacer una intervención mayor por la distancia y el lugar, que fue alambrar, forestar, preparar el terreno y llevar energía para poder implantar la obra. Hoy tiene capacidad para 198 perros”.

Un refugio planificado para el bienestar animal

El establecimiento cuenta con una hectárea de superficie con 24 caniles “comunitarios”, divididos en cuatro naves. Están separadas por pasillos intermedios, de cinco metros de ancho, por 10 metros de largo, con techo de chapa con pendiente. Este sector posee paredes de material en todo el fondo y en parte de sus laterales. El resto de las paredes son de alambre romboidal, con zócalos de concreto, puertas de hierro y alambre.

A diferencia del espacio anterior, que contaba con suelo de tierra, el piso de las nuevas instalaciones tendrá una parte de cemento donde pueden guarecerse y protegerse en caso de lluvias. Además, hay dos tanques elevados con ocho canillas para su limpieza y riego.

De la misma manera, dispone de 30 caniles “individuales” de dos metros de ancho por cuatro metros de largo, con las mismas características que los anteriores. También funciona un depósito para herramientas, alimento y materiales de cirugía; y una oficina para el personal.

Como siempre, las mejores soluciones para una comunidad se construyen en conjunto, con compromiso y visión de futuro. En este caso, con beneficios para los vecinos de un barrio populoso de la ciudad y de animales abandonados por sus dueños.

En este sentido, es necesario hacer hincapié en la mitigación de problemas preexistentes, fomentando la adopción responsable de mascotas, recomendando que a la hora de elegir un animal de compañía para tener en casa se deba tener en cuenta un buen resguardo con el objetivo que no se escape ni cause ningún tipo de inconveniente en la vía pública. Siempre se debe evaluar el contexto familiar, es decir, si hay niños, niñas o personas mayores.

(*) Guillermo Bonessi es coordinador gráfico de la Dirección de Comunicaciones en la Municipalidad de General Pico.
Esta nota se publica en el marco de la primera edición del Programa Periodismo de Ciudades, impulsado por +COMUNIDAD y la Red de Innovación Local (RIL).

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A nivel global, los gobiernos locales están tomando medidas para cerrar esta brecha, desarrollando planes estratégicos que incluyen mejoras en infraestructura tecnológica y programas de formación. 

Bogotá y Mendoza son ejemplos de cómo las ciudades pueden enfrentar este reto con acciones concretas. Mientras la capital colombiana enfoca su atención en las zonas rurales y en las brechas en el uso y en el acceso a internet, la ciudad argentina ha priorizado la mejora de la infraestructura en todo su territorio, facilitando la inversión privada y la zonificación para la expansión de redes de alta velocidad.

Ambas ciudades, aunque con contextos y enfoques distintos, ya exhiben avances significativos al implementar marcos regulatorios claros y trabajar en conjunto con el sector privado para asegurar inversiones en tecnología. También han demostrado que reducir la brecha digital no sólo implica mejorar el acceso a internet, sino también asegurar que las personas puedan utilizar estas herramientas de manera efectiva, permitiendo un desarrollo económico y social más inclusivo. 

A continuación, exploramos los detalles de cada uno de estos planes con las voces de sus protagonistas.

Una estrategia integral para atender la brecha digital 

En Bogotá, el acceso a internet en las áreas rurales ha sido históricamente limitado, dejando a miles de personas sin las herramientas necesarias para acceder a oportunidades educativas y laborales. “La parte urbana de la ciudad se encuentra hacia el norte, que concentra sólo el 30% del territorio. Bogotá es predominantemente rural y persiste una cultura campesina muy fuerte. En términos de infraestructuras, como es la red de movilidad y de transporte, siguen estando aisladas del gran centro urbano”, describe Diego Barbosa Molina, líder de Uso y Apropiación de TIC de la Consejería Distrital de TIC. De hecho, ir de un extremo al otro del distrito lleva hasta 4 horas y media por vía terrestre. 

Frente a estas inequidades territoriales y segregaciones sociales, la capital colombiana implementa el programa “Conectate Bogotá” con una lógica descentralizadora. Esto se traduce en un enfoque que adapta las soluciones a las necesidades específicas de cada población. Desde el contexto urbano hasta el rural las estrategias varían, pero el objetivo es común: “Que nadie se quede atrás en términos de uso de la tecnología”.

En cuatro años, Bogotá ha sumado 400 puntos de conectividad gratuitos, 1400 buses eléctricos con wifi y 880 escuelas conectadas a banda ancha. Estos esfuerzos se complementan con una inversión de más de 11 millones de dólares en zonas rurales para sortear la falta de incentivos privados para la provisión de servicios de telecomunicaciones.

Inclusión digital con foco en las necesidades puntuales

La estrategia de “Conéctate Bogotá” va más allá de la provisión de acceso a internet. Se enfoca también en garantizar que las personas puedan utilizar las herramientas digitales de manera efectiva, con especial atención en el sector educativo. 

Esto incluye la creación de centros de formación que capacitan a la población en el uso de tecnologías digitales, con un énfasis particular en el fortalecimiento de competencias para la economía popular. También se están estableciendo centros digitales con un enfoque específico en la prevención de violencias de género y el empoderamiento de mujeres.

Según las cifras del gobierno bogotano, más de 200.000 personas han sido capacitadas en los últimos años. Barbosa Molina analiza que el desafío es mantener un ritmo constante de progreso que no sea sensible ante cambios gubernamentales y limitaciones presupuestarias. “Otro elemento importante es la divulgación. Una gran fortaleza desde el nivel central del distrito es que tenemos una manera de conectar con la población con un lenguaje muy natural y ágil”, observa.

Cada una de las 72 entidades que componen el gobierno distrital tiene un papel en la implementación de soluciones adaptadas a sus comunidades. Esta estructura permite una respuesta más ágil y específica a las necesidades locales. A nivel central, se realiza un seguimiento y monitoreo continuo para asegurar que los recursos se distribuyan de manera efectiva y que los objetivos de inclusión digital se cumplan.

“Nuestra estrategia tiene la virtud de ser descentralizada, en tanto deja que cada entidad se ocupe con pertinencia de cada población. La descentralización nos ayuda a no hablar en genérico de conectividad, sino agregar esfuerzos diferentes, enfocados, diferencialmente para generar una expectativas más de apropiación”, remarca el especialista. 

El camino de Mendoza hacia la ultra banda ancha

En 2020, Mendoza se encontraba entre las ciudades con peor conectividad de Argentina. Ante esta situación, la Municipalidad diseñó un plan integral para reducir la brecha digital y fomentar el desarrollo económico a través de dos pilares: la capacitación en herramientas digitales y la mejora de la infraestructura de conectividad.

Marcelo Guiñazú, subsecretario de Informática y Comunicaciones de la Municipalidad, explicó que una de las claves del Plan de Conectividad de Mendoza fue la aprobación de la Ordenanza N° 4073 para establecer reglas claras e incentivar la inversión privada en la mejora de la infraestructura digital. “Con esto logramos que el privado pudiera visualizar que las reglas de juego estaban sobre la mesa y que eran claras”, analizó.

Uno de los logros más destacados fue la zonificación de la ciudad, que permitió identificar áreas con conectividad insuficiente y planificar inversiones específicas. Gracias a una convocatoria pública, diez empresas de internet invirtieron 20 millones de dólares para mejorar el acceso a más de 67.000 hogares. Guiñazú subrayó que “hoy los vecinos de cualquier lugar de la ciudad tienen como mínimo cuatro proveedores en su puerta. Entonces se mejora el servicio y se reduce el precio”.

Articulación pública-privada con resultados sobre la brecha digital

El trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado permitió llevar fibra óptica a áreas de la ciudad que antes estaban desatendidas. Guiñazú destacó que la estrategia no solo se enfocó en la infraestructura, sino también en garantizar una competencia justa entre los proveedores, lo que benefició a los usuarios con tarifas más accesibles. Además, se propició el uso compartido de la infraestructura para abaratar costos. “Buscamos incentivar la inversión privada de emprendedores y empresas del sector, incrementar la oferta del servicio, mejorar la calidad y lograr un menor costo para los usuarios”, apuntó.

Además, se aprovecharon las obras de mejora urbana para optimizar la instalación de redes. Como parte de la colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano, se soterraron los cables de las avenidas principales de la ciudad y se eliminaron más de 70 toneladas de cables obsoletos, mejorando también la estética urbana. “Logramos sacar más de 70 toneladas de cables obsoletos de la ciudad”, especificó Guiñazú.

En cuatro años, la inversión privada y un marco regulatorio claro permitieron transformar el acceso a internet en todo el municipio, pasando de 4 a 100 Mbps de ancho de banda promedio, según cifras oficiales. Mendoza pasó de ofrecer un ancho de banda promedio de 4 o 5 Mbps en 2020 a 100 Mbps en 2022. Hoy en día, la ciudad es la segunda con mejor banda ancha del país, detrás de Buenos Aires, y continúa trabajando para mejorar la infraestructura digital, con el objetivo de que “Mendoza sea la ciudad con mejor conectividad de todo el país”.

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