Por Clarisa Corral,
Mg. en Desarrollo Urbano (*)

La pavimentación suele entenderse como una responsabilidad exclusiva del Estado. Sin embargo, en muchas ciudades latinoamericanas, la falta de recursos públicos ha obligado a replantear ese paradigma. Mientras las calles de tierra siguen limitando la conectividad, el acceso a servicios y la calidad de vida de los barrios, algunos gobiernos locales comenzaron a explorar una lógica diferente: compartir la inversión con la comunidad.

Lejos de representar una privatización de la obra pública, estos mecanismos buscan construir corresponsabilidad. La participación vecinal deja de limitarse a reclamar una obra para convertirse en parte de su implementación, mediante aportes económicos, organización comunitaria o mecanismos de ahorro previo. Cuando existen reglas claras y confianza entre las partes, este tipo de iniciativas permite acelerar proyectos que difícilmente podrían ejecutarse únicamente con recursos municipales.

Las experiencias de Goya, en Argentina, y El Quisco, en Chile, muestran dos caminos distintos para alcanzar un mismo objetivo.

Goya: confianza construida desde el barrio

En la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, el programa “Mita y Mita” (“mitad y mitad” en guaraní) funciona bajo un esquema de esfuerzo compartido regulado por la Ordenanza Municipal Nº 2.038. La iniciativa nació a partir de una demanda concreta de los propios vecinos frente a la imposibilidad del municipio de financiar integralmente las obras de pavimentación.

El mecanismo es sencillo. Cada comisión vecinal de frentistas reúne los recursos necesarios para comprar el 50% del cemento requerido para pavimentar su cuadra. Los materiales son adquiridos directamente en los corralones elegidos por los vecinos y permanecen allí hasta completar la cantidad necesaria. Una vez alcanzado ese objetivo y presentados los comprobantes de compra, la obra ingresa al cronograma municipal.

La Municipalidad aporta el resto del cemento, todos los agregados, la maquinaria, la mano de obra y ejecuta previamente las obras de infraestructura necesarias, como redes de agua potable, cloacas y desagües pluviales.

Uno de los aspectos más innovadores del programa es que el municipio nunca administra dinero aportado por los vecinos, lo que busca reducir los riesgos de desconfianza y fortalecer la transparencia del proceso.

Como explica Raúl Alejandro Medina, director de Prensa de la Municipalidad de Goya: “Este programa genera confianza entre el vecino y el Estado, pero también entre los propios vecinos. Organizarse para conseguir los recursos fortaleció los vínculos comunitarios y permitió transformar la realidad de cada barrio”. 

El Quisco: participación dentro de una política nacional

En Chile, el enfoque es diferente. La comuna de El Quisco, en la Región de Valparaíso, participa del Programa de Pavimentación Participativa, una iniciativa concursable impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), donde los municipios cumplen un rol fundamental como articuladores técnicos y administrativos.

El esquema establece una distribución fija del financiamiento: el municipio aporta el 9% del costo de la obra, la comunidad entre un 15% y un 25%, mientras que el Estado Nacional financia el porcentaje restante mediante subsidios nacionales.

El programa incorpora además criterios de equidad. Cuando al menos la mitad de las familias beneficiarias pertenece a los segmentos de menores ingresos según el Registro Social de Hogares, el aporte comunitario puede eliminarse completamente.

Para ser elegibles, las vías deben cumplir una serie de condiciones técnicas previas: contar con redes operativas de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias activas, estar reconocidas como Bienes Nacionales de Uso Público y tener una extensión de entre 100 y 1.000 metros lineales. Estos requisitos buscan asegurar que la pavimentación forme parte de una intervención urbana integral y no de una obra aislada. 

A diferencia de Goya, donde el proceso surge desde la organización barrial, en Chile el desafío está en cumplir con un procedimiento técnico altamente estructurado. Los vecinos deben financiar el proyecto de ingeniería, el municipio valida la documentación y presenta la postulación, mientras que el Servicio Regional de Vivienda y Urbanización (SERVIU) administra posteriormente la licitación y ejecución de la obra.

Aunque ambos casos responden a realidades institucionales distintas, comparten una misma premisa: la participación ciudadana no reemplaza la inversión pública, sino que la potencia.

Más que financiar calles: construir confianza

Las dos experiencias muestran que el principal aporte de estos programas trasciende la infraestructura. Cuando la comunidad participa activamente, la transparencia aumenta, el control social sobre las obras mejora y la apropiación de los proyectos resulta significativamente mayor. Los vecinos dejan de ser únicamente beneficiarios para convertirse en actores corresponsables de las transformaciones de su barrio.

En Goya, por ejemplo, la pavimentación suele complementarse con nuevas luminarias LED, arbolado, equipamiento urbano, promoviendo además inversiones privadas en veredas y fachadas que multiplican el impacto inicial de la obra pública.

Al mismo tiempo, la organización vecinal fortalece vínculos comunitarios que muchas veces permanecían debilitados, consolidando redes de cooperación que luego facilitan nuevas iniciativas.

Los desafíos del cofinanciamiento de pavimentación

Estos mecanismos también presentan límites que requieren atención. 

Los sistemas basados en el orden de cumplimiento de los aportes vecinales pueden dificultar la logística y la planificación territorial del municipio, obligando a trasladar equipos entre barrios muy alejados y aumentando los costos operativos.

La desigualdad económica también representa un desafío. Cuando algunos vecinos no logran reunir el aporte requerido, el proyecto puede retrasarse o exigir soluciones complementarias para evitar que una parte del barrio quede excluida.

En programas más centralizados, como ocurre en Chile, aparece otra tensión: la menor capacidad de los municipios para adaptar los proyectos durante la ejecución, debido a procedimientos administrativos definidos a nivel nacional.

¿Qué necesitan otras ciudades para replicar el cofinanciamiento de pavimentación?

Más que copiar un programa específico, ambos casos ofrecen principios que pueden adaptarse a distintos contextos.

El primero es contar con un marco normativo claro que establezca responsabilidades, aportes y mecanismos de transparencia. El segundo consiste en fortalecer las organizaciones comunitarias capaces de coordinar la participación vecinal y generar confianza entre los distintos actores.

Finalmente, estas experiencias muestran que la participación ciudadana también requiere capacidades institucionales. No alcanza con convocar a los vecinos; es necesario diseñar procesos simples, transparentes y sostenidos en el tiempo para que la corresponsabilidad pueda consolidarse.

Las experiencias de Goya y El Quisco demuestran que, incluso en contextos de restricciones presupuestarias, es posible encontrar nuevas formas de hacer ciudad. Más que compartir el costo de una obra, estos programas construyen algo igualmente valioso: confianza entre la ciudadanía y el Estado. Y esa confianza, muchas veces, termina siendo la infraestructura más importante para sostener cualquier proceso de transformación urbana.

Para conocer más detalles sobre estas experiencias de gestión vial, podés acceder a las presentaciones y la grabación del encuentro virtual Comunidades en el Portal RIL, con las exposiciones de Raúl Alejandro Medina (Director de Prensa, Goya, Argentina), Luisina Leyes (Subsecretaria de Planeamiento, Goya, Argentina) y Marck Rivas (Jefe de Proyectos SECPLA, El Quisco, Chile).

(*) Clarisa Corral es parte del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL).

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La supervisión, realizada por la misma policía, dependía de que ese distintivo pudiera verse desde el exterior. Si el vehículo tenía polarizado (tinteado) oscuro o el marbete no se encontraba en un lugar visible, los agentes no podían confirmar fácilmente si el pago se había realizado. 

Esto generaba situaciones frecuentes de conflicto. Algunos vehículos que sí habían pagado recibían multas porque el marbete no se encontraba a la vista al momento de la supervisión, lo que provocaba discusiones entre usuarios y autoridades municipales. Para evitar esos enfrentamientos, en muchos casos los agentes preferían no sancionar, lo que debilitaba la capacidad de control del sistema y, también, la pérdida de ingresos.

Además, todo funcionaba de forma análoga, lo que generaba altos costos de transacción para los usuarios. El pago sólo podía realizarse en efectivo y no existía una base de datos digitalizada y centralizada que permitiera verificar los pagos o monitorear el sistema.

El punto de partida: regular el espacio público en Antigua Guatemala

En 2024, el Concejo Municipal de Antigua Guatemala renovó la normativa de uso temporal de la vía pública para el estacionamiento de vehículos, y estableció un marco legal para ordenar el uso del espacio público y modernizar el sistema de estacionamiento. En junio 2026, fue aprobado un nuevo reglamento, el cual incorporó mejoras a los servicios y tarifas.

El nuevo reglamento parte de una premisa: el uso voluntario de la vía pública para el estacionamiento conlleva la provisión del servicio de asistencia vial 24/7 y seguridad perimetral. El objetivo es optimizar el uso del espacio urbano, mejorar la movilidad y generar ingresos que contribuyan al mantenimiento de la infraestructura vial y la seguridad en la vía pública. Esta ordenanza genera condiciones de gratuidad para los vecinos y aplica descuento especial para las personas que visitan frecuentemente la ciudad.

Parte de este proceso fue reconocer e institucionalizar la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer la regulación, el control y el monitoreo del tránsito de personas y vehículos en la ciudad. A partir de este marco normativo nació MarbEx, el sistema que hoy gestiona el estacionamiento en Antigua Guatemala.

MarbEx, un sistema que combina regulación y tecnología

MarbEx transformó el modelo tradicional basado en marbetes físicos y pagos en efectivo. El sistema incorpora distintos métodos de pago, incluyendo portal web municipal, dispositivos POS en la vía pública y otros medios electrónicos, además del pago en efectivo para quienes lo prefieran. 

Cada transacción queda registrada en un sistema digital que permite verificar la fecha y hora exacta en la que un vehículo ha pagado el derecho de estacionamiento en la vía pública. Esto facilita el trabajo de supervisión y reduce los conflictos que antes se generaban cuando el marbete no era visible. El reglamento también establece la generación de bases de datos de placas, sistemas de verificación y herramientas tecnológicas que permiten monitorear y evaluar periódicamente el sistema de manera más eficiente. 

Antigua Guatemala, una ciudad con miles de espacios regulados

Encontrar datos relevantes del ingreso de los vehículos al municipio se había convertido en un reto, y el sistema MarbEx permitió facilitar el conteo de visitantes. Uno de los cambios más visibles e inmediatos ha sido la transformación en la forma de pago y, por ende, en la forma en que el usuario se vincula a este importante servicio público. En enero de 2026, se contabilizaron 71,767 marbetes vendidos digitalmente, seis veces más que enero de 2025. 

Durante 2025 se registraron 779,850 marbetes emitidos, distribuidos de la siguiente manera:

• 52.6 % pagados a través del portal digital.
• 31.6 % mediante dispositivos POS con un agente.
• 15.8 % en efectivo en cajas municipales.

Esto significa que más del 84% de las transacciones ya se realizan digitalmente, lo que redujo significativamente la dependencia del efectivo y aumentando la trazabilidad del sistema.

Nota de la Redacción: Antigua tiene cerca de 50.000 habitantes, pero en períodos turísticos como Semana Santa puede llegar a recibir más de un millón de visitas.

Estos datos permiten que la Municipalidad agilice sus procesos y mejore sus procedimientos. Pese a estos cambios, existe una brecha en la regulación de los parqueos sobre la vía pública, por lo que se continúa trabajando con herramientas digitales y físicas para enriquecer los datos y la manera en que se realiza el conteo. 

El impacto en los ingresos municipales

La modernización del sistema también se refleja en la recaudación.

Ingresos por estacionamiento, en quetzales guatemaltecos (1Q equivale a cerca de 0,13 dólares):

• 2022: Q5.6 millones.
• 2023: Q6.9 millones.
• 2024: Q7.0 millones.
• 2025: Q11.6 millones.

En tres años, la recaudación se duplicó, lo que sugiere una mayor formalización del sistema y una mejor capacidad de control del uso del espacio público.

Este incremento en la recaudación no sólo evidencia una mejora en la eficiencia administrativa, sino que también se traduce en una mayor disponibilidad de capital para el municipio. Estos fondos adicionales se destinan a la inversión en infraestructura vial, un aspecto clave especialmente en una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde los retos de conservación, mantenimiento y modernización requieren intervenciones cuidadosas, sostenibles y alineadas con la protección del valor histórico y cultural.

Más que tecnología: un cambio en la gestión urbana

Aunque el componente tecnológico es visible, el cambio principal ha sido institucional. El reglamento establece indicadores para evaluar el desempeño del sistema, incluyendo cobertura del estacionamiento regulado, ingresos, cumplimiento de las normas, sanciones aplicadas y percepción ciudadana.  Esto permite que el sistema no dependa únicamente de la supervisión manual, sino que pueda evaluarse a partir de datos y ajustarse con base en evidencia.

Carmen Zea, visitante frecuente y propietaria reconoce el sistema como una ventaja: “El Marbex me parece una solución muy práctica para pagar el parqueo. Antes tenía que recorrer toda Antigua buscando dónde comprar el marbete, pero ahora el proceso es mucho más rápido y conveniente. Además, puedo pagar varios días de una sola vez cuando me quedo más tiempo”.

Lecciones para otras ciudades

La experiencia de Antigua Guatemala muestra que la digitalización de un servicio público puede ser más efectiva cuando está respaldada por un marco normativo claro. En este caso, la tecnología permitió aplicar una normativa reciente, de forma eficiente. La combinación de reglas claras, herramientas digitales y monitoreo institucional contribuyó a mejorar el control del sistema y a reducir los conflictos entre usuarios y autoridades.

Para ciudades que enfrentan desafíos similares en la gestión del estacionamiento, la experiencia sugiere que la transformación digital puede ser una oportunidad para fortalecer la administración del espacio público y mejorar la transparencia en la gestión de los servicios urbanos.

1. La tecnología funciona mejor cuando está respaldada por reglas claras.

Digitalizar un servicio público sin un marco normativo sólido puede generar nuevas herramientas, pero no necesariamente mejores resultados. En Antigua Guatemala, el cambio tecnológico estuvo acompañado por un reglamento que redefinió cómo se administra el espacio público, respetando el valor histórico de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

2. Reducir el uso de efectivo mejora la trazabilidad del sistema.

La incorporación de pagos digitales facilita la experiencia del usuario, fortalece la transparencia y permite un control administrativo eficaz, al registrar cada transacción en una base de datos verificable.

3. La digitalización también transforma la relación entre ciudadanos y autoridades.

Cuando la verificación del pago depende de datos y no únicamente de inspecciones visuales, disminuyen los conflictos entre supervisores y usuarios y se fortalece la confianza en el sistema.

4. La gestión del estacionamiento es una herramienta para ordenar el espacio público.

Más allá de la recaudación, regular el estacionamiento permite organizar mejor la movilidad urbana, optimizar el uso de las calles y equilibrar el acceso de distintos usuarios al espacio público.

5. La modernización de los servicios municipales puede comenzar con problemas cotidianos.

Un sistema de estacionamiento puede parecer un servicio menor, pero cuando se gestiona con datos, tecnología y reglas claras, puede convertirse en una puerta de entrada para la transformación digital de la administración municipal.

Este artículo fue escrito por la Secretaría de Gestión Estratégica de la Municipalidad de Antigua Guatemala y editado por +COMUNIDAD. 

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Por Natalia Battochia y Florencia Alferii Garcia(*)

Un escritorio cubierto de expedientes, teléfonos que no dejan de sonar y una agenda municipal que se agota en resolver crisis del momento. Esta escena describe la realidad de muchos gobiernos locales donde la falta de planificación consume los recursos y la energía de los equipos. 

Ante este escenario, la Red de Innovación Local (RIL) impulsa el programa Ciudades Eficientes, que acompaña a los municipios en el diseño y la ejecución de una visión de ciudad a corto, mediano y largo plazo.

La iniciativa propone el uso de la planificación como una herramienta técnica esencial. El proceso traduce las ideas en objetivos claros, metas medibles y proyectos concretos. Su propósito central es la consolidación de equipos de trabajo capaces de sostener estas decisiones a pesar de las presiones diarias. 

En la práctica, esto significa un trabajo anual enfocado en cuatro dimensiones clave:

• Diagnóstico:  conocer con precisión la situación actual del municipio.
• Estrategia: decidir a dónde se quiere llegar.
• Operativa: traducir esas decisiones en acciones con responsables y plazos definidos.
• Evaluación:  medir el impacto de las políticas públicas en la comunidad y aprender de lo realizado para mejorar continuamente.

La metodología para la transformación

El recorrido anual del programa utiliza una metodología basada en parámetros e indicadores. Estos datos, que parten de la fase de diagnóstico, ofrecen una radiografía de los servicios, la infraestructura, la gestión financiera, la gobernanza y las necesidades ciudadanas. 

La fase estratégica organiza estos ejes en metas y resultados. Por su parte, la fase operativa diseña proyectos con cronogramas, responsables y recursos. La fase comunicativa aborda la difusión de las decisiones para generar legitimidad. Finalmente, la fase evaluativa instala el monitoreo constante mediante el uso del Tablero de Gestión de Proyectos de RIL y fomenta la mejora continua.

A mitad de año se incorpora la pausa del “Entretiempo“. Este encuentro presencial reúne a intendentes y coordinadores técnicos para compartir avances y acuerdos operativos. El formato permite recuperar la perspectiva sobre las prioridades de gobierno y que los equipos establezcan acuerdos para la implementación y recuperan energía frente a la carga de la gestión diaria.

Reconocimiento a la excelencia: el Premio RIL- SUPERVIELLE 

El programa incluye el Premio RIL – Supervielle como un mecanismo para visibilizar y reconocer a los gobiernos que mejores avances tienen en el programa para alcanzar una mayor eficiencia en la gestión. Este galardón valida el uso de la planificación como una guía de gestión real y el empleo sistemático de los tableros de control. A la vez, destaca a los equipos que sostienen el compromiso técnico y político necesario para implementar cambios estructurales en sus territorios.

Para la ciudad ganadora, el premio es también una oportunidad para compartir aprendizajes, inspirar a otras gestiones y posicionar prácticas replicables a escala regional e internacional.

En la última edición, Villa Pehuenia Moquehue (Neuquén) y Yerba Buena (Tucumán) obtuvieron el reconocimiento. Ambas ciudades se destacaron en el programa, logrando planes de gestión que representan la identidad de sus localidades y potencian la eficiencia en la gestión. 

El reconocimiento validó el trabajo realizado durante el año y la decisión de planificar, ejecutar y evaluar la gestión en contextos locales complejos. A la vez, confirma que la eficiencia administrativa requiere constancia y determinación política para sostener los procesos de mejora. En febrero de 2026, representantes de ambos equipos ganaron un viaje de inspiración a ciudades de Colombia.

Aprendizajes y convicciones: la eficiencia como un modelo de trabajo

Del último año de trabajo emergen aprendizajes que hoy ya son convicciones. La eficiencia combina herramientas técnicas ━indicadores, tableros y software━ con el fortalecimiento de equipos que conocen sus roles y se reúnen con regularidad para revisar compromisos y resultados.

Contar con un diagnóstico riguroso ofrece la radiografía operativa necesaria para priorizar con criterio y evitar decisiones improvisadas. Además, cuando ese diagnóstico se articula con un acompañamiento sostenido, tanto técnico como entre pares, facilita la adopción de soluciones y reduce el aislamiento de las gestiones municipales. 

Al mismo tiempo, los liderazgos que cuidan a sus equipos generan las condiciones para que los procesos sobrevivan a los cambios políticos y administrativos. Y, de manera complementaria, introducir pausas de reflexión como el entretiempo protege la energía colectiva y permite reajustar la ejecución sin perder el rumbo.

En conjunto, estas prácticas demuestran que la eficiencia es un modo de trabajo que articula datos, decisiones y cuidado para producir resultados tangibles en la vida cotidiana de las personas.

Si miramos los efectos concretos sobre la ciudadanía, los cambios no siempre son drásticos en el corto plazo, pero sí son palpables: proyectos con cronograma y presupuesto real, procesos intersectoriales que antes estaban fragmentados, información disponible para medir impacto y equipos que aprenden a priorizar con criterio. 

Ese cambio en la rutina administrativa reduce la improvisación y coloca a la ciudadanía en el centro: la eficiencia, entonces, deja de ser un objetivo técnico para convertirse en una promesa de mejor servicio.

Ciudades Eficientes, un compromiso ético

Para cerrar, algo esencial: la eficiencia no es frialdad administrativa, sino un profundo compromiso ético. Entrenar la gestión significa hacer que cada decisión rinda en la vida cotidiana de las personas, exigir coherencia entre lo que se planifica y lo que se hace, y sostener la convicción de que gobernar bien es un acto de responsabilidad hacia las generaciones que vendrán.

Ciudades Eficientes acompaña este ejercicio, impulsando a pensar en grande y a ordenar lo cotidiano. Y si algo nos enseñó este año, con sus hitos y sus reconocimientos, es que la transformación es posible cuando la técnica se une con el corazón y la disciplina del trabajo diario.

(*) Natalia Battochia es directora de Gobiernos Eficientes en RIL Argentina. Florencia Alferii García es facilitadora del programa +Mujeres Transformando Ciudades. 

Imagen principal: ilustración representativa realizada por +COMUNIDAD. 

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¿Qué nos están diciendo los eventos extremos recientes, como las inundaciones en Bahía Blanca, sobre el riesgo climático que enfrentan las ciudades? Esta es una de las preguntas que abordamos en el nuevo episodio de CIUDADES, donde entrevistamos a María Cintia Piccolo, doctora en Oceanografía y licenciada en Ciencias Meteorológicas. 

Piccolo, reconocida por su trayectoria en el estudio de la interacción mar-atmósfera y su impacto en los ecosistemas, explica por qué fenómenos como las lluvias intensas afectan de manera desigual a distintas ciudades. El factor clave, asegura, está en la planificación urbana, la comunicación entre gobiernos y ciudadanía, y la inversión en infraestructura adecuada.

“Todo lugar tiene partes débiles”, señala Piccolo, en referencia a zonas particularmente vulnerables como valles de ríos o áreas costeras. Identificar estos sectores, agrega, es fundamental para reducir el impacto de los eventos extremos como los que sufrió Bahía Blanca en marzo de 2025, ciudad en la que reside. 

A lo largo de la conversación, analizamos por qué algunas ciudades del mundo —como Copenhague, Berlín o Canberra, según sus ejemplos— lograron fortalecer su resiliencia frente a eventos extremos, y qué aprendizajes podrían adaptarse, incluso a pequeña escala, en América Latina. ¿Una pista? Pensar en clave de ciudades inteligentes. 

En Argentina, aunque con desafíos importantes, algunas ciudades –menciona– ya comenzaron a trabajar en identificar vulnerabilidades, dialogar con sus comunidades y llevar adelante obras de mitigación.

El rol de la ciudadanía en la gestión del riesgo

Además de la acción estatal, la entrevista invita a reflexionar sobre el rol de las personas y las comunidades. “Si la comunidad está educada, se van a poder mejorar las consecuencias que dejan los eventos extremos”, afirma Piccolo.

Entender los niveles de alerta meteorológica —amarillo, naranja, rojo—, preparar los hogares ante inundaciones o tormentas, y actuar de manera preventiva frente a olas de frío o de calor son algunas de las acciones que pueden marcar la diferencia.

La especialista también subraya la relevancia de los humedales, las costas y los espacios verdes urbanos en la gestión del riesgo. Además de ayudar a absorber el agua en caso de lluvias intensas o a frenar la erosión, estos ecosistemas funcionan como sumideros naturales de carbono. Por ende, contribuyen a mitigar los efectos del cambio climático. 

En estudios recientes, indica, se ha comprobado que las marismas costeras tienen un alto potencial para absorber dióxido de carbono, aunque todavía falta mayor investigación y protección de estos espacios, especialmente en países como Argentina.

El episodio cierra con una mirada a largo plazo: cómo imaginar ciudades más preparadas para convivir con la variabilidad climática. Piccolo comparte su receta, que incluye infraestructura resiliente, energía limpia, acceso equitativo a la tecnología y una cultura de prevención basada en la educación.

Para profundizar sobre la gestión del riesgo, la resiliencia urbana y el rol de la ciudadanía ante eventos climáticos extremos, escuchá el episodio completo de la nueva entrega de CIUDADES. Una conversación que invita a reflexionar sobre las vulnerabilidades de nuestras ciudades, las oportunidades de acción local y la necesidad de construir comunidades más preparadas y sostenibles.

Sobre María Cintia Piccolo

María Cintia Piccolo es doctora en Oceanografía por la Universidad de Old Dominion (Estados Unidos) y licenciada en Ciencias Meteorológicas por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se especializa en la variabilidad climática y su impacto en ecosistemas urbanos, marinos y continentales. A lo largo de su trayectoria, dirigió más de 30 tesis doctorales y publicó cerca de 200 artículos científicos. Fue directora del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO) y actualmente continúa trabajando en proyectos de investigación en la Universidad Nacional del Sur (UNS) y el CONICET.

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El cemento ardiente, el aire seco y la falta de sombra convierten a varios espacios en comunas de la Región Metropolitana de Chile en auténticas islas de calor. En este contexto, el agua es vista como un alivio inmediato, aunque su uso descontrolado –como la apertura indebida de grifos– agrava la crisis hídrica que afecta a gran parte del país desde hace más de una década. 

Ante este panorama, la compañía Aguas Andinas, en conjunto con 18 municipalidades, impulsó la reactivación de las plazas de agua. Se trata de una solución sostenible que busca mitigar el calor urbano y también fortalecer la convivencia comunitaria. 

Espacios de recreación y cuidado del agua

La iniciativa, que ya lleva más de 15 años en funcionamiento, permite que miles de niños y sus familias disfruten del agua en un entorno seguro y controlado. Actualmente, existen 43 plazas de agua distribuidas en las comunas de Conchalí, Calera de Tango, Cerro Navia, Estación Central, La Florida, La Granja, La Pintana, Macul, Melipilla, Pedro Aguirre Cerda, Peñalolén, Pudahuel, Puente Alto, Recoleta, Renca, San Joaquín, San Miguel y Talagante.

“Las plazas de agua son parte esencial de nuestro rol social dentro de la Región Metropolitana, zona en donde entregamos servicios de agua potable y saneamiento para más de ocho millones de personas. Llevamos más de 15 años implementando (esta iniciativa) en distintas comunas de la capital. Son instalaciones que permiten año a año durante épocas estivales que miles de personas puedan disfrutar del agua de forma segura, generando espacios de esparcimiento en comunas que no disponen de gran cantidad de áreas verdes”, explicó a +COMUNIDAD Paola Arata, directora de Gestión Territorial de Aguas Andinas.

El modelo de gestión es colaborativo: Aguas Andinas se encarga del mantenimiento técnico y operativo de las plazas, mientras que las municipalidades y las juntas de vecinos coordinan su funcionamiento diario.

 “Nuestra compañía se encarga del funcionamiento y mantención de estos espacios. Luego, gracias a un trabajo colaborativo y mancomunado junto a los distintos municipios y juntas de vecinos, se coordina la operatividad durante los meses de verano. Los propios vecinos son los encargados del cuidado de estos espacios, ya que son ellos los que determinan cuándo abrir y cerrar las plazas”, agregó Arata.

Plazas de agua, más que un alivio térmico

Además de reducir el impacto del calor extremo, estas plazas promueven el uso eficiente del agua. En lugar de grifos abiertos desperdiciando miles de litros, las plazas de agua regulan su flujo para optimizar el recurso. También fortalecen la cohesión social, generando espacios de encuentro en barrios que muchas veces carecen de áreas recreativas accesibles.

“Es gratificante ver cómo cada año son más las personas, niños y familias que se congregan en las distintas plazas de agua que habilitamos. El poder facilitar este tipo de oportunidades es parte de nuestro propósito, el que día a día nos mueve a seguir entregando un servicio seguro que permita a las personas disfrutar e interactuar con un recurso tan vital como el agua potable”, expresó la directora de Gestión Territorial de Aguas Andinas.

Las 43 plazas de agua dispuestas este 2025 en 18 comunas de la Región Metropolitana permiten una interacción diaria promedio de cerca de 1.200 niños y sus familias. `Por lo general abren de 11 a 20 horas, de acuerdo a la coordinación de cada comunidad, y operan desde mediados de diciembre hasta fines de febrero. Según indicaron desde Aguas Andinas, el desafío para 2026 será entregar más plazas del tipo, tanto en las comunas actuales como en nuevas. 

Un modelo replicable para otras ciudades

Conchalí fue una de las últimas comunas en donde se reinauguraron las plazas de agua en la temporada de verano 2024/2025. René de la Vega, alcalde de la comuna, destacó el impacto positivo en la comunidad. “Gracias al trabajo mancomunado con Aguas Andinas, se le da alternativas a la gente para capear el calor. Es muy complejo poder hacerlo hoy en día si uno no tiene recursos económicos o el espacio para tener una piscina. Esto los vecinos lo valoran mucho, lo que se ve reflejado en lo cuidada que está la plaza gracias a ellos”, valoró. 

El éxito del proyecto sugiere que este modelo puede implementarse en otras ciudades de la región. “Este tipo de proyectos son perfectamente replicables en otras ciudades. Lo más importante es el convencimiento de las ventajas que entrega, como también un trabajo articulado entre los municipios, el sector privado y las comunidades, siempre en la búsqueda de aportar al desarrollo y bienestar de las personas y su entorno”, concluyó Arata.

Aguas Andinas hace un llamado a la comunidad para proteger los grifos, ya que forman parte de la infraestructura urbana esencial. La compañía habilitó un canal de denuncia para evitar aperturas irregulares a través del Contact Center: (+56) 227312400.

Según sus estimaciones, la apertura irregular de un grifo implica que se pierdan 50.000 litros de agua por hora. Tomando como referencia un promedio de 450 grifos abiertos por día, el desperdicio es el equivalente a 1.000 viviendas en un mes por cada hora que estén abiertos. 

Con la expansión de estas plazas de agua y el compromiso de la comunidad, la Región Metropolitana de Santiago de Chile avanza en soluciones concretas para enfrentar el calor extremo sin comprometer la disponibilidad del recurso más vital.

Esta nota se publica como parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales inspiradoras como las de esta nota en tu correo? ¡Podés suscribirte de forma gratuita!

^{Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD basada en fotos de Aguas Andinas.} 

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Además de construir el llamado Estadio Icónico, en donde se cerrará la Copa, Lusail preparó un entramado de infraestructuras capaz de albergar a 450.000 personas. Las construcciones incluyen 19 distritos multipropósitos entre áreas residenciales, comerciales, puertos deportivos, islas artificiales y decenas de centros de entretenimiento. Se pusieron en pie 22 hoteles con estrellas internacionales y una docena de shoppings nuevos con miles de tiendas, muchas consideradas de lujo. 

También se crearon dos redes de parques ecológicos que desafían el paisaje desértico natural. Para unir todas las instalaciones, las autoridades qataríes planificaron una extensa red de autopistas y metros que llegan hasta la capital del país, Doha. Con 28 kilómetros, el nuevo entramado de tranvías es el más grande de la región: tiene 25 estaciones y en cada una de sus 30 unidades eléctricas entran 209 viajeros. El renovado sistema de transporte, que apunta hacia la sostenibilidad, incluye además 30 kilómetros de canales acuáticos y 76 kilómetros de vías peatonales y ciclovías. 

Inversiones urbanas sin precedentes

Pensada como una de las grandes anfitrionas del Mundial, Lusail pasó de ser un desierto costero a uno de los proyectos urbanos más ambiciosos del siglo XXI. Gracias a una economía próspera, basada principalmente en la extracción de petróleo, Qatar se encargó de su planeamiento urbano prácticamente de cero. 

Según el análisis de la consultora Deloitte, la nación asiática está invirtiendo más de 220.000 millones de dólares en los proyectos. “Es la Copa más cara de la historia del fútbol”, repiten los titulares de los medios. 

También avanzaron transformaciones de carácter monumental en las otras cuatro ciudades sede: Doha, Al-Rayyan, Al-Wakrah y Al-Khor. Sus diseñadores apuntan hacia la posteridad y la formación de símbolos de las nuevas actividades económicas atractivas para el país, como el turismo y el deporte. Desde 2010, sin embargo, las obras no han escapado de críticas y denuncias que son investigadas por organismos internacionales. 

Entre las necesidades locales y el éxito del evento

Cada Copa de la FIFA puede ser una fiesta del fútbol y motivar cientos de transformaciones urbanas que, aunque costosas, deberían beneficiar a las poblaciones locales. Y no es para menos: prepararse para recibir a millones de visitantes requiere años de planificación y cuantiosas inversiones. Para 2018, por ejemplo, construir 12 estadios en 11 ciudades le costó a Rusia cerca de 11.000 millones de dólares. 

“Cuando estos grandes eventos están en marcha, parece que el dinero y los problemas que conllevan merecen la pena. Aunque he investigado lo suficiente para darme cuenta de que las extravagancias internacionales no siempre benefician a los locales a largo plazo”, sostiene Mark Wilson, profesor en Planeamiento Urbano en la Universidad de Michigan.

Entre sus conclusiones, el experto asegura que las organizaciones que planifican grandes espectáculos y el público suelen tener necesidades diferentes. “Los primeros necesitan principalmente promover su marca con el éxito de un evento. Los segundos quieren mejorar la percepción de su ciudad y que se construyan edificios nuevos, carreteras e infraestructuras que mejoren la calidad de vida a largo plazo sin que les salga demasiado caro”, apunta. 

¿Cómo pensar entonces el legado de los mundiales de fútbol y de otros megaeventos, como los Juegos Olímpicos? “Pueden brindar enormes oportunidades para que los anfitriones avancen en el desarrollo urbano. El desafío que enfrentan las ciudades es cómo dirigir el gasto público y privado en los futuros deseados para apoyar sus agendas urbanas ya existentes”, analizan los/as investigadores Eva Kassens-Noor, Mark Wilson, Sven Müller, Brij Maharaj y Laura Huntoon.

La experiencia brasileña más allá del fútbol

Para la Copa del Mundo 2014, Brasil encaró grandes obras en las 12 ciudades que fueron anfitrionas. Además, Río de Janeiro fue sede de los Juegos Olímpicos de Verano dos años después. Gran parte de esas transformaciones urbanas y las construcciones de estadios ocurrieron durante un período de turbulencias políticas y económicas. Así, fueron frecuentes las protestas en contra del dinero utilizado para los megaeventos. 

Según los organismos fiscalizadores brasileños, el 90% de las obras fueron financiadas por el sector público y sólo el 10% provino de iniciativas privadas. En contraste, para el Mundial de 2006 en Alemania las inversiones fueron 60% privadas y 40% del gobierno.

Ocho años después de Brasil 2014, algunos de los estadios construidos para el Mundial cayeron en desuso y todavía causan perjuicios financieros en las arcas locales (en Recife, Manaus, Brasília, Cuiabá y Natal). “Su situación es delicada por las dificultades para obtener lucros. Algunas ciudades no tienen equipos de fútbol que puedan atraer públicos y grandes obras”, apunta un informe del Grupo Houer. 

Aun así, varias de esas ciudades encontraron soluciones para equilibrar de algún modo las cuentas mediante acuerdos público-privados. Además de utilizar los estadios para otro tipo de eventos, como los musicales, parte de las infraestructuras son aprovechadas con otros fines. Es el caso del Arena Pantanal, en Cuiabá, en donde funciona desde 2017 una escuela estatal. 

Las modificaciones del espacio público fueron mucho más allá de las infraestructuras relacionadas al fútbol. “Fortaleza pasó por varios procesos de intervención urbana en virtud de las exigencias de la FIFA. El megaevento dejó marcas antes y después de su realización, incluso para las personas que viven en las calles por las obras de movilidad”, examinan, desde un punto de vista sociológico, Priscila Adriano Barros y José Cleyton Vasconcelos Monte.

Con previsión y prospección

“La Copa va a pasar, pero el desarrollo va a quedar”, se repetía en Brasil antes del Mundial 2014. Si bien gran parte de las obras hoy son disfrutadas por la población, como ser la construcción de autovías y las mejoras en aeropuertos, puede verse también que varias de las transformaciones no causaron demasiados beneficios en los años subsiguientes. 

En otros países anfitriones de la FIFA, en tanto, las obras mantuvieron un equilibrio entre las necesidades del fútbol y las previsiones futuras de la ciudad. “Cuando ya tenían los estadios de fútbol necesarios, como ocurrió en el Mundial de Francia de 1998 y el de Alemania en 2006, la inversión requerida fue más razonable y práctica, ya que se aseguraron de que se usaran las nuevas instalaciones”, ejemplifica el profesor Mark Wilson. 

Estos escenarios virtuosos también ocurrieron con ciudades sede de otros megaeventos. “Los Ángeles fue la primera ciudad que, en 1984, encontró una forma de acoger los Juegos Olímpicos: usando estadios que ya tenían y cediendo servicios”, apunta el experto. 

En Barcelona, en donde se celebraron los Juegos Olímpicos de 1992, las transformaciones fueron más allá. En una zona donde antes había fábricas y muelles, se creó la Villa Olímpica para albergar a los atletas. Con el tiempo, la ciudad comenzó a aprovechar esas instalaciones y formó un barrio moderno de 45 hectáreas que hoy es habitado por más de 10.000 personas. 

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^{Redacción +Comunidad.
Foto principal: Estadio Icónico de Lusail, con capacidad para 80.000 espectadores. Foto de David Ramos/Getty Image.}

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