En 2013, el municipio enfrentaba un escenario complejo: limitaciones financieras, debilidades administrativas y una escasa capacidad para monitorear metas de gobierno o comprender, con precisión, las necesidades de su población. La falta de datos sistematizados dificultaba la toma de decisiones y alejaba a la ciudadanía de los procesos de planificación urbana.

Frente a ese diagnóstico, la ciudad optó por un cambio de enfoque. En lugar de gestionar a partir de intuiciones o respuestas fragmentadas, Niterói apostó por construir una planificación de largo plazo apoyada en evidencia y participación social. Así nació el plan estratégico Niterói que Queremos 2013-2033, lanzado en 2014, que define una hoja de ruta para los próximos 20 años en áreas clave como salud, educación, desarrollo económico y ambiente.

Puedes leer este artículo en portugués aquí: 

Una arquitectura de planificación y evaluación basada en datos

El proceso de elaboración del plan Niterói que Queremos involucró a más de 7.000 personas, entre referentes políticos, equipos técnicos municipales y actores de la sociedad civil. Lejos de ser un documento cerrado, el plan buscó desde el inicio articular visiones compartidas sobre el futuro de la ciudad y sentar las bases para una gestión más transparente, medible y orientada a resultados.

Ese mismo año comenzó a desarrollarse el Sistema de Gestión de la Geoinformación (SIGeo), una herramienta para ordenar y analizar datos geoespaciales del municipio. A través del Geoportal Público y del Portal de Datos Abiertos, la información comenzó a ponerse a disposición tanto de los equipos de gobierno como de la ciudadanía, facilitando el acceso, la reutilización de datos y la integración con otros sistemas mediante APIs.

Con el tiempo, esta infraestructura se consolidó con la creación del ObservaNit (Observatorio de Indicadores de Niterói), una plataforma que reúne indicadores de desempeño de las políticas públicas y permite seguir de cerca sus resultados sociales. A esto se sumó el Plan de Metas Anual (PMA), alineado con el Plan Plurianual (PPA), la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) y la Ley Presupuestaria Anual (LOA), como parte de un sistema de planificación que articula objetivos, presupuesto y evaluación.

En 2021, la institucionalización del uso de datos dio un paso más con la creación del SIMAGI (Sistema de Evaluación y Gestión de la Información), que establece evaluaciones periódicas de programas y proyectos en cada secretaría municipal. El objetivo: que la información no sólo se produzca, sino que efectivamente oriente decisiones, correcciones y prioridades de política pública.

Institucionalizar el uso de datos en la gestión municipal

Desde entonces, la alcaldía de Niterói continúa institucionalizando la cultura data-driven (orientada por datos) en su gestión, con la incorporación de tecnologías y prácticas destinadas a mejorar la eficiencia administrativa y la toma de decisiones. En ese marco se definió la Estrategia de Gobierno Digital (EGD), que establece principios, lineamientos, una estructura de gobernanza y objetivos estratégicos para guiar el proceso de transformación digital del municipio.

En 2023, la ciudad dio un paso inédito al convertirse en la primera de Brasil en realizar una encuesta municipal por muestreo a gran escala. El relevamiento Niterói que Somos visitó 15.000 hogares con el objetivo de mapear la calidad de vida y las principales demandas en áreas como salud, movilidad, cultura y asistencia social. La encuesta, que se repetirá cada cuatro años, produce información actualizada para orientar políticas públicas en el corto, mediano y largo plazo, y cubre vacíos dejados por el Censo nacional.

Para la elaboración del cuestionario se conformó un consejo consultivo integrado por especialistas y representantes de todas las secretarías municipales. Esta instancia permitió definir indicadores relevantes y asegurar que los datos recolectados reflejen las necesidades reales de la población y se traduzcan en acciones concretas de política pública.

Inspirada en experiencias previas, como el programa de Renta Básica de Ciudadanía de Maricá, la alcaldía de Niterói creó la Moneda Social Arariboia. Se trata de una política permanente de transferencia de ingresos, ejecutada a través de la Secretaría Municipal de Asistencia Social y Economía Solidaria (SMASES), que forma parte de una estrategia más amplia de desarrollo local y reducción de la pobreza y la extrema pobreza. Es utilizada por cerca de 100.000 personas. 

La iniciativa surgió en respuesta al aumento acelerado de personas bajo la línea de pobreza durante la pandemia de COVID-19. En junio de 2021 se puso en marcha el Banco Comunitario Arariboia en Vila Ipiranga, en el barrio de Fonseca, una de las zonas más pobladas de la ciudad. En diciembre de ese mismo año, la moneda social —de circulación exclusiva dentro del municipio— fue lanzada oficialmente y alcanzó a cerca de 27.000 familias en situación de vulnerabilidad.

Niterói y una gestión orientada por datos replicable

Las herramientas y planes desarrollados por Niterói ponen en evidencia la importancia de consolidar una cultura de datos, sostener una visión de largo plazo y garantizar continuidad y transversalidad en la gestión. Desde 2013 hubo un liderazgo político consistente para invertir en sistemas y alianzas que mejoraran la gestión. 

La participación ciudadana en la planificación aportó legitimidad a las decisiones y permitió definir metas claras, con una metodología centrada en las personas. A su vez, proyectos focalizados como EcoSocial mostraron que el uso de datos intersectoriales permite dirigir recursos hacia quienes más lo necesitan y evaluar el impacto de las intervenciones.

Como caso de estudio, la experiencia de Niterói subraya la importancia de contar con equipos técnicos especializados, capacidades institucionales sostenidas y un ecosistema de integridad y transparencia que genere confianza en el uso de los datos. Ciudades de tamaño medio, con una gestión financiera ordenada, pueden encontrar en este modelo una referencia adaptable a sus propias realidades.

El carácter innovador de la encuesta Niterói que Somos también ofrece un aprendizaje clave: los municipios no necesitan depender exclusivamente de los datos producidos a nivel federal. La realización de relevamientos propios resulta especialmente relevante para ciudades de más de 200.000 habitantes que buscan conocer con mayor precisión a su población. La integración progresiva de sistemas —como geoprocesamiento, participación social y gestión estratégica— y la participación en redes y rankings, como Connected Smart Cities, completan un enfoque que combina mejora continua, visibilidad y estímulos para fortalecer la gestión pública basada en evidencia.

Este artículo fue redactado originalmente en portugués por Amilcar Pereira Cardoso, especialista en transformación del sector público, y traducido y editado por +COMUNIDAD. Integra una serie de publicaciones sobre ciudades de Brasil que utilizan datos para impulsar mejoras públicas.

^{Imagen principal: Cartão da Moeda Social Arariboia. Divulgação.}

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Por Natalia Aquino,
Ciudades Circulares en RIL

La foto inicial

Es un día cualquiera de la semana —vaya a saber de qué mes—, allá por 2018.
El trazado de coordenadas nos ubica en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Argentina. 

En la calle Pilcomayo, a unos cinco o seis kilómetros del centro, un grupo de personas trabaja subido a una montaña de residuos. Es su jornada laboral. Circula algún mate bien dulce y alguna palabra, no muchas: la tarea exige estar alerta para cuando llegue el camión, abrir bolsas, inspeccionar, seleccionar y rescatar el mejor material posible. De esa agilidad y astucia depende “el mango” que cada uno lleve a su casa. Es un desafío individual.

Entre esas personas, alguien más colabora en la tarea, pero su objetivo es otro. No está ahí para llevarse un botín: busca conocer, de cerca y desde la voz de los protagonistas, cómo es el oficio de cartonero. Sabe que hay algo en ese proceso que no está del todo bien y entiende que el tiempo —y un cúmulo de decisiones y convicciones— lo colocaron en el lugar y en el momento justo para impulsar un cambio.

Federico Ignaszewski, profesor de Historia, militante político y subgerente del Ente Municipal de Saneamiento Urbano de Santa Rosa, cuenta que es necesario conocer a los cartoneros, a los recicladores, porque desde el municipio no piensan el ambiente en abstracto, sino a partir de sus actores.

“Para nosotros, el actor fundamental del trabajo ambiental son los cartoneros. Nosotros llegamos a trabajar con lo ambiental a través de ellos, y no al revés”, dice. Más adelante agregará que por eso hablan de gestión integral de residuos sólidos urbanos con inclusión social.

Hubo una experiencia previa

Algunos años antes de esta escena, una gestión había intentado organizar la recolección diferenciada y la separación de residuos. Ya existía el relleno sanitario y existían también los cartoneros y cartoneras que, subidos a la montaña, hacían de esa tarea su changa diaria.

Se levantó un galpón, se compró una cinta transportadora, se hicieron inversiones importantes. Pero un incendio destruyó la estructura y cortó de cuajo todo el proceso, echando por tierra ese trabajo.

El fuego arrasó con la maquinaria y también con la incipiente idea de que era posible una gestión diferente de los residuos.

El humo y las cenizas esparcieron, además, una creencia desalentadora: que no servía para nada separar los residuos.
Los cartoneros y cartoneras, entonces, volvieron a subir a la montaña.

El trasfondo de la política social

Llega 2019 y, con un nuevo cambio de gestión, se crea la Dirección de Economía Popular en el municipio de Santa Rosa. Su tarea: trabajar con los sectores de la producción y la economía no alcanzados por los circuitos tradicionales —como la industria o el comercio local—. Se impulsaron programas y acciones dirigidas a vendedores ambulantes, artesanas, cadetes y otros trabajadores. En algunos casos, con la intención de formalizar esos sectores; pero, sobre todo, para dignificar sus condiciones de labor.

En ese contexto —y con algún que otro paquete de medialunas bajo el brazo—, Federico encaminó más de una jornada hacia la calle Pilcomayo para conocer de cerca las rutinas de los cartoneros y cartoneras. Quería entender por qué los turnos eran necesarios para evitar conflictos entre ellos, y descubrir también que esas personas ya cargaban con el peso de muchas promesas incumplidas. Si pretendía impulsar un cambio, debía andar con pie de plomo: los cartoneros no iban a entregar su confianza tan fácilmente. 

Para el Ente Municipal de Saneamiento Urbano, la coincidencia con una política nacional y federal fue la llave que permitió el diseño de una nueva propuesta y la reorganización del trabajo en este sector. Gradualmente, los camiones dejaron de trepar la montaña y comenzaron a detenerse al final de cada recorrido, allá abajo. Separar la basura se volvió una tarea visible, no escondida, como antes, en lo alto. El material empezó a compactarse y surgieron los primeros intercambios comerciales.

Llegaron máquinas, un espacio donde cambiarse la pilcha de trabajo, baños, computadoras, charlas de capacitación y asambleas que consolidaron procesos de organización.

La construcción material de un nuevo programa de gestión integral de residuos tuvo como reflejo la mejora en los ingresos de las cartoneras y los cartoneros. En poco tiempo, las ganancias se triplicaron, y esa comunidad de laburantes halló en la dinámica cooperativa una manera de ordenar y fortalecer su economía cotidiana.

Eso no eliminó las tensiones ni los desacuerdos —como en todo ámbito de trabajo—, pero el dato concreto de que esta forma colectiva generaba mejores resultados que la venta individual, atravesada por una larga cadena de intermediarios, se volvió innegable.

Cuando le pregunto a Federico para qué sirve ordenar y promover la organización del trabajo de cartoneras y cartoneros, me responde sin vueltas:

—Es simple: enterrás menos residuos y le devolvés a la ciudad la plata que antes estabas enterrando. Porque quienes trabajan en el sector de recuperación compran y consumen en los comercios del barrio, de la zona, de la ciudad. Así se alimenta un círculo virtuoso que camina sobre tres ejes:  ambiental,  social y económico.

La foto final

Donde antes se armaba un fueguito para calentar el agua del mate —con el riesgo de que todo terminara envuelto en llamas—, y en más de una ocasión se desataban disputas por algún material valioso que arrojaban los camiones, hoy existe un espacio de trabajo que se nombra y se reconoce como tal.

De unos escasos tres o cuatro materiales que se recuperaban, la nómina creció a diez, y con ello también las posibilidades de una economía circular más certera.

Donde veinte personas disputaban un botín, hoy ochenta se organizan, debaten y construyen un modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos con inclusión social.

Federico me dice que el proceso no fue tan rápido como hubiesen querido, pero que, al fin de cuentas, sucedió.

Este camino formó parte del acompañamiento que el programa Ciudades Circulares de la Red de Innovación Local (RIL) realizó en 2025, impulsando aprendizajes, espacios de articulación y nuevas oportunidades para fortalecer la gestión local.

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Esa escena cotidiana es la expresión visible de Proyecto Vida, una política que el municipio comenzó en 1991 para promover la clasificación de residuos en los hogares y que hoy vuelve a ocupar la agenda nacional tras recibir el Premio a la Innovación Local.

La distinción se entregó en Montevideo, en la primera edición de La Noche de los Gobiernos Locales de Uruguay. Se trata de un encuentro impulsado por la Red de Innovación Local (RIL) que busca visibilizar a intendencias y municipios como protagonistas de la innovación pública y del desarrollo territorial.

Tres décadas de una idea que se rehizo en el tiempo

Proyecto Vida es una política de larga data. Sus raíces se remontan a 1991, cuando Paso de los Toros comenzó a experimentar con la separación en origen y el reciclaje de residuos inorgánicos. Con el paso de los años el programa perdió impulso, pero no desapareció de la memoria de la localidad. A fines de la década de 2000 y comienzos de 2010, el municipio y la intendencia retomaron el proyecto con una mirada más integral sobre gestión de residuos y trabajo digno.

Un hito de esa reactivación fue el convenio firmado en 2011 entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Municipio de Paso de los Toros y la Intendencia de Tacuarembó. Ese acuerdo permitió sacar a un grupo de personas que buscaban residuos del vertedero municipal para integrarlos a una cooperativa social que comenzó a operar en el galpón de reciclaje. El municipio y la intendencia asumieron el compromiso de pagar un salario mensual, sumado a los ingresos por la venta de materiales, algo señalado en su momento como una experiencia inédita en el país.

En 2018 el proyecto dio otro salto. Una delegación de la Unión Europea, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) a través del programa Uruguay Integra y el Ministerio de Desarrollo Social visitó Paso de los Toros para conocer los avances del Proyecto Vida. La iniciativa obtuvo un fondo que permitió comprar 260 contenedores, financiar campañas de sensibilización y diseñar la ampliación del sistema a Pueblo Centenario, Rincón del Bonete, Chamberlain y Baygorria.

Clasificar en casa, reciclar en equipo

Hoy Proyecto Vida combina tres engranajes que se refuerzan entre sí: la separación en los hogares, los puntos de entrega voluntaria junto a su recolección y la planta de gestión de materiales reciclables. 

“Sin lugar a dudas es un sistema innovador. En todos los gobiernos departamentales y locales se intenta su aplicación. Consideramos innovador el sistema del destino final de los demás residuos urbanos que se disponen en celdas de disposición final (relleno sanitario). Somos una de las cinco ciudades del país que cuentan con este sistema”, explica Richard Javier Da Silva Rivero, director de Ambiente del municipio. 

El esquema funciona así. Las familias separan en sus casas los residuos reciclables del resto. Estos materiales se depositan en contenedores específicos o se entregan en más de 50 puestos de entrega voluntaria distribuidos en supermercados, tiendas, distribuidoras y otros comercios de la ciudad. El municipio realiza una recolección diferenciada y lleva los materiales reciclables a la planta. Allí, la Cooperativa Social Toros realiza la clasificación final, el acondicionamiento y la venta en beneficio de sus integrantes.

A ese circuito se suma un servicio puerta a puerta que Da Silva destaca como otra de las innovaciones del sistema. Dos triciclos eléctricos, donados por la Dirección de Energía, recorren la ciudad cuando los vecinos llaman para avisar que tienen materiales reciclables listos para retirar. Esta flota liviana, apoyada por una estación de carga fotovoltaica, permite llegar a domicilios que quedan fuera de la recolección tradicional y refuerza la logística sin emisiones adicionales.

Según información divulgada por el municipio, el trabajo cotidiano de la cooperativa y del equipo de Ambiente permite recuperar del orden de cerca 20 toneladas mensuales de cartón, plástico y vidrio.

Tecnología para mirar la ciudad en tiempo real

Proyecto Vida no se limita a contenedores, camiones y triciclos. El municipio trabaja en el desarrollo de una aplicación y un bot que permitirán a la ciudadanía informar, desde el celular, el estado de los contenedores y la acumulación de basura o de materiales reciclables. Esa información se incorporará a una base de datos municipal que facilitará ajustar recorridos, priorizar zonas críticas y monitorear el estado de limpieza de la ciudad en tiempo casi real.

“Actualmente se trabaja en el desarrollo de una aplicación y un bot, a través del cual los ciudadanos podrán informar en tiempo real sobre el estado y acumulación de basuras y/o materiales reciclables de los contenedores”, adelanta Da Silva. El objetivo es que la digitalización complemente lo que ya ocurre en el territorio: vecinos que conocen su barrio, funcionarios que recorren las calles y una cooperativa que transforma residuos en ingresos.

Esta incorporación de tecnología se apoya en una infraestructura ambiental que también cambió en profundidad. Además del circuito de reciclaje, Paso de los Toros dispone de celdas de disposición final que funcionan como relleno sanitario. El director de Ambiente insiste en que es una solución todavía poco extendida entre las ciudades del país y que permite clausurar progresivamente los vertederos a cielo abierto.

Impacto ambiental, inclusión social y sostenibilidad económica

El impacto ambiental de Proyecto Vida es doble. Por un lado, la clasificación domiciliaria y la red de contenedores naranjas reducen el volumen de residuos que llega al relleno sanitario. A la vez, favorecen el reciclaje de materiales que de otro modo se enterrarían o terminarían en espacios abiertos.

Por otro, la política se apoya en campañas permanentes en escuelas, liceos y centros barriales, que mantienen el tema presente para nuevas generaciones. Da Silva subraya que se brindan de forma continua “charlas, talleres y reuniones en centros educativos de todos los niveles, así como en comisiones barriales”. Además, realizan eventos masivos de sensibilización sobre el cuidado del ambiente y la importancia de clasificar en casa.

El impacto social también es significativo. Desde sus relanzamientos, Proyecto Vida articuló la gestión de residuos con la reconversión laboral de clasificadores informales. Los acuerdos con el Ministerio de Desarrollo Social y los apoyos de programas como Uruguay Integra permitieron que las 13 personas que hurgaban en el vertedero pasaran de allí a cooperativas sociales con salario fijo e ingresos adicionales por la venta de materiales.

En la dimensión económica, Da Silva sostiene que la sostenibilidad del sistema “está asegurada”. Esto responde a que se apoya tanto en la inversión pública obligatoria en gestión de residuos como en el ahorro que genera recuperar materiales que luego se venden. Parte de la operación se financia con esos ingresos, que además se traducen en recursos para los operadores del sistema.

Aliados, aprendizajes y claves para otras ciudades

A lo largo de su trayectoria Proyecto Vida sumó aliados diversos. La Unión Europea y Uruguay Integra apoyaron la ampliación del sistema y la compra de contenedores. El Ministerio de Desarrollo Social acompañó la reconversión de clasificadores en cooperativas sociales. La Dirección Nacional de Energía aportó triciclos eléctricos y una estación fotovoltaica para mejorar la recolección. Empresas como UPM colaboran en acciones de sensibilización y en el fortalecimiento de la cooperativa Proyecto Vida. Mientras, medios locales registran las movidas en fechas clave como el Día Mundial del Medio Ambiente o del Reciclaje.

De esa experiencia surgen varios aprendizajes con potencial para otras ciudades uruguayas y latinoamericanas:

• La ciudadanía es el corazón del sistema. “Sin la comprensión, involucramiento e inteligencia de los ciudadanos sería imposible la ejecución” del programa, resume Da Silva. Si las personas no clasifican en casa ni usan los contenedores de forma adecuada, no hay tecnología que compense esa ausencia.
  
• La inclusión social no es un apéndice. Integrar a recicladores en cooperativas formales, garantizar ingresos estables y ofrecer condiciones de trabajo más seguras transforma vidas y refuerza la legitimidad del programa.
  
• La innovación puede ser incremental. Proyecto Vida nació como clasificación básica en los hogares, luego sumó contenedores naranjas, después una planta de reciclaje, convenios sociales, fondos concursables, triciclos eléctricos y ahora una app. Cada capa se construyó sobre la anterior.
  
• La escala regional importa. Extender contenedores y campañas a localidades vecinas permitió aprovechar mejor la planta de reciclaje y consolidar a Paso de los Toros como referente regional en manejo de residuos.
  

En ese recorrido, el Premio a la Innovación Local reconoce a un municipio que convirtió una política ambiental en una práctica compartida por miles de personas. También confirma una idea que sobrevuela La Noche de los Gobiernos Locales y el trabajo de RIL en Uruguay: el futuro del país se juega en la capacidad de transformar los territorios, con políticas que combinan creatividad, evidencia y compromiso comunitario. 

“El propósito del desarrollo local es que todas las personas tengan oportunidades de desarrollo sin importar el lugar donde viven. Lo que nos interesa es atacar la desigualdad territorial”, resume Victoria Gadea, directora ejecutiva de RIL Uruguay. 

Redacción +COMUNIDAD

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Río de Janeiro encendió la alerta roja cuando, hacia fines de la década de 2000, se vio golpeada por deslizamientos e inundaciones, un tránsito caótico y altos niveles de violencia. Pero el mayor problema no era sólo la magnitud de las crisis, sino la dificultad del gobierno local para responder con rapidez. La falta de coordinación entre los distintos organismos de la administración pública evidenció la necesidad de una transformación profunda.

Fue entonces cuando la ciudad dio un paso pionero: firmó una alianza público-privada con IBM para crear el Centro de Operações Rio (COR) —hoy Centro de Operaciones y Resiliencia—. Concebido como un “corazón tecnológico”, el COR integró en una sola plataforma toda la información sobre seguridad pública, tránsito, medioambiente y servicios urbanos. Desde allí, más de 30 organismos municipales coordinan acciones de monitoreo y respuesta conjunta.

El sistema permite identificar emergencias en tiempo real, activar alertas preventivas y movilizar equipos en minutos. Con el tiempo, el COR se convirtió en el centro de comando oficial de la ciudad, especialmente durante eventos de gran escala o situaciones críticas.

Enfrentar el riesgo climático y la exclusión social en Río de Janeiro

En simultáneo, los desafíos climáticos y sociales seguían siendo enormes. Las lluvias intensas y los deslizamientos afectaban con frecuencia a comunidades vulnerables, muchas de ellas en zonas de difícil acceso y fuera de los registros oficiales. Aunque Río contaba con una amplia red de servicios públicos, miles de personas permanecían “invisibles” para el Estado, sin acceso estable a salud, educación o vivienda.

La misión del municipio fue entonces usar los datos para combatir la exclusión y orientar las políticas públicas hacia las áreas de mayor riesgo. En 2017, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) —establecido en 1998— y del Instituto Pereira Passos (IPP), la ciudad creó el Programa Territórios Sociais.

Su propósito fue identificar y acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en los diez mayores complejos de favelas, como Alemão, Rocinha, Cidade de Deus, Maré y Jacarezinho. En 2022, la iniciativa se amplió a toda la ciudad.

Un programa con método y resultados

El protocolo del Territórios Sociais se estructura en tres fases: búsqueda activa, plan de acción integrado y monitoreo. En la primera, agentes de campo contratados por el programa visitan cada vivienda y aplican un cuestionario basado en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Naciones Unidas, que evalúa privaciones graves en salud, educación y nivel de vida.

Las familias con un IPM igual o superior al 33% son incorporadas al Módulo Integrado de Monitoreo, que las vincula con servicios básicos de salud, asistencia social o educación según sus necesidades. Al cabo de un año, se vuelve a aplicar el cuestionario inicial para medir avances y evaluar la efectividad del programa.

Entre 2017 y 2018 se identificaron 2.316 familias en situación de vulnerabilidad, cerca del 13% del total de hogares en los 145 sectores relevados. Entre 2019 y 2022 se realizaron 139.113 entrevistas y 39.558 familias fueron clasificadas para seguimiento (aproximadamente el 28% del total).

En enero de 2025, los resultados ya hablaban por sí mismos: casi 32.000 familias habían sido atendidas por la Secretaría Municipal de Salud y unas 26.000 recibieron apoyo de la Secretaría de Asistencia Social.

Gestión inteligente: datos e integración contra desigualdades persistentes

En marzo de 2025, Río de Janeiro recibió la Certificación Oro del programa What Works Cities, impulsado por Bloomberg Philanthropies y Results for America. La distinción reconoce a los gobiernos que aplican estándares avanzados en el uso de datos y evidencia para mejorar sus políticas públicas.

¿Qué lección dejó ese reconocimiento internacional? Las experiencias del COR y de Territórios Sociais muestran que los datos, por sí solos, no bastan: deben ir acompañados de presencia territorial y confianza comunitaria. En Río de Janeiro, las tecnologías funcionan porque detrás de ellas hay agentes comunitarios que recorren las calles, visitan hogares y ganan la confianza de las familias. Ese vínculo humano valida y complementa la información digital, asegurando que ninguna persona quede fuera por falta de registro.

Otra lección clave fue romper los silos burocráticos. Para compartir información y planificar acciones conjuntas, la municipalidad creó un comité intersecretarial junto al IPP, que permitió coordinar políticas y evitar duplicaciones.

También se fortaleció la transparencia pública: la difusión periódica de resultados —familias atendidas, niños escolarizados, mejoras en los indicadores— aumentó la confianza ciudadana y reforzó la rendición de cuentas.

Desde Río de Janeiro, inspiración para otras ciudades

El modelo del COR inspiró a capitales como São Paulo, Salvador y Belo Horizonte, que ya cuentan con centros de monitoreo similares. Su replicación exige inversión y liderazgo político, pero demuestra que la coordinación institucional y las alianzas tecnológicas pueden transformar la gestión urbana.

Por su parte, el enfoque de Territórios Sociais puede adaptarse a municipios medianos mediante la selección de barrios prioritarios y el uso de herramientas digitales de recolección de datos, muchas de ellas apoyadas por organismos internacionales como ONU-Hábitat o Unicef.

Otra iniciativa replicable es el uso de observatorios urbanísticos, como el Instituto Pereira Passos (IPP), para centralizar la inteligencia de datos de la ciudad. Varios municipios han creado unidades similares, dedicadas al análisis de indicadores y al seguimiento de políticas públicas.

En la práctica, Río de Janeiro aprendió que los datos pueden salvar vidas, pero su valor real aparece cuando se traducen en decisiones, coordinación y cercanía. Una ciudad más resiliente no se construye solo con tecnología, sino con información útil, vínculos de confianza y voluntad política sostenida.

Este artículo fue redactado originalmente en portugués por Amilcar Pereira Cardoso, especialista en transformación del sector público, y traducido y editado por +COMUNIDAD. Integra una serie de publicaciones sobre ciudades de Brasil que utilizan datos para impulsar mejoras públicas.

Imagen principal: Centro de Operaciones y Resiliencia de Río de Janeiro. Foto: COR Río.

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Cuando alguien recorre las ciclovías de Niterói (Río de Janeiro, Brasil), difícilmente imagine que hace apenas una década esta ciudad lucía una movilidad urbana dominada casi por completo por automóviles, buses y caminos pensados para los vehículos motorizados. 

Pero ese escenario cambió profundamente. Lo que hoy parece una apuesta evidente —incentivar la bicicleta como medio de transporte— fue construida con persistencia, ajustes, alianzas y una estrategia integral. 

Dos datos resumen esta transformación: la ciclovía de la Avenida Marquês do Paraná, hoy considerada la más concurrida de Brasil, registra picos de 7.000 ciclistas por día hábil, con alta participación femenina. En términos comparativos, ese volumen representa un crecimiento de casi 800 % entre 2014 y 2025. 

Estas cifras no son un logro repentino. Se trata de una transición que, desde 2013 en adelante, redefinió prioridades en la gestión urbana. La creación de la Coordinación Niterói de Bicicleta marcó un hito al institucionalizar una gobernanza que integra actores públicos, privados, académicos y la sociedad civil. A su vez, se apoya en un sistema de monitoreo en tiempo real: Contabike. 

Desde el Ayuntamiento de Niterói insisten en que es ese entramado técnico, político y ciudadano el que permitió transformar las calles y las prácticas de desplazamiento. +COMUNIDAD dialogó con João Pedro Boechat, director de Infraestructura Cicloviaria, y Filipe Simões, coordinador del programa Niterói de Bicicleta, para entender cómo fue ese camino y qué aprendizajes deja para otras ciudades.

Una bicicleta en el corazón de la estrategia urbana

La apuesta de Niterói ha sido clara: la bicicleta no es un accesorio, sino parte integrante del urbanismo y la movilidad. Como explican Boechat y Simões: “Desde 2013, Niterói viene implementando un cambio estructural al integrar la bicicleta como eje estratégico de la política pública de movilidad urbana. La ciudad adoptó un enfoque transversal que articula planificación urbana, infraestructura ciclista, educación para la movilidad activa y participación ciudadana”. 

Eso implicó desplegar un enfoque multidimensional: infraestructura física, formación en movilidad activa y apertura al diálogo ciudadano. En 2021, ese esfuerzo se institucionalizó con la creación de la Coordinación Niterói de Bicicleta, vinculada a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura. La meta: consolidar una política de largo aliento con estructura, presupuesto y dirección definida.

Hoy, esa gobernanza cuenta con equipos técnicos dedicados, alianzas con universidades, organizaciones sociales y el sector privado, y procesos participativos sistemáticos. 

Los funcionarios de Niterói señalan que las prioridades inmediatas giran en torno a “la ampliación de la infraestructura existente (ciclovías, bicicletarios y sistema de bicicletas compartidas), la elaboración participativa de un nuevo plan de políticas cicloviarias y el fortalecimiento de acciones educativas y de estímulo a la cultura de la bicicleta”. 

Esta arquitectura institucional ha permitido que la bicicleta deje de ser una “idea simpática” y se convierta en componente estructural de la movilidad local.

Niterói de Bicicleta: datos, evidencia y retroalimentación

Para que una política no sea meramente declarativa es imprescindible que esté anclada en monitoreo, mediciones constantes y mecanismos de ajuste. Niterói de Bicicleta va en esa dirección. 

• Monitoreo con CONTABIKE

Desde comienzos de 2024, la ciudad puso en marcha Contabike, un sistema de contadores automáticos en puntos estratégicos de la red urbana. Estos contadores miden el flujo de ciclistas en tiempo real, hora a hora, y permiten cruzar datos de uso, momentos pico y demanda geográfica. Antes, las mediciones eran ocasionales; ahora, el dispositivo posibilita una lectura continua de la ciudad. 

Ese avance ha permitido tomar decisiones más precisas: dónde extender carriles, dónde reforzar infraestructura ya existente, y cómo distribuir los recursos en barrios con menor cobertura.

• Evidencias visibles en el espacio público

El dato más contundente: la ciclovía de Marquês do Paraná lidera el ranking nacional en flujo. En un solo día, se registran más de 7.000 ciclistas que circulan por ese tramo. Además, informes del municipio señalan que la red cicloviaria ya supera los 85 km, con proyección para alcanzar los 120 km.

Otro indicador relevante: el contador de bicicletas en avenidas emblemáticas superó  la marca de 2 millones de pasajes registrados cada una. Desde la Prefeitura subrayan cómo el uso de la bicicleta ya forma parte del cotidiano urbano.

• Retroalimentación y escucha ciudadana

Pero Niterói no deposita toda su confianza en los aparatos. Boechat y Simões enfatizan la importancia de procesos participativos: talleres territoriales, consultas en línea y encuestas a ciclistas. Esa “escucha activa” permite que las demandas del día a día se prioricen e incorporen a los proyectos.

De esta manera, explican, lo que comienza como una métrica técnica —por ejemplo, menos flujo en un tramo a cierto horario— puede transformarse en ajuste de proyecto, cambio de señalización o reconfiguración de rutas si lo indiquen las voces locales.

Qué funcionó y recomendaciones para otras ciudades

El camino de Niterói permite ahora un balance con aciertos y desafíos que pueden orientar a otras ciudades. Respecto a lo que ha dado resultado, Boechat y Simões ofrecen el siguiente repaso: 

• Coherencia institucional y técnica: mantener la bicicleta como política pública permanente, con equipo dedicado y presupuesto — no como “programa pasajero” de un mandato.
• Sinergia entre dato y participación: los datos orientan, pero la legitimidad la aporta la participación ciudadana.
• Integración urbana: vincular la bicicleta con otras agendas —transporte público, salud, ambiente, ordenamiento territorial— otorga robustez al proyecto.
• Visibilidad simbólica: eventos como el Niterói Bike Fest / Bicicultura fortalecen redes, visibilizan esfuerzos y muestran resultados en acción.
• Equidad en el acceso: políticas de gratuidad en bicicletarios y bicicletas compartidas reducen barreras económicas al uso.

“Con una gobernanza estructurada, el tema ha avanzado incluso frente a los desafíos heredados de décadas de ‘rodoviarismo’ (priorización del transporte automotor), como la resistencia a la redistribución del espacio vial y la necesidad de integrar esta cultura en todos los sectores de la administración pública”, reflexionan João Pedro Boechat y Filipe Simões.

Tres recomendaciones clave

Consultados sobre consejos para otras ciudades, los especialistas de Niterói recetan: 

1. Planificar con base en datos y participación social desde el inicio.
2. Tratar la bicicleta como una política pública permanente, con equipo técnico y presupuesto dedicado.
3. Valorar la cultura de la bicicleta como parte de la vida urbana y del ethos del municipio.

Financiamiento: por qué es una inversión y no un gasto

La tensión presupuestaria es una pregunta inevitable para muchas ciudades: ¿cómo justificar asignar recursos a una política ciclista frente a múltiples demandas? La respuesta que ofrecen los gestores de Niterói invita a mirar la bicicleta como inversión con retorno social, urbano y económico.

“Invertir en bicicleta tiene un gran costo-beneficio, con un valor relativamente bajo de infraestructura y otras actividades importantes para la promoción de la movilidad activa y un ‘retorno’, con implicaciones directamente en la vida de las personas”, analizan Boechat y Filipe Simões.

A nivel individual, la bici “es el vehículo más barato de adquirir y mantener, sin costo de combustible” y con beneficios en salud y bienestar. El razonamiento continúa así: a nivel social, más gente que pedalea significa menos riesgo de enfermedades asociadas al sedentarismo, menos siniestros de tránsito y menores costos de mantenimiento urbano por menor desgaste de pavimentos. Cuando crece la participación modal de la bicicleta, bajan la congestión, la contaminación y los costos viales. Es, en suma, una inversión estratégica.

En síntesis: los costos de infraestructura ciclista y actividades de incentivo suelen ser menores comparados con la escala de las calles y redes motorizadas, Mientras, los beneficios —mejor salud, menor siniestralidad, ahorro energético, menor desgaste urbano— son acumulativos.

Además, una vez que la bicicleta gana participación modal, la presión sobre otros modos (automóviles, buses) se reduce. Menos congestión, menos contaminación, menor costo de mantenimiento vial. Por eso –dicen desde Niterói– explicarle a un gobernante que esto no es “un gasto extra” sino parte del capital urbano es estratégico.

En esa lógica, la financiación puede venir de partidas municipales, fondos estatales o federales, alianzas público-privadas —por ejemplo patrocinio de estaciones— y otros mecanismos innovadores. Niterói ya incorpora algunas de esas ideas en su hoja de ruta institucional.

Cultura ciclista: el motor de un cambio duradero

La infraestructura y los datos son necesarios, pero la transformación se sostiene en la cultura. Por eso Niterói impulsa eventos masivos como el Niterói Bike Fest y Bicicultura, que en 2025 reunió a académicos, gestores y activistas de todo Brasil bajo el lema “Ruedas que cambian ciudades: movilidad y vida”.

Durante cuatro días hubo paseos colectivos, competencias, talleres y debates. “Cuando veo ustedes aquí, recuerdo el inicio de esta lucha. Niterói no tenía un kilómetro de ciclovía. Ahora nos enorgullece tener la ciclovía más concurrida de Brasil”, dijo en el evento de apertura el alcalde Rodrigo Neves. 

Además de celebrar avances, el festival funciona como plataforma de intercambio técnico, visibilidad política y reforzamiento de redes entre ciudades. En la edición de 2025, estuvieron presentes gestores de más de una decena de municipios interesados en conocer el modelo de Niterói.

Una lección para ciudades latinoamericanas

Niterói no es una ciudad gigante (tiene casi 500.000 habitantes), pero su experiencia recibe atención internacional al demostrar que transformaciones serias en movilidad no exigen capitales monumentales, sino estrategia, constancia y compromiso político-técnico.

Algunas ideas clave que merecen atención:

• La transformación urbana hacia modos activos requiere tiempo y etapas bien articuladas.
• Lo técnico (datos, monitoreo, infraestructura) debe convivir con lo simbólico (cultura, visibilidad, comunidad).
• La institucionalidad es esencial: sin estructura permanente y continuidad política no sobreviven las propuestas.
• La gratuidad, cuando sea viable, es catalizadora de equidad.
• Los eventos pueden ser palancas de aceleración, visibilidad y legitimidad.
  

Redacción +COMUNIDAD

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En Hermosillo (Sonora, México) el sol ya no es sólo el rasgo climático más característico: comienza a convertirse en motor de transformación urbana. Durante décadas se la conoció como la “Ciudad del Sol”, pero hoy avanza hacia una nueva identidad: la de “Ciudad Solar”.

La Estrategia Municipal de Transición Energética 2024-2030 busca aprovechar la alta radiación de la región —45% superior al promedio nacional— para reducir la dependencia de combustibles fósiles y proyectar un modelo de ciudad sostenible. En ese marco, la movilidad eléctrica empieza a consolidarse como el eje más visible y de mayor impacto en la vida cotidiana.

El transporte representa más del 40% de las emisiones locales y el parque vehicular creció más de un 25% entre 2021 y 2023. El número de buses, en tanto, aumentó un 23% y el de los vehículos de carga, un 18%.  Frente a este panorama, Hermosillo decidió intervenir con una de las políticas más integrales de electromovilidad en México. 

Hoy, la ciudad cuenta con más de 280 patrullas eléctricas, lo que ubica a su policía local entre las de mayor flota sostenible en México. Además, opera 11 transportes escolares eléctricos, camiones recolectores, barredoras y taxis reconvertidos (además, la mayoría están conducidos por mujeres).

La red de estaciones solares de carga, abierta también a la ciudadanía, permitió miles de recargas y un ahorro millonario en combustibles fósiles. Entre 2021 y octubre de 2024, sólo las patrullas eléctricas generaron un ahorro en combustible superior a 68 millones de pesos mexicanos (U$S 3,6 millones).

Electromovilidad: del diagnóstico a la acción

El potencial solar de Hermosillo respalda este camino. De acuerdo con la Comisión de Energía del Estado de Sonora (COEES), el estado concentra el 8,4% del potencial nacional de energías renovables, con la energía solar como principal recurso. Dos tercios de esa capacidad se explican por su alta irradiación. 

Con estos niveles, la capital sonorense decidió no quedarse en el diagnóstico y trazó un plan integral que combina sostenibilidad ambiental con inclusión social. ¿El horizonte? Convertirse en una ciudad líder en transición energética para 2030. La estrategia municipal se articula en cinco ejes: 

1. Energía solar para un futuro sostenible 

Se busca acelerar la adopción de fuentes de energía limpia y renovable, reduciendo la dependencia de fuentes fósiles y promoviendo una matriz energética más ecológica.

2. Transformación energética a través de la eficiencia

Se enfoca en mejorar el uso de la energía en todos los sectores, promoviendo tecnologías y prácticas que optimicen el consumo y minimicen el desperdicio.

3. Movilidad eléctrica accesible, sostenible e inteligente 

Tiene como objetivo la transición hacia un sistema de transporte eléctrico eficiente, accesible para toda la población y capaz de reducir las emisiones contaminantes.

4. Futuro energético inclusivo 

Establece la necesidad de garantizar la participación de todos los sectores de la sociedad en la toma de decisiones y en la implementación de proyectos energéticos.

5.Futuro energético desde lo local

Reconoce la importancia de construir una transición energética desde las realidades locales, promoviendo el desarrollo de soluciones adaptadas a la realidad de Hermosillo.

Patrullas eléctricas, un hito para Hermosillo

La movilidad fue definida como un eje prioritario dentro de la estrategia. En 2025, el municipio incorporó 60 nuevas patrullas eléctricas para la Jefatura de Policía Preventiva y Tránsito Municipalque. Así, lograron reducir los tiempos de respuesta policial de 40 a 10 minutos, con la expectativa de llegar a 5. 

Con esta última entrega, realizada en abril de 2025, suman en total 284 unidades eléctricas que circulan en el área urbana y rural de Hermosillo. “Con esta flotilla podremos retirar del servicio patrullas que ya cumplieron con su tiempo de utilidad e incorporar estos elementos que vendrán sin duda a agilizar los tiempos de espera que actualmente rondan los 10 minutos”, expresó el alcalde, Antonio Astiazarán Gutiérrez.

Esta inversión en electromovilidad  rondó los 73 millones de pesos mexicanos (unos U$S 3,9 millones), pero desde el Ayuntamiento destacan que detrás hay un ahorro operativo clave. Solo en 2023, 30 patrullas de gasolina demandaron más de 23 millones de pesos mexicanos en combustible y mantenimiento. Al sustituirlas por unidades eléctricas, el municipio procura reducir gastos, mejorar la eficiencia del servicio y disminuir la huella de carbono.

Finanzas ordenadas para impulsar la electromovilidad

En septiembre de 2025, el Oficial Mayor Ramón Corral Aguirre destacó en una entrevista con Nueva Sonora los ahorros generados por la compra de patrullas eléctricas. “Es un tema que ha traído beneficios directos, como la seguridad y los ahorros al Ayuntamiento. Esos ahorros se ven reflejados en más infraestructura para la ciudad y mejor equipamiento para nuestras corporaciones”, aseguró. 

Corral Aguirre explicó que el 90% de la flota eléctrica se adquirió con recursos propios, combinando compras y esquemas de arrendamiento. “Han sido compras, adquisiciones, y en algunos casos esquemas de arrendamiento puro cuando no hay liquidez inmediata”, señaló. Recordó que al término del primer contrato lograron adquirir 185 patrullas en buenas condiciones y proyectan llegar a 300 unidades en 2025.

Según el funcionario, la disciplina financiera del municipio permitió generar más ingresos y mejorar el manejo del gasto. “Solo en electromovilidad, el año pasado ahorramos 34 millones de pesos, y este año proyectamos un ahorro adicional de 22 millones. Hermosillo está avanzando y esto no es discurso: se ve, se siente, se mide”, concluyó.

Otras iniciativas sostenibles en la “Ciudad del Sol”

En su camino hacia la eficiencia energética, la seguridad, la educación y la movilidad sostenible, Hermosillo implementa otras iniciativas que buscan generar un impacto positivo en la calidad de vida de sus habitantes.

Una de ellas es el Programa H-Bus: un servicio de transporte eléctrico gratuito dirigido principalmente a estudiantes universitarios. Propone facilitar su traslado, reducir los costos familiares y mejorar la movilidad sustentable a través de recorridos planificados.

Otra propuesta que se integra dentro de la Estrategia Municipal de Transición Energética 2024-2030 es la iniciativa Viaja Segura, que reemplaza taxis de gasolina por vehículos eléctricos con enfoque de movilidad sostenible y perspectiva de género. 

A su vez cuentan con el programa Biciclando. Además de promover el cuidado del ambiente, ofrece a las mujeres en situación de vulnerabilidad la oportunidad de generar ingresos propios mediante el manejo adecuado de materiales reciclables. En los diferentes puntos de recolección, la comunidad puede acudir a entregar materiales como papel, cartón, aluminio y plástico. Una vez acopiado el material, este se transporta al Centro de Economía Circular (CEC) para continuar con el proceso de reciclaje.

Una apuesta por la electromovilidad 

El avance de Hermosillo en electromovilidad se traduce en ahorros presupuestarios, mejoras en los tiempos de respuesta policial y reducción en el consumo de combustibles fósiles. La experiencia se articula con otras iniciativas de inclusión social y acceso al transporte, dentro de una estrategia que busca aprovechar la energía solar como recurso para el desarrollo urbano.

Como expresó el alcalde Astiazarán Gutiérrez en una nota de opinión en 2025, publicada en la Revista La Nación: “La sostenibilidad, la innovación y la colaboración son clave para construir un futuro más prometedor y crear comunidades más seguras, limpias y prósperas”.

En un contexto regional marcado por el aumento del parque vehicular y la necesidad de alternativas más limpias, el caso de Hermosillo se presenta como un modelo con posibilidad de replicación. Su tránsito de “Ciudad del Sol” a “Ciudad Solar” plantea aprendizajes que pueden resultar de interés para otras ciudades latinoamericanas en búsqueda de soluciones de movilidad sostenible.

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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Por Mónica Gallegos Quesquén
y Marina Muñoz García (*)

El problema no es solo económico

En teoría, acceder a una vivienda debería ser sencillo: uno compra o alquila un inmueble. Sin embargo, en la práctica, los requisitos para ingresar al mercado formal —como garantías, recibos de sueldo o ingresos comprobables— dejan fuera a miles de personas. Esto afecta especialmente a trabajadores informales, migrantes, mujeres que huyen de situaciones de violencia, entre otros.

Muchos de ellos terminan viviendo en condiciones precarias —en hoteles, inquilinatos o conventillos— y pagando precios tan altos como los del mercado formal. El problema no es la falta de recursos únicamente: son las barreras estructurales que impiden acceder a un alquiler digno.

Una respuesta concreta desde La Boca

Desde Hábitat para la Humanidad Argentina, organización cristiana comprometida con la causa de la vivienda adecuada, decidimos intervenir en uno de los barrios más afectados por esta problemática: el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Allí, donde un conventillo en ruinas representaba riesgo para quienes lo habitaban, nació Estela de Esperanzas.

Este edificio, construido íntegramente por nuestra organización, hoy alberga a más de 30 familias que no cumplían con los requisitos tradicionales del mercado inmobiliario. Durante su estadía (hasta tres años), pagan un alquiler mensual escalonado: el 60% del valor de mercado el primer año, el 80% el segundo y el 90% el tercero. Durante ese tiempo, también participan de capacitaciones y reuniones vecinales, en un modelo de gestión que fortalece su autonomía.

El impacto es real: más de la mitad de las familias que pasaron por Estela de Esperanzas accedieron posteriormente a una vivienda adecuada, ya sea en alquiler o en propiedad. No solo por el acompañamiento social, sino por los beneficios integrales que proporciona una vivienda digna: salud, seguridad, educación, trabajo y bienestar emocional.

El alquiler social ya está funcionando en otras ciudades

En muchas ciudades del mundo, los alquileres crecen más rápido que los ingresos. A eso se suman presiones como el turismo, los nómadas digitales o la especulación inmobiliaria. En respuesta, varios gobiernos comenzaron a implementar políticas de alquiler social como vía para garantizar el derecho a la vivienda.

Ciudades como Viena y Barcelona tienen larga tradición en esta materia. Más cerca, Montevideo transforma inmuebles vacíos en hogares dignos a través de su programa Fincas Abandonadas, que luego se destinan a alquiler social.

Este modelo pone el foco en quienes quedan fuera del mercado formal, y puede adaptarse a distintos perfiles: personas mayores, jóvenes que buscan emanciparse, mujeres sobrevivientes de violencia, estudiantes o migrantes.

Hacia una inmobiliaria social: una alternativa posible y necesaria

A partir de la experiencia con Estela de Esperanzas y nuestra campaña #AlquilerSocialYA, desde Hábitat para la Humanidad Argentina impulsamos un nuevo paso: la creación de una inmobiliaria social de alquiler.

Junto con la Plataforma de Prácticas del Hábitat Urbano y Vivienda (UHPH) y la Red de Innovación Local (RIL), organizamos el laboratorio “Hacia un modelo de Inmobiliaria Social de Alquiler en Argentina”, un espacio de intercambio para fortalecer capacidades de gobiernos locales, organizaciones sociales y especialistas. Puedes revivirlo completo acá:

Allí se compartieron experiencias valiosas como:

• El Fondo Inmobiliario Comunitario para el Alquiler (FICA) en São Paulo, que combina inversión social y cesión de inmuebles para ofrecer vivienda a personas en situación de calle y estudiantes.
• Innova Recoleta, una empresa pública chilena que ya gestiona seis edificios con alquiler social en Santiago.
• Las estrategias del Affordable Housing Institute (AHI), que aportó lecciones aprendidas de múltiples regiones.

Conclusión: liderar el cambio desde lo local

El mensaje fue claro: los gobiernos locales y las organizaciones sociales tienen en sus manos la posibilidad de transformar radicalmente el acceso a la vivienda. Con marcos regulatorios inclusivos, alianzas comprometidas, incentivos puntuales y una gestión social cercana se puede materializar el alquiler social. Así, una inmobiliaria social de alquiler no es solo una política habitacional: es una apuesta por comunidades más justas, inclusivas y resilientes.

Testimonios de residentes den Estela de Esperanzas, en La Boca: 

(*) Mónica Gallegos Quesquén  es coordinadora de Incidencia de Hábitat para la Humanidad Argentina. Marina Muñoz García es coordinadora regional de la Plataforma UHPH.

+COMUNIDAD publicará esta semana una entrega especial con iniciativas innovadoras de acceso a la vivienda y alquileres sociales en América Latina. ¡No te lo pierdas!

^{Imagen principal: edificio Estela de Esperanzas, en La Boca. Captura de Google Maps.}

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Su trabajo llevó a la creación del primer centro de salud comunitario gestionado por voluntarios en la ciudad, un espacio donde las personas mayores no sólo reciben atención médica gratuita, sino también apoyo emocional y la posibilidad de reconectar con su comunidad. La iniciativa ha transformado la vida de muchas personas y demuestra el impacto que puede tener la acción colectiva.

Conoce más sobre esta iniciativa y su impacto en la nota completa en AYNI EN HISTORIAS:

Una hoja de ruta para gestionar voluntarios

El trabajo de Bvute/Umthunzi en Zimbabue no sería posible sin una red de voluntarios comprometidos. Pero, ¿cómo lograr que se sumen y permanezcan en el tiempo?

Existen estrategias clave para atraer y fidelizar voluntarios en un proyecto. A través de una Hoja de Ruta realizada con aportes de la Comunidad de Innovadores Locales y el equipo de AYNI, se pueden definir necesidades y expectativas (GPS), mapear actores clave y diseñar una convocatoria efectiva (Preparando las valijas), organizar la experiencia de los voluntarios para que se sientan valorados (Recorriendo el camino) y medir el impacto de su trabajo para sostener la iniciativa en el tiempo (Llegada).

Conocé más sobre estrategias para gestionar voluntarios en organizaciones en AYNI EN HISTORIAS: 

Si quieres conocer más sobre este proyecto y descubrir cómo puedes ayudar a que la iniciativa en Chegutu (Zimbabue) crezca, visita el Marketplace de Soluciones Locales.

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Por Guadalupe Cabrera (*)

La seguridad alimentaria, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental son desafíos que atraviesan a todas las ciudades del mundo. Darles una respuesta requiere una mirada integral y la colaboración entre distintos sectores. Un ejemplo de este enfoque es el Ecomercado Solidario de San Fernando (Región de O’Higgins, Chile). Allí, una iniciativa nacional fue adaptada a la realidad local para recuperar alimentos no comercializados y redistribuirlos entre quienes más lo necesitan.

A nivel global, la pérdida y el desperdicio de alimentos (PDA) es un problema creciente. El concepto abarca la disminución en la cantidad de alimentos en cualquier punto de la cadena productiva, desde la producción hasta el consumo final. Se estima que un tercio de la comida producida no llega a ser consumida, lo que representa entre el 8% y el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo que millones de personas sufren de hambre, millones de toneladas de alimentos van a parar a la basura. 

El panorama en Chile

En Chile, la inseguridad alimentaria afecta al 17,4% de la población. Es decir, más de tres millones de personas no tienen acceso regular a alimentos nutritivos. De ellas, 700.000 enfrentan inseguridad alimentaria severa, lo que implica pasar uno o varios días sin comer.

En paralelo, el país enfrenta otro reto: el envejecimiento de la población. Según un estudio del Observatorio del Envejecimiento de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 3 de cada 10 personas estará por sobre los 80 años en 2050. 

“Es un desafío y un camino especialmente complejo. Ya que a pesar de que esta realidad es conocida, las personas mayores de manera frecuente son invisibilizadas, minimizadas e incluso ignoradas sus problemas. Es fundamental realizar esfuerzos conjuntos entre el sector público, privado, la academia y diferentes fundaciones de la sociedad”, analizó el rector Ignacio Sánchez en una columna para el diario La Tercera. 

Ecomercados Solidarios como respuesta

Los Ecomercados Solidarios forman parte de un programa impulsado por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social Chileno (FOSIS). Busca mejorar la seguridad alimentaria de las familias vulnerables de las comunas de Chile, recuperando, almacenando y distribuyendo alimentos que, aunque no serán comercializados por supermercados o ferias, se encuentran en buenas condiciones para el consumo. La iniciativa ya se implementa en distintas comunas del país, y San Fernando fue una de las primeras. 

El programa está dirigido a familias que viven en territorios donde, al menos, el 40% de los hogares se encuentran en el 70% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH). La selección de beneficiarios se basa en criterios definidos por la Municipalidad con participación del FOSIS, priorizando a quienes tengan mayores niveles de vulnerabilidad (hasta 60% RSH).

La gestión de cada Ecomercado Solidario cuenta con el protagonismo de las comunidades organizadas, que coordinan con la Municipalidad y otros actores público-privados del territorio. En primer lugar, se recuperan productos alimenticios que, por diversas razones, no serán vendidos en establecimientos comerciales, pero que aún son aptos para el consumo humano. Luego, se almacen adecuadamente los alimentos recolectados y se distribuyen de manera gratuita a las familias beneficiarias, contribuyendo a paliar el encarecimiento de la canasta básica.

San Fernando: adaptación a la realidad local

La Municipalidad de San Fernando puso en marcha el programa en 2023, ajustándolo a su contexto local. ¿Cómo? Poniendo el foco en tres áreas clave: seguridad alimentaria, reducción del desperdicio e inclusión de personas mayores. 

Para llevar adelante el programa, se conformó el Consejo Local del Programa Ecomercados Solidarios. Este reúne a diversos actores de la comunidad comprometidos con la sustentabilidad y el apoyo a las familias de escasos recursos de la comuna. Integran el Consejo representantes de ferias libres, verdulerías y supermercados locales, miembros de la Unión Comunal de Clubes de Adulto Mayor (UCAM),y establecimientos educacionales, entre otras organizaciones.

• Seguridad alimentaria. Desde mayo de 2023, el Ecomercado Solidario de San Fernando ha entregado más de 30 toneladas de alimentos, beneficiando a cerca de 400 familias de la comuna. Además de la entrega de alimentos, se realizaron talleres de seguridad alimentaria. En ellos se brindan consejos sobre alimentación saludable y aprovechamiento de los productos entregados.
• Reducción en PDA. A través de convenios con supermercados, ferias y comercios locales, se reciben productos próximos a vencer que ya no serán comercializados, pero sí pueden ser consumidos todavía. Además, productores de animales locales reciben los restos orgánicos de alimentos, evitando que se conviertan en residuos.
• Inclusión de personas mayores. Se incorporó a través de la articulación con la UCAM a adultos mayores al programa como voluntarios, ocupando un rol central en la gestión del mismo. Semanalmente se reúnen en el mercado para contribuir en las tareas de recepción, embolsado y distribución de alimentos.     

El Ecomercado Solidario de San Fernando es una experiencia que demuestra cómo la colaboración entre comunidades organizadas, municipalidades y actores público-privados puede generar soluciones efectivas para enfrentar desafíos complejos. Mientras, se promueve el cuidado del ambiente, la equidad e inclusión de las familias más necesitadas, así como de las personas mayores. 

¿Tenés una historia para contar? En +COMUNIDAD nos gustaría conocerla.

(*) Guadalupe Cabrera es parte del equipo de Certificaciones en la Red de Innovación Local (RIL).

^{Foto principal: FOSIS, Chile.}  

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Por Nicole Fusilier y
Danila Pagano Bianchini (*)

Innovación que trasciende fronteras

Cuando se inició el Programa de Innovadores Locales (PIL) desde RIL, en 2017, se sabía que sería un desafío, pero también una gran oportunidad. Desde el primer día, quedó claro que nuestro enfoque no debía limitarse a solucionar problemas locales: queríamos abrir un espacio donde emprendedores sociales, líderes de gobiernos locales y las propias comunidades pudieran imaginar, crear y liderar cambios significativos juntos. 

A partir de 2021, en colaboración con Ashoka, Vía Educación y COLAB, conformamos Ayni, fortaleciendo aún más nuestro compromiso de impulsar transformaciones innovadoras y colaborativas.

El resultado fue un viaje transformador que nos llevó a colaborar con más de 60 equipos de América Latina y África, cada uno enfrentando desafíos únicos pero con un objetivo común: generar un impacto sistémico. A través de talleres, webinarios y encuentros interactivos, se construyeron soluciones que no solo respondieron a necesidades inmediatas, sino que fortalecieron las capacidades de los territorios.

Soluciones locales, impacto global

El PIL no sólo dio lugar a ideas, sino que las transformó en acciones concretas. De los 96 equipos que iniciaron el programa en 2024, 72 llegaron al final con 61 propuestas enfocadas en sostenibilidad, inclusión social y transformación digital.

Algunos proyectos son un ejemplo claro de cómo las soluciones locales pueden cambiar vidas. En Wakiso, Uganda, el equipo desarrolló “One Meal at a Time”, garantizando la permanencia escolar a través de un programa de alimentación. En Buenos Aires, Argentina, las Consultorías Digitales para Personas Mayores rompieron barreras de exclusión tecnológica. Por su parte, en Bamusso, Camerún, “More Fish for You & Me” se propuso conservar la sostenibilidad pesquera, y en África occidental, Marie Claire Kuja nos inspiró con “End Period Poverty One Pad at a Time”, que trabaja para erradicar la pobreza menstrual.

Estos son solo algunos de los logros que demuestran cómo, con las herramientas adecuadas y la colaboración correcta, se puede generar un impacto profundo, duradero y escalable. Si querés saber más sobre las iniciativas, te invitamos a visitar el sitio web del Marketplace de soluciones locales. 

Co-creación: el poder de las redes de cambio

El éxito del PIL radicó en su metodología centrada en la co-creación. Nuestro objetivo no era imponer soluciones, sino crear un espacio donde los propios equipos pudieran diagnosticar problemas con una mirada sistémica y diseñar respuestas adaptadas a sus contextos.

El uso de herramientas como el mapa de actores clave y una mirada de diseño centrado en las personas jugaron un papel fundamental. Pero lo que más nos marcó fue el poder del trabajo en red. Al reunir a personas de diferentes culturas, experiencias y perspectivas, se generaron dinámicas que desafiaron las soluciones tradicionales, abriendo camino a ideas nuevas y frescas.

Uno de los momentos que más me impactó fue cuando un equipo africano priorizó sus hitos utilizando piedritas, una herramienta sencilla pero profundamente conectada con su contexto. Esto demostró que no importa cuán simples sean las herramientas: lo que importa es la creatividad y la capacidad de adaptarlas a las realidades locales.

Aprendizajes que quedan

El PIL no sólo transformó comunidades, sino también a quienes participamos en el proceso. Estos son algunos de los aprendizajes más significativos:

• Empatía como herramienta clave: Escuchar y valorar la perspectiva de quienes viven los problemas en primera persona nos permitió construir soluciones más justas y profundas.
• La fuerza del colectivo: Cada participante trajo una pieza del rompecabezas, demostrando que el trabajo colaborativo puede resolver problemas más complejos.
• Adaptación constante: Frente a la incertidumbre, los equipos aprendieron a iterar, probar y ajustar sus soluciones, logrando respuestas más efectivas y sostenibles.

Si algo dejó la edición de este programa es la certeza de que el cambio comienza en lo local, pero se expande con redes de colaboración. El mensaje para quienes buscan impactar en sus comunidades es este: confíen en el poder de la co-creación. Suelten el control, escuchen, aprendan de otros y abracen la diversidad de ideas.

Las soluciones más transformadoras no vienen de la perfección, sino de la iteración y la voluntad de imaginar un futuro diferente. Como equipo, demostramos que cuando nos unimos, lo imposible se convierte en una oportunidad para construir un mundo más justo y sostenible.

(*) Nicole Fusilier es líder del Programa de Innovadores Locales en la RIL y Danila Pagano Bianchini es referente de comunicación de Ciudades Innovadoras.

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