Son las diez de la mañana en el barrio y la Escuela Don Orione rompe su rutina habitual. No hay timbre de recreo ni lección en el pizarrón. En las aulas y los pasillos se ensaya una evacuación coordinada, pero esta vez los bancos no solo albergan a estudiantes: a la par de los niños, niñas y adolescentes caminan vecinos, familias y docentes. El ejercicio en este establecimiento educativo mendocino funciona como puente de un encuentro comunitario donde el municipio y la ciudad intercambian saberes.

En la jornada, la prevención se despliega como un lenguaje compartido. Las escuelas acercan conocimientos, los estudiantes pueden compartirlos en sus hogares y las familias aportan el conocimiento de sus necesidades y de su entorno. Para el municipio, la prevención ofrece una oportunidad para construir acuerdos de cuidado y fortalecer la organización comunitaria. 

Godoy Cruz es un municipio mendocino expuesto a diversos fenómenos naturales impredecibles, un escenario multiamenaza caracterizado por el riesgo latente de sismos, ráfagas severas de viento Zonda, tormentas intensas, aluviones e incendios urbanos o forestales. Ante esta vulnerabilidad, el gobierno local, a través de la Dirección de Protección Civil, implementó en 2013 el programa Plan Familia Preparada, una estrategia preventiva territorial basada en la concientización y educación.

El plan responde a un problema recurrente: la falta de planificación en los hogares ante eventos extremos. Y propone un esquema de autoasistencia orientado a garantizar la autonomía de cada hogar durante las primeras 72 horas críticas de una catástrofe. +COMUNIDAD consultó a  Alejandro Zlotolow, secretario de gobierno en Godoy Cruz sobre cómo la gestión local combina capacidades de protección civil, educación y participación comunitaria para promover la preparación anticipada.

Un mapa de riesgos dibujado en la mesa familiar

“La preparación comunitaria complementa las responsabilidades del Estado en la protección de la población”, explica Zlotolow. Además de la prevención sísmica, esas capacidades ayudan a organizar la respuesta familiar frente a otras amenazas. “El plan tiene antecedentes documentados desde 2013, en el marco del Comité de Emergencia Municipal y de un trabajo que incluía protocolos, capacitación y simulacros”, agrega el funcionario sobre los pilares de esta política pública de prevención comunitaria.

El programa propone que cada grupo familiar construya una hoja de ruta adaptada a las particularidades de su vivienda y a las necesidades específicas de sus integrantes. La intervención pública busca traducir la información técnica abstracta sobre desastres en decisiones domésticas concretas. Operativamente, el proceso metodológico se estructura en una secuencia de cinco pasos clave:

1. Conocer la vivienda y su entorno.
2. Elaborar un plano con salidas, lugares seguros y llaves de servicios.
3. Registrar integrantes y contactos.
4. Asignar responsabilidades.
5. Preparar y revisar la mochila y el botiquín.

Zlotolow comenta que “su rasgo diferencial es trabajar con el hogar como unidad de preparación y con las instituciones educativas como vía de llegada. Los jóvenes estudiantes pueden compartir lo aprendido con sus familias y promover conversaciones sobre el cuidado de personas mayores, niños, personas que requieren asistencia y mascotas. El programa se integra así a una política de gestión del riesgo que vincula conocimiento técnico municipal y participación de la comunidad”.

Entre los aspectos que el secretario de gobierno destaca como innovadores están el manual en braille y el micrositio: “En 2023, Protección Civil y la Escuela Especial Hellen Keller elaboraron una versión del manual en braille. Ese año también se incorporó el plan al micrositio de gestión del riesgo, con juegos, mapas, videos y acceso mediante códigos QR en cartelería territorial. Estas incorporaciones ampliaron los formatos disponibles y las oportunidades de acceder a la información preventiva”. 

Para el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, la participación de la comunidad en los programas de prevención les da más fuerza. “Queremos que la comunidad participe en esas previsiones porque creemos que es mucho más efectivo en materia de prevención y cuidado, esa es nuestra visión”, compartió en el programa de streaming Miércoles de Innovación Local, coproducido entre Malditos Optimistas y +COMUNIDAD | Red de Innovación Local (RIL). 

“Soy un convencido de que los niños son los principales agentes de cambio, los que ingresan a las casas con los distintos conceptos que promovemos. Es una forma de contribuir a la educación básica que siempre se ha dado en nuestra provincia”, agregó.

Acercar la prevención sísmica a la vida cotidiana

Con su puesta en marcha, el Plan Familia Preparada instaló espacios de educación y práctica que acercan la prevención sísmica a la vida cotidiana. Según Zlotolow, el principal resultado es haber sostenido una propuesta pública que vincula la preparación de los hogares con las capacidades municipales de gestión del riesgo. El municipio relaciona el plan con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11, por su orientación a la prevención y la resiliencia frente a desastres, y con el ODS 4, por acercar conocimientos útiles para la protección personal y comunitaria.

Desde 2013, el Plan Familia Preparada tiene un alcance histórico estimado de alrededor de 14.000 participaciones de niños, niñas y adolescentes. Desde 2023, amplió sus herramientas con el manual en braille y el micrositio de gestión del riesgo. En el primer semestre de 2024 se capacitaron 2.248 estudiantes en 21 establecimientos, con 31 charlas y ocho simulacros. Durante 2025 se alcanzaron más de 2.343 alumnos en 33 escuelas y se realizó un simulacro con participación vecinal en la Escuela Don Orione.

Las acciones continúan en 2026 y el balance anual todavía no fue elaborado. “Si bien no contamos con un caso familiar relevado que permita evaluar individualmente la aplicación del plan durante una emergencia real, consideramos que este aporte preventivo complementa el trabajo operativo de Protección Civil, que durante 2025 atendió 456 eventos. Es decir, la preparación que promueve contribuye a mitigar las consecuencias de estos eventos”, dice. Los 456 eventos corresponden al trabajo operativo general de Protección Civil. 

Cómo funciona el Plan Familia Preparada

“El Plan Familia Preparada se desarrolla como parte de las funciones habituales de prevención y gestión del riesgo de la Dirección General de Gestión de Tránsito y Convivencia Ciudadana, a través del Departamento de Protección Civil, por lo cual sería complejo generar un desagregado propio del programa. Sin embargo, su implementación se integra a la planificación operativa del área y se sostiene con el personal, las movilidades, el equipamiento y los recursos presupuestarios municipales asignados a esas funciones”, aclara Zlotolow.

El equipo de Protección Civil cumple un rol técnico y operativo y trabaja mediante dinámicas grupales como charlas, talleres y simulacros. También pone a disposición de la ciudadanía materiales e insumos digitales para la prevención. Compuesto por siete integrantes y dos movilidades, el equipo organiza las capacitaciones y los ejercicios prácticos en articulación con escuelas, instituciones comunitarias y otras áreas municipales.

“Las escuelas y sus docentes facilitan el aprendizaje, mientras que los estudiantes actúan como multiplicadores al llevar esos conocimientos a sus hogares. Las familias participan identificando riesgos, definiendo responsabilidades y acordando cómo actuar ante una emergencia. Los centros de jubilados y las organizaciones comunitarias permiten acercar la propuesta a distintos grupos de la población y adaptarla a sus necesidades”, cuenta Zlotolow sobre cómo funciona el plan.

El Comité de Emergencia Municipal (COEM) es el ámbito de coordinación de la respuesta institucional ante una emergencia, y el plan fortalece la preparación de los hogares dentro de ese marco. La política también se apoya en colaboraciones que mejoran la accesibilidad y la comunicación. El equipo municipal de Prensa y Comunicación contribuyó al desarrollo del micrositio, vinculado a una experiencia formativa con la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Red Argentina de Municipios Contra el Cambio Climático (RAMCC). Con la escuela Hellen Keller se elaboró el manual en braille.

Cuando ocurre una emergencia real, Protección Civil interviene en la evaluación de las situaciones de riesgo y en las tareas operativas de protección y asistencia, además de articular con las áreas municipales y los servicios competentes según el evento, como bomberos, servicios sanitarios, empresas de servicios y organizaciones que participan en la asistencia. 

La articulación del plan con ese sistema se construye antes de la emergencia: busca que los hogares puedan organizar sus primeras acciones, comunicar sus necesidades y seguir las indicaciones oficiales. Los puestos sanitarios y los espacios de evacuación corresponden a la respuesta institucional; el plan no administra esos dispositivos.

“Ahora, en el marco del Fenómeno de El Niño, estamos limpiando los cauces y explicando a la gente que los recursos del Estado no son infinitos. No se trata de que el Estado limpie y el vecino ensucie. Eso es un cambio cultural que tenemos que hacer entre todos, y a eso apuntamos con nuestra estrategia”, remarcó Costarelli. 

Aprendizajes y transferibilidad

Sobre si se inspiraron en otra experiencia para diseñar el programa, Zlotolow dice no tener identificado un plan externo específico que haya servido como modelo directo. Pero señala que la experiencia se enriqueció con espacios de intercambio y difusión, como la Muestra Itinerante de Ciudades Educadoras de 2015 y el Ejercicio Solidaridad Argentina-Chile de 2022, que les permitió compartir la propuesta local, aprender de otras experiencias similares en la región y colaborar con otras instituciones. 

“La experiencia muestra que sostener la prevención requiere acercar los contenidos a los espacios donde las personas aprenden y participan”, remarca Zlotolow. “Al relevamiento barrial y la distribución de materiales se sumó el trabajo con escuelas (…). Este recorrido ofrece un aprendizaje: la información técnica necesita ejemplos cotidianos, actividades prácticas y vínculos institucionales que faciliten su comprensión y apropiación”, refuerza el funcionario sobre los aprendizajes.

Sobre qué dificultades enfrentaron y qué ajustaron en el camino, el secretario menciona que el desafío actual es profundizar el uso de esas herramientas y conocer cómo se traducen en preparación familiar. El micrositio llevó casi dos años de desarrollo, que incluyeron diseño, entrevistas con profesionales y adquisición de nuevos conocimientos. 

“El próximo paso es complementar los registros de actividades con el seguimiento de prácticas concretas en los hogares, como acordar responsabilidades, identificar lugares seguros y mantener preparada la mochila de emergencia”, adelanta sobre la maduración del plan.

Respecto a qué condiciones institucionales, normativas o de articulación se necesitan para replicarlo en otros municipios de América Latina, la respuesta de Zlotolow es: “Un área municipal responsable de Protección Civil, conocimiento de las amenazas locales y un mecanismo de coordinación con los servicios de emergencia”. Sobre esa base se puede construir una guía familiar sencilla, formar a quienes capacitan y acordar actividades con escuelas y organizaciones comunitarias.

Además recomienda que cada municipio defina responsabilidades, formalice las articulaciones necesarias y dimensione los recursos según población, territorio y amenazas. Sugiere partir de las amenazas y necesidades de cada territorio y convertir ese diagnóstico en herramientas sencillas de preparación familiar: reconocer riesgos, acordar responsabilidades, definir puntos de encuentro y disponer de elementos de emergencia.

Zlotolow aclara que no identifican una ordenanza o decreto de creación del plan ni una dotación o presupuesto mínimo para replicarlo, y que la dotación actual de Godoy Cruz no es por sí sola un estándar transferible.

“Para sostener la propuesta es fundamental integrarla a las funciones de Protección Civil y trabajar con escuelas y organizaciones comunitarias, dando protagonismo a los estudiantes como multiplicadores y ofreciendo materiales accesibles”, añade Zlotolow. “Incorporar desde el inicio el seguimiento de los hogares permite conocer qué aprendizajes se mantienen y ajustar la intervención, construyendo una comunidad mejor preparada y acompañada por un Estado local con responsabilidades claras”, culmina.

Por su parte el intendente de Godoy Cruz reflexiona: “Todos los alcaldes estamos ante nuevos desafíos que han ampliado nuestra agenda. Tenemos injerencia en un montón de tareas que antes no formaban parte de nuestra rutina diaria. La cercanía a la sociedad donde vivimos todos los días hace que la comunidad se sienta mucho más protegida, y hace en este caso particular que los intendentes de las distintas regiones de Latinoamérica podamos enfrentar con éxito estos nuevos desafíos”.

Las respuestas de Alejandro Zlotolow surgieron de una entrevista directa con +COMUNIDAD. Las declaraciones de Diego Costarelli fueron tomadas de una entrevista en Malditos Optimistas. 

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En el centro de la provincia de Córdoba, cuando el invierno empieza a ceder, el aire de las Sierras Chicas trae un frío seco que se mete en las hendijas de las casas. En muchos de esos hogares, antes de que aclare, la rutina es un engranaje silencioso: preparar una mamadera, abrigar a un cuerpo pequeño que todavía duerme, calcular los tiempos para llegar al trabajo. Durante décadas, esa escena perteneció estrictamente al ámbito de lo privado, a la soledad de las familias y, en la mayoría de los casos, de las mujeres.

Hay una edad en la que el mundo se mide en semanas, en centímetros y en la presencia constante de alguien que sostenga. Entre los 45 días y los 3 años, el cerebro humano traza las conexiones que definirán la capacidad de aprender, de vincularse y de habitar la sociedad. Sin embargo, en Argentina, esa franja vital suele ser imperceptible: demasiado pequeña para la escuela obligatoria, costosa para las economías de las familias de clase media baja o baja, y casi invisible para la infraestructura pública. 

Entre fines de 2025 y comienzos de 2026, Villa Allende y Despeñaderos, en Córdoba, y Godoy Cruz, en Mendoza, demostraron que el cuidado de los niños y niñas de cero a cinco años es mucho más que un asunto doméstico, sino una responsabilidad pública y una piedra angular del desarrollo local. Estas tres ciudades recibieron el Sello de Primera Infancia, otorgado por la Red de Innovación Local (RIL), por haber convertido el cuidado de la primera infancia en una política pública planificada, medible y sostenida.

La llegada del Día del Niño o Día de las Infancias cada agosto en Argentina abre una oportunidad valiosa para poner los derechos y las necesidades de los más chicos y chicas en el centro de la conversación ciudadana. La experiencia de estos municipios muestra cómo canalizar esa corresponsabilidad colectiva a través de políticas públicas donde la contención, el juego, la nutrición y el acompañamiento temprano se consolidan como un derecho. 

Villa Allende y la reorganización del cuidado infantil

En Villa Allende, los jardines municipales del Centro de Atención Integral del Niño y del Adolescente (CADINA) tienen más de tres décadas de trayectoria. Históricamente, su enfoque estuvo centrado en atender a niños y niñas de cuatro y cinco años. Sin embargo, un diagnóstico territorial profundo realizado en 2024 expuso una paradoja: la cobertura para la franja de 45 días a 3 años (la etapa más sensible del desarrollo cognitivo y emocional) era prácticamente inexistente a nivel público local.

Al sumarse al programa Ciudades de la Primera Infancia y Salud Perinatal de RIL Argentina, el equipo municipal e interdisciplinario de educación, promoción social y salud diseñó una transición progresiva. Para lograrlo, articuló con la Provincia de Córdoba el traspaso de las salas de cuatro años (2025) y de tres años (2026) a las escuelas provinciales. Ese movimiento liberó los espacios de CADINA y permitió especializarlos en la franja de 0 a 3 años.

Con el acompañamiento técnico de la Fundación Navarro Viola y RIL Argentina, los centros renovaron su modelo pedagógico integrando nutrición, desarrollo afectivo y participación comunitaria. Para evitar que las trayectorias infantiles se descontinuaran, la ciudad implementó un Tablero de Gestión Social. En enero de 2026, la herramienta ya organizaba la información de 4.384 personas, monitoreaba 454 intervenciones activas y registraba 21.409 prestaciones sociales.

El impacto fue inmediato: 150 niños y niñas de 128 familias ingresaron por primera vez a un espacio público de estimulación y cuidado temprano. Desde el equipo municipal de Desarrollo Social, liderado por Andrea Legardón, describen este hito de la siguiente manera: 

“Uno de los principales logros fue consolidar el trabajo articulado y poner a la primera infancia en el centro de la agenda municipal. También fortalecimos el acompañamiento a las familias, los espacios educativos y comunitarios y las acciones de promoción y prevención. El trabajo conjunto nos permitió ampliar la mirada y entender que acompañar a la primera infancia requiere del compromiso de toda la comunidad”. 

Despeñaderos y la economía circular aplicada a la infancia

En localidades de escala intermedia o pequeñas, como Despeñaderos, muchas veces el desafío suele ser cómo optimizar los recursos y evitar que las familias queden atrapadas en la fragmentación de programas nacionales, provinciales y municipales. Por eso, en la localidad, la decisión política consistió en unificar todas las intervenciones destinadas a la niñez bajo una única estrategia municipal.

El hito más innovador de esta estrategia es el Programa Corazones que Cuidan. En un mismo espacio, el municipio logró cruzar tres agendas habitualmente desconectadas: primera infancia, perspectiva de género y economía circular. A través de esta iniciativa, premiada con el primer puesto en el Premio Iberoamericano a las Buenas Prácticas Locales con Enfoque de Género de la UIM, mujeres que cuidan a personas con discapacidad encuentran contención. Y, al mismo tiempo, fabrican elementos didácticos y kits de estimulación temprana utilizando telas y materiales reciclados.

Esos juguetes sustentables alimentan a las salas cuna y centros de salud del municipio, cerrando un circuito donde el cuidado genera empleo, reduce residuos y abastece a la red pública. La articulación permitió que el seguimiento de los indicadores de desarrollo infantil fuera compartido por el centro de salud, las salas cuna y las escuelas primarias, y hoy alcanza de forma directa a 536 niños y niñas de 0 a 5 años.

El equipo municipal de Desarrollo Social de la localidad destaca que su participación en el programa Ciudades de la Primera Infancia y Salud Perinatal, les permitió desarrollar y fortalecer diferentes acciones destinadas  a la primera infancia. Sobre el Sello de Primera Infancia, desde la secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Micaela Becerra, expresan: 

“Para nosotros haber obtenido el sello por el trabajo en primera infancia significó un importante reconocimiento al compromiso y esfuerzo del equipo. Permitió visibilizar el trabajo realizado, valorar los avances logrados y fortalecer el compromiso de seguir mejorando las intervenciones y políticas públicas destinadas a la primera infancia”.

Godoy Cruz: datos territoriales para liberar el tiempo de las mujeres

El municipio mendocino de Godoy Cruz puso la lupa sobre las manos que cuidan y allí la radiografía fue clara: la ausencia de espacios públicos de crianza actuaba como una barrera invisible pero feroz que obligaba a cientos de madres jóvenes a interrumpir sus estudios o abandonar el mercado laboral, perpetuando círculos de vulnerabilidad.

Para afrontar esta problemática el municipio creó la Mesa Local de Primera Infancia, una articulación entre las áreas de Infancia, Educación, Salud, Nutrición, Deportes, Empleo, Hacienda y Jefatura de Gabinete. La inclusión de Hacienda y Empleo no fue al azar: garantizó que cada acuerdo de cuidado cuente con su respectiva partida presupuestaria y con una mirada explícita sobre la inserción laboral de las familias.

El modelo promueve una corresponsabilidad efectiva entre el Estado, los hogares y la comunidad. Un ejemplo concreto de esta red es La Estación, un espacio lúdico y educativo implementado junto a organizaciones de la sociedad civil como Asociación EDELIJ y la Fundación Antisopa. Allí, el juego se aborda no sólo como un entretenimiento, sino como un derecho y una herramienta de estimulación temprana.

Al cruzar en tiempo real las bases de datos de salud, asistencia social y educación, Godoy Cruz logró anticiparse a las crisis familiares antes de que se profundicen, liberando tiempo de calidad para las cuidadoras y mejorando los indicadores de salud infantil. Noelia Roca, de la Dirección de Desarrollo Social, y su equipo comenta que esta experiencia reafirmó que medir la desigualdad de género en la crianza es el primer paso para diseñar políticas de escala que devuelvan autonomía a las familias:

“Además, el trabajo sobre la corresponsabilidad en los cuidados ha sido un eje central. Pudimos instalar este tema como parte de las acciones que se desarrollan en nuestra secretaría, promoviendo que el cuidado de niñas y niños sea asumido de manera compartida entre las familias, la comunidad y el Estado, evitando que esta responsabilidad recaiga exclusivamente sobre las mujeres”.

Voluntad y capacidad para leer el territorio

En esa trama de acompañamiento técnico y diseño metodológico, el trabajo con organizaciones de la sociedad civil ayudó a tender puentes entre el diagnóstico de gestión y la vida cotidiana de las familias en los barrios. Para Paz Porres, líder de proyecto del programa Primera Infancia y Salud Perinatal de RIL Argentina, el punto de partida es leer el cuidado como parte del desarrollo local: “Invertir en estos temas no es solo una decisión de gestión social; es una estrategia estructural de desarrollo local. Cuando un municipio logra reorganizar sus áreas y trabajar en interdisciplinas, el impacto se multiplica en el territorio”.

Ese impacto, agrega, se apoyó en herramientas concretas: “Desde el programa acompañamos a los equipos locales para potenciar esa cooperación intersectorial, brindando herramientas de diagnóstico y tableros de datos que transforman la intuición en decisiones precisas. Casos como los de Villa Allende, Despeñaderos y Godoy Cruz demuestran que cuando hay lectura real del territorio, articulación de áreas y datos para decidir, la primera infancia deja de ser un asunto privado y se convierte en una verdadera política de Estado”.

El recorrido de las tres ciudades comparte una condición de base: ninguna necesitó soluciones extraordinarias ni presupuestos inalcanzables. En Villa Allende, Despeñaderos y Godoy Cruz el punto de partida fue reorganizar y conectar lo que ya existía —espacios, equipos y datos— y sostener esa articulación en el tiempo.

Imagen principal: ASphotostudio por ASphotofamily.

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En Godoy Cruz, Mendoza, la planificación urbana comenzó a trabajar con foco en la movilidad peatonal. Un hito en ese proceso fue la creación, en 2022, del Mapa de Caminabilidad, una herramienta que evalúa la calidad de los trayectos a pie y ofrece insumos para orientar la gestión. La iniciativa surgió en un contexto de crecimiento poblacional —el municipio ya supera los 210.000 habitantes— y de una trama urbana con limitaciones históricas para los desplazamientos peatonales.

El mapa busca ofrecer información para que las personas elijan recorridos más cómodos y seguros, especialmente de manera no motorizada. Al mismo tiempo, permite que la Municipalidad genere diagnósticos para planificar obras y jerarquizar intervenciones en el espacio público.

El proyecto se desarrolla en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo e integra variables como conectividad, seguridad, calidad ambiental, usos del suelo y accesibilidad. Esa metodología permitió construir un índice de caminabilidad que empieza a mejorar progresivamente. 

Por ejemplo, calles que antes aparecían con valores bajos están siendo intervenidas y, a partir de estas obras, se empiezan a transformar en espacios “óptimos”. Matías Grima, jefe de Proyectos Urbanísticos y Observatorio Territorial de la Municipalidad de Godoy Cruz, explicó a +COMUNIDAD cómo ha madurado el proyecto y el impacto que tiene en la comunidad promover una “ciudad caminable”. 

Elaboración del Mapa de Caminabilidad

El proceso de construcción del Mapa de Caminabilidad partió de un diagnóstico claro: durante décadas, las calles de Godoy Cruz se planificaron priorizando al automóvil. Esto derivó en veredas estrechas, poco transitables, con falta de iluminación y expuestas a situaciones de inseguridad. 

Frente a esa realidad, se diseñó una metodología de análisis que integró variables como espacio viario, señalética, seguridad vial y calidad ambiental, con el objetivo de medir cuán amigables eran los recorridos para quienes se desplazan a pie.

¿Qué desafíos hicieron necesario pensar en la caminabilidad como eje de la planificación de la ciudad? Grimma enumera la concentración de servicios en puntos neurálgicos, la falta de conectividad este-oeste y la congestión vehicular. Otros fueron disminuir la inseguridad en los trayectos diarios, mejorar las condiciones de la red de transporte peatonal, fortalecer el transporte colectivo a través de paradas seguras y mejorar la calidad ambiental a lo largo de la red viaria. 

La Universidad Nacional de Cuyo aportó un marco teórico, diseñó la metodología y colaboró en el procesamiento de datos mediante un convenio de pasantías con estudiantes de arquitectura. El municipio, por su parte, sumó información del Observatorio Territorial y herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que facilitaron la cartografía y la visualización digital de los resultados.

Resultados en el territorio

Los primeros diagnósticos señalaron áreas críticas con baja caminabilidad. Una de ellas fue la calle Alsina, que presentaba calzadas angostas y  tramos sin veredas, generando riesgos para peatones y ciclistas. Con esa información, se inició un proceso de renovación integral que incluyó veredas nuevas, cruces elevados, forestación y alumbrado LED.

“Esto nos permitió generar nuevos proyectos urbanísticos de mejoras a lo largo de otras arterias de la trama urbana, que hoy aparecen con un indicador bajo (‘malo’) y de a poco van transformando en ‘bueno’ u ‘óptimo’ a partir de las mejoras”, explica Matías Grima. 

En los últimos meses se concretaron obras en Alsina, Montes de Oca y la avenida General San Martín. El impacto de esas transformaciones en el índice se encuentra en proceso de medición, aunque desde el equipo técnico anticipan que los resultados deberían reflejar mejoras, ya que las intervenciones derivaron del diagnóstico inicial. Las mediciones actualizadas estarán disponibles hasta fines de 2025.

“A partir de la implementación del mapa, además de desarrollar distintos proyectos y obras, se incorporaron nuevos tramos a la red troncal de caminabilidad, con el objeto de ampliar la implementación de la metodología para la evaluación del espacio público”, menciona Grimma. “Del mismo modo, se utilizó el proyecto y sus mejoras para postular al programa de Bonos Verdes, que permite mejorar financiamiento para proyectos vinculados al desarrollo de esta política de planificación”, suma el especialista.

Tres obras destacadas con el Mapa de Caminabilid

1. Renovación de la calle Alsina:

• 1.300 metros lineales con una calzada de 10 metros de ancho.
• Nuevas veredas de 1,20 metros.
• Puentes peatonales y vehiculares, cruces sobre elevados y señalización vial.
• Obras de saneamiento.
• Instalación de fibra óptica.
• Soterramiento de líneas de media y alta tensión.
• Alumbrado LED.
• Renovación de forestales e impermeabilización de hijuelas de riego.

2. Renovación calle Montes de Oca:

• Remodelación integral de veredas, cunetas y banquinas.
• Equipamiento urbano y mobiliario antivandálico.
• Iluminación led.
• Mejoras en el equipamiento de semaforización.
• Renovación del arbolado público.
• Pavimentación.
• Pintura y señalización vial.
• Incorporación de cestos de basura de recolección diferenciada.
• Nuevos carteles nomencladores en esquinas.

3. Renovación de la Avenida General San Martín

• Nivelación de veredas.
• Baldosas podotáctiles.
• Incorporación de moderno mobiliario urbano: papeleros, canastos de residuos, bancos y asientos de caucho.
• Se renuevan acequias, cordones, rampas peatonales, puentes, alcantarillas y, en las esquinas, se colocarán bolardos de caucho.
• Trabajos en los desagües pluviales.
• Nueva red semafórica e iluminación led.
• Estacionamientos para motos y bicicleteros.

Claves de gestión y financiamiento

Para Grima, la implementación de metodologías como el Mapa de Caminabilidad requiere equipos técnicos “solventes, preparados y dispuestos”, y coordinación entre distintas áreas. Tras un proceso de priorización, las obras derivadas del diagnóstico se incorporan de manera progresiva en el presupuesto anua.  Y, en el caso de Godoy Cruz, se complementan con mecanismos de financiamiento como bonos verdes o instrumentos locales de ordenamiento territorial.

El municipio, por ejemplo, estableció una ordenanza de mayor aprovechamiento del suelo que permite la densificación urbana y exige compensaciones a desarrolladores privados. Parte de esos recursos se destina a proyectos vinculados con la caminabilidad y espacio público.

“Es importante que los municipios entiendan que toda obra de mejora que se realiza tiene un retorno que es recuperable a través de la captación de renta diferencial. Es decir, la creación de nuevas obras o mejoras urbanas se traducen en aumentos del valor inmobiliario. Estos, a su vez, puede tener impacto en una mayor captación de rentas por parte del municipio, lo que implica más recuperación”, desarrolla el jefe de Proyectos Urbanísticos y Observatorio Territorial de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Más aprendizajes para otras ciudades

El proceso también dejó aprendizajes que pueden resultar útiles para otras ciudades. Grima señala que una de las claves fue mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y áreas municipales para evitar intervenciones duplicadas.

“El desarrollo de estas estrategias ayuda a trabajar coordinadamente, evitando el solapamiento de obras por parte de distintos organismos y áreas del municipio que, en muchos casos, después deben volver a intervenirse por falta de planificación. Esto deriva en la pérdida de gran cantidad de recursos públicos y eficiencia”, explica.

Otro aspecto es la posibilidad de contar con diagnósticos claros para evaluar el espacio público, lo que permite jerarquizar problemáticas que muchas veces quedan relegadas frente a la movilidad vehicular. “Entre los aprendizajes que se alcanzaron, se puede considerar la elaboración de metodologías objetivas para la evaluación del espacio público como una gran herramienta de planificación”, remarca Grima.

El especialista subraya, además, la importancia de promover una cultura de desplazamientos más sostenibles y saludables. Para ello resultan centrales los diagnósticos periódicos y el uso de Sistemas de Información Geográfica que permitan monitorear y dar seguimiento a los proyectos con alcance territorial.

Con el tiempo, el Mapa de Caminabilidad dejó de ser solo un instrumento técnico y se transformó también en un insumo para la participación ciudadana. En palabras de Grima, el gran valor del proceso fue demostrar que “poner a los peatones en el centro de la planificación es posible y genera transformaciones concretas en la vida cotidiana de la gente

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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Por María Mercedes Ordoñez y Clarisa Corral (*)

La transición energética plantea desafíos que no son únicamente ambientales, sino también sociales. Estamos frente a una situación de pobreza energética cuando un asentamiento informal no tiene conexión a la red eléctrica o de gas, pero también cuando una mujer debe caminar varios kilómetros para conseguir leña para calefaccionar su hogar ya que, a pesar de tener conexión a servicios, no tiene acceso a tecnologías de climatización. 

Hablamos de pobreza energética cuando una persona mayor, en plena ciudad, debe restringir el consumo básico de energía porque su jubilación le obliga a priorizar otros gastos. También se manifiesta cuando el desempeño escolar de un niño se ve afectado por no tener luz para hacer la tarea en su casa, cuando en invierno anochece temprano.

En términos generales, la pobreza energética ocurre cuando un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea por razones económicas, de infraestructura o equipamiento. Sin embargo, su naturaleza multidimensional —que abarca factores técnicos, sociales, económicos, culturales y climáticos— dificulta la adopción de una definición única y universalmente aceptada. 

A propósito de esto, Paz Araya Jofré, investigadora doctoral en Antropología y miembro de la Red de Pobreza Energética de Chile  (RedPE) destaca “la importancia de que cada territorio y cada gobierno construya sus propias definiciones de pobreza energética acorde a las realidades y diversidades territoriales”. La declaración se produjo en el marco del último encuentro de la Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas, realizado en julio de 2025.

En el mismo sentido, se vuelve fundamental la construcción de indicadores propios y la generación de información local para el diseño de políticas públicas de equidad energética. Entre estos, se pone el foco en conocer en particular los niveles de ingresos y gastos de las familias, la disponibilidad de tecnología, las condiciones habitacionales, entre otros. 

Alejandra Reyes, de la Dirección Nacional de Energía de Uruguay, resaltó además el valor de “considerar en el diseño de estos indicadores las características climáticas y patrones socioculturales que puedan estar condicionando las dinámicas de acceso y consumo de energía en cada localidad”.

^{Unas 2.100 millones de personas siguen cocinando y calentando sus hogares con combustibles sólidos, según la OMS. Imagen: Dirección de Hábitat, Godoy Cruz, Mendoza.}

Cuando la falta de energía profundiza otras desigualdades

Que un hogar no tenga acceso a servicios de energía se entrelaza con otras condiciones estructurales de desigualdad urbana y social. Esto condiciona el ejercicio de diversos derechos que garantizan una vida digna y con oportunidades en una ciudad.  

La pobreza energética se constituye como una experiencia de vida que tiene efectos negativos tanto en la salud como en la alimentación, la educación, el empleo, la recreación y la resiliencia frente a contingencias climáticas extremas. A propósito de esto, Chisaki Melissa Guibo, arquitecta y jefa del Departamento de Formulación y Evaluación de Proyectos de la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Godoy Cruz enfatizó en que “la pobreza energética no es un problema aislado, sino que es una expresión más de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestros territorios”.

Muchas familias sin acceso fiable a la red eléctrica o de gas dependen de combustibles insalubres para cocinar y calefaccionarse, lo que aumenta los riesgos de enfermedades por la exposición a contaminantes o conexiones informales. De hecho, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que cada año 3,2 millones de personas mueren prematuramente por afecciones vinculadas a la contaminación del aire doméstico. Estas condiciones afectan de forma desigual a las mujeres, debido a la distribución inequitativa de los roles de cuidado dentro del hogar.

Sumado a ello, la falta de equipamiento e infraestructura para un aprovechamiento eficiente del recurso energético domiciliario –como es el aislamiento de las viviendas y los materiales constructivos precarios– exponen a las familias a una mayor propensión al desarrollo de enfermedades respiratorias. Esto aumenta, a su vez, las probabilidades de ausentismo escolar y laboral. En un contexto socioeconómico de pluriempleo o de dobles jornadas de estudio y trabajo, la falta de servicios energéticos complejiza el desarrollo de emprendimientos productivos y de fortalecimiento de la trayectoria escolar.

Además, la falta de acceso a la energía en calidad y cantidad atenta contra la posibilidad de que un hogar pueda afrontar fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, temperaturas bajo cero y tormentas severas. Estos efectos se agravan cuando se trata de personas mayores, personas con discapacidad o electrodependientes, que requieren condiciones térmicas y de abastecimiento estables para su supervivencia.

Retos comunes y respuestas locales

La forma en que están diseñadas y gestionadas las ciudades incide directamente en las posibilidades de acceso a una energía segura, limpia y asequible. Las condiciones del entorno construido, la distancia a los centros de abastecimiento, la infraestructura de servicios, la calidad del hábitat y los criterios de ocupación del suelo son factores que pueden amplificar o reducir la pobreza energética. Por eso, integrar la planificación urbana y territorial en la estrategia energética resulta fundamental.

En este punto, la articulación entre políticas energéticas y políticas urbanas no puede ser postergada: el modo en que se planifican los barrios, se habilita el suelo o se distribuyen los servicios impacta directamente en la posibilidad de acceso equitativo a la energía.

Las ciudades latinoamericanas comparten desafíos estructurales: tarifas de energía altas, suministro intermitente y un gran sector informal con conexiones irregulares. Para enfrentarlos, los gobiernos locales pueden adoptar diversas acciones:

• Regularización y tarifas sociales. Facilitar la regularización de conexiones informales y ofrecer tarifas diferenciadas o subsidios focalizados para los hogares más vulnerables así como programas de pago flexible vinculados con mejoras en eficiencia energética que garanticen el pago de servicios esenciales.
• Vivienda social sostenible. Incorporar criterios de eficiencia energética y energías renovables en los programas de vivienda pública y asistencia habitacional. Por ejemplo, dotar a las casas sociales de aislamiento térmico, paneles solares o termo tanques solares reduce costos a largo plazo y mejora la calidad de vida.
• Generación distribuida. El desarrollo de proyectos de generación distribuida o generación distribuida comunitaria que permitan satisfacer las necesidades energéticas de poblaciones alejadas de las redes de servicios.
• Reacondicionamiento de vivienda. La inversión en mejoramiento habitacional de viviendas propias o alquiladas para la reducción de costos en energía. 
• Promoción de equipamiento eficiente. Ya sea para la adquisición de nuevos equipos de climatización como de mantenimiento y recambio de equipos preexistentes, pudiendo incluir el desarrollo de un mercado local de proveedores y prestadores de servicios para estos fines.

Ciudades contra la pobreza energética

La ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Argentina, es un caso inspirador de abordaje de la pobreza energética desde la gestión del hábitat, con foco en los asentamientos informales y poblaciones más vulnerables. 

En 2023, el municipio comenzó con la implementación de proyectos de vivienda social sustentable. Distintas familias en situación de extrema vulnerabilidad recibieron viviendas construidas con contenedores reciclados (“Ecocasas”). Estas casas, con un costo 40% menor por metro cuadrado que la construcción tradicional, incluyen termotanques solares para calefacción de agua. 

Se destinaron a hogares con condiciones de hacinamiento crítico y con personas con discapacidades o problemas de salud. A su vez, cada familia recibió su guía para el mantenimiento y uso de nuevas viviendas. De esta manera, el municipio logró reducir costos de producción y brindar soluciones habitacionales dignas, a la vez que introdujo tecnologías limpias y eficientes en las viviendas sociales.

Además, Godoy Cruz actualmente implementa varias líneas de acción que contribuyen a la equidad energética de las poblaciones más vulnerables. Entre estas se encuentra la ejecución de mejoras edilicias en viviendas vulnerables, a través del Programa de Emergencia Habitacional (PEHab), y las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica informal (conexiones eléctricas no regularizadas, instalaciones deterioradas o sobrecargadas). También la renovación de cableado deteriorado, apuntalamiento o colocación de nuevos postes, colocación de térmicas y disyuntores, y mejora de instalaciones precarias. 

Asimismo, destacan el rol clave de sumar espacios de consulta para la población como es en este caso la Consejería de Hábitat para el acompañamiento técnico y comunitario permanente y el brindado de talleres de formación en estrategias bioclimáticas, electricidad y albañilería con enfoque térmico. Todo esto, diseñado a partir de un sistema de relevamiento continuo con enfoque multidimensional que permite orientar políticas públicas con base territorial.

^{Talleres de albañilería básica con enfoque en el confort térmico. Imagen: Municipalidad de Godoy Cruz.}

Otro caso destacable ocurre en Chile, donde el gobierno central –en coordinación con gobiernos locales– implementa acciones para reducir la pobreza energética dirigidas especialmente a las infancias y a las personas mayores de zonas rurales. 

Es así que, en los últimos cuatro años, se creó y fortaleció una línea de acción para acceso y mejoramiento del suministro energético en escuelas rurales. Se focalizan recursos para el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética, el robustecimiento del sistema eléctrico, calefacción sustentable y agua caliente sanitaria para baños y duchas donde asisten niños y niñas de comunidades originarias. 

A la vez, desde el programa para Acceso y Mejoramiento del Suministro Energético en establecimientos con rol público se ha llevado adelante una línea de acción para mejorar las condiciones energéticas de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a través de energías renovables. 

La Ciudad de México, con casi el 98% de sus habitantes conectados a la red eléctrica, ha identificado nuevas fronteras de la pobreza energética: la falta de agua caliente y el alto costo del gas LP para cocinar. Para abordar esto, lanzó el programa “Ciudad Solar”, que impulsa el uso intensivo de energía solar en la ciudad. 

Bajo este plan se han instalado grandes paneles fotovoltaicos en techos de mercados mayoristas y edificios gubernamentales, aprovechando los altos niveles de radiación solar de la capital. Además, se establecieron regulaciones que obligan a instalar calentadores solares de agua en todas las nuevas viviendas y edificios reconstruidos, reemplazando la demanda de gas licuado por energía limpia. 

En consonancia, el gobierno ha donado más de 25.000 calentadores solares a hogares de bajos ingresos desde 2018, cubriendo sus necesidades de agua caliente con energía asequible. Estas iniciativas reducen la factura del gas LPG (que usa el 82% de los hogares) y mejoran la salud al disminuir la quema de combustibles fósiles en los hogares.

Aunque este tipo de políticas requiere inversión pública significativa, también muestra la capacidad de los gobiernos urbanos para movilizar recursos, regular y coordinar actores, y generar impactos tangibles en la vida cotidiana.

^{Paneles solares en la Ciudad de México. Imagen: Gobierno de la Ciudad de México.}

Colaborar para transformar: Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas

Cuando se promueve la participación de equipos técnicos municipales, comunidades y actores del territorio en el diagnóstico y codiseño de las soluciones, se logran políticas públicas más ajustadas a las realidades concretas. Desde esa perspectiva, los municipios cumplen un rol clave como articuladores de políticas públicas de equidad energética cercanas al territorio. 

La experiencia acumulada en la Red de Innovación Local (RIL) demuestra que la innovación urbana surge muchas veces del intercambio horizontal entre gobiernos locales y de la escucha activa de las necesidades barriales. En muchos casos, las respuestas más eficaces han surgido del trabajo colaborativo entre áreas técnicas, equipos de gobierno y comunidades organizadas. Reconocer esa capacidad de los gobiernos locales para coordinar, escuchar y construir en conjunto es central para avanzar hacia una transición energética más justa. 

 (*) María Mercedes Ordoñez es coordinadora del programa Ciudades de la Energía y Clarisa Corral es integrante del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL).

Imagen principal: Unsplash.

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Por Mercedes Ordoñez, coordinadora
de Ciudades de la Energía en RIL (*)

De acuerdo con ONU-Habitat, las ciudades producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que desempeñan un papel clave en el cambio climático. Además, aunque ocupan menos del 2% de la superficie de la tierra, consumen cerca del 78% de la energía mundial, y este sector es uno de los mayores contribuyentes a este fenómeno global. Por eso, avanzar hacia un modelo urbano que asegure el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna se ha convertido en uno de los motores de la transformación energética en las ciudades.

La transición energética es un desafío global que propone un cambio en la forma de producir, distribuir y consumir energía. El concepto de transición como tal plantea reflexionar sobre el punto de partida en el que se encuentran las ciudades. Pero también una decisión sobre el tipo de ciudad a la que se desea llegar y, para ello, resulta necesario atravesar un proceso de transformación y cambio paradigmático. 

El Trilema Energético, elaborado por el Consejo Mundial de la Energía, propone poner el foco en tres aspectos fundamentales a la hora de pensar la transición energética: la mitigación del impacto ambiental, la seguridad del suministro y la equidad energética. En cada una de estas dimensiones las ciudades tienen la posibilidad de diseñar e implementar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

El impacto ambiental de producir y consumir energía

Una Ciudad de la Energía es aquella que prioriza aumentar la eficiencia energética para satisfacer las necesidades de su comunidad, con el menor gasto de recursos posible. Además, reconoce el impacto ambiental que conlleva la generación y consumo de energía, y por tanto busca minimizarlo mediante el uso de energías limpias y bajas en carbono.

Por un lado, producir energía de manera convencional genera un impacto ambiental asociado principalmente a la quema de combustibles fósiles. Es por esto, que la descarbonización del sistema es una parte fundamental de las recomendaciones generales a la hora de diseñar estrategias para transformar la oferta energética. Es en este aspecto que se incluyen los proyectos de energía renovable, generación distribuida, adecuación normativa para la inyección de energía a la red y su reconocimiento económico y la promoción de empleos verdes asociados a esta industria, entre otros.

Por otro lado, y desde el punto de vista de la demanda de energía, el impacto ambiental está asociado a su uso de manera ineficiente. Como contracara, la eficiencia energética se posiciona como la principal estrategia de respuesta frente a esta situación. De hecho, se cuestiona que las energías renovables puedan (y tengan que) responder a los elevados niveles de consumo energético actuales. 

Es por esto que la eficiencia energética es uno de los puntos de mayor viabilidad tanto para una persona como para un gobierno local debido a que permite tomar medidas de corto plazo y de buena relación costo-beneficio. Aquí el abanico de posibilidades involucra proyectos de electrificación de servicios, la reconversión de flota vehicular a eléctrica o a combustibles de transición, el recambio de luminaria, la rehabilitación energética de edificios y arquitectura bioclimática, los incentivos a la incorporación de sistemas eficientes y la promoción de cambios culturales, entre otros.  

Sumado a ello, la incorporación de estrategias de eficiencia energética en las propias dependencias municipales se convierte en un punto de partida fundamental para los gobiernos locales. A partir de abordar el desempeño energético del municipio, se contribuye a la asignación eficiente de los recursos mediante la reducción de costos asociados a la energía, a la reducción del impacto ambiental de la gestión pública y a consolidar el rol ejemplificador de ese gobierno local.

Tal es el caso de un grupo de investigadores del CONICET que, en alianza con la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, desarrollaron un biodigestor para que la comunidad de Los Pinos genere biogás a partir de los residuos provenientes de la actividad agropecuaria local. De esta manera, no sólo se brindó a las comunidades una respuesta a la problemática ambiental por la mala disposición de los residuos, sino que además permitió una diversificación de la matriz energética con fuentes bajas en carbono, reemplazando a la leña y el carbón. 

Y como si fuera poco, la comunidad conformó una cooperativa para la operación, mantenimiento y administración de la energía producida, demostrando el potencial de este tipo de estrategias para el desarrollo comunitario y la generación de empleo.

Transición energética en un contexto de cambio climático

Ser una Ciudad de la Energía implica ser protagonista del sistema energético del que se es parte, con el objetivo de fortalecer su resiliencia. Para lograrlo, es fundamental conocer la realidad energética de la ciudad, sus fortalezas y debilidades, y prepararse para afrontar los desafíos presentes y futuros en un contexto de cambio climático. 

La seguridad energética –entendida como la garantía del suministro y de la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda actual y futura– es quizás uno de los puntos señalados por el Consejo Mundial de la Energía que, en el caso de Argentina, podría exceder a las competencias municipales. Y por “podría” se hace hincapié en que, a pesar de ello, los gobiernos locales pueden incidir en aumentar la resiliencia de la ciudad frente a una mayor intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático.

Evaluar la capacidad de respuesta de un municipio en términos energéticos puede mejorar el desempeño de una ciudad en dicho marco. Por ejemplo, considerar si las dependencias gubernamentales encargadas de accionar frente a eventos meteorológicos están preparadas y abastecidas de energía para poder brindar servicio. También identificar zonas de la localidad más vulnerables a sufrir cortes de suministro por el estado del arbolado urbano, la precariedad de las construcciones o la lejanía de las comunidades para su  abordaje.

El caso de Ticino, en la provincia de Córdoba, es sumamente interesante para dimensionar el impacto del autoabastecimiento energético en contextos de crisis. La producción de energía a partir de los desechos de la industria manicera convirtió a Ticino en una de las pocas ciudades argentinas en no quedarse sin luz durante los apagones masivos de 2019 y 2023 en Argentina, pudiendo dar respuesta a las necesidades de su comunidad.

Reducir la pobreza energética, una deuda pendiente

Ser una Ciudad de la Energía es también considerar el acceso a la energía como un derecho fundamental y condicionante del resto de los derechos. Por lo tanto, la transición energética se plantea como un proceso socialmente justo, que priorice una gestión con fuerte orientación a la ciudadanía, buscando garantizar a sus habitantes un servicio suficiente, accesible y de calidad reduciendo así la pobreza energética. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no logra satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea en términos económicos como de infraestructura. Como consecuencia, las personas que la sufren se exponen a riesgos sanitarios, de malnutrición, a prácticas domiciliarias peligrosas y se encuentran limitadas para el desarrollo de tareas económicas y educativas.

A partir de estos desafíos, los municipios pueden incidir en mejorar la condiciones de habitabilidad y acceso a los servicios de las comunidades más vulnerables. Pueden hacerlo, por ejemplo, al facilitar la regularización de conexiones, ofrecer tarifas diferenciadas, subsidiar el acceso a la energía para ciertos grupos sociales o incorporar criterios de eficiencia energética y fuentes renovables en los programas de vivienda social, entre otras acciones.

Un ejemplo cercano de este tipo de programas es el llevado adelante por el municipio de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Luego de promover la construcción domiciliaria de calefones solares realizados con materiales recuperados en barrios vulnerables, se apostó por el desarrollo de un Programa Municipal de Energía Solar para Viviendas Sociales. A través de este, se entregan equipos fotovoltaicos y solar térmicos para cubrir las necesidades energéticas de familias vulnerables localizadas en zonas donde no llega el suministro de energía o que se encuentran en situación de precariedad habitacional.

Camino a ser una Ciudad de la Energía

La Red de Innovación Local (RIL) lanzó en 2024 el programa Ciudades de la Energía, que tiene como objetivo acompañar a los equipos de gobiernos locales a diseñar una estrategia integral de transición energética con foco en la sostenibilidad ambiental, la equidad energética y la adaptación frente al cambio climático.

A partir de un diagnóstico exhaustivo del estado de situación de la ciudad respecto a la temática, el desafío es conocer cuáles son las implicancias que tiene la transición energética en cada ciudad y cuáles son las limitaciones y potencialidades. Así, se pueden identificar las oportunidades de mejora y trabajar en un plan de acción para resolver el desafío público priorizado. Los productos a los que se espera que lleguen las ciudades son los lineamientos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, el diseño de una política pública sectorial y la elaboración de un programa de eficiencia energética en las dependencias municipales.

Durante la primera edición del programa, en 2024, se gestaron proyectos de eficiencia energética en el sector domiciliario, de promoción de las energías renovables en el sector privado local, de educación ambiental y de intervención de espacios públicos con energías renovables.

Las ciudades que se están desafiando en 2025 a recorrer el camino para convertirse en Ciudades de la Energía son Plaza Huincul (Neuquén), Cutral Co (Neuquén), Bahía Blanca (Buenos Aires), Luján de Cuyo (Mendoza) y Tartagal (Salta). 

Para RIL, la articulación público privada es un elemento clave y estratégico para alcanzar los objetivos del programa. Es por esto que, a lo largo de todo el recorrido, se incorporan aliados del sector privado a formar parte del ecosistema de trabajo, es decir, que participarán activamente del proceso y estarán a disposición de los gobiernos locales para articular y hacer sinergias que contribuyan al desarrollo de las estrategias locales. Las empresas que apuestan este año por el impacto de trabajar esta agenda a escala local y, que además son actores estratégicos en el plano energético nacional, son  Pampa Energía, Aconcagua Energía y TGN.

La transición energética, una agenda local  

La agenda de la transición energética ha otorgado a los gobiernos locales nuevas posibilidades para potenciar el desarrollo de sus comunidades. Pero además, viene a reconocer un rol protagónico de las ciudades en la contribución a estos objetivos globales, demostrando no solo que es una agenda propia, sino una a la que, a pesar de ser una temática emergente, llevan contribuyendo ya varios años.

Para más información podés enviar un e-mail a: mercedeso@redinnovacionlocal.org. 

Esta columna tuvo una primera versión el 5 de junio de 2024 y se actualiza en abril de 2025 con oportunidad de una nueva edición del programa Ciudades de la Energía de RIL. 

Imagen principal ilustrativa: Jasonfang | Getty Images Signature | Canva.

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Por Martina Bosch y
Graciana Koehler (*)

Las ciudades que se destacan por desarrollar gestiones eficientes en distintos puntos del mundo tienen claros denominadores en común: sostenibilidad financiera, planes de gestión con objetivos compartidos, métricas, balances, transparencia, participación ciudadana y articulación público privada. Pero… ¿Cuál es la herramienta que engloba, conecta y permite lograrlos?

Un recurso estratégico que están eligiendo los gobiernos locales para definir, organizar y alcanzar gestiones más eficientes es el diseño de planes de metas. Este instrumento consolida los desafíos que se plantea el ejecutivo a corto, mediano y largo plazo, habilitando la posibilidad de reportar los avances del mismo a la ciudadanía de forma periódica. 

Los gobiernos municipales presentan en su plan de metas los ejes de su gestión, objetivos claros, metas cuantificables y los indicadores que van a reportar los resultados esperados. 

Un aliado para que las proyecciones se cumplan

La complejidad de los desafíos del presente y futuro invitan a las ciudades a abandonar los métodos de gestión del pasado, como la intuición o la respuesta inmediata a demanda, para incorporar nuevas estrategias que permitan dar respuestas efectivas.

Gobernar es cada vez un problema más complejo. Las ciudades que pueden mostrar éxitos de conducción, lo han logrado no en base a personalidades geniales, sino a partir de sistemas, métodos y equipos de gobierno adecuados y calificados. La clave del futuro son los equipos de dirección que apliquen métodos potentes de gobierno, que utilicen los aportes de la tecnología y la información para tomar decisiones basadas en la evidencia.

Hoy los gobiernos locales disponen de recursos para respaldar sus políticas públicas, como los mapas de calor sobre lo que sucede en territorio, la inteligencia artificial y la gobernanza de datos para diagnosticar, diseñar y evaluar sus iniciativas. 

La ciudadanía exige mejores respuestas a los problemas existentes y oportunidades para el futuro. Una gestión de gobierno de calidad necesita, como condición previa, métodos rigurosos de planificación que sirvan de guía tanto para la implementación de las políticas públicas como para su permanente evaluación.

Los planes de metas son la herramienta más completa para enfrentar estos desafíos. Resultan de gran utilidad  para el ejecutivo y para la comunidad. Permiten a los gobiernos organizar su planificación en base a resultados, facilitar la alineación y coordinación de equipos, organizar los gastos, monitorear y evaluar las iniciativas de gestión. Además, otorgan la oportunidad de generar instancias de participación ciudadana, fomentar la transparencia y rendición de cuentas. Representan una hoja de ruta para una gobernanza eficiente, orientada a resultados que comprende la perspectiva de sus ciudadanos.

NOTA RELACIONADA
Para tener un rumbo claro: planes de metas en la gestión municipal

Un medio para la transparencia y la participación de la ciudadanía 

Contar con un plan de metas es estratégico y beneficioso para la ciudadanía, ya que es una herramienta que promueve la transparencia y facilita la participación activa.  A través de este, la comunidad puede conocer las políticas públicas y acciones previstas para su ciudad, así como acceder a información clara para evaluar las mismas en términos de resultados y ejecución de recursos.

En Argentina podemos encontrar distintas experiencias de gobiernos en el desarrollo e implementación de planes de metas como la ciudad de Córdoba, San Fernando del Valle de Catamarca, La Calera, Villa Allende, CABA, Mendoza y Godoy Cruz.  

“Un plan de metas de Gobierno permite planificar de manera estructurada los destinos de gestión de la Ciudad. Con objetivos claros nos muestra de manera transparente el desarrollo de la misma y de esa manera, mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Además, nos permite asignar de manera inteligente los recursos permitiendo que se prioricen proyectos que conlleven al progreso de Córdoba”.

Daniel Passerini, intendente de Córdoba

¿Podemos decir que las ciudades con planes de metas están más comprometidas con la ciudadanía?

Este tipo de planificación abre nuevos canales directos de información e interacción entre el ejecutivo municipal y la comunidad, por ejemplo a través de audiencias públicas, habilitando mejores condiciones para la participación ciudadana, el monitoreo social y la  posibilidad de  los vecinos y vecinas de incidir en los procesos de definición de las políticas públicas de la ciudad. 

“Un Plan de Metas al Gobierno Municipal y a la ciudad le aporta transparencia en lo que se va ejecutar. Es una excelente forma de rendir cuentas de lo que se va hacer para poder darle seguimiento y para contarle a la comunidad en qué se van a utilizar los recursos, que en definitiva son los que provienen de las tasas que pagan nuestros vecinos.
El Plan de Metas colabora en el vínculo con la ciudadanía porque cuando el vecino tiene más conocimiento de lo que va hacer un gobierno municipal, tiene más posibilidades de involucrarse, de participar, de tener claridad, transparencia. Es una gran herramienta de gestión que le permite a un gobierno trabajar con determinación al tener claridad en los objetivos“.

Pablo Cornet, intendente de Villa Allende

Esta práctica, que cada día están incorporando más gobiernos locales, promueve el uso de datos y evidencia para la toma de decisiones, el seguimiento de la gestión y el monitoreo ciudadano.

Una gobernanza de datos necesaria

Para que una ciudad sea una smart city, es necesario disponer una planificación estratégica, que se sustente en los datos para mejorar la eficiencia operativa, compartir información con la ciudadanía, y optimizar la calidad de los servicios que brindan. La gestión, organización y análisis de la información permite que las políticas públicas sean más específicas y adaptadas a las necesidades particulares de cada ciudad. 

Gestionar una gobernanza de datos es vincular el potencial de la información para mejorar la vida urbana y al mismo tiempo, proteger los derechos y la integridad de los sistemas utilizados.

Los planes de metas exprimen el potencial del uso de la información en la gestión pública, por una lado permiten generar una planificación de políticas basadas en la evidencia, fomentan la transparencia y habilitan a la ciudadanía a utilizar los datos para monitorear los compromisos e impacto de las políticas de gobierno. 

“Es la hoja de ruta de la gestión; muestra el camino por el cual se quiere transitar. Es una herramienta que posibilita sistematizar, ordenar, aglutinar; dar cuenta y visibilizar las interrelaciones entre cada una de las áreas del gobierno municipal.
Permite, hacia adentro de la gestión, poner en palabras, proyectos, KPIs, los objetivos y el norte. Facilita que todos los integrantes del Poder Ejecutivo estén alineados; pero más importante es que cada integrante comprenda e internalice el por qué y la importancia de su actividad. En otras palabras, y aludiendo a la historia de la construcción de una iglesia, sería de pasar de entender que sólo se está poniendo un ladrillo sobre otro, a comprender que se está construyendo la iglesia icónica de la ciudad.
Hacia fuera del municipio, el Plan de Metas es una forma de mostrar una gestión planificada, con un norte, pero también es una herramienta de la ciudadanía, de los vecinos, para medir y controlar las políticas públicas“.

Jeremías Vanoli, secretario de Gobierno de La Calera.

Un Tablero de Gestión de Proyectos

Para que este ejercicio democrático sea real, la información del plan debe ser clara, accesible y  presentarse de tal manera que pueda ser contrastada por la comunidad, priorizando las metas de resultados ante las procedimentales, líneas de base específicas y disponer medios de verificación de la información.

Desde RIL contamos con un software de gestión de desarrollo propio, el Tablero de Gestión de Proyectos, que permite realizar un seguimiento exhaustivo del plan de gobierno, conocer el avance de las metas, la inversión que se realiza y, por lo tanto, el impacto de las acciones que el Ejecutivo lleva adelante.  

Otro ejemplo destacable es la plataforma de monitoreo ciudadano de Godoy Cruz,  que habilita el seguimiento de objetivos y metas del gobierno de manera online.

A través de los planes de metas, la ciudadanía puede monitorear y evaluar las políticas públicas, pero también participar en su construcción y definición.

“El Plan de Metas no solo funciona como una herramienta de gestión, sino también como un canal de diálogo constante entre el gobierno y los ciudadanos. Esto permite que la ciudadanía no sólo sea informada, sino que participe activamente en la identificación de prioridades, en la propuesta de mejoras y en la evaluación del progreso de las políticas públicas receptoras de servicios, siendo también agentes activos en el desarrollo de su ciudad”.

Daniel Passerini, intendente de Córdoba

Un ejemplo a nivel internacional es la redacción del Plan de Desarrollo Colombiano “Colombia: Potencia Mundial de la Vida 2022 – 2026”  que se elaboró a través de uno de los procesos de participación más grandes desarrollados en el país. Para su redacción, se llevaron a cabo 51 Diálogos Reginales Vinculantes, donde participaron más de  250.000 personas de 1.123 municipios y se sistematizaron 89.788 propuestas. Estas sugerencias sirvieron como base para el proceso de formulación y aprobación final. 

El Plan Nacional de Desarrollo Colombiano (PND) es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazaron los objetivos del Gobierno, permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión y la rendición de cuentas a través de audiencias públicas.

El camino hacia la innovación en la gestión de las ciudades está ligado al análisis, uso  y evaluación de los datos, en donde la ciudadanía deja de ser un simple espectador de las acciones de gobierno convirtiéndose en un actor clave que se involucra, participa e interpela al ejecutivo a potenciar sus políticas públicas.

“El Plan de Metas es una herramienta que fortalece la relación entre gobierno y la comunidad: no sólo permite visibilizar la relación entre cada acción, cada decisión que lleva adelante una gestión local y el norte que persigue dicha gestión, sino que además es una herramienta de contralor que le permite a la ciudadanía seguir, analizar, evaluar de manera objetiva a una gestión municipal.
Además, obliga al gobierno a justificar cada cambio o cada desviación que se decide respecto al Plan.  También es una medida de control respecto a las promesas de campaña: si son incorporadas al plan y qué tanto impacto tienen en la realidad local“.

Jeremías Vanoli, secretario de Gobierno de La Calera.

Una ciudad de oportunidades se obtiene a partir de la alianza entre el gobierno y su comunidad, los planes de metas son herramientas que reúnen las condiciones para que todo esto sea posible, abriendo canales de información, visualizando los resultados esperados y brindando información clave para que la ciudadanía asuma un rol activo en la construcción de la ciudad deseada.

Martina Bosch y Graciana Koehler son integrantes del equipo de Ciudades Eficientes en la Red de Innovación Local (RIL)

^{Imagen principal ilustrativa. Fuente: Khunkorn, vía Canva.} 

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Seis años atrás la ciudad de Godoy Cruz, en la provincia  de Mendoza, en Argentina, creó el programa Ítem Bici, que consiste en un incentivo económico para empleados municipales que asistan a su trabajo en bici u otro medio de transporte sustentable. 

Para acceder a este beneficio, los y las trabajadoras deben vivir a una distancia mínima de dos kilómetros, y cumplir con un 60 por ciento mínimo de asistencia en bicicleta, marcando entrada y salida, además de contar con un mínimo de seis horas de trabajo.

Alfredo Terraza, parte del equipo del gobierno local de Godoy Cruz y responsable de la implementación de Ítem Bici, conversó con +COMUNIDAD sobre esta iniciativa, que incentiva el uso de la bicicleta y promueve la salud laboral y ambiente sustentable.

Ítem Bici, un proyecto de micromovilidad local

━ ¿Cuáles fueron los objetivos de esta iniciativa cuando la pensaron?

Por un lado, transmitir el compromiso y concientización que el municipio posee en materia del cuidado del medio ambiente desde una mirada en primera persona. Es decir, no “contribuimos con el cuidado de”, sino que somos parte del ecosistema y es nuestra obligación y responsabilidad el cuidado de nuestra casa. Y por otro lado, la necesidad y compromiso de implementar medidas que mejoren la calidad de vida del empleado, física y mental

━ ¿Cómo fue su proceso de implementación?

Lo primero fue sentar las bases y condiciones a cumplir para que el empleado pueda acceder al goce del beneficio Ítem Bici, propulsado por un incentivo económico que el empleado percibe al asistir diariamente en bicicleta a su lugar de trabajo. Posteriormente, cómo realizar el método de control de efectiva concurrencia en el medio de transporte sustentable a los puestos laborales. Luego, cómo transformar estos datos en un incentivo económico. Y, por último, el control del mismo

━ ¿Tuvieron algún obstáculo o fracaso en el proceso de implementación?

El obstáculo principal, es el control de efectiva concurrencia en bicicleta a los puestos de trabajo. Pero no sé si la palabra obstáculo sería la apropiada, dado que solo es parte del escenario donde se planeaba aplicar esta política. Fue solo cuestión de tiempo, realizar las modificaciones necesarias para terminar de ajustar detalles y continuar con su desarrollo hasta la actualidad

━ ¿Qué resultados tuvieron hasta ahora con esta iniciativa?

El resultado es positivo y alentador, tenemos en la actualidad aproximadamente 500 agentes registrados, sobre un universo de 1800. La cual levemente sigue incrementándose de manera periódica. Esto significa una reducción considerable en la contaminación ambiental para nuestra ciudad, y una contribución importante en la salud del empleado, tanto física como mental. Ayuda a disminuir los niveles de estrés y, además, impacta directamente en la economía del empleado, ya que no solo perciben un incentivo económico, sino que también disminuye el gasto diario de traslado para asistir a su jornada laboral en otro tipo de medio de transporte

━ ¿Qué le aconsejarías a otro municipio que quiera replicar esta iniciativa?

Le aconsejaría que inviertan en estas políticas públicas, que por desgracia hoy no tienen el protagonismo o relevancia que corresponde. Pero qué son las que realmente tienen una visión de futuro y contribuyen con hechos concretos al cuidado de nuestro hogar. Y que lógicamente, no duden en contactarnos para brindarles información necesaria que pueda agilizar su implementación.

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Imagen principal: Municipalidad de Godoy Cruz

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 +COMUNIDAD charló con el equipo detrás de estas transformaciones, sobre la importancia de contar con un plan de metas para ordenar los objetivos de la gestión, y también, de las oportunidades de mejora detectadas en su última certificación.

Plan de metas: la punta de lanza de la eficiencia

Godoy Cruz cuenta desde 2016 con una ordenanza dedicada al Plan de Metas. Donde el equipo de gobierno trabaja y comparte con la ciudadanía la planificación anual de proyectos. Este mismo proceso los ayudó a tener una forma estandarizada para planificar y diseñar proyectos. También a hacerles seguimiento de una forma eficiente a través de la definición de ejes, objetivos y metas de gestión. 

━ ¿Cómo surgen las acciones de eficientización del municipio?

━ “A partir del 2016 en el municipio de Godoy Cruz se empezó a trabajar bajo el modelo de gobierno abierto y políticas de transparencia.  Es así que se crea la oficina de Transparencia la cual actualmente se transformó en departamento. El objetivo es promover políticas de transparencia y acceso a la información. A fin de desarrollar un modelo de gestión de calidad y rendición de cuentas propicio para la participación ciudadana.”

A partir de esto, desarrollaron un modelo de gobierno abierto que se sostiene en 6 ordenanzas que dan un marco a las acciones vinculadas al acceso a la información pública, el régimen de concursos, la digitalización y la modernización del Estado, además de, por supuesto, regular la presentación anual del plan de metas.

El modelo de gestión de Godoy Cruz

Los responsables de esta estrategia cuentan: “Todo ello ha llevado al desarrollo de un modelo de gestión de calidad municipal. A su vez se trabaja desde 4 ejes estratégicos definidos: Godoy Cruz Sustentable: Mejoramiento Urbano Ambiental y de Servicios. Godoy Cruz Competitivo: Infraestructura y desarrollo productivo. Godoy Cruz Inclusivo: Desarrollo Social e Integración Comunitaria. Godoy Cruz Transparente: Participación Ciudadana y adelantos en la Gestión Municipal.”

El plan de metas cuenta con un seguimiento a través de la plataforma SUMEN, que a través del monitoreo ciudadano permite hacer seguimiento de objetivos y metas de gobierno creada por una red de organizaciones que entienden la importancia del gobierno abierto y la participación ciudadana. El equipo de gobierno agrega: “La plataforma nos ha permitido que los vecinos puedan estar informados sobre los proyectos y decisiones que se toman en el ámbito municipal, así como también participar activamente en la toma de decisiones”

En este mismo sentido, los vecinos de Godoy Cruz acceden a diferentes datos de gobierno a través del Portal de Transparencia desde donde se accede al Portal de Datos Abiertos, la práctica principal de su estrategia de gobierno abierto. Desde allí se pueden consultar los sets de datos, pero también solicitar otros en caso de necesitarlo, lo que permite robustecer esta base a partir de los intereses de vecinos y vecinas. 

Otros aspectos de la estrategia de eficiencia

Otro punto destacado que acompaña esta estrategia de eficiencia tiene que ver con la transformación digital llevada adelante por el gobierno. La coordinación interna entre áreas posiciona a la temática como un eje transversal y permite realizar mejoras basadas en las necesidades de los vecinos, que cada área va identificando. 

Desde la gestión mencionan que, “la transformación digital y la introducción de soluciones tecnológicas ha generado la agilización y automatización en la mayoría de los trámites administrativos brindando así mejores servicios a nuestros vecinos”. 

Por ejemplo, los vecinos pueden realizar sus gestiones a través de Ciudadanía Digital y “Muni”. Entre otras plataformas, resolviendo cuestiones clave como el pago de tasas, la gestión online de turnos o la realización de reclamos de manera ágil y desde su casa. Esto permite ahorrar tiempo y reducir el uso de papel. 

Desafíos y aprendizajes del proceso

━ ¿Cuáles fueron los principales desafíos a la hora de impulsar esta transformación?

━ “Se nos han planteado algunos desafíos como por ejemplo la necesidad de adaptarnos a los cambios constantes que impone la tecnología, como la automatización de trámites, la implementación de plataformas de atención al ciudadano y la gestión de datos. Otro desafío es la brecha digital, ya que no todas las personas tienen acceso a internet o dispositivos móviles para acceder a los servicios digitales.”

Pero nada de esto podría sustentarse sin buenas prácticas en los procesos administrativos de Capital Humano y Finanzas Municipales. Una vez más, el municipio se destaca por contar con normativas claras para la selección e ingreso de personal. Aprovechar la tecnología para la gestión de legajos, presentismo, horas extra y todo dato vinculado a las personas que trabajan en el gobierno local. Así como trabajar en la seguridad y bienestar del personal. 

Godoy Cruz, un modelo a seguir

En cuanto a las finanzas, la definición de prioridades se realiza en coordinación con los ejes prioritarios de gobierno y los proyectos de cada secretaría, siempre alineado al plan de metas. Además, se cuenta con manuales de los procedimientos clave, incluyendo los de auditoría interna. A su vez que se publica la información relevante sobre ejecución del presupuesto para consulta de la ciudadanía. 

━ ¿Qué es lo que más destacan de este camino hacia la transformación en una gestión eficiente?

━  “Como municipio destacamos nuestro compromiso en pos de un desarrollo urbano, ambiental, social, económico y de modernización de manera estratégica y participativa. En este proceso de modernización no solo se busca optimizar el funcionamiento interno del municipio. También promover una mayor participación ciudadana y una mejor atención a las necesidades de la comunidad.”

━ Para cerrar, ¿qué aprendizajes les ha dejado el trabajo en las diferentes líneas que los hacen un municipio eficiente?

━ “La transformación y modernización de la gestión municipal nos ha permitido el fortalecimiento de la administración municipal. Mejoras en la gestión de los servicios, el reforzamiento de las funciones de planificación urbana y la promoción del desarrollo local.”

Imagen principal: Municipalidad de Godoy Cruz.

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Godoy Cruz (Mendoza, Argentina) es reconocida por estar a la vanguardia en políticas ambientales de alto impacto. Integrante de la Red Argentina de Municipios ante el Cambio Climático (RAMCC), fue la primera ciudad del país en sumarse al Plan Carbono Neutral 2030. De esta manera, la mayoría de sus acciones deben tender hacia la disminución de los gases de efecto invernadero. 

Con ese horizonte definido, el departamento mendocino impulsa decenas de proyectos para combatir la crisis climática. En la actualidad, sus 200.000 habitantes utilizan energías limpias en algún momento del día gracias a la instalación generalizada de paneles solares en espacios públicos. Además, pueden viajar en medios de transportes sustentables, separar residuos y obtener beneficios si construyen con criterios ecológicos.  

A pesar de todas las medidas públicas, en la Municipalidad surgió una inquietud: para alcanzar la neutralidad del carbono, era necesaria una mayor participación de las empresas. Casi en simultáneo, entre 2020 y 2021 dos iniciativas se pusieron en marcha para incentivar que el sector privado pueda multiplicar sus aportes ambientales y sociales. 

Sellos para las empresas sostenibles

“Diseñamos un programa que invita de manera voluntaria al sector productivo a ser protagonista de los cambios que el mundo necesita. Buscamos apoyar a quienes estén dispuestos a acreditar prácticas sostenibles al interior de su organización, mediante un sistema de identificación (sellos), el cual les permitirá obtener beneficios y mostrarle a los vecinos por qué son sostenibles”, explicó Matías Ubiria, funcionario en la Dirección de Educación y Empleo en Godoy Cruz. 

Esa primera iniciativa, que surgió en el marco del Concurso de Innovadores Locales 2020, se propuso “fomentar una economía segura, justa y sostenible, con piso social y techo ambiental” en la ciudad mendocina. Al efectuar las averiguaciones pertinentes, el equipo detectó que casi el 70% del sector productivo local ya realizaba, sin saberlo ni planificarlo, al menos alguna práctica sostenible. Además, observaron que la población prefería elegir bienes y servicios que adopten criterios sostenibles. 

Desde la Dirección de Ambiente y Energía, por otro lado, también habían decidido involucrar a las empresas en los compromisos ambientales de la Municipalidad. Así, en octubre de 2021, surgió la “Alianza público-privada frente al cambio climático” con el objetivo de acelerar el camino hacia la neutralidad del carbono mediante modelos de producción sostenibles.

“Con los dos procesos en simultáneo, decidimos formalizar la idea del sello y avanzar en forma conjunta (entre ambas Direcciones). Así, las empresas se pueden comprometer a desarrollar actividades que hagan frente al cambio climático, como medir sus huellas de carbono y hacer una gestión eficiente del agua y la energía”, desarrolló Mercedes Ordoñez, jefa del Departamento de Gestión Integral del Cambio Climático. 

Reconocimientos al triple impacto

Tras la aprobación de una nueva ordenanza, la Municipalidad inició el reconocimiento de las prácticas sostenibles para las empresas. Utilizando una calculadora ambiental, se empezaron a medir sus acciones en dimensiones ambientales, de desarrollo económico y de desarrollo humano. Según sus niveles, las compañías obtienen una categoría de “Empresa Sostenible de Godoy Cruz”.

“Vimos la oportunidad de generar una certificación municipal exigente, transparente pero también accesible, dando acompañamiento personalizado a las empresas que quieran asumir el compromiso”, contó Ordoñez. La funcionaria aclaró que los emprendimientos pequeños que tiendan al triple impacto también pueden ser parte, adaptando las acciones según sus posibilidades.

Los beneficios, dependiendo de las categorías obtenidas, pueden ser descuentos impositivos para los derechos de Inspección y Control de Seguridad e Higiene, Industria, Actividades Civiles, y de Publicidad y Propaganda. Además, las empresas pueden ganar reconocimiento y difusión institucional. 

“Hemos hecho la mayoría de las acciones que se pueden hacer desde el sector público y ahora necesitamos la colaboración privada para que cada uno, desde su empresa, pueda desarrollar una estrategia para hacer una reducción de emisión de gases de efecto invernadero importante”, dijo Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz, durante la firma de la declaración ambiental en 2021. 

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Imagen principal: Google

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Según datos publicados por la asociación civil “Luchemos por la Vida”, el 21% de las víctimas fatales por accidentes de tránsito en Argentina son peatones. La cifra escala al 44% en el caso de los centros urbanos, poniendo en relieve la necesidad de contar con ciudades más amigables para las personas que circulan a pie o en medios no motorizados. 

Desde 2011, la tercera semana de marzo es utilizada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial para concientizar sobre el rol y los derechos de los peatones. En ese sentido, buscan promover hábitos de cuidado y prevención que permitan una convivencia respetuosa y solidaria entre los diferentes actores de la vía pública. 

La reflexión se enmarca dentro del objetivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de reducir la cantidad de muertes y lesiones graves en accidentes de tránsito en un 50% para el año 2030. Una de las claves para ir hacia ese camino es fomentar el desarrollo de las “ciudades caminables” (walkable cities): aquellas que están diseñadas y adaptadas para que las personas puedan desplazarse de manera segura, cómoda y accesible sin la necesidad de un vehículo. 

El concepto implica una planificación urbana que tenga en cuenta la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad peatonal, como veredas amplias y libres de obstáculos, pasos de peatones señalizados, iluminación adecuada y una buena señalización vial. Así, las ciudades pueden mejorar la calidad de vida de sus residentes y reducir los accidentes.

Un mapa para caminar la ciudad

En 2022, el Observatorio de Godoy Cruz (Mendoza) desarrolló un “mapa de la caminabilidad” como herramienta de gestión urbana. Se trata de un índice que ayuda a las personas a elegir con mayor facilidad sus recorridos diarios que no son motorizados. 

Junto con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo, la Municipalidad analizó durante un año y medio la situación de “caminabilidad” en la ciudad. Es decir, cuánto demora una persona en moverse de un sitio a otro en forma peatonal y qué tan amigable es el recorrido. Para desarrollar el mapa, se diagnosticaron los usos del suelo y atractores peatonales, conectividad (como acceso a transporte público y ciclovías), espacio viario (cruces, semáforos y velocidades), calidad ambiental y señalética. 

“Evaluamos cómo conseguir que el paso de una movilidad vehicular a una sustentable sea una alternativa real y segura. Los modelos de ciudades habitables y sostenibles están vinculados con la transformación del espacio público. Esto requiere de integración colaborativa y vinculación con el uso a escala humana”, diagnosticaron en Godoy Cruz. 

A partir de los datos obtenidos, disponibles libremente al público, el municipio preparará intervenciones en el corto, mediano y largo plazo. El objetivo no es sólo identificar la red troncal de caminabilidad –afirmaron–, sino también proponer una mejora continua con la participación activa del vecino. 

Más veredas = más accesibilidad

“Las ciudades caminables fueron la norma durante miles de años. La mayor parte de la historia, la gente se movió principalmente a pie o, a lo sumo, en transportes tirados por animales Como resultado, surgieron centros urbanos pequeños y densos. Cuando se inventaron los trenes y los tranvías, surgieron las ciudades del transporte y las manchas urbanas crecieron. Luego, con el auge de los automóviles, se crearon áreas urbanas colosales”, repasa Sheehan Quirke, especialista en arte, arquitectura y urbanismo conocido como “The Cultural Tutor”. 

Con mayor o menor intensidad, ciudades en todo el mundo siguieron ese camino marcado por los vehículos motorizados. Yerba Buena (Tucumán), por caso, fue una de las localidades que más creció durante las últimas décadas en la provincia norteña de Argentina. Sin embargo, ese crecimiento no estuvo acompañado de una planificación específica que pusiera a las personas de a pie en el centro. Se abrieron y asfaltaron cientos de calles, pero pocas lo hicieron con aceras caminables. A lo sumo, eran franjas con césped. 

A inicios de 2023, la Municipalidad puso en marcha un plan de movilidad e integración urbana para revertir ese panorama. Llamado “Veredas Accesibles”, estableció como prioridad la construcción de pistas de cemento –con rampas, bancos, árboles y espacio suficiente– en los frentes de edificios públicos y establecimientos educativos. 

En forma paralela, la iniciativa –basada en una ordenanza legislativa local– avanza con manzanas residenciales y comerciales para mejorar la transitabilidad peatonal. Para estos casos, los frentistas deben encarar los trabajos bajo la posibilidad de ser multados en caso de no hacerlo dentro un plazo previamente comunicado. La pena no aplica para aquellas personas que se encuentren bajo la línea de pobreza. 

El objetivo de Yerba Buena es completar 100 cuadras hasta fines de 2023. “Las veredas son la expresión más simple del espacio cívico. Primero, reconocen la importancia del peatón. Y segundo, constituyen el cruce entre lo público y lo privado: favorecen los encuentros vecinales, alimentan el comercio y conducen la vida ciudadana. Al igual que otras infraestructuras urbanas, como el arbolado, las plazas, las calles y las ciclovías, reflejan la idiosincrasia de una ciudad”, reflexionó el intendente, Mariano Campero. 

La seguridad peatonal, una tarea de toda la comunidad

La educación vial es un eje fundamental para promover acciones responsables que garanticen la seguridad de todas las personas en la vía pública. En ese sentido, la Fundación Bomberos de Argentina compartió una serie de recomendaciones para construir calles y veredas más amigables para todo el mundo. 

Recomendaciones para el conductor:

-Disminuir la velocidad al circular por las intersecciones.

-En calles concurridas y paradas de colectivo se debe bajar la velocidad por prevención y seguridad.

-En las escuelas o clubes deportivos la velocidad precautoria es de 20 km/h.

-Considerar que las personas con dificultad al caminar necesitan más tiempo para cruzar.

-Reducir el uso de teléfonos móviles y otras formas de distracción mientras se conduce.

 Recomendaciones para el peatón:

-De existir una senda peatonal, siempre se debe cruzar por ella. De no existir demarcación, el lugar apropiado para el cruce es la esquina. Nunca la mitad de cuadra.

-Al cruzar una vía hay que mirar hacia ambos lados. Si un tren acaba de pasar, hay que asegurarse de que no viene uno del otro lado.

-Nunca salgas de manera intempestiva de entre dos vehículos estacionados para cruzar la calle.

-El peatón debe prestar atención a las señales, semáforos y a las indicaciones de los agentes de tránsito.

-Los adultos deben llevar tomados de la mano a los chicos.

-Disminuir el uso de auriculares o teléfonos mientras circulan en la vía pública.

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^{Imagen principal: calle “caminable” en Godoy Cruz, Mendoza, Argentina.} 
Redacción +Comunidad.

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