En julio de 2022, un pequeño pueblo de Aconquija, Catamarca, levantó su voz porque la escuela del lugar, de período especial, cerró por vacaciones y toda la población se quedó sin WiFi. Existen historias similares en comunidades rurales de toda América Latina, ya sea en áreas llanas o montañosas. 

Pero las dificultades para conectarse a la red también ocurren en los centros urbanos, incluso en capitales: en 2021, un estudio determinó que 5 de cada 10 hogares situados en los barrios más vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron déficit para utilizar el servicio. Y en Quito, Ecuador, el gobierno local detectó que más de 500 barrios no tienen una cobertura eficiente de Internet o directamente no cuentan con el servicio. 

Un derecho humano vulnerado

Según la Organización de las Naciones Unidas, el acceso a Internet es un derecho básico de todos los seres humanos. Sin embargo, los obstáculos para conseguir conexión móvil se replican en América Latina y la brecha digital aún está lejos de cerrarse. 

Un estudio de People Media determinó que la mayoría de las personas en la región dependen del WiFi público. Y si bien 162 millones de habitantes poseen una línea de telefonía móvil, sólo el 20% cuenta con alguna suscripción de datos pospago. Además, destacó que son generalizados los problemas de baja velocidad de navegación y cobertura.

“El subcontinente ha experimentado un desarrollo de infraestructuras tecnológicas mucho más lento que la media mundial, haciendo que quienes viven en Latinoamérica se enfrenten más que cualquier otra persona en el mundo a grandes dificultades a la hora de conectarse a Internet por medio de dispositivos móviles”, se observó en el informe de Peope Media.

“Acá no hay Internet”

En 2020, durante el período de mayores restricciones ante la pandemia de coronavirus, una iniciativa conjunta entre las organizaciones WINGU, Red Comunidades, TECHO, Diversidad Rural y ACIJ lanzó la plataforma “Acá no hay Internet”. Con el objetivo de evidenciar el problema del acceso a Internet en América Latina, crearon un mapeo colaborativo que busca llamar la atención de las autoridades y solucionar los déficits existentes. 

“Las medidas de aislamiento social obligatorio pusieron en evidencia la situación de desigualdad que atraviesan las comunidades rurales y asentamientos informales en lo que se refiere al acceso de internet”, expresaron las partes impulsoras. 

Soluciones en el mundo

En 2021, Ciudad del Cabo (Sudáfrica) firmó un memorando con una empresa proveedora para expandir las ubicaciones de acceso público WiFi en toda la ciudad. El programa tiene como objetivo llevar la conectividad a comunidades que de otra manera no tendrían Internet. Así, los puntos de acceso serán instalados en postes de luz, paradas de autobús y otros sitios compartidos en los barrios. 

Reggio Emilia (Italia) implementa desde 2015 un proyecto que busca superar la mala calidad de banda ancha en localidades del municipio. El sistema se implementó mediante la instalación y operación de infraestructuras inalámbricas de banda ancha en los centros sociales de los vecindarios, que pasaron a actuar como proveedores de internet en las comunidades locales. 

Si tu ciudad o pueblo implementa estrategias de impacto para extender el acceso a internet, podés compartir la historia en +Comunidad. 

^{Foto principal: antena de WiFI en la escuela rural de Anfama, Tucumán. 
Redacción +Comunidad.}

La entrada Acceso a Internet: obstáculos presentes en ciudades y poblados rurales se publicó primero en +COMUNIDAD.

“El agua es un servicio básico y un derecho humano que los Estados deben garantizar por igual a todos los ciudadanos, sin importar en qué parte del territorio vivan o cuánto puedan pagar por el servicio. Mejorar su gestión para lograr agua para todos requiere considerar los marcos y sistemas institucionales que determinan quién puede usarla, cuándo y cómo”, sostiene Luis Felipe López-Calva, subsecretario general adjunto de la ONU y director regional de América Latina y el Caribe.

Compromisos locales en Paraguay

La crisis hídrica, entonces, se presenta más como una cuestión de gobernanza que de disponibilidad propiamente dicha del recurso. En ese sentido, Paraguay se destaca en la región por sus avances en la extensión de las redes hacia las zonas menos desarrolladas. Durante las últimas dos décadas, esta nación redujo las brechas entre sus regiones gracias al establecimiento de nuevos marcos legales y la creación de nuevos modelos de compromiso con comunidades locales. 

En las comunidades rurales, el modelo funciona dando la responsabilidad del agua y el saneamiento a las llamadas Juntas de Saneamiento, que están dirigidas por voluntarios. Hay más de 2.500 de estas asociaciones comunitarias en zonas rurales y pequeñas comunidades de las periferias urbanas de Paraguay.

Las juntas no sólo recuperan los costos de mantenimiento y funcionamiento mediante la fijación de tarifas de agua, sino que también devuelven una parte del capital invertido para la construcción de la infraestructura. Una familia rural paga entre 3 y 5 dólares al mes por su servicio de agua potable. La experiencia es distinguida por organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 

La ONG Decidamos destacó que Paraguay superó en algunos años sus metas fijadas con respecto al porcentaje de población con acceso a fuentes mejoradas de agua. Sin embargo, advirtió que persisten “diferencias alarmantes” entre algunos departamentos, creando una situación de “derechos con privilegios”. 

Más intervenciones rurales y urbana

Otra iniciativa que valoriza el acceso al agua potable en un contexto de escasez es la llevada adelante por la Fundación León en el pueblo de Amaicha del Valle, ubicado en una zona semidesértica de la provincia argentina de Tucumán. El proyecto, del que también participan el gobierno local y la Embajada Suiza, propone una puesta en valor del sistema hídrico de la comuna rural y la creación de talleres de concientización sobre el uso eficiente del recurso.

En la ciudad de Jesús María (Córdoba, Argentina), desde 2020 el plan llamado “El agua en tus manos” busca promover la responsabilidad en el consumo del recurso mediante su medición. Para ello, los agentes municipales se encargan de implementar un programa de recuperación de medidores.

En la Costa del Sol, sobre el litoral mediterráneo español, el hub operativo Dinapsis permite alcanzar “la excelencia en la gestión de los recursos hídricos” en poblados urbanos y rurales. Mediante herramientas de digitalización, el servicio incluye sensorización y seguimiento en tiempo real para optimizar el abastecimiento de agua potable y la gestión de aguas residuales. En este video podés conocer más sobre su funcionamiento:

¿Cómo gestiona tu comunidad el acceso al agua potable en zonas rurales y urbanas? ¡Compartilo con RIL!

_{^{Fuente de información: InnContext y +Comunidad.
Fuente de imagen principal: shutterstock.}}

La entrada Cómo mejorar el acceso al agua potable en las comunidades rurales se publicó primero en +COMUNIDAD.