Por Javier E. Varani,
Gerente de Relaciones Institucionales del Banco Hipotecario (*)

El proceso de urbanización operado en todo el planeta es ya una realidad irreversible y consolidada. Más de la mitad (55%) de la población mundial vive en ciudades, y se estima que dentro de 25 años ese porcentaje ascenderá al 70%.

En Latinoamérica ya hemos alcanzado esa marca, gracias a un proceso que no siempre ha sido virtuoso, ni mucho menos planificado. Por su importantísimo impacto en la vida cotidiana (nuestro hábitat son las ciudades, nos guste o no) no es extraño comprobar que en las últimas décadas, desde diversas disciplinas, se estudie este fenómeno en sus causas y en sus consecuencias.

Habitar y gobernar las ciudades abarca la totalidad del obrar humano: el abastecimiento, la pobreza, la seguridad, el tránsito, la planificación urbana, el medio ambiente, son sólo algunos de los desafíos de nuestras comunidades. Siempre es útil, por lo tanto, detectar y conocer experiencias exitosas en ciudades vecinas, o de otros países, entender cómo se gestionan problemas y tareas que, en el fondo, son comunes a todas las ciudades.

Aunque a la hora de trasladar experiencias, cada comunidad deberá adaptar lo aprendido a su propia realidad, a su propia cultura. No se trata de copiar. Sí de inspirar.

Las experiencias de Bogotá y Medellín

Dos ciudades colombianas se destacan en Latinoamérica como ejemplos de gestión local: Bogotá y Medellín han llevado adelante procesos similares de mejora de la vida ciudadana en las últimas dos décadas.

Hay mucho para señalar al respecto, pero vale destacar tres conceptos que ambas ciudades aplicaron exitosamente y que pueden ser replicados, al modo de cada ciudad, en nuestro país. Todos apuntan a un principio rector: la integración. Todos somos parte de la misma ciudad.

1. Priorizar las áreas más desprotegidas

El trabajo de las autoridades municipales debe focalizarse en los más vulnerables, los más desprotegidos. Si la idea es gobernar a todos, está claro que el mayor esfuerzo debe hacerse en los que aún no acceden al nivel de vida promedio.

Si lo hacemos bien, el progreso será continuo para la mayoría de los vecinos de nuestra ciudad.

Priorizar estas poblaciones significa no sólo dotar de presupuestos a los barrios marginados, sino también de los mejores profesionales, los mejores servicios (educación, salud, cultura, etc.).

Los casos de Ciudad Bolívar, en Bogotá; o Comuna 13, en Medellín, son emblemáticos al respecto.

Tendemos a calificar a las ciudades por sus logros, aunque éstos no lleguen a todos; deberíamos aplicar, en verdad, el popular axioma: “una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”.

2. Seguridad vs. Inseguridad

Junto a la pobreza, es uno de los grandes desafíos de las urbanizaciones.

Medellín fue la ciudad con más muertes violentas en el mundo. En 1991, llegó a la escalofriante cifra de 382 cada 100000 habitantes (Rosario, en su peor momento, tuvo 23).

El remedio tradicional al flagelo de la inseguridad es más seguridad, más equipamiento, más personal policial, más control.

Sin descartar estas herramientas, que Medellín usó en abundancia, me impactó el concepto (y los resultados de su aplicación) al que se abrazaron las autoridades medellinenses: “lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia”.

Y volcaron ingentes recursos, humanos, organizacionales y económicos, a la integración social, el deporte y la cultura comunitarios.

En el año 2024, la tasa de homicidios descendió a 11,3 casos cada 100000 habitantes.

3. Transporte urbano

No hay verdadera integración sin un transporte urbano de calidad que vincule a cada uno de los barrios con el resto de la ciudad.

Ambas ciudades colombianas crearon sistemas de transporte público integrado con recorridos que cruzan a todo el ejido urbano, conectando los vecindarios centrales con los periféricos, las zonas acomodadas con las vulnerables, a través de diversos sistemas de transporte, principalmente buses y telesféricos.

Estos últimos resultan imprescindibles para las barriadas populares asentadas en cerros y zonas de altura.

Un desafío en común: encontrar el “equilibrio”

En definitiva, se trata de integrar a toda una ciudad.

En general, desde el poder, se ve la integración de un modo radial, como una rueda de bicicleta, con sus rayos desplegados desde un centro proveedor.

En verdad, una comunidad es un tejido, donde todas las partes se conectan entre sí, se relacionan, y también se proveen, logrando de ese modo una reducción permanente de la brecha entre desiguales, buscando equilibrios que, en cada etapa, sean superiores al anterior.

(*) Esta columna fue publicada originalmente el 29 de mayo de 2026 en Infoban, un medio de comunicación digital bonaerense. Javier Varani,  quien fue invitado por la Red de Innovación Local (RIL), a visitar las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín en el marco de una visita de capacitación para autoridades municipales de Argentina y Latinoamérica, autorizó a +COMUNIDAD su republicación

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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¿Qué pasaría si el Estado pagara solo cuando un programa social funciona? No por las capacitaciones que dio. No porque se cumplió un cronograma. Sino cuando una persona obtiene un empleo formal y un sistema independiente verifica que efectivamente lo consiguió. 

Ese es, en esencia, el modelo de Pago por Resultados que Colombia viene desarrollando desde hace una década y que Bogotá decidió convertir en política de gestión. Lo hizo mediante un decreto, su incorporación al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y la creación del Comité Distrital de Pago por Resultados, una instancia que articula áreas de gobierno, verifica metas y diseña nuevos esquemas. No se conoce un antecedente similar a nivel de ciudad ni en Colombia ni en el resto del mundo.

En estos modelos, el Estado define una meta verificable —por ejemplo, empleo formal sostenido, calidad medida en educación inicial, acceso a financiamiento productivo— y vincula una porción del pago a los operadores al cumplimiento de esa meta. La novedad, en Bogotá, es haberla convertido en política institucional.

Cuando no se sabe si el gasto funciona

El punto de partida es un problema viejo de la administración pública: presupuestos limitados, exigencia creciente sobre cómo se usan y la obligación de cumplir metas concretas frente a desafíos persistentes, como la empleabilidad de la población más vulnerable.

“El esquema tradicional tiende a pagar por procesos y actividades —que se contrate, que se ejecute, que se cumpla el cronograma— más que por lo que efectivamente se transforma en la vida de las personas. El modelo de Pago por Resultados busca corregir esa lógica: orientar el gasto hacia lo que de verdad se logra y hacer más eficiente cada peso gastado”, explicó a +COMUNIDAD María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

La observación no es nueva. Buena parte de las políticas sociales en la región se evalúan por insumos y actividades, no por transformaciones medibles. El Pago por Resultados invierte esa lógica: la unidad de pago deja de ser la capacitación y pasa a ser el resultado final que esa capacitación persigue.

Pago por Resultados: 10 años de aprendizajes en Colombia

Colombia no parte de cero. Lleva un decenio desarrollando un ecosistema nacional de Pago por Resultados que la convirtió en referente regional. En 2017 lanzó Empleando Futuro, el primer Bono de Impacto Social en un país de ingresos medios del mundo, implementado en Pereira, Cali y Bogotá. 

El programa acompañó a 898 personas en situación de alta vulnerabilidad —el 74% mujeres, el 51% jóvenes de entre 18 y 24 años y el 39% víctimas del conflicto armado— con un esquema en el que los pagadores (el Departamento para la Prosperidad Social y BID Lab) sólo desembolsaban contra tres resultados específicos: colocación en empleo formal, retención a tres meses y retención a seis meses. La verificación estuvo a cargo de un tercero independiente, la firma auditora Deloitte, y participaron 643 empresas ofreciendo vacantes.

Los resultados fueron contundentes y, en buena medida, son los que después permitieron escalar el modelo. El bono superó en un 17% la meta de colocación (117% de cumplimiento) y, sobre todo, el 88% de las personas que consiguieron un empleo formal lo mantuvieron al menos tres meses.

Dos años después, el país fue el primero en América Latina en crear un Fondo de Pago por Resultados —llamado Logra—, pensado como un vehículo financiero para escalar y dar sostenibilidad al modelo.

El acumulado del ecosistema incluye cuatro bonos implementados, más de 20.000 millones de pesos colombianos movilizados (unos 5,5 millones de dólares) y más de 5.000 empleos formales generados para población vulnerable, con la participación de 14 inversionistas y 9 proveedores de servicios del sector privado. 

En septiembre de 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con el BID a través de su laboratorio de innovación, la cooperación suiza (SECO) y Fundación Corona, formalizaron una Estrategia Nacional de Pago por Resultados que incluye, entre otras cosas, un sandbox regulatorio para identificar y remover las barreras legales que dificultan su implementación.

Cómo se paga por resultados

Detrás del nombre hay una arquitectura concreta. El Estado define una meta verificable —por ejemplo, 1.000 personas vulnerables empleadas y retenidas durante seis meses—. Operadores ejecutan el programa en territorio: capacitación, intermediación laboral, acompañamiento. Una instancia independiente verifica si el resultado se alcanzó. Y recién entonces se paga. Si la meta no se cumple, no hay desembolso o el desembolso es parcial.

“Pagar por resultados es un modelo que nos permite, tanto al sector público como al privado, asegurarnos de que cada peso, cada centavo, cada dólar que estamos invirtiendo en nuestros programas y proyectos esté atado a la obtención de un resultado final que pueda medir y verificar. Nos asegura impacto, eficiencia y transparencia”, desarrolló María Paulina Gómez, directora del programa MÁS Pago por Resultados, en declaraciones a Malditos Optimistas y la Red de Innovación Local (RIL). 

Hay dos formas principales en que los actores privados se vinculan a estos esquemas, y cada una configura una arquitectura financiera distinta. 

En la primera, inversionistas privados —organizaciones filantrópicas, fundaciones, capital de deuda— ponen el capital por adelantado y asumen el riesgo: si el resultado se alcanza, recuperan su inversión con un retorno. Si no, asumen la pérdida.

En la segunda, no hay inversionistas externos: el Estado contrata operadores tradicionales y vincula parte sustancial de su pago al cumplimiento del resultado. El operador, en la práctica, se juega el cierre financiero del proyecto.

Las condiciones que hicieron a Bogotá un terreno fértil

Para que una ciudad pueda dar el salto del piloto a la política institucionalizada, hace falta más que voluntad. Hace falta una combinación específica de condiciones, según describe la dirección del programa que acompaña el proceso desde la cooperación internacional.

“Hay una suma de lo que llamamos condiciones habilitantes. No es imposible, pero tenemos que trabajar para unir los puntos. Bogotá tenía capital catalítico, asistencia técnica y un marco de confianza para que los gobiernos aprendieran a utilizar este tipo de esquemas. Innovar con recursos públicos suele dar temor, es complejo, y estos actores pusieron unas condiciones al principio”, observa María Paulina Gómez.

La otra condición habilitante es política. Sin tomadores de decisión dispuestos a probar un mecanismo nuevo, los puntos no se alinean. “Hubo una decisión concreta de utilizar este mecanismo, probarlo y lograr resultados verificados que apunten a las metas de desarrollo”, agrega la directora de MÁS Pago por Resultados.

De experimento a política: la apuesta del Comité Distrital

La novedad de Bogotá no es haber usado el Pago por Resultados —ya lo había hecho como ciudad participante de los bonos nacionales—. La novedad es la decisión de institucionalizarlo. Para eso, la Alcaldía lo incluyó en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y lo respaldó con un decreto que regula su uso. 

La pieza central de esa arquitectura es el Comité Distrital de Pago por Resultados, la instancia que articula a las áreas del gobierno, verifica los resultados y discute el diseño de cada esquema.

“Sobre lo más innovador, no creo que sea un solo elemento, sino la apuesta por institucionalizar el mecanismo para que trascienda al gobierno de turno. Esto ayuda a blindar el mecanismo y evita que la iniciativa muera con el cambio de administración”, ahondó María del Pilar López Uribe.

Una adaptación técnica que destrabó el modelo

Para que el esquema funcionara dentro del marco legal colombiano hubo que resolver una incompatibilidad concreta: la anualidad presupuestal. La regla establece que el gasto público se compromete año a año, pero los esquemas de Pago por Resultados pagan contra metas que se verifican en horizontes más largos.

La solución a la que llegó la ciudad fue un arreglo fiduciario que permite extender esa anualidad para los sectores definidos por el mecanismo. Es un detalle técnico, pero es el tipo de adaptación que separa una idea atractiva en el papel de un modelo que efectivamente puede operar dentro de las reglas de juego de la administración pública. “Esa fue la adaptación concreta que hizo viable el modelo en nuestro marco legal”, resume López Uribe.

Cinco programas aprobados, uno completado

En poco más de un año desde la puesta en marcha del Comité, Bogotá tiene cinco esquemas aprobados en distintas etapas de su ciclo. Solo uno concluyó hasta ahora: el programa de Jardines Infantiles Cofinanciados, que incluyó un componente de Pago por Resultados orientado a incentivar la asistencia, la permanencia y la medición de la calidad de la educación inicial.

“Un segundo frente de éxito, y quizás el más valioso de cara al futuro, son los aprendizajes que ya están alimentando nuevas iteraciones”, precisó la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. En Jardines Infantiles, una segunda implementación incorporó mejoras derivadas de la primera: la permanencia se consolidó como métrica de pago (la asistencia puntual pasó a ser una obligación contractual), se amplió el período de verificación de la calidad y se ajustaron los sistemas de información para que los pagos avancen al ritmo en que se verifican los resultados. En empleo ocurre algo parecido: la Secretaría está diseñando un nuevo esquema mientras el actual sigue en implementación.

Cali: cuando el resultado no es solo el empleo, sino la trayectoria

Antes de Bogotá, Cali había llevado el modelo un paso más allá. En lugar de pagar solo por la colocación laboral, la ciudad incentivó financieramente que la persona se mantuviera en el empleo tres y seis meses. La lógica era distinta: ya no se trataba de generar ingresos puntuales, sino de medir un cambio sostenido en la trayectoria de la persona.

“Empezamos a resolver otro tipo de problemática, que no es solo generación de ingresos, sino superación de la pobreza. Cuando una persona viene de la informalidad, pasa a empleo formal y lo retiene tres o seis meses, lo que vemos a través de nuestros estudios de impacto es que la trayectoria laboral cambia completamente”, aseguró María Paulina Gómez. “Las empresas quieren retener ese talento, la formalidad se mantiene, y la persona accede a otros servicios: créditos financieros, créditos para vivienda. Se genera un círculo más positivo”, añadió. 

Esa redefinición del resultado es –consideran– una innovación. Cambia lo que el Estado considera “éxito” y, en consecuencia, qué tipo de intervenciones tienen sentido financiar. Si el indicador es la colocación, basta con conectar a la persona con un empleador. Si el indicador es la retención, hay que trabajar las brechas que normalmente sacan a esa persona del mercado formal: cuidados para mujeres con hijos, auxilio de transporte, acompañamiento psicosocial, habilidades blandas, entre otros. 

Pago por Resultados: dos arquitecturas, una misma lógica

Cali y Bogotá representan dos formas distintas de operar el Pago por Resultados, y la diferencia es relevante para cualquier ciudad que esté pensando en adoptar el modelo.

Cali utilizó el esquema clásico, con inversionistas privados que asumen el riesgo: organizaciones filantrópicas y otras fuentes que pusieron capital privado por adelantado para desplegar el programa, y la Alcaldía como pagador final, condicionado a los resultados verificados. 

Bogotá tomó otro camino: en sus esquemas distritales no hay inversores privados a riesgo. La ciudad trabaja con los operadores habituales de cada programa y les incorpora un componente de Pago por Resultados. El operador recibe un pago por actividades, pero el pago total depende del resultado.

Calibrar el incentivo, la decisión más difícil

De todas las decisiones técnicas que implica diseñar un esquema de Pago por Resultados, hay una que sus impulsores señalan como la más compleja: cuánto del pago debe estar atado al resultado y cuánto a las actividades previas.

“Si el incentivo se pone muy alto, desincentiva el uso del esquema; si queda muy bajo, no agrega nada. Calibrarlo bien es una de las decisiones más difíciles del modelo”, indica la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. 

La calibración define, en los hechos, qué tan “arriesgada” resulta la intervención para el operador. Y de eso depende el comportamiento que el modelo termina premiando. Un incentivo bajo hace que el componente de resultado sea una formalidad. Un incentivo demasiado alto puede llevar a los operadores a seleccionar solo a las personas con más probabilidades de éxito o, directamente, a no participar de los esquemas.

Qué aprende una ciudad que quiera intentarlo

Consultada por +COMUNIDAD sobre qué consejos le daría a otra ciudad que quiera seguir un camino parecido, López Uribe distingue varios niveles. El primero es político: empezar no por el instrumento, sino por un resultado que la ciudad de verdad quiera lograr y esté dispuesta a defender y sostener. Sin esa convicción, el resto del andamiaje no se sostiene.

Sobre esa base, identifica un conjunto de condiciones prácticas: construir un marco normativo y de seguridad jurídica que dé confianza a quienes van a participar:

• Anclar el esfuerzo en lo institucional —plan de desarrollo, decreto o acto administrativo equivalente— para que sobreviva al cambio de gobierno. 
• Empezar pequeño y bien estructurado, antes que grande y débil en métricas-
• No subestimar la verificación, porque sin medición creíble el modelo entero pierde sentido.
•  Calibrar con cuidado el incentivo, y apoyarse desde el inicio en pares, cooperación y aliados técnicos.

También menciona un aprendizaje menos visible: la articulación con sectores como Hacienda y Planeación, que tienen una mirada estratégica más distante del día a día de las áreas ejecutoras. “Construir la normativa exigió acercar esas dos miradas”, dice. Es el tipo de fricción que rara vez aparece en los manuales, pero define si un esquema termina implementándose o queda escrito.

Más allá del empleo: el horizonte del modelo

Durante una década, Colombia concentró sus esquemas de Pago por Resultados en empleabilidad para población vulnerable. Era el terreno donde había una problemática nítida, un indicador medible y fuentes públicas para verificarlo. Pero el modelo no se limita a ese campo.

“Todas las áreas de política pública tienen chance de utilizar este mecanismo. Requiere distintas condiciones. En Colombia exploramos educación, empleo, productividad, salud, mortalidad materna, economía circular, conservación de biodiversidad. Lo que necesitamos es un problema concreto buscando un resultado concreto, y a quiénes tenemos que incentivar financieramente para alcanzarlo, que sea medible y verificable dentro del tiempo de intervención”, insiste María Paulina Gómez.

Bogotá ya empezó a moverse en esa dirección. Sus cinco esquemas aprobados incluyen los frentes históricos —empleo, productividad, financiamiento empresarial—, pero también calidad de jardines infantiles, un terreno donde el resultado a medir y a pagar es la educación temprana, no la colocación laboral.

Un cambio de pregunta

Si el modelo se sostiene, lo que cambia no es sólo cuánto se gasta. Cambia la pregunta que se le hace al gasto público. La pregunta tradicional fue durante mucho tiempo: “¿el dinero se ejecutó?”. La pregunta del Pago por Resultados es otra: “¿el problema se resolvió?”.

Una década de pilotos, cuatro bonos de impacto, miles de empleos generados, una estrategia nacional, un decreto distrital y un comité que ya tiene su rutina de trabajo sugieren que la pregunta puede formularse y, en algunos casos, responderse. El siguiente paso, el que están explorando estas y otras ciudades, es averiguar hasta dónde llega.

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En Bogotá, una ciudad de más de siete millones de habitantes, miles de personas interactúan a diario con el gobierno para resolver cuestiones básicas: consultar si acceden a un beneficio social, revisar el estado del transporte público, inscribir a sus hijos e hijas en la escuela o pagar impuestos. Pero también pueden proponer temas para sus barrios, monitorear el avance de cada iniciativa y participar en procesos de decisión pública desde sus WhatsApp.

Durante años, gran parte de esas gestiones estuvo marcada por información dispersa, trámites presenciales que requerían tiempo y dificultades para encontrar respuestas claras. Estas barreras no sólo afectaban la experiencia de los servicios públicos: también limitaban las posibilidades de participar en decisiones colectivas, un componente central del modelo de Gobierno Abierto que la ciudad impulsa desde hace una década.

Ante este diagnóstico, la Administración Distrital comenzó a explorar nuevas formas de relación con la ciudadanía, más accesibles y sin intermediarios. “La relación del distrito con la ciudadanía estaba fragmentada y sobredemandada”, explica a +COMUNIDAD Mónica María Fonseca Vigoya, líder técnica y de Gobierno Abierto. 

Así surgió la decisión de apostar por un canal tan cotidiano como WhatsApp y, luego, por la inteligencia artificial conversacional “Hay que estar donde ya está la ciudadanía, y la tecnología debe adaptarse a las personas, no al revés”, profundiza la funcionaria. 

En ese contexto surge Chatico, un asistente virtual creado en 2022 para integrar información pública, facilitar trámites y, sobre todo, abrir un acceso simple y directo a los procesos de participación ciudadana. La herramienta se inscribe en el modelo de Gobierno Abierto de Bogotá y busca convertirse en el principal canal para acercar al Estado a la vida cotidiana de las personas.

Chatico, un puente entre gobierno y ciudadanía

Chatico funciona como un canal unificado que permite consultar servicios y trámites, recibir recordatorios personalizados, acceder a programas sociales o pagar obligaciones tributarias sin necesidad de visitar una oficina. Está disponible por WhatsApp y en la página web de Gobierno Abierto de Bogotá.

Su desarrollo respondió a un esquema de colaboración público–privada que combina la conducción estratégica del gobierno distrital con las capacidades tecnológicas de un aliado especializado.  

Desde la Consejería Distrital TIC, y en articulación con las entidades del distrito, el gobierno definió la visión general del proyecto —alineada con Bogotá Capital Digital y la plataforma de Gobierno Abierto—, priorizó los servicios y casos de uso, y diseñó los flujos conversacionales. También asumió la curaduría y validación de contenidos oficiales, la gobernanza de datos, los lineamientos éticos y el cumplimiento normativo, además del seguimiento de indicadores para orientar la evolución del servicio.

Por su parte, ETB–SÍLICE, como socio tecnológico, aportó la infraestructura necesaria para operar un canal omnicanal y escalable, alojado en la nube. Su rol incluye el desarrollo, integración y mantenimiento de los flujos conversacionales; el soporte técnico y la operación diaria; la mejora continua de la experiencia de usuario; y el acompañamiento en analítica de uso para comprender patrones de interacción y orientar ajustes.

Este esquema permitió que Chatico combinara una conducción pública clara —basada en estándares, transparencia y orientación al usuario— con una operación tecnológica robusta y flexible, capaz de escalar, incorporar nuevos servicios y sostener niveles altos de disponibilidad.

El camino de Chatico para acercar al Estado a las personas

Los primeros resultados de Chatico muestran cómo un canal simple puede transformar la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Desde su lanzamiento, gestionó más de 3,6 millones de conversaciones y alcanzó un 85% de satisfacción. Pero el cambio más relevante se observa en los procesos de participación: en el Presupuesto Participativo de 2023, el 82% de las personas que votaron lo hicieron por primera vez a través de Chatico. El asistente se convirtió así en la puerta de entrada para miles de vecinos y vecinas que nunca habían participado en decisiones públicas, con tiempos de respuesta promedio de apenas 0,38 segundos.

Chatico también impulsa nuevas formas de democracia digital, como las Causas Ciudadanas. Allí, habitantes de distintos territorios pueden proponer temas de interés colectivo, seguir su avance y conocer cómo se gestionan las iniciativas. Para una ciudad donde muchas personas históricamente quedaron al margen de los espacios de decisión, estas herramientas buscan abrir oportunidades concretas para ampliar derechos y fortalecer la confianza en las instituciones.

La medición de impacto es un componente central del proyecto. Según explica Mónica María Fonseca Vigoya, el equipo analiza periódicamente los indicadores y los vincula con decisiones de política pública, ajustes en los flujos y priorización de nuevos servicios. Entre las métricas que utiliza Bogotá se encuentran el volumen de conversaciones y usuarios únicos, la recurrencia de quienes regresan al canal, los temas y flujos más consultados, el nivel de automatización de las respuestas, los tiempos de disponibilidad del servicio y, de manera especial, la participación ciudadana reflejada en interacciones en procesos participativos y consultas públicas.

Hacia un asistente más inteligente y accesible

En paralelo al crecimiento de su uso, el equipo comenzó a fortalecer la madurez tecnológica del asistente. Hoy Chatico opera en un nivel cognitivo que le permite sostener diálogos naturales, personalizar respuestas y ofrecer recomendaciones adaptadas al contexto de cada consulta. Esta evolución fue posible gracias a la integración de modelos de lenguaje avanzados —como GPT, Gemini o LLaMA—, que hacen que la interacción entre la ciudadanía y la gestión municipal sea más fluida y cercana.

Según explica la líder técnica y de Gobierno Abierto de Bogotá, esta mejora tecnológica se traduce en una experiencia cotidiana más simple: las personas pueden resolver, desde el celular y en lenguaje natural, procesos que antes implicaban filas, llamadas extensas o navegar por distintos sitios web sin resultados claros. Entre las funciones más utilizadas se encuentran:

• Información sobre trámites y servicios prioritarios
• Acceso a procesos de participación ciudadana digital
• Atención multicanal, disponible las 24 horas

El modelo de sostenibilidad de Chatico

La Alcaldía de Bogotá asegura que el modelo de sostenibilidad de Chatico se basa en cuatro capas:

Sostenibilidad institucional

Chatico cuenta con respaldo político porque forma parte del Plan de Desarrollo Distrital. La iniciativa se vincula con la meta de fortalecer la plataforma de Gobierno Abierto y los canales de participación y servicio digital. Esto busca darle continuidad más allá de los cambios de administración.

Sostenibilidad financiera

Las operaciones de Chatico se financian con recursos del presupuesto de la Consejería Distrital TIC y con contratos de servicios especializados. Estos fondos se articulan con otros proyectos digitales, como la SuperApp Bogotá, la infraestructura de datos y la identidad digital.

Sostenibilidad tecnológica

El chatbot funciona sobre infraestructura en la nube y utiliza un diseño modular e interoperable. Esta arquitectura permite escalar el volumen de interacción, integrar nuevas entidades y sumar servicios mediante APIs. También facilita mejorar las capacidades de IA sin reescribir la solución completa.

Sostenibilidad de conocimiento y operación

El proyecto cuenta con un modelo de gobernanza de contenidos. Allí se actualiza la información, se asignan responsables y se documentan los flujos conversacionales. Además, se utilizan tableros de seguimiento para monitorear su uso, la recurrencia y los temas críticos del servicio.

Un desafío: estar más cerca de la ciudadanía 

De cara al futuro, el equipo de Gobierno Abierto proyecta que Chatico se convierta en el asistente digital central de Bogotá. La expansión del servicio se articula con la SuperApp y la identidad digital, y busca que la herramienta deje de operar como un chatbot aislado para integrarse plenamente en el ecosistema de servicios públicos digitales de la ciudad.

 “Se proyecta como el asistente digital central de Bogotá”, dice Mónica María Fonseca Vigoya. En sus palabras, la hoja de ruta incluye: 

• Profundizar las capacidades de IA generativa, manteniendo gobernanza y supervisión humana, para mejorar la comprensión de consultas complejas, ofrecer respuestas más contextuales y apoyar a los equipos internos en la gestión de conocimiento.

• Integrar más servicios transaccionales, de forma progresiva y segura: agendamientos, radicación de solicitudes, seguimiento de casos y, en una etapa posterior, operaciones que requieran autenticación e identidad digital.
• Evolucionar hacia interacciones más proactivas. Por ejemplo, entregar información relevante antes de que el ciudadano la solicite (campañas de ciudad, alertas de servicios públicos, participación en políticas, recordatorios de fechas clave), siempre bajo autorización informada y respeto de la protección de datos personales.
• Fortalecer la accesibilidad e inclusión, incorporando mejoras para personas mayores, personas con discapacidad, distintos niveles de alfabetización digital en entornos de baja conectividad.

En paralelo, el gobierno local está documentando el modelo de gobernanza, arquitectura y operación de Chatico para poder compartir aprendizajes y, eventualmente, explorar esquemas de cooperación con otras ciudades interesadas.

^{Campaña Chatico. Imagen: Administración Distrital de Bogotá.}

Hacia una herramienta que trasciende fronteras

Chatico ya funciona como puerta de entrada a servicios de varias entidades del distrito. La meta es que más áreas de la gestión municipal lo integren, no solo para informar sino también para apoyar procesos internos. Hoy participa en ámbitos como educación, empleo y emprendimiento; gestión de residuos, servicios públicos y medio ambiente; y programas sociales, seguridad, convivencia, cultura y deporte.

La experiencia también empieza a proyectarse fuera de la ciudad. Bogotá participa en redes de ciudades y en espacios internacionales donde comparte su trabajo en Gobierno Abierto, participación digital y uso de IA para la gestión pública. “La intención es que la metodología de Chatico —su arquitectura, modelo de gobernanza y aprendizajes— pueda ser aprovechada por otras ciudades, adaptándose a sus contextos y capacidades”, señala Mónica María Fonseca Vigoya.

Para Bogotá, la apuesta es clara: que el camino recorrido con Chatico contribuya a un ecosistema latinoamericano de ciudades que utilizan la tecnología de manera responsable para acercar el gobierno a las personas.

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Redacción +COMUNIDAD

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Por Juan Carlos Reyes Cañón,
director ejecutivo de RIL Colombia

En América Latina, la juventud no es un problema por resolver, sino una fuerza para el cambio. A pesar de su energía y talento, los jóvenes enfrentan barreras estructurales que limitan su futuro. ¿Cómo pueden los gobiernos locales pasar de los discursos a las soluciones efectivas? La clave está en diseñar políticas que reconozcan su diversidad, fomenten su participación, adopten un enfoque integral y se basen en alianzas estratégicas. 

A continuación, presento cuatro elementos esenciales para lograrlo.

1. Participación que transforma: de la formalidad a la cocreación

Una política pública de juventud exitosa no se diseña para los jóvenes, sino con ellos. La participación juvenil no puede ser un simple requisito burocrático o una consulta superficial. Debe ser un proceso de cocreación, donde las voces jóvenes sean escuchadas, valoradas e integradas en cada etapa del ciclo de la política: desde el diagnóstico y diseño hasta la implementación y evaluación.

Un ejemplo inspirador es la Mesa de Juventudes de Bogotá en Colombia, que ha impulsado iniciativas clave como la estrategia distrital Jóvenes con Oportunidades. Este programa ha sido fundamental para articular acciones que buscan no solo la formación, sino la inserción laboral real de los jóvenes. 

Sin embargo, también hay lecciones de fracaso cuando estas instancias se convierten en espacios de cooptación política o cuando sus decisiones no se traducen en acciones concretas. El aprendizaje es claro: la participación debe estar respaldada por voluntad política, recursos y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen su impacto real.

2. Un enfoque integral y sistémico: rompiendo silos

Los problemas que afectan a la juventud no existen en el vacío. La falta de oportunidades laborales está ligada a la baja calidad educativa; los desafíos de salud mental se exacerban con el desempleo; y la violencia puede ser tanto una causa como una consecuencia de la exclusión. A pesar de esta complejidad, la mayoría de las políticas públicas locales en la región siguen operando en silos sectoriales. El resultado son respuestas fragmentadas e ineficaces.

Es crucial que las políticas de juventud adopten un enfoque intersectorial. Esto implica una coordinación efectiva entre las secretarías de educación, salud, desarrollo económico y cultura. Un caso notable es un programa de fomento al empleo joven en Chile, que combina subsidios para la contratación con apoyo técnico y formación continua, involucrando al sector público, privado y a las propias instituciones educativas. En Perú, en tanto, se han impulsado modelos como el Programa Contacto Joven en la Municipalidad de Lima, que conecta a jóvenes emprendedores con talleres de salud mental y resiliencia. Este programa ha logrado una articulación efectiva entre la Gerencia de Desarrollo Económico y organizaciones de la sociedad civil especializadas en salud mental, demostrando que el éxito profesional depende también del bienestar emocional. Estos modelos, aunque complejos de implementar, demuestran que las soluciones sistémicas son las únicas que pueden generar un cambio duradero.

3. De la asistencia al empoderamiento: inversión en oportunidades

El desafío más apremiante para la juventud latinoamericana sigue siendo la inserción al mercado laboral y la generación de ingresos. Las políticas asistencialistas, que ofrecen subsidios sin una estrategia de fondo, no son suficientes. La solución radica en una inversión inteligente en el empoderamiento juvenil a través de la educación, el emprendimiento y la empleabilidad.

Uruguay ha sido un referente en esta materia con un ecosistema de apoyo al empleo juvenil. Establece establece una guía práctica para conectarse laboralmente, y que se articula con iniciativas como los Centros de Empleo CePe que no sólo ofrecen formación técnica, sino que también actúan como intermediarios entre los jóvenes y las empresas, adaptando los perfiles de los egresados a las necesidades del mercado. 

Un aprendizaje clave de estas experiencias es la necesidad de un doble enfoque: capacitar a los jóvenes en habilidades del siglo XXI (digitales, socioemocionales) y, simultáneamente, trabajar con el sector privado para que reconozca el talento y valore a los jóvenes más allá de su falta de experiencia formal. El emprendimiento, por su parte, debe ir más allá de los microcréditos, ofreciendo mentoría, acceso a redes y un entorno regulatorio que facilite la creación de nuevas empresas.

4. Un compromiso compartido: la juventud es responsabilidad de todos

Finalmente, es esencial reconocer que la política pública de juventud no es solo tarea del Estado. La complejidad de los desafíos exige una visión sistémica y un compromiso compartido. Esto implica que los jóvenes, el sector privado, la academia, la cooperación internacional y la sociedad civil deben ser socios estratégicos. La academia, por ejemplo, puede aportar el rigor investigativo para la toma de decisiones basada en evidencia. El sector privado, más allá de la filantropía, puede ser un motor de oportunidades laborales y mentoría.

Las políticas locales deben fomentar alianzas público-privadas que generen un ecosistema de apoyo robusto para los jóvenes. Por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, se puede convocar a fundaciones especializadas y al sector privado para financiar y expandir servicios de apoyo psicológico que complementen la oferta pública, a menudo desbordada.

La juventud es un reflejo de nuestro presente y el motor de nuestro futuro. Abordar sus desafíos y potenciar sus capacidades es una inversión con el retorno más alto para una sociedad: la prosperidad, la innovación y la cohesión social. Invito a los líderes a trascender los discursos y a invertir en el talento joven, porque el futuro no se construye para los jóvenes, sino con ellos.

(*) Juan Carlos Reyes Cañón es especialista en políticas de juventud y desarrollo social. Fue director del Sistema Nacional de Juventud de Colombia (2014-2018), donde impulsó leyes en temáticas juveniles, el Pacto Iberoamericano de Juventud y la conformación de más de 600 plataformas municipales. Ha trabajado en iniciativas de empleabilidad y empoderamiento juvenil como GOYN Bogotá en la Fundación Corona, el Programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI/VOCA y programas como Familias en Acción. Actualmente es director ejecutivo de la Red de Innovación Local en Colombia.

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Investigador y consultor en movilidad sostenible, Skiadaressis plantea que el transporte no es un fin en sí mismo, sino un medio para realizar otras actividades como trabajar, estudiar y recrearse. A partir de esta visión integral, destaca que “el gobierno local, desde el conocimiento y la planificación del territorio, cumple un rol central”. Esto también  implica asumir una gobernanza urbana coherente, integrada y colaborativa entre diversas jurisdicciones, especialmente en áreas metropolitanas.

A lo largo del episodio, Skiadaressis aborda preguntas clave para comprender los desafíos actuales y futuros del transporte urbano en América Latina. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan las ciudades argentinas y latinoamericanas para invertir en transporte masivo? ¿Existen particularidades en la región que faciliten o compliquen las soluciones económicas sostenibles? ¿Cuáles son las tendencias actuales en financiamiento del transporte público? 

Además, el especialista comparte experiencias de buenas prácticas en ciudades de la región como Curitiba, Santiago de Chile, Bogotá y São Paulo, que ofrecen algunas lecciones sobre cómo gestionar el transporte urbano de manera eficiente y sostenible.

Apuntes sobre la Economía del Transporte

Antes de abordar los retos y posibilidades que presenta el concepto de Economía del Transporte para las ciudades, Skiadaressis propone definir claramente qué es el transporte. “Desde la disciplina entendemos el transporte como el movimiento de personas y bienes en un espacio y tiempo determinados. Esto establece una frontera de posibilidades para acciones e intercambios”, explica. 

En este sentido, la Economía del Transporte estudia cómo estas interacciones impactan en los fenómenos económicos, sumando variables espaciales y temporales. Si bien aborda distintas escalas —lo urbano, lo interurbano y las cargas—, su foco principal está en las ciudades y en sus sistemas de transporte, especialmente en cómo financiarlos y gestionarlos.

Para profundizar sobre este concepto y su relación con el desarrollo urbano, escuchá el episodio completo de la nueva entrega de CIUDADES. Una conversación que invita a reflexionar sobre diferentes experiencias en ciudades de la región y hacia dónde orientar los esfuerzos de gestiones locales para avanzar hacia una movilidad económicamente sostenible. 

Sobre Rafael Skiadaressis

Rafael Skiadaressis es economista especializado en Economía del Transporte, consultor en movilidad sostenible y políticas de transición energética. Actualmente, se desempeña como jefe de Planeamiento del Grupo Metropol y como investigador asociado en el Observatorio de Tarifas y Servicios Públicos del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).

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ciudades

“Los proyectos urbanos deben prestar mayor atención a las necesidades reales de las personas”, decía desde Barcelona Zaida Muxí en 2022, en una entrevista que se volvió uno de los contenidos más leídos en +COMUNIDAD. En aquel diálogo, abordaba cómo la vida cotidiana —en particular la de quienes cuidan— queda con frecuencia excluida del diseño urbano, y de por qué las ciudades deberían pensarse desde el reconocimiento de las desigualdades.

Más de dos años después, la conversación se retoma en un nuevo contexto: el especial de género del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), con oportunidad del Mes de la Mujer. Ocurre además un momento en el que su recorrido profesional también tomó un nuevo impulso. Desde octubre de 2023, Muxí vive en Guadalajara, México, donde fue nombrada Profesora de Excelencia en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico de Monterrey. Allí trabaja con equipos docentes y estudiantiles para incorporar de forma transversal la perspectiva de género en los planes de estudio.

“Esto era inimaginable cuando hicimos la entrevista en 2022”, dice. “Podemos ir haciendo mejoras, y hay que hacerlas. Pero el cambio real y de base requiere una ética ecofeminista. Es decir, ser conscientes y trabajar desde la interdependencia y la ecodependencia”, responde acerca de los desafíos que enfrentan las ciudades del 2025 respecto al trabajo con una agenda urbana inclusiva y centrada en las personas. 

La perspectiva de género, entre avances y retrocesos

Al mirar estos años recientes, Zaida es enfática. Considera que hay ciudades como Barcelona que, entre 2015 y 2023, habían dado “pasos de gigante” en términos de igualdad, perspectivas de género interseccional y feminismos. Durante ese período, afirma, la ciudad “se había hecho faro de otras maneras de entender las ciudades”. Sin embargo, observa con preocupación el rumbo actual: “Un nuevo gobierno descontinúa la mayoría de las políticas emblemáticas de un urbanismo, en sentido amplio, con perspectiva de género”.

Frente a ese escenario, señala que estar en México le permitió conocer experiencias urbanas que considera ejemplares. “En Ciudad de México y en Bogotá han trabajado desde 2017 poniendo en el centro de las políticas urbanas las políticas de cuidado. En ambos casos, con una fuerte base y apoyo en los movimientos feministas locales”, indica.

En el caso de Bogotá, destaca la iniciativa de las Manzanas del Cuidado. Esta política se construyó “basada en un conocimiento situado, en experiencias de las mujeres en los diferentes distritos y en datos estadísticos que demuestran la desigualdad entre mujeres y hombres”, explica.

Esa desigualdad, profundiza, “comienza en la carga de los cuidados y en su repercusión física y mental”, además de impactar en la “disminución de oportunidades de trabajo remunerado y de tiempo propio”. La reorganización de servicios sociales, educativos y culturales en centralidades barriales fue la base de esta política, que incorporó nuevos equipamientos pensados para quienes cuidan y quienes requieren cuidados.

Sobre Ciudad de México, resalta especialmente la experiencia de las UTOPÍAS  (Unidades de Transformación y Organización Para la Inclusión y la Armonía Social)  en Iztapalapa.

“Tienen en su programa de sistema público de cuidados una propuesta de atención específica para las mujeres que han dedicado sus vidas a cuidar”, comenta. Muchas de ellas, dice, “no solo tienen los cuerpos cansados y afectados, sino que la soledad que sufren es muy significativa”. Por eso, destaca que el objetivo de estas iniciativas no se limita a lo físico o lo laboral, sino que también busca “generar redes de amistad y confianza entre mujeres”.

Las UTOPÍAS, detalla, integran programas culturales, deportivos y espacio público para todas las personas, a los que se suman servicios específicos de cuidado. Entre ellos, menciona la Casa de las Siemprevivas —que brinda orientación psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia—, casas de día para personas mayores, centros de rehabilitación para mujeres cuidadoras, lavanderías populares, comedores comunitarios, espacios para la infancia y actividades de formación en tareas de cuidado dirigidas a varones.

“A nivel personal, las manzanas de cuidado y las UTOPÍAS me han parecido una apuesta por la igualdad a través del uso de recursos públicos para la igualdad real que comienza por hacer colectivos los cuidados y dar apoyo específico a personas y tareas, y que se emparenta con La Ciba en Santa Coloma de Gramenet, con las superilles sociales y la ciudad cuidadora de Barcelona. Políticas feministas que ponen los cuidados en el centro”, concluye.

Desafíos de una ciudad que no fue pensada para las personas

Para Zaida Muxí, el principal obstáculo que enfrentan hoy las ciudades es la herencia del modelo urbano predominante. “El gran desafío es la ciudad que hemos construido hasta ahora”, afirma. Un modelo que, en su mirada, “se basa en la desigualdad, en el trato a la naturaleza como recurso, y que es utilizada sin control, sin respeto, sin cuidados, y en la extensión territorial”.

Esa forma de hacer ciudad derivó en entornos “segregados, inseguros, contaminados, sin transporte público, no caminables”. Y esa, sostiene, “es la mayor dificultad”: modificar estructuras urbanas que durante el siglo XX y lo que va del XXI “no han tenido en el centro a las personas, ni a la naturaleza”.

En ese sentido, advierte que sin una transformación profunda, no será posible avanzar hacia ciudades más justas. “Si no se cambia esa mirada androcéntrica, no podremos avanzar. Los sistemas de valor y pensamiento que nos llevaron hasta aquí no nos sacarán del problema”, señala. Aunque reconoce la importancia de impulsar mejoras puntuales, subraya que “el cambio real y de base requiere una ética ecofeminista, es decir, ser conscientes y trabajar desde la interdependencia y la ecodependencia”.

Cuidados, sostenibilidad y el futuro de las ciudades

De cara al futuro, Muxí insiste en la necesidad de colocar los cuidados en el centro de las políticas públicas urbanas. “Colocar las políticas de cuidado en el centro implica actuar desde todas las áreas de la gestión pública, con la corresponsabilidad de todos los agentes, privados y públicos, de manera interescalar”, afirma.

En su visión, sin este enfoque no será posible transformar las ciudades ni reducir desigualdades. “Si no se consideran los cuidados, no cambiará la manera de entender las ciudades, ni de luchar contra la desigualdad, ni será posible la sostenibilidad”, advierte.

Entre las acciones prioritarias que deberían integrar la agenda urbana a mediano y largo plazo, Zaida menciona ”la densificación y mezcla de usos y gentes, la recuperación y creación de áreas arbóreas y de absorción de aguas, y la promoción de una movilidad sostenible”. Esta última, subraya, debe incluir la caminabilidad, la bicicleta y el transporte público, junto con restricciones al uso del vehículo privado.

Finalmente, remarca que no puede dejarse de lado un derecho fundamental: “Por supuesto, que se cumpla el derecho a la vivienda”.

Redacción +COMUNIDAD

Esta entrevista forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo. La edición de marzo, con iniciativas innovadoras en materia de género, se publica en el marco del Mes de la Mujer. 

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Por Juan Martín de Chazal,
Redacción +COMUNIDAD

En el extremo norte de Italia, escondido en un valle alpino y cerca de la frontera con Suiza, se encuentra Viganella. Se trata de un pintoresco pueblo que durante 83 días al año –desde el 11 de noviembre hasta el 2 de febrero– no recibe luz solar directa debido a su orografía escarpada. 

La solución a este problema fue tan ingeniosa como simple: colocar un enorme espejo sobre una montaña cercana, capaz de reflejar la luz solar hacia la plaza principal. Este dispositivo, instalado en 2006, permite a los habitantes disfrutar de al menos seis horas de luz solar durante los días más fríos y oscuros del invierno. ¿El resultado? Un mayor bienestar físico y emocional entre la población. 

El Ayuntamiento controla el espejo, que tiene 40 metros cuadrados y está a 870 metros por encima del pueblo, por vía informática. Mediante un programa especializado, se puede rastrear los rayos solares para que los paneles no los pierdan nunca de vista. 

La solución tuvo un costo de casi 100.000 euros en 2006. Si bien es un precio elevado para una comunidad de menos de 200 habitantes, el financiamiento se alcanzó gracias a la colaboración entre diferentes actores. En específico, llegó de la mano de fondos de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, la Fundación Cariplo y el ahorro del propio gobierno local. 

Además de resolver un inconveniente cotidiano y generar impactos positivos en la calidad de vida en el valle, el proyecto atrajo la atención internacional. “En invierno, después de la misa dominical, la gente solía volver rápidamente a sus casas, pero ahora se quedan a conversar en la plaza, disfrutando del sol”, ejemplificó el exalcalde de Viganella, Pier Franco Midali. 

Una experiencia similar, 2000 kilómetros al norte

El caso de Viganella tiene un paralelo en Rjukan, Noruega, otro pueblo que durante meses queda en penumbra debido a su ubicación en un valle profundo. Inspirado por la solución italiana, en 2013 el residente y artista Martin Andersen impulsó un proyecto que culminó con la instalación de tres espejos controlados por computadora en las montañas circundantes. 

Al igual que en la localidad italiana, los paneles permiten que los cerca de 3000 habitantes de Rjukan disfruten de luz solar durante los meses más crudos del invierno. Los espejos, llamados Solspeil, siguen el movimiento del sol y reflejan los rayos hacia la plaza principal del pueblo, creando un área iluminada donde los habitantes pueden reunirse para disfrutar de momentos de radiación.

Este sistema transformó el ánimo de sus habitantes, quienes valoran el “sol robado” como un bien preciado con numerosos impactos positivos sobre la comunidad. “Queremos mostrarle al mundo que hemos logrado traer el sol a nuestra ciudad”, expresaba Øystein Harald Haugan, coordinador del Patrimonio Mundial en Rjukan, un sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

Capturando agua del aire en zonas áridas

En el otro extremo del espectro climático, las comunidades de regiones áridas y soleadas han enfrentado durante siglos el reto de conseguir agua potable. Una solución pionera en este ámbito son los atrapanieblas, una tecnología simple y de bajo costo que permite capturar el agua de la niebla en redes especiales. 

En los años 50, el chileno Carlos Espinosa (1924-2022) diseñó los primeros prototipos de estas estructuras en el desierto de Atacama, una de las zonas más secas del planeta. “En los años 30, siendo niño, salía a jugar a las siete de la mañana en la salitrera María Elena, en el desierto de Atacama, porque después el calor era insoportable. Era verano y un día vi algo como motas de algodón en la pampa, que según los adultos era camanchaca, la neblina costera… pero cuando salió el sol desapareció”, relataba sobre los orígenes de los primeros atrapanieblas. 

Espinosa, que fue profesor de física y matemática en la Universidad de Chile, continuaba su relato así: “Luego, en 1956, hubo una crisis de agua en Antofagasta y racionamiento. Debía tener para lavar a mis seis hijos chicos y prepararles comida, por lo que sacaba agua del mar, la hervía en la cocina y con una cacerola recogía el vapor de la tetera”. 

Tras cuatro años de pruebas en el desierto, Espinosa patentó su invento en 1962. Más adelante, difundió su utilización gratuita mediante la UNESCO. “Nos decían locos, porque estábamos sacando agua donde no había”, insistía el investigador. 

Grandes impactos en comunidades rurales

Los atrapanieblas funcionan gracias a redes que retienen las diminutas gotas de agua presentes en la niebla, que luego se condensan y fluyen hacia contenedores. Este sistema ha permitido a diversas comunidades rurales –como Antofagasta, la tierra natal de Espinosa– obtener agua potable.

Actualmente, los atrapanieblas se implementan en varios territorios con problemas hídricos del mundo, incluidos otros puntos de América Latina. Además de Chile, en Perú, Bolivia y Colombia, las comunidades rurales utilizan esta tecnología para abastecerse de agua y cultivar en terrenos donde la lluvia es escasa o el acceso es limitado por deficiencias de infraestructura.

Con proyectos colaborativos, el sistema ha evolucionado en alternativas variadas, eficientes y económicas. Un caso reciente es el del barrio San Luis, en Bogotá, Colombia. Allí, la comunidad, junto con organizaciones como Alsar Atelier, diseñó y construyó atrapanieblas para recolectar agua de niebla. Este prototipo capta agua para usos domésticos y riego, por lo es una herramienta que promueve la agricultura urbana en una zona sin acceso a sistemas municipales de agua. 

Los impactos ya son notables: el sistema no requiere conocimientos avanzados ni materiales complejos, lo cual hace que esta solución sea replicable en otros lugares. El mecanismo ya permite recolectar 200 litros de agua por semana y facilitó el acceso de agua para los cultivos y la limpieza del barrio, mejorando tanto su seguridad alimentaria como su autonomía hídrica.

“El atrapanieblas, además de recolectar agua y servir como invernadero, también funciona como un ejemplo de innovación en construcción de baja tecnología en el barrio San Luis, familiarizando a los miembros de la comunidad con el material y promoviendo el uso de marcos de acero liviano en lugar de concreto y ladrillo”, señaló el arquitecto Alejandro Saldarriaga, fundador de Alsar Atelier. 

El ingenio y la innovación en lo cotidiano

Otros dispositivos similares se han desarrollado para combatir la escasez de agua en zonas áridas. Por ejemplo, proyectos en zonas montañosas del Perú implementan versiones de los atrapanieblas que captan agua del aire, proporcionando un recurso vital para cultivos en áreas sin acceso a agua dulce.

Las soluciones como los atrapanieblas, los espejos solares y otros dispositivos creativos muestran cómo la combinación de ingenio y tecnología simple puede mejorar la calidad de vida de personas en diferentes partes del mundo. Cada innovación es una respuesta específica a las condiciones locales, pero su impacto resuena a nivel global. 

Así, los desafíos cotidianos encuentran respuestas que, aunque pequeñas, ofrecen enormes beneficios, recordando que muchas veces las mejores soluciones no son las más complejas, sino las más accesibles y replicables.

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^{Imagen principal: Reflejo del espejo solar en Viganella, Italia. Fuente: Reuters}
Redacción +COMUNIDAD.

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El 17 de enero de 2022, después de una ola de calor que registró las temperaturas más altas de su historia, Montevideo, en Uruguay, enfrentó una tormenta sin precedentes. Las lluvias provocaron inundaciones, vehículos arrastrados por el agua y cortes de energía, lo que llevó a las autoridades y a la población a reflexionar sobre cómo mitigar el impacto de futuros fenómenos climáticos. 

El primer paso que dio la ciudad fue trabajar en la limpieza, el mantenimiento y la recuperación de los espacios de disposición informal de residuos. Sobre todo los que están ubicados cerca de las seis cuencas principales, ya que la acumulación de basura en esas zonas agravaba las inundaciones durante las lluvias.

Así, Montevideo comenzó a trazar un camino hacia un futuro más sostenible, involucrando a la comunidad en la búsqueda de soluciones que no sólo prevengan estas crisis, sino que también promuevan un cambio cultural hacia el uso responsable de los recursos, la generación de oportunidades y el cuidado de la biodiversidad.

Montevideo más verde

Verónica Piñeiro, gerenta ambiental de la Intendencia de Montevideo, cuenta que después de esa inundación se enfocaron en impulsar el programa Áreas Liberadas. “Nos preguntamos qué es lo que genera problemas de drenaje en los cursos de agua y dimos con que muchas veces se deben a estos sitios de disposición final”, explica.

Entre febrero de 2022 y junio de 2024, Montevideo identificó  885 sitios de disposición final, de los cuales se intervinieron 844, y se retiraron 150.000 toneladas de basura. Toda esta información está disponible en Montevidata, un sitio en donde se comunica a través de visualizaciones de datos, los detalles de la basura retirada por cuenca. 

Dentro de las acciones de Áreas Liberadas se destacan otras propuestas que apuestan a un cambio de comportamiento: Biobardas, Renaturalización y Mujeres que reverdecen. Todas son parte de “Montevideo más Verde”, una política que persigue el objetivo de una ciudad cada vez más limpia, eficiente, sustentable e igualitaria. 

Mujeres que reverdecen

Dentro de las diversas iniciativas de “Montevideo más Verde”, Mujeres que reverdecen se destaca por su enfoque en la inclusión social y laboral. Esta propuesta forma parte del programa ABC Oportunidad de trabajo, del Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC), parte de Montevideo más Verde. 

Durante 2023, el programa consistió en la contratación de 100 mujeres en situación de vulnerabilidad económica para desempeñar tareas vinculadas a la jardinería, huerta y mantenimiento de espacios verdes en diferentes espacios. 

Las actividades duraron 10 meses y se desarrollaron en la planta de residuos orgánicos Tresor, el Jardín Botánico, el Parque de Actividades Agropecuarias (Pagro) y el Museo Fernando García. Esta propuesta, que comprendió una capacitación de 80 horas, se dividió en cuadrillas de 25 integrantes, coordinadas por una organización de la sociedad civil diferentes. 

La formación hizo foco en competencias específicas de huerta y jardinería brindadas por personal técnico de la Intendencia, además de otras aptitudes transversales para esta labor. Algunas de ellas fueron salud y seguridad ocupacional, derechos y obligaciones laborales, perspectiva de género, negociación y toma de decisiones y emprendedurismo. 

El objetivo de esta estrategia fue fortalecer el entramado comunitario por medio de la promoción de los vínculos solidarios y las relaciones equitativas. A su vez, tuvo en cuenta las desigualdades por identidad de género, discapacidad y origen étnico racial.

“Lo que más les gustaba a las participantes era trabajar en lugares y generar un aporte concreto a estos espacios”, comenta la gerenta ambiental Piñeiro. “También ser parte de un proceso de formación, en el que pudieron acceder a un sueldo por un determinado período de tiempo”, agrega.

Las cuadrillas trabajaron en la recuperación de bosques, jardines botánicos y dunas. También en la plantación de árboles en las cuencas de arroyos y en el reacondicionamiento de plazas y parques. Gracias a la experiencia, empezaron a consolidarse emprendimientos entre las mujeres participantes. 

Otras políticas ambientales que reverdecen en la región

Al igual que Montevideo, Bogotá ha apostado por programas que combinan restauración ambiental y oportunidades de empleo para mujeres. De hecho, estas iniciativas fueron pioneras en la región e inspiraron a la capital uruguaya en su estrategia. 

Sembradoras por la ReactivAcción fue un programa de inclusión laboral, a partir de la restauración ambiental, perspectiva de género y el fortalecimiento de organizaciones sociales. Fue una iniciativa liderada por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, en Colombia, dirigida principalmente a mujeres en condiciones vulnerables.

Este programa fue impulsado, además, por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También contó con el apoyo técnico del Jardín Botánico de Bogotá, que aportó los conocimientos ecológicos necesarios para realizar cada uno de los trabajos. 

Las intervenciones de recuperación, conservación y restauración ecológica que se realizaron en el marco de esta iniciativa, que finalizó en 2023, se centraron en 14  localidades. Se trata de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy, Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

Esta acción formó parte de la iniciativa “Mujeres que Reverdecen”, también centrada en aumentar las oportunidades laborales de la población femenina y restaurar la naturaleza en la ciudad. 

“Son mujeres cuidadoras que tienen la oportunidad de relevarse de esa carga de cuidado que han tenido sobre sus hombros, y reciben una transferencia monetaria. Están haciendo huertas, jardines, mantenimiento, siembra a lo largo y ancho de Bogotá”, valoró la ex alcaldesa de la ciudad, Claudia López.

Según cifras oficiales, entre 2021 y 2023 los programas ayudaron a más de 10.000 mujeres a conseguir trabajo y educación en Bogotá. Además, a lo largo de las tres fases de implementación, participaron y se beneficiaron cerca de 1.000 hombres. 

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Imagen ilustrativa de portada: Unsplash.

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Dora, de 72 años, se jubiló del servicio doméstico hace 11 y, tras 50 años, volvió a vivir a Tapalqué, su pueblo natal y un lugar que define como su paraíso. Sus hijas Elizabeth, Verónica y Ezequiel viven a casi 300 kilómetros de distancia, en la ciudad de Lanús, en la provincia de Buenos Aires, Argentina.

“Mis hijos se pusieron tristes porque me venía a vivir acá, pero a la vez lo entendieron porque acá es donde nací y estoy contenta”, explica Dora sentada frente a su hogar. Con un nudo en la garganta, conteniendo la emoción, agrega que en este lugar pudo terminar su educación primaria, “y si Dios quiere”, también completará la secundaria. 

La dedicación es tal que, el 9 de Julio de 2024, con propósito del Día de la Independencia, portó la bandera Argentina en el acto oficial. Esa vez cumplió un sueño, confiesa. Dora es una de las 30 personas que habitan en una de las 27 viviendas del Complejo para Adultos Mayores de Tapalqué, una localidad bonaerense de 10.000 habitantes. 

Un lugar para las personas mayores 

Ubicado en un predio de tres hectáreas, el Complejo para Adultos Mayores ofrece cuatro espacios que buscan mejorar la calidad de vida de los y las tapalqueñas. En este espacio funciona un Centro de Día, un Área de Rehabilitación, un Área de Discapacidad y el Complejo Habitacional, en donde se realizan diferentes actividades.

María Eugenia Rocca, directora del Complejo para Adultos Mayores, describe que al ingresar se puede ver a las personas trabajando, escribiendo y haciendo actividad física. “Tenemos mucho espacio verde, lo que hace que sea común observar a la gente caminar, jugar al tejo u otros deportes. También coser y tomar mates al aire libre”, agrega en diálogo con +COMUNIDAD.

El Centro de Día abre sus puertas semanalmente. Allí las personas pueden desayunar, almorzar y merendar, y también participar de actividades deportivas y recreativas. El Área de Rehabilitación ofrece atención diaria a quienes necesitan tratamientos especializados, como fisioterapia, osteopatía o terapia ocupacional, entre otros. 

Complejo Habitacional de Tapalqué

El Complejo Habitacional está diseñado para aquellas personas mayores de 60 años, de Tapalqué y alrededores, que tienen dificultades habitacionales, de salud o económicas. “Estas viviendas son para compartir entre dos personas, que puedan sostener su rutina de forma autónoma y sólo requieren de algunas ayudas técnicas”, explica Rocca. 

Esta propuesta contempla personal de enfermería, servicio de almuerzo, limpieza doméstica y parquizado de lunes a viernes, además de las actividades en el complejo. La directora explica que el financiamiento de este dispositivo corre por cuenta de la Municipalidad de Tapalqué, aunque quienes residen ahí abonan una cuota mínima.

“Las personas que viven en el Complejo Habitacional aportan un 50 % de sus haberes provisionales; esto no tiene un fin ganancial, sino de sostenimiento de esta política. En relación con todos los servicios que se les ofrece (vivienda, asistencia médica, servicio de comida y limpieza), el aporte es mínimo”, pone en contexto Rocca. 

Una política pública que trascendió

El Complejo para Adultos Mayores es una iniciativa municipal que está vigente desde hace 15 años. Cuenta con el apoyo de la Provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la Nación Argentina. 

En la actualidad el complejo recibe por día a 50 personas mayores, que pueden hacer uso de las instalaciones, servicios y actividades que hay a lo largo y ancho del predio. Además, el  municipio tiene otras políticas públicas destinadas a personas mayores, como ser un plan de viviendas por fuera del complejo y un hogar de ancianos.

María Eugenia Rocca menciona, también, que en la localidad cuentan con un geronto psiquiátrico municipal, lo cual describe como algo “inusual en la provincia”. “La tercera edad tiene sus complejidades, pero a grandes rasgos, estas políticas públicas vienen a dignificar, acompañar y asistir la vida de cada una de estas personas”, sostiene. 

Desafíos para trabajar a corto y mediano plazo

Uno de los principales desafíos que presenta el Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué, además de la ampliación de sus servicios, es la falta de difusión. “Creemos que hay un cierto desconocimiento de las políticas públicas que se promueven respecto de la tercera edad”, analiza Rocca. 

“Por ejemplo, cuando salió la nota que hizo Telefé, todo el pueblo quedó enloquecido con el testimonio, sobre cómo les cambió la vida a estas personas”, ejemplifica. “Quedaron asombrados, porque sabían que estaba el complejo ahí, pero no sabían emocionalmente en qué le había cambiado la cotidianeidad a esas personas”, agrega.

Frente a esta situación, la directora del Complejo de Adultos Mayores de Tapalqué cuenta que tienen una serie de estrategias que buscan revertir este panorama. “La promoción en diferentes instituciones educativas, como así también recibir visitas en el lugar, son algunas de las iniciativas que tenemos para visibilizar el trabajo”, dice.

Otras iniciativas para personas mayores en la región

En su informe Perspectivas de la población mundial 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó que, en 2050, una de cada seis personas en el mundo tendrá más de 65 años, una cifra superior a la proporción actual, que es de una de cada 11 personas. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “en 2022 viven 88 millones de personas mayores de 60 años en la región. Lo que representa el 13% de la población total”, una cifra que, según estimaciones, alcanzará “el 16,5% en 2030”.

Frente a esta premisa es oportuno reflexionar sobre cómo se piensan y planifican a futuro las ciudades de la región, para responder a las necesidades de personas adultas mayores. Entre las más prioritarias: la movilidad, la salud y la inclusión social.

Experiencias en Chile, Colombia y Cuba

En la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, existe desde 2017 una iniciativa pensada para hacer más fácil la vida de las personas mayores. Se trata de lavanderías municipales que ofrecen lavado, secado y planchado gratuito de ropa para personas mayores, ya sean autovalentes como con movilidad reducida. 

Mientras tanto, en Bogotá, Colombia, una de las iniciativas para que personas adultas mayores sean protagonistas de la ciudad es la Fiesta Retro Plateada. Esta celebración de la Subdirección para la Vejez, propone “música, baile y alegría”. Y además celebrar la sabiduría, el conocimiento y la entrega absoluta de esta población con la sociedad.

En Cuba, desde 2021 funciona Cuido60: Observatorio sobre el Envejecimiento, Cuidados y Derechos, que busca mejorar la calidad de vida de personas mayores. Lo hace a través del fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil, que se dedican a trabajar por el bienestar de esta población en el país.

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Imagen principal: Centro de Adultos Mayores, Municipalidad de Tapalqué.

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A nivel global, los gobiernos locales están tomando medidas para cerrar esta brecha, desarrollando planes estratégicos que incluyen mejoras en infraestructura tecnológica y programas de formación. 

Bogotá y Mendoza son ejemplos de cómo las ciudades pueden enfrentar este reto con acciones concretas. Mientras la capital colombiana enfoca su atención en las zonas rurales y en las brechas en el uso y en el acceso a internet, la ciudad argentina ha priorizado la mejora de la infraestructura en todo su territorio, facilitando la inversión privada y la zonificación para la expansión de redes de alta velocidad.

Ambas ciudades, aunque con contextos y enfoques distintos, ya exhiben avances significativos al implementar marcos regulatorios claros y trabajar en conjunto con el sector privado para asegurar inversiones en tecnología. También han demostrado que reducir la brecha digital no sólo implica mejorar el acceso a internet, sino también asegurar que las personas puedan utilizar estas herramientas de manera efectiva, permitiendo un desarrollo económico y social más inclusivo. 

A continuación, exploramos los detalles de cada uno de estos planes con las voces de sus protagonistas.

Una estrategia integral para atender la brecha digital 

En Bogotá, el acceso a internet en las áreas rurales ha sido históricamente limitado, dejando a miles de personas sin las herramientas necesarias para acceder a oportunidades educativas y laborales. “La parte urbana de la ciudad se encuentra hacia el norte, que concentra sólo el 30% del territorio. Bogotá es predominantemente rural y persiste una cultura campesina muy fuerte. En términos de infraestructuras, como es la red de movilidad y de transporte, siguen estando aisladas del gran centro urbano”, describe Diego Barbosa Molina, líder de Uso y Apropiación de TIC de la Consejería Distrital de TIC. De hecho, ir de un extremo al otro del distrito lleva hasta 4 horas y media por vía terrestre. 

Frente a estas inequidades territoriales y segregaciones sociales, la capital colombiana implementa el programa “Conectate Bogotá” con una lógica descentralizadora. Esto se traduce en un enfoque que adapta las soluciones a las necesidades específicas de cada población. Desde el contexto urbano hasta el rural las estrategias varían, pero el objetivo es común: “Que nadie se quede atrás en términos de uso de la tecnología”.

En cuatro años, Bogotá ha sumado 400 puntos de conectividad gratuitos, 1400 buses eléctricos con wifi y 880 escuelas conectadas a banda ancha. Estos esfuerzos se complementan con una inversión de más de 11 millones de dólares en zonas rurales para sortear la falta de incentivos privados para la provisión de servicios de telecomunicaciones.

Inclusión digital con foco en las necesidades puntuales

La estrategia de “Conéctate Bogotá” va más allá de la provisión de acceso a internet. Se enfoca también en garantizar que las personas puedan utilizar las herramientas digitales de manera efectiva, con especial atención en el sector educativo. 

Esto incluye la creación de centros de formación que capacitan a la población en el uso de tecnologías digitales, con un énfasis particular en el fortalecimiento de competencias para la economía popular. También se están estableciendo centros digitales con un enfoque específico en la prevención de violencias de género y el empoderamiento de mujeres.

Según las cifras del gobierno bogotano, más de 200.000 personas han sido capacitadas en los últimos años. Barbosa Molina analiza que el desafío es mantener un ritmo constante de progreso que no sea sensible ante cambios gubernamentales y limitaciones presupuestarias. “Otro elemento importante es la divulgación. Una gran fortaleza desde el nivel central del distrito es que tenemos una manera de conectar con la población con un lenguaje muy natural y ágil”, observa.

Cada una de las 72 entidades que componen el gobierno distrital tiene un papel en la implementación de soluciones adaptadas a sus comunidades. Esta estructura permite una respuesta más ágil y específica a las necesidades locales. A nivel central, se realiza un seguimiento y monitoreo continuo para asegurar que los recursos se distribuyan de manera efectiva y que los objetivos de inclusión digital se cumplan.

“Nuestra estrategia tiene la virtud de ser descentralizada, en tanto deja que cada entidad se ocupe con pertinencia de cada población. La descentralización nos ayuda a no hablar en genérico de conectividad, sino agregar esfuerzos diferentes, enfocados, diferencialmente para generar una expectativas más de apropiación”, remarca el especialista. 

El camino de Mendoza hacia la ultra banda ancha

En 2020, Mendoza se encontraba entre las ciudades con peor conectividad de Argentina. Ante esta situación, la Municipalidad diseñó un plan integral para reducir la brecha digital y fomentar el desarrollo económico a través de dos pilares: la capacitación en herramientas digitales y la mejora de la infraestructura de conectividad.

Marcelo Guiñazú, subsecretario de Informática y Comunicaciones de la Municipalidad, explicó que una de las claves del Plan de Conectividad de Mendoza fue la aprobación de la Ordenanza N° 4073 para establecer reglas claras e incentivar la inversión privada en la mejora de la infraestructura digital. “Con esto logramos que el privado pudiera visualizar que las reglas de juego estaban sobre la mesa y que eran claras”, analizó.

Uno de los logros más destacados fue la zonificación de la ciudad, que permitió identificar áreas con conectividad insuficiente y planificar inversiones específicas. Gracias a una convocatoria pública, diez empresas de internet invirtieron 20 millones de dólares para mejorar el acceso a más de 67.000 hogares. Guiñazú subrayó que “hoy los vecinos de cualquier lugar de la ciudad tienen como mínimo cuatro proveedores en su puerta. Entonces se mejora el servicio y se reduce el precio”.

Articulación pública-privada con resultados sobre la brecha digital

El trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado permitió llevar fibra óptica a áreas de la ciudad que antes estaban desatendidas. Guiñazú destacó que la estrategia no solo se enfocó en la infraestructura, sino también en garantizar una competencia justa entre los proveedores, lo que benefició a los usuarios con tarifas más accesibles. Además, se propició el uso compartido de la infraestructura para abaratar costos. “Buscamos incentivar la inversión privada de emprendedores y empresas del sector, incrementar la oferta del servicio, mejorar la calidad y lograr un menor costo para los usuarios”, apuntó.

Además, se aprovecharon las obras de mejora urbana para optimizar la instalación de redes. Como parte de la colaboración con la Secretaría de Desarrollo Urbano, se soterraron los cables de las avenidas principales de la ciudad y se eliminaron más de 70 toneladas de cables obsoletos, mejorando también la estética urbana. “Logramos sacar más de 70 toneladas de cables obsoletos de la ciudad”, especificó Guiñazú.

En cuatro años, la inversión privada y un marco regulatorio claro permitieron transformar el acceso a internet en todo el municipio, pasando de 4 a 100 Mbps de ancho de banda promedio, según cifras oficiales. Mendoza pasó de ofrecer un ancho de banda promedio de 4 o 5 Mbps en 2020 a 100 Mbps en 2022. Hoy en día, la ciudad es la segunda con mejor banda ancha del país, detrás de Buenos Aires, y continúa trabajando para mejorar la infraestructura digital, con el objetivo de que “Mendoza sea la ciudad con mejor conectividad de todo el país”.

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^{Imagen principal ilustrativa, generada con IA. Fuente: Blog Telesemana.} 

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