Por Inés Reineke y Paula Espinosa,
Innovación Global en RIL (*)

Quienes trabajamos en RIL compartimos una característica: tenemos la convicción de que las cosas se pueden cambiar. Que el yugo de una América Latina desigual y con pocas oportunidades no es eterno ni un destino al que debamos resignarnos, sino una realidad que puede ser transformada. Y que nuestra región tiene el talento, los recursos y el mindset para dar vuelta la historia.

Desde ese optimismo y entusiasmo es que salimos a buscar entre las ciudades de la región y el sur global cuáles son las políticas que están logrando transformar la realidad, quiénes son las personas detrás de esas iniciativas, y cuáles son los grandes aprendizajes de cada solución encontrada. Queremos compartir esas victorias, por pequeñas que sean, con toda nuestra red. 

Nuestra ambición es subir la vara de las respuestas públicas. Que una ciudad del corazón de la Amazonia, por ejemplo, no deba empezar de cero a responder a un desafío público complejo y titánico, sino comenzar varios pasos adelante. Así, la experiencia de una ciudad se transforma en el punto de partida de la siguiente. Una iteración constante de conocimiento compartido. 

El despertar de una nueva gestión pública

Buscamos que estas ideas lleguen a  las personas que, día a día, se esfuerzan por resolver los desafíos públicos de sus comunidades. Son quienes entienden que la gestión no es solo administrar, sino liderar el cambio. ¿Qué buscamos lograr en ellas? Queremos que se animen a creer también que las cosas pueden cambiarse, y que tengan todo lo que necesitan para implementar soluciones genuinamente efectivas. 

Pero, ¿qué define una solución “efectiva” en este contexto? Para nosotras, una solución efectiva se caracteriza por:

• Resolver los problemas detectados. Logran abordar la raíz de la cuestión, sin quedarse en la superficialidad.
• Medir su impacto y basarse en evidencia. Pueden demostrar sus resultados con datos, que luego sirven para mejorar el curso de implementación. 
• Considerar a todos los actores involucrados. Desde el diseño hasta la implementación, integran las voces y perspectivas de los protagonistas de cada desafío.
• Fomentar la co-creación y el impacto sistémico. Superan la visión de “silo” para adoptar la colaboración, comprendiendo que los desafíos complejos demandan soluciones conjuntas y transversales, dentro y fuera del gobierno local.
• Capitalizar el conocimiento existente. Evitan la duplicación de esfuerzos, aprovechando la trayectoria de quienes han actuado antes, fortaleciendo y adaptando respuestas que ya han demostrado su valor en contextos similares.

Para impulsar estos cambios, nuestra estrategia es clara: construir una comunidad de quienes hacen en lo local conectada con el conocimiento estratégico. Una red donde las ideas fluyen, los aciertos se comparten (y más aún los fracasos), las herramientas se multiplican, y la experiencia sirve de apoyo y combustible para ir un poquito más lejos. 

En nuestro recorrido de más de 11 años, hemos identificado casi mil desafíos públicos que se manifiestan en nuestras ciudades, en las calles y en los barrios. Ante esta realidad, la figura del liderazgo local — intendentes,  alcaldes o prefeitos— se consolida como la primera línea de respuesta: son quienes encienden la chispa del cambio, impulsan nuevas respuestas y, cuando convocan a los distintos actores clave, son capaces de lograr esa transformación deseada.

Radiografía de la innovación local: lo que detectamos en 2025

Este año compartimos con nuestra red 44 soluciones destacadas que resuelven 12 desafíos públicos, implementadas en 58 ciudades de 11 países. No son solo proyectos; son respuestas a los desafíos más urgentes de la región.

Ciudades sostenibles, resilientes y saludables

• Para mitigar el calor extremo, las ciudades responden con medidas innovadoras: mientras Chile combate las islas de calor con plazas de agua, Brasil apuesta por la recreación saludable durante el verano en San Pablo y la creación de la primera Secretaría del Clima en Niterói.
• Buscando un sistema energético más limpio y justo: Cuenca (Ecuador) transforma residuos en biogás y Curitiba, en Brasil, reconvierte basurales en plantas solares, al tiempo que Temuco (Chile) logra reducir su contaminación y Córdoba, en Argentina, potencia la innovación desde su Instituto de Transición Energética.
• En la gestión de riesgos, varias ciudades marcan el rumbo: Salvador (Brasil) y otras nueve urbes lideran con seguros climáticos, Recife innova con el primer parque inundable y Guaymallén destaca internacionalmente por la eficiencia de su sistema de drenaje.
• En materia de acción climática, las ciudades aceleran sus metas: San Pablo reduce su huella de carbono con comedores escolares saludables, Renca suma más de 80.000 árboles, San Salvador combate el calor con infraestructura verde y Durazno transforma sus residuos en recursos.

• Impulsando la movilidad sostenible, la región avanza con paso firme: Niterói consolida su gobernanza en transporte activo, mientras Hermosillo lidera en electromovilidad en México. En paralelo, Godoy Cruz optimiza sus rutas peatonales con un Mapa de Caminabilidad y Palmira renueva su transporte público hacia un modelo más sostenible.

• Priorizando el bienestar, diversas urbes generan entornos saludables: Fortaleza lidera como la única ciudad brasileña en cumplir los estándares de aire de la OMS, mientras Pelotas integra a la comunidad en sus centros médicos. En paralelo, Córdoba promueve la seguridad alimentaria en kioskos de escuelas y Vitacura, en Chile, implementa un programa pionero para el alivio de cuidadores y la autonomía de pacientes.

Ciudades que utilizan la tecnología con propósito

• Mediante gestión urbana inteligente, la tecnología transforma los servicios públicos: San Pablo emplea IA e Internet de las Cosas para monitorear la calidad del asfalto, mientras Luján de Cuyo optimiza la recolección de residuos con seguimiento ciudadano en tiempo real. En la misma línea, Quito vigila emergencias con drones y Guatemala utiliza IA para prevenir plagas y planificar su reforestación mediante el primer censo forestal tecnológico.

• Impulsando la gobernanza y la transparencia, la inteligencia artificial redefine la gestión pública: Maipú y Las Condes la utilizan para optimizar procesos administrativos, mientras Recife reduce el ausentismo médico y unifica sus sistemas de salud. Por su parte, Bogotá fortalece la participación ciudadana mediante su asistente “Chatico” y Escobar establece el primer marco normativo en Argentina para asegurar un uso ético de la IA.

Soluciones para la educación, la juventud y la equidad.

• La innovación redefine el aprendizaje con herramientas modernas y entornos naturales: en Brasil, Dourados optimiza la nutrición escolar mediante plataformas inteligentes y Marilia potencia el aula con juegos educativos de excelencia. En paralelo, localidades bolivianas trasladan la enseñanza a la naturaleza, mientras Medellín consolida su Centro de Innovación para transformar la formación docente.
• Las ciudades impulsan el protagonismo y el cuidado de la juventud: Cali y Palmira involucran a los adolescentes en la transformación de sus barrios, mientras Medellín potencia su talento mediante el arte y la cultura. En Argentina, San Miguel logró el hito de alcanzar tasa cero de suicidio juvenil en 2024 gracias a su red de acompañamiento, al tiempo que Quevedo integra a los jóvenes en la co-creación de sus planes de ciudad.
• Situando a las mujeres en el corazón de la gestión, las ciudades promueven su protección y autonomía con innovación y datos: Coroico lidera en Bolivia con la primera ley contra el ciberacoso y guías de prevención escolar, mientras Manizales monitorea las brechas de género para tomar decisiones basadas en evidencia. En Argentina, Despeñaderos fortalece este compromiso vinculando la independencia económica con la sostenibilidad mediante su programa de empleo verde.

• Resolver la crisis de la vivienda: En Uruguay, Montevideo reconvierte inmuebles abandonados en Centros de Estadía Transitoria; Guatemala genera incentivos para facilitar el acceso a viviendas; Rosario en Argentina y Recoleta en Chile diseñaron estrategias para promover el alquiler social.

Los cuatro pilares de una innovación genuina

Pero, ¿cómo identificamos estas soluciones que realmente marcan la diferencia? ¿Cómo distinguimos la verdadera innovación de un mero cambio superficial? Para nosotras, una solución innovadora a un problema público debe cumplir con cuatro condiciones fundamentales, que constituyen la brújula en nuestra búsqueda de las iniciativas más inspiradoras.

1. Novedad y enfoque transformador

Una innovación se distingue por su capacidad de romper con paradigmas establecidos. No se trata de optimizar lo existente, sino de abordar un desafío público desde una perspectiva inédita, generando soluciones que no solo son diferentes, sino que redefinen la forma en que se concibe y resuelve un problema. Esto puede manifestarse en el uso estratégico de nuevas herramientas, metodologías o la reconfiguración inteligente de recursos existentes para lograr un impacto superior. Es el catalizador de una nueva senda.

2. Co-creación y participación activa

La innovación local es inherentemente colectiva. No emana de la genialidad individual, sino que se fortalece a través de la inteligencia compartida. Implica la involucración activa de la ciudadanía y de diversos actores clave –organizaciones de la sociedad civil, la academia, el sector privado y, por supuesto, los equipos municipales–. Este enfoque participativo, que se inicia con un diagnóstico colaborativo y se nutre de la consulta permanente, no solo enriquece la solución con múltiples perspectivas, sino que también construye legitimidad, corresponsabilidad y un sentido de pertenencia en la comunidad. Es la potencia de la acción conjunta.

3. Viabilidad y sostenibilidad

La verdadera innovación trasciende la mera intención. Requiere una implementación efectiva y una proyección a largo plazo que garantice su impacto sostenido. Hablamos de viabilidad cuando una solución demuestra su pertinencia al encontrarse en ejecución, probando su factibilidad en el entorno real y generando resultados tangibles. Y hablamos de sostenibilidad cuando asegura su permanencia a través de la incorporación de una perspectiva integral –social, económica, política y/o ambiental– que le permite adaptarse, evolucionar y generar valor público de forma continua. Es la consolidación de un cambio perdurable.

4. Impacto medible y evidente

El propósito último de la innovación pública es generar un cambio positivo y significativo. Este cambio debe ser concreto y medible, evidenciando una mejora tangible en la calidad de vida de la ciudadanía o en la eficiencia de la gestión pública. La capacidad de cuantificar y cualificar estos cambios es esencial para validar la innovación, aprender de su trayectoria y justificar la inversión de recursos. No se trata solo de actuar, sino de asegurar que la acción produce resultados transformadores. Es la evidencia del progreso.

Un futuro co-construido

Estas cuatro condiciones son el ADN de las transformaciones que buscamos impulsar. Son la hoja de ruta para quienes, como nosotras, creemos en el poder de la acción local para cambiar el rumbo de nuestras comunidades. Cada solución innovadora que identificamos, cada conexión que generamos entre quienes hacen, es un paso más hacia la consolidación de un ecosistema donde el aprendizaje es constante y la réplica de buenas prácticas, una norma.Con cada esfuerzo, buscamos que la innovación se replique y se escale, que trascienda fronteras y se adapte a nuevas realidades. Porque estamos convencidas de que es a través de este trabajo colectivo, potenciado por nuestra expansión global, que nos acercaremos a la región que queremos: una América Latina con oportunidades equitativas para todas las personas, independientemente de su lugar de nacimiento. Una región donde el futuro no es un destino, sino una construcción activa, colaborativa y sostenible.

(*) Inés del Rosario Reineke es directora de Innovación Global en la Red de Innovación Local (RIL) y Paula María Espinosa es coordinadora del Centro de Soluciones de RIL. 

Imagen principal: banco de imágenes freepik.es 

La entrada Innovación local: el impulso para la región que queremos se publicó primero en +COMUNIDAD.

Frente a ese escenario, la Municipalidad presentó en 2018 la Corporación Innova Recoleta. Se trata de una institución sin fines de lucro que fomenta obras de desarrollo productivo, social, económico y de innovación en toda la comuna. La idea fue desarrollar soluciones innovadoras en distintos temas, como salud, cultura y vivienda. 

Así nació la Inmobiliaria Popular, una de las ocho áreas de trabajo de la Corporación, para ofrecer departamentos en alquiler a familias que no podían pagar precios de mercado.

“Nuestra expectativa es que cada comuna de Chile pueda contar con una inmobiliaria popular que garantice el acceso a una vivienda digna, justa y bien ubicada”, dice a +COMUNIDAD Alberto Pizarro, director ejecutivo de Innova Recoleta. En la entrevista, explica el proceso de creación de la política, su financiamiento, impacto y expectativas. 

El punto de partida fue aprovechar una herramienta del gobierno central chileno: la Glosa N°3 del presupuesto de vivienda, impulsada en 2014. Esta norma nacional permitió que los subsidios habitacionales, pensados originalmente para que las familias compraran casas, pudieran ser usados por organizaciones sin fines de lucro para construir viviendas de alquiler a precios accesibles.

En paralelo, existía el Decreto Supremo N°52 de 2010, que daba subsidios a las familias para alquilar (es decir, la demanda), pero no lograba aplicarse adecuadamente porque no había suficientes viviendas en arriendo. La Glosa N°3 permitió por primera vez crear oferta de alquileres públicos.

De la idea a la construcción: el Condominio Justicia Social 1

Con ese marco, Recoleta decidió dar un paso más: construir un edificio propio para alquiler social. Así surgió el Condominio Justicia Social 1, que se levantó en un terreno municipal de 1.500 m², antes usado como depósito de documentos. Está ubicado en un sitio estratégico bajo el concepto de “Ciudad de los 15 minutos”, que propone que las necesidades y servicios básicos estén a distancias cercanas del hogar. 

El condominio se inauguró en el año 2020. Cuenta con 38 departamentos de 57 m², distribuidos en dos torres de cinco pisos. Cada vivienda tiene tres dormitorios, cocina integrada, baño, terraza y una pequeña bodega. Además, el conjunto tiene salón de uso común, bicicletero, conserjería y un punto verde para reciclaje.

La inversión total fue de 1,8 millones de dólares. El municipio aportó el terreno y el 15% de los fondos necesarios, mientras que el resto se financió con los subsidios del gobierno. La idea clave es que cada familia pague como máximo el 25% de sus ingresos, con arriendos que van desde los 66.000 a los 188.000 pesos chilenos (alrededor de 71 a 202 dólares). Esto representa sólo el 27% del valor de mercado en la ciudad.

“El modelo se sustenta en el esquema de copago que no excede el 25% del ingreso familiar. Este monto incluye todos los gastos comunes, y los eventuales excedentes se reinvierten directamente en el condominio –indica Alberto Pizarro–. La operación y mantenimiento están a cargo de la Corporación Innova Recoleta, con presencia permanente en el edificio, lo que permite una gestión directa, oportuna y de cercanía”.

Selección de familias y acompañamiento social

El condominio comenzó con una postulación abierta que recibió más de 3.000 solicitudes. “El proceso de selección se basa en criterios técnicos, sociales y de inclusión”, especifica Pizarro. 350 familias cumplieron los requisitos. Entre ellos: estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH), percibir ingresos entre $274.000 y $980.000 (entre U$S 290 y U$S 1.000, aproximadamente), acreditar un ahorro mínimo, y postular al subsidio de arriendo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo regulado por el Decreto Supremo N°52. 

“Se prioriza a jefas de hogar, víctimas de violencia intrafamiliar, adultos mayores, familias migrantes con residencia definitiva y grupos en situación de hacinamiento. Además, se implementó una metodología participativa de evaluación con expertos de distintas instituciones públicas, privadas y académicas”, profundiza el titular de Innova Recoleta. 

En palabras de sus impulsores, el Plan de Acompañamiento Social (PAS) es el corazón del proyecto. Este busca fortalecer la integración “social plena y efectiva” de las familias, así como fomentar la participación y el acceso a servicios públicos y privados. “El eje central de esa participación está en el desarrollo de la vivienda propia”, indica Pizarro. Es decir, procuran que las familias se preparen para postular a una vivienda definitiva en el futuro.

El impacto del PAS en Recoleta

Entre los resultados del PAS, en Innova Recoleta destacan:

• Conformación de un Comité de Vivienda que trabaja en la materialización de un proyecto de vivienda definitiva bajo la postulación a subsidios del Ministerio de Vivienda. 
• Formación del “Grupo Motor” de residentes, con participación directa en la gestión.
• Acceso a redes estatales y municipales de apoyo en salud, educación, justicia y
• trabajo.
• Talleres permanentes de autocuidado, mantención, convivencia y ahorro.
• Acompañamiento personalizado en temas de convivencia, salud mental, y resolución de conflictos.
• Implementación de prácticas de sostenibilidad como el reciclaje.

“El Plan de Acompañamiento Social ha sido fundamental para la consolidación de una comunidad cohesionada, empoderada y activa. Ha logrado instalar una cultura de corresponsabilidad comunitaria que refuerza la sostenibilidad del proyecto”, valora Pizarro. 

Hacia la replicabilidad y nuevos proyectos

A más de cinco años de su creación, el modelo tiene bajas tasas de morosidad y el 85% de los gastos operacionales se cubren con los pagos de arriendo. Además, muchas familias ya están organizadas en comités de vivienda para postular a subsidios y acceder a una casa propia en el futuro.

El éxito del Condominio Justicia Social 1 impulsó a Recoleta a avanzar con cuatro nuevos proyectos: Justicia Social 2, 3, 4 y 5, ampliando la oferta de arriendo público a “precio justo”. Además, la experiencia ha despertado el interés de otras comunas chilenas.

Según Pizarro, la clave para replicar este modelo en otros municipios reside en cuatro condiciones esenciales:

• Voluntad política de innovar con un enfoque de derecho a la vivienda.
• Compra o acceso a terrenos bien ubicados.
• Capacidad técnica para formular y gestionar proyectos habitacionales de calidad.
• Acceso a subsidios a la oferta, como la Glosa N°3 del MINVU.

“También es fundamental promover una visión integral de la vivienda como proceso y derecho, no como bien de consumo”, complementa Pizarro.

En el marco del webinario Vi-Lab “Hacia un modelo de Inmobiliaria Social de Alquiler en Argentina: intercambio de experiencias y conocimiento técnico”, organizado por Urban Housing Practitioner´s Hub (UHPH),el director presentó esta iniciativa de la comuna como un caso exitoso de articulación público-privada. 

Allí ofreció una última conclusión: “La Corporación Innova Recoleta demuestra que la capacidad del sector municipal como un agente habitacional local es clave para poder desarrollar un modelo más rápido de gestión de vivienda, donde el arriendo es una de las herramientas más importantes”. 

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales inspiradoras como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

^{Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD basada en fotos de Corporación Innova Recoleta.}
Redacción +COMUNIDAD.

La entrada Innova Recoleta: un modelo de alquiler social pionero en Chile se publicó primero en +COMUNIDAD.

Por Juan Martín de Chazal,
Redacción +COMUNIDAD

La crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en una realidad crítica en la mayoría de las grandes ciudades del mundo. Alquilar o comprar un hogar seguro es cada vez más difícil para sectores medios y bajos, enfrentando precios de alquiler disparados, poca oferta habitacional y condiciones que relegan a millones de personas a la precariedad.

Las principales ciudades de Europa, América Latina y otras regiones lidian con desafíos similares: alquileres que consumen más de la mitad de los ingresos, baja disponibilidad de inmuebles y la proliferación de barrios inasequibles.

A pesar de este panorama, existen modelos de políticas públicas y programas habitacionales que han logrado revertir esta tendencia en ciudades específicas. Se trata de enfoques que intentan aliviar el problema y transformar el acceso al hogar como un derecho esencial. 

El modelo de vivienda en Viena

Viena, la capital de Austria, es mundialmente reconocida por su modelo de vivienda pública y asequible, que permite que miles de personas accedan a un hogar sin el temor de que los alquileres absorban gran parte de sus ingresos. Desde principios del siglo XX, la ciudad invierte en un sistema robusto de vivienda pública, con el Estado como actor fundamental en la provisión de soluciones habitacionales.

La ciudad cuenta con más de 220.000 departamentos en edificios municipales y otros 200.000 que son gestionados por asociaciones sin fines de lucro, las cuales ofrecen alquileres a precios muy por debajo del mercado. ¿El resultado? Una mayor oferta de alquileres baratos que también presiona a la baja los precios en el ámbito privado. 

Según cifras del gobierno, alrededor del 60% de los 1,8 millones de vieneses viven en viviendas públicas o subsidiadas. Además, las políticas de alquiler aseguran contratos estables y una rotación justa que evita la especulación inmobiliaria.

Para poder acceder a una vivienda social, existen requisitos que la mayoría de los residentes en Viena cumplen. Primero, ser ciudadano de la Unión Europea o contar con un permiso de residencia; segundo, haber vivido en la ciudad por al menos dos años; y tercero, no superar ciertos umbrales de ingresos.

En 2024, cualquier persona con ingresos mensuales de hasta 3506 euros puede acceder a un apartamento público; para una pareja, el límite es de 5225 euros; y para tres personas, 5918 euros. “Aquí nos gusta decir que todos pueden vivir en viviendas municipales: desde el taxista hasta el profesional universitario. Este enfoque asegura la diversidad social y ayuda a desarrollar un espíritu de comunidad“, dijo en 2020 Markus Leitgeb, entonces portavoz de Wiener Wohnen, la organización inmobiliaria social de Viena, a Equal Times.

Un legado centenario

Esta historia comenzó hace más de 100 años, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, cuando la ciudad empezó a construir edificios de vivienda social conocidos como Gemeindebauten. “Esta iniciativa temprana sentó las bases para una estrategia integral que abarca funciones tanto reguladoras como participativas en el mercado de la vivienda por parte del gobierno municipal”, analiza Huaisi Cen, especialista en asuntos inmobiliarios. 

Desde entonces, estos complejos se han multiplicado y se diseñan con espacios verdes, servicios como guarderías y escuelas, tiendas, y conexiones con el transporte público. Según sus planificadores, este enfoque procura crear entornos que fomenten la cohesión social y el bienestar, además de proporcionar viviendas.

Los habitantes de Viena pueden pagar 500 euros al mes –un precio bastante inferior al valor de mercado– por departamentos de 70 metros cuadrados y tres habitaciones en zonas bien ubicadas. Este es el caso de Tesbire Keskin, una auxiliar administrativa entrevistada por Euronews que pudo mudarse hace 20 años junto con su familia. 

“La guardería está justo enfrente y el colegio está a diez minutos andando. En dos minutos estoy en el metro. Cuando mis hijos eran pequeños y yo no podía llegar a casa del trabajo, los vecinos los recogían de la guardería. Aquí se está muy bien; es verde, tranquilo. Estoy muy contenta, satisfecha”, contó en el reportaje. 

¿El modelo de Viena es replicable en otras ciudades?

Frecuentemente la prensa internacional define el modelo de Viena como “el paraíso de los inquilinos”, “un oasis en medio de la crisis mundial de vivienda” , “un milagro inmobiliario” o sencillamente como una “utopía”.

El sistema de vivienda de Viena está sustentado en un sólido esquema de financiamiento. Desde la década de 1920, un porcentaje fijo del impuesto sobre los ingresos laborales es destinado exclusivamente a la construcción y mantenimiento de viviendas públicas. Este flujo constante de recursos permite que Viena construya entre 5000 y 7000 nuevas viviendas al año, con una inversión anual que supera los 400 millones de euros.

“Un hito importante en la evolución de la estrategia de vivienda de Viena fue la creación del Wohnfonds Wien en 1984. Esta institución se creó para proporcionar un mecanismo estructurado de asignación de terrenos, financiación y apoyo a proyectos de vivienda, actuando eficazmente como un banco de tierras para el bien público”, puntualiza Huaisi Cen. 

El éxito del modelo de Viena ha atraído la atención de urbanistas y especialistas en políticas habitacionales a nivel global. No obstante, la replicabilidad de este modelo no es sencilla debido a su excepcionalidad. “El sistema se basa en una tradición de 100 años. No es posible copiarlo idénticamente”, señala Kathrin Gaál, vicealcaldesa de Viena.

Además, la ciudad cuenta con más de 3 millones de metros cuadrados de suelo público disponible para la construcción, un recurso que pocos territorios pueden aprovechar. “Esto proporciona a los vieneses la certeza de que la vivienda seguirá siendo asequible”, puntualiza la funcionaria. 

Guatemala: vivienda asequible desde el ámbito municipal

En América Central, la Ciudad de Guatemala implementa desde 2019 una iniciativa innovadora en la región: el Programa Municipal de Vivienda Prioritaria y Asequible. Tiene como objetivo “convertir a la Ciudad de Guatemala en una ciudad de propietarios”, en respuesta a un déficit habitacional que, según cifras oficiales, alcanzaba el 90 % en 2020. 

Este programa, coordinado por la Empresa Metropolitana de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Guatemala, genera condiciones para que el sector privado se involucre activamente en la construcción de viviendas accesibles, ofreciendo incentivos y asesoría que promueven el desarrollo de proyectos habitacionales de alto impacto social y rentabilidad financiera.

En 2022, más de 600 unidades de vivienda prioritaria estaban en proceso de construcción, con una proyección de más de 1300 unidades adicionales que buscan contribuir a la reducción del déficit habitacional en la ciudad. La ubicación de los proyectos es estratégica: se sitúan en zonas dotadas de servicios urbanos, cercanas a centros de trabajo y accesibles mediante el transporte público. 

“Contamos con el apoyo de la Municipalidad de Guatemala a través de la empresa municipal de vivienda y el personal de ventanilla única, que nos asesoraron durante todo el proceso, especialmente en los incentivos para poder realizar este tipo de proyectos. Fue una excelente experiencia comercial: se vendieron 80 apartamentos en menos de dos meses. También estamos agradecidos por la respuesta de la gente”, valoró el ingeniero José F. Obiols, desarrollador inmobiliario. 

Vivienda propia: una oportunidad de cambio de vida

Para los beneficiarios de este programa, el impacto en sus vidas es tangible. Yarino Pérez Vila, uno de los nuevos propietarios en Guatemala, destaca las facilidades de pago y la asequibilidad como factores clave para decidirse a adquirir una vivienda en lugar de seguir pagando una renta. “Lo que me animó a comprar acá fue la facilidad de pago. Comparado con otros proyectos que visité, este se ajusta mucho más a mi situación económica. Pagar esta mensualidad es más cómodo y accesible que seguir gastando en un alquiler”, contrasta.

Otro residente, Kevin Solórzano, resalta el valor de este programa para personas que, como él, inician “de cero” y buscan una estabilidad económica y personal. “Es una oportunidad que pocas veces se presenta: una mensualidad que nos ayuda a tener nuestra propia vivienda. Nuestro apartamento está demasiado céntrico, a la par de centros comerciales, avenidas principales y hospitales”, valora.

Karla Chiquín, también beneficiaria del programa, comparte lo que significa contar con una vivienda propia para su futuro y el de sus hijos. “Tener una vivienda propia es una seguridad y un beneficio para el futuro de mis hijos. Recomiendo a otros que se animen a comprar; aquí los precios son asequibles, especialmente para quienes somos de bajos recursos”, aconseja.

Inspiración y desafíos para otras ciudades

El modelo de Viena es un caso ampliamente estudiado que muestra cómo una política habitacional orientada al bienestar social puede hacer frente a la crisis de acceso a la vivienda. Sin embargo, su éxito se debe a un conjunto de condiciones particulares, como su continuidad centenaria y un sistema de financiamiento sostenido, que no todas las ciudades pueden replicar con facilidad.

La Ciudad de Guatemala, en contraste, ha optado recientemente por un enfoque que fomenta la propiedad, buscando reducir el déficit habitacional mediante incentivos para el sector privado y la construcción de viviendas accesibles. 

A pesar de las diferencias –Viena se centra en el alquiler social y Guatemala en la creación de propietarios–, ambos modelos comparten un objetivo común: aumentar la oferta de viviendas a precios más alcanzables, sin recurrir directamente a políticas que regulen los precios. 

En un contexto global donde la crisis habitacional es cada vez más profunda, estos casos sirven como una guía para reimaginar el acceso a la vivienda como un derecho para toda la población mediante políticas públicas inclusivas.

¿Tenés una historia para contar? En +COMUNIDAD nos gustaría conocerla. 

^{Foto principal: viviendas en Viena, Austria. Fuente: Unsplash.}
Redacción +COMUNIDAD

La entrada Soluciones habitacionales: modelos de vivienda asequible que cambian realidades se publicó primero en +COMUNIDAD.

Por Red Latam de Jóvenes Periodistas

Los jóvenes latinoamericanos dejan las casas de sus padres, en promedio, a los 28 años. Enfrentados a la realidad de la vida adulta, las preocupaciones de las nuevas generaciones se van acumulando una sobre la otra: falta de trabajos, salarios precarios, fenómenos asociados al cambio climático, salud mental, violencia, migración. Y una pregunta común: ¿podremos tener casa propia algún día?

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 el 82% de la población latinoamericana vivía en zonas urbanas. Esto convierte a nuestra región en una de las más urbanizadas del mundo. Sin embargo, también es una de las que más retos presenta para acceder a una vivienda, especialmente para las personas jóvenes.

Por ejemplo, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mostró que para 2010 apenas un 42% de las personas entre 15 y 39 años eran propietarios de su casa. En algunos países, como Colombia, solo un 21% de los jóvenes tenía una vivienda propia. Y quienes sí tienen, muchas veces viven en condiciones precarias.

«América Latina y el Caribe tiene un problema estructural de acceso a la vivienda. Se estima que hay un 45% de la población que todavía tiene deficiencias», explica Tania Gallegos, directora de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID.

Para Carla Escoffie, investigadora de vivienda y autora del libro «País sin techo», «la vivienda es un derecho base para el ejercicio de otros derechos». Tener un espacio seguro, dice, es indispensable para los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad, al descanso y a otros. En algunos casos, incluso, es un factor determinante para aspirar a un trabajo. El acceso a la vivienda no es solo una comodidad, sino una necesidad.

Desde hace décadas, gobiernos y organismos de la región han implementado mecanismos, proyectos y leyes para solventar el déficit de vivienda. El problema es que la mayoría de estos proyectos se centran en la adquisición de vivienda nueva y brindan apoyo al sector formal o bancarizable: personas con un trabajo fijo, en una empresa con cierto nivel de organización, fuera del sector agrícola, con seguros y garantías laborales, etc.

A continuación, te contamos sobre dos proyectos gubernamentales de Costa Rica y Colombia que, con sus luces y sus sombras, han ayudado a miles de jóvenes, generalmente con ingresos medios, para financiar y adquirir una casa propia.

Costa Rica: un proyecto que beneficia a miles de jóvenes

El Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios de Costa Rica no estaba orientado a beneficiar jóvenes. Sin embargo, eso es justamente lo que ha terminado haciendo. Este proyecto surgió en 2019 como parte de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y diversas entidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, como mutuales, bancos y cooperativas. Básicamente, otorga créditos bancarios para la compra y construcción de terrenos e inmuebles, así como bonos familiares de vivienda.

De acuerdo con el medio costarricense CRHoy, en 2020 este Programa Integral financiaba hasta 65 millones de colones (126 mil dólares), aunque en promedio sus créditos rondaban los 30 millones de colones (59 mil dólares, aproximadamente), con una tasa de interés del 6.5%.

Para acceder al programa, es necesario contar con un núcleo familiar ya establecido, no tener propiedades a su nombre, no haber recibido bonos de vivienda y mantener una estabilidad laboral de al menos un año para las personas asalariadas o una antigüedad de tres años para personas no asalariadas. La mayoría de estos requisitos se repiten en programas similares.

Pues bien: para junio de 2023, este proyecto había ejecutado más de 200 millones de dólares en créditos. Lo curioso es que el 70% de los beneficiarios eran personas entre 18 y 35 años, según datos proporcionados por la Dirección del Fondo Nacional de Vivienda de Costa Rica. Hablamos de 3.100 jóvenes, de los cuales 507 tienen menos de 25 años.

Sin dudas este es un referente para futuros programas latinoamericanos que quieran impulsar el acceso de personas jóvenes a una vivienda propia. Sin embargo, este todavía queda debiendo a la hora de beneficiar a los jóvenes de menos recursos, seguramente los que más lo necesitan. Como lo indica su nombre, este está pensado para personas de clase media.

En efecto: el grupo objetivo de este programa son familias con un ingreso mensual bruto entre los 414 mil (808 USD) y 1 millón 657 mil colones (3.233 USD). El problema es que para julio de 2023, el ingreso per cápita del 60% de los hogares costarricenses estaba por debajo de los 253 mil colones (490 USD), según el Instituto Nacional de Estadística de Costa Rica. Esto excluye a gran parte de la población, incluyendo la joven, de acceder a este programa.

De acuerdo con Franklin Solano, especialista del sector costarricense de vivienda, el 40% de los hogares del país no tienen posibilidades de acceder a este programa por no tener los ingresos mínimos necesarios. Otro 20% apenas cumple con los montos, aunque también carga con otras deudas.

Por el momento, la falta de soluciones para los sectores con menos ingresos se mantiene como una de las principales críticas al Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios de Costa Rica. «Los subsidios deben ser para una población que demuestre que realmente tiene una condición de vulnerabilidad muy extrema y los otros sectores jugar con las condiciones de mercado», dice Franklin Solano.

Pese a esto, el Programa ha demostrado un gran éxito entre personas jóvenes con ingresos superiores. La mayoría de los beneficiados son parejas sin hijos y muestran una relativa equidad de género en la distribución de los créditos, con 45.1 % de mujeres beneficiadas, según información del Banhvi.

Colombia: Cómo un país de alquileres intenta que los jóvenes compren su primera vivienda

En Colombia las personas alquilan más que en cualquier otro lugar de América Latina. Para 2011, cuatro de cada diez colombianos era inquilino en la casa donde vivía, cifra que ha ido en aumento desde la década de 1980. Según un estudio del BID, para 2019 el 34% de las casas en Colombia eran para alquilar, mientras que el promedio en América Latina era del 21%. 

Los efectos en la población son conocidos: hay quienes pagan más del 45% de su sueldo solo en arrendamiento. Para abril de 2023, los precios en los arriendos alcanzaron su mayor alza en los últimos cuatro años, por lo que miles de colombianos vieron cómo su dinero rendía cada vez menos.

«El 50% de los bogotanos viven en arriendo. Eso quiere decir que cada vez las propiedades que hay en el stock de disponibilidad son menos y los habitantes de las grandes ciudades tienen que acceder más a figuras como el arrendamiento», dice Carlos Benavides, activista colombiano por el acceso a la vivienda.

Uno de los grupos más golpeados por esta realidad es el de los jóvenes. Para empezar a cambiarla, el Estado colombiano implementó el programa Jóvenes Propietarios, lanzado como respuesta al estallido social de 2021. Hablamos de un programa del Estado y el Fondo Nacional del Ahorro que busca facilitar la compra de una vivienda a jóvenes entre 18 y 28 años, brindándoles opciones de financiamiento adecuadas a sus necesidades.

Para aplicar a este programa, las personas solo deben cumplir con el rango etario. Tener ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos vigentes, no ser propietario de una vivienda y no ser beneficiario de otro programa gubernamental con subsidio de vivienda. El monto crediticio depende de la capacidad de pago de la persona y del costo del inmueble. No obstante, suele cubrir hasta el 80-90% del valor de este último. La tasa de interés del programa puede llegar hasta el 12.3% en algunos casos. Aunque suele ser del 6.8%, menos de la mitad de la que ofrecen los bancos privados.

Estas son algunas de las razones que explican que Jóvenes Propietarios, que en 2023 pasó a llamarse Generación FNA, haya tenido resultados exitosos. Y es que para agosto de 2022, un año después de su lanzamiento, la iniciativa ya había aprobado 17.078 créditos.

Una de las personas beneficiadas fue Mónica Rivera, quien logró comprar su primer apartamento a los 28 años. «Siempre digo que es una muy buena oportunidad. Pero también influyó mucho mi condición de tener un salario que me diera la oportunidad de estar en el lugar donde estoy», dice.

En efecto: si bien el programa está disponible para jóvenes de escasos recursos, esto no significa que todos tengan la misma posibilidad de acceder a su crédito. Como explica el experto en vivienda Axel Murillo, más que un programa social, Jóvenes Propietarios es un producto financiero. Por lo que «los jóvenes van a encontrar barreras para acceder».

Estas barreras suelen dejar atrás a una gran cantidad de jóvenes con empleos informales o autónomos. Por eso, Murillo señala la necesidad de construir un marco jurídico que reconozca abiertamente las necesidades específicas de los jóvenes. Así como incluir en el programa a más entidades financieras que brinden tasas preferenciales a los jóvenes. Además, plantea que la Ley de Vivienda y Hábitat amplíe el rango de personas jóvenes hasta los 35 años.

Esto último beneficiaría a un número importante de personas entre los 29 y los 35 años. Que pese a ser jóvenes también, ahora mismo cuentan con menos recursos para acceder a una vivienda. Como William Botia, un joven trabajador independiente que aplicó a créditos hipotecarios dos veces, sin suerte.

Pese a estas áreas de mejora, lo cierto es que Jóvenes Propietarios / Generación FNA ha impactado positivamente la vida de miles de jóvenes colombianos. Que, como Rivera, ya son dueños de sus propias casas. Pero sobre todo, puede haber abierto un camino a la hora de pensar programas sociales desde el Gobierno o el Estado. Como explica Carlos Benavides, este proyecto logró «focalizar una política pública para incluir en una solución de vivienda a un grupo específico, en este caso a los jóvenes. Eso no se había visto anteriormente».

Sentando las bases de la vivienda del futuro

En los últimos años se ha escrito ampliamente sobre el problema de la falta de acceso a la vivienda para las personas jóvenes, sus causas, impactos y consecuencias a futuro. Aun así, organismos internacionales, gobiernos y expertos en vivienda reconocen que existe un vacío de información oficial y contrastada sobre el tema.

Por eso, Tania Gallegos, del BID, señala la importancia de recabar información que permita entender el problema como algo regional y establecer objetivos conjuntos. «A veces esos objetivos comunes que deberíamos tener en nuestras políticas no siempre son coherentes. Y la calidad de la información no siempre es adecuada», dice.

Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), coincide con Gallegos. Considera que «es difícil hacer políticas cuando no conoces un problema». No obstante, Emanuelli ve esperanza más allá de los modelos tradicionales de acceso a la vivienda. Que endeudan a las personas por 30 años e imaginan la vivienda únicamente como un producto financiero.

Desde su experiencia, organizaciones comunitarias, barrios y los mismos ciudadanos han encontrado muchas respuestas a la crisis basadas en la organización y la autonomía. En vez de esperar a que el Estado intervenga. «Las políticas y las leyes que se han logrado son fruto de muchos esfuerzos, de mucha movilización, de mucha pelea», dice.

Porque sí. La evidencia de estos proyectos muestra que la respuesta a la falta de vivienda para jóvenes, mujeres, personas LGBTI+ y otras poblaciones vulnerables no está en la experiencia de casos aislados, sino en un ejercicio constante y colectivo de pensar dónde y cómo queremos vivir.

(*) Esta investigación fue realizada por la 7ma Generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y ya está disponible en la web.

La entrada Así Latinoamérica intenta convertir a jóvenes sin vivienda en jóvenes propietarios se publicó primero en +COMUNIDAD.

Originada en Nueva York en la década de 1980, se trata de una metodología de intervención social que reconoce la falta de vivienda como la causa principal de muchas de las dificultades que enfrentan las personas sin hogar, incluyendo las alteraciones en la salud mental y física, la adicción y la delincuencia. En lugar de tratar antes estos problemas, “Vivienda Primero” se dirige directamente a la necesidad más apremiante: vivir en una casa. 

El enfoque se basa en la idea de que todas las personas merecen un hogar seguro y estable, y se aleja del modelo tradicional de alojamiento temporal y de emergencia como la principal respuesta ante la falta de vivienda. De hecho, considera que es un derecho humano y una condición previa –y necesaria– para la inclusión social. 

“La vida en la calle se reduce a un ámbito muy pequeño: la supervivencia. Uno de los problemas que existe ahora mismo en los servicios sociales que se ocupan de las personas sin hogar es que se las motiva poco para cambiar a mejor. Si desde el primer momento le das una vivienda a esa persona, le va a interesar mucho participar para mejorar su vida”, asegura Sam Tsemberis, psicólogo clínico creador de “Housing First”. 
En el mundo hay cada vez más programas basados en esta visión. Ciudades de Estados Unidos, Francia, Finlandia y Austria comprobaron reducciones de “sinhogarismo”. Latinoamérica, Chile lleva la delantera en la adopción de la estrategia.

En colaboración con organizaciones

Combinado con un paquete flexible de apoyo adaptado a sus necesidades, “Vivienda Primero” busca proporcionar a las personas en situación de calle un hogar lo más rápido posible. Y esto debe ser –según sus propulsores– de forma independiente a su situación laboral, adicciones o trastornos de salud mental. 

El enfoque se puso en práctica en Francia por primera vez en 2011 mediante un proyecto piloto para cuatro ciudades. Tras los primeros resultados exitosos con personas que sufrían enfermedades psiquiátricas, el plan se extendió en 2017 a 23 gobiernos locales. Y allí fue el turno de Lyon, cuya experiencia hoy es reconocida internacionalmente. 

El éxito de “Housing First” depende en gran parte de la colaboración entre los gobiernos locales con otras agencias. Así, la idea es trabajar con una amplia gama de organizaciones para conseguir viviendas compartidas, apoyo financiero, atención médica y otros servicios para ayudar a las personas a recuperar su independencia. 

Gracias a esas condiciones, Lyon  cuenta con una importante oferta de vivienda social pública agrupada en un polo metropolitano. La ciudad estableció como grupos prioritarios a personas durmiendo en la intemperie, en refugios o alojamientos temporales; en riesgo de quedarse sin techo al ser dadas de alta de una institución; aquellas que viven temporalmente con familiares o amigos por falta de alternativas; y a personas viviendo en casillas improvisadas. 

Según los informes, en su primer año, el programa “Logement d’Abord” (Vivienda Primero, en francés) ha sido muy efectivo en Lyon. Ayudó a alojar a más de 400 personas sin hogar y la ciudad estableció objetivos para ampliar la estrategia: 

• Reducir a la mitad el número de personas en situación de calle.
• Proporcionar a cada joven sin hogar una solución habitacional y el apoyo que necesita para independizarse.
• Garantizar que nadie salga de una institución de internado sin una solución de vivienda.
• Detener los desalojos de viviendas públicas y privadas por problemas económicos o psicosociales sin la provisión de viviendas alternativas. 

La vivienda en la experiencia finlandesa

En 2007, el gobierno de Finlandia puso en marcha el modelo “Housing First” para acabar por completo el flagelo del “sinhogarismo”. Tras partir de una base de cerca de 20.000 personas contabilizadas en esa situación, en 2021 ya eran menos de 5.000. Y las autoridades esperan que el número se reduzca a cero para 2027. 

Desde que empezó a implementar la metodología, las ciudades finlandesas fueron eliminando poco a poco los refugios temporales. Siempre con la idea de que las personas “sólo serán capaces de rehacer sus vidas cuando tengan una vivienda permanente”.

“Solíamos pensar que la gente necesitaba estar sobria de alguna manera para poder vivir en un piso. Pero luego cambiamos eso: necesitas un apartamento para estar sobrio”, reflexionó el alcalde de Helsinki, Jan Vapaavuori.

Si bien el programa requiere altas inversiones por parte del Estado, el gobierno asegura que tiene efectos positivos para la economía del país. Además de que en Finlandia las personas beneficiadas abonan una parte de sus alquileres, se constató que al haber menos familias en las calles, se reduce el uso de servicios como emergencias, policía y asuntos judiciales. Todo ello se traduce en un ahorro y un gasto público más eficiente. 

¿Tenés una historia para contar sobre tu pueblo o ciudad? En +Comunidad nos gustaría conocerla y publicarla. Contactanos.

^{Imagen principal: Home Silk Road and Housing First, Lyon, Francia. Foto: UIA Initiative EU.}
Redacción +Comunidad.

La entrada “Vivienda Primero”, una innovación en el diseño de políticas y servicios para personas sin hogar se publicó primero en +COMUNIDAD.

En Tlajomulco de Zúñiga (Jalisco, México) el acceso a una vivienda digna y asequible se estaba convirtiendo en un problema importante para muchos de sus habitantes. El costo de vida en la ciudad se incrementó durante las últimas décadas, haciendo que cada vez más personas no puedan comprar o construir una casa propia. Además, la pandemia de coronavirus empeoró la situación económica de miles de familias, agravando aún más los conflictos habitacionales. 

Para abordar la situación, el gobierno local inició en abril de 2019 el programa “Renta tu Casa”. Se trata de la primera iniciativa municipal en México orientada a convertir casas vacías –de propiedad privada– en viviendas de alquiler a bajo costo para grupos vulnerables. Entre ellos, se encuentran gente en situación de calle, víctimas de violencia doméstica, adultos/as mayores, personas con discapacidad y migrantes. 

¿Cómo funciona el programa?

“Renta tu Casa” conecta a quienes tienen una casa disponible para alquilar con aquellas que buscan un lugar donde vivir. La solución está pensada con un doble beneficio: combatir la crisis habitacional y generar ingresos extra para locadores. Para asegurarse de que las viviendas ofrecidas sean seguras, el municipio requiere que se cumplan con ciertos requisitos, como tener los servicios básicos en orden y mantener la estructura en buenas condiciones. 

El gobierno de Tlajomulco de Zúñiga paga a los propietarios una renta pactada a precio de mercado por mes, dependiendo del tamaño, las características y la ubicación del inmueble. El pago se realiza incluso si la casa queda desocupada mientras está en el programa, de modo tal que los dueños tengan asegurado un ingreso para abonar su hipoteca u otros gastos. Al final del contrato de alquiler, pueden optar por renovar o abandonar el programa. 

La persona beneficiaria, en tanto, debe hacer una contribución mensual reducida (de 350 pesos mexicanos, a marzo de 2023; 17 dólares) y cumplir cinco horas de trabajo comunitario. Esto es así ya que el programa también apunta a rehabilitar casas abandonadas que se encuentran en mal estado.

Una solución premiada

Según las estimaciones del gobierno de Tlajomulco, en 2023 el programa “Renta tu Casa” alcanzará los 4.680 subsidios. “Seguiremos apoyando a familias sin hogar en situación de vulnerabilidad social y enfrentando un problema que tenemos como es el de la vivienda deshabitada”, aseguró el alcalde local, Salvador Zamora Zamora. 

La estrategia de esta ciudad, ubicada en el área metropolitana de Guadalajara, obtuvo recientemente el tercer lugar en el certamen World Habitat, realizado en coordinación con ONU Hábitat. Tlajomulco de Zúñiga obtuvo una medalla de bronce entre 115 programas de vivienda postulados, y fue el primer proyecto mexicano en 10 años en recibir una distinción en esa categoría.

“Uno de los grandes beneficios es poner en la mira la política pública que estamos desarrollando. También que se identifique la problemática que se está viviendo en Tlajomulco y en todo México, de tener miles de viviendas vacías y gente en las calles. Así queremos innovar y generar sinergias con diferentes actores, consolidando el proyecto a través de recursos y alianzas”, evaluó Andrés Ampudia Farías, director de Vivienda en el Ayuntamiento.

Entre 2019 y 2022, el programa benefició a más de 260 personas en situación de vulnerabilidad social con 85 viviendas en diferentes barrios de la ciudad. La mayoría de las personas solicitantes son mujeres y adultos mayores que corrían riesgo de desalojo. Así, el objetivo es cubrir la mayor cantidad posible entre las 77.000 viviendas deshabitadas en el municipio. 

Bajos costos municipales

“Renta tu Casa” es, hasta ahora, un programa sostenible para las arcas municipales de Tlajomulco de Zúñiga. Si bien el gobierno local financia la totalidad del programa, representa el 0,06% de su presupuesto total (1,5 millones de pesos mexicanos en 2021). 

El Ayuntamiento ha recuperado cerca del 24% de los costos gracias a las contribuciones mensuales de alquiler de los beneficiarios y los pagos de atrasos a la autoridad por parte de propietarios. Aun así, las autoridades locales esperan atraer financiamiento adicional de fundaciones y organizaciones internacionales. Por caso, se encuentra en negociaciones con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para que refugiados y migrantes puedan participar del programa. 

Hasta ahora, el éxito de “Renta tu Casa” permitió que otras ciudades en el área metropolitana de Guadalajara repliquen la estrategia. Incluso otras localidades más alejadas del país, como Monterrey. Según el gobierno de Tlajomulco, la idea es expandir el programa mediante la creación de una Agencia Pública Inmobiliaria de Alquiler Social a nivel regional.

¿Tenés una historia para contar sobre tu pueblo o ciudad? En +Comunidad nos gustaría conocerla y publicarla. Contactanos.

^{Imagen principal: “Renta tu Casa”}
Redacción +Comunidad. 

La entrada “Renta tu Casa”: un programa de alquileres sociales premiado por hacer frente a la crisis habitacional se publicó primero en +COMUNIDAD.