En el centro de la provincia de Córdoba, cuando el invierno empieza a ceder, el aire de las Sierras Chicas trae un frío seco que se mete en las hendijas de las casas. En muchos de esos hogares, antes de que aclare, la rutina es un engranaje silencioso: preparar una mamadera, abrigar a un cuerpo pequeño que todavía duerme, calcular los tiempos para llegar al trabajo. Durante décadas, esa escena perteneció estrictamente al ámbito de lo privado, a la soledad de las familias y, en la mayoría de los casos, de las mujeres.

Hay una edad en la que el mundo se mide en semanas, en centímetros y en la presencia constante de alguien que sostenga. Entre los 45 días y los 3 años, el cerebro humano traza las conexiones que definirán la capacidad de aprender, de vincularse y de habitar la sociedad. Sin embargo, en Argentina, esa franja vital suele ser imperceptible: demasiado pequeña para la escuela obligatoria, costosa para las economías de las familias de clase media baja o baja, y casi invisible para la infraestructura pública. 

Entre fines de 2025 y comienzos de 2026, Villa Allende y Despeñaderos, en Córdoba, y Godoy Cruz, en Mendoza, demostraron que el cuidado de los niños y niñas de cero a cinco años es mucho más que un asunto doméstico, sino una responsabilidad pública y una piedra angular del desarrollo local. Estas tres ciudades recibieron el Sello de Primera Infancia, otorgado por la Red de Innovación Local (RIL), por haber convertido el cuidado de la primera infancia en una política pública planificada, medible y sostenida.

La llegada del Día del Niño o Día de las Infancias cada agosto en Argentina abre una oportunidad valiosa para poner los derechos y las necesidades de los más chicos y chicas en el centro de la conversación ciudadana. La experiencia de estos municipios muestra cómo canalizar esa corresponsabilidad colectiva a través de políticas públicas donde la contención, el juego, la nutrición y el acompañamiento temprano se consolidan como un derecho. 

Villa Allende y la reorganización del cuidado infantil

En Villa Allende, los jardines municipales del Centro de Atención Integral del Niño y del Adolescente (CADINA) tienen más de tres décadas de trayectoria. Históricamente, su enfoque estuvo centrado en atender a niños y niñas de cuatro y cinco años. Sin embargo, un diagnóstico territorial profundo realizado en 2024 expuso una paradoja: la cobertura para la franja de 45 días a 3 años (la etapa más sensible del desarrollo cognitivo y emocional) era prácticamente inexistente a nivel público local.

Al sumarse al programa Ciudades de la Primera Infancia y Salud Perinatal de RIL Argentina, el equipo municipal e interdisciplinario de educación, promoción social y salud diseñó una transición progresiva. Para lograrlo, articuló con la Provincia de Córdoba el traspaso de las salas de cuatro años (2025) y de tres años (2026) a las escuelas provinciales. Ese movimiento liberó los espacios de CADINA y permitió especializarlos en la franja de 0 a 3 años.

Con el acompañamiento técnico de la Fundación Navarro Viola y RIL Argentina, los centros renovaron su modelo pedagógico integrando nutrición, desarrollo afectivo y participación comunitaria. Para evitar que las trayectorias infantiles se descontinuaran, la ciudad implementó un Tablero de Gestión Social. En enero de 2026, la herramienta ya organizaba la información de 4.384 personas, monitoreaba 454 intervenciones activas y registraba 21.409 prestaciones sociales.

El impacto fue inmediato: 150 niños y niñas de 128 familias ingresaron por primera vez a un espacio público de estimulación y cuidado temprano. Desde el equipo municipal de Desarrollo Social, liderado por Andrea Legardón, describen este hito de la siguiente manera: 

“Uno de los principales logros fue consolidar el trabajo articulado y poner a la primera infancia en el centro de la agenda municipal. También fortalecimos el acompañamiento a las familias, los espacios educativos y comunitarios y las acciones de promoción y prevención. El trabajo conjunto nos permitió ampliar la mirada y entender que acompañar a la primera infancia requiere del compromiso de toda la comunidad”. 

Despeñaderos y la economía circular aplicada a la infancia

En localidades de escala intermedia o pequeñas, como Despeñaderos, muchas veces el desafío suele ser cómo optimizar los recursos y evitar que las familias queden atrapadas en la fragmentación de programas nacionales, provinciales y municipales. Por eso, en la localidad, la decisión política consistió en unificar todas las intervenciones destinadas a la niñez bajo una única estrategia municipal.

El hito más innovador de esta estrategia es el Programa Corazones que Cuidan. En un mismo espacio, el municipio logró cruzar tres agendas habitualmente desconectadas: primera infancia, perspectiva de género y economía circular. A través de esta iniciativa, premiada con el primer puesto en el Premio Iberoamericano a las Buenas Prácticas Locales con Enfoque de Género de la UIM, mujeres que cuidan a personas con discapacidad encuentran contención. Y, al mismo tiempo, fabrican elementos didácticos y kits de estimulación temprana utilizando telas y materiales reciclados.

Esos juguetes sustentables alimentan a las salas cuna y centros de salud del municipio, cerrando un circuito donde el cuidado genera empleo, reduce residuos y abastece a la red pública. La articulación permitió que el seguimiento de los indicadores de desarrollo infantil fuera compartido por el centro de salud, las salas cuna y las escuelas primarias, y hoy alcanza de forma directa a 536 niños y niñas de 0 a 5 años.

El equipo municipal de Desarrollo Social de la localidad destaca que su participación en el programa Ciudades de la Primera Infancia y Salud Perinatal, les permitió desarrollar y fortalecer diferentes acciones destinadas  a la primera infancia. Sobre el Sello de Primera Infancia, desde la secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Micaela Becerra, expresan: 

“Para nosotros haber obtenido el sello por el trabajo en primera infancia significó un importante reconocimiento al compromiso y esfuerzo del equipo. Permitió visibilizar el trabajo realizado, valorar los avances logrados y fortalecer el compromiso de seguir mejorando las intervenciones y políticas públicas destinadas a la primera infancia”.

Godoy Cruz: datos territoriales para liberar el tiempo de las mujeres

El municipio mendocino de Godoy Cruz puso la lupa sobre las manos que cuidan y allí la radiografía fue clara: la ausencia de espacios públicos de crianza actuaba como una barrera invisible pero feroz que obligaba a cientos de madres jóvenes a interrumpir sus estudios o abandonar el mercado laboral, perpetuando círculos de vulnerabilidad.

Para afrontar esta problemática el municipio creó la Mesa Local de Primera Infancia, una articulación entre las áreas de Infancia, Educación, Salud, Nutrición, Deportes, Empleo, Hacienda y Jefatura de Gabinete. La inclusión de Hacienda y Empleo no fue al azar: garantizó que cada acuerdo de cuidado cuente con su respectiva partida presupuestaria y con una mirada explícita sobre la inserción laboral de las familias.

El modelo promueve una corresponsabilidad efectiva entre el Estado, los hogares y la comunidad. Un ejemplo concreto de esta red es La Estación, un espacio lúdico y educativo implementado junto a organizaciones de la sociedad civil como Asociación EDELIJ y la Fundación Antisopa. Allí, el juego se aborda no sólo como un entretenimiento, sino como un derecho y una herramienta de estimulación temprana.

Al cruzar en tiempo real las bases de datos de salud, asistencia social y educación, Godoy Cruz logró anticiparse a las crisis familiares antes de que se profundicen, liberando tiempo de calidad para las cuidadoras y mejorando los indicadores de salud infantil. Noelia Roca, de la Dirección de Desarrollo Social, y su equipo comenta que esta experiencia reafirmó que medir la desigualdad de género en la crianza es el primer paso para diseñar políticas de escala que devuelvan autonomía a las familias:

“Además, el trabajo sobre la corresponsabilidad en los cuidados ha sido un eje central. Pudimos instalar este tema como parte de las acciones que se desarrollan en nuestra secretaría, promoviendo que el cuidado de niñas y niños sea asumido de manera compartida entre las familias, la comunidad y el Estado, evitando que esta responsabilidad recaiga exclusivamente sobre las mujeres”.

Voluntad y capacidad para leer el territorio

En esa trama de acompañamiento técnico y diseño metodológico, el trabajo con organizaciones de la sociedad civil ayudó a tender puentes entre el diagnóstico de gestión y la vida cotidiana de las familias en los barrios. Para Paz Porres, líder de proyecto del programa Primera Infancia y Salud Perinatal de RIL Argentina, el punto de partida es leer el cuidado como parte del desarrollo local: “Invertir en estos temas no es solo una decisión de gestión social; es una estrategia estructural de desarrollo local. Cuando un municipio logra reorganizar sus áreas y trabajar en interdisciplinas, el impacto se multiplica en el territorio”.

Ese impacto, agrega, se apoyó en herramientas concretas: “Desde el programa acompañamos a los equipos locales para potenciar esa cooperación intersectorial, brindando herramientas de diagnóstico y tableros de datos que transforman la intuición en decisiones precisas. Casos como los de Villa Allende, Despeñaderos y Godoy Cruz demuestran que cuando hay lectura real del territorio, articulación de áreas y datos para decidir, la primera infancia deja de ser un asunto privado y se convierte en una verdadera política de Estado”.

El recorrido de las tres ciudades comparte una condición de base: ninguna necesitó soluciones extraordinarias ni presupuestos inalcanzables. En Villa Allende, Despeñaderos y Godoy Cruz el punto de partida fue reorganizar y conectar lo que ya existía —espacios, equipos y datos— y sostener esa articulación en el tiempo.

Imagen principal: ASphotostudio por ASphotofamily.

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Por Mariana Foglia y Sofía Castro,
Ciudades por la Seguridad en RIL (*)

En 2024, la provincia de Córdoba puso en marcha un nuevo paradigma en seguridad ciudadana que promueve la articulación entre el Estado provincial, los gobiernos locales y el sector privado para desarrollar soluciones más eficientes. El cambio normativo tiene como eje central a los municipios y comunas: ya son 107 los que crearon sus propias Guardias Locales de Prevención y Convivencia, y más de 300 los que adhirieron a la nueva Ley de Seguridad Pública (Ley N° 10.954), sancionada a fines de 2023. La cifra representa el 85% de la población provincial. 

Lejos de deslindar responsabilidades, esta política reconoce el rol clave que tienen los gobiernos locales como primera línea en la prevención del delito. A través de la ley, se facilita la provisión de recursos provinciales como tecnología de videovigilancia, equipamiento y vehículos para los nuevos cuerpos de seguridad. También se fomenta la adopción de programas de participación ciudadana exitosos como Ojos en Alerta.

La prevención es la parte que les compete a los gobiernos locales en la coproducción de seguridad ciudadana. Para que sea sostenible, necesitan algo más que recursos materiales: requieren también de herramientas para profesionalizar a sus equipos técnicos, realizar diagnósticos más certeros y diseñar planes estratégicos para ordenar, priorizar y tomar decisiones basadas en evidencia.

Por eso, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Seguridad de la Provincia implementó junto con RIL el programa Ciudades por la Seguridad. En 2024, la propuesta acompañó a 25 gobiernos locales, incluidas ciudades grandes como Córdoba Capital, Villa María, San Francisco y Río Cuarto. Se trata de un recorrido donde los equipos locales reciben asistencia técnica desde el diagnóstico a la planificación y el monitoreo de metas de seguridad, con el foco puesto en generar capacidad instalada y el trabajo en red. En 2025, el programa se expandirá a 40 ciudades más.

Para cualquier gobierno local que busque fortalecer su estrategia local de seguridad, esta experiencia ofrece una guía valiosa. ¿Cuáles fueron sus mayores desafíos? ¿Qué aprendieron en el camino? ¿Qué logros alcanzaron? Estas preguntas nos ayudan a entender y compartir las claves de su transformación.

Innovación y planificación en seguridad

A través del recorrido del programa Ciudades por la Seguridad, los municipios participantes dieron un gran paso hacia una gestión de la seguridad más estratégica y eficiente al crear sus propios Planes de Seguridad Local. Esta hoja de ruta, pensada a cuatro años, incluye la visión del intendente, ejes estratégicos, objetivos, metas claras e indicadores para medir los avances en el tiempo.

Para dar seguimiento al Plan, los municipios crearon un tablero de monitoreo que les permite medir el progreso, identificar demoras y ajustar la gestión. Mantenerlo actualizado asegura que las estrategias de seguridad no queden sólo en planes, sino que se traduzcan en mejoras reales, sostenibles y transparentes.

El punto de partida para que cada gobierno local participante alcance su Plan de Seguridad fue un autodiagnóstico de capacidades locales. Se trata de una herramienta de autoevaluación diseñada con un panel de expertos, que les permitió medir su estado o línea de base en materia de gestión de la seguridad local. 

¿Cuentan con un área de seguridad en su estructura orgánica? ¿Realizan encuestas de victimización y percepción sobre seguridad? ¿Promueven instancias de participación ciudadana en la materia? Estas son sólo algunas de las 58 preguntas en seis grandes temas que permitió a cada equipo identificar fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora. Esta herramienta es de carácter abierto y  accesible a través del portal de  RIL, y procura identificar cuales “No” podemos transformar en “Sí”.

La experiencia en ciudades de Córdoba

Transformar los “No” en “Sí” implica reconocer lo que falta y animarse a construirlo. Así lo hicieron, por ejemplo, en Arroyito, donde crearon una Secretaría de Seguridad Ciudadana, separando sus funciones de las de seguridad vial para abordar de manera más focalizada la prevención del delito y la protección comunitaria. O en Estación Juárez Celman, donde el equipo municipal creó una Dirección de Seguridad Ciudadana que integra dispositivos de emergencia y estrategias preventivas para fortalecer la respuesta ante incidentes. Se trata de aprendizajes que surgen al revisar capacidades institucionales y poner de relieve la importancia de contar con  áreas municipales especializadas y equipos formados en las mejores prácticas. 

En la siguiente etapa del programa, el desafío fue mejorar la recolección y análisis de datos sobre seguridad. Para ello, se asistió a los equipos para identificar los principales factores de riesgos socio-delictuales y qué programas municipales funcionan como factor de protección. La verdadera innovación del proceso radicó en acelerar la articulación multiagencial dentro de cada municipio, facilitando un trabajo conjunto para definir prioridades y abordar la seguridad de manera más integral. 

Para ello, las áreas de Seguridad trabajaron en conjunto -muchas por primera vez- con otras dependencias como Desarrollo Social, Cultura, Espacios Públicos o Educación para pensar la problemática desde su complejidad. También unificaron estadísticas dispersas para tener una visión más clara considerando no sólo la información criminal, sino múltiples datos que permiten entender el problema desde sus causas.

En algunas ciudades como San Francisco y Malagueño esta búsqueda por unificar datos delictuales dispersos derivó en la creación y fortalecimiento de sus propios Observatorios de Seguridad Municipales. Estos espacios contribuyen a la profesionalización técnica y continua del análisis de datos para la planificación de políticas locales. 

En la ciudad de Córdoba, en tanto, se realizó un arduo trabajo en la unificación de registros provenientes de diversas áreas municipales. Por ejemplo, las denuncias por violencia de género, la identificación de espacios con presencia de personas en situación de calle y el mapa de intervenciones de la Guardia Urbana Municipal. 

En municipios como Marcos Juárez y Villa Allende, los espacios de diálogo multiagencial fomentaron la cooperación entre distintos niveles gubernamentales y actores comunitarios. En ciudades como Cosquín, incluso se sumó personal policial a estos talleres, aportando su mirada y debatiendo con secretarios municipales de distintas áreas.

Aprendizajes para una gestión más eficiente: formación y trabajo en red

Convencidos de que la innovación va de la mano de la inspiración, los referentes de seguridad ciudadana comenzaron a formar parte de la “Comunidad Seguridad”. Se trata de un espacio de aprendizaje entre pares que ya se extendió a 84 ciudades de 14 provincias argentinas. El objetivo: una red colaborativa nacional que acelere el intercambio de buenas prácticas y soluciones para desafíos comunes. Allí se canalizan capacitaciones con expertos nacionales e internacionales, siendo la formación para la acción a través de la Academia de Seguridad de RIL un pilar del programa.

A la hora del balance, una de las grandes lecciones de esta experiencia es que una planificación más efectiva demanda pensar la seguridad más allá del delito para que los gobiernos locales puedan llegar antes de que el mismo ocurra. Integrar datos sobre acceso a la salud, consumos problemáticos, deserción escolar, desarrollo humano, denuncias por violencia de género y condiciones del espacio público hace la diferencia entre la prevención temprana y la reacción tardía. 

Otro aprendizaje clave fue la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la prevención del delito. Morteros, por ejemplo, llevó a cabo un Taller de Medidas Preventivas de Seguridad dirigido a personas mayores, demostrando la importancia de integrar a la comunidad en las estrategias de seguridad, promoviendo la corresponsabilidad de la seguridad y fortaleciendo la cohesión social.

La planificación estratégica demostró ser un factor determinante en la efectividad de las políticas de seguridad. En municipios como Tanti y Río Cuarto, la implementación de tableros de monitoreo ha permitido seguir en tiempo real la evolución de los programas en curso y realizar ajustes en función de los resultados obtenidos.

Este enfoque ayuda a medir resultados y, al mismo tiempo, permite que lo urgente no le quite tiempo a lo importante. Al contar con información clara, los equipos de gobierno pueden tomar decisiones estratégicas con mayor precisión, priorizar intervenciones efectivas y asegurar que la seguridad ciudadana sea abordada con planificación, datos y resultados concretos.

Un camino de mejora continua para todos los municipios 

Los avances registrados en Córdoba confirman que la seguridad local exige un enfoque integral y colaborativo, donde confluyen la planificación basada en datos, la articulación multiagencial y la participación comunitaria. Si bien planificar implica un cambio cultural y enfrentar resistencias de áreas de gobierno que tienden a funcionar como compartimentos estancos, es posible avanzar hacia una lógica más coordinada y estratégica. 

La experiencia de estos municipios demuestra que, incluso con recursos limitados, se pueden impulsar transformaciones significativas cuando se trabaja con información, se promueve la cooperación entre sectores y se invierte en la formación continua de los equipos. Todo esto con el horizonte de dejar un legado duradero de mayor seguridad para la ciudadanía. La clave radica en la implementación de metodologías basadas en evidencia, el fortalecimiento de la gobernanza local y la construcción de redes de colaboración sostenibles en el tiempo.

El cierre del programa 2024 no marca un punto final, sino un nuevo punto de partida para seguir fortaleciendo la experiencia que vivirán 40 nuevos gobiernos locales de Córdobaen 2025. Es una experiencia que invita a otras provincias del país a nutrirse de este enfoque de seguridad basada en la corresponsabilidad entre niveles de gobierno para alcanzar comunidades más seguras, resilientes y participativas.

Lecciones desde Colombia sobre la planificación en seguridad local  

Como parte del programa, una de las expertas invitadas en 2024 fue Melissa Franco García, consultora internacional en planificación de políticas de seguridad y exsecretaria del Interior de Bucaramanga, Colombia. Durante un webinario, compartió una experiencia muy valiosa desarrollada en su país. 

En Colombia, desde 1993, a partir de la sanción de la Ley Nacional N.º 62, se estableció la obligación de que alcaldes y gobernadores, en conjunto con la Policía Nacional, diseñen y ejecuten planes integrales de seguridad en sus territorios. Estos planes, conocidos como Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), son requisitos indispensables para acceder a recursos logísticos y financieros por parte del gobierno nacional.

Esta política resalta la importancia de la planificación estratégica en materia de seguridad, y para ello, a lo largo de los años, Colombia ha desarrollado una guía metodológica común que permite a todos los municipios formular sus planes de manera homogénea, utilizando un mismo formato en todo el país. 

Además, los planes deben cargarse en un sistema nacional de seguimiento. Esto obliga a los municipios a mantener la información actualizada y accesible, tanto para otros funcionarios como para la ciudadanía. Esto refuerza la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales. Los PISCC incorporan buenas prácticas internacionales y están diseñados para trascender gestiones políticas, combinando metas de corto y largo plazo que pueden sostenerse entre administraciones.

La experiencia de Colombia, así como la de Córdoba, demuestra que cuando existe voluntad política, acompañada por herramientas normativas claras y sistemas de seguimiento eficientes, es posible lograr una transformación profunda en la manera en que se gestiona la seguridad desde lo local.

(*) Mariana Foglia es coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad en la Red de Innovación Local (RIL). Sofía Castro se desempeña como facilitadora en el mismo programa. 

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