Por Kátia Mello (*)

Desde los años 2000, se han registrado cambios en los patrones de lluvias, que ahora son más intensas y frecuentes, aumentando la incidencia de eventos climáticos extremos. No podemos olvidar las tragedias ocurridas en los últimos años en varios estados como Pernambuco, Bahía, São Paulo, Acre y Río de Janeiro (N. de la R.: al momento de la publicación original de este artículo, en 2023, no habían sucedido otros desastres asociados a inundaciones, como las registradas entre abril y mayo de 2024 en Río Grande del Sur).  

En febrero de 2022, en un solo día, se produjeron aproximadamente 775 deslizamientos de tierra y 233 muertes en Petrópolis, un municipio de la región serrana de Río de Janeiro. La crisis climática, resultado de una economía basada en la emisión de gases de efecto invernadero, plantea enormes desafíos para la gestión territorial.

Ciudades brasileñas en riesgo

Según un estudio de MapBiomas, por cada 100 km² de aglomerados subnormales —como el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) denomina a las favelas—, 15 km² fueron construidos en áreas de riesgo (N. de la R.:  a partir de 2024, el IBGE volvió a utilizar el término “favelas” en los censos). Estas áreas se caracterizan por ubicarse en pendientes pronunciadas, tener suelos inestables y carecer de infraestructura adecuada de drenaje, como escaleras hidráulicas. MapBiomas indica que las ciudades con más áreas de riesgo en Brasil son Salvador (Bahía), Ribeirão das Neves (Minas Gerais), Jaboatão dos Guararapes (Pernambuco), São Paulo (São Paulo) y Recife (Pernambuco).

Todos los años, el agua cae por callejones y laderas, y encuentra un camino para descender. Hoy son necesarias intervenciones en esos territorios para controlar el flujo del agua, evitando que arrastre viviendas y personas, se infiltre en fisuras, provoque erosión y, en última instancia, deslizamientos en las laderas e inundaciones en las zonas bajas.

Las consecuencias son todavía más graves para las poblaciones que habitan en áreas vulnerables sin infraestructura adecuada. En especial, comunidades negras, indígenas y quilombolas, lo que refleja un escenario de desigualdad social y racismo ambiental. De acuerdo con el Instituto Locomotiva, en colaboración con Data Favela y la Central Única de Favelas (CUFA), la población negra representa el 67 % de los habitantes de las favelas, una cifra significativamente mayor que el 55 % estimado a nivel nacional.

Para promover la justicia climática, el respeto y la inclusión, el urbanismo social, combinado con un enfoque de gestión social integral, resulta clave para impulsar soluciones creativas e inmediatas que permitan una adaptación efectiva frente a la crisis climática.

Gestión integrada para una respuesta eficaz

Para enfrentar estos desafíos, es fundamental garantizar obras de infraestructura, implementar sistemas de drenaje y saneamiento básico, y realizar transformaciones que proporcionen seguridad y mejoren las condiciones de vida. Por ejemplo, instalar canaletas para dirigir el agua y reducir los riesgos de filtraciones, tapar baches para evitar infiltraciones y llevar a cabo otras mejoras relacionadas con el drenaje superficial.

El reto para la gestión del territorio radica en la ejecución de un planeamiento urbano preventivo y emergencial de forma sistemática y continua a lo largo del año, en varios frentes de actuación interligados y que están asociados a la gestión urbana, gestión de riesgos y social. 

Una visión integrada permite rediseñar los proyectos de urbanización de favelas para abordar de manera holística las demandas urgentes de cada territorio. Esto incluye el mapeo de riesgos, mantenimiento, obras estructurales e intervenciones para el reasentamiento, cuando sea necesario.

Las intervenciones en los territorios a través de alianzas público-privadas en Brasil necesitan ser actualizadas para crear soluciones de adaptación a la crisis climática que superen barreras burocráticas como presupuestos limitados para obras menores, discontinuidad política y demoras en la entrega de resultados.

Experiencias de urbanismo social

En 2016, la Municipalidad de Recife lanzó el programa “Mais Vida nos Morros“, una iniciativa para reurbanizar comunidades ubicadas en las colinas mediante la implementación de paisajismo, áreas de recreación y espacios de convivencia. En esta colaboración, la Municipalidad se encargó del equipo técnico de ingeniería, arquitectura y urbanismo. Los patrocinadores, por su parte, aportaron los materiales; y la comunidad asumió la mano de obra a través de sistemas de grandes “mutirones” (actividades grupales solidarias). 

Las 56 comunidades atendidas convirtieron este programa en una de las experiencias de urbanismo social de mayor escala territorial en Brasil, impactando directamente a más de 40.000 personas.

La Municipalidad de São Paulo, a través de la Secretaría Municipal de Vivienda (Sehab), ha realizado un trabajo significativo en áreas de vivienda precaria con obras de saneamiento destinadas a ampliar el acceso a agua potable y alcantarillado. Este proyecto incluye la gestión social y la educación ambiental junto a las comunidades, a cargo de la empresa Diagonal. El trabajo evidencia la importancia de las alianzas para la implementación de metas orientadas al desarrollo sostenible de los territorios.

La ciudad de Medellín (Colombia) se ha convertido en un referente gracias a su modelo de gestión basado en las Empresas Públicas para servicios de mantenimiento urbano, donde se implementó un modelo de gobernanza que busca unidad en la toma de decisiones. La mesa directiva está compuesta por el alcalde o alcaldesa de Medellín, cinco personas vinculadas al gobierno y tres especialistas que representan a los comités de desarrollo y control social de los servicios públicos domiciliarios. Este modelo ha generado inversiones y enormes transformaciones positivas en las favelas de la ciudad.

Un trabajo de mantenimiento proactivo

Existen caminos para la adaptación de los territorios en situación de vulnerabilidad ambiental frente a la crisis climática. Sin embargo, es urgente que la gestión pública adopte un enfoque más contundente y prioritario en el monitoreo de las áreas de riesgo. Integrar los procesos de urbanización de favelas, el seguimiento de riesgos y las acciones de mantenimiento urbano, junto con la implementación de equipamientos sociales estratégicos que permitan articular proyectos sociales integrados y fomentar la cocreación entre los diversos actores involucrados, constituye una estrategia de urbanismo social capaz de ofrecer respuestas más efectivas para lograr justicia ambiental en las grandes ciudades.

La propuesta es que las áreas urbanas en riesgo ambiental reciban inversiones y atención constante, al mismo nivel que los centros urbanos y las áreas turísticas. Estas son zonas y poblaciones que necesitan mayor cuidado. Es precisamente en las periferias donde se requiere un trabajo de mantenimiento proactivo. Desde esta perspectiva, se podrá abordar la urbanización de las favelas con la profundidad necesaria y la visión holística que permita a la población enfrentar la crisis climática con mayor seguridad.

(*) Kátia Mello es ingeniera civil y sanitaria, graduada en la UFPE, y fundó Diagonal junto con Álvaro Jucá en 1990. Como Responsable Técnica de la empresa, desarrolló propuestas innovadoras que contribuyeron a la formulación de políticas públicas, así como de sostenibilidad y responsabilidad social empresarial. También ha ocupado cargos de dirección y gestión en el gobierno de Pernambuco y en la Municipalidad de Recife, destacándose por su experiencia en gestión social integrada, gestión territorial y desarrollo territorial sostenible.

El artículo fue publicado originalmente en portugués en NexoJornal. Kátia Mello autorizó a +COMUNIDAD su traducción y publicación. 

^{Imagen principal: deslizamientos en Morro da Oficina, Petrópolis, en el verano de 2022. Foto: Tomás Silva / Agência Brasil.} 

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Por Guilherme Rocha Formicki (*)

Con lluvias cada vez más intensas y olas de calor más frecuentes, el debate sobre la necesidad de transformar nuestras ciudades en lugares más resilientes ante el cambio climático ha ganado fuerza. Otro debate, el de las ciudades sostenibles, es más antiguo y cobra nuevo impulso con los eventos climáticos recientes observados en Brasil, como la ola de calor de fines de 2023 que afectó a más de 2.700 municipios en unos 15 estados y la tormenta del 3 de noviembre de 2023 que golpeó a São Paulo, dejando a miles de hogares sin luz durante días.

Todas estas discusiones tratan sobre la urgencia de alcanzar un nuevo y más sofisticado nivel en nuestras ciudades. Hablamos de inversiones multimillonarias en el soterramiento de cables, discutimos la compra de autobuses eléctricos y abordamos muchas otras medidas necesarias, pero costosas. 

Defiendo que, además de todos estos pasos, debemos centrarnos en garantizar que todos puedan vivir en viviendas ambientalmente cómodas, fuera del riesgo de inundaciones y deslizamientos, y conectadas al saneamiento básico. Las ciudades resilientes y sostenibles son aquellas que, por encima de todo, ofrecen viviendas dignas a todos sus residentes.

Vivienda digna: una puerta a otros derechos

Ciertamente, ofrecer una vivienda digna para todo el mundo es una política pública costosa y compleja. Una tarea casi imposible. Pero debemos empezar por algún lugar. Recordemos que todos necesitan un lugar para vivir. Además, la vivienda abre la puerta a otros derechos. Por ejemplo, tener un código postal permite recibir correspondencia y paquetes. Vivir en una casa con buena ventilación e iluminación natural fomenta el aprendizaje de un niño al hacer sus tareas escolares.

Necesitamos garantizar lo básico. Las ciudades más resilientes y sostenibles deben ofrecer casas y barrios donde se pueda vivir con dignidad. Cuando miramos a los millones de personas que habitan favelas y otros asentamientos precarios en Brasil, notamos que nuestras ciudades no ofrecen este mínimo indispensable.

La experiencia de São Paulo

A principios de los años 2010, la ciudad de São Paulo implementó una política habitacional que intentaba lograr lo esencial. El Programa de Urbanización de Favelas no era una política exclusivamente habitacional. En su ámbito, se incluía el tratamiento de los arroyos que cruzan las favelas, la reubicación de viviendas en áreas de riesgo (con la previsión de relocalización definitiva en la propia comunidad o en sus cercanías) y la instalación de ciclovías donde el espacio físico lo permitía, entre otras acciones que iban más allá de la vivienda estrictamente.

La priorización de las favelas y sus arroyos en función de la subcuenca hidrográfica en la que se encontraban daba también una lógica ambiental a las intervenciones. El reconocimiento de que algunas familias corrían riesgos inminentes de que sus casas fueran arrasadas por inundaciones o afectadas por deslizamientos llevó a la priorización de esas familias en la asignación de una nueva vivienda. 

La consolidación de las demás casas (mejorando los callejones adyacentes, instalando postes de luz en las calles, etc.) partía del supuesto de que no había recursos suficientes para construir nuevas viviendas para todos los residentes (que, a menudo, no tenían interés en mudarse a conjuntos habitacionales lejos de su comunidad original). Entonces, se buscaba mejorar sus condiciones habitacionales.

Lecciones de un programa imperfecto pero necesario

Es claro que podría haber sido mejor. Faltó que el gobierno incentivara las reformas de las casas en áreas consolidadas, la llamada mejora habitacional. Faltó evitar que las orillas de los arroyos fueran reocupadas por las familias más vulnerables. Y faltó proporcionar viviendas a todas las personas desplazadas, muchas de las cuales llevan años en alquiler social.

Pero el Programa de Urbanización fue al menos un intento de ofrecer lo básico a decenas de miles de familias. Y de hacer que sus comunidades fueran más habitables, más resilientes a las lluvias y más saludables desde el punto de vista del saneamiento.

Hoy en día, se habla mucho de los programas ‘Minha Casa, Minha Vida‘ y ‘Pode Entrar‘. Es claro que deben implementarse. Pero deben integrarse en planes intersectoriales para mitigar los efectos del cambio climático. Deben precisar que nuestras ciudades contaminen menos. Y, antes que nada, necesitan garantizar lo básico.

(*) Guilherme Rocha Formicki es doctorando en Planificación Urbana y Regional en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo (FAU USP) e investigador del Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Arquitecto y urbanista, también formado en la FAU USP, cursó una maestría en Planificación Urbana en la Universidad de Columbia. Allí, recibió el premio Charles Abrams por su tesis, que mostró un mayor compromiso con la justicia social. Guilherme trabajó en la Secretaría Municipal de Vivienda de São Paulo entre 2014 y 2016, participando en la urbanización de siete favelas en las zonas sur y oeste de la ciudad.

El artículo fue publicado originalmente en portugués en NexoJornal. Guilherme Rocha Formicki autorizó a +COMUNIDAD su traducción y publicación. 

^{Imagen principal ilustrativa: Freepik.}

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