Existe una versión en portugués de este artículo aquí. 

En Aracaju, cada Secretaría contrataba su propia tecnología. El resultado eran licencias duplicadas, plataformas que no se comunicaban entre sí y un circuito de trámites difícil de recorrer para la ciudadanía. La capital del estado brasileño de Sergipe, con más de 600.000 habitantes, tenía tecnología. Lo que no tenía era una forma común de usarla.

El problema de fondo no era la falta de tecnología, como explica Alana Vasconcelos, presidenta del Comité Municipal de Transformación Digital de Aracaju, sino la ausencia de una gestión unificada de esta herramienta. “Existían diversas iniciativas digitales aisladas, sin una estrategia común de gobernanza, interoperabilidad y uso compartido de la información”, cuenta a +COMUNIDAD. 

Para resolver ese problema, la Prefeitura creó el comité mediante el Decreto Municipal nº 8.161/2025. El grupo nació con otro nombre, Comité Municipal de Gestión e Inteligencia de Datos, y fue rebautizado poco después. “Entendíamos que la inteligencia de datos formaba parte del proceso, pero la transformación digital es algo más global”, explica Vasconcelos. Toda modificación posterior a su estructura también se tramita por decreto.

Qué significa la digitalización transversal

La digitalización transversal es una decisión de gobernanza antes que una compra de tecnología. En lugar de que cada área resuelva sus sistemas por separado, el gobierno define una estrategia común para toda la administración. Establece qué se contrata, con qué estándares y bajo qué reglas se comparten los datos entre dependencias.

El concepto tiene respaldo normativo en la región. La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, aprobada en Bogotá en julio de 2016, incorpora la transversalidad entre sus principios rectores y la asocia a la generación de sinergias y a la eliminación de solapamientos y duplicidades entre organismos públicos. El mismo documento define la interoperabilidad como la capacidad de las entidades públicas de compartir infraestructura, datos e información mediante procesos coordinados y automatizados.

Aplicado a un municipio, el principio se traduce en decisiones cotidianas. Una persona que ya entregó su documento en Salud no vuelve a presentarlo en Hacienda. Un trámite comercial deja de exigir tres ventanillas. Y el gobierno deja de pagar dos veces por la misma licencia de software.

La transversalidad como motor de cambio

El comité se estructuró bajo la coordinación de la Secretaría Municipal de Gobierno (SEGOV) e integró a las áreas de Desarrollo Económico (SEMDE), Planeamiento (SEPLOG), Educación (SEMED), Salud (SMS), Hacienda (SEMFAZ), la Procuraduría y la Contraloría General. Esta composición y estructura garantiza que las decisiones tecnológicas dejen de ser un asunto exclusivo del área de sistemas.

Para ordenar el trabajo, el comité definió seis frentes de acción prioritarios.

• Información de los servicios. Actualización y publicación clara de todos los trámites municipales disponibles para la ciudadanía.
• Digitalización. Implementación de canales digitales ágiles para que las personas resuelvan sus demandas sin acudir a oficinas físicas.
• Datos abiertos. Estructuración de la base municipal de datos para facilitar el acceso a la información pública y mejorar la transparencia activa.
• Gobierno como plataforma. Creación de una infraestructura tecnológica integrada para que las personas presenten su documentación una sola vez.
• Multicanalidad. Diseño de alternativas de atención presencial y telefónica para garantizar el acceso de los sectores que enfrentan la brecha digital.
• Ciudad inteligente. Planificación del crecimiento urbano basada en evidencia, datos e indicadores en tiempo real.

Cómo se construyó el acuerdo entre secretarías

Sobre la forma de involucrar a las distintas áreas y liderazgos, Vasconcelos explica que buscaron “involucrar a los líderes en las discusiones para comprender sus necesidades y construir soluciones en conjunto”. Menciona además que para el equipo resultó clave “establecer una gobernanza clara, con la participación activa de gestores y la definición de responsabilidades compartidas”.

Como en todo proceso de cambio, en Aracaju también hubo resistencias y desafíos. El mayor fue, y sigue siendo, la “transformación cultural” dentro de la gestión local. “Estas barreras se superan, y se siguen superando, mediante un diálogo permanente, la sensibilización de los equipos, la demostración de los beneficios concretos de la digitalización y la construcción de un entorno colaborativo”, precisa.

Consultada por los cambios en la cultura organizacional del municipio, la especialista señala que el principal fue la “consolidación de una idea: la innovación es una responsabilidad colectiva”. Hoy existe mayor integración entre las secretarías y más apertura para probar nuevas soluciones, compartir información y desarrollar proyectos conjuntos.

Qué cambió dentro de la administración

El principal producto del comité fue una estrategia de Gobierno Digital que ordenó la integración de los servicios y definió directrices de interoperabilidad entre sistemas. A eso se sumaron mecanismos de gobernanza de datos, la estructuración de la Base Municipal de Datos y la coordinación de proyectos de modernización administrativa.

El 2 de julio de 2026, la Prefeitura dio un paso más con el lanzamiento del Programa de Gobierno Digital, durante una Oficina de Gobernanza que reunió a gestores municipales e integrantes del comité. El programa apunta a consolidar la integración entre órganos, la simplificación de procesos y la ampliación de los servicios digitales.

Vasconcelos sostiene que “el éxito del comité no se mide por la cantidad de proyectos ejecutados, sino por su capacidad de crear una gobernanza permanente para la transformación digital”. Sobre los indicadores que utilizan, detalla: “Están relacionados con el aumento de la integración entre dependencias, la mejora de procesos internos, la ampliación de servicios digitales, la reducción de la burocracia y mayor eficiencia en la prestación de servicios públicos”.

Gobiernos en la era de la IA

Aracaju forma parte del programa Gobiernos en la Era de la IA, un ciclo de formación de la Red de Innovación Local (RIL), diseñado para agentes de gobierno que quieren comprender en profundidad nuevas tecnologías y aprender a integrarlas en su gestión pública. En ese contexto, en junio de 2026 el comité participó de un taller presencial sobre cultura de innovación e inteligencia artificial, con el objetivo de fortalecer esa forma de trabajo transversal y acelerar la implementación de diferentes iniciativas. 

Paolla Vieira, directora de Comunidades de RIL Brasil, atribuye la velocidad de los avances de Aracaju a la decisión de convocar a varias secretarías alrededor de problemas compartidos. “Cuando la transformación digital deja de ser responsabilidad de una sola secretaría y pasa a resolver problemas que son de todos es mucho más fácil generar compromiso, demostrar el valor de la innovación y acelerar la implementación de soluciones”, destaca.

Vieira remarca que la colaboración entre gobiernos locales es indispensable para intercambiar aprendizajes y evitar que cada ciudad comience su modernización desde cero. “En Brasil vimos que, a partir del comité de Aracaju, muchos municipios se inspiraron para crear sus propios espacios de trabajo transversal. Hoy vemos ciudades como Amargosa, Guarujá, Contagem y otras implementando comités con muy buenos resultados”, comenta. 

Construir políticas públicas digitales sostenibles y de alto impacto

La principal lección del proceso, según Vasconcelos, es que la tecnología por sí sola no transforma a las organizaciones. La digitalización es un proceso de adaptación humana y organizacional. “La verdadera transformación ocurre cuando personas, procesos y tecnología evolucionan de forma integrada”, afirma, y agrega: “Aprendemos día a día que invertir en comunicación interna y en capacitación continua de los servidores públicos es tan importante como invertir en infraestructura tecnológica”.

A modo de reflexión dice que, si tuvieran que empezar de nuevo, ampliarían las acciones de sensibilización desde el inicio del proceso para fortalecer la cultura digital en todos los niveles de la administración pública. 

Vasconcelos detalla los elementos que considera indispensables para replicar la experiencia. “El primer elemento es el compromiso de la alta dirección: sin apoyo político e institucional, la transformación digital difícilmente se consolida. Es clave establecer una gobernanza clara, con representación de las áreas estratégicas de la administración, objetivos bien definidos y reuniones periódicas”, aconseja. 

Luego sugiere promover una cultura de colaboración y uso compartido de la información. Y subraya que “los municipios que logran involucrar a las personas, integrar a las secretarías y poner a la ciudadanía en el centro de las decisiones tienen más posibilidades de construir políticas públicas digitales sostenibles y de alto impacto”.

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Cero. Ese era el número de camas de internación que tenía el sistema de salud municipal de Escobar en 2015. Quien necesitaba internarse dependía de efectores provinciales o de establecimientos fuera del partido. Diez años después, el municipio administra 421 camas propias que incluyen terapia intensiva, unidad coronaria, terapia intermedia y sala común, distribuidas en 27.990 metros cuadrados de infraestructura sanitaria.

Ese salto no es un hecho aislado. Es una de las expresiones más visibles de una decisión que atraviesa las distintas áreas del gobierno local: diseñar un marco institucional y normativo que sostenga las políticas en el tiempo. El problema de partida era común a muchos municipios del conurbano bonaerense. Un territorio en expansión acelerada, con servicios básicos de cobertura parcial, capacidad estatal limitada para prestar servicios propios y decisiones de inversión tomadas más por urgencia que por diagnóstico.

El sistema operativo: qué es el modelo DASE

La respuesta a ese escenario se organizó alrededor de una capa de gestión que el municipio denomina Estado DASE, sigla de “dinámico, ágil, sencillo y eficiente”. No es una política en sí misma, sino la plataforma administrativa sobre la que se apoyan las demás.

“Hay una fuerte apuesta al gobierno digital y la incorporación de inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos”, definen desde la gestión municipal. Esto se refleja, por ejemplo, en el desarrollo de Flora: un asistente virtual con inteligencia artificial generativa que permite realizar consultas, gestionar turnos médicos y tramitar servicios por WhatsApp, y que ya supera las 60.000 interacciones mensuales. 

Escobar 360°, en tanto, funciona como plataforma de identidad digital y ventanilla única, con más de 780 procedimientos administrativos digitalizados y 119 habilitaciones comerciales provisorias emitidas. La iniciativa fue reconocida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entre 119 proyectos evaluados a escala global. 

En simultáneo, el municipio impulsó el desarrollo de la economía del conocimiento. Lo hizo a través del Polo FlyTech, que reúne empresas tecnológicas, startups y centros de formación en un espacio municipal con coworkings gratuitos, laboratorios informáticos y capacitaciones en programación, robótica y desarrollo de videojuegos, articulado con Mirgor, Pixart y el Centro Ruta X de la Unión Industrial Argentina.

La incorporación de estas tecnologías se realizó bajo un marco regulatorio previo. Escobar fue el primer municipio argentino en sancionar una ordenanza que regula el uso ético, responsable y transparente de la inteligencia artificial en la administración pública. También obtuvo la certificación internacional anticorrupción ISO 37001 y se incorporó en 2024 a la Coalición de Ciudades para la Inteligencia Artificial (CIIAR), la red de gobiernos locales coordinada por RIL que comparte estándares y experiencias de uso de IA en la gestión.

“En Escobar consolidamos un Estado DASE, dinámico, ágil, sencillo y eficiente, premiado a nivel internacional por sus normas de transparencia anticorrupción”, resume Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar.

El efecto de esa capacidad instalada también se mide en términos fiscales. Entre 2015 y 2025 Escobar fue el distrito bonaerense con mayor crecimiento en su Coeficiente Único de Distribución (CUD), el índice que determina la coparticipación provincial, con una suba del 129,88% que lo ubica entre los veinte primeros del ranking.

El reconocimiento como Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL distingue ese recorrido. Lo que la certificación valida es la capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterio y sostener los procesos en el tiempo. Las cinco políticas que siguen permiten observar cómo esa lógica se traduce en la práctica territorial.

1. Salud: de la ausencia de internación a un sistema municipal propio

El déficit era estructural. Un partido de más de 200.000 habitantes sin una sola cama de internación bajo administración municipal derivaba toda la complejidad sanitaria hacia efectores externos, con los tiempos de traslado y la saturación que eso implica.

La respuesta fue construir el sistema desde la base y por etapas. El municipio desplegó Unidades de Diagnóstico Precoz (UDP) para la atención cercana, centros de atención primaria y hospitales de especialidades, con una secuencia de inauguraciones sostenida a lo largo de la década. La UDP Pediátrica de Maquinista Savio en 2016, el Centro de Salud Mental y Adicciones Papa Francisco en 2017, el Hospital Municipal Néstor Kirchner en 2020, el Hospital del Bicentenario de Garín en 2023 y la Clínica de Alta Complejidad Manuel Belgrano en 2025 marcan los principales hitos de ese recorrido.

La capacidad de internación creció de manera escalonada. De cero camas en 2015 se pasó a 119 en 2019, 225 en 2022 y 421 en 2025. En paralelo se triplicó la flota de ambulancias y se modernizó el sistema de emergencias, coordinado en tiempo real con el Centro de Monitoreo y los Bomberos Voluntarios.

La articulación con la capa digital es directa. La gestión de turnos y la entrega de resultados de estudios se integraron a Flora, en busca de reducir el ausentismo en consultas programadas y descomprimir la atención presencial.

El indicador más significativo de la política es sanitario, no de infraestructura. La tasa de mortalidad infantil del distrito descendió de 11,9 por cada mil nacimientos en 2015 a 5,6 al cierre del período, una reducción cercana al 52%.

Datos de la política:

• 421 camas de internación municipales.
• 27.990 metros cuadrados de infraestructura sanitaria en todas las localidades.
• 11,9 a 5,6 por mil nacimientos en la tasa de mortalidad infantil.
• Flota de ambulancias triplicada respecto de 2015.

2. Educación: el único municipio que administra todos los niveles

En el esquema educativo argentino, los municipios suelen limitarse al nivel inicial y a algunos programas complementarios. Los niveles primario, secundario y superior son competencia provincial o nacional. Escobar rompió esa división y se convirtió en el único municipio del país que administra la totalidad de los niveles, desde la primera infancia hasta la formación universitaria.

El armado se construyó por asociación institucional más que por infraestructura propia. El Polo de Educación Superior (PES), fundado en 2016, articula con más de veinte universidades, facultades e instituciones públicas y privadas para ofrecer carreras en el territorio. El Colegio Preuniversitario Dr. Ramón A. Cereijo, creado en 2019, fue la primera escuela secundaria de la Universidad de Buenos Aires fuera de la Ciudad Autónoma, con orientaciones en Ciencias Naturales y Ambientales y en Arte y Diseño Gráfico y Digital. El 11 de marzo de 2025 se sumó la Escuela Primaria Municipal Emilio Alberto Arévalo, en el barrio Amancay de Maquinista Savio, con modalidad bilingüe de jornada extendida.

La red alcanza hoy a más de 11.000 estudiantes:

• 7.600 en el Polo de Educación Superior.
• 1.200 en los ISFDyT Julieta Lanteri y Luis Alberto Spinetta.
• 1.140 en el Colegio Preuniversitario Dr. Ramón A. Cereijo.
• 680 niños y niñas en 9 Centros de Desarrollo Infantil.
• 600 niños y niñas en 4 jardines de infantes.
• 600 estudiantes en la Escuela Primaria Municipal Emilio Alberto Arévalo.

La coordinación del conjunto se institucionalizó a través del Consejo Municipal de Educación, integrado con participación ad honórem por directivos de escuelas públicas y privadas, organismos de gestión, jardines municipales y cooperadoras. El órgano permite alinear las políticas del distrito en todos los niveles y modalidades sin superponer jurisdicciones.

3. Planificación territorial: ordenar el crecimiento antes de que la urgencia lo defina

En 2015, menos del 10% de las calles de Escobar estaban asfaltadas. El resto eran calles de tierra que se volvían intransitables con cada lluvia, en un distrito con expansión urbana sostenida y áreas inundables sin regulación específica.

El instrumento que ordenó la respuesta fue el Plan Estratégico Territorial (PET) Escobar 2030, construido mediante 30 mesas de debate con más de 3.000 vecinos y vecinas, y aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante. El PET establece los Códigos de Ordenamiento Territorial, de Edificación y Ambiental, lo que otorga previsibilidad a las reglas de uso del suelo más allá de las alternancias de gestión.

Sobre ese marco se ejecutaron cuatro líneas de intervención:

• Trazado vial. La cobertura de calles pavimentadas o estabilizadas pasó del 10% en 2015 al 56% en 2025.
• Riesgo hídrico. Se construyeron nueve reservorios, el último de ellos en el Barrio San Luis, con lo que la capacidad total de almacenamiento del sistema alcanzó los 31 millones de litros de excedentes pluviales.
• Saneamiento. Se intervinieron 309 kilómetros de cursos de agua y se entubaron 1.400 metros del Arroyo Bedoya, obra que alcanza a unos 50.000 vecinos. Dieciséis barrios dejaron de inundarse.
• Redes y alumbrado. El acceso a agua corriente creció de 33.717 a más de 78.000 habitantes, la red cloacal se triplicó y se instalaron más de 16.500 luminarias LED, con la meta de cobertura total para 2027.

El plan también ordenó las obras de escala. El Polo Judicial centralizó tribunales, fiscalías y defensorías; la renovación del Teatro Seminari consolidó un polo cultural; y los microestadios de Garín, Maquinista Savio y Matheu sumaron tres equipamientos de 2.000 metros cuadrados con capacidad para 3.000 personas cada uno.

4. Economía circular: cuando la recolección de residuos se convierte en política de empleo

El sector residuos representa el 19% de las emisiones totales del distrito, unas 144.629 toneladas de dióxido de carbono equivalente, y constituye la tercera fuente de impacto atmosférico de Escobar. Este diagnóstico convirtió a la higiene urbana en algo distinto de un servicio de limpieza.

“La higiene urbana dejó de ser un servicio de recolección para convertirse en un engranaje clave de la economía circular. No se trata solo de limpiar, sino de valorizar, de incluir socialmente y de reducir el impacto ambiental”, explica Sujarchuk.

El eje de la política es la Planta de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), equipada con financiamiento del BID, que maximiza la tasa de recupero de materiales reciclables y reduce las emisiones de metano asociadas a la disposición final. Su rasgo distintivo a escala nacional es el diseño operativo. El 80% del personal de la planta son mujeres, lo que vincula la gestión de residuos con la autonomía económica de un grupo con baja tasa de inserción formal.

Esa lógica se extiende al programa de Promotoras Ambientales, evolución de la iniciativa “Placeras” iniciada en 2016, que hoy funciona como dispositivo formal de inserción sociolaboral en la economía circular para sobrevivientes de violencia de género.

La política se completa con dos instrumentos de gestión. Por un lado, la ampliación del servicio de recolección a seis días por semana en el 100% del distrito, con un estándar homogéneo entre localidades. Por el otro, el control del suelo ocioso mediante alícuotas progresivas sobre la Tasa por Servicios Generales para propietarios de baldíos y construcciones sin uso, un mecanismo tributario que desalienta la acumulación de terrenos degradados y sus efectos sobre la higiene barrial.

5. Acción climática: medir primero, prohibir después

La quinta política invierte el orden habitual de la gestión ambiental municipal. En lugar de partir de acciones de mitigación, Escobar construyó primero la línea de base y recién sobre esa evidencia definió las restricciones normativas.

El Inventario de Gases de Efecto Invernadero (IGEI), elaborado bajo el método BÁSICO+, midió emisiones totales por 744.529 toneladas de dióxido de carbono equivalente y las desagregó por fuente. La energía estacionaria concentra el 54%, traccionada por el consumo residencial e industrial; el transporte, el 23%; los residuos, el 19%; y el uso del suelo, el 4%, con una capacidad de absorción de 5.900 toneladas.

Sobre esa medición, el Plan Local de Acción Climática (PLAC) 2025-2030 fijó una meta de reducción del 26% respecto del escenario tendencial proyectado al 2030, lo que equivale a un techo de 657.539 toneladas. El compromiso se reporta en la plataforma global CDP y en el marco del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM).

La pieza normativa más relevante es anterior al plan y funciona como su condición de posibilidad. La Ordenanza N° 5360/16 prohibió la aprobación de nuevos barrios cerrados y clubes de campo sobre 57,4 kilómetros cuadrados de humedales insulares y áreas de amortiguación, con factores de ocupación del suelo de entre el 5% y el 12% y prohibición expresa de terraplenes y lagos artificiales. La norma también fijó un retiro obligatorio de 30 metros para toda edificación lindera a arroyos y canales. En un distrito del corredor norte, donde la presión inmobiliaria sobre el humedal es alta, la decisión resignó desarrollo privado en favor de la transparencia hidráulica.

La medición satelital respalda el criterio. El territorio de Escobar alberga un stock de 4,14 millones de toneladas de carbono acumulado, y las Islas del Delta concentran el 38,7% de ese total con la mayor densidad ecológica del partido, de 1,95 toneladas por hectárea.

En materia de mitigación, el Parque Solar Loma Verde aporta 2.035 kW de potencia instalada e inyecta energía renovable a la red. La movilidad limpia avanzó con siete unidades de transporte público a gas natural comprimido en las líneas 504 y 507 y con la incorporación de 200 bicicletas públicas.

El componente de adaptación tiene destinatario definido. Frente a eventos de lluvia que registraron picos de 168,5 milímetros en cinco días, el sistema de reservorios se orienta a los 29 barrios populares relevados por el ReNaBaP, donde viven 10.564 familias expuestas al escurrimiento crítico.

Cinco políticas y una lógica común

Las cinco políticas difieren en su escala técnica, en las poblaciones que alcanzan y en el tipo de infraestructura que movilizan. Comparten, sin embargo, una secuencia de trabajo: el municipio identifica un déficit estructural, construye el marco normativo o institucional que va a encuadrar la respuesta, y entonces ejecuta y mide.

El sistema de salud se levantó desde cero y ordenó su expansión por etapas, con la mortalidad infantil como indicador de resultado. La red educativa se armó por articulación con universidades e instituciones existentes en lugar de duplicar estructuras. La planificación territorial se blindó con códigos aprobados por unanimidad, lo que reduce el costo de discontinuidad. La gestión de residuos se diseñó como política de inclusión laboral además de ambiental. Y la acción climática partió de un inventario propio antes de definir restricciones al uso del suelo.

La capa digital atraviesa las cinco. Flora y Escobar 360° no funcionan como una vidriera tecnológica separada de la gestión, sino como la infraestructura administrativa que permite sostener turnos médicos, trámites y reclamos con menos recursos por unidad de servicio. Esa eficiencia operativa es la que libera capacidad estatal para sostener el resto.

Es también lo que reconoce la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL, una validación que excede a cada política tomada por separado y alcanza a la capacidad institucional que las hizo posibles.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como Escobar, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Mendoza, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Venado Tuerto, Jesús María, Junín, Santa Rosa, San Miguel y San Nicolás de los Arroyos.

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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En la gestión ambiental de muchos municipios como Amargosa, ubicado en el estado de Bahía, en Brasil, el desafío no es la falta de información, sino su organización. En esta ciudad de casi 40.000 habitantes, los datos sobre denuncias, fiscalizaciones, arbolado urbano y la producción del vivero municipal existían, pero estaban incomunicados. 

Esta fragmentación obligaba al gobierno local a actuar de forma reactiva ante las emergencias cotidianas. Entonces, para romper este ciclo reactivo, la Secretaría Municipal de Agricultura y Medio Ambiente desarrolló SEAMA Digital. Una plataforma que propone recopilar la información del área en un mismo entorno digital. 

“SEAMA Digital no fue pensado sólo como un sistema para registrar actividades, sino como una arquitectura de gestión ambiental, capaz de conectar el campo, el territorio, la fiscalización, la planificación, la transparencia y la toma de decisiones”, explica a +COMUNIDAD, Francelle Ferretti, secretaria Municipal de Medio Ambiente y Agricultura de Amargosa.

Una arquitectura de gestión ambiental en cuatro niveles

El funcionamiento de SEAMA Digital se organiza a través de cuatro capas incrementales que transforman el dato crudo en decisiones de política pública:

• Recolección de datos en campo. Los equipos municipales registran digitalmente actividades relacionadas por áreas verdes: inventario de árboles, órdenes de servicio, fiscalizaciones y / o infracciones ambientales entre otras.
• Organización de bases de datos estructuradas. Cada registro se integra en un historial único que permite dar seguimiento del historial: las reincidencias, los plazos, los sectores involucrados y la evolución de las demandas realizadas.
• Territorialización. Los datos recopilados se visualizan en un mapa interactivo para identificar las zonas con mayor concentración de conflictos ambientales.
• Inteligencia aplicada. El sistema genera indicadores de riesgo y alertas automáticas para priorizar las tareas de mantenimiento.

Inteligencia Artificial al servicio del arbolado público

La principal innovación de la plataforma es la incorporación de asistentes virtuales basados en inteligencia artificial. Uno de ellos es Verde Bot, un asistente técnico especializado en arbolado urbano, que ayuda a operarios a calcular el riesgo de caída de los árboles a partir de variables como especie, ubicación y condición fitosanitaria.

“En la práctica, el equipo puede consultar al agente sobre el historial de una demanda, revisar información de fiscalizaciones o verificar registros de infracciones ambientales. El agente de IA no reemplaza el análisis técnico de los servidores públicos; funciona como una capa de apoyo sobre los datos de la Secretaría“, aclara la ingeniera sanitaria y ambiental.

Además, agrega que el objetivo es “reducir el tiempo dedicado a buscar información en planillas, documentos, mensajes e informes dispersos, facilitando el acceso a la información y mejorando la capacidad de respuesta de la gestión pública”. De esa manera el área amplía la transparencia de la gestión ambiental. 

^{Los servicios más comunes en la gestión ambiental de Amargosa. Imagen: SEAMA Digital.}

Desafíos y limitaciones de estas innovaciones

La secretaria Ferretti destaca que la gestión de las áreas verdes y del vivero municipal también dio un salto de calidad, pues el sistema permite realizar un seguimiento preciso de la producción de plantines. Esa información se expone a la ciudadanía a través de un panel público en internet, fortaleciendo la rendición de cuentas.

El camino hacia la digitalización no estuvo exento de obstáculos. “El mayor desafío no fue únicamente tecnológico, sino también institucional. Crear un sistema es una etapa; lograr que se incorpore en la rutina del equipo es otra”, reflexiona la funcionaria. “Para que SEAMA Digital funcione, los registros deben realizarse de forma continua, estandarizada y con calidad. La tecnología sólo genera inteligencia cuando los datos se cargan correctamente”, advierte.

En ese camino, cuenta que uno de los primeros desafíos fue estandarizar la información e integrar áreas que por años funcionaron de forma aislada. Luego remarca la existencia aún de limitaciones prácticas, como la conectividad en el campo que no siempre es la ideal para este trabajo de actualización de las bases de datos. 

De la reacción a la prevención: los impactos en el territorio

La implementación de SEAMA Digital ha transformado la dinámica de trabajo de la Secretaría Municipal de Agricultura y Medio Ambiente, al permitir pasar de un esquema de respuesta ante emergencias a una planificación basada en datos.

Los impactos de esta tecnología se consolidan en seis dimensiones clave:

• Mayor organización de la información: unificación de registros de viveros, arbolado, fiscalizaciones e infracciones en un solo entorno digital.
• Visualización territorial: mapeo de conflictos ambientales para identificar las zonas que requieren mayor presencia del Estado o campañas de educación.
• Priorización técnica en campo: clasificación de riesgos fitosanitarios para organizar rutas de poda preventiva y evitar caídas de árboles.
• Control del ciclo forestal: seguimiento riguroso de la producción de plantines, riego, pérdidas y reforestación en el vivero municipal.
• Transparencia activa: acceso ciudadano a los datos de gestión a través del panel público, promoviendo el control social.
• Eficiencia administrativa: reducción del tiempo de búsqueda de información gracias al soporte de los asistentes de inteligencia artificial.

Aprendizajes que pueden adoptar otras ciudades

A pesar de los desafíos y limitaciones que presenta esta solución, Ferreti expresa que lo más importante ya ha comenzado: el cambio de método. La Secretaría aprende y empieza a trabajar con datos, mapas, registros estandarizados, indicadores, un panel público y el apoyo de la inteligencia artificial para mejorar su gestión ambiental. 

La experiencia de Amargosa deja lecciones valiosas para otros municipios que deseen mejorar y modernizar su gestión ambiental. “El principal aprendizaje es que la transformación digital en esta temática debe pensarse como una arquitectura, no como una herramienta aislada”, destaca la funcionaria. Por último, añade: “No sirve de nada tener un sistema para el vivero, otro para la fiscalización, otro para los árboles, otro para las denuncias, si estas informaciones no dialogan entre sí. El valor reside en la conexión entre las capas“.

Para otros municipios, las lecciones que acerca Ferreti son:

• La tecnología debe responder a un problema público concreto y no al revés.
• La transformación digital debe pensarse como una arquitectura integrada. 
• La inteligencia artificial es un soporte técnico, no un reemplazo del criterio humano. 
• Los municipios pequeños y medianos tienen la capacidad de construir inteligencia pública aplicada 

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Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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San Francisco, una ciudad de más de 75.000 habitantes ubicada en la provincia de Córdoba, enfrentaba un desafío común a muchas localidades latinoamericanas: la seguridad ocupaba el primer lugar entre las principales preocupaciones de la ciudadanía. Detrás de esa percepción existía también una dificultad de gestión. La información sobre los hechos y las intervenciones estaba desarticulada, y los distintos sistemas de atención al ciudadano funcionaban de manera superpuesta.

La Policía de la Provincia de Córdoba administraba sus propios registros, mientras que el municipio contaba con líneas como el 103 y otras herramientas que funcionaban de manera paralela. La falta de integración dificultaba el análisis de la información y limitaba la capacidad de transformar los datos en decisiones de gestión.

Frente a ese escenario, el municipio incorporó la seguridad como una prioridad estratégica de política local y decidió asumir un rol más activo en la organización de la información socio-delictual y en la coordinación de las respuestas.

Hoy la ciudad muestra un cambio significativo. Según encuestas citadas por el municipio, la seguridad descendió al tercer lugar entre las preocupaciones ciudadanas. “Asumir la responsabilidad de conocer la realidad mediante datos es un compromiso. Detrás de cada informe hay una realidad que debemos enfrentar y mejorar”, señala Paulina Rosa, integrante del Observatorio de Seguridad Local.

Con el acompañamiento de la Red de Innovación Local (RIL), a través del Programa Ciudades por la Seguridad —financiado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba mediante el Consejo Federal de Inversiones (CFI)—, la ciudad avanzó en la profesionalización de su gestión de la seguridad y en la consolidación de herramientas de análisis y planificación. 

Entre las múltiples iniciativas, se impulsó el diseño de una estrategia de prevención integral basada en evidencia, lo que dio paso a la  consolidación del Observatorio de Seguridad Local. 

Observatorio de Seguridad Local, el primer eslabón de la solución

El Observatorio de Seguridad Local produce informes mensuales, trimestrales y anuales que permiten conocer con mayor precisión qué sucede en la ciudad y orientar las acciones del gobierno local.

Con esa base de información sistematizada, la ciudad avanzó en una reorganización operativa del sistema de prevención. Se conformó una Guardia Local integrada actualmente por 33 agentes que trabaja las 24 horas en turnos rotativos de manera mancomunada con la Policía local y las demás áreas de seguridad locales y fuerzas provinciales en un Comando unificado de seguridad que comparte base operativa.

Al mismo tiempo, se fortaleció la central de monitoreo para transformarla en un comando operativo unificado con capacidad de respuesta las 24 horas, superando el modelo de videovigilancia pasiva que predomina en muchas ciudades. En este Centro de Atención Ciudadana se centralizaron todos los canales: el 911, la línea municipal 103, Ojos en Alerta, las alarmas comunitarias y los tótems de seguridad. Esta articulación total permite que cada alerta ciudadana sea registrada, clasificada y derivada de inmediato a la Guardia Local o a la Policía.

La guardia realiza entre 20 y 25 intervenciones por turno, lo que representa cientos de actuaciones mensuales y miles a lo largo del año. La información se organiza por tipologías (social, vial, ambiental, delictual o vinculada a infraestructura) y se utiliza para planificar operativos y coordinar respuestas con otras áreas municipales y con la Policía de la Provincia de Córdoba, que trabaja en la misma sala de monitoreo.

La implementación de Ojos en Alerta, un sistema de participación ciudadana creado en el municipio de San Miguel, Buenos Aires, en 2016 y replicado hoy en 103 de ciudades de Argentina y Uruguay, también amplió la participación vecinal en la prevención. A través de este sistema, vecinos y vecinas pueden reportar situaciones por WhatsApp, recibidas por operadores del centro de monitoreo para coordinar la respuesta con las áreas de seguridad.

La metodología detrás de estas soluciones

El Programa Ciudades por la Seguridad de RIL, orientado a profesionalizar la gestión local de la seguridad ciudadana, acompaña a los equipos municipales a transformar información dispersa en decisiones concretas. 

El punto de partida es un Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana, que mide el nivel de madurez de la estrategia local. A partir de allí, cada ciudad construye su diagnóstico integral combinando datos del sistema judicial, la policía y otras áreas del Estado con el relevamiento de factores de riesgo y programas existentes. 

Los diagnósticos integrales dieron origen a los Planes Locales de Seguridad Ciudadana, herramientas de gestión que permiten definir prioridades, establecer metas y monitorear indicadores a lo largo del tiempo. 

En 2026 el programa continuará trabajando con 25 ciudades de la provincia para acompañar el diseño e implementación de proyectos de prevención del delito y las violencias, alineados con los planes locales de seguridad desarrollados previamente. San Francisco es una de ellas. 

Más de 7.000 alertas registradas

En una ciudad de más de 70.000 habitantes, el sistema pasó de 2.000 a más de 16.000 usuarios activos en menos de un año, y acumula más de 7.000 alertas registradas. Cada alerta es recibida, procesada y seguida hasta su cierre, lo que permite mejorar la capacidad de respuesta y fortalecer la confianza de los vecinos en el sistema. 

Los datos del Observatorio también derivaron en resultados concretos en otros ámbitos. El nuevo sistema de alerta centralizado, el comando de operaciones unificado y la Guardia Local lograron, en poco más de un año, que la tasa de infracciones de tránsito baje del 44% al 20% en poco más de un año. El director de Prevención y Movilidad Urbana del municipio, Néstor Perrone, explica que “lo más importante de estos procesos  es que hoy podemos dar respuesta. Actualmente no tenemos quejas sobre el funcionamiento del sistema”. 

Si bien los desafíos persisten, la ciudad cuenta con una respuesta institucional más organizada, con mayor capacidad de análisis, celeridad y efectividad. También consolidó canales más directos de contacto con los vecinos y vecinas. 

Un faro para otras ciudades con el mismo desafío

Este recorrido fue reconocido a nivel nacional. Al completar el autodiagnóstico de RIL, San Francisco alcanzó un puntaje del 87%, superando ampliamente el umbral mínimo del 70%. Así, se convirtió en la primera ciudad argentina en obtener el Sello RIL en Seguridad Local, distinción que fue entregada el 13 de mayo de 2026 en la Noche de Intendentes, en Rosario.

“Hoy San Francisco es referencia para otras ciudades de Argentina y Latinoamérica. Este reconocimiento valida el trabajo conjunto de un equipo municipal que eligió transformar su ciudad desde adentro con el apoyo provincial y acompañamiento técnico de RIL”, reconoce Mariana Foglia, coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad.

La ciudad no solo incorporó nuevas herramientas tecnológicas. Construyó capacidades institucionales para gestionar la seguridad a partir de información, coordinación interinstitucional y participación ciudadana. El sello no significa que la ciudad ya resolvió el problema de la seguridad: significa que decidió abordarlo en serio. Y cuando los datos se transforman en decisiones y las decisiones en respuestas concretas, la gestión pública gana previsibilidad y la ciudad fortalece las condiciones para mejorar la vida cotidiana de su comunidad.

Esta es una Historia de Impacto, un formato de RIL y +COMUNIDAD para visibilizar cómo el acompañamiento técnico genera resultados tangibles en los gobiernos locales. En ellas, mostramos cómo se activa la red mediante el trabajo colaborativo, se transforma la gestión pública hacia modelos más eficientes y se transita el camino hacia Ciudades de Oportunidades con impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

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La supervisión, realizada por la misma policía, dependía de que ese distintivo pudiera verse desde el exterior. Si el vehículo tenía polarizado (tinteado) oscuro o el marbete no se encontraba en un lugar visible, los agentes no podían confirmar fácilmente si el pago se había realizado. 

Esto generaba situaciones frecuentes de conflicto. Algunos vehículos que sí habían pagado recibían multas porque el marbete no se encontraba a la vista al momento de la supervisión, lo que provocaba discusiones entre usuarios y autoridades municipales. Para evitar esos enfrentamientos, en muchos casos los agentes preferían no sancionar, lo que debilitaba la capacidad de control del sistema y, también, la pérdida de ingresos.

Además, todo funcionaba de forma análoga, lo que generaba altos costos de transacción para los usuarios. El pago sólo podía realizarse en efectivo y no existía una base de datos digitalizada y centralizada que permitiera verificar los pagos o monitorear el sistema.

El punto de partida: regular el espacio público en Antigua Guatemala

En 2024, el Concejo Municipal de Antigua Guatemala renovó la normativa de uso temporal de la vía pública para el estacionamiento de vehículos, y estableció un marco legal para ordenar el uso del espacio público y modernizar el sistema de estacionamiento. En junio 2026, fue aprobado un nuevo reglamento, el cual incorporó mejoras a los servicios y tarifas.

El nuevo reglamento parte de una premisa: el uso voluntario de la vía pública para el estacionamiento conlleva la provisión del servicio de asistencia vial 24/7 y seguridad perimetral. El objetivo es optimizar el uso del espacio urbano, mejorar la movilidad y generar ingresos que contribuyan al mantenimiento de la infraestructura vial y la seguridad en la vía pública. Esta ordenanza genera condiciones de gratuidad para los vecinos y aplica descuento especial para las personas que visitan frecuentemente la ciudad.

Parte de este proceso fue reconocer e institucionalizar la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer la regulación, el control y el monitoreo del tránsito de personas y vehículos en la ciudad. A partir de este marco normativo nació MarbEx, el sistema que hoy gestiona el estacionamiento en Antigua Guatemala.

MarbEx, un sistema que combina regulación y tecnología

MarbEx transformó el modelo tradicional basado en marbetes físicos y pagos en efectivo. El sistema incorpora distintos métodos de pago, incluyendo portal web municipal, dispositivos POS en la vía pública y otros medios electrónicos, además del pago en efectivo para quienes lo prefieran. 

Cada transacción queda registrada en un sistema digital que permite verificar la fecha y hora exacta en la que un vehículo ha pagado el derecho de estacionamiento en la vía pública. Esto facilita el trabajo de supervisión y reduce los conflictos que antes se generaban cuando el marbete no era visible. El reglamento también establece la generación de bases de datos de placas, sistemas de verificación y herramientas tecnológicas que permiten monitorear y evaluar periódicamente el sistema de manera más eficiente. 

Antigua Guatemala, una ciudad con miles de espacios regulados

Encontrar datos relevantes del ingreso de los vehículos al municipio se había convertido en un reto, y el sistema MarbEx permitió facilitar el conteo de visitantes. Uno de los cambios más visibles e inmediatos ha sido la transformación en la forma de pago y, por ende, en la forma en que el usuario se vincula a este importante servicio público. En enero de 2026, se contabilizaron 71,767 marbetes vendidos digitalmente, seis veces más que enero de 2025. 

Durante 2025 se registraron 779,850 marbetes emitidos, distribuidos de la siguiente manera:

• 52.6 % pagados a través del portal digital.
• 31.6 % mediante dispositivos POS con un agente.
• 15.8 % en efectivo en cajas municipales.

Esto significa que más del 84% de las transacciones ya se realizan digitalmente, lo que redujo significativamente la dependencia del efectivo y aumentando la trazabilidad del sistema.

Nota de la Redacción: Antigua tiene cerca de 50.000 habitantes, pero en períodos turísticos como Semana Santa puede llegar a recibir más de un millón de visitas.

Estos datos permiten que la Municipalidad agilice sus procesos y mejore sus procedimientos. Pese a estos cambios, existe una brecha en la regulación de los parqueos sobre la vía pública, por lo que se continúa trabajando con herramientas digitales y físicas para enriquecer los datos y la manera en que se realiza el conteo. 

El impacto en los ingresos municipales

La modernización del sistema también se refleja en la recaudación.

Ingresos por estacionamiento, en quetzales guatemaltecos (1Q equivale a cerca de 0,13 dólares):

• 2022: Q5.6 millones.
• 2023: Q6.9 millones.
• 2024: Q7.0 millones.
• 2025: Q11.6 millones.

En tres años, la recaudación se duplicó, lo que sugiere una mayor formalización del sistema y una mejor capacidad de control del uso del espacio público.

Este incremento en la recaudación no sólo evidencia una mejora en la eficiencia administrativa, sino que también se traduce en una mayor disponibilidad de capital para el municipio. Estos fondos adicionales se destinan a la inversión en infraestructura vial, un aspecto clave especialmente en una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde los retos de conservación, mantenimiento y modernización requieren intervenciones cuidadosas, sostenibles y alineadas con la protección del valor histórico y cultural.

Más que tecnología: un cambio en la gestión urbana

Aunque el componente tecnológico es visible, el cambio principal ha sido institucional. El reglamento establece indicadores para evaluar el desempeño del sistema, incluyendo cobertura del estacionamiento regulado, ingresos, cumplimiento de las normas, sanciones aplicadas y percepción ciudadana.  Esto permite que el sistema no dependa únicamente de la supervisión manual, sino que pueda evaluarse a partir de datos y ajustarse con base en evidencia.

Carmen Zea, visitante frecuente y propietaria reconoce el sistema como una ventaja: “El Marbex me parece una solución muy práctica para pagar el parqueo. Antes tenía que recorrer toda Antigua buscando dónde comprar el marbete, pero ahora el proceso es mucho más rápido y conveniente. Además, puedo pagar varios días de una sola vez cuando me quedo más tiempo”.

Lecciones para otras ciudades

La experiencia de Antigua Guatemala muestra que la digitalización de un servicio público puede ser más efectiva cuando está respaldada por un marco normativo claro. En este caso, la tecnología permitió aplicar una normativa reciente, de forma eficiente. La combinación de reglas claras, herramientas digitales y monitoreo institucional contribuyó a mejorar el control del sistema y a reducir los conflictos entre usuarios y autoridades.

Para ciudades que enfrentan desafíos similares en la gestión del estacionamiento, la experiencia sugiere que la transformación digital puede ser una oportunidad para fortalecer la administración del espacio público y mejorar la transparencia en la gestión de los servicios urbanos.

1. La tecnología funciona mejor cuando está respaldada por reglas claras.

Digitalizar un servicio público sin un marco normativo sólido puede generar nuevas herramientas, pero no necesariamente mejores resultados. En Antigua Guatemala, el cambio tecnológico estuvo acompañado por un reglamento que redefinió cómo se administra el espacio público, respetando el valor histórico de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

2. Reducir el uso de efectivo mejora la trazabilidad del sistema.

La incorporación de pagos digitales facilita la experiencia del usuario, fortalece la transparencia y permite un control administrativo eficaz, al registrar cada transacción en una base de datos verificable.

3. La digitalización también transforma la relación entre ciudadanos y autoridades.

Cuando la verificación del pago depende de datos y no únicamente de inspecciones visuales, disminuyen los conflictos entre supervisores y usuarios y se fortalece la confianza en el sistema.

4. La gestión del estacionamiento es una herramienta para ordenar el espacio público.

Más allá de la recaudación, regular el estacionamiento permite organizar mejor la movilidad urbana, optimizar el uso de las calles y equilibrar el acceso de distintos usuarios al espacio público.

5. La modernización de los servicios municipales puede comenzar con problemas cotidianos.

Un sistema de estacionamiento puede parecer un servicio menor, pero cuando se gestiona con datos, tecnología y reglas claras, puede convertirse en una puerta de entrada para la transformación digital de la administración municipal.

Este artículo fue escrito por la Secretaría de Gestión Estratégica de la Municipalidad de Antigua Guatemala y editado por +COMUNIDAD. 

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América Latina concentra el 8,8% de la población mundial y el 6,6% del producto bruto global, pero recibe apenas el 1,12% de la inversión mundial en inteligencia artificial, según la CEPAL. El dato resume una paradoja: mientras la región debate el futuro de la IA, la mayoría de sus gobiernos locales ━los más cercanos a la vida cotidiana de las personas━ avanza sin acceso a experiencias comparables, con equipos técnicos reducidos y sin un vínculo directo con quienes desarrollan tecnología.

La brecha no está solamente en la inversión. En Brasil, el ecosistema GovTech más maduro de la región, el 76% de las startups dice querer trabajar con el sector público, pero apenas el 1,2% lo logra, según la Asociación Brasileña de Startups. “¿Por qué? A veces hay desconfianza con el Estado por la forma de trabajo, porque es más lento, más difícil”, explica Natalie González, coordinadora de GovTech Connect. El resultado es predecible: una ciudad encuentra una solución que funciona; otra, a 200 kilómetros, enfrenta el mismo problema y no se entera.

De Stanford a las primeras diez ciudades argentinas

Para algunas ciudades argentinas, esa realidad tuvo un quiebre luego de un viaje a la Universidad de Stanford organizado por Bloomberg Philanthropies, donde un grupo de intendentes conoció la GovAI Coalition de San José, California. Inspirados por ese modelo de cooperación, adoptaron su premisa: enfrentar desafíos locales comunes mediante respuestas colectivas.

“El tema más destacado de las capacitaciones fue el impacto de la IA y cómo los intendentes podemos imponer esa agenda. Volví con esa idea y decidí que había que volcarlo sobre cosas concretas”, señaló Diego Valenzuela, entonces intendente de Tres de Febrero y uno de los principales impulsores de lo que surgiría poco tiempo después. 

En noviembre de 2024, diez ciudades ━Córdoba, Escobar, Mendoza, Neuquén, Pilar, Rosario, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San Miguel de Tucumán y Tres de Febrero━ crearon la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR). La Red de Innovación Local (RIL) fue convocada para coordinar y facilitar el proceso.

Para los intendentes fundadores, la decisión respondía a urgencias concretas de gestión. En Córdoba, el intendente Daniel Passerini planteó la adopción de IA como una necesidad para abordar los desafíos de la ciudad, con foco en inclusión y sostenibilidad. En Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk puso el acento en el desafío ético y social que implica construir una ciudadanía preparada para convivir y producir en un entorno digital. Y así se multiplican los casos. 

Los desafíos que enfrentaban eran institucionales, regulatorios y culturales antes que tecnológicos. Las ciudades carecían de marcos normativos para adoptar IA con criterios éticos y de transparencia. Los sistemas de compra pública no estaban diseñados para contratar startups o innovación de manera ágil. Los datos municipales se encontraban dispersos en diferentes áreas, en formatos no estandarizados. Los equipos técnicos no contaban con perfiles especializados en ciencia de datos y los presupuestos limitaban la posibilidad de competir con los salarios del sector privado. 

Y a eso se sumaba una dificultad transversal: identificar en qué áreas de la gestión la IA podía aportar valor real y no convertirse en una implementación impulsada por la novedad.

Experimentar, formar, regular

El trabajo de la coalición se estructuró en tres líneas. La primera fue la experimentación: vincular gobiernos con soluciones tecnológicas en contextos reales. Una vez consolidada la red, las ciudades abrieron el juego a empresas tecnológicas, startups, organizaciones y universidades, que encontraron un canal directo para presentar y testear soluciones.

La segunda fue la formación. Un ciclo de capacitaciones desarrollado junto a la Liga de la Inteligencia Artificial por el Bien alcanzó a más de 500 agentes públicos en todo el país.

La tercera fue la regulación. Equipos legales de Córdoba, Escobar, Mendoza, Neuquén y Rosario trabajaron en conjunto para desarrollar marcos normativos que acompañen la adopción de IA, con al menos cinco ordenanzas en proceso o en implementación.

De forma paralela, los municipios priorizaron áreas comunes ━atención ciudadana, movilidad, seguridad y salud━ y avanzaron en procesos de experimentación conjunta. En algunos casos, esas conexiones se tradujeron en implementaciones concretas. 

En Tres de Febrero, la IA se incorporó a la gestión de expedientes para reducir tiempos administrativos. Escobar formó un asistente virtual llamado Flora amplió la capacidad de atención ciudadana. En Pilar, el análisis de más de 1,5 millones de turnos permitió anticipar ausencias en el sistema de salud. Mendoza creó un comité municipal de inteligencia artificial permitió integrar la tecnología en la toma de decisiones.

“La mejor ciudad no será la que tenga más tecnología, sino aquella donde la gente elija vivir, trabajar y envejecer. Esa frase resume la filosofía que guía la transformación digital mendocina: la tecnología como medio, nunca como fin”, reflexiona Ulpiano Suárez, intendente de Mendoza.

Durante 2025 se desarrollaron 17 proyectos en distintas ciudades. Cada experiencia fue diferente, pero todas compartieron un mismo punto de partida: construir sobre aprendizajes colectivos en lugar de empezar desde cero.

GovTech Connect: cerrar la brecha entre startups y gobiernos

En diciembre de 2025, RIL y el BID Lab lanzaron GovTech Connect en el marco del GET Forum. El programa parte de un diagnóstico concreto: la oferta tecnológica existe en la región, pero no se conecta con la demanda de los municipios.

“Lo que busca nuestro programa es trabajar con las startups, acompañarlas. Vamos a tener un proceso de acompañamiento y aceleración que espera trabajar con al menos 100 startups de la región para explicarles cómo ocurren las compras públicas, qué necesitan las ciudades, cómo trabajar con ellas y cómo pilotear con ellas”, describe Natalie González, coordinadora de GovTech Connect. 

El programa posee un horizonte de 36 meses y opera en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay con asistencia técnica de Gobe Ventures. Se organiza en tres componentes: aceleradoras nacionales para startups GovTech (oferta), las ciudades de CIIAR como demanda, y un eje transversal de bienes públicos digitales de código abierto.

A la fecha, los resultados son tangibles. Cuatro aceleradoras nacionales están en funcionamiento: Universidad Austral en Argentina, Impact Hub en Brasil, Start-Up Chile/CORFO en Chile y ANII en Uruguay.

“Estamos convencidos de que la transformación digital del Estado no empieza con tecnología: empieza con colaboración. GovTech Connect es el puente que convierte ese potencial en mejores servicios, mejores políticas y mejores oportunidades”, señaló Javier Madariaga, especialista senior del BID Lab, en el lanzamiento del programa.

A la convocatoria regional se postularon 365 startups, de las cuales 44 fueron seleccionadas para participar en los Demo Days. Se realizaron 13 de esos encuentros en los cuatro países: jornadas donde las startups presentaron sus soluciones directamente a tomadores de decisión municipales frente a desafíos previamente priorizados por las propias ciudades. En Argentina, por ejemplo, más de 40 funcionarios de 12 ciudades evaluaron propuestas en dos ejes: atención ciudadana e infraestructura urbana.

CIIAR: por qué importa la gobernanza

Para Luciano Crisafulli, director de CIIAR, estos espacios son parte de un mecanismo más amplio. Según su experiencia, la colaboración entre ciudades puede ser tan importante como los pilotos para reducir el riesgo de adopción tecnológica. Cuando los gobiernos comparten información sobre proveedores, resultados y procesos de contratación, se reduce la asimetría de información con el sector privado. En la práctica, eso permitió que algunas ciudades avanzaran directamente hacia la contratación de soluciones ya validadas por otros municipios de la coalición.

“El verdadero desafío para la adopción de IA en gobiernos locales no está en la tecnología, sino en la gobernanza: priorización política, capacidades institucionales, marcos regulatorios eficientes y articulación real con el ecosistema GovTech”, sostiene Crisafulli.

Natalie González subraya que estos espacios de conexión directa son centrales: “Pasa mucho que los intendentes, alcaldes, cuando ven que otro lo hizo, se atreven ellos. Entonces, si logramos mostrar diez ejemplos buenos de la región, un alcalde dice: si ellos pudieron, yo también”.

De 10 a 58 ciudades: una iniciativa que cruzó fronteras

La experiencia de la coalición traspasó las fronteras argentinas. En los primeros meses de 2026 se sumaron nuevas ciudades en Brasil, Chile y Uruguay, ampliando la red y la base de experiencias disponibles. Hoy 58 ciudades forman parte de este proceso: 22 en Argentina, 13 en Chile, 10 en Brasil y 13 en Uruguay.

En el plano regulatorio, González señala que la región avanza en la creación de marcos legales de compras públicas innovadoras, aunque la implementación aún es incipiente. “En Chile lleva más de un año la ley aprobada, pero todavía no sale ninguna compra innovadora porque hay reticencia. Por eso estos encuentros son tan importantes y por eso estas coaliciones son tan importantes”, afirma.

GovTech Connect aspira en los próximos tres años a promover pilotos de alto impacto en los cuatro países. A la vez, sentar las bases de nuevas capacidades institucionales para la adopción de soluciones digitales en la gestión pública.

Conecta IA: la próxima cita

El viernes 5 de junio de 2026, Buenos Aires será la sede de Conecta IA. Se trata de un foro internacional organizado por RIL y BID Lab que reunirá a equipos de las 58 ciudades, startups GovTech seleccionadas y referentes internacionales. Entre ellos, Mariana Mazzucato (UCL), Idoia Ortiz de Artiñano Goñi (Gobe Ventures), Javier Madariaga (BID Lab) y Delfina Irazusta (RIL).

El objetivo del encuentro es convertir las conexiones de la red en proyectos concretos. Que las ciudades abran conversaciones con startups y con pares, y que esas conversaciones se transformen en iniciativas implementables en los próximos 12 meses.

En poco más de un año, lo que eran esfuerzos aislados se transformó en una forma de trabajo compartida. La inteligencia artificial dejó de ser un tema exploratorio para empezar a integrarse en la gestión cotidiana. La experiencia de CIIAR busca demostrar que la clave, además de tecnológica, depende de la capacidad de construir espacios donde el conocimiento circule, las experiencias se compartan y las decisiones se tomen de manera colectiva.

“Creemos profundamente en el poder de las ciudades para liderar procesos de cambio. Nuestro trabajo diario con los municipios nos demuestra que no hay mejor lugar para la experimentación que las propias ciudades”, reflexiona Delfina Irazusta, directora ejecutiva de RIL Global.

RIL es facilitadora y coordinadora de CIIAR, y co-organizadora de GovTech Connect y del foro Conecta IA junto al BID Lab. 

Redacción +COMUNIDAD

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Doce minutos. Ese es el tiempo promedio que tarda la Ciudad de Mendoza en responder cuando un vecino envía un reporte de seguridad a través de su teléfono celular. La alerta llega por WhatsApp al Centro de Visualización y Monitoreo, un algoritmo categoriza la urgencia, y el sistema despacha los recursos más cercanos. Detrás de esa respuesta se encuentra Ojos en Alerta. Incluye una red de más de 16.000 ciudadanos capacitados, 740 cámaras integradas y un software de analítica que cruza datos en tiempo real.

Esa velocidad de reacción no es un caso aislado. Es la expresión visible de una decisión que el municipio tomó hace varios años: construir su gestión sobre datos, no sobre intuiciones. El problema de partida era común a muchas ciudades de la región. La información estaba fragmentada entre áreas que no se comunicaban entre sí, trámites diseñados para el papel que se replicaban en lo digital sin ganar eficiencia, y una toma de decisiones basada más en la urgencia que en la evidencia.

Para revertir esa lógica, Mendoza diseñó una estrategia de datos municipal estructurada en cinco dimensiones: gobernanza y administración de la información, infraestructura segura y estandarizada, desarrollo de capacidades institucionales, rutinas de uso de datos para la toma de decisiones, y vinculación con la ciudadanía. 

Esa arquitectura, formalizada a través de decretos y una ordenanza de inteligencia artificial que es la primera de su tipo en el país, ordena hoy buena parte de la agenda del municipio. ¿El objetivo? Construir una “cultura irreversible de datos”. 

“En Mendoza estamos consolidando una cultura de gestión basada en datos e inteligencia artificial, con marcos institucionales y normativos que nos permiten innovar con responsabilidad, mejorar procesos y fortalecer la toma de decisiones”, explica Cristian Chavarini, director de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El reconocimiento como Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL distingue ese recorrido. Lo que la certificación valida es la capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterio y sostener los procesos en el tiempo. Las cinco políticas que siguen permiten observar cómo esa lógica se traduce en la práctica.

1. Gobernanza de datos e inteligencia artificial: el sistema operativo de la gestión

En muchos gobiernos locales, la incorporación de tecnología se reduce a digitalizar expedientes o lanzar una aplicación. En Mendoza, el enfoque fue distinto: antes de aplicar inteligencia artificial, construyeron la infraestructura institucional para que esa tecnología funcionara con reglas claras.

El mecanismo opera a través de tres piezas articuladas:

• El Comité de Gobernanza de Datos (Decreto N° 181/2024) funciona como el órgano de coordinación que diseña inventarios de datos por área, establece protocolos de intercambio y supervisa la calidad de la información.  
• El Comité Local de Inteligencia Artificial o CLIA (Decreto N° 832/2024) actúa como espacio de planificación y experimentación, conectando al gobierno con expertos tecnológicos, académicos y representantes del sector privado para diseñar soluciones aplicadas a problemáticas urbanas. 
• Y la Ordenanza N° 4221/2025 cierra el circuito con un marco normativo que regula el uso estratégico, ético y responsable de la IA en la gestión pública, alineado con estándares internacionales de la UNESCO y la OCDE en materia de transparencia, protección de datos, no discriminación y supervisión humana.

La combinación de estos tres instrumentos permite que el municipio automatice procesos administrativos y que lo haga bajo principios verificables. La ordenanza, además, creó el Programa Municipal de Innovación con IA, que tiene la responsabilidad de identificar oportunidades de aplicación, implementar proyectos piloto y publicar informes anuales con resultados.

El ecosistema tiene una dimensión colaborativa que trasciende los límites del municipio. La Ciudad de Mendoza es una de las diez fundadoras de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR), una red de gobiernos locales que comparten experiencias, estándares y estrategias para el uso de IA en la gestión pública. La coalición, coordinada por RIL, se expandió en 2026 hacia más ciudades y países. 

El modelo mendocino se distingue porque la IA no llegó como un agregado cosmético: se instaló sobre una gobernanza de datos previamente ordenada. Esa secuencia —primero los datos, después los algoritmos— es una condición que los técnicos del municipio identifican como necesaria para que la automatización sea útil y no genere distorsiones.

2. Inteligencia artificial aplicada en seguridad: de la vigilancia pasiva a la prevención activa

En el ámbito de la seguridad urbana, el desafío estructural no era solo la cantidad de cámaras o dispositivos, sino la incapacidad de procesar esa información en tiempo real para anticiparse a los hechos. Mendoza tenía un esquema de vigilancia fragmentado: cámaras municipales por un lado, cámaras provinciales por otro, y reportes ciudadanos que se gestionaban de forma manual.

La solución fue un sistema integrado que combina el Anillo Digital de Seguridad, el Centro de Operaciones y Videovigilancia y el programa de participación ciudadana Ojos en Alerta, adoptado a partir de un convenio con la Municipalidad de San Miguel (Buenos Aires), donde fue creado.

El Anillo Digital está compuesto por 115 cámaras perimetrales, entre las que se incluyen 60 cámaras TANDEM con visión 360° y 30 lectoras de patentes (ANPR) capaces de identificar vehículos con pedidos de captura en los accesos a la ciudad. El Centro de Operaciones y Videovigilancia, una infraestructura nueva ubicada dentro del edificio municipal, centraliza el monitoreo de 740 cámaras —300 municipales y 440 del Ministerio de Seguridad provincial—un espacio con varias pantallas de última generación que permite la visualización simultánea. La inversión, íntegramente municipal, fue cercana a los 1.400 millones de pesos (aproximadamente USD 1.000.000).

Ojos en Alerta completa el circuito con una lógica diferente: convierte al vecino en un sensor activo que, a través de WhatsApp, reporta situaciones sospechosas o emergencias. La inteligencia artificial interviene para categorizar y priorizar esos reportes, lo que permite que el despacho de recursos sea eficiente. “Se trata de tecnología pero también es participación vecinal. Actualmente, más de 15.000 vecinos son parte de este programa, que nos permite tener información en tiempo real”, señala el intendente Ulpiano Suárez.

El impacto del componente de seguridad se mide en tres indicadores: más de 16.000 usuarios capacitados y activos en Ojos en Alerta, un tiempo promedio de respuesta de 12 minutos ante reportes, y la integración total de 740 dispositivos de video bajo una misma unidad de control con personal municipal y provincial trabajando de forma articulada.

3. Datos abiertos para atraer inversión: la plataforma “Invertir en Mendoza”

Para quien evalúa un proyecto productivo, la seguridad no se limita a la prevención del delito; se extiende a la seguridad jurídica y a la disponibilidad de información que otorgue previsibilidad. Mientras muchas ciudades lidian con la opacidad de sus datos económicos y la dispersión de trámites, Mendoza transformó su eficiencia administrativa en un activo económico.

El instrumento es la plataforma digital Invertir en Mendoza, que centraliza indicadores de desempeño económico actualizados, herramientas de análisis territorial y servicios de acompañamiento para inversores. Su herramienta más distintiva es el Explorador Urbano, que permite consultar parcela por parcela la zonificación, los usos de suelo permitidos y los niveles de competencia comercial de cada zona. El servicio de asistencia al inversor agiliza trámites como permisos de obra, factibilidad urbanística y habilitaciones comerciales.

La plataforma no funciona de forma aislada. Se inscribe en un ecosistema de innovación más amplio que incluye al Hub de Impacto Huella Mendoza, un programa de aceleración de emprendimientos tecnológicos impulsado por la Municipalidad junto con la Universidad Nacional de Cuyo y el Banco Galicia. En tres ediciones, el Hub reunió 117 proyectos provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, con foco en innovación agroindustrial, vitivinicultura, sostenibilidad, movilidad y tecnología aplicada a servicios urbanos. La lógica es la misma que articula las demás políticas: abrir datos, generar condiciones y conectar actores.

Los números del entorno económico reflejan una dinámica activa: 

• 106 desarrollos inmobiliarios por año.
• 18.6% Producto Bruto Geográfico Provincial.
• 56.967 empleos privados registrados.
• 8.691 establecimientos habilitados.
• 667 pedidos de nuevas habilitaciones comerciales por año.

4. Presupuesto Participativo: la tecnología al servicio de la democracia

Los mecanismos de democracia participativa existen en muchas ciudades argentinas. El diferencial de Mendoza radica en la digitalización integral del proceso y en su validación legal. La Ciudad institucionalizó el Presupuesto Participativo como una herramienta que permite a los vecinos proponer, seleccionar y decidir el destino de una parte del presupuesto anual a través de la plataforma de Gobierno Abierto.

El mecanismo funciona en etapas. Cualquier vecino puede presentar un proyecto —infraestructura barrial, luminarias, talleres, equipamiento— mediante un formulario digital. Cada iniciativa tiene un tope de costo equivalente al 20% del presupuesto total asignado. Las propuestas pasan por un análisis de factibilidad técnica y económica, y las que resultan aptas se publican para la votación ciudadana, abierta a mayores de 16 años que vivan, trabajen o estudien en la ciudad.

Lo que distingue al modelo es su capa de transparencia: el ciclo 2025-2026 contó con certificación notarial de los resultados, lo que otorga respaldo legal al orden de mérito surgido del voto ciudadano. Además, el diseño administrativo garantiza que las obras ganadoras se incorporen al presupuesto del ejercicio siguiente, cerrando el circuito entre la decisión ciudadana y la ejecución estatal.

“El presupuesto participativo expresa una convicción central de nuestra gestión: la innovación pública también consiste en abrir decisiones, escuchar mejor y convertir la participación ciudadana en una herramienta concreta de planificación”, explica María Lourdes Gabrielli, subdirectora de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El modelo fue reconocido internacionalmente con una mención de honor de la Open Government Partnership (OGP) en el marco del Open Gov Challenge, que destacó el uso de herramientas tecnológicas para la construcción de políticas públicas colectivas. En el último ciclo, un total de 29 proyectos superaron la votación y pasaron a la etapa de ejecución técnica.

^{Proceso de votación ciudadana. Imagen: Municipalidad de Mendoza.}

5. Operativos 360: eficiencia territorial y respuesta basada en datos

Tradicionalmente, el mantenimiento del espacio público en los municipios opera de forma fragmentada: una cuadrilla repara las luminarias, otra se encarga del bacheo y una distinta realiza la poda, muchas veces en semanas diferentes. Para mejorar esta dinámica la Ciudad de Mendoza implementó los Operativos 360, un modelo de gestión integral que sincroniza todas las áreas operativas en un único despliegue territorial.

El sistema funciona bajo una lógica de intervención total. En lugar de atender reclamos aislados, el municipio identifica zonas prioritarias mediante el cruce de datos de la plataforma Muni Digital y tableros de gestión interna. Una vez definida el área, desembarcan simultáneamente equipos de Higiene Urbana, Espacios Verdes, Obras y Alumbrado. Se realizan tareas de poda preventiva con hasta cinco cuadrillas equipadas con hidrogrúas, reparación y reposición de luminarias, bacheo de calzadas, limpieza profunda de acequias, eliminación de microbasurales, desmalezado y demarcación vial.

Durante cada operativo se instalan además puestos de cercanía: estaciones de atención vecinal para recibir reclamos presenciales y brindar servicios de salud y zoonosis, como la vacunación de mascotas. Este despliegue permite atender no solo a los 130.000 habitantes estables de la Ciudad de Mendoza, sino a una población pendular de 300.000 personas que circulan diariamente por la capital.

Según Marcos Tohmé, director de Espacios Verdes y Arbolado, la planificación permite abordar un promedio de tres zonas por mes, lo que se traduce en 36 sectores intervenidos al año. El criterio de priorización se basa en los reclamos vecinales articulados con la información de los tableros de gestión, lo que permite definir las áreas y el tipo de acciones de forma específica y optimizar los recursos disponibles.

El compromiso ciudadano es parte del modelo. Para Jaqueline Godoy, vecina del barrio La Favorita, el impacto es directo: “La limpieza de los Operativos 360 es un gran beneficio para la comunidad. Ayudan a que el barrio se vea bien y esté en buenas condiciones. Esperamos que todos los vecinos entiendan que sacar sus residuos los días informados es muy importante para colaborar”.

Datos de impacto y gestión (periodo 2025):

• 3.614 reclamos procesados (23% limpieza de acequias, 18% retiro de escombros).
• 3.647 incidentes gestionados vía Muni Digital (23% ramas sobre techos, 8% ramas quebradas).
• El chatbot municipal ya procesa de forma autónoma más de 200 incidentes mensuales.

Cinco políticas públicas y una lógica común

Las cinco políticas difieren en su escala técnica, en las problemáticas que abordan y en su impacto territorial. Tienen, sin embargo, una lógica que las conecta: el municipio identifica un déficit estructural, diseña un marco normativo o institucional para abordarlo y utiliza la evidencia para medir su efectividad.

La gobernanza de datos y la regulación de la inteligencia artificial construyeron la infraestructura institucional que sostiene todo lo demás. La seguridad ciudadana se asumió mediante un sistema integrado que combina analítica de video con participación vecinal. 

La atracción de inversiones se vinculó a la apertura de datos estratégicos y a un ecosistema de aceleración de emprendimientos. La democracia directa se digitalizó y se blindó con certificación notarial para asegurar que el presupuesto responda a necesidades reales de los barrios. Y el mantenimiento del espacio público se unificó en un despliegue territorial que optimiza cada recurso disponible.

La certificación de Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL, obtenida en 2026, distingue ese recorrido. Lo que esta validación reconoce es algo más amplio que cada política tomada por separado: una capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterios de innovación y sostener los procesos en el tiempo.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como la Ciudad de Mendoza, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Venado Tuerto, Jesús María, Junín, Santa Rosa, San Miguel y San Nicolás de los Arroyos.

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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Los Premios RIL agruparon en una misma ceremonia distinciones que la red ya venía entregando: los sellos temáticos para políticas vinculadas a ejes específicos de gestión y las certificaciones en Gestión Eficiente. La edición de 2026 sumó categorías nuevas: el Premio a la Innovación Local y el premio Gente que Ama lo que Hace, dirigido a equipos de gobierno. En la noche, también se entregó por primera vez el Premio Ciudad RIL.

“En RIL celebramos el compromiso y la dedicación de aquellos líderes que no se conforman sólo con hacer bien su trabajo. Trabajamos con funcionarios a los que les importa generar un cambio en sus comunidades”, explicó Candelaria Yanzi, directora ejecutiva de RIL Argentina. “La entrega de premios es para reflexionar y para destacar a los que ya están haciendo, pero sobre todo para contagiar a otros. Creemos que el reconocimiento también puede iluminar a los más de 2.300 líderes de gobiernos locales de la Argentina para crear ciudades de oportunidades”, agregó. 

Las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santa Fe y Tucumán concentraron las distinciones de este año.

La Noche de Intendentes: tres ediciones, tres ciudades sede

La Noche de Intendentes nació en 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reunió en su primera edición a líderes de gobiernos locales y empresas en La Rural. La segunda edición se realizó en marzo de 2024 en la ciudad de Córdoba —la primera vez que el evento se federalizó fuera de la capital argentina, con la participación de más de 800 referentes públicos y privados—. La edición 2026 trasladó la sede al litoral, con Rosario como anfitriona.

El formato este año combina la cena central, la entrega de los reconocimientos y una jornada adicional de actividades temáticas en la ciudad santafesina. Esta última recibe el nombre de “Día de las Ciudades” y tiene como objetivo conocer de cerca políticas públicas destacadas del municipio.

Premios RIL: cuáles son las ciudades reconocidas

Desde RIL se destaca que cada premio tiene una razón de ser y reconoce alguna particularidad de la gestión. No se trata de premios que reconozcan los resultados de impacto, sino más bien la decisión de transformar la gestión local.

Los Sellos RIL son distinciones que se otorgan a ciudades que se destacan por su liderazgo e innovación en la implementación de soluciones a desafíos urbanos vinculados a una temática específica. RIL cuenta con 15 sellos temáticos que van desde el uso de inteligencia artificial, protección de la biodiversidad, desarrollo económico hasta promoción de las primeras infancias y movilidad urbana, entre otros. 

En esta edición, fueron 33 ciudades de 9 provincias quienes recibieron sellos temáticos: 

• Sello Ciudad Circular: Despeñaderos (Córdoba), Venado Tuerto (Santa Fe), San Miguel de Tucumán (Tucumán) y Luján de Cuyo (Mendoza).
• Sello Ciudad Emprendedora: Junín (Buenos Aires), Mendoza (Mendoza) y San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca).
• Sello Ciudad de la Energía: Luján de Cuyo y Godoy Cruz (Mendoza).
• Sello Ciudad Digital: Pilar (Buenos Aires), Escobar (Buenos Aires), Luján de Cuyo, (Mendoza), Luján (Buenos Aires), Tandil (Buenos Aires), Yerba Buena (Tucumán) y Villa Allende (Córdoba).
• Sello Ciudades Planificadas: Tres de Febrero (Buenos Aires), San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca), San Nicolás (Buenos Aires) y Río Cuarto (Córdoba).
• Sello en Eficiencia en las Finanzas Locales: Concordia (Entre Ríos) y Luján de Cuyo (Mendoza).
• Sello Ciudades por la Seguridad: San Francisco y Río Cuarto (Córdoba).
• Sello Ciudades por la Educación: Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Ascasubi (Córdoba), Morteros, (Córdoba), Despeñaderos, (Córdoba), Alta Gracia (Córdoba), Tres de Febrero (Buenos Aires) y San Isidro (Buenos Aires).
• Sello Ciudades del Conocimiento: Rosario (Santa Fe), Lobería, (Buenos Aires), Concepción del Uruguay (Entre Ríos) Luján (Buenos Aires), General Madariaga (Buenos Aires), Escobar (Buenos Aires) y Venado Tuerto (Santa Fe).
• Sello Ciudad por la Movilidad Urbana: Oberá (Misiones) y General Pico (La Pampa).
• Sello Ciudades por la Primera Infancia:Villa Allende (Córdoba), Despeñaderos (Córdoba) y Godoy Cruz (Mendoza).
• Sello Desarrollo Económico: Laboulaye (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires).
• Sello Ciudad por la Naturaleza y el Espacio Público: Escobar (Buenos Aires), Mendoza (Mendoza) y Posadas (Misiones).
• Sello Ciudades de la Inteligencia Artificial: Córdoba (Córdoba), Escobar (Buenos Aires) y Rosario (Santa Fe).

En otra línea, se entregaron las Certificaciones de Gestión Eficiente. Se trata de una distinción que otorga RIL para visibilizar a los gobiernos locales comprometidos con el uso responsable y estratégico de los recursos públicos en pos del desarrollo de su comunidad. 

Tras completar un proceso de evaluación que contempla ejes como Atención ciudadana y Transformación digital, los municipios reciben un tipo de certificación en base al resultado obtenido: Ciudad Promesa, Ciudad Líder y Ciudad Faro. En esta ocasión, 17 ciudades de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán recibieron este reconocimiento:

• Ciudad Faro: Luján de Cuyo (Mendoza), Mendoza (Mendoza) y Rosario (Santa Fe).
• Ciudad Líder: Tres de Febrero (Buenos Aires), Jesús María (Córdoba), San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires), San Miguel (Buenos Aires), Escobar (Buenos Aires), Santa Rosa (Mendoza), San Isidro (Buenos Aires) y Maipú (Mendoza).
• Ciudad Promesa: Venado Tuerto (Santa Fe), Junín (Buenos Aires), Luján (Buenos Aires), San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca), San Miguel de Tucumán (Tucumán) y Yerba Buena (Tucumán).

En otra línea de premiación, se entregó el Premio a la Innovación Local 2026. Se trata de un reconocimiento a la ciudad argentina con la política más innovadora de todo el país, que promueva la inteligencia colectiva y la generación de impacto positivo en la comunidad. Con la iniciativa “Programa Más 16”, Río Cuarto, Córdoba, obtuvo esta máxima distinción. Para conocer más del programa y sus impactos, ingresar aquí.

En la noche, en el Centro de Convenciones Metropolitano se entregó por primera vez el premio Ciudad RIL, que valora el compromiso, la capacidad de gestión y el nivel de involucramiento de los gobiernos locales dentro de la red. Luján de Cuyo (Mendoza) fue la elegida.

Liderazgos y trabajo en red

Por último, se distinguieron a líderes que se destacan por su capacidad de trabajar en equipo, inspirar, generar impacto real y construir red con distintos sectores de su comunidad. Así, RIL entregó el premio “Gente que Ama lo que Hace” a tres líderes: 

• Ana Carina Rodríguez, subsecretaria de Innovación de Escobar (Buenos Aires) “por impulsar transformaciones profundas y poner la innovación al servicio de las personas”.
• Marianela Piazzano, secretaria de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica de Jesus María (Córdoba), “por construir sistemas que fortalecen la gestión y hacen que el cambio permanezca.
• Ezequiel Rogante, coordinador de Comunicación y Prensa de de Santa Catalina (Córdoba), “por recordarnos que nada funciona sin poner en el centro a las personas y que liderar es esencialmente cuidar”. 

“Los Premios RIL no son sólo un reconocimiento a las políticas, ya que muchas de ellas se encuentran en estado de implementación –destaca la Red de Innovación Local–. Se valora y se incentiva el compromiso, la sustentabilidad y la convicción de que construir ciudades de oportunidades es posible, siempre y cuando haya decisión política y estrategias puestas al servicio de las personas”. 

Fotos: Juli Rock y Nadia Colombero.
Redacción +COMUNIDAD

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Esa situación derivó en un circuito informal de fiestas clandestinas en espacios sin habilitación, falsificación de identidades para ingresar a locales bailables de adultos (boliches, en el habla argentina), traslados de alta peligrosidad hacia localidades vecinas en transportes no autorizados y la celebración sin marco regulado de eventos masivos de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), una tradición que reúne a estudiantes del último año del secundario en la noche previa al inicio del ciclo lectivo.

Como la segunda ciudad de Córdoba, con más de 180.000 habitantes, Río Cuarto alberga más de 40 escuelas secundarias y 16 instituciones de nivel superior. Ese entramado atrae cada año a miles de estudiantes del país. Los adolescentes residentes conviven así con ingresantes universitarios de 17 años que viven de forma independiente y participan activamente en la vida social. 

Las respuestas previas, centradas en la clausura y la sanción punitiva a los organizadores, no tuvieron continuidad ni resolvieron las dinámicas reales del consumo cultural juvenil.

Frente a este diagnóstico, el municipio implementó el  Programa Más 16, una política pública integral que transforma la nocturnidad mediante un esquema de cogestión y corresponsabilidad entre el Estado, las familias y el sector empresarial. A través de una plataforma digital que valida identidades y otorga trazabilidad en tiempo real a los tutores, la iniciativa sustituye la restricción punitiva por una regulación inteligente. El modelo estructuró una alternativa formal que garantiza entornos protegidos y consolida el derecho a una noche segura.

Más 16: de la restricción legal al acuerdo institucional

La evolución regulatoria local ayuda a comprender las raíces del problema estructural. Hasta el año 2008, las ordenanzas municipales habilitaban el ingreso de adolescentes desde los 16 años a locales nocturnos con pistas de baile. Sin embargo, un cambio de paradigma normativo elevó la edad mínima a los 18 años, y esto desplazó a una franja de jóvenes a una zona gris de exclusión legal que persistió durante más de una década. 

Si bien la sanción del Código de Espectáculos Públicos en 2014, mediante la Ordenanza 604/14 unificó criterios de control, no ofreció alternativas viables para este grupo demográfico, lo que profundizó el mercado de fiestas clandestinas y la preocupación de las familias.

La superación de este estancamiento normativo requirió una decisión política orientada a reemplazar el control puramente punitivo por un esquema de prevención inteligente. Al inicio de la gestión actual, recorridas territoriales por establecimientos educativos consolidaron el reclamo juvenil por un entorno de esparcimiento seguro, lo que impulsó la sanción de la Ordenanza 100/24. El nuevo marco regulatorio modernizó los trámites, agilizó las gestiones comerciales y aumentó las sanciones  a los organizadores de eventos clandestinos. 

Para evitar un abordaje fragmentado, la administración centralizó y coordinó el trabajo de ocho dependencias municipales. La Subsecretaría de Juventud y Derechos Humanos y la Dirección de Espectáculos Públicos asumen la conducción directa del sistema. 

La Fiscalía Municipal, el Concejo Deliberante, la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia operan como órganos asesores. La Guardia Local Preventiva, la Subsecretaría de Innovación, el Área de Adicciones y la Subsecretaría de Tránsito ejecutan el despliegue operativo en el territorio. La articulación transversal es, según describe el propio equipo municipal, una de las claves del programa: ningún área aislada hubiera podido sostener una respuesta de esta envergadura.

Arquitectura técnica y ecosistema digital de validación

La plataforma Más 16 funciona como un ecosistema digital de validación centrado en la interoperabilidad y la seguridad de los datos. Mediante un convenio con la Provincia de Córdoba, el municipio integró su sistema con Ciudadano Digital Nivel 2 (CiDi), la plataforma provincial que verifica identidades con datos biométricos. Esta integración técnica elimina la discrecionalidad en el ingreso a los locales y aporta trazabilidad al control.

El circuito operativo se organiza en cinco pasos:

• Acceso directo y validación del tutor: la persona adulta responsable ingresa al enlace del sistema Más 16 desde la página de Gobierno de Río Cuarto utilizando directamente sus credenciales de Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2, sin necesidad de un registro secundario. El sistema redirige automáticamente al portal provincial para validar la identidad mediante datos biométricos y luego devuelve al usuario a la plataforma propia de Más 16, garantizando un marco legal seguro. 
• Declaración jurada y vinculación de parentesco: una vez dentro de la plataforma, el o la responsable debe confeccionar una declaración jurada digital donde registra los datos del menor y refrenda su rol específico de padre, madre o tutor. Este proceso activa el permiso vigente, que es auditado de manera permanente por un equipo municipal de revisión que verifica la validez de los datos filiatorios y de contacto mediante cruces de documentación, lo que permite detectar anomalías —como cargas realizadas por hermanos mayores— y comunicarse directamente con las familias. 
• Verificación digital por DNI de control: al llegar al local nocturno, el personal de admisión utiliza una aplicación móvil integrada en el sistema municipal Más 16 —cuyo funcionamiento digital asimila la dinámica de plataformas de seguridad urbana como “Tribuna Segura”— donde cargan directamente el número de documento de el o la menor para verificar de inmediato en pantalla si la validación parental se encuentra activa.
• Validación comercial: el personal de admisión del local utiliza un módulo informático especial para escanear y habilitar el ingreso.
• Notificación en tiempo real: el tutor recibe un correo automático inmediato con datos del horario, local, puerta y personal interviniente.
• Gestión de altas y bajas: el responsable puede activar o revocar la autorización del menor de manera ágil desde su perfil de usuario.

Implementación territorial y métricas de control urbano

La viabilidad del programa se consolidó mediante un proceso de gobernanza colaborativa antes de su despliegue permanente. En diciembre de 2024, el municipio ejecutó una prueba piloto orientada a evaluar la estabilidad de la infraestructura informática frente a picos simultáneos de tráfico. 

La evaluación se realizó durante los festejos del Último Día de Quinto (UDQ), y movilizó a más de 1400 estudiantes de 42 establecimientos secundarios y 47 cursos diferentes en cuatro locales nocturnos habilitados. El testeo permitió calibrar los tiempos de respuesta del software y coordinar los operativos de prevención urbana junto a la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Modernización.

El despliegue facilitó la reconversión de celebraciones tradicionales de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), que históricamente acontecían en inmuebles suburbanos informales sin medidas de protección elemental. Bajo el nuevo código, se permitió que los boliches funcionen como salones privados co-organizados por las familias. En febrero de 2026, más de 1.200 jóvenes celebraron el UPD bajo este formato. El circuito nocturno formalizado registra hoy una afluencia promedio de 1.200 jóvenes por fin de semana.

El monitoreo constante a través del Servicio Único de Atención al Vecino (SUAV) contribuye a sostener la confianza del entramado social. Finalmente, la baja tasa de penalizaciones por conductas inadecuadas o infracciones vinculadas al alcohol refleja un cambio cultural positivo dentro de los entornos comerciales regulados. Los indicadores de gestión recopilados hasta marzo de 2026 evidencian el nivel de adopción social del ecosistema digital en Río Cuarto:

Aprendizajes fundamentales de la experiencia local

La implementación del programa genera múltiples lecciones institucionales para los gobiernos municipales abocados al diseño de políticas de desarrollo territorial y convivencia ciudadana. El primer aprendizaje que destaca el equipo de Juventud Municipal de Río Cuarto, coordinado por Mariano Lucena Vidoret, es que “la innovación tecnológica debe estar precedida por una innovación en la gobernanza. La creación de una plataforma digital por sí sola no resuelve un conflicto social si no existe un consenso previo entre los actores involucrados”. 

“En Río Cuarto aprendimos que para que una política de este tipo sea sostenible, el Estado debe dejar de ser un actor meramente punitivo para convertirse en un facilitador de entornos seguros”, profundiza. 

Un segundo elemento clave radica en la articulación de la corresponsabilidad familiar como motor de la política pública. Al integrar la validación biométrica obligatoria del tutor, la administración local logró que las familias dejen de ser demandantes externas de seguridad y se asuman como administradoras activas del cuidado de los adolescentes.

Asimismo, la experiencia evidencia la importancia de construir una gobernanza colaborativa que integre al sector privado comercial en el diseño normativo. Por último, el uso de infraestructura tecnológica preexistente, como los convenios de interoperabilidad con plataformas provinciales de identidad digital, disminuye los costos presupuestarios y acelera la puesta en marcha de las soluciones locales.

La iniciativa ya tuvo una primera réplica formal en la vecina localidad de Santa Catalina-Holmberg, además de recibir consultas de otros municipios. 

Un reconocimiento entre ciudades argentinas

El Premio a la Innovación Local 2026 de RIL Argentina, entregado el 13 de mayo en el Teatro El Círculo de Rosario durante la Noche de Intendentes, distinguió a Más 16 entre casi 70 postulaciones recibidas en una convocatoria abierta a todos los municipios del país. 

Las bases del concurso establecieron que las políticas deben contar con los siguientes componentes: innovación (el grado de cambio que introduce la solución respecto de las respuestas tradicionales al problema), inteligencia colectiva (la participación de actores diversos en el diagnóstico y la respuesta), implementación (el nivel de avance efectivo de la política), impacto (los cambios observables generados en la comunidad) y sostenibilidad (la capacidad de permanencia en el tiempo). 

A la vez, fueron considerados programas, proyectos y soluciones que se encuentren actualmente en implementación y generen cambios observables en la comunidad.  Deben ser desarrolladas e implementadas por el gobierno local, en colaboración con la comunidad, sociedad civil y/o sector privado.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por miembros de la Red de Innovación Local y especialistas en gestión pública local.

En el caso de Río Cuarto, se valoró la reforma sistémica y participativa del Código de Espectáculos Públicos, el desarrollo de una plataforma digital propia que vincula la identidad de los menores con la autorización parental en tiempo real, y la formalización del ocio nocturno adolescente mediante articulación público-privada. La iniciativa se postula así como una solución transferible para otras ciudades que buscan reducir los riesgos de la nocturnidad informal a través de la gobernanza digital.

^{Redacción +COMUNIDAD}

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“Agradezco profundamente lo que hicieron. Para mí, hoy, con 70 años, esto es un logro grandísimo. Nunca creí que iba a llegar… y hoy puedo decir: sí, llegó”. El que habla es un vecino del barrio California, en San Nicolás de los Arroyos. La frase puede parecer enorme para describir la llegada de servicios urbanos. Pero allí condensa lo que durante décadas estuvo ausente en su barrio: cloacas, agua corriente, calles pavimentadas, alumbrado.

San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires y sobre la ribera del Paraná, tiene 165.000 habitantes y un perfil productivo asociado a la siderurgia y al puerto. Como buena parte de las ciudades intermedias del país, cargó durante años con una desigualdad territorial marcada: barrios consolidados con servicios completos junto a sectores históricamente postergados. La política urbana que cambió ese cuadro en la última década no se sostuvo en transferencias extraordinarias del Estado nacional ni provincial, sino en una reforma del modelo tributario local que permitió financiar las obras con recursos propios.

Sobre esa base se levantan otras decisiones de gestión: un seguro de salud para los vecinos sin cobertura, una atención municipal centralizada en un asistente de inteligencia artificial, una licencia de conducir que se tramita desde el celular y un sistema de monitoreo que el municipio sostiene aun reconociendo que la seguridad es competencia provincial. Esa combinación llevó a San Nicolás a obtener en 2026 la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL).

1. Una reforma tributaria local que financió la integración urbana

El punto de partida fue financiero. La Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) no alcanzaba para sostener las inversiones que la ciudad necesitaba. Sobre esa restricción, el municipio armó una nueva arquitectura: reformuló la tasa de ABL, creó la Tasa de Desarrollo Urbano, incorporó la captación de plusvalías y avanzó con la recuperación de tierras públicas y concesiones. Cuatro objetivos guiaron el diseño: distribuir mejor las cargas fiscales, mejorar el cobro de las tasas, captar parte de la valorización del suelo y financiar obras urbanas con fondos propios.

La traducción concreta es una serie de indicadores que ubican a San Nicolás por encima de los promedios provincial y nacional. Según el Censo 2022, la ciudad alcanza un 97,8% de cobertura de agua corriente y un 90,8% de cloacas. El alumbrado público se modernizó por completo, con más de 21.000 luminarias LED que cubren el 100% del trazado urbano. La pavimentación pasó de 17 a más de 80 barrios en pocos años y hoy llega al 80% de la ciudad. En espacio público, San Nicolás cuenta con más de 100 plazas y parques a menos de diez minutos a pie de cualquier punto y un arbolado urbano que supera los 75.000 ejemplares. Con 8,01 m² de espacio verde por habitante, integra el grupo de las diez ciudades argentinas con mayor superficie de áreas verdes.

Detrás del dato hay un cambio de paradigma. “Esto nos permitió tener más autonomía económica, ante la posibilidad de impulsar el desarrollo de proyectos que la ciudad necesitaba”, explicó María Rosa Fernández, directora de Planeamiento Urbano del municipio, en una entrevista con +COMUNIDAD en el marco del Premio Banco Hipotecario que el municipio recibió en La Noche de Intendentes 2024 de RIL. Fernández agregó otro elemento clave del proceso: la maduración. “Llevar adelante proyectos a largo plazo muchas veces se dificulta. Estas políticas a veces avanzan, a veces se detienen, otras veces se vuelven a retomar con diferentes matices, pero lo importante es no perder el foco”.

La integración urbana del barrio California, donde vive el vecino que abre esta nota, es uno de los resultados visibles de ese enfoque sostenido.

2. Seguro Médico Municipal: cobertura para uno de cada tres vecinos

En San Nicolás, alrededor de 50.000 personas no cuentan con obra social ni medicina prepaga. Eso representa cerca del 30% de la población. La política sanitaria municipal se construyó sobre ese diagnóstico.

En 2023, la ciudad lanzó el Seguro Médico Municipal, un sistema de vouchers que permite a los vecinos sin cobertura elegir atenderse en centros públicos o en clínicas privadas adheridas. Los vouchers se vinculan al DNI, lo que asegura el seguimiento de la información clínica y previene fraudes. La elegibilidad se reevalúa de manera periódica para concentrar los recursos en quienes más los necesitan. Hoy, más de 40.000 vecinos forman parte del programa.

El sistema se complementa con una decisión de infraestructura: la construcción de tres hospitales cuya localización se definió a partir de datos desagregados sobre demografía, ingresos y necesidades sanitarias. El primero, GO Sanatorio San Nicolás, abrió en enero de 2024 y constituye la primera asociación público-privada en salud del país. El municipio aportó el edificio; el grupo médico operador se hace cargo del equipamiento, el plantel profesional y la administración. En su primer año de funcionamiento, ese centro brindó más de 216.000 prestaciones.

La transformación se completa con un componente digital. La ciudad implementó turnos online, recetas digitales, historia clínica unificada y telemedicina. Los resultados se reflejan en métricas duras. El ausentismo en turnos médicos pasó de 40,6% en otoño de 2024 a 29,4% al cierre del mismo año. El tiempo de respuesta ante emergencias médicas, gracias a la digitalización del despacho, se redujo de 9 minutos a 3 minutos entre mayo y septiembre de 2024.

Esa transformación fue reconocida por Bloomberg Philanthropies / What Works Cities, que en febrero de 2025 distinguió a San Nicolás con la certificación Silver por el uso excepcional de datos en la gestión local. Es uno de los pocos municipios argentinos que recibió ese reconocimiento.”Nuestro objetivo es claro: que todos los vecinos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios y oportunidades”, afirma el intendente Santiago Passaglia.

3. SantIA: el municipio dentro del WhatsApp

El tercer eje es la atención ciudadana. San Nicolás canalizó casi todos sus trámites y reclamos en un ecosistema digital que tiene como puerta de entrada principal a SantIA, un asistente conversacional basado en inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural que opera desde WhatsApp.

A través de SantIA, los vecinos pueden hacer consultas, iniciar trámites simples y registrar reclamos. Para gestiones más complejas, el sistema deriva al portal web del municipio, donde cada vecino tiene un usuario personal con un repositorio de su documentación, el historial de sus interacciones con el Estado local y el estado de avance de sus reclamos. El Centro Único de Atención Ciudadana concentra los pedidos, los deriva al área correspondiente y mide la satisfacción de los vecinos.

El diseño persigue dos objetivos: simplificar el contacto con el municipio y construir una base de datos sobre el desempeño de cada área de gobierno. Cada interacción registrada deja una traza que permite evaluar tiempos de respuesta y detectar cuellos de botella en la prestación de servicios.

4. Renovación de la licencia de conducir, 100% online

La renovación de la licencia de conducir es un trámite que durante años condensó las peores experiencias del Estado para el vecino: traslados, múltiples ventanillas, esperas. En San Nicolás, ese proceso es hoy completamente digital. El vecino inicia el trámite desde su casa, carga la documentación requerida, completa los certificados —incluido el médico, que puede emitir su profesional de cabecera— y recibe la licencia en el domicilio.

Durante 2025 se gestionaron 1.247 renovaciones por mes bajo esta modalidad. La política libera tiempo del vecino y reduce la carga administrativa de las oficinas municipales. “La experiencia fue espectacular. El certificado lo hice con mi médico particular de cabecera, fue todo rápido y me resultó fácil”, contó Eduardo, el primer vecino en recibir la licencia por el nuevo canal.

5. Seguridad ciudadana: tecnología e integración para la videovigilancia

La seguridad pública, en la Argentina, es una competencia provincial. La Constitución no asigna ese rol a los municipios. San Nicolás eligió igualmente ocuparse del tema, con una posición que el intendente sintetizó así en agosto de 2025, en una entrevista con Zona Norte Hoy: “Desde el Municipio seguimos invirtiendo y haciendo todo lo posible para cuidar a los nicoleños”.

Sobre esa decisión, la ciudad construyó un sistema de monitoreo cuyo elemento distintivo no es la cantidad de dispositivos sino su integración. Hoy hay 1.200 cámaras de videovigilancia en el partido —en marzo de 2023 eran 975, según una cobertura de Diario El Norte—, con un 80% conectadas por fibra óptica, lo que mejora la calidad de imagen y la transmisión en tiempo real. El centro de monitoreo opera de forma integrada con la Policía de la provincia (línea 911) y con el sistema de emergencias médicas (línea 107), lo que permite articular respuestas en un mismo flujo operativo.

A esa infraestructura se sumó, durante 2024, un software de inteligencia artificial forense. El sistema permite seleccionar franjas horarias de las cámaras y analizar el material aplicando filtros: tipo de prenda, color, tipo de vehículo, dirección y velocidad de circulación. La función reduce los tiempos de las investigaciones y permite el análisis simultáneo de múltiples cámaras. El sistema se complementa con seguimiento por GPS de 158 vehículos municipales y de emergencia, lectores de patentes, botones de pánico y un tablero con mapa de calor para orientar la prevención.

Una lectura conjunta

Las cinco políticas son distintas en escala, en problemática y en grado de madurez. Tienen, sin embargo, una lógica común: el municipio identifica un déficit, diseña un mecanismo concreto para abordarlo y mide lo que hace. La integración urbana se financió con un rediseño tributario propio. La salud sin obra social se cubrió con un seguro local que combinó vouchers, datos y una alianza público-privada inédita en el país. La atención ciudadana se concentró en una interfaz conversacional. La renovación de la licencia se simplificó hasta convertirse en un trámite domiciliario. La seguridad, aun cuando es competencia provincial, se asume desde el municipio con un sistema integrado.

La certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL, junto con el reconocimiento Silver de Bloomberg / What Works Cities en el área sanitaria, distinguen ese recorrido. Lo que ambas certificaciones validan es algo más amplio que cada política tomada por separado: una capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterio y sostener las decisiones en el tiempo.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en San Nicolás, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Junín, Santa Rosa y San Miguel:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

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Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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