Por María Mercedes Ordoñez, coordinadora
de Ciudades de la Energía en RIL

Cuando en el verano de 2023 una ola de calor dejó sin luz durante días a miles de vecinos del conurbano bonaerense, las imágenes de comercios cerrados, hospitales colapsados y barrios enteros sin agua recorrieron Argentina. En contraposición, durante las olas de frío de los años venideros, algunas ciudades enfrentaron restricciones en el suministro de gas, lo que significó interrupciones en industrias y estaciones de GNC (gas natural comprimido) para garantizar el abastecimiento residencial. Estas situaciones tienen un denominador común: muestran cómo la seguridad energética tiene impactos profundamente locales.

La seguridad energética se define como la capacidad de un territorio para garantizar el acceso continuo, confiable y asequible a la energía que necesita su población para satisfacer sus necesidades básicas, pero también sociales, económicas y culturales. Si bien las políticas energéticas se definen a nivel nacional, son los gobiernos locales quienes gestionan muchas de las consecuencias cuando esas redes no tienen la capacidad o disponibilidad necesaria, o cuando ocurren contingencias climáticas que generan interrupciones. Y son quienes deben garantizar la prestación de servicios municipales de respuesta incluso en esas condiciones. 

La energía deja de ser una cuestión abstracta cuando el hospital municipal queda a oscuras, cuando los centros de personas mayores no pueden calefaccionarse, cuando las pymes pierden producción por no poder prender sus máquinas, cuando falta combustible en las estaciones de servicio o cuando, frente a una tormenta severa, el área de Defensa Civil no cuenta con generadores para mantener activos los servicios de comunicación. 

El rol de las ciudades

El desafío se vuelve aún más complejo en el contexto actual. Por un lado, el crecimiento urbano aumenta la demanda y tensiona sistemas eléctricos y gasíferos diseñados, en otros contextos, para ciudades con otras demandas inferiores a las actuales. Por otro lado, el cambio climático genera eventos extremos que ponen a prueba los sistemas energéticos locales: olas de calor que disparan el uso de sistemas de climatización, inviernos más fríos que lo habitual que saturan el consumo de gas, tormentas que dañan líneas eléctricas. 

Frente a este escenario, algunas ciudades empiezan a ensayar un cambio de paradigma: pasar de ser simples consumidoras de energía a convertirse en gestoras activas de su seguridad energética. Eso implica, en primer lugar, conocer su propia demanda y consumos, para poder anticipar riesgos y necesidades frente a distintos escenarios, pero también gestionar de manera eficiente los recursos energéticos. 

Conlleva, además, avanzar en la diversificación de fuentes, incorporando generación renovable distribuida como la solar fotovoltaica o el biogás, que no solo reducen emisiones de gases de efecto invernadero, sino que pueden sostener servicios críticos ante cortes en la red. 

El entramado de servicios que sostienen la ciudad

Los servicios de distribución de electricidad y gas son muchas veces dados por sentado en lo que respecta al funcionamiento de una ciudad. Solo notamos su importancia cuando  no contamos con ellos. El foco no está puesto en el servicio, sino en lo que nos permite hacer cuando funciona correctamente. Es por esto que la prevención de daños en redes y tendidos se vuelve un factor fundamental pero silencioso. 

La electricidad y el gas han cumplido roles complementarios para satisfacer las necesidades energéticas de una población. Sin embargo, también será necesario acelerar una electrificación progresiva de los usos finales, sumando más energía limpia y reforzando redes locales, para disminuir la dependencia de un único vector energético.

Este camino exige planificación e inversión, pero también coordinación. Los municipios pueden cumplir un rol articulador: tender puentes entre empresas de servicios públicos, comercios, usuarios residenciales y sectores clave como salud o educación, para alinear inversiones, regulaciones y hábitos de consumo. Incluso acciones aparentemente pequeñas —como mejorar la eficiencia energética en los edificios públicos, o instalar sistemas de respaldo en escuelas y hospitales— pueden marcar la diferencia ante una emergencia.

El caso de la localidad cordobesa de Ticino es un claro ejemplo de cómo invertir en proyectos de autoabastecimiento de energía aumentan la resiliencia de una ciudad frente a determinadas contingencias. La generación de energía a partir de biomasa obtenida de los restos de la industria manicera permitió que los 2.500 habitantes de la localidad tuvieran energía mientras 50 millones de argentinos y uruguayos vieran restringido el suministro por horas. Un pequeño destello entre tanta oscuridad. 

Cambio climático y seguridad energética

El cambio climático intensifica los desafíos de la seguridad energética, exponiendo a las comunidades a eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Las olas de calor, por ejemplo, no sólo disparan la demanda eléctrica por el uso masivo de sistemas de climatización, sino que también incrementan el riesgo de incendios domésticos debido al sobrecalentamiento de sistemas eléctricos, conexiones inseguras o el uso inadecuado de aparatos.

De manera similar, durante las olas de frío, la necesidad de calefaccionar los hogares puede llevar a la utilización de métodos peligrosos y precarios, como el uso de materiales inflamables o sistemas de calefacción improvisados, aumentando el riesgo de incendios y de intoxicación por monóxido de carbono. Estos escenarios evidencian cómo la falta de acceso a energía segura y asequible, o la dependencia de infraestructuras poco resilientes, puede tener consecuencias directas y graves para la salud y la seguridad de las personas en sus propios hogares.

Ante esta realidad, los gobiernos locales tienen un rol fundamental en educar a la ciudadanía sobre el uso seguro de la energía, promover la eficiencia energética y fomentar la adopción de sistemas de calefacción y refrigeración más seguros y sostenibles.

El municipio de Malargüe, en la provincia de Mendoza, cuya gran parte de la población no se encuentra conectada a la red de distribución de gas natural, comenzó con la distribución de briquetas construidas con restos de la poda municipal. El uso de este tipo de combustible por parte de las familias para calefacción resulta más eficiente (ya que posee mayor poder calorífico que la leña seca), una combustión menos contaminante del aire domiciliario (ya que por su densidad reducen el humo visible y los depósitos de hollín) y más seguro para su almacenamiento y manipulación.

El aporte de la planificación urbana a la seguridad energética 

La planificación urbana emerge como un gran canalizador para  integrar la seguridad energética a la escala local. Los gobiernos locales, al conocer su propia demanda y capacidad instalada, pueden anticipar riesgos y diseñar estrategias efectivas. Joaquín Rotman, coordinador de Ciudades Planificadas de RIL Argentina, señala algunos de los puntos donde la planificación urbana contribuye a la seguridad energética de una ciudad: 

• Conocer la demanda y oferta local presente y futura. Mapear el consumo energético por sector (residencial, comercial, industrial, público) y la infraestructura existente (redes de gas, subestaciones eléctricas, generación distribuida), así como tener en cuenta las proyecciones de crecimiento de la ciudad, tanto demográficas como territoriales y de usos productivos, permite anticipar nuevas necesidades energéticas y planificar la inversión en redes e infraestructura. En este punto, involucrar y alinear al sector privado e inmobiliario será clave para una gobernanza energética.
• Conocer los riesgos asociados a servicios energéticos. Mapear la localización de infraestructura energética clave, tendidos eléctricos y gasoductos. Conocer el estado y su antigüedad, sus amenazas y la expansión urbana no planificada, el arbolado urbano deteriorado, o contingencias climáticas. También las zonas propensas a cortes de suministros e identificar poblaciones vulnerables expuestas a estos riesgos. 
• Integrar los servicios energéticos al ordenamiento territorial. Incorporar criterios de eficiencia energética y resiliencia climática en el Código de Edificación, en la planificación de nuevos desarrollos urbanos y en la gestión de espacios públicos. Por ejemplo, priorizar la instalación de paneles solares en nuevas construcciones o asegurar la provisión de energía de respaldo para servicios esenciales.

El caso de Alderetes, en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, ejemplifica un caso de articulación público- privada con foco en la prevención de daños sobre la infraestructura energética a partir de la intervención urbana. 

La empresa TGN encontró en el gobierno local un aliado para adoptar medidas de contención que evitaran contingencias en la zona de los gasoductos -caños de grandes dimensiones que transporta el gas natural a alta presión enterrados y que abastecen a numerosas localidades. 

Los gasoductos construidos en las décadas de 1960 y 1980 se trazaron en zonas con poca infraestructura cercana. El objetivo era evitar su paso por áreas pobladas y reducir riesgos para la seguridad pública. Sin embargo, la densidad poblacional creció alrededor del ducto. Esto aumentó la posibilidad de asentamientos informales dentro de la franja de seguridad y de obras sin supervisión. También se registraron excavaciones, circulación de maquinaria pesada, plantaciones de árboles y estructuras fijas sobre el trazado. Todas estas intervenciones elevan el riesgo de cortes de suministro, pérdidas de presión e incluso incendios o explosiones.

A partir de este escenario, se diseñó un proyecto de ordenamiento urbano para reducir riesgos y ordenar el uso del suelo. La iniciativa consistió en construir calles paralelas a los ductos, ubicadas en los márgenes de la franja de seguridad. Estas vías funcionan como barrera física para frenar el avance de nuevas construcciones. En total, se ejecutaron 2.668 metros lineales de cordón cuneta. El proyecto disminuyó el riesgo para la población, eliminó microbasurales presentes en la traza y permitió instalar una plazoleta con fines recreativos.

La seguridad energética, una agenda de oportunidades

El camino hacia una mayor seguridad energética es, entonces, un viaje de transformación que comienza en cada localidad. Implica pasar de ser meros consumidores a gestores activos, conociendo en profundidad las demandas y vulnerabilidades propias. Cada acción local cuenta. Es en esta capacidad de planificar, coordinar y anticipar donde reside el verdadero poder de los gobiernos locales para construir territorios más robustos, equitativos y preparados. 

Al final del día, fortalecer la seguridad energética no es sólo una cuestión de infraestructura, sino de garantizar el bienestar, y el futuro de cada ciudadano. Es construir ciudades resilientes, donde la energía no sea un privilegio, sino un derecho continuo y accesible para todos. Las ciudades que empiecen hoy a mapear sus vulnerabilidades, diversificar fuentes y fortalecer sus  sistemas energéticos estarán mucho mejor preparadas para garantizar un servicio confiable y justo para sus habitantes, incluso en tiempos de crisis. La seguridad energética se construye localmente, con planificación, inversión y participación ciudadana.

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Por Mercedes Ordoñez, coordinadora
de Ciudades de la Energía en RIL (*)

De acuerdo con ONU-Habitat, las ciudades producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que desempeñan un papel clave en el cambio climático. Además, aunque ocupan menos del 2% de la superficie de la tierra, consumen cerca del 78% de la energía mundial, y este sector es uno de los mayores contribuyentes a este fenómeno global. Por eso, avanzar hacia un modelo urbano que asegure el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna se ha convertido en uno de los motores de la transformación energética en las ciudades.

La transición energética es un desafío global que propone un cambio en la forma de producir, distribuir y consumir energía. El concepto de transición como tal plantea reflexionar sobre el punto de partida en el que se encuentran las ciudades. Pero también una decisión sobre el tipo de ciudad a la que se desea llegar y, para ello, resulta necesario atravesar un proceso de transformación y cambio paradigmático. 

El Trilema Energético, elaborado por el Consejo Mundial de la Energía, propone poner el foco en tres aspectos fundamentales a la hora de pensar la transición energética: la mitigación del impacto ambiental, la seguridad del suministro y la equidad energética. En cada una de estas dimensiones las ciudades tienen la posibilidad de diseñar e implementar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

El impacto ambiental de producir y consumir energía

Una Ciudad de la Energía es aquella que prioriza aumentar la eficiencia energética para satisfacer las necesidades de su comunidad, con el menor gasto de recursos posible. Además, reconoce el impacto ambiental que conlleva la generación y consumo de energía, y por tanto busca minimizarlo mediante el uso de energías limpias y bajas en carbono.

Por un lado, producir energía de manera convencional genera un impacto ambiental asociado principalmente a la quema de combustibles fósiles. Es por esto, que la descarbonización del sistema es una parte fundamental de las recomendaciones generales a la hora de diseñar estrategias para transformar la oferta energética. Es en este aspecto que se incluyen los proyectos de energía renovable, generación distribuida, adecuación normativa para la inyección de energía a la red y su reconocimiento económico y la promoción de empleos verdes asociados a esta industria, entre otros.

Por otro lado, y desde el punto de vista de la demanda de energía, el impacto ambiental está asociado a su uso de manera ineficiente. Como contracara, la eficiencia energética se posiciona como la principal estrategia de respuesta frente a esta situación. De hecho, se cuestiona que las energías renovables puedan (y tengan que) responder a los elevados niveles de consumo energético actuales. 

Es por esto que la eficiencia energética es uno de los puntos de mayor viabilidad tanto para una persona como para un gobierno local debido a que permite tomar medidas de corto plazo y de buena relación costo-beneficio. Aquí el abanico de posibilidades involucra proyectos de electrificación de servicios, la reconversión de flota vehicular a eléctrica o a combustibles de transición, el recambio de luminaria, la rehabilitación energética de edificios y arquitectura bioclimática, los incentivos a la incorporación de sistemas eficientes y la promoción de cambios culturales, entre otros.  

Sumado a ello, la incorporación de estrategias de eficiencia energética en las propias dependencias municipales se convierte en un punto de partida fundamental para los gobiernos locales. A partir de abordar el desempeño energético del municipio, se contribuye a la asignación eficiente de los recursos mediante la reducción de costos asociados a la energía, a la reducción del impacto ambiental de la gestión pública y a consolidar el rol ejemplificador de ese gobierno local.

Tal es el caso de un grupo de investigadores del CONICET que, en alianza con la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, desarrollaron un biodigestor para que la comunidad de Los Pinos genere biogás a partir de los residuos provenientes de la actividad agropecuaria local. De esta manera, no sólo se brindó a las comunidades una respuesta a la problemática ambiental por la mala disposición de los residuos, sino que además permitió una diversificación de la matriz energética con fuentes bajas en carbono, reemplazando a la leña y el carbón. 

Y como si fuera poco, la comunidad conformó una cooperativa para la operación, mantenimiento y administración de la energía producida, demostrando el potencial de este tipo de estrategias para el desarrollo comunitario y la generación de empleo.

Transición energética en un contexto de cambio climático

Ser una Ciudad de la Energía implica ser protagonista del sistema energético del que se es parte, con el objetivo de fortalecer su resiliencia. Para lograrlo, es fundamental conocer la realidad energética de la ciudad, sus fortalezas y debilidades, y prepararse para afrontar los desafíos presentes y futuros en un contexto de cambio climático. 

La seguridad energética –entendida como la garantía del suministro y de la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda actual y futura– es quizás uno de los puntos señalados por el Consejo Mundial de la Energía que, en el caso de Argentina, podría exceder a las competencias municipales. Y por “podría” se hace hincapié en que, a pesar de ello, los gobiernos locales pueden incidir en aumentar la resiliencia de la ciudad frente a una mayor intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático.

Evaluar la capacidad de respuesta de un municipio en términos energéticos puede mejorar el desempeño de una ciudad en dicho marco. Por ejemplo, considerar si las dependencias gubernamentales encargadas de accionar frente a eventos meteorológicos están preparadas y abastecidas de energía para poder brindar servicio. También identificar zonas de la localidad más vulnerables a sufrir cortes de suministro por el estado del arbolado urbano, la precariedad de las construcciones o la lejanía de las comunidades para su  abordaje.

El caso de Ticino, en la provincia de Córdoba, es sumamente interesante para dimensionar el impacto del autoabastecimiento energético en contextos de crisis. La producción de energía a partir de los desechos de la industria manicera convirtió a Ticino en una de las pocas ciudades argentinas en no quedarse sin luz durante los apagones masivos de 2019 y 2023 en Argentina, pudiendo dar respuesta a las necesidades de su comunidad.

Reducir la pobreza energética, una deuda pendiente

Ser una Ciudad de la Energía es también considerar el acceso a la energía como un derecho fundamental y condicionante del resto de los derechos. Por lo tanto, la transición energética se plantea como un proceso socialmente justo, que priorice una gestión con fuerte orientación a la ciudadanía, buscando garantizar a sus habitantes un servicio suficiente, accesible y de calidad reduciendo así la pobreza energética. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no logra satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea en términos económicos como de infraestructura. Como consecuencia, las personas que la sufren se exponen a riesgos sanitarios, de malnutrición, a prácticas domiciliarias peligrosas y se encuentran limitadas para el desarrollo de tareas económicas y educativas.

A partir de estos desafíos, los municipios pueden incidir en mejorar la condiciones de habitabilidad y acceso a los servicios de las comunidades más vulnerables. Pueden hacerlo, por ejemplo, al facilitar la regularización de conexiones, ofrecer tarifas diferenciadas, subsidiar el acceso a la energía para ciertos grupos sociales o incorporar criterios de eficiencia energética y fuentes renovables en los programas de vivienda social, entre otras acciones.

Un ejemplo cercano de este tipo de programas es el llevado adelante por el municipio de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Luego de promover la construcción domiciliaria de calefones solares realizados con materiales recuperados en barrios vulnerables, se apostó por el desarrollo de un Programa Municipal de Energía Solar para Viviendas Sociales. A través de este, se entregan equipos fotovoltaicos y solar térmicos para cubrir las necesidades energéticas de familias vulnerables localizadas en zonas donde no llega el suministro de energía o que se encuentran en situación de precariedad habitacional.

Camino a ser una Ciudad de la Energía

La Red de Innovación Local (RIL) lanzó en 2024 el programa Ciudades de la Energía, que tiene como objetivo acompañar a los equipos de gobiernos locales a diseñar una estrategia integral de transición energética con foco en la sostenibilidad ambiental, la equidad energética y la adaptación frente al cambio climático.

A partir de un diagnóstico exhaustivo del estado de situación de la ciudad respecto a la temática, el desafío es conocer cuáles son las implicancias que tiene la transición energética en cada ciudad y cuáles son las limitaciones y potencialidades. Así, se pueden identificar las oportunidades de mejora y trabajar en un plan de acción para resolver el desafío público priorizado. Los productos a los que se espera que lleguen las ciudades son los lineamientos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, el diseño de una política pública sectorial y la elaboración de un programa de eficiencia energética en las dependencias municipales.

Durante la primera edición del programa, en 2024, se gestaron proyectos de eficiencia energética en el sector domiciliario, de promoción de las energías renovables en el sector privado local, de educación ambiental y de intervención de espacios públicos con energías renovables.

Las ciudades que se están desafiando en 2025 a recorrer el camino para convertirse en Ciudades de la Energía son Plaza Huincul (Neuquén), Cutral Co (Neuquén), Bahía Blanca (Buenos Aires), Luján de Cuyo (Mendoza) y Tartagal (Salta). 

Para RIL, la articulación público privada es un elemento clave y estratégico para alcanzar los objetivos del programa. Es por esto que, a lo largo de todo el recorrido, se incorporan aliados del sector privado a formar parte del ecosistema de trabajo, es decir, que participarán activamente del proceso y estarán a disposición de los gobiernos locales para articular y hacer sinergias que contribuyan al desarrollo de las estrategias locales. Las empresas que apuestan este año por el impacto de trabajar esta agenda a escala local y, que además son actores estratégicos en el plano energético nacional, son  Pampa Energía, Aconcagua Energía y TGN.

La transición energética, una agenda local  

La agenda de la transición energética ha otorgado a los gobiernos locales nuevas posibilidades para potenciar el desarrollo de sus comunidades. Pero además, viene a reconocer un rol protagónico de las ciudades en la contribución a estos objetivos globales, demostrando no solo que es una agenda propia, sino una a la que, a pesar de ser una temática emergente, llevan contribuyendo ya varios años.

Para más información podés enviar un e-mail a: mercedeso@redinnovacionlocal.org. 

Esta columna tuvo una primera versión el 5 de junio de 2024 y se actualiza en abril de 2025 con oportunidad de una nueva edición del programa Ciudades de la Energía de RIL. 

Imagen principal ilustrativa: Jasonfang | Getty Images Signature | Canva.

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