Por Mariana Foglia, coordinadora de
Ciudades por Seguridad en RIL Argentina

La Provincia de Córdoba, en Argentina, impulsa un modelo de seguridad que reconoce a las ciudades como protagonistas. Desde fines de 2023, una nueva ley provincial consolidó ese giro y estableció un esquema de acompañamiento a los gobiernos locales mediante equipamiento, tecnología, formación y asistencia técnica, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la prevención del delito.

Este enfoque se apoya, a su vez, en una fuerte articulación interjurisdiccional con el Estado nacional, a través de la implementación en la provincia de dispositivos estratégicos como el Plan 90/10, que hoy se despliega en zonas críticas de Córdoba en coordinación entre fuerzas federales y provinciales.

Hoy, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la Provincia, los intendentes, las fuerzas provinciales y federales, las guardias locales y la comunidad trabajan de manera coordinada para fortalecer la seguridad en cada ciudad. En esta nota te contamos cómo funciona el modelo Córdoba, qué resultados está mostrando y por qué puede ser un caso faro para otras provincias. 

La articulación con Nación y una caída histórica de los homicidios

Uno de los pilares del modelo cordobés es su articulación con el Estado nacional. Esa coordinación se expresa fundamentalmente en la implementación del Plan 90/10, una estrategia del Ministerio de Seguridad de la Nación que busca focalizar recursos y operativos en los territorios donde se concentra la mayor parte de los homicidios.

El nombre del plan responde a una evidencia clara: el 90 % de los homicidios intencionales en Argentina ocurren en apenas el 10 % del territorio, lo que permite orientar de manera más eficaz la presencia de fuerzas federales y provinciales en puntos críticos. 

Su implementación en Córdoba implicó un fuerte intercambio de información, planificación conjunta y despliegues operativos coordinados que antes se realizaban de manera fragmentada. Los resultados son históricos: Córdoba cerró 2025 con la tasa de homicidios dolosos más baja de lo que va del siglo, con 90 casos registrados —equivalentes a 2,28 homicidios cada 100.000 habitantes—, lo que representa una reducción del 23 % respecto del año anterior.

Este trabajo conjunto muestra que la seguridad se fortalece cuando los distintos niveles del Estado comparten una misma hoja de ruta, con información compartida, planificación coordinada y presencia territorial complementaria, más allá de las fronteras políticas.

La articulación con los gobiernos locales y la prevención en las ciudades

En diciembre de 2023, Córdoba dio un paso clave al sancionar la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana, que creó el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y puso en valor el rol de los municipios y comunas dentro de la estrategia provincial. 

Este nuevo marco no sólo redefinió su lugar en la política de seguridad: también les dio una herramienta concreta para actuar, al habilitarlos a crear sus propias Guardias Locales de Prevención y Convivencia. 

Estos cuerpos no fueron concebidos como una fuerza tradicional, sino como dispositivos de cercanía y proximidad que incorporan personal civil al abordaje de la seguridad y actúan como auxiliares de la Policía de Córdoba. Su enfoque pone el acento en la intervención temprana, mediante el trabajo sobre los factores de riesgo que alimentan los conflictos y el fortalecimiento de la convivencia en cada territorio.

Un enfoque que se refleja también en la formación de los agentes. Bajo la coordinación del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) y con el apoyo de la Universidad Nacional de Villa María, cientos de integrantes de las Guardias Locales se capacitaron a través del Diplomado Universitario en Seguridad y Convivencia, orientado a la prevención, la vinculación comunitaria y la gestión de conflictos.

A su vez, el vínculo construido entre los gobiernos locales y la Provincia, a través de la Secretaría de Prevención y Articulación Institucional, permitió alinear la conducción del Programa de Guardias Locales y sostener un canal permanente de acompañamiento a los municipios en el interior provincial. 

A dos años de su puesta en marcha, el alcance del modelo es inédito: 320 municipios y comunas adheridos a la ley, Guardias Locales en 215 ciudades, equipadas con vehículos y armas de letalidad reducida,  más de 2.100 agentes formados, 49 localidades con Ojos en Alerta y 65 que participaron del programa Ciudades por la Seguridad de RIL, recibiendo asistencia y formación para diseñar sus planes locales de prevención.

La articulación con la ciudadanía como eslabón clave del sistema de seguridad

La estrategia cordobesa de seguridad se apoya en un entramado más amplio que las fuerzas policiales y los organismos de gobierno: incorpora activamente a la ciudadanía como aliada estratégica a través del programa Ojos en Alerta. 

Córdoba fue la primera provincia en firmar un convenio con el programa, nacido en San Miguel, y en escalarlo de manera sostenida en su territorio. En la actualidad, 49 municipios cordobeses —incluida la ciudad de Córdoba— lo implementan, lo que representa casi la mitad de las 98 ciudades de Argentina que cuentan con este sistema. Esto posiciona a la provincia como uno de los principales nodos de participación ciudadana en seguridad a nivel nacional.

En Córdoba capital, donde el programa funciona como “Cordobeses en Alerta”, el despliegue alcanza 144 barrios y tiene más de 100.000 vecinos adheridos, con más de 25.000 alertas procesadas durante 2025 (un promedio de 170 por día). Ese flujo de información comunitaria ya se traduce en resultados concretos: en 2025 se registraron 1.897 casos positivos, con 623 detenciones y secuestros de armas y estupefacientes a partir de avisos ciudadanos.

En el interior provincial, el programa también crece: se realizaron más de 1.000 capacitaciones, y San Francisco y Río Cuarto superan en conjunto los 45.000 vecinos adheridos y 28.900 alertas.

Más allá de los números, el valor del programa está en su lógica de proximidad. La evidencia de la criminología y las ciencias del comportamiento muestra que muchos delitos no son planificados, sino oportunistas. Por eso, dispositivos como Ojos en Alerta actúan como un verdadero modificador del entorno de decisión: reducen el tiempo entre el hecho y la respuesta, refuerzan el control social y convierten al vecino en un actor activo de la prevención. 

No es casual que el 80 % de las alertas registradas en Córdoba, fueron preventivas, es decir que permitieron intervenir antes de que el delito ocurriera. Y todo esto se logra sin tecnología sofisticada, sino con algo tan simple y poderoso como un WhatsApp al alcance de la mano de los vecinos.

El aporte de RIL al fortalecimiento de la seguridad local

La estrategia cordobesa de seguridad entendió que no alcanza con sumar patrulleros o cámaras. También es clave fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para planificar, gestionar y evaluar sus políticas con datos y evidencia. 

En ese marco, en 2024 la Red de Innovación Local (RIL) lanzó, junto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el programa Ciudades por la Seguridad, orientado a profesionalizar la gestión local de la seguridad ciudadana.

El programa acompaña a los equipos municipales a transformar información dispersa en decisiones concretas. El punto de partida es un Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana, que mide el nivel de madurez de la estrategia local. A partir de allí, cada ciudad construye o actualiza su diagnóstico integral combinando datos del sistema judicial, la policía y otras áreas del Estado con el relevamiento de factores de riesgo y programas existentes, a través de talleres participativos con equipos municipales y actores locales.

En 2025, el programa amplió su alcance de 25 a 40 ciudades y alcanzó a más del 70 % de la población de la provincia. Con este crecimiento, se consolidó una red de gobiernos locales que planifican la seguridad desde la evidencia, el intercambio entre pares y la asistencia técnica especializada.

• Una radiografía de las causas del delito

Los talleres de diagnóstico llevados a cabo por RIL permitieron a los municipios construir una mirada mucho más precisa sobre los factores que alimentan la inseguridad en sus territorios. El resultado rompe con una visión puramente policial del problema. En el 100 % de las ciudades aparece el consumo problemático de drogas y alcohol como el principal factor de riesgo, seguido por la violencia intrafamiliar y de género (95 %).

También emergen con fuerza problemáticas estructurales que inciden directamente en la conflictividad: el desempleo y la informalidad juvenil (74 %) y los problemas de salud mental (69 %). A estos se suman dificultades escolares —como ausentismo y conflictos de convivencia— y condiciones territoriales como economías ilegales y déficit habitacional.

Esta evidencia permite pasar de políticas reactivas a estrategias de prevención basadas en datos, que abordan no sólo los hechos delictivos sino también las causas que los generan, con una mirada de mediano y largo plazo sobre la seguridad y la convivencia en cada comunidad.

• De los datos a la acción

Los diagnósticos integrales se transformaron en Planes Locales de Seguridad Ciudadana que funcionan como una brújula de gestión: evitan que la urgencia diaria desdibuje las prioridades y permiten hacer seguimiento de metas e indicadores a lo largo del tiempo.

El impacto del proceso ya es visible. En 2025, las 40 ciudades que participaron del programa mejoraron en promedio 24 puntos en la medición del Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana: pasaron de un 40 % inicial a un 64 %. Los mayores avances se dieron en planificación y seguimiento y en gestión de la información, con más municipios que analizan datos de manera periódica y registran sistemáticamente incidentes y conflictos para tomar mejores decisiones.

• Victorias rápidas y la fuerza del aprendizaje entre pares

En paralelo a la hoja de ruta del programa, se impulsaron mejoras de rápida implementación y alto impacto, apoyadas en asistencia técnica, intercambio entre ciudades y buenas prácticas.

Algunos ejemplos lo muestran con claridad. En Alicia, la Guardia Local incorporó un sistema digital de registro de actuaciones y mejora la gestión basada en datos y la rendición de cuentas. 

En La Falda, el municipio puso en marcha su primera Encuesta de Victimización, que servirá como base para crear una Oficina de Atención a la Víctima con enfoque basado en evidencia al igual que Jesús María donde la integrarán a la Encuesta Permanente de Hogares. Almafuerte inició el proceso de creación de su Dirección de Seguridad Ciudadana,  y localidades como Mina Clavero, Coronel Moldes o Capilla del Monte fortalecieron sus Centrales de Monitoreo y sistemas de videovigilancia.

En esta misma lógica, se acompañó la expansión de Ojos en Alerta a través de encuentros regionales en Alta Gracia, San Francisco y Río Cuarto, donde RIL sistematizó y compartió experiencias como la de Las Varillas, que desplegó una estrategia comunitaria con centros de jubilados, jóvenes promotores y actividades barriales para sumar vecinos y fortalecer la participación.

Uno de los diferenciales del programa es justamente el trabajo en red entre ciudades. A través de estos espacios, los equipos locales comparten problemas reales, contrastan experiencias y construyen soluciones de manera colectiva. 

Por ejemplo, Corral de Bustos presentó su experiencia sobre ruidos molestos, picadas y conflictos vinculados al uso de motocicletas para recibir aportes de otras ciudades. Jesús María y General Pico (La Pampa) intercambiaron prácticas sobre la gestión de eventos masivos; y Río Primero y Villa del Rosario revisaron de manera conjunta la implementación de Ojos en Alerta.

Así, el intercambio entre pares permite que las soluciones no se construyan en soledad, sino a partir de la experiencia de otros territorios, transformando prácticas aisladas en políticas más sólidas y sostenibles en el tiempo.

Un modelo para replicar

El modelo Córdoba muestra que la seguridad se vuelve más efectiva cuando se construye como un sistema y no como una suma de esfuerzos aislados. La articulación entre fuerzas de seguridad, gobiernos locales, el Estado provincial y nacional, universidades, organizaciones de la sociedad civil y los propios vecinos permite abordar el delito y las violencias desde una lógica colaborativa, basada en datos, cercanía territorial y coordinación operativa.

Esta arquitectura multinivel —que combina liderazgo provincial, cooperación nacional, gestión local y participación ciudadana— explica los resultados alcanzados en Córdoba y, al mismo tiempo, ofrece una hoja de ruta replicable para otras provincias que busquen fortalecer la seguridad desde el territorio, con datos, innovación y trabajo en red.

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Imagen principal: jornada de Capacitación en Ojos en Alerta en la Municipalidad de San Francisco. Imagen de la Secretaría de Prevención del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

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Por Juan Martín de Chazal,
coordinador de +COMUNIDAD

Es diciembre y el sol del mediodía aprieta en San Miguel de Tucumán. Es una de esas jornadas de calor intenso y humedad, habituales sobre esta latitud del norte argentino, en las que cuesta permanecer al aire libre. 

El panorama no impide que en la esquina de la avenida Juan B. Justo y la calle San Salvador, en la zona norte de la ciudad, vecinos de todas las edades se detengan unos minutos. Mientras buscan la sombra que proyectan los árboles más grandes del entorno, observan con curiosidad el movimiento y conversan. 

“Antes, con este calor, no se podía estar acá. Por el olor, por los bichos, por todo”, comenta Beatriz Navarro, una vecina que vive justo enfrente de un gran mural que es la novedad del barrio Bajo La Pólvora. 

La escena contrasta con el pasado reciente. Donde hoy hay veredas, bancos, juegos infantiles y árboles recién plantados, durante más de 30 años se acumularon residuos de manera constante. “Teníamos que estar con las puertas y las ventanas cerradas. No podíamos vivir bien. Era un verdadero problema de salud”, recuerda Beatriz mientras contiene su emoción. 

María José Saavedra tiene 53 años y ha vivido toda su vida a pocos metros de esta esquina donde comienza el Cementerio del Norte, uno de los más antiguos de Tucumán. Cuenta que, desde que tiene uso de razón, allí ha existido un basural. “Tantas décadas hemos vivido con esta contaminación, sufriendo por los mosquitos y el dengue, y ahora vemos que este espacio está fabuloso. Podemos tomar mate en las tardes y también podremos hacerlo de día cuando los árboles nuevos den sombra. Esto nos ha renovado el barrio”, ilustra.

Un problema estructural, sostenido en el tiempo

Este vertedero clandestino no era un hecho aislado ni circunstancial. Funcionaba desde hacía décadas en un punto sensible de la ciudad, sobre una avenida muy transitada. Camiones, carros y personas de distintos barrios descargaban allí su basura. La limpieza era frecuente, pero insuficiente. Al día siguiente de cualquier recolección municipal, residuos de todo tipo volvían a aparecer. Olores, focos infecciosos y una degradación sostenida del entorno formaban parte de la rutina cotidiana.

“Cada basural tiene su propia lógica y su propia problemática”, explica a +COMUNIDAD, en esa misma esquina, Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Miguel de Tucumán. “Estamos devolviendo a los vecinos las posibilidades de vivir en condiciones dignas de salubridad. También a quienes vienen a visitar al cementerio a sus seres queridos difuntos. Este espacio ahora está lleno de vida y de color”, agrega. 

Para la funcionaria, este tipo de abordajes requieren decisión política, presencia territorial, articulación público-privada y trabajo sostenido con la comunidad. “Queremos erradicar todos los basurales de la ciudad, pero entendiendo que cada uno necesita una estrategia distinta, siempre de la mano de los vecinos”, dice en el marco de la inauguración del espacio público renovado. 

Del diagnóstico a la intervención radical 

La Municipalidad ya había intentado, sin éxito, eliminar el volcadero de la Avenida Juan B. Justo al 1800. La posibilidad de avanzar con una intervención más profunda surgió a mediados de 2025, en el marco del programa Ciudades Circulares de la Red de Innovación Local (RIL) y el acompañamiento del Banco Hipotecario como aliado clave para aportar recursos. 

“La particularidad de esta experiencia fue el trabajo conjunto entre el sector público, el privado y el tercer sector, con una participación muy fuerte del vecino”, señala como diferencial Mario Kiyoshi Fortuna, director de Ambiente del municipio. “Primero revelamos puerta por puerta, preguntamos a la comunidad qué querían, qué les gustaría que hubiera en el lugar. Después se diseñó una propuesta que no fue al azar, sino con sentido”, desarrolla en conversación con este medio.

Fue así que, mientras avanzaba el proceso de limpieza profunda, estudiantes y docentes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) empezaron a restaurar la pared del cementerio y a pintar un mural que combina impronta espiritual e identidad tucumana. Junto con los vecinos, definieron dar protagonismo a la figura del Papa Francisco, rodeada de flora, fauna y referencias locales como el cerro San Javier, los lapachos y los ingenios azucareros. 

“La idea fue revalorizar el espacio y transmitir un mensaje. El Papa aparece como un conector entre la fe y el cuidado de la casa común, del ambiente”, explica Fabio Casen, integrante del equipo. El hecho de que no haya sido vandalizado es, para quienes participaron del proceso, una señal clara de apropiación comunitaria temprana. 

Todos los actores coinciden: el mural no fue un gesto decorativo ni un complemento tardío. Funciona como parte central de la estrategia para resignificar un lugar históricamente asociado al descarte.

Un proceso colectivo y articulado en San Miguel de Tucumán

“Nosotros ya teníamos detectados y mapeados los basurales de la ciudad. Cuando analizamos este lugar, que concentraba muchas complejidades, apostamos por esta intervención para demostrar que el cambio era posible”, indica Florencia Caminos, subdirectora de Ambiente. 

En algunos sectores, los residuos acumulados alcanzaban más de un metro de profundidad. “Había escepticismo y enojo entre los vecinos, porque durante años fue el lugar más fácil para tirar basura —reconoce la especialista—. Pero la clave fue explicar, escuchar, trabajar juntos y que se apropien de este espacio”. 

La erradicación del basural fue el punto de partida. La intervención incluyó nuevas veredas, iluminación, arbolado, mobiliario urbano, un botellón para facilitar el reciclaje de plásticos y, claro, el mural de gran escala. Para lograrlo, se articularon distintas áreas municipales –Ambiente, Servicios Públicos, Arbolado y Seguridad, entre otras– junto con la universidad pública, el sector privado y los vecinos del barrio.

Desde el programa Transformá de la Municipalidad, que tiene como fin erradicar los basurales a cielo abierto de la ciudad, el énfasis está puesto en la apropiación del espacio. “No hablamos sólo de estética o de imagen. Hablamos de salud”, define José Íñigo, coordinador del programa. “Erradicar un basural es erradicar focos de enfermedad. Pero para que el cambio sea real, de raíz, el espacio tiene que volverse propio”, insiste. 

Durante los dos meses de obra, los promotores ambientales recorrieron el barrio, reforzaron horarios de recolección y trabajaron sobre hábitos cotidianos. En ese período, no volvió a acumularse basura en el lugar.

Mejoras estratégicas y aprendizaje entre ciudades

La experiencia se enmarca en el programa Ciudades Circulares de RIL Argentina, que trabaja junto con gobiernos locales para abordar la gestión de residuos desde una perspectiva integral. Lejos de acciones aisladas, la propuesta combina diagnóstico territorial, planificación, intervención física y acompañamiento comunitario.

“Nos sumergimos en el proceso de diagnóstico de San Miguel de Tucumán, lo que nos permitió comprender a fondo la realidad local e identificar las oportunidades de mejora estratégicas para su territorio. No se trata sólo de señalar desafíos, sino de visualizar el potencial latente de cada rincón de la ciudad”, profundiza Mariana Ponzio, del equipo de Ciudades Circulares. 

En la capital tucumana, el trabajo implicó mapear el basural, articular áreas municipales, involucrar a actores privados como el Banco Hipotecario y generar instancias de participación vecinal. El objetivo: que la erradicación no sea un evento puntual, sino un proceso sostenible en el tiempo.

“El equipo de Ciudades Circulares nos acercó experiencias de otras ciudades y nos ayudó a ordenar nuestros procesos para poder adaptarlas y replicarlas. Hicimos diagramas de actividades, y entendimos mejor por qué algunas etapas van antes y otras después”, valora Florencia Caminos sobre la metodología aplicada. 

Desde RIL subrayan que el valor del proceso estuvo en activar conocimientos ya presentes en el municipio, conectar voluntades y construir una visión compartida. “Ciudades Circulares es más que un concepto. Es una práctica colectiva que nos invita a repensar cómo vivimos, consumimos y producimos”, concluye Mariana Ponzio. 

La experiencia deja aprendizajes claros. El primero es que erradicar un basural crónico requiere más que limpieza: necesita planificación, articulación y presencia sostenida. Y que el enlace público-privado permite mejorar la calidad de una intervención, pero su sostenibilidad depende esencialmente del compromiso comunitario.

El desafío ahora es que el basural no vuelva. Para eso, continúan las rondas de control y el trabajo territorial. “Cada espacio tiene su comportamiento. Pero cuando la comunidad se apropia, el cambio tiene más chances de sostenerse. Y eso ya está pasando”, observa José Íñigo, del programa Transformá. 

Impactos visibles y uso cotidiano en el Barrio Bajo La Pólvora

El cambio es tangible. Donde antes predominaba la basura y la oscuridad, hoy hay iluminación renovada, veredas transitables y un espacio que se usa. Vecinos que antes evitaban pasar por la zona ahora se detienen, se sientan y conversan. El lugar fue incorporado al sistema de monitoreo municipal gracias a la donación de una cámara de seguridad, un “elemento clave” para prevenir nuevas situaciones de abandono.

“Aquí antes había un basural. No arroje basura. La ciudad limpia la hacemos entre todos”, dicen dos carteles que instaló la Municipalidad y que contienen un código QR que lleva a una foto de cómo era el espacio hace apenas unos meses. 

Al caer la tarde, cuando el calor tucumano comienza a aflojar, la esquina vuelve a poblarse. Los más chicos usan los nuevos juegos mientras otros vecinos toman mate. Son gestos simples, cotidianos, que hasta hace poco eran impensables en este lugar del barrio Bajo La Pólvora. 

“Es como nuestro paraíso chiquito. Es muy lindo. Cambia la percepción de la zona respecto a la seguridad. Estamos muy agradecidos”, dice a +COMUNIDAD Beatriz Navarro. “Te diría que el 100% de los vecinos estamos atentos y comprometidos para que nunca más nadie tire basura acá”, aporta María José Saavedra. 

Este volcadero ilegal ya no existe. Según datos municipales, desde 2023 se ha erradicado el 54% de los basurales de San Miguel de Tucumán. “Nos queda un porcentaje importante, pero estamos convencidos de que estamos en el camino”, señala Julieta Migliavacca. En esta esquina de la zona norte, el desafío ahora es sostener el cambio y evitar que el abandono vuelva a instalarse. 

^{Fotografía principal e imágenes en nota: gentileza Municipalidad de San Miguel de Tucumán.}

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En Bogotá, una ciudad de más de siete millones de habitantes, miles de personas interactúan a diario con el gobierno para resolver cuestiones básicas: consultar si acceden a un beneficio social, revisar el estado del transporte público, inscribir a sus hijos e hijas en la escuela o pagar impuestos. Pero también pueden proponer temas para sus barrios, monitorear el avance de cada iniciativa y participar en procesos de decisión pública desde sus WhatsApp.

Durante años, gran parte de esas gestiones estuvo marcada por información dispersa, trámites presenciales que requerían tiempo y dificultades para encontrar respuestas claras. Estas barreras no sólo afectaban la experiencia de los servicios públicos: también limitaban las posibilidades de participar en decisiones colectivas, un componente central del modelo de Gobierno Abierto que la ciudad impulsa desde hace una década.

Ante este diagnóstico, la Administración Distrital comenzó a explorar nuevas formas de relación con la ciudadanía, más accesibles y sin intermediarios. “La relación del distrito con la ciudadanía estaba fragmentada y sobredemandada”, explica a +COMUNIDAD Mónica María Fonseca Vigoya, líder técnica y de Gobierno Abierto. 

Así surgió la decisión de apostar por un canal tan cotidiano como WhatsApp y, luego, por la inteligencia artificial conversacional “Hay que estar donde ya está la ciudadanía, y la tecnología debe adaptarse a las personas, no al revés”, profundiza la funcionaria. 

En ese contexto surge Chatico, un asistente virtual creado en 2022 para integrar información pública, facilitar trámites y, sobre todo, abrir un acceso simple y directo a los procesos de participación ciudadana. La herramienta se inscribe en el modelo de Gobierno Abierto de Bogotá y busca convertirse en el principal canal para acercar al Estado a la vida cotidiana de las personas.

Chatico, un puente entre gobierno y ciudadanía

Chatico funciona como un canal unificado que permite consultar servicios y trámites, recibir recordatorios personalizados, acceder a programas sociales o pagar obligaciones tributarias sin necesidad de visitar una oficina. Está disponible por WhatsApp y en la página web de Gobierno Abierto de Bogotá.

Su desarrollo respondió a un esquema de colaboración público–privada que combina la conducción estratégica del gobierno distrital con las capacidades tecnológicas de un aliado especializado.  

Desde la Consejería Distrital TIC, y en articulación con las entidades del distrito, el gobierno definió la visión general del proyecto —alineada con Bogotá Capital Digital y la plataforma de Gobierno Abierto—, priorizó los servicios y casos de uso, y diseñó los flujos conversacionales. También asumió la curaduría y validación de contenidos oficiales, la gobernanza de datos, los lineamientos éticos y el cumplimiento normativo, además del seguimiento de indicadores para orientar la evolución del servicio.

Por su parte, ETB–SÍLICE, como socio tecnológico, aportó la infraestructura necesaria para operar un canal omnicanal y escalable, alojado en la nube. Su rol incluye el desarrollo, integración y mantenimiento de los flujos conversacionales; el soporte técnico y la operación diaria; la mejora continua de la experiencia de usuario; y el acompañamiento en analítica de uso para comprender patrones de interacción y orientar ajustes.

Este esquema permitió que Chatico combinara una conducción pública clara —basada en estándares, transparencia y orientación al usuario— con una operación tecnológica robusta y flexible, capaz de escalar, incorporar nuevos servicios y sostener niveles altos de disponibilidad.

El camino de Chatico para acercar al Estado a las personas

Los primeros resultados de Chatico muestran cómo un canal simple puede transformar la relación entre el gobierno y la ciudadanía. Desde su lanzamiento, gestionó más de 3,6 millones de conversaciones y alcanzó un 85% de satisfacción. Pero el cambio más relevante se observa en los procesos de participación: en el Presupuesto Participativo de 2023, el 82% de las personas que votaron lo hicieron por primera vez a través de Chatico. El asistente se convirtió así en la puerta de entrada para miles de vecinos y vecinas que nunca habían participado en decisiones públicas, con tiempos de respuesta promedio de apenas 0,38 segundos.

Chatico también impulsa nuevas formas de democracia digital, como las Causas Ciudadanas. Allí, habitantes de distintos territorios pueden proponer temas de interés colectivo, seguir su avance y conocer cómo se gestionan las iniciativas. Para una ciudad donde muchas personas históricamente quedaron al margen de los espacios de decisión, estas herramientas buscan abrir oportunidades concretas para ampliar derechos y fortalecer la confianza en las instituciones.

La medición de impacto es un componente central del proyecto. Según explica Mónica María Fonseca Vigoya, el equipo analiza periódicamente los indicadores y los vincula con decisiones de política pública, ajustes en los flujos y priorización de nuevos servicios. Entre las métricas que utiliza Bogotá se encuentran el volumen de conversaciones y usuarios únicos, la recurrencia de quienes regresan al canal, los temas y flujos más consultados, el nivel de automatización de las respuestas, los tiempos de disponibilidad del servicio y, de manera especial, la participación ciudadana reflejada en interacciones en procesos participativos y consultas públicas.

Hacia un asistente más inteligente y accesible

En paralelo al crecimiento de su uso, el equipo comenzó a fortalecer la madurez tecnológica del asistente. Hoy Chatico opera en un nivel cognitivo que le permite sostener diálogos naturales, personalizar respuestas y ofrecer recomendaciones adaptadas al contexto de cada consulta. Esta evolución fue posible gracias a la integración de modelos de lenguaje avanzados —como GPT, Gemini o LLaMA—, que hacen que la interacción entre la ciudadanía y la gestión municipal sea más fluida y cercana.

Según explica la líder técnica y de Gobierno Abierto de Bogotá, esta mejora tecnológica se traduce en una experiencia cotidiana más simple: las personas pueden resolver, desde el celular y en lenguaje natural, procesos que antes implicaban filas, llamadas extensas o navegar por distintos sitios web sin resultados claros. Entre las funciones más utilizadas se encuentran:

• Información sobre trámites y servicios prioritarios
• Acceso a procesos de participación ciudadana digital
• Atención multicanal, disponible las 24 horas

El modelo de sostenibilidad de Chatico

La Alcaldía de Bogotá asegura que el modelo de sostenibilidad de Chatico se basa en cuatro capas:

Sostenibilidad institucional

Chatico cuenta con respaldo político porque forma parte del Plan de Desarrollo Distrital. La iniciativa se vincula con la meta de fortalecer la plataforma de Gobierno Abierto y los canales de participación y servicio digital. Esto busca darle continuidad más allá de los cambios de administración.

Sostenibilidad financiera

Las operaciones de Chatico se financian con recursos del presupuesto de la Consejería Distrital TIC y con contratos de servicios especializados. Estos fondos se articulan con otros proyectos digitales, como la SuperApp Bogotá, la infraestructura de datos y la identidad digital.

Sostenibilidad tecnológica

El chatbot funciona sobre infraestructura en la nube y utiliza un diseño modular e interoperable. Esta arquitectura permite escalar el volumen de interacción, integrar nuevas entidades y sumar servicios mediante APIs. También facilita mejorar las capacidades de IA sin reescribir la solución completa.

Sostenibilidad de conocimiento y operación

El proyecto cuenta con un modelo de gobernanza de contenidos. Allí se actualiza la información, se asignan responsables y se documentan los flujos conversacionales. Además, se utilizan tableros de seguimiento para monitorear su uso, la recurrencia y los temas críticos del servicio.

Un desafío: estar más cerca de la ciudadanía 

De cara al futuro, el equipo de Gobierno Abierto proyecta que Chatico se convierta en el asistente digital central de Bogotá. La expansión del servicio se articula con la SuperApp y la identidad digital, y busca que la herramienta deje de operar como un chatbot aislado para integrarse plenamente en el ecosistema de servicios públicos digitales de la ciudad.

 “Se proyecta como el asistente digital central de Bogotá”, dice Mónica María Fonseca Vigoya. En sus palabras, la hoja de ruta incluye: 

• Profundizar las capacidades de IA generativa, manteniendo gobernanza y supervisión humana, para mejorar la comprensión de consultas complejas, ofrecer respuestas más contextuales y apoyar a los equipos internos en la gestión de conocimiento.

• Integrar más servicios transaccionales, de forma progresiva y segura: agendamientos, radicación de solicitudes, seguimiento de casos y, en una etapa posterior, operaciones que requieran autenticación e identidad digital.
• Evolucionar hacia interacciones más proactivas. Por ejemplo, entregar información relevante antes de que el ciudadano la solicite (campañas de ciudad, alertas de servicios públicos, participación en políticas, recordatorios de fechas clave), siempre bajo autorización informada y respeto de la protección de datos personales.
• Fortalecer la accesibilidad e inclusión, incorporando mejoras para personas mayores, personas con discapacidad, distintos niveles de alfabetización digital en entornos de baja conectividad.

En paralelo, el gobierno local está documentando el modelo de gobernanza, arquitectura y operación de Chatico para poder compartir aprendizajes y, eventualmente, explorar esquemas de cooperación con otras ciudades interesadas.

^{Campaña Chatico. Imagen: Administración Distrital de Bogotá.}

Hacia una herramienta que trasciende fronteras

Chatico ya funciona como puerta de entrada a servicios de varias entidades del distrito. La meta es que más áreas de la gestión municipal lo integren, no solo para informar sino también para apoyar procesos internos. Hoy participa en ámbitos como educación, empleo y emprendimiento; gestión de residuos, servicios públicos y medio ambiente; y programas sociales, seguridad, convivencia, cultura y deporte.

La experiencia también empieza a proyectarse fuera de la ciudad. Bogotá participa en redes de ciudades y en espacios internacionales donde comparte su trabajo en Gobierno Abierto, participación digital y uso de IA para la gestión pública. “La intención es que la metodología de Chatico —su arquitectura, modelo de gobernanza y aprendizajes— pueda ser aprovechada por otras ciudades, adaptándose a sus contextos y capacidades”, señala Mónica María Fonseca Vigoya.

Para Bogotá, la apuesta es clara: que el camino recorrido con Chatico contribuya a un ecosistema latinoamericano de ciudades que utilizan la tecnología de manera responsable para acercar el gobierno a las personas.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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Por Mariana Foglia y Sofía Castro,
Ciudades por la Seguridad en RIL (*)

En 2024, la provincia de Córdoba puso en marcha un nuevo paradigma en seguridad ciudadana que promueve la articulación entre el Estado provincial, los gobiernos locales y el sector privado para desarrollar soluciones más eficientes. El cambio normativo tiene como eje central a los municipios y comunas: ya son 107 los que crearon sus propias Guardias Locales de Prevención y Convivencia, y más de 300 los que adhirieron a la nueva Ley de Seguridad Pública (Ley N° 10.954), sancionada a fines de 2023. La cifra representa el 85% de la población provincial. 

Lejos de deslindar responsabilidades, esta política reconoce el rol clave que tienen los gobiernos locales como primera línea en la prevención del delito. A través de la ley, se facilita la provisión de recursos provinciales como tecnología de videovigilancia, equipamiento y vehículos para los nuevos cuerpos de seguridad. También se fomenta la adopción de programas de participación ciudadana exitosos como Ojos en Alerta.

La prevención es la parte que les compete a los gobiernos locales en la coproducción de seguridad ciudadana. Para que sea sostenible, necesitan algo más que recursos materiales: requieren también de herramientas para profesionalizar a sus equipos técnicos, realizar diagnósticos más certeros y diseñar planes estratégicos para ordenar, priorizar y tomar decisiones basadas en evidencia.

Por eso, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Seguridad de la Provincia implementó junto con RIL el programa Ciudades por la Seguridad. En 2024, la propuesta acompañó a 25 gobiernos locales, incluidas ciudades grandes como Córdoba Capital, Villa María, San Francisco y Río Cuarto. Se trata de un recorrido donde los equipos locales reciben asistencia técnica desde el diagnóstico a la planificación y el monitoreo de metas de seguridad, con el foco puesto en generar capacidad instalada y el trabajo en red. En 2025, el programa se expandirá a 40 ciudades más.

Para cualquier gobierno local que busque fortalecer su estrategia local de seguridad, esta experiencia ofrece una guía valiosa. ¿Cuáles fueron sus mayores desafíos? ¿Qué aprendieron en el camino? ¿Qué logros alcanzaron? Estas preguntas nos ayudan a entender y compartir las claves de su transformación.

Innovación y planificación en seguridad

A través del recorrido del programa Ciudades por la Seguridad, los municipios participantes dieron un gran paso hacia una gestión de la seguridad más estratégica y eficiente al crear sus propios Planes de Seguridad Local. Esta hoja de ruta, pensada a cuatro años, incluye la visión del intendente, ejes estratégicos, objetivos, metas claras e indicadores para medir los avances en el tiempo.

Para dar seguimiento al Plan, los municipios crearon un tablero de monitoreo que les permite medir el progreso, identificar demoras y ajustar la gestión. Mantenerlo actualizado asegura que las estrategias de seguridad no queden sólo en planes, sino que se traduzcan en mejoras reales, sostenibles y transparentes.

El punto de partida para que cada gobierno local participante alcance su Plan de Seguridad fue un autodiagnóstico de capacidades locales. Se trata de una herramienta de autoevaluación diseñada con un panel de expertos, que les permitió medir su estado o línea de base en materia de gestión de la seguridad local. 

¿Cuentan con un área de seguridad en su estructura orgánica? ¿Realizan encuestas de victimización y percepción sobre seguridad? ¿Promueven instancias de participación ciudadana en la materia? Estas son sólo algunas de las 58 preguntas en seis grandes temas que permitió a cada equipo identificar fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora. Esta herramienta es de carácter abierto y  accesible a través del portal de  RIL, y procura identificar cuales “No” podemos transformar en “Sí”.

La experiencia en ciudades de Córdoba

Transformar los “No” en “Sí” implica reconocer lo que falta y animarse a construirlo. Así lo hicieron, por ejemplo, en Arroyito, donde crearon una Secretaría de Seguridad Ciudadana, separando sus funciones de las de seguridad vial para abordar de manera más focalizada la prevención del delito y la protección comunitaria. O en Estación Juárez Celman, donde el equipo municipal creó una Dirección de Seguridad Ciudadana que integra dispositivos de emergencia y estrategias preventivas para fortalecer la respuesta ante incidentes. Se trata de aprendizajes que surgen al revisar capacidades institucionales y poner de relieve la importancia de contar con  áreas municipales especializadas y equipos formados en las mejores prácticas. 

En la siguiente etapa del programa, el desafío fue mejorar la recolección y análisis de datos sobre seguridad. Para ello, se asistió a los equipos para identificar los principales factores de riesgos socio-delictuales y qué programas municipales funcionan como factor de protección. La verdadera innovación del proceso radicó en acelerar la articulación multiagencial dentro de cada municipio, facilitando un trabajo conjunto para definir prioridades y abordar la seguridad de manera más integral. 

Para ello, las áreas de Seguridad trabajaron en conjunto -muchas por primera vez- con otras dependencias como Desarrollo Social, Cultura, Espacios Públicos o Educación para pensar la problemática desde su complejidad. También unificaron estadísticas dispersas para tener una visión más clara considerando no sólo la información criminal, sino múltiples datos que permiten entender el problema desde sus causas.

En algunas ciudades como San Francisco y Malagueño esta búsqueda por unificar datos delictuales dispersos derivó en la creación y fortalecimiento de sus propios Observatorios de Seguridad Municipales. Estos espacios contribuyen a la profesionalización técnica y continua del análisis de datos para la planificación de políticas locales. 

En la ciudad de Córdoba, en tanto, se realizó un arduo trabajo en la unificación de registros provenientes de diversas áreas municipales. Por ejemplo, las denuncias por violencia de género, la identificación de espacios con presencia de personas en situación de calle y el mapa de intervenciones de la Guardia Urbana Municipal. 

En municipios como Marcos Juárez y Villa Allende, los espacios de diálogo multiagencial fomentaron la cooperación entre distintos niveles gubernamentales y actores comunitarios. En ciudades como Cosquín, incluso se sumó personal policial a estos talleres, aportando su mirada y debatiendo con secretarios municipales de distintas áreas.

Aprendizajes para una gestión más eficiente: formación y trabajo en red

Convencidos de que la innovación va de la mano de la inspiración, los referentes de seguridad ciudadana comenzaron a formar parte de la “Comunidad Seguridad”. Se trata de un espacio de aprendizaje entre pares que ya se extendió a 84 ciudades de 14 provincias argentinas. El objetivo: una red colaborativa nacional que acelere el intercambio de buenas prácticas y soluciones para desafíos comunes. Allí se canalizan capacitaciones con expertos nacionales e internacionales, siendo la formación para la acción a través de la Academia de Seguridad de RIL un pilar del programa.

A la hora del balance, una de las grandes lecciones de esta experiencia es que una planificación más efectiva demanda pensar la seguridad más allá del delito para que los gobiernos locales puedan llegar antes de que el mismo ocurra. Integrar datos sobre acceso a la salud, consumos problemáticos, deserción escolar, desarrollo humano, denuncias por violencia de género y condiciones del espacio público hace la diferencia entre la prevención temprana y la reacción tardía. 

Otro aprendizaje clave fue la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la prevención del delito. Morteros, por ejemplo, llevó a cabo un Taller de Medidas Preventivas de Seguridad dirigido a personas mayores, demostrando la importancia de integrar a la comunidad en las estrategias de seguridad, promoviendo la corresponsabilidad de la seguridad y fortaleciendo la cohesión social.

La planificación estratégica demostró ser un factor determinante en la efectividad de las políticas de seguridad. En municipios como Tanti y Río Cuarto, la implementación de tableros de monitoreo ha permitido seguir en tiempo real la evolución de los programas en curso y realizar ajustes en función de los resultados obtenidos.

Este enfoque ayuda a medir resultados y, al mismo tiempo, permite que lo urgente no le quite tiempo a lo importante. Al contar con información clara, los equipos de gobierno pueden tomar decisiones estratégicas con mayor precisión, priorizar intervenciones efectivas y asegurar que la seguridad ciudadana sea abordada con planificación, datos y resultados concretos.

Un camino de mejora continua para todos los municipios 

Los avances registrados en Córdoba confirman que la seguridad local exige un enfoque integral y colaborativo, donde confluyen la planificación basada en datos, la articulación multiagencial y la participación comunitaria. Si bien planificar implica un cambio cultural y enfrentar resistencias de áreas de gobierno que tienden a funcionar como compartimentos estancos, es posible avanzar hacia una lógica más coordinada y estratégica. 

La experiencia de estos municipios demuestra que, incluso con recursos limitados, se pueden impulsar transformaciones significativas cuando se trabaja con información, se promueve la cooperación entre sectores y se invierte en la formación continua de los equipos. Todo esto con el horizonte de dejar un legado duradero de mayor seguridad para la ciudadanía. La clave radica en la implementación de metodologías basadas en evidencia, el fortalecimiento de la gobernanza local y la construcción de redes de colaboración sostenibles en el tiempo.

El cierre del programa 2024 no marca un punto final, sino un nuevo punto de partida para seguir fortaleciendo la experiencia que vivirán 40 nuevos gobiernos locales de Córdobaen 2025. Es una experiencia que invita a otras provincias del país a nutrirse de este enfoque de seguridad basada en la corresponsabilidad entre niveles de gobierno para alcanzar comunidades más seguras, resilientes y participativas.

Lecciones desde Colombia sobre la planificación en seguridad local  

Como parte del programa, una de las expertas invitadas en 2024 fue Melissa Franco García, consultora internacional en planificación de políticas de seguridad y exsecretaria del Interior de Bucaramanga, Colombia. Durante un webinario, compartió una experiencia muy valiosa desarrollada en su país. 

En Colombia, desde 1993, a partir de la sanción de la Ley Nacional N.º 62, se estableció la obligación de que alcaldes y gobernadores, en conjunto con la Policía Nacional, diseñen y ejecuten planes integrales de seguridad en sus territorios. Estos planes, conocidos como Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), son requisitos indispensables para acceder a recursos logísticos y financieros por parte del gobierno nacional.

Esta política resalta la importancia de la planificación estratégica en materia de seguridad, y para ello, a lo largo de los años, Colombia ha desarrollado una guía metodológica común que permite a todos los municipios formular sus planes de manera homogénea, utilizando un mismo formato en todo el país. 

Además, los planes deben cargarse en un sistema nacional de seguimiento. Esto obliga a los municipios a mantener la información actualizada y accesible, tanto para otros funcionarios como para la ciudadanía. Esto refuerza la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales. Los PISCC incorporan buenas prácticas internacionales y están diseñados para trascender gestiones políticas, combinando metas de corto y largo plazo que pueden sostenerse entre administraciones.

La experiencia de Colombia, así como la de Córdoba, demuestra que cuando existe voluntad política, acompañada por herramientas normativas claras y sistemas de seguimiento eficientes, es posible lograr una transformación profunda en la manera en que se gestiona la seguridad desde lo local.

(*) Mariana Foglia es coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad en la Red de Innovación Local (RIL). Sofía Castro se desempeña como facilitadora en el mismo programa. 

Fuente ilustración principal: Pinterest. 

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Rionegro es una ciudad mediana del departamento de Antioquia en Colombia, con una población de 135.465 habitantes. Tras la pandemia, el gobierno local enfrentó desafíos similares a otras urbes latinoamericanas: recaudación tributaria, atención médica, desempleo y seguridad. 

Como respuesta, la ciudad optó por el uso de datos y comenzó a desarrollar in house (“en casa”) plataformas para el análisis de información. Esto tuvo como objetivo medir la gestión del desempeño de su gobierno, mejorar su sistema de fiscalización y recaudación, y mejorar la prestación de servicios públicos a sus residentes.

A inicios de 2024, Rionegro fue reconocida con la certificación What Works Cities*, otorgada por Bloomberg Philanthropies y Results For America. Esta distinción se concede a ciudades que se destacan por sus prácticas de datos para enfrentar sus desafíos, tomar decisiones, mejorar su gestión, eficientar recursos y mejorar los servicios para sus residentes.

Mejoras en la recaudación tributaria

Rionegro creó el Centro de Inteligencia Fiscal (CIF) para monitorear la evasión y la elusión, así como fomentar la cultura tributaria, contribuyendo al fortalecimiento de los niveles de eficacia y eficiencia fiscal y financiera del municipio.

El CIF usa datos y técnicas de inteligencia de la información para “hacer un seguimiento, monitoreo y control del ejercicio fiscalizador y por ende de la gestión de cobro, articulado con estrategias de cultura tributaria de forma estandarizadas y generalizadas, para fomentar y sensibilizar a los contribuyentes de los riesgos de sanciones, y de divulgar la eficiencia del gasto público motivando al contribuyente a retribuir y a beneficiarse de la inversión pública de la administración municipal”.

Como parte de la estrategia, el CIF lanzó la campaña de comunicación “Más que un impuesto es amor por Rionegro”. Además, se identificaron evasores y se diseñaron estrategias específicas para este grupo.

Resultados del CIF

En 2022, la ciudad aumentó un 22% los ingresos tributarios de la industria y el comercio y tuvo en general un aumento en la recaudación tributaria de U$S 14.000.

“Más ingresos significan más oportunidades para que el gobierno aborde cuestiones importantes, como el empleo, la seguridad, los proyectos comunitarios y la atención médica”, evaluaron desde WWC. 

Mejoras en el servicio de salud

Después de la pandemia, en 2022, la Municipalidad identificó, a través del uso de datos, que los servicios de emergencia estaban colapsados y que los tiempos de espera eran muy altos. Una de las razones era que el 93% de los pacientes que llegaban a solicitar un servicio de emergencia no tenían un padecimiento que realmente lo fuera. 

Además, el 45% de los pacientes provenían de otros municipios; por lo que podían ser atendidos en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) básicas de su municipio mediante atención de urgencias programadas, prioritarias o de baja complejidad. 

Ante esta problemática, Rionegro diseñó y lanzó la plataforma “Te Acompaño”, un sistema territorial de articulación de actores para el acceso efectivo a los servicios de salud con funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este sistema busca ayudar a los pacientes que no necesiten servicios de emergencia a concretar una cita con una institución de salud cercana para atender su padecimiento.

En paralelo, se lanzó  la campaña de comunicación llamada “Urgencias a conciencia”, que informa de manera continua a los pacientes sobre los diferentes niveles de triage, ayudándolos a distinguir entre afecciones que pueden ser tratadas en una clínica de atención primaria cercana y emergencias que requieren atención urgente. 

Resultados de “Te Acompaño”

En su primer año, la plataforma llegó a 8000 usuarios, ayudó a mejorar el ahorro de recursos de atención médica en un 91 % y ahorró al sistema de atención médica de la ciudad U$S 377.500 en costos operativos. En una encuesta a residentes, el 93% de las personas usuarias de “Te Acompaño” djeron que estaban satisfechas con el servicio.

Trabajos en la seguridad pública

El aumento en los ingresos a través del CIF le permitió al municipio una inversión importante en materia de seguridad. Por ejemplo, en la pasada administración de gobierno se incrementó el número de cámaras en toda la ciudad de 65 a 337 y se instaló una red de 203 km de fibra óptica que le permite al equipo de la ciudad tomar decisiones de seguridad, así como controlar semáforos, luminarias y las propias cámaras de seguridad desde el Centro de Monitoreo y Control.

Utilizando datos se informa constantemente a la ciudadanía los avances en seguridad a través de boletines de prensa publicados en el portal web del municipio. Así, se pueden corroborar mejoras en la seguridad pública de Rionegro con los datos de robos, violencia sexual y doméstica.

Mejoras en empleo con el uso de datos

La Agencia Pública de Empleo conecta a personas en búsqueda de trabajo con empresas que ofertan empleo, considerando el perfil de la candidatura y los requerimientos de los empleadores.  

En 2023, Rionegro alcanzó una tasa de desempleo del 7,5%, por debajo del promedio nacional de 9,3%. Así, tiene una de las tasas de desempleo más bajas para las ciudades intermedias de Colombia. 

A través de todas estas mejoras, Rionegro ha demostrado cómo el uso de datos puede contribuir a la transformación de la gestión gubernamental y la mejora de la calidad de vida de las personas. 

* Esta nota se publica en el marco de las certificaciones de What Works Cities anunciadas a inicios de 2024. El programa acompaña a los gobiernos a mejorar sus prácticas de datos para abordar sus desafíos más apremiantes y mejorar la vida de sus habitantes. WWC permite que ciudades de más de 30.000 habitantes accedan de forma gratuita a una red de apoyo de organizaciones expertas en materia datos e innovación gubernamental. Además, pueden participar en seminarios web, cursos de formación y tutorías individuales e intercambiar experiencias con otras ciudades para fortalecer la toma de decisiones basadas en datos y evidencia.

Por Tania Chávez, integrante del equipo de Certificaciones de la Red de Innovación Local (RIL), para +COMUNIDAD.

^{Foto principal: Rionegro – IGAC.}

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Por Danila Pagano Bianchini,
Ciudades Innovadoras en RIL

El distrito de Santa Anita, ubicado en el este de Lima, Perú, es uno de los 43 distritos que conforman la capital del país y alberga a más de 230.000 habitantes. Este territorio, enclavado en el desierto costero del Pacífico, enfrenta múltiples desafíos urbanos, entre los que destaca la necesidad de mejorar la calidad de los espacios públicos, escasos en una zona donde apenas llueve 9 milímetros al año. 

A pesar del entorno árido, la comunidad valora enormemente las áreas verdes, alimentadas por la vital conexión al canal del río Surco, una antigua arteria acuática que en el pasado irrigaba tierras agrícolas y que hoy sigue siendo fundamental para nutrir los parques de 18 distritos. En este contexto, surgió una iniciativa que, en colaboración con la sociedad civil, una empresa privada y el municipio, busca recuperar y transformar los espacios públicos abandonados, mejorando así la calidad de vida de sus vecinos.

“Tenemos algo de verde, algunos árboles antiguos, y eso, en nuestra Lima del desierto, es un lujo”, comenta Anna Zucchetti, directora de la ONG Ciudad Viva. En comparación con otros distritos limeños, Santa Anita goza de una pequeña red de parques. Sin embargo, la mayoría de estos espacios públicos están abandonados o son inseguros, lo que afecta mucho la calidad de vida de sus habitantes.

En busca de espacios seguros

El distrito, en muchos sentidos, refleja la historia de Lima: un lugar donde las migraciones dejaron su huella con poblaciones que llegaron desde el Perú central en las décadas de los 40, 50 y 60, y hoy constituyen un crisol cultural súper rico en la zona. Además, cuenta con dos de los mercados más grandes de la ciudad –incluyendo el principal mercado mayorista–, haciendo de Santa Anita un eje de dinamismo económico y tránsito constante. 

Estas características presentan desafíos ineludibles en términos de seguridad y gestión de espacios públicos. Anna ejemplifica: “Uno encuentra grupos de jóvenes con sus parlantes cuando camina por los parques, plazas y a veces incluso las veredas, porque no tienen muchos espacios cómodos ni seguros. Están allí solos o acompañados de un profesor, ejercitando sus bailes tradicionales”.

La recuperación del Parque Manuel de la Torre

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida en Santa Anita, Anna Zucchetti y su equipo participaron en el Programa de Innovadores Locales (PIL) 2023, diseñando una estrategia integral para la recuperación de espacios públicos. Un claro ejemplo de esta estrategia es la recuperación del Parque Recreacional y Jardín Botánico Manuel de la Torre.

Este parque, que alguna vez fue una loza deportiva descuidada y prácticamente abandonada, hoy es un espacio multifuncional gracias a la colaboración entre Ciudad Viva, la Municipalidad y la empresa Pepsico. “Gestionamos el financiamiento y rediseñamos el espacio, creando islas de biodiversidad y mejorando el verde”, señala Zucchetti.

Zulema de la Cruz, compañera de Anna, recuerda: “Había muchas problemáticas sociales. Partes del parque estaban muy deshabitadas y peligrosas; la gente evitaba pasar por ahí. El parque estaba en una zona roja de Santa Anita, y era importante dar un espacio digno de circulación”.

Hoy, el parque es un espacio más seguro, con juegos para niños, lo que activó el lugar para otro tipo de uso. “Incluso dejamos áreas verdes, plantamos nuevas especies y creamos caminos internos para generar recorridos”, añade Zulema. La intervención no solo resolvió problemas de inseguridad, sino que también integró a los camioneros que frecuentaban la zona, creando áreas donde pueden almorzar, transformando el lugar en una especie de “zona de camping” para todos. 

Además, cerraron una calle cercana para convertirla en peatonal y fortalecieron el comité de gestión del parque, conformado principalmente por mujeres vecinas. 

Un impulso a la cultura y el deporte

Un aspecto fundamental de la transformación en Santa Anita fue la revitalización cultural de los espacios públicos, con la danza como uno de los principales motores de cohesión social. “Muchos grupos que bailan danzas tradicionales del Perú no tenían espacios adecuados”, explica Zucchetti. Lo que antes era un lugar inseguro, hoy se transformó con una cancha que no sólo se usa para jugar al fútbol, sino también para practicar danzas, deportes y actividades culturales. 

Además, para reforzar la identidad a través de la danza folclórica, se organizó un festival que, además de generar cohesión social, también dinamizó el uso de los espacios recuperados. Estos eventos buscan ser replicables en otros barrios y promueven la participación comunitaria.

La colaboración entre el gobierno local, la asociación civil y la empresa multinacional mejoró la relación con los vecinos, que en el pasado tenían “miles de conflictos” con esta última. Hoy, esa relación se transformó gracias al proceso de co-creación con la comunidad que también pone en valor la articulación entre sector público y el privado. 

Desafíos y soluciones por delante

A pesar de los avances, el camino no es fácil. Santa Anita sigue siendo un distrito con altos índices de inseguridad, especialmente en las zonas más alejadas del centro. Sin embargo, la visión de Ciudad Viva va más allá de la infraestructura. El equipo está desarrollando la Escuela Itinerante de Espacios Públicos, un programa que busca empoderar a los vecinos y a los funcionarios municipales para que participen activamente en la gestión de los espacios públicos.

Además, como parte de un enfoque sistémico, identificaron la necesidad de mapear los espacios públicos del distrito. “Nadie tiene un inventario, ni siquiera la Municipalidad”, comenta Zucchetti. En colaboración con una universidad local, el equipo adaptó el diseño de una aplicación que les permite cartografiar los espacios públicos. Hasta ahora mapearon 20 espacios entre un total de 374.

El éxito en la transformación del Parque Manuel de la Torre es solo el comienzo. Ya se identificaron seis posibles intervenciones más en otras zonas del distrito, y el equipo de Ciudad Viva está en busca de nuevas inversiones para llevarlas a cabo. Lo que antes parecía imposible, hoy es una realidad gracias a la colaboración entre todos los actores de la comunidad. Cuando la comunidad trabaja en conjunto, los cambios positivos son posibles.

^{Imagen de portada: preparación de danzas folklóricas en el nuevo Parque Manuel de la Torre. Foto: Ciudad Viva. Fuente: Ciudad Viva.} 

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Por Narella Boscarol (*)

Ceres tiene una particularidad y es que la traza del ferrocarril divide en dos mitades a la ciudad, por lo que atravesarlo es algo casi rutinario para sus vecinos y vecinas. Hay quienes lo hacen en auto, utilizando otros pasos a niveles, y quienes lo hacen a pie o bicicleta, usando el paso central, que conecta las dos avenidas principales.

De un lado se encuentra el municipio, con todo el movimiento de personas que eso conlleva. Del otro frente, funciona la Escuela Primaria Nº 413 “Domingo F. Sarmiento”, lugar que además sirve de sede, durante la noche, a tres instituciones educativas: el Instituto Superior del Profesorado Nº 126 “Ángela Peralta Pino”, la Escuela de Educación Media para Adultos Nº 1236 “Doctor René Favaloro” y el Centro Educativo Nivel Primario Adultos Nº 106.

Este espacio, clave para la vida diaria de cientos de habitantes, permaneció por años sin mejoras, a pesar de ser un lugar de paso obligado para quienes estudian, trabajan o realizan actividades recreativas.

Ferrocarril en Ceres. Imagen: Región Litoral. 

Una respuesta a un pedido de la comunidad

Frente a esta situación,  la Municipalidad de Ceres decidió intervenir el espacio a partir de una acción concreta. La propuesta era iluminar el trayecto de la pasarela y ferrocarril, lugar en donde ya se habían denunciado hechos de inseguridad contra mujeres. 

Además de la necesidad de llevar seguridad a las vecinas, la decisión era transversal para ciudadanos de todos los géneros y edades. Alejandra Dupouy, intendenta de la ciudad desde 2019, cuenta: “Fue un tema recurrente que la gente me pedía en la campaña como candidata a intendente, cuando recorría hogares donde había estudiantes del Profesorado, del CEPA, del EMPA”. 

Este tema también había trascendido al mundo virtual, agrega la intendenta. “Veía que era una queja que se repetía en las redes sociales con respecto a la inseguridad de la gente que trabajaba de madrugada o de noche”. 

Tras avanzar con las obras de iluminación, el balance inicial de las autoridades es positivo. “Fue realmente un acierto escuchar a la gente con sus necesidades y darle prioridad a la iluminación de este sector, ya que se terminaron los reclamos y la inseguridad”, cierra Alejandra.

Segunda etapa: mejor la transitabilidad

Después de la importancia significativa que tuvo iluminar y volver a poner en valor este punto central de la ciudad, era necesario mejorar la transitabilidad. Ceres tiene un gran movimiento ferroviario, por lo que es frecuente que los pavimentos donde están las vías se rompan debido al peso de los trenes que pasan. 

El paso a nivel central no era la excepción: los días de lluvia, los vecinos debían sortear charcos y barros. Mientras, en días no lluviosos, era necesario mirar muy bien dónde apoyar el pie para no caer en sus baches. 

El gobierno de la ciudad evaluó la necesidad de mejorar la transitabilidad de este espacio. Efraín Rojas, secretario de Infraestructura, describe todo el proceso. “Mucha gente pasa por ahí y se tuvo en cuenta puntualmente ese aspecto a la hora de intervenir el paso a nivel. Transitan los chicos que van a la escuela, vecinos que van a la Municipalidad y hacen trámites, quienes van a los bancos y muchos más”, señaló.

Para lograr que el tránsito sea el mejor, se construyeron losas especiales de concreto que amortiguan el andar del tren y que impiden que se quiebren. “Lo que me motiva en mi rol es terminar obras como estas y que la gente esté contenta”, sostiene el funcionario. 

Paso por las vías del tren en Ceres. Imagen: Región Litoral. 

Un impacto tangible en la vida cotidiana

Marisel, vecina de la ciudad, compartió su experiencia. “La primera impresión que tuve al ver que se estaba remodelando el paso a nivel central fue una gran alegría. Ver que se estaba realizando una obra de gran importancia para toda la comunidad que utilizamos ese pasaje, ya que estaba muy roto y peligroso, principalmente para el paso de personas mayores y menores”. 

Según su testimonio, la mejora no sólo trajo tranquilidad, sino también seguridad. “Ver la obra terminada me llenó de alegría y felicidad. Poder caminar sin miedo de caerse; tener seguridad al estar muy bien iluminado; tener tranquilidad para los alumnos del Instituto que realizan ese pasaje en horas de la noche y para los jóvenes que pasan el fin de semana a lugares de diversión”, completó. 

(*) Esta nota se publica en el marco de la primera edición del Programa Periodismo de Ciudades, impulsado por +COMUNIDAD y la Red de Innovación Local (RIL).

Imagen principal: Municipalidad de Ceres. 

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Por Mariana Foglia (*)

Mientras que en la década de los 90 el dilema político de los intendentes giraba en torno a si debían o no involucrarse en los asuntos de seguridad, en la actualidad  el interrogante es qué hacer y cómo tener una mejor política local en la materia. 

Si bien la policía, la justicia y el sistema penitenciario dependen de los niveles provincial y nacional, los municipios hoy se han convertido definitivamente en el centro de imputación de la demanda ciudadana por más y mejor seguridad. 

Ubicados en la primera línea de fuego frente a una problemática compleja y multicausal, no hay escapatoria para los gobiernos locales. Sin tener en sus manos la faz punitiva, su principal rol es la prevención del delito y las violencias.

Es más barato prevenir que curar

Durante mucho tiempo la criminología clásica atribuyó el origen de las conductas delictivas a ciertas características físicas o mentales, concluyendo de modo simplista que la delincuencia estaba en la biología de las personas. 

Hoy, desde la criminología moderna, entendemos que se trata de un fenómeno mucho más complejo, sujeto a múltiples causas. Estos factores de riesgo socio-delictuales, van desde el consumo de drogas y alcohol, el abandono escolar y la violencia familiar, hasta la exclusión social y el desempleo, entre muchos otros factores de orden no solo individual sino también comunitario e institucional. 

Ninguna de estas condiciones por sí solas fomentan la delincuencia. Es la presencia simultánea y acumulativa de varios factores de riesgo la que aumenta las probabilidades de que ciertos individuos cometan delitos. Se trata de una distinción importante a la hora de evitar toda estigmatización.

Detrás de todo fenómeno delictual, hay entonces carencias y conflictos sociales irresueltos. Y es allí  donde juegan un rol clave los gobiernos locales a la hora de promover la convivencia ciudadana y políticas generadoras de oportunidades que actúen como barreras protectoras de entrada en la actividad delictiva. 

En tanto primera puerta del Estado, los municipios pueden prevenir la delincuencia a través de sus herramientas de planeamiento urbano, desarrollo social, cultural, deporte, salud y educación para lograr llegar “antes que el delito”. En otras palabras, cuando actúa la policía y se activa todo el sistema de justicia penal, es porque el delito ya ocurrió y por lo tanto la prevención fracasó. 

La literatura especializada evidencia que los programas de prevención son, además de efectivos, más baratos que las medidas tradicionales de control del delito.  Según Rodrigo Serrano-Berthet del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuando se comete un delito, el Estado tiene que gastar recursos públicos en policía, justicia, cárceles y atención a víctimas. Si se suman esos gastos y se comparan con el costo de prevenir que el delito ocurra, el análisis es altamente favorable para la prevención: por cada dólar que el estado invierte en prevenir la reincidencia, la sociedad gana más de seis dólares. 

El desafío: fortalecer capacidades municipales  

Al calor del avance de la problemática, en los últimos años en Argentina los municipios empezaron a crear en sus organigramas incipientes áreas para atender la seguridad ciudadana. Sin embargo, se observan varios denominadores comunes que limitan su accionar. 

Entre ellos, la falta de una institucionalidad robusta  para planificar y evaluar iniciativas, la ausencia de mandos políticos y técnicos debidamente formados; un limitado acceso a información estadística criminal y a encuestas regulares de victimización y percepción que impiden  conocer el cuándo, dónde y cómo se producen los delitos en los barrios y qué sentimientos movilizan en la ciudadanía. A  ellos se suma la escasez de recursos, sobre todo en una temática considerada tradicionalmente como campo de acción de los gobiernos provincial y nacional. 

De la mano de la falta de diagnósticos sobre los cuales erigir la estrategia de seguridad, es muy común el diseño de medidas aisladas, mayormente de corte situacional, con eje en los síntomas cortoplacistas del delito más que en sus causas más profundas. A su vez, se suelen ejecutar políticas sociales amplias con poco impacto con relación a los niveles de victimización de un determinado territorio en lugar de programas de prevención social del delito focalizados en la población en riesgo. 

Se trata de un desafío público que requiere capacidades administrativas y políticas sólidas. No sólo para gestionar, sino también para dialogar con todos los actores intervinientes –desde el sector policial y judicial hasta la sociedad civil–para el trabajo en red que amerita. 

El reto: “llegar antes que el delito”

La clave es entonces “llegar antes” y, para ello, se requiere de una estrategia de seguridad local pensada  por “fuera de la caja”. Es decir, abordar este desafío público más allá de la cuestión criminal para poner el foco en reducir aquellos factores de riesgo que están detrás de toda persona que delinque. Ello implica algunos puntos de partida para la acción: 

• Voluntad y liderazgo político para asumir una agenda municipal que tenga a la seguridad entre sus principales ejes estratégicos.

• El plan de seguridad local debe ser integral, no sólo inversión en cámaras y tecnología, herramientas necesarias y fundamentales para el abordaje a corto plazo. También debe incluir programas focalizados de prevención social, comunitaria de la mano de recursos humanos y presupuestarios específicos con mirada en el mediano y el largo plazo.
• En la tarea de prevenir, ninguna secretaría del municipio escapa al abordaje de la seguridad y debe formar parte de la respuesta desde sus competencias afines a la gestión de la conflictividad social.
• Toda estrategia de seguridad debe partir de información fiable para  diagnosticar, planificar, dar seguimiento y evaluar políticas basadas en evidencia y no en la intuición.

• La participación de la ciudadanía es clave si se quiere alcanzar impacto y resultados sostenibles en el tiempo.
• Revisar qué funciona y qué no funciona en materia de seguridad en los territorios locales es fundamental para implementar políticas basadas en evidencia.

Profundicemos un poco más sobre seguridad

Sobre este último punto, una herramienta valiosa y fuente de aprendizaje e inspiración es la plataforma desarrollada por el BID que promueve el uso de evidencias científicas en las decisiones sobre seguridad ciudadana y justicia en América Latina y el Caribe. En la misma se pueden encontrar iniciativas concretas con resultados e impacto evaluados como exitosos en temas como prevención de la violencia infanto-juvenil, seguridad urbana, policiamiento, justicia criminal, reinserción social y violencia contra las mujeres. Hacer una buena revisión de estos programas es un primer paso fundamental para idear una política de seguridad local.

En definitiva, las ciudades son seguras no sólo ante la ausencia de delito y el temor de ser victimizados. Son seguras si sus ciudadanos gozan de calidad de vida en términos de libertad, disfrute de los espacios públicos y acceso a oportunidades. No hay seguridad sin desarrollo humano como condición indispensable del derecho a la ciudad de todos sus habitantes.

Políticas faro para gobiernos locales

La Municipalidad de Peñalolén, en Chile, implementó una destacada política integral de prevención social del delito, enfocada en abordar la delincuencia desde un enfoque social y comunitario. Esta estrategia se basa en la prevención y en el fortalecimiento del tejido social, involucrando tanto a actores comunitarios como a instituciones locales para enfrentar factores como la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de oportunidades.

La política incluye una variedad de programas diseñados para prevenir el delito. Entre ellos, destaca el Programa de Mediación vecinal y comunitaria, que fomenta la participación vecinal a través de redes de apoyo comunitario. Este programa se articula con el Plan Integral de Barrios Seguros, que promueve la formación de líderes barriales responsables de co-gestionar y fomentar la convivencia pacífica en sus barrios. 

Otro programa relevante es el Sistema de Alerta Temprana de Deserción Escolar, que identifica a niños y adolescentes en riesgo de abandonar el sistema educativo o sufrir vulneraciones de derechos. Esta iniciativa permite detectar y atender situaciones críticas, garantizando una respuesta rápida y adecuada.

Todos estos programas se basan en diagnósticos detallados de los factores de riesgo y protección en la comunidad. Esto permite focalizar las políticas en las problemáticas específicas del municipio. La clave ha sido la colaboración interinstitucional, involucrando áreas como educación, salud y deportes, además de la cooperación con organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Esta política integral de prevención está diseñada para generar soluciones sostenibles a largo plazo con foco en el trabajo en red.

Otro programa exitoso de prevención del delito, articulando la Prevención situacional con participación comunitaria es “Ojos en Alerta”, de la Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su objetivo principal es mitigar la inseguridad e involucrar a los vecinos y vecinas en la prevención del delito. A través del Whatsapp, los ciudadanos pueden reportar situaciones de emergencia, actividades sospechosas, siniestros viales, violencia por motivos de género y otros incidentes relevantes en tiempo real. 

Este programa llevó al municipio de San Miguel a recibir el premio RIL a la Ciudad Inspiradora 2024, otorgado en la Noche de los Intendentes. Ojos en Alerta hoy se replica en 50 localidades. En ellas logró activar y mejorar la calidad de los mapas del delito, habilitando una mejor planificación de los operativos públicos de control para la prevención y el posicionamiento inteligente de las patrullas policiales en sus respectivas cuadrículas. 

Camino a ser una ciudad con una estrategia integral de Seguridad

Este año, la Red de Innovación Local (RIL) lanzó el Programa Ciudades por la Seguridad que acompaña a equipos de gobiernos locales de 27 ciudades del país en el diseño de una planificación integral de seguridad ciudadana. La iniciativa es financiada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Konrad Adenauer Argentina. 

Nuestro objetivo es acompañar a los equipos locales en el fortalecimiento y profesionalización de sus capacidades de planificación y gestión de sus políticas locales de convivencia y seguridad ciudadana. Mediante capacitaciones específicas y talleres en territorio, procuramos dotarlos de herramientas para diagnosticar, pasar a la acción y trabajar en redes colaborativas para implementar estrategias innovadoras y basadas en evidencia que mejoren la calidad de vida ciudadana. 

Desde RIL entendemos que, en materia de seguridad, los líderes locales pueden hacer mucho para garantizar condiciones de vida más seguras para sus comunidades. La clave del éxito en cualquier estrategia de seguridad no es ni la mano dura ni la mano blanda. Sino una política inteligente contra el delito donde el Estado en sus tres niveles, junto al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía formen parte de la solución en una verdadera alianza por ciudades más seguras.

(*) Mariana Foglia es Coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad  de la Red de Innovación Local (RIL)

Imagen ilustrativa de portada: Unsplash.

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Una baraja de cartas anima a los y las neoyorquinas a compartir su mirada sobre cómo lograr que la vigilancia policial en la ciudad sea más justa y segura para la comunidad. A través de preguntas breves y sencillas como “un policía te detiene en tu barrio, ¿qué haces?”, se invita a la ciudadanía a compartir su historia y escuchar la de los demás. 

Listening NYC es una campaña de La Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU) e IDEO, que promueve la escucha y el diálogo en torno a la vigilancia policial. Esta iniciativa surgió antes de las elecciones de 2017, a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, para que los y las votantes se involucraran en este tema.

La acción partió de una premisa: “Las conversaciones transformadoras ocurren cuando las personas se sienten lo suficientemente seguras como para escuchar y hablar”. Esa es la forma que encontraron para fomentar la reforma de políticas alrededor de la cultura policial en la ciudad, a través del diálogo entre vecinos, políticos y policía. 

Salas de escucha, la apuesta de Nueva York

Para lograr que las personas se detengan a escuchar y conversar, NYCLU e IDEO crearon una instalación temporal llamada Listening Room, o en español, Sala de Escucha. Es un espacio itinerante con mesas, sillas, dos paredes que ofrecen cierto grado de intimidad y dos lados abiertos que generan una sensación de seguridad psicológica. 

Además del diálogo cara a cara, la sala de escucha cuenta con una radio que reproduce historias de personas de diferentes barrios de los cinco distritos que tiene Nueva York. Al girar el dial, los y las visitantes reconocen los encuentros con la cultura policial de otros neoyorquinos, incluidos dos oficiales del Departamento de Policía de Nueva York.

Para convertir las palabras en acciones, también se invitaba a enviar una postal al alcalde, con algunas propuestas políticas ya preparadas, a través de una urna electoral especial. A partir de esta iniciativa, La Unión de Libertades Civiles de Nueva York entregó más de dos mil cartas al ex alcalde Bill de Blasio, cuando fue reelegido a finales del año 2017. 

ToNite, un proyecto para mejorar la seguridad ciudadana

En la ciudad de Turín, en Italia, vieron que la creciente vida nocturna aumentaba los niveles de ruido, consumo de alcohol en público, y en consecuencia, peleas callejeras. La mayoría de las llamadas realizadas a la policía local, se relacionaban con disturbios (39,16%), vandalismo (22,51%), conflictos (5,54%), o daños a espacios públicos (60,4%).

A esta situación, además se le agrega que en la ciudad, el río Dora atraviesa barrios vulnerables, en donde la percepción de seguridad nocturna entre habitantes es baja. Según funcionarios locales, estas comunas enfrentan desafíos de seguridad adicionales, debido a comportamientos disruptivos más frecuentes.

Por eso la Unión Europea implementó el proyecto ToNite, que busca mejorar la seguridad urbana, a partir de actividades sociales, culturales y económicas. Con esta iniciativa, Turín cofundó 19 proyectos comunitarios locales, destinados a mejorar las condiciones de vida en los barrios ubicados a lo largo del río Dora.

Barrios más seguros, de día y de noche

Entre las iniciativas se encuentran eventos culturales y deportivos como “Amanecer en Movimiento”, que propone un calendario semanal de deportes nocturnos al aire libre. También otras atracciones como “Lunadora”, una radio web itinerante, administrada por jóvenes locales, artistas e inmigrantes que invita a compartir historias cotidianas.

También crearon itinerarios para descubrir lugares escondidos, a través de talleres de fotografía, encuadernación, reciclaje creativo y recitales de música en vivo entre otros. Además de las actividades culturales y de entretenimiento, existen otras actividades que buscan desarrollar el civismo y fomentar el cambio de comportamiento local.

Por ejemplo, el proyecto “Scandaglio”, o Escándalo en español, involucra a niños, niñas y adolescentes para que cuiden mejor los patios de las escuelas y espacios públicos. Gracias a la transformación de las zonas a lo largo del río Dora, sus habitantes hoy dicen que pueden experimentar una identidad vecinal más positiva, segura y compartida.

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Imagen principal: IDEO

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Reconecta es una forma de justicia alternativa que busca resolver conflictos y tiene como foco central el perdón, la restitución del entendimiento y la empatía entre comunidades, afirmó el secretario Vázquez Camacho. “Es la primera vez que la Policía de la Ciudad de México puede dar solución a un tema de este tipo por la vía de un círculo de paz” expresó.

¿Cómo es el camino para reconectar con la paz?

La Estrategia Integral de Intervención Temprana “Reconecta con la Paz” identifica jóvenes de entre 18 y 35 años. Una vez identificados, el juez les otorga libertad condicional y se integran, mediante una entrevista, a una intervención que trabaja en la resolución de problemas y la toma de responsabilidad desde diferentes tipos de actividades como el servicio comunitario, cultural, artístico y psicoeducativo. 

El programa cuenta con cuatro ejes: retorno a la comunidad, servicio comunitario, educación para la vida, arte, cultura y recreación. Durante el proceso deben firmar una vez al mes, realizarse exámenes toxicológicos y no cambiar de domicilio. Los jóvenes beneficiarios realizan trabajo en favor de la comunidad, bajo el principio de reparación del daño a la comunidad, pero a la vez se benefician de talleres socioemocionales y talleres de expresión artística, cultural y deportiva.

Una vez que finalizan el trabajo comunitario se gradúan y pueden sumarse a otros programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro” a través del cual pueden acceder a una beca mensual monetaria de capacitación, mediante la cual serán integrados a una red de centros laborales.

Una política de seguridad exitosa

Desde su implementación en 2021, se estima que casi mil jóvenes se graduaron de esta estrategia y que menos del 2% reincide en la delincuencia.

“Cuando llegué aquí entré odiando a todos y con el paso del tiempo en el taller te hacen entrar en un estado de consciencia y hoy es como una segunda familia” declara Alondra, beneficiaria del programa que fue sentenciada por delitos contra la salud.

Por otro lado, Jesus, beneficiario del programa comenta que su situación está mejorando porque gracias a este programa puede demostrar quien realmente es. “Aprendes a ir rompiendo esas barreras que tienes hacia la autoridad, a tratarlos, me ha servido mucho porque manejamos control de la ira para que puedas integrarte a la sociedad.

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Imagen principal: Gobierno de México

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