¿Qué pasaría si el Estado pagara solo cuando un programa social funciona? No por las capacitaciones que dio. No porque se cumplió un cronograma. Sino cuando una persona obtiene un empleo formal y un sistema independiente verifica que efectivamente lo consiguió. 

Ese es, en esencia, el modelo de Pago por Resultados que Colombia viene desarrollando desde hace una década y que Bogotá decidió convertir en política de gestión. Lo hizo mediante un decreto, su incorporación al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y la creación del Comité Distrital de Pago por Resultados, una instancia que articula áreas de gobierno, verifica metas y diseña nuevos esquemas. No se conoce un antecedente similar a nivel de ciudad ni en Colombia ni en el resto del mundo.

En estos modelos, el Estado define una meta verificable —por ejemplo, empleo formal sostenido, calidad medida en educación inicial, acceso a financiamiento productivo— y vincula una porción del pago a los operadores al cumplimiento de esa meta. La novedad, en Bogotá, es haberla convertido en política institucional.

Cuando no se sabe si el gasto funciona

El punto de partida es un problema viejo de la administración pública: presupuestos limitados, exigencia creciente sobre cómo se usan y la obligación de cumplir metas concretas frente a desafíos persistentes, como la empleabilidad de la población más vulnerable.

“El esquema tradicional tiende a pagar por procesos y actividades —que se contrate, que se ejecute, que se cumpla el cronograma— más que por lo que efectivamente se transforma en la vida de las personas. El modelo de Pago por Resultados busca corregir esa lógica: orientar el gasto hacia lo que de verdad se logra y hacer más eficiente cada peso gastado”, explicó a +COMUNIDAD María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

La observación no es nueva. Buena parte de las políticas sociales en la región se evalúan por insumos y actividades, no por transformaciones medibles. El Pago por Resultados invierte esa lógica: la unidad de pago deja de ser la capacitación y pasa a ser el resultado final que esa capacitación persigue.

Pago por Resultados: 10 años de aprendizajes en Colombia

Colombia no parte de cero. Lleva un decenio desarrollando un ecosistema nacional de Pago por Resultados que la convirtió en referente regional. En 2017 lanzó Empleando Futuro, el primer Bono de Impacto Social en un país de ingresos medios del mundo, implementado en Pereira, Cali y Bogotá. 

El programa acompañó a 898 personas en situación de alta vulnerabilidad —el 74% mujeres, el 51% jóvenes de entre 18 y 24 años y el 39% víctimas del conflicto armado— con un esquema en el que los pagadores (el Departamento para la Prosperidad Social y BID Lab) sólo desembolsaban contra tres resultados específicos: colocación en empleo formal, retención a tres meses y retención a seis meses. La verificación estuvo a cargo de un tercero independiente, la firma auditora Deloitte, y participaron 643 empresas ofreciendo vacantes.

Los resultados fueron contundentes y, en buena medida, son los que después permitieron escalar el modelo. El bono superó en un 17% la meta de colocación (117% de cumplimiento) y, sobre todo, el 88% de las personas que consiguieron un empleo formal lo mantuvieron al menos tres meses.

Dos años después, el país fue el primero en América Latina en crear un Fondo de Pago por Resultados —llamado Logra—, pensado como un vehículo financiero para escalar y dar sostenibilidad al modelo.

El acumulado del ecosistema incluye cuatro bonos implementados, más de 20.000 millones de pesos colombianos movilizados (unos 5,5 millones de dólares) y más de 5.000 empleos formales generados para población vulnerable, con la participación de 14 inversionistas y 9 proveedores de servicios del sector privado. 

En septiembre de 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con el BID a través de su laboratorio de innovación, la cooperación suiza (SECO) y Fundación Corona, formalizaron una Estrategia Nacional de Pago por Resultados que incluye, entre otras cosas, un sandbox regulatorio para identificar y remover las barreras legales que dificultan su implementación.

Cómo se paga por resultados

Detrás del nombre hay una arquitectura concreta. El Estado define una meta verificable —por ejemplo, 1.000 personas vulnerables empleadas y retenidas durante seis meses—. Operadores ejecutan el programa en territorio: capacitación, intermediación laboral, acompañamiento. Una instancia independiente verifica si el resultado se alcanzó. Y recién entonces se paga. Si la meta no se cumple, no hay desembolso o el desembolso es parcial.

“Pagar por resultados es un modelo que nos permite, tanto al sector público como al privado, asegurarnos de que cada peso, cada centavo, cada dólar que estamos invirtiendo en nuestros programas y proyectos esté atado a la obtención de un resultado final que pueda medir y verificar. Nos asegura impacto, eficiencia y transparencia”, desarrolló María Paulina Gómez, directora del programa MÁS Pago por Resultados, en declaraciones a Malditos Optimistas y la Red de Innovación Local (RIL). 

Hay dos formas principales en que los actores privados se vinculan a estos esquemas, y cada una configura una arquitectura financiera distinta. 

En la primera, inversionistas privados —organizaciones filantrópicas, fundaciones, capital de deuda— ponen el capital por adelantado y asumen el riesgo: si el resultado se alcanza, recuperan su inversión con un retorno. Si no, asumen la pérdida.

En la segunda, no hay inversionistas externos: el Estado contrata operadores tradicionales y vincula parte sustancial de su pago al cumplimiento del resultado. El operador, en la práctica, se juega el cierre financiero del proyecto.

Las condiciones que hicieron a Bogotá un terreno fértil

Para que una ciudad pueda dar el salto del piloto a la política institucionalizada, hace falta más que voluntad. Hace falta una combinación específica de condiciones, según describe la dirección del programa que acompaña el proceso desde la cooperación internacional.

“Hay una suma de lo que llamamos condiciones habilitantes. No es imposible, pero tenemos que trabajar para unir los puntos. Bogotá tenía capital catalítico, asistencia técnica y un marco de confianza para que los gobiernos aprendieran a utilizar este tipo de esquemas. Innovar con recursos públicos suele dar temor, es complejo, y estos actores pusieron unas condiciones al principio”, observa María Paulina Gómez.

La otra condición habilitante es política. Sin tomadores de decisión dispuestos a probar un mecanismo nuevo, los puntos no se alinean. “Hubo una decisión concreta de utilizar este mecanismo, probarlo y lograr resultados verificados que apunten a las metas de desarrollo”, agrega la directora de MÁS Pago por Resultados.

De experimento a política: la apuesta del Comité Distrital

La novedad de Bogotá no es haber usado el Pago por Resultados —ya lo había hecho como ciudad participante de los bonos nacionales—. La novedad es la decisión de institucionalizarlo. Para eso, la Alcaldía lo incluyó en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y lo respaldó con un decreto que regula su uso. 

La pieza central de esa arquitectura es el Comité Distrital de Pago por Resultados, la instancia que articula a las áreas del gobierno, verifica los resultados y discute el diseño de cada esquema.

“Sobre lo más innovador, no creo que sea un solo elemento, sino la apuesta por institucionalizar el mecanismo para que trascienda al gobierno de turno. Esto ayuda a blindar el mecanismo y evita que la iniciativa muera con el cambio de administración”, ahondó María del Pilar López Uribe.

Una adaptación técnica que destrabó el modelo

Para que el esquema funcionara dentro del marco legal colombiano hubo que resolver una incompatibilidad concreta: la anualidad presupuestal. La regla establece que el gasto público se compromete año a año, pero los esquemas de Pago por Resultados pagan contra metas que se verifican en horizontes más largos.

La solución a la que llegó la ciudad fue un arreglo fiduciario que permite extender esa anualidad para los sectores definidos por el mecanismo. Es un detalle técnico, pero es el tipo de adaptación que separa una idea atractiva en el papel de un modelo que efectivamente puede operar dentro de las reglas de juego de la administración pública. “Esa fue la adaptación concreta que hizo viable el modelo en nuestro marco legal”, resume López Uribe.

Cinco programas aprobados, uno completado

En poco más de un año desde la puesta en marcha del Comité, Bogotá tiene cinco esquemas aprobados en distintas etapas de su ciclo. Solo uno concluyó hasta ahora: el programa de Jardines Infantiles Cofinanciados, que incluyó un componente de Pago por Resultados orientado a incentivar la asistencia, la permanencia y la medición de la calidad de la educación inicial.

“Un segundo frente de éxito, y quizás el más valioso de cara al futuro, son los aprendizajes que ya están alimentando nuevas iteraciones”, precisó la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. En Jardines Infantiles, una segunda implementación incorporó mejoras derivadas de la primera: la permanencia se consolidó como métrica de pago (la asistencia puntual pasó a ser una obligación contractual), se amplió el período de verificación de la calidad y se ajustaron los sistemas de información para que los pagos avancen al ritmo en que se verifican los resultados. En empleo ocurre algo parecido: la Secretaría está diseñando un nuevo esquema mientras el actual sigue en implementación.

Cali: cuando el resultado no es solo el empleo, sino la trayectoria

Antes de Bogotá, Cali había llevado el modelo un paso más allá. En lugar de pagar solo por la colocación laboral, la ciudad incentivó financieramente que la persona se mantuviera en el empleo tres y seis meses. La lógica era distinta: ya no se trataba de generar ingresos puntuales, sino de medir un cambio sostenido en la trayectoria de la persona.

“Empezamos a resolver otro tipo de problemática, que no es solo generación de ingresos, sino superación de la pobreza. Cuando una persona viene de la informalidad, pasa a empleo formal y lo retiene tres o seis meses, lo que vemos a través de nuestros estudios de impacto es que la trayectoria laboral cambia completamente”, aseguró María Paulina Gómez. “Las empresas quieren retener ese talento, la formalidad se mantiene, y la persona accede a otros servicios: créditos financieros, créditos para vivienda. Se genera un círculo más positivo”, añadió. 

Esa redefinición del resultado es –consideran– una innovación. Cambia lo que el Estado considera “éxito” y, en consecuencia, qué tipo de intervenciones tienen sentido financiar. Si el indicador es la colocación, basta con conectar a la persona con un empleador. Si el indicador es la retención, hay que trabajar las brechas que normalmente sacan a esa persona del mercado formal: cuidados para mujeres con hijos, auxilio de transporte, acompañamiento psicosocial, habilidades blandas, entre otros. 

Pago por Resultados: dos arquitecturas, una misma lógica

Cali y Bogotá representan dos formas distintas de operar el Pago por Resultados, y la diferencia es relevante para cualquier ciudad que esté pensando en adoptar el modelo.

Cali utilizó el esquema clásico, con inversionistas privados que asumen el riesgo: organizaciones filantrópicas y otras fuentes que pusieron capital privado por adelantado para desplegar el programa, y la Alcaldía como pagador final, condicionado a los resultados verificados. 

Bogotá tomó otro camino: en sus esquemas distritales no hay inversores privados a riesgo. La ciudad trabaja con los operadores habituales de cada programa y les incorpora un componente de Pago por Resultados. El operador recibe un pago por actividades, pero el pago total depende del resultado.

Calibrar el incentivo, la decisión más difícil

De todas las decisiones técnicas que implica diseñar un esquema de Pago por Resultados, hay una que sus impulsores señalan como la más compleja: cuánto del pago debe estar atado al resultado y cuánto a las actividades previas.

“Si el incentivo se pone muy alto, desincentiva el uso del esquema; si queda muy bajo, no agrega nada. Calibrarlo bien es una de las decisiones más difíciles del modelo”, indica la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. 

La calibración define, en los hechos, qué tan “arriesgada” resulta la intervención para el operador. Y de eso depende el comportamiento que el modelo termina premiando. Un incentivo bajo hace que el componente de resultado sea una formalidad. Un incentivo demasiado alto puede llevar a los operadores a seleccionar solo a las personas con más probabilidades de éxito o, directamente, a no participar de los esquemas.

Qué aprende una ciudad que quiera intentarlo

Consultada por +COMUNIDAD sobre qué consejos le daría a otra ciudad que quiera seguir un camino parecido, López Uribe distingue varios niveles. El primero es político: empezar no por el instrumento, sino por un resultado que la ciudad de verdad quiera lograr y esté dispuesta a defender y sostener. Sin esa convicción, el resto del andamiaje no se sostiene.

Sobre esa base, identifica un conjunto de condiciones prácticas: construir un marco normativo y de seguridad jurídica que dé confianza a quienes van a participar:

• Anclar el esfuerzo en lo institucional —plan de desarrollo, decreto o acto administrativo equivalente— para que sobreviva al cambio de gobierno. 
• Empezar pequeño y bien estructurado, antes que grande y débil en métricas-
• No subestimar la verificación, porque sin medición creíble el modelo entero pierde sentido.
•  Calibrar con cuidado el incentivo, y apoyarse desde el inicio en pares, cooperación y aliados técnicos.

También menciona un aprendizaje menos visible: la articulación con sectores como Hacienda y Planeación, que tienen una mirada estratégica más distante del día a día de las áreas ejecutoras. “Construir la normativa exigió acercar esas dos miradas”, dice. Es el tipo de fricción que rara vez aparece en los manuales, pero define si un esquema termina implementándose o queda escrito.

Más allá del empleo: el horizonte del modelo

Durante una década, Colombia concentró sus esquemas de Pago por Resultados en empleabilidad para población vulnerable. Era el terreno donde había una problemática nítida, un indicador medible y fuentes públicas para verificarlo. Pero el modelo no se limita a ese campo.

“Todas las áreas de política pública tienen chance de utilizar este mecanismo. Requiere distintas condiciones. En Colombia exploramos educación, empleo, productividad, salud, mortalidad materna, economía circular, conservación de biodiversidad. Lo que necesitamos es un problema concreto buscando un resultado concreto, y a quiénes tenemos que incentivar financieramente para alcanzarlo, que sea medible y verificable dentro del tiempo de intervención”, insiste María Paulina Gómez.

Bogotá ya empezó a moverse en esa dirección. Sus cinco esquemas aprobados incluyen los frentes históricos —empleo, productividad, financiamiento empresarial—, pero también calidad de jardines infantiles, un terreno donde el resultado a medir y a pagar es la educación temprana, no la colocación laboral.

Un cambio de pregunta

Si el modelo se sostiene, lo que cambia no es sólo cuánto se gasta. Cambia la pregunta que se le hace al gasto público. La pregunta tradicional fue durante mucho tiempo: “¿el dinero se ejecutó?”. La pregunta del Pago por Resultados es otra: “¿el problema se resolvió?”.

Una década de pilotos, cuatro bonos de impacto, miles de empleos generados, una estrategia nacional, un decreto distrital y un comité que ya tiene su rutina de trabajo sugieren que la pregunta puede formularse y, en algunos casos, responderse. El siguiente paso, el que están explorando estas y otras ciudades, es averiguar hasta dónde llega.

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Redacción +COMUNIDAD
Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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Con la implementación de un modelo de aprendizaje automático, el sistema analiza características geológicas del terreno y registros de lluvias para generar las alertas.  Esta iniciativa es liderada por el Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DATIC) y la Secretaría de Gestión del Riesgo, y su desarrollo estuvo a cargo del equipo de Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias (SATIC), y el soporte técnico de Amazon Web Services (AWS).

IA, una aliada para prevenir desastres naturales

Con esta implementación, Santiago de Cali se posiciona –según sus desarrolladores– como un referente nacional y regional en Latinoamérica en el uso de IA para gestión de riesgos. En palabras de la Alcaldía, así funciona la solución tecnológica: 

1. A partir de la IA, se entrenó un modelo de aprendizaje de máquina para reconocer las características del terreno, geología del suelo y patrones de lluvia acumulada en puntos geográficos, con eventos históricos de deslizamiento de tierra entre 1955 y 2023.
2. Con los niveles de lluvia recogidos diariamente por los sensores de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), se predice el riesgo de deslizamiento de tierra.
3. Se genera un mapa de calor que calcula el riesgo de deslizamiento en un área de 250 metros cuadrados.
4. Según el nivel de riesgo, se activan alarmas en el portal del Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias (SATIC), de la Alcaldía de Santiago de Cali.
   

Personal de DATIC conversó con +COMUNIDAD para profundizar sobre el desarrollo de esta herramienta. “El objetivo principal es salvar vidas mediante la prevención y mitigación de riesgos de desastres naturales”, sintetizaron. 

━ ¿Cuál fue el desafío que intentaban resolver con esta solución?

— A partir del 2020, se evidenció que una consecuencia del cambio climático y de la expansión urbana no planificada fue el incremento del 40% en la atención a eventos de deslizamientos y movimientos en masa (MenM) de tierra asociados con las precipitaciones. El desafío principal era anticipar la ocurrencia de estos eventos por precipitaciones acumuladas, para fortalecer el Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias (SATIC) existente dentro del distrito.

━ ¿Cómo fue el proceso de desarrollo de la herramienta?

— Un equipo técnico, conformado por funcionarios de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres y del Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali, formularon un caso de uso de analítica avanzada, de acuerdo con los lineamientos existentes en la entidad para el aprovechamiento masivo de datos e inteligencia artificial. Se precisa que un caso de uso identifica el problema de negocio, los objetivos de analítica, los datos disponibles y necesarios, revisa las referencias aplicadas, propone una solución a implementar en la infraestructura de servicios de nube y establece el plan de trabajo. 

Después de ello, con el habilitador tecnológico de los servicios de nube se inició el proceso de preparación de los datos, selección y entrenamiento de modelos de machine learning. El dataset se estructuró a partir del registro histórico de eventos de deslizamientos de tierra, ocurridos entre 1955 y 2023 en la zona geográfica de los cerros occidentales de la ciudad que abarca zona urbana y rural. 

Sobre cada punto, se sobrepusieron las características del terreno como elevación, pendiente, tipo de cobertura del suelo, tipo de sustrato geológico y la categoría de riesgo según estudios realizados para el Plan de Ordenamiento Territorial vigente. Adicionalmente, se implementó un modelo para la distribución por polígonos de los niveles de precipitación para 1, 3, 5, 7, 10, 15, 30, 60 y 90. Al final, y con el propósito de balancear el conjunto de datos, se creó la variable “No Evento” para una muestra de puntos geográficos sin registro de deslizamientos de tierra, y se asignaron los mismos atributos del terreno. 

El modelo implementado se representa como un mapa de calor, según el predicador de riesgo de deslizamiento, en una herramienta de geovisor desplegada en aplicativo. Los mapas de anticipación al riesgo de MenM se generan de manera diaria de acuerdo con datos sincrónicos de precipitaciones. Se utilizan para monitoreo alerta temprana por parte del equipo técnico de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres encargado del Sistema de Alertas Tempranas Inteligentes y Comunitarias. Actualmente, se encuentra en proceso de desarrollo el acople de la herramienta de nuestro portal.

Consejos para replicar esta solución

━ ¿Qué actores participaron en la implementación de esta solución?

— La Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres, el Departamento Administrativo de las Tecnologías de Ia Información y las Comunicaciones – DATIC -, NUVU (habilitador tecnológico de la infraestructura de servicios de Amazon Web Services y del software Houndoc donde se encuentra desplegada la herramienta).

━ ¿De qué manera se beneficia la comunidad de Cali con esta tecnología?

— El objetivo principal  es salvar vidas mediante la prevención y mitigación de riesgos de desastres naturales. Este modelo de IA le permite a la Alcaldía de Santiago de Cali anticipar la ocurrencia de deslizamientos y activar el sistema de alertas tempranas. El monitoreo constante de las predicciones, permite también orientar los recursos públicos hacia la prevención. Y también evaluar el efecto de la acción antrópica sobre los eventos de deslizamiento.

━ ¿Qué consejo le darías a una ciudad que quisiera replicar esta solución? 

— La recomendación estaría orientada a que capturen, guarden y/o archiven, un registro histórico y georreferenciado de los eventos relacionados con desastres naturales. Dado que se requieren los datos históricos y estructurados para que los modelos predictivos sean efectivos.

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Imagen principal: Alcaldía de Santiago de Cali, Colombia

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A medida que la población mundial envejece, las ciudades deben adoptar políticas y programas enfocados en el cuidado de personas mayores. Desde iniciativas para combatir la soledad y el aislamiento hasta programas de actividad física y mental, buscan mejorar su calidad de vida y garantizar que puedan vivir de manera independiente y saludable en sus comunidades. 

En los últimos años, Boston (Estados Unidos) implementó varios programas centrados en el logro de esos objetivos. Entendiendo que para llevar una vida productiva es necesario contar con opciones para movilizarse por la ciudad, la Comisión local de Edad Avanzada creó diferentes opciones de transporte destinadas a personas mayores. Las unidades están acondicionadas para sillas de ruedas y su servicio es gratuito para personas de más de 60 años que deban acudir a citas médicas que no sean de emergencia.

Además, la Comisión ofrece cupones de taxi con descuento que están disponibles para mayores de 65 años y personas con discapacidades. Para todas las opciones de transporte público, la ciudad cuenta con voluntarios/as con preparación para acompañar a quienes lo necesiten. 

Otra de las soluciones innovadoras destacadas mundialmente es la creación de “Cafés de la Memoria” en Boston. Se trata de distintos sitios, como bares, museos y organizaciones comunitarias, pensados como lugares acogedores para personas con olvidos u otros cambios en sus formas de pensar. Algunos cafés invitan a artistas y especialistas para ofrecer educación sobre las alteraciones de la memoria, y otros son sólo para relajarse y conversar. Hay opciones tanto de habla inglesa como hispana. 

La capital de Massachusetts también cuenta con un programa de voluntariado destinado para personas mayores a 55 años que ofrecen su compañía a otras que necesitan cuidados. 

Solidaridad y acompañamiento en Chile

En la comuna de Quilicura, en la Región Metropolitana de Santiago de Chile, existe desde 2017 una iniciativa pensada para hacer más fácil la vida de personas mayores. Se trata de lavanderías municipales solidarias, que ofrecen lavado, secado y planchado gratuito de ropa para personas en situación de vulnerabilidad social, tanto autovalentes como con movilidad reducida. Para estos últimos, el servicio es con retiro y entrega a domicilio. 

El objetivo de la política pública, articulada con más de 100 organizaciones civiles dedicadas a la vejez, tiene como objetivo liberar de algunas tareas domésticas a personas mayores, de modo que puedan disfrutar más de tiempo libre. 

En 2021, más de 8.400 familias se beneficiaron de la medida, que trascendió ya a dos gestiones locales. “Nuestra motivación es acompañar un envejecimiento positivo, con dignidad, cariño y respeto para nuestras personas mayores. Por eso, el servicio de la Lavandería Municipal Solidaria se enmarca en un programa de protección de derechos y cuidados para las personas mayores”, planteó Paulina Bobadilla Navarrete, alcaldesa de Quilicura. 

Según el gobierno local, la satisfacción generada entre las personas beneficiarias llevó a que distintos municipios de Chile consulten a la Alcaldía sobre los detalles del proyecto, con el fin de implementarlo en sus ciudades. En especial, afirman que el servicio fue de máxima utilidad durante los momentos más críticos de la pandemia de covid-19.

El envejecimiento como política de Estado

Ante el incremento poblacional de personas mayores en las ciudades, numerosos gobiernos locales alrededor del mundo implementan planes estratégicos pensados para el futuro. Uno de ellos es el de Santiago de Cali (Colombia), que cuenta con una Política Pública de Envejecimiento y Vejez para el período 2017-2027. 

Tras un proceso de participación ciudadana, articulado con distintas organizaciones e instituciones de la sociedad, se plasmó en una serie de documentos la protección, promoción y ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores como política de Estado en la ciudad. 

Tiene un enfoque de ciclo vital que involucra a toda la población de forma indirecta y busca construir una cultura del envejecimiento activo y saludable. Utiliza estrategias como encuentros intergeneracionales, campañas de sensibilización y talleres en institutos educativos de todos los niveles. 

Además, Santiago de Cali cuenta con un observatorio que posee sistemas inteligentes que facilitan la disponibilidad de datos y generan indicadores para seguir las tendencias de envejecimiento de la población. Y, como respuesta al problema de la violencia y los abusos contra personas mayores, la ciudad estableció rutas de atención específicas. 

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