En San Miguel, al noroeste del conurbano bonaerense, alguien puede ver algo extraño en la calle y escribirlo en un chat de WhatsApp. En segundos, ese mensaje ingresa al Centro de Operaciones del municipio, donde un operador lo cruza con las cámaras cercanas y despacha a la patrulla más próxima. La respuesta llega en menos de cinco minutos. El sistema es cada vez más conocido y se llama Ojos en Alerta, empezó en 2016 con un grupo de choferes de remis y hoy integra a más de un millón de personas distribuidas en 103 ciudades argentinas.

La herramienta no funciona sola. Detrás de cada mensaje hay un cuerpo de Policía Municipal que también cumple 10 años, un Centro de Operaciones que integra cámaras y denuncias, patrullas distribuidas por cuadrículas y una decisión política: asumir la prevención del delito como una competencia propia.

Esa combinación —tecnología accesible, inversión en infraestructura, voluntad institucional y Policía Municipal— ordena buena parte de la agenda de gestión del distrito. Es también parte de lo que permitió a San Miguel obtener, en 2026, la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL).

Encabezada por el intendente Jaime Méndez, la gestión local construyó en la última década un modelo que se proyecta más allá de la seguridad. En paralelo, el municipio sostuvo una política de primera infancia que empieza antes del nacimiento, convirtió un predio judicial abandonado en una reserva natural con salida al Río Reconquista, lanzó un hub tecnológico que forma programadores en barrios vulnerables y consolidó un calendario cultural con eventos que ya cumplieron diez años. 

Se trata de un modelo que atraviesa áreas distintas pero se sostiene sobre una misma premisa: el municipio es la primera ventanilla a la que llega la demanda ciudadana y, por lo tanto, tiene que responder. Y, para que eso ocurra, debe haber eficiencia en procesos internos. Las siguientes cinco políticas muestran cómo ese conjunto se integra en una manera de gestionar.

1. Ojos en Alerta: el vecino como primer sensor

En San Miguel, como en buena parte del conurbano bonaerense, la inseguridad se manifestaba en robos, siniestros viales, violencia de género y delitos contra el comercio. Había una particularidad local: pocos de quienes presenciaban un hecho llamaban al 911. La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y la cultura del “no te metas” convivían con la percepción cotidiana del delito.

La respuesta municipal combinó dos decisiones. La primera fue institucional: en julio de 2015 se creó formalmente la Policía Municipal, una fuerza jerarquizada que depende del Intendente y opera sobre el espacio público, con binomios compartidos con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La segunda decisión fue tecnológica. Concebida por Cristian “Piojo” Méndez, entonces secretario de Comunicación del distrito, la herramienta nació en 2016 como prueba piloto y se abrió al público general en 2018. El punto de entrada fue WhatsApp, la aplicación que los vecinos ya usaban a diario. La convocatoria empezó por quienes más circulan —choferes de remises y colectivos— y luego sumó comerciantes, encargados de edificios y cualquier vecino capacitado.

La lógica de fondo fue recolectar información que el sistema tradicional no estaba captando. “En Argentina, el 60% de los delitos no se denuncian”, explica Méndez. “Si no tenés datos, no podés prevenir”, insiste.

Los mensajes llegan al Centro de Operaciones Municipal, donde convergen también las imágenes de las cámaras de la vía pública. El operador activa la patrulla de la cuadrícula correspondiente y, en promedio, un móvil llega al lugar en menos de cinco minutos. Es decir, se activa la Policía Municipal. Las alertas procesadas anualmente en San Miguel alcanzan las 41.000, los usuarios activos del sistema en el distrito superan los 120.000 y el 85% de los reportes son para ayudar a otra persona.

El impacto sobre el delito responde a la suma de varios instrumentos: Ojos en Alerta, aplicación de inteligencia artificial, lectores de patentes, renovación de móviles y armas no letales. Méndez señala que en delitos con registro confiable —robo automotor, hurto, robo de motos y homicidios— el descenso en la última década se ubicó entre el 50 y el 75%. También refuerza que todo esto funciona porque está la Policía Municipal detrás.

El modelo se exportó sin franquicias ni costos de licenciamiento. Las 103 ciudades argentinas que lo replican tienen cada una su propio WhatsApp y su propio Centro de Operaciones, con capacitación de los equipos locales a cargo de San Miguel. En 2024, RIL reconoció al distrito como Ciudad Inspiradora por este programa. En julio de ese mismo año, la provincia de Córdoba firmó un convenio para adoptarlo. 

Lo que parece un gesto simple —escribir tres líneas en un chat de WhatsApp— se sostiene sobre una infraestructura pensada, financiada y operada por el municipio.

2. Primera infancia: del embarazo al jardín, sin que nadie quede afuera

La mortalidad materno-infantil y la prematurez tienen un denominador común: la falta de controles prenatales. La Subsecretaría de Primera Infancia de San Miguel diseñó un sistema escalonado que empieza antes del nacimiento y se extiende hasta que el niño ingresa al jardín de infantes.

La primera pieza es el Camino de la Embarazada (CDLE). Combina rastrillaje casa por casa, operativos con unidades móviles equipadas para controles obstétricos y ecografías, y una línea telefónica —Red Madre— que funciona como puerta de entrada directa. 

“Buscamos a mujeres embarazadas que no tengan algún control y hacemos un par de preguntas para detectar si están realizando los controles en fecha”, describe Alida, encuestadora del programa, en un registro audiovisual del municipio. María José, una madre que ingresó al programa sin saber que estaba embarazada, resume el impacto desde el otro lado del circuito: “Vinieron y me ayudaron con el tema de los turnos. Acá nunca te vas a sentir discriminada”.

En 2018, el dispositivo redujo en un 20% la cantidad de mujeres que llegaban al parto sin controles, y la mortalidad infantil local se ubicó por debajo del promedio provincial. La gestión 2025 muestra que el programa se consolidó: 84 operativos asistieron a 704 embarazadas, y el 94% de los nacimientos acompañados fueron a término.

Cuando el niño nace, comienza Los Primeros Mil Días, dirigido a familias en situación de extrema vulnerabilidad hasta los dos años de edad, con acompañamiento domiciliario que articula salud y desarrollo social. 

“Estamos en contacto por mensaje: cómo están los chicos, cómo van los controles, cuánto pesan”, cuenta Cintia, una de las madres acompañadas, en un registro municipal. Lo que más valora, dice, es “la parte humana: ver que hay personas que se preocupan por las necesidades de otras”. En 2025, el programa alcanzó a 339 niños. El 45% de las intervenciones requirió, en algún momento, la participación del Servicio Local para medidas de protección o seguimiento, un dato que describe la complejidad social sobre la que opera la política.

El tercer eslabón son los Centros de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF). Los diez centros del distrito atienden a niños de 45 días a 3 años en espacios de estimulación, nutrición y socialización, y hacen seguimiento para que ningún niño “caiga” del sistema al terminar el ciclo. En 2025, de 206 niños seguidos, el 100% se inscribió en el jardín de infantes y el 88,7% asistía de manera regular. Para Macarena, madre de una de esas niñas, el CDIF es “un lugar de contención” que, sobre todo, le da “tranquilidad”.

La política incluye una línea adicional que trabaja sobre el entorno adulto: Proyecto de Vida acompaña a las madres beneficiarias de Mil Días con talleres de oficios y un pilar complementario, Hecho en Casa, orientado al emprendedurismo autogestivo. En 2025, 17 mujeres completaron la formación y participaron en ferias municipales.

“En San Miguel cuidamos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte”, enfatiza la Municipalidad que encabeza el intendente Jaime Méndez.

3. Reserva Natural Urbana El Corredor: de chatarrero judicial a pulmón verde

En 2010, San Miguel contaba con apenas 1,10 m² de espacio verde por habitante, muy por debajo de los 10 m² recomendados a nivel internacional. En paralelo, en Bella Vista, un predio de 8 hectáreas a orillas del Río Reconquista funcionaba como chatarrero judicial: más de 2.200 vehículos acumulados desde 2004 y un basural clandestino de residuos áridos. El mismo terreno, sin embargo, tenía 290 metros de costa sobre el río y ecosistemas nativos con especies vegetales de más de un siglo.

La decisión del municipio fue recuperar ese pasivo ambiental y convertirlo en un activo público. Trabajar sobre el predio fue, literalmente, partir del cero. “Era un suelo sin nutrientes, sin vida”, resumió en una entrevista con Infobae en 2022 Alejandro Hillar, entonces coordinador de actividades en la reserva y trabajador de la Subsecretaría de Ambiente del municipio.

El diseño se apoyó en dos principios poco frecuentes para una obra de esta escala: uso de recursos existentes y participación comunitaria. El saneamiento pesado se ejecutó aprovechando los tiempos ociosos de los equipos de Obras Públicas e Higiene Urbana. Los restos de poda se compostaron como materia orgánica para mejorar el suelo. Las maderas de descarte se reutilizaron para cartelería y senderos. La reforestación se apoyó en donaciones de otras reservas naturales y en acciones de responsabilidad social empresarial.

Los resultados son tangibles. Se erradicaron 2.400 vehículos y 300 toneladas de chatarra. La superficie de espacios verdes públicos del distrito creció un 30%. La presencia de animales silvestres aumentó un 133%, con más de 200 especies registradas. Cada año se plantan más de 1.000 ejemplares nativos y la reserva recibe más de 40.000 visitantes y voluntarios anuales, con 100 escuelas de la región vinculadas a su programa educativo.

El marco normativo blindó el proyecto contra los ciclos políticos. La Ordenanza 13/2016 creó formalmente la reserva. La Ordenanza 41/2017 estableció un “banco de árboles nativos” alimentado por las sanciones aplicadas a extracciones no autorizadas: los ejemplares talados ilegalmente se transforman en unidades nuevas para la restauración.

En 2021, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación distinguió a San Miguel con la 12° mención en el Concurso de Experiencias Innovadoras de Planificación. En noviembre de 2025, CNN en Español cubrió la transformación del chatarrero en reserva dentro de su especial Día del Llamado a la Tierra, como caso internacional de restauración ambiental urbana.

El indicador menos medible es también el más revelador. Tras cerca de cinco décadas, los vecinos volvieron a remar en las aguas del Río Reconquista a través del festival La Reconquista del Río. Para Hillar, la reserva es, sobre todo, “un espacio para que la gente reconecte con la naturaleza”. Un predio que había sido patio trasero de la ciudad pasó a ser, literalmente, uno de sus frentes.

4. Usina Tecnológica: formar para la economía del conocimiento

La política educativa de San Miguel parte de un diagnóstico operacional: el desacople entre la formación secundaria disponible en el distrito y los perfiles que demanda el mercado laboral tecnológico.

La respuesta es la Usina Tecnológica (UTEC), un hub inaugurado como parte del Plan DECTI (Desarrollo de la Economía del Conocimiento). Combina 178 m² de coworking gratuito con cuatro aulas equipadas con kits de robótica, impresoras 3D y computadoras táctiles de 75 pulgadas. En alianza con la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Tecnológica Nacional, se lanzaron carreras cortas en tecnología inéditas en el distrito.

Desde su puesta en marcha, 10.000 personas participaron de iniciativas educativas, con más de 4.000 egresados. Mil jóvenes de barrios vulnerables accedieron a becas en programación y marketing digital. Las sucesivas ediciones del Hackatón convocaron a 1.100 jóvenes. En 2025, 140 alumnos de escuelas técnicas cumplieron las 200 horas obligatorias de prácticas profesionalizantes en áreas municipales, y la Expo Joven “Yo elijo mi Futuro” reunió a 1.820 personas.

La política educativa no se agota en el eje tecnológico. En paralelo, la gestión sostiene dispositivos orientados a fortalecer la identidad educativa del distrito: los Nucleamientos Educativos —encuentros barriales donde las escuelas exponen sus producciones anuales— convocaron en 2025 a 150 escuelas y 6.898 personas; la Promesa a la Bandera en Campo de Mayo reunió a 4.000 alumnos y 10.000 asistentes; las jornadas pedagógicas capacitaron entre 500 y 800 docentes.

“El proyecto Abanderados fue movilizador para toda la comunidad educativa”, sintetiza Cecilia Garrido, del Complejo Educativo Club Atlético San Miguel. “Fue una oportunidad de sumar emoción real a lo simbólico”, agrega.

Sumados todos los dispositivos, 54.167 alumnos se integraron a proyectos de articulación municipal en 2025. Los Nucleamientos Educativos y las prácticas profesionalizantes se realizan desde la Dirección de Experiencias Educativas de la Secretaría de Educación. “No se limita a lo tecnológico. El área reafirma su rol como corazón ejecutor de una política que busca, ante todo, una educación presente, técnica y profundamente humana”, destacan desde la Municipalidad.

5. Un calendario cultural que potencia la vida comunitaria

La fragmentación social y el debilitamiento de los vínculos comunitarios en entornos urbanos son fenómenos que parecen resistirse a la política pública tradicional. En San Miguel, la respuesta fue construir un calendario anual de eventos culturales que ocupan la ciudad con regularidad y se financian con la infraestructura existente.

La Plaza de las Carretas, la catedral del distrito, el corredor aeróbico sobre la avenida Francia y el Centro Cívico alojan encuentros con un formato común: participación activa de la sociedad civil, protagonismo de artistas y ballets locales, y convocatoria intergeneracional. El Carnaval Criollo, que en 2026 cumple diez años, reúne entre 5.000 y 8.000 personas antes del inicio de la cuaresma. La Maratón San Miguel Arcángel convoca a 5.000 inscriptos en sus pruebas aeróbicas. El Festival Criollo y la Fiesta Patronal —heredera de una tradición iniciada en 1896— suman cada uno 4.000 asistentes. La Noche de los Libros, también con diez años de continuidad, es el evento con mayor convocatoria: 10.000 asistentes en diciembre, al aire libre, entre libreros, editoriales y escritores.

El criterio de eficiencia en esta política es menos evidente que en las anteriores, pero está presente. El presupuesto cultural se optimiza al priorizar el protagonismo de ballets, grupos folclóricos y artistas locales por sobre producciones externas de mayor costo. La infraestructura urbana se usa como escenario en lugar de construir recintos específicos. La programación se concentra en fechas ya significativas para la comunidad —carnaval, fiestas patronales, conmemoración del 2 de abril—, lo que multiplica el impacto simbólico sin duplicar el gasto.

Lo que el municipio busca, según el propio plan cultural, es que los vecinos “se sientan parte de algo más grande y se reconozcan entre sí”. La formulación es difícil de medir, pero tiene un correlato visible en los diez años de continuidad que algunos eventos ya acumulan.

Gestionar desde el primer mostrador

Las cinco políticas descritas no son proyectos aislados. Son piezas de una manera de gestionar que asume que el municipio es, como suele decirse en el propio lenguaje interno de la Intendencia, el “primer mostrador” de la demanda ciudadana. Esa premisa lleva al gobierno local a responder incluso cuando la Constitución no le asigna la competencia de manera formal.

En un distrito del conurbano bonaerense que enfrenta los problemas típicos de los gobiernos locales latinoamericanos —demanda creciente, recursos limitados, competencias ambiguas—, San Miguel construyó una agenda que trata de ordenar lo que tiene a mano y medir lo que hace. La certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente obtenida en 2026 por el programa 100 Ciudades Certificadas de RIL es la consecuencia institucional de ese recorrido.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en San Miguel, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Santa Rosa y Junín:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron una distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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América Latina tiene más de 15.000 gobiernos locales. En muchos de ellos ya se ensayan respuestas concretas a los problemas que afectan cada día a millones de personas. Son soluciones con datos, con protagonistas y con resultados. Lo que no siempre tienen es pantalla. A partir de abril de 2026, eso cambia.

Malditos Optimistas es un programa diario conducido por Melina Fleiderman que recorre el ecosistema de innovación latinoamericano. Se emite por la señal DNews de DirecTV y está disponible en la plataforma de streaming DGO. Ahora, el programa sumará un segmento semanal dedicado a la innovación pública local, resultado de una alianza con la Red de Innovación Local (RIL), que a través de su Centro de Soluciones y el medio +COMUNIDAD aportará casos documentados de políticas municipales con innovación e impacto.

Lo que la televisión de innovación no suele mostrar

Malditos Optimistas se emite de lunes a viernes con una hora de duración dedicada a innovación, sostenibilidad, ciencia, tecnología con impacto y negocios con propósito. Opera desde Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, con alcance vía DGO en México y Brasil. Su lema es directo: “Las ideas no piden permiso”.

Cada miércoles, Inés Reineke, directora de Innovación Global de RIL, se sumará al panel del programa junto al periodista Joaco Ramos para presentar un caso de innovación municipal en América Latina. Cada episodio seguirá un arco narrativo claro: qué problema se identificó, qué respuesta se diseñó, qué resultados produjo y qué pueden aprender otras ciudades de esa experiencia.

El segmento parte de una constatación: la televisión latinoamericana de innovación se ha ocupado con frecuencia de startups, inteligencia artificial y negocios de triple impacto, pero rara vez se detiene en el actor que más cerca está de la vida cotidiana de las personas: el gobierno local. Las ciudades que diseñan respuestas efectivas a problemas públicos, que las miden y que las abren para que otras puedan adaptarlas constituyen un tipo de innovación pública que merece el mismo espacio.

“Este es un día de innovación local. Todos los miércoles vamos a conocer distintas historias de cómo desde una ciudad o una pequeña localidad se puede generar un efecto contagio positivo para vivir mejor en comunidad”, anticipó Fleiderman en la primera emisión del segmento.

Por qué importa visibilizar las soluciones de los gobiernos locales

Detrás de esta alianza hay una convicción respaldada por evidencia. El sociólogo Everett Rogers estudió durante décadas cómo se propagan las innovaciones en una sociedad y concluyó que existe un punto de inflexión: cuando aproximadamente el 16% de un grupo adopta una práctica nueva, la adopción masiva se acelera y el cambio se vuelve difícil de revertir. 

Visibilizar las soluciones que ya funcionan en distintas ciudades es más que un ejercicio de difusión: es una condición necesaria para que más gobiernos locales las conozcan, las evalúen y las adapten a su contexto.

“Dar a conocer las respuestas más innovadoras a los problemas públicos de la región, con el objetivo de que otras ciudades puedan replicarlas, es central para el cambio que queremos ver en América Latina: que cada vez sean más los gobiernos que gestionen con la ciudadanía en el centro, hasta lograr que el buen gobierno local sea un nuevo estándar“, señala Reineke.

Ojos en Alerta: el primer caso en pantalla

El primer episodio del segmento se emite el miércoles 15 de abril de 2026 y aborda Ojos en Alerta, un sistema de seguridad ciudadana basado en WhatsApp creado en el partido bonaerense de San Miguel que ya se replica en más de 100 municipios de América Latina. Cristian Méndez, creador del programa, participa en directo.

El episodio se transmite a las 10 AM de Argentina, Uruguay y Brasil, 9 AM de Chile y 8 AM de Colombia. Se puede ver en vivo por DNews (DirecTV) y a través del canal de YouTube de Malditos Optimistas.

La parrilla prevista de episodios contempla diversidad geográfica y temática, con casos que van desde movilidad y medio ambiente hasta gobierno digital y economía circular en ciudades de distintas escalas de la región.

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Por Mariana Foglia, coordinadora de
Ciudades por Seguridad en RIL Argentina

La Provincia de Córdoba, en Argentina, impulsa un modelo de seguridad que reconoce a las ciudades como protagonistas. Desde fines de 2023, una nueva ley provincial consolidó ese giro y estableció un esquema de acompañamiento a los gobiernos locales mediante equipamiento, tecnología, formación y asistencia técnica, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la prevención del delito.

Este enfoque se apoya, a su vez, en una fuerte articulación interjurisdiccional con el Estado nacional, a través de la implementación en la provincia de dispositivos estratégicos como el Plan 90/10, que hoy se despliega en zonas críticas de Córdoba en coordinación entre fuerzas federales y provinciales.

Hoy, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la Provincia, los intendentes, las fuerzas provinciales y federales, las guardias locales y la comunidad trabajan de manera coordinada para fortalecer la seguridad en cada ciudad. En esta nota te contamos cómo funciona el modelo Córdoba, qué resultados está mostrando y por qué puede ser un caso faro para otras provincias. 

La articulación con Nación y una caída histórica de los homicidios

Uno de los pilares del modelo cordobés es su articulación con el Estado nacional. Esa coordinación se expresa fundamentalmente en la implementación del Plan 90/10, una estrategia del Ministerio de Seguridad de la Nación que busca focalizar recursos y operativos en los territorios donde se concentra la mayor parte de los homicidios.

El nombre del plan responde a una evidencia clara: el 90 % de los homicidios intencionales en Argentina ocurren en apenas el 10 % del territorio, lo que permite orientar de manera más eficaz la presencia de fuerzas federales y provinciales en puntos críticos. 

Su implementación en Córdoba implicó un fuerte intercambio de información, planificación conjunta y despliegues operativos coordinados que antes se realizaban de manera fragmentada. Los resultados son históricos: Córdoba cerró 2025 con la tasa de homicidios dolosos más baja de lo que va del siglo, con 90 casos registrados —equivalentes a 2,28 homicidios cada 100.000 habitantes—, lo que representa una reducción del 23 % respecto del año anterior.

Este trabajo conjunto muestra que la seguridad se fortalece cuando los distintos niveles del Estado comparten una misma hoja de ruta, con información compartida, planificación coordinada y presencia territorial complementaria, más allá de las fronteras políticas.

La articulación con los gobiernos locales y la prevención en las ciudades

En diciembre de 2023, Córdoba dio un paso clave al sancionar la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana, que creó el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y puso en valor el rol de los municipios y comunas dentro de la estrategia provincial. 

Este nuevo marco no sólo redefinió su lugar en la política de seguridad: también les dio una herramienta concreta para actuar, al habilitarlos a crear sus propias Guardias Locales de Prevención y Convivencia. 

Estos cuerpos no fueron concebidos como una fuerza tradicional, sino como dispositivos de cercanía y proximidad que incorporan personal civil al abordaje de la seguridad y actúan como auxiliares de la Policía de Córdoba. Su enfoque pone el acento en la intervención temprana, mediante el trabajo sobre los factores de riesgo que alimentan los conflictos y el fortalecimiento de la convivencia en cada territorio.

Un enfoque que se refleja también en la formación de los agentes. Bajo la coordinación del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) y con el apoyo de la Universidad Nacional de Villa María, cientos de integrantes de las Guardias Locales se capacitaron a través del Diplomado Universitario en Seguridad y Convivencia, orientado a la prevención, la vinculación comunitaria y la gestión de conflictos.

A su vez, el vínculo construido entre los gobiernos locales y la Provincia, a través de la Secretaría de Prevención y Articulación Institucional, permitió alinear la conducción del Programa de Guardias Locales y sostener un canal permanente de acompañamiento a los municipios en el interior provincial. 

A dos años de su puesta en marcha, el alcance del modelo es inédito: 320 municipios y comunas adheridos a la ley, Guardias Locales en 215 ciudades, equipadas con vehículos y armas de letalidad reducida,  más de 2.100 agentes formados, 49 localidades con Ojos en Alerta y 65 que participaron del programa Ciudades por la Seguridad de RIL, recibiendo asistencia y formación para diseñar sus planes locales de prevención.

La articulación con la ciudadanía como eslabón clave del sistema de seguridad

La estrategia cordobesa de seguridad se apoya en un entramado más amplio que las fuerzas policiales y los organismos de gobierno: incorpora activamente a la ciudadanía como aliada estratégica a través del programa Ojos en Alerta. 

Córdoba fue la primera provincia en firmar un convenio con el programa, nacido en San Miguel, y en escalarlo de manera sostenida en su territorio. En la actualidad, 49 municipios cordobeses —incluida la ciudad de Córdoba— lo implementan, lo que representa casi la mitad de las 98 ciudades de Argentina que cuentan con este sistema. Esto posiciona a la provincia como uno de los principales nodos de participación ciudadana en seguridad a nivel nacional.

En Córdoba capital, donde el programa funciona como “Cordobeses en Alerta”, el despliegue alcanza 144 barrios y tiene más de 100.000 vecinos adheridos, con más de 25.000 alertas procesadas durante 2025 (un promedio de 170 por día). Ese flujo de información comunitaria ya se traduce en resultados concretos: en 2025 se registraron 1.897 casos positivos, con 623 detenciones y secuestros de armas y estupefacientes a partir de avisos ciudadanos.

En el interior provincial, el programa también crece: se realizaron más de 1.000 capacitaciones, y San Francisco y Río Cuarto superan en conjunto los 45.000 vecinos adheridos y 28.900 alertas.

Más allá de los números, el valor del programa está en su lógica de proximidad. La evidencia de la criminología y las ciencias del comportamiento muestra que muchos delitos no son planificados, sino oportunistas. Por eso, dispositivos como Ojos en Alerta actúan como un verdadero modificador del entorno de decisión: reducen el tiempo entre el hecho y la respuesta, refuerzan el control social y convierten al vecino en un actor activo de la prevención. 

No es casual que el 80 % de las alertas registradas en Córdoba, fueron preventivas, es decir que permitieron intervenir antes de que el delito ocurriera. Y todo esto se logra sin tecnología sofisticada, sino con algo tan simple y poderoso como un WhatsApp al alcance de la mano de los vecinos.

El aporte de RIL al fortalecimiento de la seguridad local

La estrategia cordobesa de seguridad entendió que no alcanza con sumar patrulleros o cámaras. También es clave fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para planificar, gestionar y evaluar sus políticas con datos y evidencia. 

En ese marco, en 2024 la Red de Innovación Local (RIL) lanzó, junto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el programa Ciudades por la Seguridad, orientado a profesionalizar la gestión local de la seguridad ciudadana.

El programa acompaña a los equipos municipales a transformar información dispersa en decisiones concretas. El punto de partida es un Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana, que mide el nivel de madurez de la estrategia local. A partir de allí, cada ciudad construye o actualiza su diagnóstico integral combinando datos del sistema judicial, la policía y otras áreas del Estado con el relevamiento de factores de riesgo y programas existentes, a través de talleres participativos con equipos municipales y actores locales.

En 2025, el programa amplió su alcance de 25 a 40 ciudades y alcanzó a más del 70 % de la población de la provincia. Con este crecimiento, se consolidó una red de gobiernos locales que planifican la seguridad desde la evidencia, el intercambio entre pares y la asistencia técnica especializada.

• Una radiografía de las causas del delito

Los talleres de diagnóstico llevados a cabo por RIL permitieron a los municipios construir una mirada mucho más precisa sobre los factores que alimentan la inseguridad en sus territorios. El resultado rompe con una visión puramente policial del problema. En el 100 % de las ciudades aparece el consumo problemático de drogas y alcohol como el principal factor de riesgo, seguido por la violencia intrafamiliar y de género (95 %).

También emergen con fuerza problemáticas estructurales que inciden directamente en la conflictividad: el desempleo y la informalidad juvenil (74 %) y los problemas de salud mental (69 %). A estos se suman dificultades escolares —como ausentismo y conflictos de convivencia— y condiciones territoriales como economías ilegales y déficit habitacional.

Esta evidencia permite pasar de políticas reactivas a estrategias de prevención basadas en datos, que abordan no sólo los hechos delictivos sino también las causas que los generan, con una mirada de mediano y largo plazo sobre la seguridad y la convivencia en cada comunidad.

• De los datos a la acción

Los diagnósticos integrales se transformaron en Planes Locales de Seguridad Ciudadana que funcionan como una brújula de gestión: evitan que la urgencia diaria desdibuje las prioridades y permiten hacer seguimiento de metas e indicadores a lo largo del tiempo.

El impacto del proceso ya es visible. En 2025, las 40 ciudades que participaron del programa mejoraron en promedio 24 puntos en la medición del Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana: pasaron de un 40 % inicial a un 64 %. Los mayores avances se dieron en planificación y seguimiento y en gestión de la información, con más municipios que analizan datos de manera periódica y registran sistemáticamente incidentes y conflictos para tomar mejores decisiones.

• Victorias rápidas y la fuerza del aprendizaje entre pares

En paralelo a la hoja de ruta del programa, se impulsaron mejoras de rápida implementación y alto impacto, apoyadas en asistencia técnica, intercambio entre ciudades y buenas prácticas.

Algunos ejemplos lo muestran con claridad. En Alicia, la Guardia Local incorporó un sistema digital de registro de actuaciones y mejora la gestión basada en datos y la rendición de cuentas. 

En La Falda, el municipio puso en marcha su primera Encuesta de Victimización, que servirá como base para crear una Oficina de Atención a la Víctima con enfoque basado en evidencia al igual que Jesús María donde la integrarán a la Encuesta Permanente de Hogares. Almafuerte inició el proceso de creación de su Dirección de Seguridad Ciudadana,  y localidades como Mina Clavero, Coronel Moldes o Capilla del Monte fortalecieron sus Centrales de Monitoreo y sistemas de videovigilancia.

En esta misma lógica, se acompañó la expansión de Ojos en Alerta a través de encuentros regionales en Alta Gracia, San Francisco y Río Cuarto, donde RIL sistematizó y compartió experiencias como la de Las Varillas, que desplegó una estrategia comunitaria con centros de jubilados, jóvenes promotores y actividades barriales para sumar vecinos y fortalecer la participación.

Uno de los diferenciales del programa es justamente el trabajo en red entre ciudades. A través de estos espacios, los equipos locales comparten problemas reales, contrastan experiencias y construyen soluciones de manera colectiva. 

Por ejemplo, Corral de Bustos presentó su experiencia sobre ruidos molestos, picadas y conflictos vinculados al uso de motocicletas para recibir aportes de otras ciudades. Jesús María y General Pico (La Pampa) intercambiaron prácticas sobre la gestión de eventos masivos; y Río Primero y Villa del Rosario revisaron de manera conjunta la implementación de Ojos en Alerta.

Así, el intercambio entre pares permite que las soluciones no se construyan en soledad, sino a partir de la experiencia de otros territorios, transformando prácticas aisladas en políticas más sólidas y sostenibles en el tiempo.

Un modelo para replicar

El modelo Córdoba muestra que la seguridad se vuelve más efectiva cuando se construye como un sistema y no como una suma de esfuerzos aislados. La articulación entre fuerzas de seguridad, gobiernos locales, el Estado provincial y nacional, universidades, organizaciones de la sociedad civil y los propios vecinos permite abordar el delito y las violencias desde una lógica colaborativa, basada en datos, cercanía territorial y coordinación operativa.

Esta arquitectura multinivel —que combina liderazgo provincial, cooperación nacional, gestión local y participación ciudadana— explica los resultados alcanzados en Córdoba y, al mismo tiempo, ofrece una hoja de ruta replicable para otras provincias que busquen fortalecer la seguridad desde el territorio, con datos, innovación y trabajo en red.

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Imagen principal: jornada de Capacitación en Ojos en Alerta en la Municipalidad de San Francisco. Imagen de la Secretaría de Prevención del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

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El suicidio es la segunda causa de muerte entre niños, niñas y jóvenes de 10 a 24 años a nivel global. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que enfrentar esta problemática requiere políticas públicas con foco en la prevención, el acompañamiento y la construcción de entornos protectores.

En Argentina, las muertes por suicidio superan a los homicidios dolosos y a las producidas por accidentes de tránsito. Según cifras del Ministerio de Seguridad Nacional, 4.249 personas fallecieron por esta causa en el país en 2024.

En ese contexto, San Miguel, un municipio de la provincia de Buenos Aires con algo más de 328.000 habitantes, creó el primer registro local de salud mental adolescente, que le permitió identificar en tiempo real los contextos, métodos y necesidades de intervención de jóvenes del distrito. Con esos datos como base, la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad diseñó un plan integral de prevención del suicidio que pone a la juventud en el centro y redefine la manera de abordar la salud mental desde lo local.

El cambio de paradigma fue claro: pasar de la atención hospitalaria centralizada a una red comunitaria presente en cada barrio. Por eso, el plan se implementa en los Centros de Atención Primaria (CAPS), con equipos interdisciplinarios que trabajan junto  con escuelas, familias y comunidad. 

Desde 2023, a través del Plan Integral de Abordaje al Suicidio en Niñez y Adolescencia, San Miguel no sólo visibilizó el problema: también mostró que los gobiernos locales tienen un rol clave a la hora de salvar vidas. En 2024, el municipio no registró suicidios de menores de 18 años con domicilio en su territorio. En lo que va de 2025, sin embargo, la situación se revirtió y el desafío se mantiene vigente, por lo que se intensifican las acciones de acompañamiento y prevención.

Plan Integral de Abordaje al Suicidio en Niñez y Adolescencia

Mariano Bigliani, director de Salud Mental de San Miguel, explicó a +COMUNIDAD qué factores y diagnósticos locales motivaron la creación del Plan Integral de Abordaje al Suicidio en Niñez y Adolescencia, y cómo se diseñó la estrategia que ya cuenta con reconocimiento internacional.

“San Miguel no contaba, antes del programa, con datos estadísticos sobre esta problemática, que representaba una preocupación creciente en las áreas de salud, educación e infancia”, señaló. Por eso, uno de los objetivos centrales fue generar información epidemiológica local confiable, que sirviera de base para políticas públicas ajustadas a la realidad del municipio.

El sistema que se puso en marcha integra datos de salud, seguridad y educación. No sólo permite registrar casos nuevos, sino también relevar variables sociodemográficas, lo que ofrece al gobierno local una mirada territorial sobre la problemática y sus posibles respuestas.

La implementación incluyó instancias de sensibilización y capacitación dirigidas a sectores estratégicos del municipio y de la comunidad vinculados con las infancias. “Además, generamos protocolos de articulación entre los diferentes niveles de atención en salud y redes de sostén territorial en corresponsabilidad, para facilitar los abordajes y garantizar la seguridad de los niños y adolescentes con conducta suicida”, agregó Bigliani. 

Cómo se articula la red territorial de contención y CAPS

A partir de la implementación del Plan Integral de Abordaje al Suicidio en Niñez y Adolescencia en 2023, más de 350 jóvenes fueron acompañados de manera personalizada, y en 2024 el municipio alcanzó cero suicidios juveniles.

Bigliani explicó que, cuando alguna de las áreas se anoticia de una conducta suicida, se contacta con la Dirección de Salud Mental, que a través de la Dirección de Articulación arma una red de acompañamiento interdisciplinaria e intersectorial para dar una respuesta rápida.

“Cada niño ingresado a la red tiene un grupo de seguimiento que, en corresponsabilidad, comparte y consensúa estrategias personalizadas por al menos un período mínimo de seis meses de ocurrida la conducta suicida”, detalló. “En esta red nos mantenemos en contacto permanente mediante un grupo de WhatsApp y reuniones mensuales o bimestrales entre los actores que participan: profesionales, CAPS de referencia y los Centros Infanto Juveniles, entre otros”, añadió.

Para los casos más complejos, el municipio cuenta con un equipo de internación para personas mayores de 16 años en el Hospital Central de Bella Vista, donde también funciona un consultorio de atención inmediata, sin necesidad de turno.

En diálogo con el medio Todo Provincial, el director de Salud Mental remarcó: “Nosotros garantizamos que ningún paciente que haya sido internado por conductas suicidas salga sin un programa de atención y seguimiento, con la externación programada”.

Cambios a partir de la estrategia municipal

Los cambios no tardaron en hacerse visibles en San Miguel. Las capacitaciones a personal docente, equipos de salud y actores comunitarios permitieron que más casos de riesgo se detectaran a tiempo, lo que abrió la puerta a intervenciones más rápidas y efectivas.

Con la implementación del plan, la ciudad pudo mejorar la accesibilidad del programa aumentando su staff profesional de asistenciales específicos y, además, ordenó los circuitos de abordaje entre los distintos niveles de atención.

“Antes del inicio del programa no existían circuitos claros para asistir a niños y adolescentes con conducta suicida; todo quedaba a criterio de cada profesional o área”, profundizó Bigliani. “Hoy las derivaciones, altas e internaciones de personas con conductas suicidas están articuladas y no presentan demoras, ya que cada caso cuenta con un espacio en Salud Mental dentro de la misma semana en que se detecta la situación”, agregó. 

Un reconocimiento a la prevención del suicidio

El trabajo de San Miguel también trascendió fronteras: la Dirección de Salud Mental del municipio fue galardonada con el Premio Dra. Norma Costoya, otorgado por la Alianza Iberoamericana de Psiquiatría Infanto-juvenil y Profesiones Afines (ALIAMPSI).

El reconocimiento destacó el carácter intersectorial de la estrategia y su capacidad para demostrar que, con datos confiables, redes de contención y cercanía, es posible descentralizar la atención y salvar vidas.

“Dar respuesta a esta problemática implica realizar acciones interdisciplinarias e intersectoriales que impacten sobre todos los niveles y que no se agoten en un tratamiento especializado de salud mental. Abordar el suicidio en la adolescencia implica trabajar en corresponsabilidad, en permanente articulación intersectorial, especialmente entre las áreas de salud, educación y organismos de protección de derechos”. — Mariano Bigliani, director de Salud Mental de San Miguel.

El premio no sólo valida el camino recorrido por San Miguel, sino que ofrece aprendizajes para otras ciudades. En relación a ello, Bigliani señaló: “La problemática del suicidio es multicausal: intervienen factores personales, familiares, escolares, comunitarios y hasta del macrosistema”.

En ese camino, el funcionario enfatiza que, para este tipo de problemáticas, “las estrategias preventivas son tan importantes como las asistenciales”.

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Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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Por Mariana Foglia (*)

Mientras que en la década de los 90 el dilema político de los intendentes giraba en torno a si debían o no involucrarse en los asuntos de seguridad, en la actualidad  el interrogante es qué hacer y cómo tener una mejor política local en la materia. 

Si bien la policía, la justicia y el sistema penitenciario dependen de los niveles provincial y nacional, los municipios hoy se han convertido definitivamente en el centro de imputación de la demanda ciudadana por más y mejor seguridad. 

Ubicados en la primera línea de fuego frente a una problemática compleja y multicausal, no hay escapatoria para los gobiernos locales. Sin tener en sus manos la faz punitiva, su principal rol es la prevención del delito y las violencias.

Es más barato prevenir que curar

Durante mucho tiempo la criminología clásica atribuyó el origen de las conductas delictivas a ciertas características físicas o mentales, concluyendo de modo simplista que la delincuencia estaba en la biología de las personas. 

Hoy, desde la criminología moderna, entendemos que se trata de un fenómeno mucho más complejo, sujeto a múltiples causas. Estos factores de riesgo socio-delictuales, van desde el consumo de drogas y alcohol, el abandono escolar y la violencia familiar, hasta la exclusión social y el desempleo, entre muchos otros factores de orden no solo individual sino también comunitario e institucional. 

Ninguna de estas condiciones por sí solas fomentan la delincuencia. Es la presencia simultánea y acumulativa de varios factores de riesgo la que aumenta las probabilidades de que ciertos individuos cometan delitos. Se trata de una distinción importante a la hora de evitar toda estigmatización.

Detrás de todo fenómeno delictual, hay entonces carencias y conflictos sociales irresueltos. Y es allí  donde juegan un rol clave los gobiernos locales a la hora de promover la convivencia ciudadana y políticas generadoras de oportunidades que actúen como barreras protectoras de entrada en la actividad delictiva. 

En tanto primera puerta del Estado, los municipios pueden prevenir la delincuencia a través de sus herramientas de planeamiento urbano, desarrollo social, cultural, deporte, salud y educación para lograr llegar “antes que el delito”. En otras palabras, cuando actúa la policía y se activa todo el sistema de justicia penal, es porque el delito ya ocurrió y por lo tanto la prevención fracasó. 

La literatura especializada evidencia que los programas de prevención son, además de efectivos, más baratos que las medidas tradicionales de control del delito.  Según Rodrigo Serrano-Berthet del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuando se comete un delito, el Estado tiene que gastar recursos públicos en policía, justicia, cárceles y atención a víctimas. Si se suman esos gastos y se comparan con el costo de prevenir que el delito ocurra, el análisis es altamente favorable para la prevención: por cada dólar que el estado invierte en prevenir la reincidencia, la sociedad gana más de seis dólares. 

El desafío: fortalecer capacidades municipales  

Al calor del avance de la problemática, en los últimos años en Argentina los municipios empezaron a crear en sus organigramas incipientes áreas para atender la seguridad ciudadana. Sin embargo, se observan varios denominadores comunes que limitan su accionar. 

Entre ellos, la falta de una institucionalidad robusta  para planificar y evaluar iniciativas, la ausencia de mandos políticos y técnicos debidamente formados; un limitado acceso a información estadística criminal y a encuestas regulares de victimización y percepción que impiden  conocer el cuándo, dónde y cómo se producen los delitos en los barrios y qué sentimientos movilizan en la ciudadanía. A  ellos se suma la escasez de recursos, sobre todo en una temática considerada tradicionalmente como campo de acción de los gobiernos provincial y nacional. 

De la mano de la falta de diagnósticos sobre los cuales erigir la estrategia de seguridad, es muy común el diseño de medidas aisladas, mayormente de corte situacional, con eje en los síntomas cortoplacistas del delito más que en sus causas más profundas. A su vez, se suelen ejecutar políticas sociales amplias con poco impacto con relación a los niveles de victimización de un determinado territorio en lugar de programas de prevención social del delito focalizados en la población en riesgo. 

Se trata de un desafío público que requiere capacidades administrativas y políticas sólidas. No sólo para gestionar, sino también para dialogar con todos los actores intervinientes –desde el sector policial y judicial hasta la sociedad civil–para el trabajo en red que amerita. 

El reto: “llegar antes que el delito”

La clave es entonces “llegar antes” y, para ello, se requiere de una estrategia de seguridad local pensada  por “fuera de la caja”. Es decir, abordar este desafío público más allá de la cuestión criminal para poner el foco en reducir aquellos factores de riesgo que están detrás de toda persona que delinque. Ello implica algunos puntos de partida para la acción: 

• Voluntad y liderazgo político para asumir una agenda municipal que tenga a la seguridad entre sus principales ejes estratégicos.

• El plan de seguridad local debe ser integral, no sólo inversión en cámaras y tecnología, herramientas necesarias y fundamentales para el abordaje a corto plazo. También debe incluir programas focalizados de prevención social, comunitaria de la mano de recursos humanos y presupuestarios específicos con mirada en el mediano y el largo plazo.
• En la tarea de prevenir, ninguna secretaría del municipio escapa al abordaje de la seguridad y debe formar parte de la respuesta desde sus competencias afines a la gestión de la conflictividad social.
• Toda estrategia de seguridad debe partir de información fiable para  diagnosticar, planificar, dar seguimiento y evaluar políticas basadas en evidencia y no en la intuición.

• La participación de la ciudadanía es clave si se quiere alcanzar impacto y resultados sostenibles en el tiempo.
• Revisar qué funciona y qué no funciona en materia de seguridad en los territorios locales es fundamental para implementar políticas basadas en evidencia.

Profundicemos un poco más sobre seguridad

Sobre este último punto, una herramienta valiosa y fuente de aprendizaje e inspiración es la plataforma desarrollada por el BID que promueve el uso de evidencias científicas en las decisiones sobre seguridad ciudadana y justicia en América Latina y el Caribe. En la misma se pueden encontrar iniciativas concretas con resultados e impacto evaluados como exitosos en temas como prevención de la violencia infanto-juvenil, seguridad urbana, policiamiento, justicia criminal, reinserción social y violencia contra las mujeres. Hacer una buena revisión de estos programas es un primer paso fundamental para idear una política de seguridad local.

En definitiva, las ciudades son seguras no sólo ante la ausencia de delito y el temor de ser victimizados. Son seguras si sus ciudadanos gozan de calidad de vida en términos de libertad, disfrute de los espacios públicos y acceso a oportunidades. No hay seguridad sin desarrollo humano como condición indispensable del derecho a la ciudad de todos sus habitantes.

Políticas faro para gobiernos locales

La Municipalidad de Peñalolén, en Chile, implementó una destacada política integral de prevención social del delito, enfocada en abordar la delincuencia desde un enfoque social y comunitario. Esta estrategia se basa en la prevención y en el fortalecimiento del tejido social, involucrando tanto a actores comunitarios como a instituciones locales para enfrentar factores como la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de oportunidades.

La política incluye una variedad de programas diseñados para prevenir el delito. Entre ellos, destaca el Programa de Mediación vecinal y comunitaria, que fomenta la participación vecinal a través de redes de apoyo comunitario. Este programa se articula con el Plan Integral de Barrios Seguros, que promueve la formación de líderes barriales responsables de co-gestionar y fomentar la convivencia pacífica en sus barrios. 

Otro programa relevante es el Sistema de Alerta Temprana de Deserción Escolar, que identifica a niños y adolescentes en riesgo de abandonar el sistema educativo o sufrir vulneraciones de derechos. Esta iniciativa permite detectar y atender situaciones críticas, garantizando una respuesta rápida y adecuada.

Todos estos programas se basan en diagnósticos detallados de los factores de riesgo y protección en la comunidad. Esto permite focalizar las políticas en las problemáticas específicas del municipio. La clave ha sido la colaboración interinstitucional, involucrando áreas como educación, salud y deportes, además de la cooperación con organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Esta política integral de prevención está diseñada para generar soluciones sostenibles a largo plazo con foco en el trabajo en red.

Otro programa exitoso de prevención del delito, articulando la Prevención situacional con participación comunitaria es “Ojos en Alerta”, de la Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su objetivo principal es mitigar la inseguridad e involucrar a los vecinos y vecinas en la prevención del delito. A través del Whatsapp, los ciudadanos pueden reportar situaciones de emergencia, actividades sospechosas, siniestros viales, violencia por motivos de género y otros incidentes relevantes en tiempo real. 

Este programa llevó al municipio de San Miguel a recibir el premio RIL a la Ciudad Inspiradora 2024, otorgado en la Noche de los Intendentes. Ojos en Alerta hoy se replica en 50 localidades. En ellas logró activar y mejorar la calidad de los mapas del delito, habilitando una mejor planificación de los operativos públicos de control para la prevención y el posicionamiento inteligente de las patrullas policiales en sus respectivas cuadrículas. 

Camino a ser una ciudad con una estrategia integral de Seguridad

Este año, la Red de Innovación Local (RIL) lanzó el Programa Ciudades por la Seguridad que acompaña a equipos de gobiernos locales de 27 ciudades del país en el diseño de una planificación integral de seguridad ciudadana. La iniciativa es financiada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Konrad Adenauer Argentina. 

Nuestro objetivo es acompañar a los equipos locales en el fortalecimiento y profesionalización de sus capacidades de planificación y gestión de sus políticas locales de convivencia y seguridad ciudadana. Mediante capacitaciones específicas y talleres en territorio, procuramos dotarlos de herramientas para diagnosticar, pasar a la acción y trabajar en redes colaborativas para implementar estrategias innovadoras y basadas en evidencia que mejoren la calidad de vida ciudadana. 

Desde RIL entendemos que, en materia de seguridad, los líderes locales pueden hacer mucho para garantizar condiciones de vida más seguras para sus comunidades. La clave del éxito en cualquier estrategia de seguridad no es ni la mano dura ni la mano blanda. Sino una política inteligente contra el delito donde el Estado en sus tres niveles, junto al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía formen parte de la solución en una verdadera alianza por ciudades más seguras.

(*) Mariana Foglia es Coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad  de la Red de Innovación Local (RIL)

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A lo largo y ancho de Argentina, muchas ciudades trabajan para potenciar la formación de talento y las oportunidades laborales de cada vecino y vecina. Lo hacen a través del diseño e implementación de políticas públicas, muchas veces por medio de la articulación público-privada, que buscan generar y promover espacios innovadores.

La combinación de estos esfuerzos le significa a estas ciudades recursos educativos y oportunidades de empleo, como así también entornos aptos para emprender e invertir. Además mejora la calidad de vida de las personas, al generar trabajos de calidad y herramientas para avanzar en sus carreras, oficios y proyectos personales. 

Te compartimos cuatro casos de ciudades, que a través de sus políticas públicas con foco en la economía del conocimiento, están generando un impacto en su población. Desde la forma en la que trabajan, hasta cómo pueden disfrutar de su tiempo libre, demuestran que el éxito profesional puede ir de la mano con el bienestar personal.

Un club de robótica para niños, niñas y adolescentes

Inspirada en la promoción de la educación con enfoque en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, la Dirección de Innovación y Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Concordia puso a prueba el primer Club de Robótica de la ciudad. 

El propósito de esta iniciativa, que tuvo su fase piloto en 2023, es proveer a niños, niñas y adolescentes de Concordia, una localidad de Entre Ríos, en Argentina, el desarrollo de habilidades del siglo XXI: programación, robótica y pensamiento crítico, entre otras. 

En el marco de su inauguración en 2023, el Senado de la Provincia de Entre Ríos declaró de interés educativo al Club de Robótica de Concordia, por su aporte y contribución al desarrollo de habilidades tecnológicas y al futuro de la educación en la región.

El club está dividido en cuatro grupos: sus ocho entrenadores están agrupados en parejas, cada una de ellas está a cargo de un grupo, y a partir de ahí todos trabajan con una plataforma educativa de Ticmas, en donde ponen en práctica lo aprendido.

Martes, miércoles y jueves los y las participantes, de entre 9 y 12 años, tienen la oportunidad de aprender a diseñar, construir y programar robots. Así, estimulan su pensamiento lógico y habilidades para resolver problemas desde una edad temprana.
“Teníamos lugar para 100 niños y niñas, se anotaron 240, para la selección no nos detuvimos en habilidades, sino en la motivación y disponibilidad de participación,  la regularidad es un requisito para ser parte”, contó Andrea Solari, coordinadora del club.

San Justo apuesta  a la educación y talento tecnológico 

San Justo, una ciudad ubicada en la provincia de Santa Fe, en Argentina, en los últimos cuatro años desarrolló, desde sus instituciones y programas, proyectos curriculares con enfoque en innovación educativa, pensados para generar nuevas oportunidades. 

Lo hicieron sistematizando la educación inicial a partir de un diseño curricular basado en pensamiento matemático y computacional, ofreciendo formación docente con esta perspectiva, abriendo un Aula del Futuro, una Tecnoteca y un Polo Universitario. 

Mónica Astore, coordinadora del Sistema Educativo Municipal de la Municipalidad de San Justo, explica: “La idea fue fortalecer el sistema educativo municipal a través de diferentes innovaciones que tengan que ver con lo tecnológico y lo pedagógico”.

El Polo Universitario San Justo es un espacio que ofrece alternativas de formación universitaria, terciaria y de oficios, con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible de la localidad, a través del conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación.

La institución surgió a partir de acuerdos y articulaciones realizadas junto al Foro de la Producción y Desarrollo Local de San Justo, que tiene como objetivo ampliar la oferta académica en la ciudad y fomentar el crecimiento socio productivo en la región. 

Con carreras vinculadas al agro, la industria, el comercio y la educación, este espacio representa un hito para la localidad que, en cuatro años, ha logrado sistematizar la educación formal, no formal, la formación docente continua y otras áreas afines.

San Miguel promueve la innovación local

La Usina Tecnológica (UTEC) es una de las apuestas más grandes que hizo la ciudad de San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, para impulsar y promover el desarrollo de la Economía del Conocimiento, la Tecnología y la Innovación a nivel local. 

Surgió a partir de una mesa de diálogo público-privada, de la que participaron más de 100 instituciones, comercios y empresas de la ciudad, que creyeron en la necesidad de potenciar un ecosistema innovador a través de un espacio físico.

Desde su inauguración, en mayo de 2023, 4.200 personas han sido parte de sus capacitaciones en tecnología, espacios de coworking, acompañamiento para el desarrollo de startups y diferentes instancias de investigación y desarrollo.

El desarrollo de la economía del conocimiento en San Miguel se trabaja desde distintos ejes. Por un lado, la educación y capacitación en tecnología para que la población pueda contar con conocimientos habilidades que les permitan insertarse en el mundo laboral. 

Por otro lado, se busca potenciar industrias y emprendimientos tecnológicos locales, sin dejar de lado la importancia de acompañar una transformación productiva de las industrias y comercios de otros rubros que actualmente son motor de la economía local

Juan Cabrera, subsecretario de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de San Miguel, cuenta que antes de crear la Usina Tecnológica, tuvieron otras experiencias afines, ofreciendo cursos virtuales de programación, marketing digital y diseño UX.

Captación de talento y oportunidades laborales en Junín

Un informe de Argencon, la cámara que reúne a las empresas de economía del conocimiento en el país, sostiene que Junín se destaca como una de las 100 ciudades de Argentina con mejor conectividad y propuestas educativas en tecnología para vivir y trabajar. 

En una parada de la Ruta Federal del Conocimiento, un evento realizado por Argencon, se señaló que esta localidad tiene el potencial para ser nexo de servicios basados en conocimiento, y que esto podría ser un aporte clave para el desarrollo regional del país. 

No fue de la noche a la mañana que el Municipio de Junín, una ciudad ubicada al noroeste de la provincia de Buenos Aires, empezó a trabajar en el desarrollo de políticas públicas para potenciar la economía del conocimiento local. Estas estrategias cobraron más fuerza hace dos años, en 2022, a partir de un Plan Estratégico Informático (PEI).

Otra iniciativa interesante en la localidad es “La Entrevista”, una obra de teatro que surgió como una herramienta de capacitación laboral para estudiantes de Junín. Desde cómo hacer un currículum vitae hasta de qué forma asistir a una entrevista laboral, todos estos temas se tratan en el Programa AyudArte, del municipio local. 

El programa se realiza a través de una obra de teatro, que propone empatizar, entretener y captar la atención de estudiantes de último año de colegios secundarios y personas en búsqueda de empleo, para que tengan una buena experiencia laboral y mayores oportunidades.

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Impacto de OJOS EN ALERTA

Lo más destacable de “Ojos en Alerta” es que, además de su innovación, generó un impacto en su propia comunidad y en más de 41 ciudades de 9 provincias de Argentina alcanzando a seis millones seiscientas mil personas. A partir de su implementación, esta solución para combatir la inseguridad demostró integralidad, innovación, participación e impacto local. 

Este premio reconoce el valor de la inspiración de aquellas ciudades que se encuentran generando impacto local, innovación y son consideradas faro por sus pares. Así, San Miguel se suma a Córdoba y Corrientes que fueron las ciudades premiadas en la edición 2021 y 2022.

¿Cómo nació esta solución? 

La inseguridad es un problema presente y difícil de combatir en el Conurbano Bonaerense y, constitucionalmente, los municipios de la Provincia de Buenos Aires no tienen la responsabilidad de prevenir el delito. Pero, en 2010, San Miguel decidió asumir esta responsabilidad creando la figura del cuerpo policial municipal.

Con este antecedente en agenda, unos años después el entonces secretario de seguridad, Cristián Méndez, sembró el hecho de que es imposible combatir la inseguridad sin el involucramiento de la ciudadanía. Denunciar los delitos era un paso fundamental para el accionar policial. 

Así, ideó una solución que consistía en utilizar la aplicación de mensajería instantánea, Whatsapp, para denunciar hechos delictivos. Primero convocaron a choferes de remises y colectivos porque eran quienes estaban permanentemente en la calle y recorrían diferentes zonas de la ciudad. Luego, se sumaron comerciantes y encargados de edificios para después empezar a capacitar a vecinos y vecinas.

Descubrieron que la manera más sencilla de hacer partícipe a la comunidad era a través de una aplicación gratuita y al alcance de todas las personas. Cada vez que una persona enviaba un mensaje por el chat de Whatsapp lo recibía el Centro de Operaciones el cual, a su vez, también recibía información de las cámaras ubicadas en la vía pública.

Para mayor éxito, esta solución fue acompañada de una gran inversión en infraestructura como patrulleros, cámaras de seguridad, cuerpo policial municipal, provincial y gendarmería. Esto permitía a los operadores del Centro de Operaciones tener a disposición todos los recursos para poder brindar una respuesta inmediata a los vecinos y vecinas.

Más innovación, más participación y más impacto

Uno de los componentes más destacados de esta solución es el enfoque de participación ciudadana que adoptó ya que, desde su concepción, la prevención del delito radica en el aporte colaborativo de la ciudadanía en general. Esta participación se vuelve ágil porque las personas ya sabían como manejar la aplicación de mensajería.

Se trata de un programa integral, porque la Secretaría de Seguridad capacita constantemente a quienes están interesados en asumir el compromiso cívico de luchar contra la inseguridad.

Su impacto se puede observar en que más del 50% de la población adulta de San Miguel utiliza la herramienta, los delitos medibles (aquellos que se denuncian) bajaron entre el 50% y el 70% desde su implementación en el municipio y su exportación a 41 ciudades argentinas significó una población de seis millones seiscientos mil personas impactada.

El programa pudo funcionar gracias a la colaboración de la sociedad civil, los operadores del Centro de Operaciones y la policía de la ciudad. Además, su éxito también radica en la inversión en infraestructura municipal, como cámaras en la vía pública, patrulleros, capacitaciones, un Centro de Monitoreo y hasta un Mapa del Delito. 

Las ciudades de Argentina que implementaron el programa son Chacabuco, Coronel Pringles, Escobar, Ituzaingó, Junín, La Plata. Morón, Nueve de Julio, Olavarría, Pinamar, Pergamino, Rauch. Coronel Rosales, Tres de Febrero, Zarate, Ceres, El Trébol, Esperanza. Funes, Humberto Primo, Rafaela, Reconquista, Roldán, Rufino, San Lorenzo, Sunchales, Timbúes, Jesús Maria, Justiniano Posse, La Falda, La Paquita, San Francisco, Salta, Las Lajitas, Bella Vista, Catamarca, Mendoza, San patricio del Chañar, Bariloche.

Su impacto se puede observar en que casi la mitad de la población de San Miguel tiene en su teléfono “Ojos en Alerta”. Los delitos medibles (aquellos que se denuncian) bajaron entre el 50% y el 70% desde su implementación y su exportación a 41 ciudades argentinas.

El programa pudo funcionar gracias a la colaboración de la sociedad civil, los operadores del Centro de Operaciones y la policía de la ciudad. Además, su éxito también radica en la inversión en infraestructura municipal. Como cámaras en la vía pública, patrulleros, capacitaciones, un Centro de Monitoreo y hasta un Mapa del Delito. 

El valor de la inspiración para replicar soluciones

Desde su implementación, el equipo de la ciudad de San Miguel se puso a disposición de cada ciudad argentina que quisiera replicar esta iniciativa. Así, los creadores del programa viajaron municipio por municipio para presentar y capacitar a los equipos de gobierno sobre cómo implementar “Ojos en Alerta”. 

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Nuestro inspirador detrás del cargo hoy es Cristian “Piojo” Méndez, actual concejal de la ciudad bonaerense de San Miguel, en Argentina. Hace seis años creó el programa “Ojos en Alerta”, que se enfoca en prevenir el delito mediante la participación ciudadana, ya que siempre busca estar un paso adelante con innovaciones que mejoren la vida de las personas.

En clave humana

Mendez aconseja a todas aquellas personas que innoven, ya sea en el sector público o privado: “Siempre pensar en grande. Está bueno que un innovador no se conforme y crea en su proyecto, porque todo proyecto tiene un montón de microfracasos en el camino. Lo importante es no bajar los brazos”. 

Con respecto al origen de sus ideas y qué lo inspira, su respuesta se orientó hacia la población beneficiaria:

Después del éxito con “Ojos en Alerta” quisimos saber a qué problema le gustaría encontrarle una solución:

Grandes inspiradores también reciben inspiración. En +Comunidad nos preguntamos a quién o quiénes del mundo de la innovación admira el creador de “Ojos en Alerta”:

Y para finalizar nuestra charla, le preguntamos: “Si pudieras hablarle al Cristian Méndez de hace cinco años, ¿qué le dirías?” Esto fue lo que nos respondió:

Ojos en Alerta ya está presente en más de 17 ciudades argentinas y analiza expandir sus horizontes. En este link podés conocer más sobre el caso y otras historias de seguridad pública municipal publicadas en el Mapa de Soluciones Locales de RIL.

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