“Agradezco profundamente lo que hicieron. Para mí, hoy, con 70 años, esto es un logro grandísimo. Nunca creí que iba a llegar… y hoy puedo decir: sí, llegó”. El que habla es un vecino del barrio California, en San Nicolás de los Arroyos. La frase puede parecer enorme para describir la llegada de servicios urbanos. Pero allí condensa lo que durante décadas estuvo ausente en su barrio: cloacas, agua corriente, calles pavimentadas, alumbrado.

San Nicolás de los Arroyos, en el norte de la provincia de Buenos Aires y sobre la ribera del Paraná, tiene 165.000 habitantes y un perfil productivo asociado a la siderurgia y al puerto. Como buena parte de las ciudades intermedias del país, cargó durante años con una desigualdad territorial marcada: barrios consolidados con servicios completos junto a sectores históricamente postergados. La política urbana que cambió ese cuadro en la última década no se sostuvo en transferencias extraordinarias del Estado nacional ni provincial, sino en una reforma del modelo tributario local que permitió financiar las obras con recursos propios.

Sobre esa base se levantan otras decisiones de gestión: un seguro de salud para los vecinos sin cobertura, una atención municipal centralizada en un asistente de inteligencia artificial, una licencia de conducir que se tramita desde el celular y un sistema de monitoreo que el municipio sostiene aun reconociendo que la seguridad es competencia provincial. Esa combinación llevó a San Nicolás a obtener en 2026 la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL).

1. Una reforma tributaria local que financió la integración urbana

El punto de partida fue financiero. La Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) no alcanzaba para sostener las inversiones que la ciudad necesitaba. Sobre esa restricción, el municipio armó una nueva arquitectura: reformuló la tasa de ABL, creó la Tasa de Desarrollo Urbano, incorporó la captación de plusvalías y avanzó con la recuperación de tierras públicas y concesiones. Cuatro objetivos guiaron el diseño: distribuir mejor las cargas fiscales, mejorar el cobro de las tasas, captar parte de la valorización del suelo y financiar obras urbanas con fondos propios.

La traducción concreta es una serie de indicadores que ubican a San Nicolás por encima de los promedios provincial y nacional. Según el Censo 2022, la ciudad alcanza un 97,8% de cobertura de agua corriente y un 90,8% de cloacas. El alumbrado público se modernizó por completo, con más de 21.000 luminarias LED que cubren el 100% del trazado urbano. La pavimentación pasó de 17 a más de 80 barrios en pocos años y hoy llega al 80% de la ciudad. En espacio público, San Nicolás cuenta con más de 100 plazas y parques a menos de diez minutos a pie de cualquier punto y un arbolado urbano que supera los 75.000 ejemplares. Con 8,01 m² de espacio verde por habitante, integra el grupo de las diez ciudades argentinas con mayor superficie de áreas verdes.

Detrás del dato hay un cambio de paradigma. “Esto nos permitió tener más autonomía económica, ante la posibilidad de impulsar el desarrollo de proyectos que la ciudad necesitaba”, explicó María Rosa Fernández, directora de Planeamiento Urbano del municipio, en una entrevista con +COMUNIDAD en el marco del Premio Banco Hipotecario que el municipio recibió en La Noche de Intendentes 2024 de RIL. Fernández agregó otro elemento clave del proceso: la maduración. “Llevar adelante proyectos a largo plazo muchas veces se dificulta. Estas políticas a veces avanzan, a veces se detienen, otras veces se vuelven a retomar con diferentes matices, pero lo importante es no perder el foco”.

La integración urbana del barrio California, donde vive el vecino que abre esta nota, es uno de los resultados visibles de ese enfoque sostenido.

2. Seguro Médico Municipal: cobertura para uno de cada tres vecinos

En San Nicolás, alrededor de 50.000 personas no cuentan con obra social ni medicina prepaga. Eso representa cerca del 30% de la población. La política sanitaria municipal se construyó sobre ese diagnóstico.

En 2023, la ciudad lanzó el Seguro Médico Municipal, un sistema de vouchers que permite a los vecinos sin cobertura elegir atenderse en centros públicos o en clínicas privadas adheridas. Los vouchers se vinculan al DNI, lo que asegura el seguimiento de la información clínica y previene fraudes. La elegibilidad se reevalúa de manera periódica para concentrar los recursos en quienes más los necesitan. Hoy, más de 40.000 vecinos forman parte del programa.

El sistema se complementa con una decisión de infraestructura: la construcción de tres hospitales cuya localización se definió a partir de datos desagregados sobre demografía, ingresos y necesidades sanitarias. El primero, GO Sanatorio San Nicolás, abrió en enero de 2024 y constituye la primera asociación público-privada en salud del país. El municipio aportó el edificio; el grupo médico operador se hace cargo del equipamiento, el plantel profesional y la administración. En su primer año de funcionamiento, ese centro brindó más de 216.000 prestaciones.

La transformación se completa con un componente digital. La ciudad implementó turnos online, recetas digitales, historia clínica unificada y telemedicina. Los resultados se reflejan en métricas duras. El ausentismo en turnos médicos pasó de 40,6% en otoño de 2024 a 29,4% al cierre del mismo año. El tiempo de respuesta ante emergencias médicas, gracias a la digitalización del despacho, se redujo de 9 minutos a 3 minutos entre mayo y septiembre de 2024.

Esa transformación fue reconocida por Bloomberg Philanthropies / What Works Cities, que en febrero de 2025 distinguió a San Nicolás con la certificación Silver por el uso excepcional de datos en la gestión local. Es uno de los pocos municipios argentinos que recibió ese reconocimiento.”Nuestro objetivo es claro: que todos los vecinos, vivan donde vivan, tengan acceso a los mismos servicios y oportunidades”, afirma el intendente Santiago Passaglia.

3. SantIA: el municipio dentro del WhatsApp

El tercer eje es la atención ciudadana. San Nicolás canalizó casi todos sus trámites y reclamos en un ecosistema digital que tiene como puerta de entrada principal a SantIA, un asistente conversacional basado en inteligencia artificial y procesamiento de lenguaje natural que opera desde WhatsApp.

A través de SantIA, los vecinos pueden hacer consultas, iniciar trámites simples y registrar reclamos. Para gestiones más complejas, el sistema deriva al portal web del municipio, donde cada vecino tiene un usuario personal con un repositorio de su documentación, el historial de sus interacciones con el Estado local y el estado de avance de sus reclamos. El Centro Único de Atención Ciudadana concentra los pedidos, los deriva al área correspondiente y mide la satisfacción de los vecinos.

El diseño persigue dos objetivos: simplificar el contacto con el municipio y construir una base de datos sobre el desempeño de cada área de gobierno. Cada interacción registrada deja una traza que permite evaluar tiempos de respuesta y detectar cuellos de botella en la prestación de servicios.

4. Renovación de la licencia de conducir, 100% online

La renovación de la licencia de conducir es un trámite que durante años condensó las peores experiencias del Estado para el vecino: traslados, múltiples ventanillas, esperas. En San Nicolás, ese proceso es hoy completamente digital. El vecino inicia el trámite desde su casa, carga la documentación requerida, completa los certificados —incluido el médico, que puede emitir su profesional de cabecera— y recibe la licencia en el domicilio.

Durante 2025 se gestionaron 1.247 renovaciones por mes bajo esta modalidad. La política libera tiempo del vecino y reduce la carga administrativa de las oficinas municipales. “La experiencia fue espectacular. El certificado lo hice con mi médico particular de cabecera, fue todo rápido y me resultó fácil”, contó Eduardo, el primer vecino en recibir la licencia por el nuevo canal.

5. Seguridad ciudadana: tecnología e integración para la videovigilancia

La seguridad pública, en la Argentina, es una competencia provincial. La Constitución no asigna ese rol a los municipios. San Nicolás eligió igualmente ocuparse del tema, con una posición que el intendente sintetizó así en agosto de 2025, en una entrevista con Zona Norte Hoy: “Desde el Municipio seguimos invirtiendo y haciendo todo lo posible para cuidar a los nicoleños”.

Sobre esa decisión, la ciudad construyó un sistema de monitoreo cuyo elemento distintivo no es la cantidad de dispositivos sino su integración. Hoy hay 1.200 cámaras de videovigilancia en el partido —en marzo de 2023 eran 975, según una cobertura de Diario El Norte—, con un 80% conectadas por fibra óptica, lo que mejora la calidad de imagen y la transmisión en tiempo real. El centro de monitoreo opera de forma integrada con la Policía de la provincia (línea 911) y con el sistema de emergencias médicas (línea 107), lo que permite articular respuestas en un mismo flujo operativo.

A esa infraestructura se sumó, durante 2024, un software de inteligencia artificial forense. El sistema permite seleccionar franjas horarias de las cámaras y analizar el material aplicando filtros: tipo de prenda, color, tipo de vehículo, dirección y velocidad de circulación. La función reduce los tiempos de las investigaciones y permite el análisis simultáneo de múltiples cámaras. El sistema se complementa con seguimiento por GPS de 158 vehículos municipales y de emergencia, lectores de patentes, botones de pánico y un tablero con mapa de calor para orientar la prevención.

Una lectura conjunta

Las cinco políticas son distintas en escala, en problemática y en grado de madurez. Tienen, sin embargo, una lógica común: el municipio identifica un déficit, diseña un mecanismo concreto para abordarlo y mide lo que hace. La integración urbana se financió con un rediseño tributario propio. La salud sin obra social se cubrió con un seguro local que combinó vouchers, datos y una alianza público-privada inédita en el país. La atención ciudadana se concentró en una interfaz conversacional. La renovación de la licencia se simplificó hasta convertirse en un trámite domiciliario. La seguridad, aun cuando es competencia provincial, se asume desde el municipio con un sistema integrado.

La certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL, junto con el reconocimiento Silver de Bloomberg / What Works Cities en el área sanitaria, distinguen ese recorrido. Lo que ambas certificaciones validan es algo más amplio que cada política tomada por separado: una capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterio y sostener las decisiones en el tiempo.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en San Nicolás, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Junín, Santa Rosa y San Miguel:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

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En diciembre de 2024, la capital del estado de Paraná, en Brasil, tenía 201.578 personas en espera por una consulta o un examen especializado en la red pública municipal de salud. Diez meses después, en octubre de 2025, esa cifra había caído a 123.090 pacientes: una reducción del 40%.  El tiempo medio de espera pasó de 60 a 49 días. Para dimensionar la referencia, en el sistema público británico (NHS) la espera promedio por una primera consulta con especialista es de alrededor de 95 días.

El resultado se apoya en una política específica —el Programa Especialidades en Acción, lanzado en abril de 2025—, pero no se explica sin una infraestructura que la ciudad viene construyendo desde mucho antes. 

“Curitiba ha construido, a lo largo de los años, una trayectoria consistente en salud digital que posiciona al municipio como referencia nacional dentro del Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil. La Secretaría fue pionera en adoptar soluciones tecnológicas que ampliaron el acceso, organizaron los flujos y cualificaron el cuidado”, dice a +COMUNIDAD la secretaría municipal de salud de Curitiba, Tatiane Correa da Silva Filipak. 

El programa que ordenó la demanda

Especialidades en Acción forma parte de un paquete más amplio. La Secretaría Municipal de Salud de Curitiba lo construyó articulando cuatro frentes: adhesión a los programas federales Más Acceso a Especialistas y Ahora Hay Especialista del Ministerio de Salud; ampliación de la oferta entre los prestadores contratados; inauguración del Centro Curitibano de Atención Especializada en 2024, administrado por la Fundación Estatal de Atención a la Salud (Feas); y, sobre todo, la expansión de la telerregulación de filas.

La telerregulación funciona así: el médico de la unidad básica de salud comparte la situación clínica del paciente con un médico especialista telerregulador, que analiza la historia clínica electrónica y define si el caso puede resolverse en la atención primaria o requiere derivación. La decisión es íntegramente clínica y humana.

Con ese mecanismo, la Secretaría amplió de 15.000 a 27.000 las consultas mensuales en las cinco especialidades con mayor demanda —oncología, oftalmología, otorrinolaringología, ortopedia y cardiología—, un crecimiento del 80%. La oferta mensual de ultrasonografías, endoscopías y colonoscopías pasó de 11.743 a 17.283: un 47% más.

Dentro del balance general, algunos indicadores se movieron más rápido que otros. La fila de ultrasonografía cayó 96%, la de oftalmología 61,5% y la de tomografía de cráneo se redujo a cero. Los tiempos de agendamiento dejan ver el cambio en casos concretos. 

María Aparecida Duarte Vilela, pedagoga de 59 años, consiguió un turno para un examen de ultrasonografía en 15 días. “No imaginaba que saldría tan rápido”, declaró a la prensa oficial de la Prefeitura de Curitiba. Hélio de Souza, jubilado de 70 años operado de cataratas en enero de 2025, esperaba una consulta de revisión recién para el año siguiente. Fue llamado en agosto: “Ni esperaba ser llamado tan pronto”, dijo.

El ecosistema digital que hizo posible la política

La telerregulación no es posible sin un prontuario electrónico unificado y accesible. Curitiba lo tiene—el sistema e-Saúde— desde 1999.

Sobre esa base, la ciudad construyó dos puertas de entrada digitales que son parte central del Sistema Único de Salud local (SUS). La primera es el aplicativo Saúde Já Curitiba, que permite agendar consultas clínicas y odontológicas en las 109 unidades básicas de salud, consultar el historial del paciente, la carteira de vacunación, resultados de exámenes laboratoriales y confirmar turnos con especialistas. Hoy supera los 2 millones de usuarios.

La segunda es la Central Saúde Já, creada en 2020 durante la pandemia y transformada desde entonces en canal permanente. En abril de 2023,Curitiba se convirtió en la primera ciudad de Brasil en ofrecer teleatendimiento virtual para casos leves por SUS. La central acumuló 1,5 millones de atenciones al 11 de abril de 2025, con una evaluación promedio de 4,5 en escala Likert (equivalente a 9 sobre 10). Desde que arrancaron las consultas por teléfono o video, se registraron 281.500 atenciones médicas y 516.000 de enfermería.

“Cuidar de la salud de una ciudad es, antes que todo, cuidar de las personas. Es comprender que cada decisión tomada en el ámbito de la gestión pública impacta directamente en la vida de miles de ciudadanos. Y no sólo en el acceso a servicios, sino también sobre su calidad de vida, dignidad y bienestar”, expresa la secretaría municipal de Salud de Curitiba, Tatiane Correa da Silva Filipak. 

^{Sitio web de Saúde JÁ. Imagen: Prefeitura de Curitiba.}

El rol de la inteligencia artificial

En diálogo con +COMUNIDAD, la funcionaria cuenta que la entidad utiliza un agente de inteligencia artificial para cualificar las derivaciones desde las unidades de salud hacia la telerregulación. “El objetivo es asistir a los profesionales de atención primaria en el completado de las solicitudes de telerregulación con todo el detalle necesario para cada especialidad”, explica. 

Esta IA se utiliza durante la consulta médica, con el paciente presente, para que el profesional pueda resolver dudas con el usuario sobre cualquier información necesaria para la derivación. “La herramienta fue desarrollada para agilizar las solicitudes y evitar el retrabajo: cada vez que un médico especialista solicita información extra que no figuraba en el pedido original, el proceso se estanca”, destaca Filipak.

La IA lee los flujos y orienta al médico, ayudando a mejorar la descripción de la derivación. De esta forma, el médico regulador puede optimizar el análisis y dar las indicaciones correctas.

En marzo de 2026, durante la Smart City Expo Curitiba, la Prefeitura presentó el Curitiba App: un superapp que integra en un solo entorno digital cerca de 800 servicios municipales, entre los cuales Saúde Já es uno de los más consultados. 

La novedad central es una inteligencia artificial municipal propia, alimentada con bases de datos oficiales de la ciudad, que permite al usuario hacer preguntas en lenguaje natural y recibir orientación para encontrar el servicio que necesita.

El desarrollo se enmarca en la Ley Municipal de Inteligencia Artificial (Lei 16.321/2024), sancionada por Curitiba en 2024, que fija principios de transparencia, privacidad, responsabilidad clara del uso y protección de datos en toda aplicación de IA municipal.

Un ecosistema digital de cuidado

“La innovación ocupa un lugar central (en la trayectoria de Salud de Curitiba). Innovar, para la salud pública, significa incorporar nuevas tecnologías, mejorar procesos de gestión, fortalecer la inteligencia en salud y desarrollar soluciones capaces de responder de forma cada vez más ágil, eficiente y humanizada las demandas de la población”, reflexiona  Correa da Silva Filipak. “Más que modernizar estructuras, innovar significa cualificar el cuidado y ampliar la capacidad del sistema de proteger y promover la vida”, añade. 

Los próximos pasos del modelo de salud de Curitiba se orientan a profundizar la transformación digital, integrar aún más los puntos de la red y situar al ciudadano en el centro de las decisiones con más inteligencia y tecnología.

“Lo más innovador en este momento es la construcción de un ecosistema digital de cuidado, donde todos los puntos de atención a la salud cuentan con un brazo de Salud Digital que auxilia a los profesionales a agilizar y mejorar la calidad del servicio”, remarca Tatiane Filipak a +COMUNIDAD. 

Financiamiento, aprendizajes y transferibilidad

Curitiba destina el 19,52% de susrecaudaciones corrientes a Salud, por encima del mínimo constitucional brasileño del 15%. El presupuesto presupuestado para 2025 alcanzó los R$ 3,34 mil millones (aproximadamente U$S 575 millones al cambio de fines de 2025). En el año también se sumaron 628 nuevos profesionales a la atención primaria y se ejecutaron R$ 6,6 millones (cerca de U$S 1,1 millón) en 48 obras de equipamiento sanitario.

Respecto a qué condiciones considera la Secretaría imprescindibles para que otra ciudad latinoamericana pueda replicar o adaptar este modelo de reducción de esperas y salud digital, Filipak es precisa. “El punto fundamental para cualquier municipio es contar con una historia clínica electrónica sistematizada, que concentre toda la información de los usuarios y brinde al gestor un panorama de todo el sistema de salud enfocado en las necesidades de la población”, aconseja.

“La incorporación de nuevas tecnologías en la salud pública de Curitiba es un proceso de mejora continua. Desde la implantación de la primera historia clínica electrónica en 1999 hasta el estadio actual de Saúde Já Curitiba, se ha avanzado significativamente en ofrecer servicios de salud al alcance de la mano para los usuarios del sistema público”, concluye la secretaria. 

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Una sóla pregunta: “¿cómo va tu vida?” 

Está impresa en un banner publicitario ubicado en un parque de San Salvador de Jujuy, Argentina. La pregunta es la puerta de entrada para que vecinos y vecinas logren poner en palabras las violencias o padecimientos que sufren en sus hogares o trabajos. Violencia de género, consumos problemáticos y situaciones vinculadas a la salud mental, incluyendo riesgo suicida adolescente, son las tres grandes problemáticas que se detectaron a partir de esa intervención e interrogante sobre la vida cotidiana.

La pregunta surge en El Escuchadero, un dispositivo situado en espacios públicos, que ofrece una infraestructura de escucha territorial, y busca conectar actores, detectar problemáticas y activar respuestas comunitarias e institucionales. Emerge en 2021, después de un diagnóstico desarrollado en el marco del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, implementado por la Fundación Crear Vale la Pena, en alianza con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y el acompañamiento de la Fundación Cambio Democrático.

En 2024 este dispositivo pasó de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Desarrollo Humano, específicamente a la Dirección de Salud Integral de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, lo que generó un cambio en la modalidad de trabajo. “A partir de este giro se orientó la iniciativa hacia un enfoque centrado en la Promoción de la Salud Integral y Prevención de diferentes problemáticas”, explica a +COMUNIDAD la referente actual de El Escuchadero, Mariana Vargas.

Escucha activa para la promoción de la salud integral 

A partir del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, se identificaron indicadores críticos: Jujuy registraba una tasa de femicidios de 2,82 en 2020, superior al promedio nacional (1,09). Existían 11 causas judiciales por femicidio en 2020 y 6.500 denuncias acumuladas entre 2016 y 2019 en el sistema de seguridad provincial. Se registraban altos niveles de embarazo adolescente, incluyendo casos en niñas de 10 a 14 años en contextos de abuso.

En ese contexto Vargas, licenciada en Psicología, comenta que El Escuchadero es un dispositivo innovador por “irrumpir en espacios comunitarios, sociales, deportivos y comerciales, con herramientas lúdicas que tienen como base la sensibilidad para una escucha creativa”. “Por ejemplo, se estableció un punto fijo en el Mercado Central 6 de Agosto, un lugar estratégico y accesible donde circula la vida cotidiana. Ahí, en medio del movimiento diario, cualquier persona puede detenerse y ser escuchada”, agrega.

Otro dato innovador que destaca la referente es la implementación de capacitaciones anuales (en las que se han capacitado 83 personas por año), para la transmisión de conocimientos generales y adquisición de herramientas, con el fin de formar facilitadores lúdicos para replicar en sus espacios de trabajo. “El impacto se mide por la cantidad de escuchas realizadas: 435 en 2024 y 582 en 2025. Además de las cerca de 3.000 personas al año que participan de las implementaciones lúdicas”, comenta.

El impacto de la articulación público-privada

Patricia Taboada, responsable de Desarrollo Institucional y Gerenta Operativa de Crear Vale la Pena, cuenta a +COMUNIDAD que el “diagnóstico no sólo permitió dimensionar la magnitud del problema sino evaluar la respuesta institucional”. La Fundación destacó la falta de articulación sostenida entre niveles (nacional, provincial, municipal), la fragmentación entre sectores (salud, justicia, desarrollo social, comunidad) y la baja integración de la información para la toma de decisiones.

En ese contexto se identifica la necesidad de un nuevo tipo de intervención, lo que dio lugar a una articulación entre la Municipalidad y la Fundación para desarrollar una metodología capaz de operar sobre el vínculo, la escucha y la construcción comunitaria. “El principal resultado del proyecto no se expresa en un único indicador cuantitativo consolidado, sino en la instalación de una infraestructura de escucha y orientación en territorio, articulada entre Estado y comunidad”, explica Taboada.

Tras los primeros dos años de implementación (2021–2022), para Crear Vale la Pena uno de los aspectos más relevantes fue su capacidad de traducir los hallazgos en respuestas concretas. En especial, a partir de espacios de escucha personalizada con agentes de salud. La orientación directa sobre recursos disponibles y derivación a dispositivos existentes, las actividades artísticas y lúdicas habilitaron formas de expresión que ampliaron la comprensión del malestar más allá de los lenguajes institucionales tradicionales.

Además, destacan el fortalecimiento de capacidades locales para la detección temprana, la mejora en la articulación entre áreas de gobiernos y actores comunitarios, la generación de redes de contención que reducen el aislamiento social. “En este sentido, el mayor impacto de El Escuchadero no es sólo la atención de casos, sino la construcción de condiciones para una respuesta comunitaria más integrada y sostenida”, sostiene Taboada. 

Sensibilidad, creatividad y articulación institucional

El Escuchadero se distingue por introducir una innovación conceptual y operativa: la transformación de la escucha en una infraestructura pública activa, abierta a la comunidad y capaz de articular dimensiones sociales, culturales y sanitarias. El dispositivo funciona simultáneamente en varios niveles: como espacio de escucha privada, como plataforma de acceso a información y recursos, y como entorno colectivo de expresión a través de propuestas artísticas y lúdicas. 

Para Taboada esta combinación amplía las posibilidades de detección y abordaje de problemáticas, especialmente aquellas que no emergen fácilmente en contextos institucionales formales. Por eso el proceso formativo se centró en el desarrollo de habilidades de escucha activa, en la comprensión de problemáticas complejas y en el uso de lenguajes artísticos como herramientas de mediación. En particular, la formación estuvo orientada a abordar los indicadores detectados en el diagnóstico —violencia de género, consumos problemáticos y salud mental— dotando a los equipos de herramientas específicas para la detección temprana, la escucha situada y la derivación adecuada.

La capacitación de los actores involucrados fue clave para sostener esta innovación.

Asimismo, la especialista cuenta que se trabajó en fortalecer la capacidad de articulación intersectorial, permitiendo que actores diversos operen desde una lógica compartida. “En este sentido, lo innovador de El Escuchadero no reside únicamente en el dispositivo en sí, sino en el modelo de intervención que propone: una forma de acción pública que integra sensibilidad, creatividad y articulación institucional”, resalta. 

Aprendizajes y transferibilidad de El Escuchadero

El trabajo conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy permitió consolidar un aprendizaje central: los problemas complejos requieren recursos, sí, pero también capacidades de articulación, escucha y construcción de sentido compartido. Vargas considera que el mayor aprendizaje es reconocer al dispositivo como una modalidad de trabajo en sí misma, que les permite a la institución profundizar en las inquietudes y acercarse a la comunidad desde la orientación e información. 

“Uno de los principales aprendizajes es que la escucha no puede ser concebida como una instancia aislada, sino como un proceso continuo que requiere institucionalización, formación y sostenimiento en el tiempo”, reflexiona Patricia Taboada. “También se comprobó que la construcción de confianza en el territorio es una condición indispensable para que las personas accedan a estos espacios y para que los dispositivos logren efectividad”, agrega a partir de la experiencia en Jujuy.

En términos de transferibilidad, la profesional cree que el componente crítico para replicar la experiencia no es únicamente el diseño del dispositivo, sino la combinación de tres elementos. Por un lado un diagnóstico territorial profundo que permita comprender el sistema en su conjunto. Por el otro, un proceso de formación multiactoral que construya capacidades compartidas, y una articulación efectiva entre Estado y comunidad que garantice la sostenibilidad de la iniciativa.

Respecto a los desafíos y limitaciones que encontraron en el proceso de implementación de la iniciativa, Mariana Vargas reconoce que no han sido significativas, dado que es un dispositivo que tiene trayectoria. Aún así señala que actualmente el desafío al que se enfrentan es el de la “construcción de legitimidad en el territorio”. Buscando ser reconocidos desde otro lugar: “es una propuesta de interacción diferente, no parte de lo conocido en el ámbito de la salud”.

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La siesta en Los Charrúas se caracteriza por el silencio. En este pequeño municipio de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, la vida pasa con esa quietud propia de los pueblos donde a menudo se escucha decir que “Dios está en todas partes, pero atiende sólo en Buenos Aires”. En 2021 ese silencio cambió de naturaleza. Ya no era por la calma del descanso, sino por el peso de lo que no se nombra. Ese año, en la comunidad de cerca de 5.000 habitantes, se detectaron cinco casos y varios intentos de suicidio.

Mientras el mundo intentaba rearmarse tras la pandemia, Los Charrúas registró una tasa de suicidios seis veces superior al promedio provincial. Entre Ríos ya era la provincia del país con la mayor tasa de suicidio: 15,3 casos cada 100 mil habitantes (según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2024 se situó en 19,8; la cifra provincial está 10 puntos por encima de la tasa nacional).

Entre los casos de 2021, se supo que tres fueron adolescentes o jóvenes, y uno de ellos, menor de 15 años. Fue entonces cuando un grupo de familias, docentes, pedagogos, líderes religiosos y especialistas coincidieron para revertir esta situación. 

“La evolución desde aquella emergencia de 2021 ha sido muy positiva: se ha registrado un solo caso desde ese periodo. Es decir, hace más de tres años que la ciudad no tiene casos de suicidios”, explica a +COMUNIDAD el psicólogo Sergio Brodsky. A partir de su intervención, la Municipalidad de Los Charrúas conformó una Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio para trabajar con casos que les permitan entender las distintas miradas, roles y modos de articular redes para resolver esta problemática. 

Una comunidad unida para frenar una crisis de salud mental

El programa implementado en Los Charrúas se estructuró en dos ejes. Por un lado, la prevención comunitaria, a través de charlas, capacitaciones y talleres de concientización. Por el otro, un abordaje clínico de los casos de riesgo. En ambos frentes se desarrollaron estrategias comunitarias “que fueron útiles para enfrentar este fenómeno multicausal, que tiene dimensiones sociales, subjetivas, económicas, laborales y culturales”, explica Brodsky.

En esa línea, Andrea Imoberdorff, intendenta de Los Charrúas, señala a +COMUNIDAD que su trayectoria previa en el ámbito sanitario le permitió involucrarse desde el inicio en el desarrollo del programa: “Vengo del ambiente de salud, conozco la problemática, y he participado en esta formación del programa de salud mental de la Municipalidad”. 

Además, remarca que la iniciativa se apoya en una articulación constante entre actores locales. “Al involucrar a toda la comunidad, la iniciativa tiene un sistema de comunicación constante entre el Centro de Integración Comunitaria (CIC), el área de salud mental municipal a cargo de Sergio, y un WhatsApp a disposición de cualquier vecino que quiera comentar algo”, agrega.

Como parte de la estrategia preventiva, se impulsan actividades en las escuelas. Se organizaron encuentros de salud mental con estudiantes y acciones de sensibilización. Una de las iniciativas que destaca Brodsky es “una folleteada con información preventiva en distintas problemáticas de la salud mental”, como bulimia, anorexia, adicciones, bullying, suicidio y depresión. Los temas fueron seleccionados por estudiantes, con el acompañamiento de docentes y del equipo de Prevención del Suicidio de la Municipalidad de Los Charrúas.

“La efectividad central del programa sigue siendo el estar”, resume el psicólogo. Y agrega: “Percibimos una conciencia de parte de los jóvenes, sobre todo en la franja de los adolescentes, que conocen mucho más acerca de la salud mental”. “Derribaron mitos en relación al acceso a la atención terapéutica a través de un psicólogo, los mitos de que el que va al psicólogo no está loco. Se trabajó mucho en la escuela para acceder al plano de la asistencia”, reflexiona el líder del Programa de Prevención del Suicidio. 

La salud emocional de la juventud de Los Charrúas

En relación con los intentos de suicidio, Brodsky señala que, desde que comenzó la intervención multiactor, se registraron algunas tentativas y que varias personas accedieron a atención psicológica a partir de situaciones de vulnerabilidad, principalmente en el Centro de Integración Comunitaria (CIC). “Gran parte de la prevención pasa por la posibilidad de una detección temprana de esas situaciones, lo que evaluamos como datos de integración de los jóvenes y que reflejan que el modelo de abordaje del suicidio sigue siendo efectivo”, explica.

Esa detección se apoya, en gran medida, en las instituciones de la comunidad. Las señales de alerta —vinculadas a contextos de vulnerabilidad o riesgo— suelen ser identificadas en ámbitos como la escuela, que cumple un rol central. A partir de esos indicios, se activa una respuesta asistencial inmediata, como resultado del trabajo sostenido de información y sensibilización realizado en los últimos años.

La intendenta Imoberdorff destaca el papel de las tres radios de la ciudad, donde se promovió la figura del “chismoso solidario” como herramienta para visibilizar la problemática y acercar información a la comunidad. En ese marco, sostiene que “las diferentes estrategias empleadas a partir de la Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio estos últimos tres años y medio le devolvieron a Los Charrúas la esperanza de un presente y futuro en donde sus jóvenes estén a salvo”. 

La mesa continúa en funcionamiento, aunque enfrenta nuevos desafíos. Brodsky advierte que la ausencia de casos en el último tiempo, si bien es un dato positivo, también complejiza la continuidad de los espacios de encuentro: “Al no producirse afortunadamente casos de suicidio, es más complejo poder sostener los encuentros que se hacían, por eso estamos intentando actualmente volver a reunirnos”.

Los próximos pasos

Después de un trabajo “muy intenso y fructífero” de varios encuentros en los que todos los representantes de las instituciones se reunían para trabajar y comprender el rol de cada una en la prevención del suicidio, a Los Charrúas le toca reforzar la apuesta. 

A fines de abril de 2026 se realiza una charla abierta a la comunidad para lanzar nuevamente el proceso de trabajo de la mesa, que tuvo como uno de sus grandes hitos la implementación del programa y la respuesta comprometida de la comunidad.

En ese camino el psicólogo Brodsky destaca, como uno de los aspectos más innovadores de esta iniciativa, el trabajo articulado con la escuela a través de talleres y cursos donde se trabaja con estudiantes sus preocupaciones, angustias y miedos. “El trabajo de capacitación con la institución es innovador porque, si bien está en algunos desarrollos teóricos, se ha realizado muy poco de manera sostenida y sistemática este tipo de proyectos, y nosotros hicimos nuestro propio camino al andar”, remarca.

Un modelo posible para pensar en otras localidades

Con el recambio generacional, surge un nuevo desafío: sostener los aprendizajes en el tiempo. Muchos de los actuales adolescentes eran niños durante la crisis que dio origen al programa. Sobre este punto, Brodsky plantea que la prevención requiere continuidad. “El trabajo de aprendizaje y prevención es permanente, sobre todo en la escuela secundaria, que es donde hacemos foco. La escuela sí ha sido, a diferencia de otras instituciones, un trabajo permanente, sistemático. Todas las semanas se trabaja allí y eso hace que todos estos mecanismos de prevención estén siempre presentes”, explica.

Consultado sobre la posibilidad de replicar la experiencia en otras ciudades, el especialista considera que es viable, siempre que se adapten las estrategias a cada contexto. “Aquí el programa ha tenido muy buenos resultados por el compromiso de la comunidad y por la metodología de capacitación de todos los actores institucionales en el aprendizaje de por qué el suicidio se puede prevenir, qué es la prevención primaria, cómo se promueven los factores protectores del suicidio, entre otras variables”, afirma.

En ese sentido, subraya la importancia de clarificar los roles de cada actor —docentes, referentes religiosos, entrenadores, vecinos— y de fortalecer la articulación en red ante situaciones de riesgo. Se trata de un enfoque sencillo en su formulación, pero exigente en su implementación, dice Brodsky. Esa combinación, sostiene, es la que permitió sostener la experiencia en Los Charrúas y la que puede ofrecer aprendizajes valiosos para otras comunidades, siempre con las adaptaciones que cada contexto y cada idiosincrasia requiera.

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Por Federico Giner y Cora Pfister,
Programa Ciudades que Cuidan
RIL Argentina (*)

Una persona pierde fuerza en un brazo mientras desayuna. Duda. Espera. Consulta a un familiar. Recién entonces alguien llama a emergencias. Ese intervalo, que parece mínimo, puede definir si esa persona vuelve a caminar o no. En el ACV, el tiempo no es un detalle: es el factor que más impacta en el pronóstico. Y aunque solemos pensar que la respuesta depende solo de hospitales y especialistas, hay un actor clave que empieza a ganar protagonismo: la ciudad.

Hablar de la “cadena de supervivencia” del ACV es hablar de una secuencia de decisiones y acciones que comienzan mucho antes de la llegada al hospital. Reconocer los síntomas, activar el sistema de emergencias, llegar rápido al lugar adecuado, acceder a diagnóstico y tratamiento en tiempo y forma. Cada eslabón cuenta. Y en varios de ellos, los gobiernos locales tienen margen real de acción.

La ciudad como primer eslabón ante el ACV

El primer desafío es cultural. Muchas personas no reconocen los síntomas de un ACV o no saben cómo actuar, y eso retrasa decisiones críticas. Pero las ciudades no solo pueden informar: pueden asumir un rol activo en preparar a su comunidad. 

¿Cómo? A través de campañas simples y sostenidas —con mensajes claros como cara caída, debilidad en un brazo o dificultad para hablar— y capacitando a su propio personal, desde el intendente hasta Cultura, Deportes o Seguridad pueden formar una red de primeros respondientes capaces de detectar síntomas y activar la emergencia. Integrar esta lógica en la vida cotidiana de la ciudad acorta los tiempos de respuesta. Es una estrategia de bajo costo, con alto impacto en lo que más importa: el tiempo.

Integrarse a la red para no perder tiempo

En el ACV, la diferencia no la hace solamente la velocidad, sino tomar la decisión correcta desde el inicio. Actuar rápido importa, pero hacerlo dentro de un circuito claro es lo que realmente cambia los resultados.

La mayoría de los municipios no gestiona ni coordina las redes de ACV. Pero todos pueden —y deberían— conocerlas. Identificar qué centros tienen capacidad de respuesta, cómo se activa la emergencia en su territorio y cuáles son los circuitos definidos a nivel local o provincial permite que el municipio encuentre su lugar en la cadena de atención.

Ese rol comienza en el territorio. Personal municipal —desde preventores hasta equipos comunitarios— puede ser quien primero detecte un posible ACV. Pero esa detección agrega valor únicamente si está acompañada de protocolos simples y alineados con la red existente: a quién llamar, cómo comunicar la situación y cómo acelerar el acceso al sistema de salud.

Cuando el municipio conoce la red y actúa en sintonía con ella, deja de ser un actor pasivo y se convierte en un eslabón fundamental, y en el ACV, eso es decisivo.

Campaña de prevención del accidente cerebro vascular. Imagen: Alcaldía de Medellín.

¿Qué pueden hacer hoy las ciudades frente al ACV?

Sin esperar grandes reformas, hay acciones concretas que cualquier municipio puede impulsar:

• Instalar campañas de reconocimiento de síntomas y activación precoz.
• Capacitar a personal municipal como primeros respondientes.
• Mapear la red de atención y conocer sus circuitos.
• Definir protocolos locales alineados con el sistema de emergencias.
• Generar y usar datos para la mejora continua.

Ciudades que Cuidan

En RIL creemos firmemente que los gobiernos locales son actores clave para salvar vidas. Por eso, en abril de 2026 lanzamos ‘Ciudades que Cuidan’, un programa que busca potenciar la capacidad de los municipios en la gestión de la salud pública, con un enfoque prioritario en la prevención y atención de Accidentes Cerebrovasculares (ACV). 

Presentado en abril de 2026 en Salta, este programa acompaña a los equipos municipales para que puedan detectar, responder y coordinar eficazmente ante emergencias sanitarias. Procura integrar tecnología, inteligencia artificial y herramientas de gestión colaborativa para una atención más rápida, eficiente y equitativa.

‘Ciudades que Cuidan’ propone un camino de 10 meses de trabajo que va desde el diagnóstico del sistema local de emergencias hasta la evaluación de los resultados y la sostenibilidad de las mejoras. A través de un enfoque que incluye acompañamiento uno a uno, trabajo en red con otras ciudades y formación con soporte en una academia virtual, buscamos co-diseñar estrategias y soluciones concretas, visibilizando aquellas experiencias exitosas para inspirar a toda la Red y fortalecer la coordinación sanitaria.

Esta primera edición del programa trabaja con ciudades de tres provincias del norte argentino. en concreto, con con equipos de Salta (Capital), Cafayate, Metán, Orán, Rosario de la Frontera, Tartagal (Salta); San Salvador de Jujuy, Humahuaca (Jujuy); y San Miguel de Tucumán, Yerba Buena (Tucumán).

La meta es clara: transformar los desafíos en acciones aplicables que mejoren la ruta crítica de atención en cada ciudad y, así, fortalecer los tiempos de respuesta y la atención a la comunidad.

Mucho más que gestionar la emergencia 

“Ciudades que cuidan” propone algo más amplio que un programa: una forma de mirar los problemas públicos desde la proximidad. En el caso del ACV, esa mirada permite entender que cada minuto perdido antes del hospital también es responsabilidad del territorio.

El desafío no es solo sanitario. Es de gestión, de comunicación y de coordinación. Las ciudades no reemplazan a los sistemas de salud, pero pueden hacer que funcionen mejor. Y en el ACV, eso puede significar la diferencia entre la dependencia y la autonomía, entre la vida que sigue y la que cambia para siempre.

Porque cuando se trata de ACV, cuidar también es llegar a tiempo.

(*) Federico Giner es médico neurólogo, coordinador de la Red de ACV/TeleACV de Mendoza; coordinador Unidad de ACV del Hospital Lagomaggiore; docente en la Facultad de Ciencias Médicas UNCuyo. Se desempeña como facilitador técnico del programa Ciudades que Cuidan en RIL Argentina. Cora Pfister es la líder del programa. Es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una amplia trayectoria en la articulación de proyectos de alto impacto destinados al desarrollo y la gestión de gobiernos locales. 

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¿Funciona el sistema de salud? 

Tandil es una ciudad con 150.000 habitantes con un sistema de salud robusto -al que se le asigna casi el 40% del presupuesto municipal- denominado Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). 

Dentro de sus fortalezas podemos mencionar un sistema de información integrado en todos los puntos de atención, implementado desde el año 2010. Este sistema nos permite conocer que los 15 Centros de Salud Comunitaria y las cuatro postas rurales atienden cerca de 200000 consultas por año. 

¿Esto es suficiente? ¿Significa que estamos brindando buenos servicios? ¿Estamos previniendo enfermedades y muertes evitables? ¿La población está satisfecha con este sistema?  ¿El uso de recursos es eficiente? 

Medir lo que importa en los Centros de Salud

Las evaluaciones tradicionales de los Centros de Atención Primaria en Argentina siguen centradas en la medición de consultas. Con la incorporación de sistemas de información electrónica estas mediciones en vez de madurar, se exacerbaron; ahora se miden las agendas: ocupación, ausentismo, duración de la consulta, demora en la asignación de turnos, etc. Pero poco nos dicen sobre el desempeño del sistema. 

Es el equivalente a una escuela que nos informa la cantidad de estudiantes y los días que asisten a clases pero no nos dice nada sobre su aprendizaje. ¿Acaso la escuela no está para enseñar y favorecer el aprendizaje? Los días de clase son sin duda algo necesario, pero son insuficientes para dar cuenta del desempeño o para impulsar procesos de mejora. 

Asumiendo la conocida frase “no se puede mejorar lo que no se mide” y reconociendo que lo que medíamos estaba resultado insuficiente, emprendimos este desafío de medir lo que importa. Esto implicó discutir para qué están los centros de salud -la misión institucional- y nos sorprendimos de lo heterogéneo de las miradas. 

Teniendo este desafío en nuestra agenda de gestión, aceptamos la invitación que nos hizo el IECS (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria), un organismo afiliado a la Universidad de Buenos Aires, de impulsar una investigación vinculada a la detección y atención de personas con diabetes. 

Con ellos logramos desarrollar un tablero para medir cómo nos estaba yendo en cuanto a detección, seguimiento, tratamiento y control adecuado de personas con diabetes en cada uno de los barrios de Tandil. Luego extendimos este análisis a otras problemáticas como hipertensión arterial, coberturas de vacunación y estamos en este momento trabajando en la incorporación de otras variables. Lo que iniciamos fue una cultura de medición y mejora contínua.

Hacerse cargo de los resultados -impulsar la mejora contínua. 

Los números que estos tableros nos mostraron nos preocuparon. 

Si bien en algunas dimensiones teníamos buenos resultados, como coberturas de vacunación, que supera las medias provinciales -a modo de ejemplo la cobertura contra Hepatitis A en el 2024 fue del 75,8 en la provincia de Buenos Aires, contra el 93,6 en Tandil-. En otros, estábamos tan mal como la mayor parte de los sistemas de salud de América Latina: el Primer Nivel de Atención no estaba logrando un control adecuado de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 

En nuestro caso, menos del 10% de las personas con Hipertensión Arterial logra un control adecuado de su problema -se considera que una persona hipertensa tiene bien controlada su presión cuando la última medición de presión arterial tiene menos de 6 meses y está por debajo de 140/90 mmHg-. Estamos hablando del principal factor de riesgo para las dos primeras causas de muerte en el mundo que son la enfermedad coronaria y el Accidente Cerebro Vascular.  

Hace 3 años comenzamos con estas mediciones, que se reportan regularmente a los equipos. Los reportes incluyen desde Escuelas visitadas por Centro de Salud, hasta cantidad de usuarias de métodos anticonceptivos, porcentaje de mujeres que realizaron prácticas como rastreo de cáncer de cuello de útero o de mama contrastado contra la población esperable que debería acceder a esa práctica entre otros Se envían listados nominalizados de pacientes que requieren algún tipo de vacuna o monitoreos de indicadores estratégicos. 

Esto permite realizar planificaciones locales en los Centros de Salud y a nivel del Sistema Integrado de Salud Pública Municipal. 

En relación a las ECNT  identificamos lo que se denomina “cascada de la hipertensión” -y algo similar para diabetes- por lo que comenzó una estrategia multicomponente para intervenir sobre cada una de las caídas. La primera oportunidad de mejora está en detectar a quienes no conocen su diagnóstico -la primera caída de la cascada-. Para esto comenzamos a realizar “Rondas Sanitarias”, con agentes sanitarias que se capacitaron y están recorriendo los barrios, casa por casa, para detectar problemáticas prevalentes y facilitar el acceso al sistema de salud. 

La segunda oportunidad de mejora estuvo en el control adecuado de quienes ya se estaban atendiendo. Para esto se definió un protocolo unificado de tratamiento de la Hipertensión y se capacitó a todos los médicos de los Centros de Salud. Este protocolo fue una adaptación  del propuesto por la “iniciativa HEARTS” de la Organización Panamericana de la Salud. 

¿Cómo seguimos? 

Tenemos todavía muchas oportunidades de mejora. Una de ellas, en la que ya comenzamos a trabajar, es en el seguimiento de las personas a las que se les detecta alguna de las condiciones crónicas. 

Para esto armamos un programa de capacitación destinado a enfermería para desarrollar competencias en el abordaje de las ECNT. La capacitación aún no comenzó a dictarse pero se presentó como curso de postgrado y ya cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Más allá de esta propuesta, y de los resultados que vayamos obteniendo, lo que es claro es que queremos seguir por este camino, un camino de mejora contínua, con medición de indicadores sanitarios que contribuyan a un sistema de salud cada vez más efectivo. 

(*) Tomás Baliña es médico, especialista en medicina general / familiar y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña como titular de Salud Comunitaria IV en la Universidad Nacional de Hurlingham, donde publicó su último libro: Manual de Gestión de Centros de Atención Primaria de la Salud.

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La evidencia científica es contundente: la exposición temprana a violencia, estrés tóxico y carencias sostenidas afecta el desarrollo cerebral, emocional y físico de niñas y niños, con efectos que se arrastran durante toda la vida.

En Canelones, este diagnóstico tomó forma de decisión política. “Desde 2006, la Intendencia prioriza la primera infancia con el propósito de avanzar en la conformación de un sistema de protección integral en el departamento”, explican Graciela Fagúndez y Rossana Rodríguez, coordinadoras del Área de Primera Infancia del gobierno departamental.

Esa priorización comenzó con el programa Canelones Crece Contigo, que luego escaló a Uruguay Crece Contigo a nivel nacional. Y, desde 2014, ocurre con 1000 Días de Igualdad, una política departamental que mira los primeros dos años de vida como una ventana decisiva para reducir brechas de origen y proteger derechos.

De Canelones Crece Contigo a 1000 Días de Igualdad

Canelones Crece Contigo nació como una estrategia para “revertir las condiciones de inequidad en las que nacen, crecen y viven nuestras niñas y niños”, explican Fagúndez y Rodríguez. El programa contaba con equipos multidisciplinarios que visitaban hogares de mujeres embarazadas y familias con niñas y niños menores de 4 años en situación de vulnerabilidad. Con los buenos resultados, en 2012 el modelo se convirtió en base del Uruguay Crece Contigo nacional.

Pero el departamento de Canelones decidió ir más allá. En 2014 lanzó 1000 Días de Igualdad como política pública propia, con un objetivo claro: consolidar un sistema de protección a la primera infancia que articule salud, educación y desarrollo social en todo el territorio, desde la gestación hasta los 36 meses de vida.

A lo largo del tiempo, el programa siguió tres componentes: 

• Gestión intersectorial: coordinación con instituciones con competencia en primera infancia –como el sistema de salud, el Plan CAIF y ASSE– para alinear acciones en cada microrregión y municipio.
• Producción de conocimiento local: en 2014 se realizó la primera encuesta departamental de valoración del estado nutricional y del desarrollo de la primera infancia, que permitió conocer mejor quiénes eran y dónde estaban esas niñas y niños.
• Diseño de políticas municipales: los datos alimentaron planes piloto en seis municipios, de los que surgieron los “Planes locales para la primera infancia”, implementados entre 2017 y 2020 con metas específicas por territorio.

Esa combinación –afirman desde la Intendencia– permitió estructurar una política pública de largo aliento, anclada en diagnóstico territorial y con capacidad para adaptarse a cambios contextuales.

^{Campaña de promoción del Programa 1000 Días de Igualdad. Gobierno de Canelones.} 

Un modelo que acompaña, orienta y fortalece

Con el paso de los años, 1000 Días de Igualdad fue sumando herramientas y afinando su modelo de intervención. Hoy, la puerta de entrada es la autopostulación: mujeres embarazadas, madres, padres o referentes legales de niñas y niños menores de un año que viven en Canelones pueden inscribirse de forma voluntaria, siempre que cuenten con los controles de salud al día.

A partir de allí, el programa despliega un acompañamiento “multimodal”:

• Mensajería por WhatsApp: las familias reciben mensajes ajustados al momento del embarazo o de la crianza, con información sobre alimentación, lactancia, sueño, juego, vacunas, hábitos saludables y también sobre cuidado emocional de quienes crían. Los contenidos se actualizan y segmentan de forma continua, y la herramienta permite intercambios bidireccionales.
• Tarjeta alimentaria y bono de nacimiento: las familias en mayor vulnerabilidad acceden a una tarjeta que puede utilizarse en más de 1.100 comercios del departamento para comprar alimentos, pañales y productos de higiene; el gasto se concentra en almacenes y autoservicios, lo que también fortalece el comercio de cercanía. Además, el bono “Canelones te acuna” brinda un apoyo monetario por única vez al momento del nacimiento.
• Acompañamiento técnico presencial y telefónico: un equipo interdisciplinario, especializado en primera infancia, hace llamadas, visitas domiciliarias e instancias grupales cuando la situación lo requiere. Allí se profundiza en prácticas de crianza, se detectan vulneraciones de derechos y se coordinan respuestas con otros servicios.

El programa ha sido sometido a evaluaciones internas y externas. En una encuesta telefónica a 200 familias, 58% calificó los mensajes como “muy buenos”, 60% los consideró “muy útiles” y 80% dijo que los reenvió a otras personas, lo que muestra circulación comunitaria de los contenidos. Para las coordinadoras, este diseño es clave: “Llega de manera universal a la ciudadanía y sostiene un intercambio de calidad, con recursos técnicos capacitados y en número acorde a la demanda”. 

^{Lanzamiento del Programa 1000 Días de Igualdad en 2024. Gobierno de Canelones.} 

Lo que cambió la pandemia (y lo que quedó después)

En 2020, la pandemia de coronavirus obligó a cambiar las reglas de juego. El aislamiento, la pérdida de ingresos y la incertidumbre sanitaria pusieron en riesgo el acceso a controles de salud y a redes de apoyo, justo en una etapa en la que los vínculos cara a cara son fundamentales.

En ese contexto, con apoyo de Unicef y CAF, Canelones lanzó 1000 Días en Tiempos de Pandemia: una versión reforzada del programa, centrada en el acompañamiento telefónico y digital, combinada con un apoyo económico mensual mediante tarjeta alimentaria para familias que no alcanzaban a cubrir sus necesidades básicas. El énfasis estuvo puesto en sostener la crianza en un escenario de estrés elevado, con información confiable y contención a distancia.

“La iniciativa fue evaluada de manera externa por encargo de Unicef, con resultados significativos en lo que tenía que ver con la receptividad de los mensajes, su utilidad y el uso compartido de los mensajes con otras familias”, indican las coordinadoras. 

Superado el momento más crítico de la pandemia, el programa decidió no “volver atrás”, y profundizar lo aprendido. En 2022 se puso en marcha una etapa experimental de acompañamiento universal a la crianza, basada en un modelo telefónico y presencial que alcanzó a más de 60 familias autopostuladas, con una sistematización específica encargada también a Unicef.

En 2024 se sumó una nueva capa: un acuerdo con una organización de la sociedad civil especializada en derechos sexuales y reproductivos para formar facilitadores en apego seguro y prevención de violencia en la primera infancia. Las prácticas se realizan con familias que se inscriben voluntariamente y aceptan una intervención que comienza en el embarazo y continúa durante los primeros seis meses de vida.

^{Atención posparto en Canelones. Gobierno de Canelones.} 

Prevenir la violencia desde la crianza cotidiana

El corazón del modelo está en una idea: prevenir las prácticas de crianza violentas es una cuestión de protección infantil, y también de desarrollo humano y cohesión social a largo plazo.

El programa parte de un diagnóstico que identifica tanto factores protectores como riesgos. “Una de las causas de las prácticas de crianza violentas es la relativa disponibilidad afectiva del mundo adulto y las dificultades para crear entornos de crianza saludables. Son adultos que, además, conviven en una sociedad donde la violencia es un factor que se instala y naturaliza en la reproducción social de la vida cotidiana y en las redes vinculares más próximas”, desarrollan las responsables del Área de Primera Infancia de Canelones. 

A esto se suman malas condiciones laborales, falta de tiempo para el cuidado, escaso acceso a servicios, alta exposición a pantallas y, sobre todo, la presencia de violencia como forma naturalizada de vínculo en muchos hogares.

A partir de allí, 1000 Días de Igualdad trabaja en el fortalecimiento de las capacidades parentales. El acompañamiento no se organiza en torno a “fallas” individuales, sino a la construcción de entornos de crianza más saludables: cómo leer las señales del bebé, cómo responder de forma sensible, cómo cuidarse a sí mismas quienes cuidan, cómo pedir ayuda, cómo sostener rutinas que bajen el nivel de estrés familiar.

La política incorpora además herramientas complementarias, como el “boleto para personas embarazadas”, incluido en el presupuesto departamental desde 2017, que garantiza trasladarse a controles de salud durante el embarazo, duplicando el beneficio cuando se trata de gestaciones de riesgo.

La evidencia científica respalda la apuesta: al reducir la exposición al estrés tóxico y a la violencia en los primeros años, se favorece el desarrollo de habilidades que luego inciden en la vida emocional, social, académica y laboral de las personas.

^{Folletos informativos, en el marco del Acuerdo de Cooperación entre ASSE y Canelones. Foto: ASSE.} 

Impacto, lecciones y lo que puede aprender otro gobierno local

Durante 2020, el programa 1000 Días de Igualdad llegó a 2.976 familias con niñas y niños pequeños en situación de vulnerabilidad, con una inversión cercana a los dos millones de dólares. En años recientes ha abarcado a más de 2.000 familias mediante transferencias con tarjeta, incluso antes de que el gobierno nacional implementara el Bono Crianza del MIDES. “Nuestro objetivo son los 4.500 niños que nacen en Canelones todos los años”, afirmó en 2024 Gabriela Garrido, intendenta interina. 

Más allá de las cifras, las evaluaciones externas destacan la pertinencia del modelo metodológico, su potencial de escalabilidad nacional y, en particular, la combinación innovadora de componentes: mensajería, transferencia económica, acompañamiento técnico, abordajes grupales y articulación interinstitucional.

Desde la mirada de Graciela Fagúndez y Rossana Rodríguez, “el aspecto innovador de este Programa es el despliegue de una política pública de alcance departamental que llega de manera universal a la ciudadanía. Y que propicia y mantiene un intercambio de calidad, con recursos técnicos capacitados y en un número acorde a la demanda; en el cual se combinan mensajería vía WhatsApp, llamadas telefónicas, entrevistas en el hogar e instancias grupales”. 

Ese diseño permite “un abordaje integral y a medida de los requerimientos de cada intervención”, con una forma de postulación que parte de la iniciativa de las propias familias.

Para otras ciudades que miran con atención esta experiencia, algunas claves sobresalen:

• Trabajar con datos propios del territorio para conocer mejor a la primera infancia.
• Construir alianzas sólidas con el sistema de salud, el sistema educativo y la sociedad civil.
• Combinar herramientas digitales con presencia humana, sin que una reemplace a la otra.
• Asegurar equipos técnicos estables y capacitados en primera infancia.
• Sostener evaluaciones externas y sistematizaciones que permitan ajustar el rumbo.

El reconocimiento del Premio a la Innovación Local en la categoría Intendencia, en la Noche de los Gobiernos Locales de Uruguay, llega después de casi dos décadas de trabajo acumulado. Más que reconocer una campaña o un proyecto puntual, se premia la decisión política de un gobierno departamental de poner a la primera infancia en el centro y sostener, año tras año, un programa que acompaña embarazos y crianzas en los momentos en que más falta hace.

La distinción se entregó en Montevideo el 19 de noviembre de 2025, en la primera edición nacional de La Noche de los Gobiernos Locales, un encuentro impulsado por la Red de Innovación Local (RIL) y actores aliados que busca visibilizar a intendencias y municipios como protagonistas de la innovación pública y del desarrollo territorial. 

En palabras del equipo de Canelones, el propósito es claro: “Favorecer una crianza cariñosa y sensible que potencie el desarrollo integral de niñas y niños”.

Redacción +COMUNIDAD

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Por Juan Carlos Reyes Cañón,
director ejecutivo de RIL Colombia

En América Latina, la juventud no es un problema por resolver, sino una fuerza para el cambio. A pesar de su energía y talento, los jóvenes enfrentan barreras estructurales que limitan su futuro. ¿Cómo pueden los gobiernos locales pasar de los discursos a las soluciones efectivas? La clave está en diseñar políticas que reconozcan su diversidad, fomenten su participación, adopten un enfoque integral y se basen en alianzas estratégicas. 

A continuación, presento cuatro elementos esenciales para lograrlo.

1. Participación que transforma: de la formalidad a la cocreación

Una política pública de juventud exitosa no se diseña para los jóvenes, sino con ellos. La participación juvenil no puede ser un simple requisito burocrático o una consulta superficial. Debe ser un proceso de cocreación, donde las voces jóvenes sean escuchadas, valoradas e integradas en cada etapa del ciclo de la política: desde el diagnóstico y diseño hasta la implementación y evaluación.

Un ejemplo inspirador es la Mesa de Juventudes de Bogotá en Colombia, que ha impulsado iniciativas clave como la estrategia distrital Jóvenes con Oportunidades. Este programa ha sido fundamental para articular acciones que buscan no solo la formación, sino la inserción laboral real de los jóvenes. 

Sin embargo, también hay lecciones de fracaso cuando estas instancias se convierten en espacios de cooptación política o cuando sus decisiones no se traducen en acciones concretas. El aprendizaje es claro: la participación debe estar respaldada por voluntad política, recursos y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen su impacto real.

2. Un enfoque integral y sistémico: rompiendo silos

Los problemas que afectan a la juventud no existen en el vacío. La falta de oportunidades laborales está ligada a la baja calidad educativa; los desafíos de salud mental se exacerban con el desempleo; y la violencia puede ser tanto una causa como una consecuencia de la exclusión. A pesar de esta complejidad, la mayoría de las políticas públicas locales en la región siguen operando en silos sectoriales. El resultado son respuestas fragmentadas e ineficaces.

Es crucial que las políticas de juventud adopten un enfoque intersectorial. Esto implica una coordinación efectiva entre las secretarías de educación, salud, desarrollo económico y cultura. Un caso notable es un programa de fomento al empleo joven en Chile, que combina subsidios para la contratación con apoyo técnico y formación continua, involucrando al sector público, privado y a las propias instituciones educativas. En Perú, en tanto, se han impulsado modelos como el Programa Contacto Joven en la Municipalidad de Lima, que conecta a jóvenes emprendedores con talleres de salud mental y resiliencia. Este programa ha logrado una articulación efectiva entre la Gerencia de Desarrollo Económico y organizaciones de la sociedad civil especializadas en salud mental, demostrando que el éxito profesional depende también del bienestar emocional. Estos modelos, aunque complejos de implementar, demuestran que las soluciones sistémicas son las únicas que pueden generar un cambio duradero.

3. De la asistencia al empoderamiento: inversión en oportunidades

El desafío más apremiante para la juventud latinoamericana sigue siendo la inserción al mercado laboral y la generación de ingresos. Las políticas asistencialistas, que ofrecen subsidios sin una estrategia de fondo, no son suficientes. La solución radica en una inversión inteligente en el empoderamiento juvenil a través de la educación, el emprendimiento y la empleabilidad.

Uruguay ha sido un referente en esta materia con un ecosistema de apoyo al empleo juvenil. Establece establece una guía práctica para conectarse laboralmente, y que se articula con iniciativas como los Centros de Empleo CePe que no sólo ofrecen formación técnica, sino que también actúan como intermediarios entre los jóvenes y las empresas, adaptando los perfiles de los egresados a las necesidades del mercado. 

Un aprendizaje clave de estas experiencias es la necesidad de un doble enfoque: capacitar a los jóvenes en habilidades del siglo XXI (digitales, socioemocionales) y, simultáneamente, trabajar con el sector privado para que reconozca el talento y valore a los jóvenes más allá de su falta de experiencia formal. El emprendimiento, por su parte, debe ir más allá de los microcréditos, ofreciendo mentoría, acceso a redes y un entorno regulatorio que facilite la creación de nuevas empresas.

4. Un compromiso compartido: la juventud es responsabilidad de todos

Finalmente, es esencial reconocer que la política pública de juventud no es solo tarea del Estado. La complejidad de los desafíos exige una visión sistémica y un compromiso compartido. Esto implica que los jóvenes, el sector privado, la academia, la cooperación internacional y la sociedad civil deben ser socios estratégicos. La academia, por ejemplo, puede aportar el rigor investigativo para la toma de decisiones basada en evidencia. El sector privado, más allá de la filantropía, puede ser un motor de oportunidades laborales y mentoría.

Las políticas locales deben fomentar alianzas público-privadas que generen un ecosistema de apoyo robusto para los jóvenes. Por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, se puede convocar a fundaciones especializadas y al sector privado para financiar y expandir servicios de apoyo psicológico que complementen la oferta pública, a menudo desbordada.

La juventud es un reflejo de nuestro presente y el motor de nuestro futuro. Abordar sus desafíos y potenciar sus capacidades es una inversión con el retorno más alto para una sociedad: la prosperidad, la innovación y la cohesión social. Invito a los líderes a trascender los discursos y a invertir en el talento joven, porque el futuro no se construye para los jóvenes, sino con ellos.

(*) Juan Carlos Reyes Cañón es especialista en políticas de juventud y desarrollo social. Fue director del Sistema Nacional de Juventud de Colombia (2014-2018), donde impulsó leyes en temáticas juveniles, el Pacto Iberoamericano de Juventud y la conformación de más de 600 plataformas municipales. Ha trabajado en iniciativas de empleabilidad y empoderamiento juvenil como GOYN Bogotá en la Fundación Corona, el Programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI/VOCA y programas como Familias en Acción. Actualmente es director ejecutivo de la Red de Innovación Local en Colombia.

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Por Diego Alonso (*)

Si conversáramos con la persona que dirige un gobierno local, probablemente nos diga que el principal problema del sector salud son los altos costos y la dificultad de sostener los servicios que brinda el hospital con los ingresos actuales.

Si lo hiciéramos con quien dirige el área de Salud del mismo gobierno local, seguramente nos dirá que sus problemas son la cobertura de las guardias médicas durante los fines de semana, los traslados de emergencia y que el ginecólogo que consiguió vendrá solo una vez por semana.

Si la conversación fuera con un/a joven oriundo/a de la misma localidad, recientemente graduado/a en Medicina, puede que nos mencione que aún no puede instalarse debido a la ausencia de oportunidades para el desarrollo de su proyecto profesional. Y, si fuera un médico/a de 40 años o más, radicado en la ciudad, dirá que necesita nuevos equipamientos para dar respuestas a los pacientes.

Por último, si hiciéramos una encuesta a la ciudadanía, concluiremos que las demandas de salud expresadas con mayor frecuencia son el acceso a las especialidades médicas, la necesidad de contar con equipamientos médicos de diagnóstico y los nuevos tratamientos farmacológicos.

Cada problema o desafío presenta una complejidad que pareciera no tener solución en el marco de lo local. Sin embargo, la salud digital ofrece intervenciones que mejoran la organización del sistema de salud, que facilitan la asignación eficiente de los recursos disponibles, que posibilitan decisiones prácticas e informadas y que, sin lugar a duda, reducen distancias y barreras geográficas presentes en regiones tan diversas como América Latina (Recomiendo ver el documento “Clasificación de Intervenciones de Salud Digital V1.0”  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-18.06 ).

¿A qué nos referimos cuando hablamos de salud digital?

Generalmente, el concepto queda reducido al registro informatizado de datos y documentos de los episodios de salud, enfermedad y atención de una persona (Historia Clínica Electrónica). También, se la asocia a la actividad administrativa de recupero de los costos que se generan con motivo de esas atenciones. O, se la suele vincular con aplicaciones de telemedicina.

Pero… ¿qué es la salud digital y cómo puede ayudarnos?

En términos teóricos, es la aplicación sistemática de tecnologías de la información y las comunicaciones, ciencias informáticas y de datos, para respaldar la toma de decisiones en el campo de la salud.

Ahora bien, a los fines prácticos y para potenciar nuestros trabajos, les propongo pensar la salud digital en clave de ecosistema, donde cada nueva acción o intervención genera interacciones (efectos) con los elementos preexistentes. Por ello, el éxito de estas dependerá en gran medida del análisis previo de todas las interacciones posibles.

Entonces, si decidimos implementar una intervención de salud digital, desde el enfoque del ecosistema, tendremos que mapear su contenido a través de los siguientes ejes: 

a) La infraestructura (hardware, conectividad, licencias, planes de contingencia); 

b) La infoestructura (interoperabilidad, monitores y datos, inteligencia artificial, seguridad informática);

c) Las tecnologías y aplicaciones (historia clínica, receta digital, portal de pacientes, aplicaciones de automonitoreo, telemedicina, etc.);

d) La cultura digital (paciente digital, alfabetización digital, gestión del cambio en instituciones de salud) y;

e) La gobernanza (estándares, inversión, leyes y estructura de gobernanza).

Veamos un ejemplo: “Nuestro director de salud local tiene que resolver la demanda de consultas médicas en la guardia los fines de semana. Su intendenta le dijo que no puede pagar más de lo que están pagando los municipios vecinos. El director cuenta con ese presupuesto y conoce una empresa de la capital que provee consultas médicas a distancia a través de una aplicación de telemedicina”. 

Acá entra en juego la decisión de los caminos posibles:

1) El director de salud puede resolverlo contratando la empresa sin más exigencias que la realización de la consulta por medio de la aplicación de telemedicina propuesta.

2) O, antes de contratar, mapear y definir los factores que garantizarán una intervención más efectiva y permanente. 

Para la infraestructura: ¿cuáles son los requerimientos de equipamiento y conectividad? ¿Tiene esta empresa un plan B en caso de cortes? 

Para la infoestructura: ¿cómo se integrarán los datos producidos en las teleconsultas a la Historia Clínica del paciente del hospital? ¿Tiene la aplicación indicadores de monitoreo y control? ¿Garantiza la aplicación aspectos de ciberseguridad? 

En tecnologías y aplicaciones: ¿puede el paciente conectarse mediante su dispositivo personal? Si la consulta culmina con una prescripción, ¿emite una receta digital o electrónica? ¿Puede integrarse a la gestión de farmacia del hospital? 

En cultura digital: ¿a quienes está dirigido este servicio? ¿Qué pacientes podrán utilizarlo inicialmente? ¿Cuáles serán los roles del personal presencial de la guardia? ¿Quién hará la capacitación permanente? 

Y en gobernanza: ¿cuáles son los estándares de comunicación entre los sistemas en uso? ¿servicios terminológicos, clasificaciones diagnósticas, procedimientos, vademécums de productos farmacéuticos, etc.? ¿Qué leyes son aplicables a la telemedicina o teleconsulta? ¿Quién coordina las estrategias digitales en el Municipio? ¿En la provincia, la nación? ¿Hemos coordinado con ellos?

“Vamos por el primer camino ya que esto parece ser demasiado complejo”. “Nos va a llevar mucho tiempo”. “Empezamos y después vemos…” 

Por este camino, continuaremos fragmentando las intervenciones de salud y parcializando la información sobre las personas y la realidad. Cada área del hospital tendrá una aplicación digital propia, con información limitada para resolver los problemas de los pacientes. ¡Entre otros!

Recordemos los objetivos de salud y trabajemos junto a otras áreas del municipio y de Salud Provinciales con los ejes del ecosistema.

Optar por este otro camino contribuirá a potenciar la disponibilidad de información sanitaria requerida al momento de las decisiones del personal sanitario. También posibilitará a los gestores de los servicios de salud y a quienes los financian a buscar mayor eficiencia y equidad. ¡Esto, como mínimo!

Para cerrar. El objetivo de esta columna es ofrecer un marco analítico. Estos ejes y las preguntas sugeridas deben servir para mejorar la salud de las comunidades, de las personas y de las intervenciones de salud digital que se decidan implementar a tal fin. 

(*) Diego Alonso es presidente de Fundación FIGSA. Es magíster en Salud Pública y especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

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Frente a este panorama, el gobierno local decidió institucionalizar la vigilancia de la calidad del aire para proteger la salud de su población. Lo hizo a partir de un proceso colaborativo entre el sector público, el ámbito académico, la sociedad civil y la comunidad. En 2023, Fortaleza lanzó su primer marco legal de monitoreo ambiental: un decreto pionero a nivel nacional que establece las bases para medir, comunicar y actuar sobre la calidad del aire en tiempo real, con datos y evidencia como insumos centrales.

El proyecto forma parte de la Alianza para Ciudades Saludables, una red global de 74 ciudades comprometidas con la creación de entornos urbanos más saludables, seguros y equitativos, mediante la reducción de enfermedades no transmisibles (ENT) y lesiones. Esta iniciativa, que ha contribuido a que la ciudad respire mejor a través del monitoreo y la intervención ambiental, cuenta con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, Vital Strategies y la Prefectura Municipal de Fortaleza.

^{Sensores que monitorean la calidad del aire en Fortaleza. Imágenes: O Povo y Marcos Studart (Governo do Ceará)}

Una política pública que nació de la evidencia científica

Aunque la vigilancia de la calidad del aire se oficializó en Fortaleza en 2023, el proceso comenzó varios años antes. Ya en 2017, la ciudad había dado pasos firmes hacia una movilidad más saludable, con acciones orientadas a fomentar la movilidad activa. Durante la pandemia, entre 2019 y 2020, ese enfoque se profundizó al integrarse con iniciativas de salud pública. En esta etapa, el proyecto se centró en generar datos ambientales confiables y transformarlos en herramientas para la toma de decisiones.

En ese camino surgió muchas veces la pregunta “¿por qué priorizar la calidad del aire?”. La respuesta también vino de la evidencia. Sólo en 2018, en Brasil se estimaron más de 51.000 muertes por causas vinculadas a la contaminación atmosférica. En Fortaleza, un análisis de datos realizado entre 2010 y 2019 arrojó un dato revelador: cerca del 45 % de las muertes por causas naturales estaban asociadas a enfermedades vinculadas a la mala calidad del aire. 

Instalar la urgencia de esta agenda no fue tarea sencilla para el equipo detrás del proyecto. Fortaleza es una ciudad costera, de vientos constantes y topografía plana, condiciones que suelen favorecer la dispersión de contaminantes. Además, como ocurre en muchas ciudades del mundo, convive con múltiples desafíos urbanos que compiten por atención y recursos. En ese contexto, no era raro que surgiera la duda: “¿por qué destinar esfuerzos a la calidad del aire?”.

^{Barra do Ceará, Fortaleza, Brasil. Imagen: Unsplash.} 

Del diagnóstico a la acción

Un punto de inflexión en el proceso fue el análisis satelital de la concentración anual de material particulado fino (PM2.5) entre 1998 y 2021, que permitió dimensionar la magnitud del problema en Fortaleza. A partir de esos registros, se aplicó una herramienta de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para estimar su impacto en la salud pública: en promedio, se producían 242 muertes prematuras al año en la ciudad atribuibles a la exposición a PM2.5.

Pero el enfoque adoptado por Fortaleza va más allá del monitoreo. Si bien la red de sensores y las estaciones móviles son herramientas clave, la política busca algo más ambicioso: promover decisiones sostenibles a partir del uso colectivo de datos. Por eso, quienes están detrás de esta iniciativa la definen como una política de vigilancia, donde la participación ciudadana y la articulación intersectorial son pilares centrales para su desarrollo e implementación.

Con base en esa información, la ciudad desplegó una serie de medidas para reducir la exposición a contaminantes y mejorar el ambiente urbano. Entre ellas, la expansión de áreas verdes para mitigar los efectos del calor extremo y nuevas políticas de movilidad sustentable, que incluyeron la construcción de ciclovías y la ampliación de zonas de tráfico calmado en barrios residenciales y alrededor de escuelas.

Formar a la ciudadanía, otra apuesta de Fortaleza

Uno de los pilares más potentes de esta política es su conexión directa con la ciudadanía. Desde el comienzo, el equipo a cargo entendió que, para que la vigilancia de la calidad del aire fuera efectiva y sostenible, debía ser apropiada por la comunidad. Por eso, la estrategia también llegó a las escuelas públicas, donde se implementaron programas de educación ambiental, como obras de teatro y actividades participativas, que buscaban explicar de forma accesible los efectos de la contaminación del aire en la salud y el entorno.

Una de las intervenciones más significativas se desarrolló en el barrio Aracapé, una zona periférica del sur de Fortaleza expuesta a altos niveles de contaminación ambiental debido a su configuración urbana. Antes de la intervención, el diseño del espacio priorizaba a los automóviles, carecía de señalización vial adecuada y no ofrecía condiciones seguras para circular a pie o en bicicleta.

Con el proyecto, el barrio fue completamente transformado: se rediseñó el entorno con criterios de seguridad vial, se incorporaron elementos pedagógicos para sensibilizar sobre la contaminación del aire y se instalaron filtros textiles visibles que acumulaban las partículas suspendidas en el ambiente. Ese “pulmón artificial”, como llaman a los filtros, permitió visualizar de manera impactante lo que ocurre dentro del cuerpo humano al respirar ese aire. La instalación generó una reflexión colectiva y ayudó a fortalecer el compromiso de la comunidad con el cuidado del ambiente.

Fortaleza, reconocida a nivel mundial

El 20 de marzo de 2025, en la Cumbre Anual de la Alianza para Ciudades Saludables celebrada en París, tres ciudades fueron reconocidas por sus avances en la prevención de enfermedades no transmisibles (ENT) y traumatismos. Además de Córdoba (Argentina) y Gran Manchester (Reino Unido), Fortaleza fue distinguida por los progresos demostrables que viene realizando, marcando un camino replicable para otras ciudades del mundo.

Las tres ciudades ganadoras forman parte del Acelerador de Políticas de la Alianza, que brinda formación y apoyo para diseñar y promulgar estrategias efectivas en salud urbana. “Las enfermedades no transmisibles —incluidas las cardiopatías, el cáncer y la diabetes— y los traumatismos provocan más del 80 % de todas las muertes en el mundo, pero la buena noticia es que se pueden prevenir”, señaló Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg L.P. y Bloomberg Philanthropies.

A partir del uso de datos locales, tecnología accesible y acciones urbanas concretas, Fortaleza logró integrar la calidad del aire en su agenda de salud y planificación. Más que una solución cerrada, se trata de un enfoque en construcción, que continúa generando aprendizajes y abre posibilidades para otras ciudades que enfrentan desafíos similares.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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