Por María Eugenia Cavagliato,

Lic. en Comunicación Social 

La Patagonia enfrenta una de las tasas más altas de desertificación del país. El avance del sobrepastoreo, la pérdida de cobertura vegetal, los incendios forestales y la presión sobre especies emblemáticas como el huemul y el choique han puesto en riesgo ecosistemas completos. En varias zonas del sur, menos del 10% del territorio cuenta con protección efectiva, lo que deja enormes extensiones expuestas a un deterioro acelerado.

En este contexto, la creación de la Reserva Natural Patagonia Azul, que resguarda más de 295.000 hectáreas de ambientes terrestres y marinos, aparece como una respuesta concreta para revertir ese proceso. El proyecto, impulsado por organizaciones conservacionistas y los gobiernos provincial y nacional, combina modelos de donación de tierras, planificación científica y presencia estatal en zonas donde antes no existía control.

^{Imagen: Bichos de Campo.}

La propuesta de restauración ambiental de Patagonia Azul

La nueva área protegida integra estepas, acantilados, humedales y sectores costeros que funcionan como corredores biológicos clave para aves marinas, mamíferos y especies en peligro de extinción. Allí conviven colonias de cormoranes, guanacos, cóndores, elefantes marinos y una biodiversidad que hasta ahora permanecía dispersa y vulnerable.

Aunque la iniciativa es reciente, ya muestra indicadores de impacto. Guardaparques reportan el retorno de guanacos y cóndores en sectores donde hace años no se registraban avistajes, y equipos científicos comenzaron los primeros monitoreos de flora nativa y restauración de suelos. En experiencias previas desarrolladas en predios cercanos, modelos de manejo similares permitieron aumentar la cobertura vegetal entre 15% y 30% en cinco años, un dato que el equipo toma como referencia para evaluar el potencial de recuperación del área.

La reserva también habilitó el ingreso de investigadores y organizaciones locales para estudiar ciclos de reproducción de aves y realizar catastros de flora. “El simple hecho de tener presencia territorial ya cambia la dinámica de conservación”, señalan desde el cuerpo de guardaparques, que hasta ahora no contaba con infraestructura ni bases operativas en la zona.

^{Imagen: Bichos de Campo.}

Desafíos, aprendizajes y próximos pasos a seguir

El proyecto enfrenta, sin embargo, desafíos importantes: asegurar financiamiento estable para vigilancia y mantenimiento, fortalecer la capacitación local en manejo ambiental y mejorar los accesos a un territorio de difícil movilidad. Los impulsores coinciden en que la sostenibilidad a largo plazo dependerá de integrar a las comunidades cercanas, promover turismo responsable y ampliar gradualmente las áreas bajo protección para conformar un corredor ecológico regional.

La experiencia deja varios aprendizajes: que la colaboración entre el sector público y organizaciones ambientales permite avanzar más rápido en la creación de áreas protegidas; que la planificación basada en evidencia científica reduce riesgos y costos; y que la protección de grandes extensiones no solo conserva biodiversidad, sino que crea oportunidades de desarrollo sostenible para la región.

Mientras se proyectan los próximos pasos —más senderos, nuevos puntos de monitoreo, incorporación de guardaparques y acuerdos para sumar territorios colindantes—, Patagonia Azul ya representa una de las iniciativas ambientales más ambiciosas de los últimos años en Argentina, y un caso testigo sobre cómo las políticas de conservación pueden convertirse en una herramienta eficaz frente a la degradación ambiental.

Este artículo se publica en el marco de la participación de la autora en el Programa Periodismo de Ciudades 2025, una iniciativa de la Red de Innovación Local (RIL) y +COMUNIDAD que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de comunicación constructiva de periodistas y comunicadores locales en América Latina. Las opiniones, interpretaciones y datos presentados en el artículo son responsabilidad exclusiva de su autora y no representan necesariamente la posición institucional de +COMUNIDAD ni de RIL. 

Imagen principal: Lautaro March para El País

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Cuando en 2015 el río Guanusacate volvió a crecer, el agua desbordó más que su cauce. También arrastró recuerdos de inundaciones pasadas y la sensación, conocida para muchos vecinos, de que ciertos espacios estaban destinados a ser un problema recurrente. En el barrio Agua Mansa, uno de los sectores más golpeados por las crecidas diez años atrás, el terreno quedó arrasado.

Tiempo después, ese mismo lugar empezó a transformarse. Donde antes había restos de la última inundación, hoy crece un bosque de bolsillo que forma parte de un biocorredor más amplio. No fue una obra tradicional ni una decisión unilateral del municipio: el proyecto surgió del Presupuesto Participativo, se sostuvo con organización barrial y se integró luego a una política pública de escala urbana.

“Frente a desastres naturales, incluso cuando lo perdido parece irreparable, siempre surge en nuestra comunidad la fuerza para recomenzar”, dice a +COMUNIDAD Claudio Minoldo, del área de Participación Ciudadana de Jesús María. “Nuestra función como Estado es reconocer, canalizar y apoyar decididamente ese impulso ciudadano, transformándolo en proyectos concretos”, añade. 

Ese impulso se sostiene, en buena medida, por el compromiso cotidiano de quienes habitan el lugar. Josefina Bonini, dirigente de Ramas Menores —la rama Lobatos, de niños y niñas de 7 a 10 años— del Grupo Scout 167, participa activamente del cuidado del espacio. Para ella, la clave está en lo que ocurre después de la obra. “Nosotros no solo cuidamos el bosque de bolsillo porque vivimos al lado y proteger la naturaleza es uno de nuestros ideales. Lo hacemos porque entendemos que la inversión pública necesita apropiación ciudadana para mantenerse en el tiempo”, explica.

La escena sintetiza una forma de gestionar que atraviesa distintas áreas de la Municipalidad de Jesús María: identificar problemas con información concreta, tomar decisiones con participación ciudadana y ajustar las políticas en función de los resultados. Esa lógica explica por qué Jesús María, que en 2022 fue la primera ciudad del país en recibir la certificación de Ciudad Promesa de la Red de Innovación Local (RIL), logró en 2025 recertificar y subir de nivel como Ciudad Líder dentro del programa 100 Ciudades Certificadas.

De “ordenar la casa” a gestionar con evidencia

Desde 2019, Jesús María (casi 40.000 habitantes) viene desarrollando un proceso sostenido de transformación del Estado local. Lo que comenzó como una decisión de “ordenar la casa” —definir prioridades, transparentar procesos y rendir cuentas— derivó en un modelo de gestión que combina planificación estratégica, gobernanza de datos y transformación digital.

“En Jesús María, cada dato cuenta una historia y cada decisión escribe una mejora en la calidad de vida de cada ciudadano”, asegura Marianela Piazzano, secretaria de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica. Con esa lógica, la información se concibe como un servicio público: debe orientar la acción del Estado, pero también ser accesible, confiable y protegida.

La eficiencia, en este recorrido, aparece como la capacidad de prestar mejores servicios, anticipar problemas y asignar recursos con criterios claros. Las siguientes cinco políticas muestran cómo ese enfoque se traduce en acciones concretas.

1. Salud: del registro disperso a una red organizada

Hasta hace pocos años, la información sanitaria en Jesús María estaba fragmentada entre distintos dispositivos: centros de atención primaria, vacunatorios, programas específicos y sistemas provinciales o nacionales. Más que la falta de datos, la dificultad radicaba en la imposibilidad de leerlos en conjunto para orientar decisiones.

Ese escenario empezó a cambiar con la creación de un área específica de Vigilancia en Salud dentro de la Subsecretaría de Salud y Calidad de Vida. Allí se consolidaron los registros de los cuatro Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Centro de Adicciones, el Vacunatorio y los dispositivos comunitarios, integrando sistemas municipales con plataformas provinciales (SIGIPSA) y nacionales (SNVS 2.0).

El resultado es el Monitor de Salud Municipal, una herramienta que permite analizar coberturas, líneas de cuidado, enfermedades crónicas, salud mental, salud sexual y reproductiva, brotes epidemiológicos y situación sanitaria general, con desagregación territorial y por grupos etarios. Los datos no son menores. Solo en el primer semestre de 2025, el sistema registró más de 52.000 atenciones en CAPS y más de 12.500 pacientes únicos. Esa información permitió identificar patrones de uso, detectar desequilibrios en la red y revisar cómo estaban distribuidos los recursos.

Reorganizar para atender mejor

Uno de los análisis reveló una situación llamativa: dentro de una misma área programática, el CAPS Güemes concentraba apenas el 11,8% de los pacientes y realizaba solo el 8% de las atenciones anuales, pese a contar con ocho especialidades y estructura estable. Al mismo tiempo, una gran parte de esas personas vivía en el área de influencia del CAPS Latinoamérica, ubicado a apenas 600 metros.

La lectura de los datos habilitó una decisión que, sin evidencia, hubiera sido difícil de sostener. El municipio resolvió unificar la atención en el CAPS Latinoamérica, fusionar equipos, extender el horario de atención de 7 a 18 horas, implementar un turnero digital y reconvertir el edificio del CAPS Güemes en un centro vecinal.

Los resultados mostraron una mejora en la utilización de los recursos y en el acceso al servicio. El CAPS Latinoamérica amplió su población bajo cuidado a más de 10.000 residentes de siete barrios, incrementó su participación en las atenciones de la ciudad y logró altos niveles de respuesta en el turno tarde. Al mismo tiempo, el barrio no perdió un espacio de referencia: el ex CAPS Güemes pasó a cumplir otra función comunitaria.

Dengue: anticipar, focalizar y reducir el impacto

El mismo enfoque se puso a prueba frente a uno de los desafíos sanitarios más complejos de los últimos años: la epidemia del dengue. Durante la temporada 2023–2024, la ciudad notificó 394 casos sospechosos y confirmó 325 positivos, con un pico marcado en marzo. El análisis territorial mostró un epicentro claro: el barrio Sierras y Parques concentró el 37,2 % de los casos.

Lejos de aplicar respuestas homogéneas, el municipio desarrolló un dashboard georreferenciado que clasificó el territorio según niveles de riesgo. Esa lectura permitió priorizar recursos —equipos, camionetas, fumigación— y definir un plan de descacharrado y control focalizado en los sectores con mayor incidencia.

Entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, se visitaron más de 3.300 viviendas, se alcanzó a 7.200 personas con información preventiva y se intervinieron unas 490 hectáreas con fumigaciones selectivas. Los resultados de la temporada siguiente marcaron un quiebre: los casos en Sierras y Parques se redujeron en un 78%, el barrio pasó de concentrar el 37,2 % a sólo el 8% de los contagios y el porcentaje de positivos en toda la ciudad cayó un 50%.

La zona que había sido el epicentro del brote se convirtió, en pocos meses, en el área de menor incidencia. En la Municipalidad afirman que es un ejemplo claro de cómo leer los datos a tiempo puede cambiar el curso de una política pública.

2. Agua y saneamiento: decidir inversiones con información técnica y reclamos ciudadanos

En Jesús María, la gestión del agua potable alcanza hoy a unas 11.000 conexiones domiciliarias y se apoya en procedimientos estandarizados, con certificaciones ISO 9001:2015 para la atención de reclamos y normas IRAM 14150:2022 en los procesos de potabilización. Esa base permitió algo clave: convertir los reclamos y los datos técnicos en insumos para decidir obras.

Uno de los casos más claros fue el del acueducto de Sierras y Parques. Construido en 2018 para abastecer a ese sector de la ciudad, el sistema comenzó a mostrar fallas recurrentes: baja presión, cortes frecuentes y un servicio inestable que afectaba la vida cotidiana de los vecinos. Los registros de reclamos, sumados a estudios técnicos y pruebas hidráulicas, revelaron una situación crítica: al menos 14 pérdidas en los primeros 700 metros del trazado y una pérdida significativa de caudal.

Con esa evidencia, el municipio definió asumir directamente la remediación. El plan se ejecutó por etapas e incluyó diagnóstico especializado, localización de roturas, recambio de más de 3.500 metros de cañería, renovación de la red local y 400 conexiones domiciliarias.

El impacto fue inmediato: se eliminaron las pérdidas, se normalizó el servicio en Sierras y Parques y mejoraron las presiones en otros puntos de la ciudad. Además, al optimizar el uso de la gravedad y reducir bombeos, el sistema ganó eficiencia energética.

Planificar el crecimiento antes de que falte el agua

La misma lógica se aplicó a una decisión de mayor escala. Los datos de crecimiento urbano y los registros del sistema de reclamos mostraban una expansión sostenida hacia el este de la ciudad, una zona separada del casco urbano por la Ruta 9 y las vías del ferrocarril. Los análisis de presión y proyecciones de demanda indicaban que la infraestructura existente, ubicada mayormente al oeste, no sería suficiente para acompañar ese crecimiento.

A partir de estudios hidrogeológicos, el municipio resolvió avanzar con la construcción de una nueva planta de agua en la zona este, con una capacidad de 180 m³ por hora, almacenamiento de 500 m³ y una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos (unos U$S 700.000). La obra está pensada para abastecer de manera directa a más de 7.800 habitantes, con potencial para llegar a 17.000 vecinos en el futuro.

Más allá de responder a reclamos históricos por baja presión, desde el Gobierno de Jesús María sostienen que la decisión apunta a equilibrar el sistema, reducir riesgos ante eventos críticos y sostener una infraestructura hídrica planificada sobre datos, no sobre urgencias.

3. Ambiente y resiliencia: del riesgo recurrente al biocorredor urbano

La política de Restauración y Biorrecuperación del Río Guanusacate retoma, a escala urbana, la escena que abre esta nota. Durante décadas, el río fue sinónimo de riesgo: inundaciones severas en 2015 y otros 11 eventos entre 1970 y 2016, márgenes erosionados, áreas inundables y crecimiento urbano desordenado sobre zonas sensibles.

Los estudios geohidrológicos y los mapas de riesgo permitieron leer el problema de otra manera. En lugar de intervenir con soluciones aisladas, el municipio diseñó un biocorredor que recorre 11 kilómetros del río y articula seis nodos y cinco transiciones —Parque del Oeste, Riberas Oeste, camping, nodo jesuita, skate park, Parque Agua Mansa y las costaneras norte y sur— sobre una superficie de 241 hectáreas.

El proyecto combina saneamiento ambiental, reforestación con especies nativas, iluminación, bicisendas y señalética, pero también algo decisivo: mecanismos de participación ciudadana que inciden en la definición y sostenimiento de las intervenciones. A partir de los datos de amenazas, infraestructura y uso del espacio, la ciudad pudo priorizar inversiones y articular obras con instancias de presupuesto participativo ambiental, mesas barriales, voluntariados y acciones de educación ambiental.

Para Claudio Minoldo, de Participación Ciudadana de la Municipalidad, el Bosque de Bolsillo de Agua Mansa es “el mejor ejemplo” de cómo el Estado local puede reconocer, canalizar y apoyar el impulso ciudadano. “Convertimos un espacio arrasado durante las crecidas de 2015 en un nuevo lugar biodiverso y esperanzador”, resume.

¿Qué es un bosque de bolsillo? Es una representación -definen en Jesús María- de un bosque nativo, diseñado específicamente para los espacios verdes urbanos. Este ecosistema a pequeña escala se compone de especies nativas y/o atractoras para la biodiversidad y de bajo requerimiento hídrico, seleccionadas cuidadosamente para maximizar los recursos para la biodiversidad y la adaptación al entorno urbano.

La experiencia también fue impulsada desde la comunidad. Gerardo Guirado, vecino del barrio Alto Los Molinos e impulsor del proyecto Parque Riberas Oeste, lo define como un cambio de lógica. “El biocorredor es el resultado de un Estado que puede interpretar la necesidad de la sociedad civil y facilitar la vinculación a través del presupuesto participativo”, analiza. 

El bosque de bolsillo de Agua Mansa —cuidado hoy por vecinos y asociaciones civiles como Grupo Scout 167— funciona como un nodo dentro de esa estrategia más amplia. Su desarrollo contó además con la articulación de organizaciones locales y socios estratégicos en el marco del programa Ciudades de la Biodiversidad de la Red de Innovación Local (RIL), en 2024, que aportó una mirada integral sobre restauración ecológica urbana.

“La Municipalidad facilita los recursos y el barrio garantiza el cuidado diario”, reptie Josefina Bonin, del Grupo Scout 167. Esa articulación, lejos de ser anecdótica, se convirtió en una pieza central de la política ambiental de la ciudad.

4. Emprendimiento y desarrollo productivo: transformar datos en oportunidades

En el área de desarrollo económico, Jesús María también pasó de programas dispersos a una política pública integral. Desde la Agencia de Desarrollo Económico (ADE), la ciudad consolidó la Incubadora Municipal de Empresas, que entre 2021 y 2024 contó con la participación de 780 personas. De ellas, 377 completaron la pre-incubación y 111 emprendimientos finalizaron procesos de incubación.

El seguimiento no es únicamente administrativo. La incubadora trabaja con indicadores de inscripción, graduación, formalización, empleo y facturación. Los resultados muestran una facturación acumulada superior a los 560 millones de pesos (unos U$S 390.000) y la generación de 128 puestos de trabajo directos, con fuerte participación de jóvenes y mujeres. La tasa de continuidad post-incubación ronda el 92 %, y ya se crearon siete puntos comerciales físicos en la ciudad.

“Hace una década comenzamos a transformar datos en oportunidades”, resume Félix Naum, coordinador de la ADE. “Creamos la Incubadora, fortalecimos una red de mentores y hoy impulsamos emprendimientos que exportan desde Jesús María al mundo”, profundiza.

Sobre esa base, el municipio lanzó el programa Jesús María Exporta, que acompaña a PyMEs locales en el diseño de planes exportadores a medida, reforzando el perfil productivo y logístico de la ciudad a escala regional.

5. Inclusión laboral e innovación social: articular para generar trayectorias reales

El mismo enfoque se aplica cuando el problema no es económico, sino social. En 2024, a partir de un laboratorio público-privado impulsado por el programa Sembrando Alianzas (Grupo de Fundaciones y Empresas y RIL), el municipio, empresas locales y el Centro Educativo Integral de Jóvenes y Adultos (CEIJA) identificaron una brecha concreta: baja inserción laboral de jóvenes y adultos que finalizaban sus estudios secundarios en el sistema de educación para adultos, y una percepción empresarial de falta de competencias.

Con ese diagnóstico nació en 2025 el programa Empoderamiento Laboral, que combina capacitaciones en habilidades blandas y técnicas, pasantías rentadas en empresas de la región, mentorías empresariales y seguimiento de la inserción laboral. “La articulación entre Estado, empresas e instituciones educativas no sólo conecta sectores: crea trayectorias reales de formación y empleo”, afirma Félix Naum.

Otro caso es Café al Corazón, un emprendimiento gastronómico inclusivo surgido del trabajo con el Taller Protegido Corazones Unidos y el Programa de Innovadores Locales de RIL. El diagnóstico fue claro: escasas oportunidades laborales para personas con discapacidad y una débil vinculación del taller con la comunidad.

El proyecto obtuvo financiamiento ciudadano a través del Presupuesto Participativo y hoy se encuentra en proceso de incubación en la ADE. “Café al Corazón demuestra que cuando las decisiones se basan en datos y las acciones se guían por valores, la inclusión deja de ser un sueño para convertirse en trabajo real, digno y transformador”, resume Naum.

Gobernar con método, aprender en red

Las cinco políticas repasadas en esta nota se sostienen sobre un entramado de decisiones previas que ordenan la acción del Estado local. Desde 2019, Jesús María viene construyendo un modelo de gestión que combina planificación estratégica, modernización administrativa, transformación digital, gobernanza de datos e instancias estables de participación ciudadana. Ese proceso permitió pasar de respuestas fragmentadas a una forma de gobernar con método.

“Gobernar con evidencia es transformar reclamos en respuestas, mapas de riesgo en biocorredores y números en oportunidades de vida. Cuando la ciudad aprende de sus propios datos, la gestión deja de ser trámite y se convierte en futuro compartido”, reflexiona Marianela Piazzano, secretaria de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica.

Un punto central es el Plan Estratégico Municipal 2023–2027, que define prioridades comunes y alinea la acción del gobierno local en ejes claros: gobernanza y transparencia, desarrollo urbano sostenible, ambiente y resiliencia, desarrollo humano y social, y competitividad y desarrollo económico. Ese marco se traduce en planes operativos por área, metas verificables y una vinculación explícita con el presupuesto, lo que habilita seguimiento, ajustes y rendición de cuentas.

La visión de Jesús María es ser “una ciudad líder en sostenibilidad, innovación y calidad de vida”. Sobre esa base, la ciudad avanzó en la construcción de capacidades internas para gestionar con información confiable. “Detrás de este entramado de planes, normas, tableros y certificaciones hay una concepción de inteligencia organizacional: el municipio como organización que aprende, donde conviven inteligencias sociales y técnicas, y donde las decisiones políticas se apoyan en análisis rigurosos”, sintetizan en la Secretaría de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica. 

Este enfoque también redefine el vínculo con la ciudadanía. La digitalización de trámites, los canales de atención, los dispositivos participativos y el uso estratégico del Presupuesto Participativo acercan el municipio a la vida diaria de los vecinos. La gestión gana cercanía cuando puede responder con mayor rapidez, explicar por qué decide lo que decide y sostener políticas que se mantienen en el tiempo.

Ese entramado es el que explica la recertificación de Jesús María como Ciudad Líder dentro del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL. 

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en Jesús María, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Venado Tuerto, Luján de Cuyo y Tres de Febrero: 

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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El 17 de enero de 2022, después de una ola de calor que registró las temperaturas más altas de su historia, Montevideo, en Uruguay, enfrentó una tormenta sin precedentes. Las lluvias provocaron inundaciones, vehículos arrastrados por el agua y cortes de energía, lo que llevó a las autoridades y a la población a reflexionar sobre cómo mitigar el impacto de futuros fenómenos climáticos. 

El primer paso que dio la ciudad fue trabajar en la limpieza, el mantenimiento y la recuperación de los espacios de disposición informal de residuos. Sobre todo los que están ubicados cerca de las seis cuencas principales, ya que la acumulación de basura en esas zonas agravaba las inundaciones durante las lluvias.

Así, Montevideo comenzó a trazar un camino hacia un futuro más sostenible, involucrando a la comunidad en la búsqueda de soluciones que no sólo prevengan estas crisis, sino que también promuevan un cambio cultural hacia el uso responsable de los recursos, la generación de oportunidades y el cuidado de la biodiversidad.

Montevideo más verde

Verónica Piñeiro, gerenta ambiental de la Intendencia de Montevideo, cuenta que después de esa inundación se enfocaron en impulsar el programa Áreas Liberadas. “Nos preguntamos qué es lo que genera problemas de drenaje en los cursos de agua y dimos con que muchas veces se deben a estos sitios de disposición final”, explica.

Entre febrero de 2022 y junio de 2024, Montevideo identificó  885 sitios de disposición final, de los cuales se intervinieron 844, y se retiraron 150.000 toneladas de basura. Toda esta información está disponible en Montevidata, un sitio en donde se comunica a través de visualizaciones de datos, los detalles de la basura retirada por cuenca. 

Dentro de las acciones de Áreas Liberadas se destacan otras propuestas que apuestan a un cambio de comportamiento: Biobardas, Renaturalización y Mujeres que reverdecen. Todas son parte de “Montevideo más Verde”, una política que persigue el objetivo de una ciudad cada vez más limpia, eficiente, sustentable e igualitaria. 

Mujeres que reverdecen

Dentro de las diversas iniciativas de “Montevideo más Verde”, Mujeres que reverdecen se destaca por su enfoque en la inclusión social y laboral. Esta propuesta forma parte del programa ABC Oportunidad de trabajo, del Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC), parte de Montevideo más Verde. 

Durante 2023, el programa consistió en la contratación de 100 mujeres en situación de vulnerabilidad económica para desempeñar tareas vinculadas a la jardinería, huerta y mantenimiento de espacios verdes en diferentes espacios. 

Las actividades duraron 10 meses y se desarrollaron en la planta de residuos orgánicos Tresor, el Jardín Botánico, el Parque de Actividades Agropecuarias (Pagro) y el Museo Fernando García. Esta propuesta, que comprendió una capacitación de 80 horas, se dividió en cuadrillas de 25 integrantes, coordinadas por una organización de la sociedad civil diferentes. 

La formación hizo foco en competencias específicas de huerta y jardinería brindadas por personal técnico de la Intendencia, además de otras aptitudes transversales para esta labor. Algunas de ellas fueron salud y seguridad ocupacional, derechos y obligaciones laborales, perspectiva de género, negociación y toma de decisiones y emprendedurismo. 

El objetivo de esta estrategia fue fortalecer el entramado comunitario por medio de la promoción de los vínculos solidarios y las relaciones equitativas. A su vez, tuvo en cuenta las desigualdades por identidad de género, discapacidad y origen étnico racial.

“Lo que más les gustaba a las participantes era trabajar en lugares y generar un aporte concreto a estos espacios”, comenta la gerenta ambiental Piñeiro. “También ser parte de un proceso de formación, en el que pudieron acceder a un sueldo por un determinado período de tiempo”, agrega.

Las cuadrillas trabajaron en la recuperación de bosques, jardines botánicos y dunas. También en la plantación de árboles en las cuencas de arroyos y en el reacondicionamiento de plazas y parques. Gracias a la experiencia, empezaron a consolidarse emprendimientos entre las mujeres participantes. 

Otras políticas ambientales que reverdecen en la región

Al igual que Montevideo, Bogotá ha apostado por programas que combinan restauración ambiental y oportunidades de empleo para mujeres. De hecho, estas iniciativas fueron pioneras en la región e inspiraron a la capital uruguaya en su estrategia. 

Sembradoras por la ReactivAcción fue un programa de inclusión laboral, a partir de la restauración ambiental, perspectiva de género y el fortalecimiento de organizaciones sociales. Fue una iniciativa liderada por la Secretaría de Ambiente de Bogotá, en Colombia, dirigida principalmente a mujeres en condiciones vulnerables.

Este programa fue impulsado, además, por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También contó con el apoyo técnico del Jardín Botánico de Bogotá, que aportó los conocimientos ecológicos necesarios para realizar cada uno de los trabajos. 

Las intervenciones de recuperación, conservación y restauración ecológica que se realizaron en el marco de esta iniciativa, que finalizó en 2023, se centraron en 14  localidades. Se trata de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Kennedy, Teusaquillo, Barrios Unidos, Engativá y Suba.

Esta acción formó parte de la iniciativa “Mujeres que Reverdecen”, también centrada en aumentar las oportunidades laborales de la población femenina y restaurar la naturaleza en la ciudad. 

“Son mujeres cuidadoras que tienen la oportunidad de relevarse de esa carga de cuidado que han tenido sobre sus hombros, y reciben una transferencia monetaria. Están haciendo huertas, jardines, mantenimiento, siembra a lo largo y ancho de Bogotá”, valoró la ex alcaldesa de la ciudad, Claudia López.

Según cifras oficiales, entre 2021 y 2023 los programas ayudaron a más de 10.000 mujeres a conseguir trabajo y educación en Bogotá. Además, a lo largo de las tres fases de implementación, participaron y se beneficiaron cerca de 1.000 hombres. 

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Imagen ilustrativa de portada: Unsplash.

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