Por Ignacio Maldonado Yonna,
secretario de Servicios Públicos de Corrientes (*)

La ciudad de Corrientes (Argentina) tiene un clima subtropical húmedo y caluroso con veranos extremos y heladas en invierno. Las crisis climáticas están intensificando fenómenos como lluvias torrenciales, olas de calor y sequías que afectan con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables. 

La expansión urbana de Corrientes está limitada al oeste y norte por el río Paraná, por lo que solo puede crecer hasta el este y sur. Hacia el este se encuentra la lomada norte, un extenso sistema de lagunas y humedales que actúan como reservorios naturales de agua, regulando inundaciones y asegurando agua durante las sequías. 

Además de bosques nativos, existen lagunas que pertenecen al sistema hídrico del acuífero guaraní, reservorio importante de agua dulce y cercana al humedal Iberá, área protegida más grande del país y centro de alta biodiversidad. Durante las sequías, la ocupación por lagunas del territorio varía en un 9% y se expande hasta el 38% en temporadas normales. Durante las altas temperaturas y sequías, se produce un aumento de la extensión de ocurrencia y propagación de incendios.

Un diagnóstico como punto de partida

En 2019, para elaborar el Plan Local de Acción Climática, la Municipalidad trabajó en articulación con el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL). El objetivo fue identificar las amenazas climáticas más frecuentes, evaluar la gravedad de su impacto en la población y planificar medidas de adaptación. Ese diagnóstico sentó las bases del protocolo actual.

El Protocolo de Actuación frente a Riesgos Climáticos funciona con base en la coordinación inmediata de diferentes áreas organizadas a partir de cada tipo de alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, si existe por ejemplo una alerta amarilla de tormentas fuertes con abundante caída de agua o granizo, los trabajadores del equipo propio y tercerizados permanecen en alerta para poder responder de manera adecuada, incluyendo tareas de limpieza y desobstrucción de desagües pluviales de las zonas más críticas, desvíos del tránsito en zonas de anegamiento, despeje de ramas y árboles caídos, entre otros.

En caso que la ciudad se exponga una situación de alerta roja, los equipos de las diferentes secretarías y tercerizados, son asignados a puntos de conflicto prioritarios evaluando la situación, para adecuar la acción en terreno como por ejemplo cortes de viales, apertura de centros de evacuación, respuesta de primeros auxilios médicos, o coordinación de equipamiento mayor como por ejemplo grúas, tractores necesarios para el despeje de las calles. 

Cómo funciona la respuesta escalonada

De conocerse las diferentes alertas de antemano, los trabajos de limpieza, mantenimiento de los canales e instalación de bombas de escurrimiento, se realizan de forma previa a la tormenta. Además el área de Comunicación utiliza los canales oficiales para acercar a vecinos recomendaciones adaptadas a cualquier tipo de alerta para facilitar los procesos. Por ejemplo, en caso de alerta amarilla de lluvias, se pide no sacar los residuos para evitar anegamientos  y circular con prudencia con vehículos por zonas no inundables, entre otras. 

En el caso de alertas rojas por altas temperaturas, por ejemplo, se solicita colaboración intentando permanecer en zonas protegidas del sol y fuera del horario del mediodía, evitar hacer actividad física intensa en lugares al aire libre e hidratarse abundantemente.

El sistema a prueba: el temporal de enero de 2026

La implementación del protocolo de actuación permitió realizar una bajada concreta y tangible de una política pública pensada a partir del diálogo interdisciplinar de las secretarías de la municipalidad, focalizando en todo momento resolver la exposición de la ciudad y el aumento de la vulnerabilidad de los vecinos ante estos eventos. 

Cabe mencionar el caso del temporal de enero 2026, donde en aproximadamente 5 horas cayeron 85 milímetros de agua, anegando diferentes zonas de la ciudad. Si bien el caudal de lluvia en poco tiempo superó todo tipo de desagües, al aplicarse el protocolo de riesgos climáticos, la velocidad de escurrimiento del agua aumentó de forma considerable permitiendo que las zonas que se estimaban más afectadas pudiera recibir la asistencia inmediata.

El caso muestra que la coordinación previa entre áreas permite reducir los tiempos de respuesta y concentrar recursos donde más se necesitan, incluso cuando la magnitud del evento supera la infraestructura disponible.

(*) Ignacio Maldonado Yonna es secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Corrientes. Anteriormente fue secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la misma ciudad, donde lideró la elaboración del Plan Local de Acción Climática. Es abogado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona y Embajador de la Red de Innovación Local (RIL).

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Imagen principal: alerta por tormentas en Corrientes, enero de 2026. Fuente: El Litoral. 

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La ciudad de Córdoba, en Argentina, convive con la dualidad del río Suquía: la belleza de su cauce contiene, a la vez, un riesgo latente de crecidas repentinas. Este río de carácter serrano posee una dinámica hidrológica capaz de transformar un curso calmo en un torrente en cuestión de pocas horas. Los temporales de inicios de 2024 funcionaron como un recordatorio crítico de esta amenaza.

Aquellas lluvias evidenciaron las limitaciones del sistema de monitoreo municipal. Los anegamientos y cortes de calles estratégicas revelaron una escasez de datos hidrométricos en tiempo real y una respuesta de emergencia basada en información fragmentada. Sin un sistema de alerta temprana automatizado, la resiliencia de la infraestructura urbana quedaba vulnerable ante eventos climáticos cada vez más frecuentes y severos.

Frente a este déficit, la Municipalidad decidió abordar el problema mediante la innovación junto con BID-Lab. En 2024, a través del Laboratorio de Innovación Pública (CorLab), de la Secretaría de Ciudad Inteligente y Transformación Digital, se lanzó Río Inteligente, un desafío de innovación abierta diseñado para sensorizar el cauce y transformar la gestión del riesgo hídrico.

Río Inteligente, un desafío que propone ir más allá

Marcela Nicolaides, directora de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Córdoba y referente del CorLab, conversó con +COMUNIDAD sobre el mecanismo detrás de esta iniciativa. “El desafío se diseñó para implementar una solución de sensorización IoT (Internet of Things), con el objetivo de fortalecer las capacidades del municipio de prevención, mitigación y respuesta ante eventualidades”, explica.

El desafío se desarrolló en el marco de un programa específico que aplicó el modelo de Compra Pública de Innovación a Emprendimientos (CPIE), una herramienta que permite al Estado impulsar soluciones que aún no existen en el mercado o que requieren instancias de co-creación.

Nicolaides indica que la ventaja central reside en la posibilidad de co-desarrollar la solución, incorporando adaptaciones durante la implementación que difícilmente se lograrían en esquemas tradicionales. 

En este camino, el desafío Río Inteligente fue pensado no sólo como una compra de hardware, sino como un proceso de validación técnica donde participaron además la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y Defensa Civil. 

Finalmente, la propuesta ganadora, desarrollada por la startup cordobesa Pampa 4, representa un hito en la modernización de los servicios públicos locales, al combinar conectividad LoRaWAN con infraestructura de seguridad vial automatizada. Esta red garantiza el flujo de datos incluso si las redes celulares fallan durante una tormenta.

^{Primer sensor IoT, instalado en intersección de Ibarbalz y Costanera Norte. Imagen: Municipalidad de Córdoba.} 

Infraestructura, impacto y evidencia

La implementación del sistema Río Inteligente se desarrolló de manera progresiva entre diciembre de 2024 y octubre de 2025, y alcanzó una implementación operativa en cuatro puntos críticos de la costanera: Ibarbalz, Cantón, Avellaneda y San Vicente. “El primer punto, Ibarbalz y Costanera Norte, fue el primero en entrar en operación durante agosto de 2025, funcionando como piloto para la validación del sistema antes de su escalamiento al resto de las ubicaciones”, cuenta Nicolaides. 

Actualmente el sistema está instalado e integrado con los siguientes componentes: 

• Sensores IoT de nivel de agua en cuatro puntos críticos, con medición continua en tiempo real.
•  Barreras automatizadas, cartelería LED y sirenas, activadas de forma manual o automática según protocolos. 
• Red de comunicación LoRaWAN activa, que garantiza conectividad incluso ante fallas de red celular.
• Plataforma web municipal de uso interno para monitoreo en tiempo real, control remoto y registro de eventos. 

La referente del CorLab explica que, dado el carácter reciente de la implementación, no se reportan aún métricas cuantitativas consolidadas públicas, como pueden ser porcentajes de reducción de tiempos o cantidad de eventos gestionados. Sin embargo, el informe técnico ya permite identificar resultados verificables. Algunos de ellos son:

• Disponibilidad de datos sobre el nivel del río en puntos críticos.
• Automatización efectiva del sistema de respuesta, con activación de barreras y alertas ante umbrales definidos.
• Operación autónoma validada, incluso sin conectividad, mediante lógica local.
• Capacidad de control remoto desde el Centro de Control de Tránsito.
• Registro histórico de eventos y condiciones del sistema.

El sistema introduce una mejora estructural en los tiempos de respuesta a través de: 

• Monitoreo continuo (no episódico) del nivel del río.
• Alertas automáticas ante umbrales críticos.
• Activación automatizada de barreras con lógica local.

La funcionaria explica, además, que en modo automático el sistema puede accionar ante condiciones críticas sostenidas (por ejemplo, nivel de riesgo durante un minuto), reduciendo la dependencia de la detección manual. 

“El sistema cubre actualmente cuatro puntos estratégicos definidos por Defensa Civil, considerados críticos para la gestión del riesgo hídrico en la ciudad, con posibilidad de expansión futura gracias a la arquitectura escalable basada en LoRaWAN”, profundiza.

Sin embargo, la gestión de infraestructura tecnológica en entornos abiertos enfrenta desafíos de integridad física. “Como sucede en toda infraestructura urbana en espacio público, se han registrado episodios puntuales de vandalismo y afectaciones sobre algunos componentes, lo que ha requerido intervenciones de mantenimiento correctivo”, detalla Nicolaides. 

^{Sistema instalado en Puente Cantón. Imagen:  Municipalidad de Córdoba.}

Arquitectura técnica de la solución 

La selección de la solución se realizó mediante un proceso de Compra Pública de Innovación a Emprendimientos (CPIE), evaluando criterios como calidad técnica, viabilidad, capacidades del equipo y adecuación a los requerimientos del desafío. 

En este marco, la propuesta seleccionada –la startup PAMPA 4– se destacó por ofrecer una solución integral “end to end”, cuya implementación quedó validada en el proyecto final: 

• Arquitectura completa de IoT, automatización, software con sensores controladores, barreras, cartelería y plataforma web de uso interno integrados en un único sistema.
• Capacidad de operación autónoma, mediante lógica local en controladores que permiten actuar incluso sin conectividad.
• Infraestructura resiliente, con respaldo energético y redundancia en comunicaciones.
• Interoperabilidad, a través de APIs y compatibilidad con sistemas municipales existentes.

Lecciones y condiciones para la transferencia

La implementación de Río Inteligente deja lecciones para la gestión pública de las crisis climáticas. En palabras de Marcela Nicolaides, este proyecto permitió consolidar aprendizajes en varias dimensiones que trascienden la instalación de sensores. 

Además, expresó que no se trata sólo de un éxito tecnológico, sino de un cambio cultural en la forma en que el Estado evalúa temas complejos, como en este caso puntual el colapso de la vía y servicios públicos ante eventos climáticos extremos. En resumen, el proyecto consolida articulación institucional, gobernanza de datos para la toma de decisiones y sostenibilidad operativa y capacitación.

La experiencia de Córdoba con Río Inteligente es replicable en otras ciudades con riesgos hídricos similares, siempre que se consideren ciertas condiciones necesarias para su adaptación. El diseño modular y escalable del sistema permite incorporar nuevos sensores o extender la red a otros puntos de la ciudad de forma sencilla, pero para que otra ciudad pueda adaptar este modelo, la directora  de Economía del Conocimiento de la Municipalidad de Córdoba identifica los siguientes requisitos:

• Definición clara del problema público y sus requerimientos funcionales.
• Definición precisa de puntos críticos basada en evidencia.
• Existencia de un ecosistema emprendedor o tecnológico activo.
• Capacidad institucional para gestionar procesos de innovación abierta.
• Articulación entre áreas técnicas y operativas.
• Infraestructura mínima para integración tecnológica, conectividad o posibilidad de desplegarla.
• Marcos de gobernanza de datos, interoperabilidad y seguridad.

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Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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El nombre lo dice en lengua huarpe: “Guay-mayén” significa “tierra de ciénagas, vegas o bañados”. Mucho antes de que la urbanización transformara el territorio, la zona acumulaba agua por condición natural. Con el crecimiento acelerado de las últimas décadas, ese rasgo histórico se convirtió en un problema de gestión pública que ningún gobierno local había podido resolver.

Guaymallén es el departamento más poblado de Mendoza (Argentina), con más de 321.000 habitantes según el censo de 2022. Más superficie construida significó más suelo impermeabilizado y menos capacidad de absorción ante cada tormenta. Las precipitaciones mendocinas suelen ser breves, pero de alta intensidad.

La geografía hacía del departamento el punto más vulnerable del Gran Mendoza. El investigador del CONICET Alberto Vich lo explica con precisión: todos los cauces del piedemonte corren de oeste a este y su principal colector es el canal Cacique Guaymallén, que históricamente tiene menos capacidad de conducción que la suma de todos los canales que desembocan en él. Cada tormenta, la misma agua llegaba concentrada al mismo embudo. El resultado eran 50 calles y barrios anegados.

En 2019, el gobierno nacional firmó un acuerdo con el municipio para ejecutar obras de mitigación de inundaciones con una inversión de 319 millones de pesos (aproximadamente 6 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), que incluyeron el mejoramiento de la red de canales y acequias, pavimentos permeables, lagunas de retención y obras de drenaje urbano de impacto.

Ese acuerdo fue la base de lo que luego se consolidaría como el Plan de Drenaje Municipal Urbano (PMDU).

La reingeniería que cambió la lógica del drenaje urbano

El Plan de Drenaje Municipal Urbano (PMDU) no amplió el sistema existente: lo rediseñó desde su lógica. “Se hizo una reingeniería y se modificó la lógica de los drenajes urbanos para resolver un problema muy grave y estructural que tenía Guaymallén”, explicó el intendente Marcos Calvente al presentar el plan en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, en noviembre de 2024.

El cambio conceptual es el núcleo del modelo. Los sistemas de drenaje convencionales priorizan la conducción: llevar el agua lo más rápido posible hacia los cauces principales. El PMDU adoptó un enfoque opuesto, orientado a la retención y la infiltración en el origen mismo de la escorrentía. 

“Hemos sido el primer municipio del interior del país que estableció estrategias con un impacto muy fuerte, que tienen que ver con retener el flujo del agua de la lluvia in situ y generar infiltración”, señaló Calvente.

Las obras incluyeron la canalización y revestimiento de canales secundarios y terciarios, la incorporación de nuevos trazados hidráulicos y la construcción de lagunas de retención que controlan los escurrimientos desde su origen.  Además, se instalaron sensores electrónicos en los reservorios que regulan la liberación del agua según la capacidad disponible del sistema, lo que permite optimizar el rendimiento en tiempo real y evitar saturaciones en puntos críticos. 

En total, las dos etapas del plan alcanzaron 400 kilómetros de canalizaciones hidráulicas. El financiamiento provino de la Secretaría de Política e Infraestructura Hídrica de la Nación, con una inversión aproximada de 6 millones de dólares.

Los resultados frente a una temporada exigente

La temporada de lluvias 2025-2026 fue la prueba más reciente y más exigente. Las precipitaciones fueron fuertes y continuas durante varias semanas. Desde la Municipalidad de Guaymallén, afirmaron a +COMUNIDAD que “el sistema funcionó bien”: los más de 40 barrios que históricamente se anegaban no registraron ese problema.

El contraste con el resto del Gran Mendoza fue notorio. Durante uno de los temporales de febrero de 2026 que afectó a la región, los daños en Guaymallén fueron mínimos, con tres viviendas afectadas, mientras departamentos vecinos reportaban evacuados, desbordes de cauces y viviendas inundadas. Los datos acumulados desde la implementación del PMDU indican que el sistema capta más del 70% del agua de lluvia de la cuenca.

El alcance del modelo trascendió las fronteras del departamento. En Barcelona, tras la exposición en el Smart City Expo, se concretaron reuniones con alcaldes de América Latina y Europa interesados en el plan de drenaje urbano de Guaymallén, en un contexto marcado por las inundaciones de Valencia, que habían instalado la gestión hídrica en el centro del debate internacional.

El Acceso Este: la barrera que el municipio no puede resolver solo

Los logros del PMDU tienen una excepción geográfica precisa. La zona sur del departamento, a la altura de un reconocido centro comercial, sigue siendo vulnerable. La causa es estructural y, según entienden desde el gobierno local, excede a la competencia municipal.

El Acceso Este —la ex ruta nacional 7— actúa como una barrera física que interrumpe el escurrimiento norte-sur del departamento. “Además de cortar la integración norte-sur, funciona como dique al drenaje de agua y se inunda la zona sur a la altura del Mendoza Shopping”, reconoció el municipio ante la consulta de +COMUNIDAD. La temporada 2025-2026 dejó imágenes de ese anegamiento en varios medios locales.

La solución depende del gobierno provincial, afirman en Guaymallén. Un proyecto en licitación contempla la ampliación a una tercera trocha, el alteo de la traza en el sector más complejo, la construcción de tres puentes nuevos, la ampliación de otros dos existentes y la mejora de los sistemas de drenaje. El costo ronda los 40 millones de dólares y se realizó una audiencia pública el 18 de marzo de 2026. Desde el municipio indicaron que, una vez ejecutadas estas obras, el sistema de drenaje urbano quedará completo en toda la extensión del departamento.

Qué necesita una ciudad para replicar este modelo

El PMDU ofrece aprendizajes concretos, pero con condiciones que no siempre están disponibles.

La primera es el financiamiento externo de escala. La inversión de 6 millones de dólares requirió un acuerdo con el gobierno nacional y un proyecto técnico que lo justificara: no era sostenible con recursos municipales propios. La segunda es el diseño basado en evidencia territorial: el sistema fue concebido a partir de un estudio detallado de las características climatológicas y morfológicas del departamento, no como solución genérica exportable sin adaptación. La tercera es la continuidad: el plan se ejecutó en etapas a lo largo de siete años, lo que exige priorización sostenida más allá de los ciclos electorales.

Hay también una advertencia técnica que el caso vuelve visible: la infraestructura vial preexistente puede neutralizar los beneficios de un plan de drenaje urbano si no se la analiza en clave hidráulica. 

El Acceso Este no fue diseñado pensando en el agua, pero opera hoy como una barrera de escurrimiento. Esa variable quedó fuera del alcance del plan municipal. Resolverla requiere la intervención de otro nivel del Estado —y en Guaymallén, esa articulación está en marcha.

Redacción +COMUNIDAD

Foto principal: Municipalidad de Guaymallén. 

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Las ciudades conviven de manera permanente con desastres y crisis que afectan la vida de millones de personas. Incendios, inundaciones y eventos climáticos extremos impactan sobre viviendas, servicios públicos y redes comunitarias, y exponen las limitaciones de la respuesta estatal cuando la planificación llega tarde.

El inicio de 2026 volvió a poner este escenario en primer plano en distintos puntos de América Latina. En el sur de Argentina, los incendios forestales en la Patagonia obligaron a evacuar poblaciones y a desplegar operativos de emergencia en localidades de Chubut y Río Negro. En el norte del país, las lluvias intensas provocaron desbordes de ríos y anegamientos en ciudades y pueblos de Salta y Jujuy, con impacto en rutas y servicios básicos.

En el Caribe, en tanto, episodios de tormentas e inundaciones afectaron a ciudades de República Dominicana, donde varios municipios activaron alertas y dispositivos de asistencia ante el avance del agua.

Frente a este contexto, los gobiernos locales enfrentan un desafío central: fortalecer su capacidad de preparación. Aunque no es posible evitar los desastres, sí es posible reducir su impacto mediante decisiones anticipadas, reglas claras y una mejor articulación entre actores públicos y comunitarios. En otras palabras, pasar de una gestión del riesgo reactiva hacia una constructiva. 

En distintas ciudades del mundo ya se ensayan respuestas en esa dirección. Sistemas de alerta temprana, esquemas de coordinación municipal y mecanismos financieros específicos muestran que la preparación requiere decisiones concretas.

Estas estrategias se apoyan en tecnología, organización comunitaria y planificación urbana para construir redes de protección más sólidas. Desde procesos de empoderamiento científico en Medellín hasta el uso de seguros paramétricos en ciudades de Estados Unidos, los casos que se presentan a continuación muestran que la gestión del riesgo es una tarea multidimensional, sostenida en políticas, instrumentos y capacidades que fortalecen la resiliencia. 

Medellín: la ciencia como lenguaje común para la prevención y resiliencia

En Medellín, Colombia, la gestión del riesgo va más allá de la mera recopilación de datos de las 17 alarmas que integran los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (SATC). Estas alarmas surgieron en 2015 como una iniciativa ciudadana en el municipio de San Antonio de Prado, ante la necesidad de prepararse frente a posibles inundaciones provocadas por las quebradas de la zona. Con el tiempo, el proceso se consolidó como una pieza clave del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA).

Los SATC funcionan como estrategias territoriales que colocan a la comunidad en el centro de la gestión del riesgo. En este esquema, el SIATA actúa como soporte técnico que brinda información oportuna y confiable a poblaciones en situación de vulnerabilidad. En articulación con los organismos de gestión del riesgo, el sistema fortalece capacidades locales de respuesta y prevención, con el objetivo de reducir daños personales, pérdidas de vidas y afectaciones sobre viviendas, infraestructura y ambiente.

Esta apuesta por la apropiación social del conocimiento se expresa en iniciativas complementarias. Los Semilleros de Ciudadanos Científicos promueven el uso comunitario de herramientas tecnológicas y saberes ambientales. Territorio al Aire acerca información clave sobre el entorno de forma accesible. A su vez, los Cuentos SIATA traducen contenidos técnicos —como hidrología, meteorología, calidad del aire y cambio climático— en relatos pensados para públicos diversos.

^{Reunión de vecinos, vecinas y equipo del SIATA. Imagen: SIATA.}

Infraestructura y fondos de resiliencia en Recife y Salvador

La planificación urbana en Brasil avanza hacia un enfoque que busca convivir con la naturaleza, con especial atención en la protección de los sectores más expuestos al riesgo climático. En Salvador, donde cerca del 50 % de la ciudad se localiza en zonas con riesgo por sequías o deslizamientos, el gobierno local formalizó una alianza con el Fondo Financiero C40 (CFF) para identificar áreas críticas. De ese trabajo surge Bairro Novo, un proyecto orientado a fortalecer la resiliencia de 8.500 habitantes de Vila Mar mediante soluciones basadas en la naturaleza.

Las intervenciones incluyen la rehabilitación de cauces naturales, el uso de vegetación para estabilizar el suelo, la creación de áreas verdes y el pavimentado de taludes. El objetivo es reducir al 30 % la proporción de población que vive en zonas de riesgo hacia 2049. Estas acciones combinan infraestructura física y planificación territorial con una mirada de largo plazo.

Recife complementa esta estrategia con una herramienta de seguridad financiera aplicada a la gestión del riesgo. La ciudad evalúa sus activos y zonas clave para ajustar la cobertura del Fondo de Seguro de Infraestructura Urbana, administrado porLocal Governments for Sustainability (ICLEI). Este esquema permite acceder con mayor rapidez a recursos tras una catástrofe.

El principal aporte de este instrumento es la disponibilidad inmediata de fondos para la recuperación, lo que reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. Así, las comunidades de menores ingresos pueden iniciar antes la reconstrucción de viviendas y medios de vida. Esta solución financiera se articula con otras iniciativas urbanas, como el primer parque inundable de la ciudad, diseñado para retener y drenar el agua de lluvia mientras ofrece espacios públicos de uso recreativo y educativo.

^{Recife inaugura el primer parque diseñado para inundarse durante la temporada de lluvias. Imagen: g1.}

Protocolos y reingeniería: el modelo de respuesta en Corrientes y Guaymallén

La resiliencia urbana en Argentina está encontrando sus pilares en la combinación de una organización municipal clara y obras de infraestructura de alta precisión. En la ciudad de Corrientes, el principal desafío era enfrentar una multiplicidad de riesgos, que iban desde inundaciones y tormentas severas hasta incendios forestales y emergencias sanitarias. Frente a ese escenario, el municipio creó el Comité de Emergencias (COE), un espacio de coordinación entre áreas clave para garantizar una respuesta rápida ante situaciones críticas.

Un paso central fue la elaboración, por primera vez en la historia de la ciudad, de un Manual de Protocolo. Este instrumento define procedimientos y responsabilidades para cada actor municipal y establece pautas de actuación ante emergencias, en particular las de origen hídrico. El objetivo es asegurar intervenciones ordenadas y reducir tiempos de respuesta en contextos de alta presión operativa.

La efectividad de la gestión del riesgo se manifestó recientemente, en enero de 2026, tras una precipitación de 85 milímetros que, gracias a la previsión operativa, no dejó personas evacuadas y permitió un escurrimiento ágil del agua en las zonas críticas. Este resultado –según la evaluación de las autoridades– fue producto de un estricto protocolo coordinado por el COE, que activó tareas de limpieza de canales y mantenimiento de ductos de desagüe en los días previos a la tormenta. 

Ignacio Maldonado Yonna, secretario de Servicios Públicos de Corrientes, explicó que la  estrategia incluyó la instalación de bombas de escurrimiento en puntos estratégicos apenas se recibieron las alertas meteorológicas. Esto permitió que las áreas anegadas fueran atendidas de manera inmediata y eficiente.

A esta experiencia se suma el caso de Guaymallén, en Mendoza, donde el crecimiento urbano acelerado y las lluvias intensas habían superado la capacidad del sistema de drenaje tradicional. La respuesta fue una reingeniería integral a través del Plan de Drenaje Municipal (PMDU), que incluyó la construcción de 400 kilómetros de canalizaciones y la optimización de cauces existentes.

Con una inversión cercana a los 6 millones de dólares, el plan permitió captar más del 70 % del agua de lluvia y eliminar inundaciones en más de 40 barrios. Incluso durante tormentas de alta intensidad registradas en los últimos cinco años, el sistema mostró mejoras sostenidas en la seguridad hídrica local.

^{Parte del Plan de Drenaje Municipal (PMDU). Imagen: Municipalidad de Guaymallén.}

^{Personal del COE trabaja durante las últimas lluvias en Corrientes. Imagen: El Litoral.}

El modelo estadounidense: de la alerta temprana al blindaje financiero

En ciudades de Estados Unidos, la gestión del riesgo combina preparación tecnológica, organización comunitaria y herramientas financieras aplicadas a la prevención. En  Nueva York, las campañas Know Your Zone (Conoce tu zona) buscan ordenar y agilizar las evacuaciones ante emergencias. A través de una plataforma digital, las personas pueden identificar su zona de evacuación según el domicilio y acceder a guías prácticas para actuar antes y durante un evento crítico.

En la costa oeste, en Malibú, California, el enfoque se centra en la respuesta temprana frente a incendios forestales. Allí funciona el programa piloto Brigada Comunitaria, que actúa como un puente entre los bomberos profesionales y la población local. Sus integrantes realizan tareas clave que no incluyen la extinción directa del fuego, como coordinar evacuaciones puerta a puerta e inspeccionar viviendas para detectar vulnerabilidades frente al avance de las llamas.

El componente financiero adquiere especial relevancia en el caso de Fremont, también en California, donde el municipio contrató un seguro paramétrico contra inundaciones. A diferencia de los seguros tradicionales, este instrumento activa pagos automáticos cuando el nivel del agua supera un umbral predefinido, sin necesidad de evaluaciones posteriores de daños. La principal ventaja es la disponibilidad inmediata de recursos, que permite iniciar la reconstrucción sin demoras administrativas que suelen profundizar los efectos de una crisis.

La gestión del riesgo como eje de la Nueva Agenda Urbana

El recorrido por estas experiencias en el continente americano muestra que la resiliencia urbana es un proceso dinámico, como plantea la Nueva Agenda Urbana de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Integra tecnología, organización social, planificación territorial y herramientas financieras. En todos los casos, la gestión del riesgo deja de pensarse como una respuesta posterior al desastre y se consolida como una política pública orientada a la anticipación y la prevención.

Este cambio de enfoque se apoya, además, en una ampliación de los actores involucrados. Cuando el conocimiento técnico se traduce en información accesible y capacidades locales, la comunidad pasa a cumplir un rol activo en la reducción del riesgo. La preparación ya no depende solo de sistemas expertos, sino también de redes sociales organizadas y de reglas claras para actuar ante una emergencia.

La previsión económica completa este esquema. La incorporación de instrumentos financieros específicos permite contar con recursos inmediatos tras un evento crítico y reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. 

En conjunto, estas experiencias confirman que construir resiliencia implica asumir que los desastres y las crisis urbanas son una realidad persistente, pero también que su impacto puede ser gestionado por los gobiernos locales con anticipación, planificación y decisiones sostenidas en el tiempo.

Imagen principal: diseño Florencia Luján. 

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Además de incrementar el consumo energético (y con él la huella de carbono), este calor extremo limita el uso de los espacios públicos y afecta la salud de niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

A esta situación se suma una vulnerabilidad geográfica y climática particular. Con una densidad de 313 habitantes por km², y más de 2.700 en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), el país enfrenta lluvias cada vez más intensas que provocan inundaciones y deslizamientos de tierra. 

“Los deslizamientos se llevan los cultivos de toda la zona. Hay que reinvertir una y otra vez, y los recursos ya son escasos”, relata Héctor Velásquez, caficultor y padre de dos niños. La impermeabilización del suelo urbano agrava el problema: el agua de lluvia no se infiltra y los riesgos se multiplican.

Una “esponja” que respira y absorbe

Frente a este doble desafío —calor extremo e inundaciones—, San Salvador adoptó la estrategia de “ciudad esponja”, que busca aumentar la cobertura vegetal y mejorar la capacidad de absorción de agua y calor. El proyecto comenzó en 2021 tras ser seleccionado en el desafío “Ciudades para Todos” del Laboratorio de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Desde entonces, la capital salvadoreña impulsa un cambio estructural en la forma de relacionarse con el entorno.

La iniciativa combina infraestructura verde y participación ciudadana. Con una metodología de Design Thinking, se desarrollaron módulos de vegetación en techos, fachadas, parklets y quioscos verdes, con monitoreo ambiental constante. El proyecto reúne a la Universidad Don Bosco, viveros locales, el Jardín Botánico, organismos internacionales como el PNUMA (a través de su programa CityAdapt) y al Consejo de Alcaldes del AMSS (COAMSS/OPAMSS), junto con la comunidad.

La visión de “esponja urbana” también se extendió hacia las zonas rurales: CityAdapt restauró 1.150 hectáreas de bosques y cafetales en las laderas del volcán de San Salvador. “La adaptación basada en ecosistemas es una estrategia de eficacia comprobada, tanto en ciudades como en áreas rurales”, destaca Jessica Troni, jefa de la Unidad de Adaptación al Cambio Climático del PNUMA.

Una ciudad más fresca y resiliente

El proyecto piloto muestra los siguientes resultados: 

• Reducción térmica. Los módulos de cobertura vegetal lograron reducir la temperatura interior de las edificaciones entre 10°C y 17°C, y en espacios públicos, entre 7°C y 11°C. 
• Captura de carbono. Cada metro cuadrado de módulo demostró la capacidad de capturar aproximadamente 13,6 kg de CO₂ al año, contribuyendo directamente a la mitigación del cambio climático. La cantidad equivale a lo que captura un árbol joven en varios meses.
• Gestión del agua. La estrategia de “ciudad esponja” ha fortalecido la capacidad de San Salvador para absorber las precipitaciones, lo que es vital para prevenir inundaciones y deslizamientos. La iniciativa CityAdapt ha ayudado a unas 16.000 personas a reducir el riesgo de inundaciones, con una proyección de alcanzar a 115.000 en los próximos años. 

Un aprendizaje clave, coinciden los actores involucrados, es que la colaboración interinstitucional y la participación ciudadana son esenciales para sostener una transformación ambiental duradera. “Fue muy importante la participación de las alcaldías en el diseño e implementación del proyecto piloto, pues son ellas las que tienen que dar mantenimiento y quienes replicarán estos elementos en otros espacios públicos”, destaca Alexander Chávez, especialista ambiental de COAMPS/OPAMSS. De hecho, la apropiación es tal que personas de negocios aledaños a los módulos apoyan con el riego de las plantas.

Desafíos pendientes: consolidar la transformación verde

Aunque los avances son significativos, San Salvador aún enfrenta el reto de escalar la experiencia, garantizar el mantenimiento de los módulos y actualizar los códigos de construcción, que siguen reproduciendo un modelo urbano “gris”.

Sin embargo, los resultados ya están generando nuevas medidas. La Universidad Don Bosco planea replicar los techos verdes en su campus y la OPAMSS busca incorporar el diseño en su Guía de Hábitats Urbanos Sostenibles (HAUS). También se prevé ampliar los estudios sobre retención de escorrentía, aislamiento acústico y captura de carbono.

Los organismos internacionales destacan el caso como ejemplo de cómo una ciudad puede convertir un problema crítico —el calor urbano— en una oportunidad para innovar y mejorar la vida cotidiana.

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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Para revertir esa brecha, el gobierno local decidió hacer del aniversario número 130 de Renca una acción climática sin precedentes. En 2024, la comuna impulsó la Gran Reforestación Masiva, una jornada que reunió a miles de vecinos, voluntarios, empresas y organizaciones sociales para plantar más de 2.000 árboles nativos en el Parque Metropolitano Cerros de Renca. 

La jornada fue parte de un proceso sostenido iniciado en 2017, cuando la gestión local impulsó el sueño de convertir el cerro en el segundo pulmón verde de Santiago. Desde entonces, Renca ha plantado más de 80.000 árboles, con una captura estimada de 78 toneladas de CO₂ al año (aproximadamente lo que emiten entre 15 y 20 automóviles en un año). También lanzó el Plan Maestro del Agua, que reutiliza aguas industriales para su riego.

“Transformar nuestro paisaje urbano es un acto de justicia y un compromiso con nuestros vecinos”, destaca el alcalde Claudio Castro en diálogo con +COMUNIDAD. Lo que comenzó como una reforestación simbólica se consolidó como un modelo de gestión colaborativa: más de 170 alianzas público-privadas coordinadas por la Corporación La Fábrica de Renca que sostienen hoy una política ambiental de largo plazo y un compromiso colectivo con la sostenibilidad.

Una acción climática con raíces comunitarias

+COMUNIDAD: ¿Cómo y cuándo surgió la idea de transformar el aniversario número 130 de Renca en una gran acción climática y comunitaria? ¿Por qué se eligió el Parque Metropolitano Cerros de Renca para concretar esta acción?

Claudio Castro: El Parque Cerros de Renca es el sello más significativo de la comuna y el sueño es que se convierta en el segundo pulmón verde de Santiago, propio de la historia de Renca y con la comunidad como protagonista. Por ello, cada año, se ha vuelto una tradición invitar a la comunidad a hacerse parte de los proyectos de reforestación y el aniversario 130 no fue la excepción, representando una oportunidad para continuar involucrando a los vecinos en la rehabilitación ecológica de nuestros cerros, invitándolos a plantar la ladera norte del Santuario Laura Vicuña y en un acto simbólico, reforestar el camino de acceso al Cerro Colorado, con árboles de mayor tamaño que representan a las Juntas de Vecinos de los sectores aledaños al parque. 

La historia de Renca, lamentablemente, es la historia de una profunda inequidad territorial. Hemos sido una comuna que ha asumido los costos del desarrollo regional, marcada por ser una “isla de calor” y por un déficit de áreas verdes que supera con creces lo aceptable, 10 m2/hab, siendo éste el estándar de área verde recomendado por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. En Renca contamos con apenas 5.79 m2 por habitante. Esta desigualdad en la infraestructura urbana, con autopistas en superficie y falta de espacios de calidad, no es solo una cifra macroeconómica, sino una vivencia cotidiana. Por eso, transformar nuestro paisaje urbano es un acto de justicia y un compromiso con nuestros vecinos para brindar más oportunidades y dignidad.

Hoy podemos afirmar que el Parque Metropolitano Cerros de Renca es el símbolo y el hito de justicia urbana y ambiental de nuestra gestión. Su consolidación es una respuesta clara a esta desigualdad, buscando convertirlo en el gran pulmón verde del sector norponiente de Santiago. En Renca entendemos que la justicia territorial también es sostenibilidad ambiental, por eso hemos plantado más de 80.000 árboles en el cerro en reforestaciones masivas y comunitarias. Para asegurar la mantención de estos árboles y mitigar la crisis hídrica, lanzamos a inicios de este año el Plan Maestro del Agua, con una inversión público-privada de 5.700 millones, que buscará la reutilización del agua de grandes empresas para el riego sostenible del cerro.

El Parque Metropolitano Cerros de Renca es la demostración palpable de que, con gestión, colaboración y visión de largo plazo, estamos transformando Renca en un modelo de progreso y equidad, haciendo que el futuro mejor esté en Renca. 

━ ¿Qué resultados concretos observan hoy, tanto en términos ambientales como sociales, y cómo se está garantizando el mantenimiento de los árboles plantados? 

━ En la actualidad se han plantado más de 80.000 árboles en el Parque Metropolitano Cerros de Renca, a través de la participación de niñas, niños y adultos. En términos ambientales, esto nos ha permitido una evidente mejora y avance en la creación de este pulmón verde y, en materia social, ha producido un fuerte compromiso de la comunidad. 

Este compromiso, ha llevado a que sean los propios vecinos, y vecinas quienes informen cuando ven árboles en mal estado, cuando identifican vandalización de los sistemas de riego y cuando entran animales en los sectores reforestados. Es muy gratificante observar cómo nuestra comunidad se ha convertido en guardianes de los árboles y como se han comprometido con la regeneración ambiental, con soluciones basadas en la naturaleza, buscando revertir la degradación de los ecosistemas generando un impacto positivo en la naturaleza en lugar de solo compensar el daño. 

El mantenimiento actual se realiza principalmente gracias al compromiso del municipio y a la incorporación de programas de compensación de emisiones en el marco de los compromisos ambientales de proyectos que se ejecutan en la comuna, lo que permiten mejorar las condiciones del Cerro en los sectores reforestados y aumentar la reforestación. Además, creemos que la cooperación público-privada es fundamental para alcanzar la meta de esta transformación ecológica; y es por esto que, a través de La Corporación Fábrica de Renca, hemos logrado acuerdos para llevar a cabo proyectos como el Plan Maestro del Agua, que nos permitirá regar los árboles de nuestro Parque Cerros de Renca. Un proyecto ícono en materia de sustentabilidad, que hará posible no solo el abastecimiento de agua sino que, además, será agua recirculada cuidando el recurso hídrico, que es tan escaso en esta época. 

Renca: gestión colaborativa y financiamiento sostenible

━ ¿Cómo se logró financiar esta iniciativa y qué consejo le darían a otros gobiernos locales sobre la financiación de este tipo de iniciativas? 

Si bien el financiamiento siempre representa un desafío, en Renca hemos buscado transformar esa dificultad en una oportunidad de innovación. Hoy contamos con una red de colaboración público-privada de más de 170 alianzas, articulada a través de la Corporación La Fábrica, que se ha consolidado como un espacio permanente de encuentro entre el municipio, empresas, fundaciones y organismos internacionales.

Gracias a este modelo, hemos logrado movilizar recursos, capacidades y conocimiento, involucrando a actores de distintos tamaños y sectores en el desarrollo de proyectos con impacto real en la comunidad. Estamos demostrando que la transformación de Renca es posible si es que la construimos entre todos.

En este camino hemos aprendido que esto no se sostiene con aportes aislados, sino que debe construirse sobre la base de confianza, transparencia y objetivos compartidos. Por eso hemos institucionalizado esta forma de trabajo a través de La Fábrica, que nos permite ordenar, proyectar y canalizar las alianzas hacia las prioridades estratégicas de la comuna, sus habitantes y de nuestros socios.

Renca es hoy un ejemplo de que, cuando existe una visión común y un marco de colaboración estable, los gobiernos locales pueden ampliar su capacidad de gestión, sostener sus estrategias en el tiempo y escalar su impacto social, ambiental y urbano. La colaboración público-privada no es solo un medio para financiar proyectos: es una herramienta para hacer ciudad en conjunto, con un compromiso compartido por el bienestar y el desarrollo sostenible de las comunidades.

━ ¿Qué pasos debería seguir una ciudad que quiera replicar la experiencia, combinando acción climática, participación vecinal y celebración ciudadana?

━ Para nosotros fue clave, cuando iniciamos nuestra administración el año 2017, identificar que el cerro era un lugar identitario y de profunda conexión para los renquinos y renquinas, y que tenía un gran potencial urbano, ambiental y patrimonial que no estaba siendo aprovechado. Lo que quisimos hacer fue convertirlo en un símbolo de la transformación ambiental que nos propusimos llevar a cabo. Entonces, lo que quiero decir es que hay que identificar oportunidades.

Como segunda cosa, creo que es clave mantener un involucramiento efectivo de la comunidad, invitándoles a participar activamente de las diferentes iniciativas. Con respecto a la acción climática, es fundamental facilitar la comprensión de las estrategias ambientales llevándolas a un idioma simple, que genere orgullo y reconocimiento por parte de los vecinos y vecinas. Y por supuesto, es fundamental entender que cada iniciativa es una oportunidad para reencontrarse, conocerse y trabajar juntos y juntas  por el futuro de Renca.

Pero también es importante generar sinergias entre los distintos actores del territorio. Las ciudades no pueden enfrentar solas los desafíos climáticos, y por eso en Renca hemos aprendido a construir soluciones colectivas: el municipio, las empresas, las universidades y fundaciones y con la comunidad. Todo esto da sentido y legitimidad a cada acción. Esa articulación nos permite transformar buenas intenciones en proyectos sostenibles y de largo plazo.

Finalmente, entendemos que cada iniciativa ambiental también debe ser una instancia de encuentro ciudadano. Las plantaciones, los festivales o las campañas de educación son oportunidades para fortalecer vínculos, reconocer el trabajo conjunto y reafirmar que el desarrollo local se construye entre todos.

━ ¿Qué rol cumplió cada uno de los actores involucrados en esta acción, enmarcada en el Plan de Cambio Climático de Renca? La Municipalidad de Renca, la Empresa CCU, la Corporación Cultiva y la Fundación Beata Laura Vicuña, entre otros.

━ Actividades de esta índole y de gran importancia para nuestra comunidad, sólo son posibles en un ambiente de máxima colaboración. Es por eso que ha sido fundamental la participación de cada uno de los actores involucrados. El Santuario Laura Vicuña fue el escenario elegido para esta actividad. El municipio asumió la coordinación general de la actividad y se pudo contar con un gran número de voluntarios que estuvieron a disposición de los vecinos y vecinas para distribuir las distintas labores. CCU aportó financiamiento, para hacer de esta reforestación una gran fiesta comunitaria, con música en vivo, animación y puntos de hidratación para los asistentes. Nuestro socio estratégico, Corporación Cultiva, con más de 15 años de experiencia reforestando los Cerros de Renca, lideró las tareas de reforestación, incorporando la educación ambiental para sensibilizar a la comunidad con el proceso de plantación y poniendo énfasis en el cuidado y mantención de cada nuevo árbol para el Parque. 

Este tipo de colaboración es el resultado de años de trabajo conjunto. Cada actor asume una parte del proceso: el municipio coordina, las empresas se comprometen y se hacen parte del desarrollo de la comuna, y las organizaciones especializadas como Cultiva aportan experiencia técnica y educación ambiental. Esa complementariedad ha sido clave para consolidar una forma de gestión más eficiente y sostenible y que además nos permita ser mucho más ambiciosos en la transformación de la comuna.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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La crisis climática, de la atmósfera a la calle, revela que la proximidad es una ventaja estratégica. La primera barrera para actuar frente a ella suele ser la distancia: la idea de que “el planeta” es algo lejano, ajeno a lo cotidiano. Sin embargo, la evidencia es contundente. Las ciudades concentran más del 70% de las emisiones globales y, en América Latina, donde el 80% de la población vive en entornos urbanos, esta vulnerabilidad es evidente: siete de cada diez ciudades ya sufren impactos climáticos que deterioran su infraestructura y su calidad de vida, según datos del BID.

La realidad es que el cambio climático es, ante todo, un problema de proximidad. No es un castigo abstracto que ocurre “allá afuera”; es una alteración directa de nuestra gestión cotidiana. Es la ola de calor que satura el sistema de salud en una ciudad con poco arbolado urbano. Una inundación recurrente en un barrio donde la planificación urbana falló. Es la crisis hídrica en una cuenca que nos obliga a repensar de manera integral su gestión.

Estos eventos ya no pueden ser considerados “shocks exógenos” o “mala suerte”. Son, de facto, determinantes cíclicos del presupuesto local. Así como la sequía de 2022/23 en Argentina generó una caída de 3 puntos del PBI nacional, según datos de la Presidencia de la Nación, la inundación local genera costos recurrentes en reconstrucción de infraestructura y asistencia social que erosionan la estabilidad fiscal del municipio.

La innovación climática como oportunidad local

Pero aquí el riesgo se convierte en oportunidad. Porque así como los procesos globales impactan de lleno sobre el territorio, es en el gobierno local donde se presenta la oportunidad concreta de incidir directamente sobre la adaptación y la mitigación. La gran ventaja de la escala municipal es que la proximidad es directamente proporcional a la capacidad de incidencia real.

Un municipio no necesita un lustro para actuar. Puede decidir sobre criterios de una licitación de transporte o un código de edificación. Esta agilidad es una oportunidad clave: permite vincular la acción climática con beneficios directos e inmediatos para la comunidad (aire más limpio, menos inundaciones, barrios más frescos).

El desafío es adoptar una perspectiva ‘glocal’: usar esta competencia local para implementar los grandes compromisos globales. Por lo tanto, los gobiernos locales retoman la centralidad como el laboratorio principal para la innovación climática y la búsqueda de soluciones. Es en esta escala donde se pueden pilotar, medir y escalar respuestas ágiles. Por ello, la colaboración en redes que comparten lecciones aprendidas y experiencias exitosas se vuelve indispensable.

Gobernar la complejidad climática: de la gestión fragmentada a la innovación institucional

Si la escala es la correcta y la urgencia es clara, el desafío de la implementación es puramente institucional. Este desafío es doble: uno interno (cómo nos organizamos) y otro externo (qué capacidades tenemos).

El primer paso es instalar la agenda climática como un eje estratégico y transversal en toda la administración, superando la gestión fragmentada. Esta visión integral permite gobernar la complejidad y evita la incoherencia administrativa, que no es solo un error de gestión, sino un pasivo fiscal y administrativo insostenible. 

Esto significa entender que las decisiones climáticas más importantes no se toman solo en la secretaría de ambiente. Ocurren en Hacienda, al migrar a luminarias LED dimerizables, reduciendo el gasto eléctrico corriente. Ocurren en Obras Públicas, al exigir eficiencia energética en edificios públicos o instalar techos solares. Estas acciones de Eficiencia Energética generan ahorros fiscales directos. Ocurren en Planificación, cuando se implementan Soluciones basadas en Naturaleza (SbN) (infraestructura verde) o se fomenta la Economía Circular (EC), que ve los residuos como una oportunidad para impulsar nuevas cadenas de valor, en lugar de un mero desecho a gestionar.

El segundo desafío es la “brecha de capacidades“, resultado de una “descentralización asimétrica” : los municipios asumieron más responsabilidades en los últimos años, pero frecuentemente sin los recursos técnicos o financieros para ejercerlas . La innovación institucional es clave para superar esta brecha. La experiencia sugiere algunos mecanismos fundamentales:

• Aprender en red. Utilizar plataformas como el Pacto Global de Alcaldes , C40 o la Red de Innovación Local (RIL), que facilitan asistencia técnica, metodologías y el intercambio de lecciones aprendidas.
• Colaborar. Impulsar alianzas público-privadas-académicas, reconociendo que el municipio necesita socios para generar datos (universidades) y escalar soluciones (sector privado).
• Medir para gestionar. Adoptar una gestión basada en evidencia, desarrollando diagnósticos (Inventarios GEI, Análisis de Riesgo) y monitoreando resultados para una toma de decisiones adaptativa, no solo reactiva.

El llamado a la acción: la eficiencia como política de Estado local

El argumento final es económico. La acción climática local no es un gasto suntuario; es la inversión más eficiente que un municipio puede hacer. Gestionar el ‘riesgo’ se ha convertido en el paradigma de la administración pública moderna. Este enfoque supera al modelo reactivo de la ‘emergencia’ y se consolida como la estrategia más eficiente para proteger los recursos públicos.

La eficiencia es doble. En adaptación, cada peso invertido en resiliencia temprana ahorra entre cuatro y siete pesos en respuesta a desastres (Banco Mundial, 2019). En mitigación, la Economía Circular genera nuevas oportunidades económicas  y de negocios; la eficiencia energética reduce costos operativos directos; y la generación descentralizada crea nueva infraestructura de valor. Todo esto reduce costos, crea empleos verdes y recorta las emisiones de GEI.

El llamado a la acción es directo a los gestores locales. La crisis climática no es un problema del futuro ni de jurisdicción ajena. Es el desafío central de la gestión pública del siglo XXI. Empezar, se empieza hoy, midiendo el territorio, rompiendo los silos de la administración y reconociendo que cada decisión presupuestaria —desde la recolección de residuos hasta el permiso de obra— no es solo una decisión económica, sino también una decisión climática.

(*) Sebastián Melchor es consultor independiente, exsubsecretario de Ambiente de la Provincia de Mendoza y cofounder de Sustenta Lab.

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Río de Janeiro encendió la alerta roja cuando, hacia fines de la década de 2000, se vio golpeada por deslizamientos e inundaciones, un tránsito caótico y altos niveles de violencia. Pero el mayor problema no era sólo la magnitud de las crisis, sino la dificultad del gobierno local para responder con rapidez. La falta de coordinación entre los distintos organismos de la administración pública evidenció la necesidad de una transformación profunda.

Fue entonces cuando la ciudad dio un paso pionero: firmó una alianza público-privada con IBM para crear el Centro de Operações Rio (COR) —hoy Centro de Operaciones y Resiliencia—. Concebido como un “corazón tecnológico”, el COR integró en una sola plataforma toda la información sobre seguridad pública, tránsito, medioambiente y servicios urbanos. Desde allí, más de 30 organismos municipales coordinan acciones de monitoreo y respuesta conjunta.

El sistema permite identificar emergencias en tiempo real, activar alertas preventivas y movilizar equipos en minutos. Con el tiempo, el COR se convirtió en el centro de comando oficial de la ciudad, especialmente durante eventos de gran escala o situaciones críticas.

Enfrentar el riesgo climático y la exclusión social en Río de Janeiro

En simultáneo, los desafíos climáticos y sociales seguían siendo enormes. Las lluvias intensas y los deslizamientos afectaban con frecuencia a comunidades vulnerables, muchas de ellas en zonas de difícil acceso y fuera de los registros oficiales. Aunque Río contaba con una amplia red de servicios públicos, miles de personas permanecían “invisibles” para el Estado, sin acceso estable a salud, educación o vivienda.

La misión del municipio fue entonces usar los datos para combatir la exclusión y orientar las políticas públicas hacia las áreas de mayor riesgo. En 2017, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) —establecido en 1998— y del Instituto Pereira Passos (IPP), la ciudad creó el Programa Territórios Sociais.

Su propósito fue identificar y acompañar a familias en situación de vulnerabilidad en los diez mayores complejos de favelas, como Alemão, Rocinha, Cidade de Deus, Maré y Jacarezinho. En 2022, la iniciativa se amplió a toda la ciudad.

Un programa con método y resultados

El protocolo del Territórios Sociais se estructura en tres fases: búsqueda activa, plan de acción integrado y monitoreo. En la primera, agentes de campo contratados por el programa visitan cada vivienda y aplican un cuestionario basado en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) de Naciones Unidas, que evalúa privaciones graves en salud, educación y nivel de vida.

Las familias con un IPM igual o superior al 33% son incorporadas al Módulo Integrado de Monitoreo, que las vincula con servicios básicos de salud, asistencia social o educación según sus necesidades. Al cabo de un año, se vuelve a aplicar el cuestionario inicial para medir avances y evaluar la efectividad del programa.

Entre 2017 y 2018 se identificaron 2.316 familias en situación de vulnerabilidad, cerca del 13% del total de hogares en los 145 sectores relevados. Entre 2019 y 2022 se realizaron 139.113 entrevistas y 39.558 familias fueron clasificadas para seguimiento (aproximadamente el 28% del total).

En enero de 2025, los resultados ya hablaban por sí mismos: casi 32.000 familias habían sido atendidas por la Secretaría Municipal de Salud y unas 26.000 recibieron apoyo de la Secretaría de Asistencia Social.

Gestión inteligente: datos e integración contra desigualdades persistentes

En marzo de 2025, Río de Janeiro recibió la Certificación Oro del programa What Works Cities, impulsado por Bloomberg Philanthropies y Results for America. La distinción reconoce a los gobiernos que aplican estándares avanzados en el uso de datos y evidencia para mejorar sus políticas públicas.

¿Qué lección dejó ese reconocimiento internacional? Las experiencias del COR y de Territórios Sociais muestran que los datos, por sí solos, no bastan: deben ir acompañados de presencia territorial y confianza comunitaria. En Río de Janeiro, las tecnologías funcionan porque detrás de ellas hay agentes comunitarios que recorren las calles, visitan hogares y ganan la confianza de las familias. Ese vínculo humano valida y complementa la información digital, asegurando que ninguna persona quede fuera por falta de registro.

Otra lección clave fue romper los silos burocráticos. Para compartir información y planificar acciones conjuntas, la municipalidad creó un comité intersecretarial junto al IPP, que permitió coordinar políticas y evitar duplicaciones.

También se fortaleció la transparencia pública: la difusión periódica de resultados —familias atendidas, niños escolarizados, mejoras en los indicadores— aumentó la confianza ciudadana y reforzó la rendición de cuentas.

Desde Río de Janeiro, inspiración para otras ciudades

El modelo del COR inspiró a capitales como São Paulo, Salvador y Belo Horizonte, que ya cuentan con centros de monitoreo similares. Su replicación exige inversión y liderazgo político, pero demuestra que la coordinación institucional y las alianzas tecnológicas pueden transformar la gestión urbana.

Por su parte, el enfoque de Territórios Sociais puede adaptarse a municipios medianos mediante la selección de barrios prioritarios y el uso de herramientas digitales de recolección de datos, muchas de ellas apoyadas por organismos internacionales como ONU-Hábitat o Unicef.

Otra iniciativa replicable es el uso de observatorios urbanísticos, como el Instituto Pereira Passos (IPP), para centralizar la inteligencia de datos de la ciudad. Varios municipios han creado unidades similares, dedicadas al análisis de indicadores y al seguimiento de políticas públicas.

En la práctica, Río de Janeiro aprendió que los datos pueden salvar vidas, pero su valor real aparece cuando se traducen en decisiones, coordinación y cercanía. Una ciudad más resiliente no se construye solo con tecnología, sino con información útil, vínculos de confianza y voluntad política sostenida.

Este artículo fue redactado originalmente en portugués por Amilcar Pereira Cardoso, especialista en transformación del sector público, y traducido y editado por +COMUNIDAD. Integra una serie de publicaciones sobre ciudades de Brasil que utilizan datos para impulsar mejoras públicas.

Imagen principal: Centro de Operaciones y Resiliencia de Río de Janeiro. Foto: COR Río.

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datos

Por Agustina Randazzo, Jimena Álvarez (RIL),
Sarah Farooqi y Arielle Diamond (DIAL)

Las ciudades de América Latina y el Caribe representan más del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, según datos de la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este fenómeno se debe a la rápida urbanización, que ha provocado una expansión descontrolada del transporte, la industria y la deforestación. Además, estas ciudades albergan a más del 80 % de la población regional, lo que las convierte en puntos clave para implementar soluciones eficaces para hacer frente al cambio climático. 

Sin embargo, el reto es aún mayor. Las ciudades están cada vez más expuestas a fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías, que afectan a millones de personas. 

En este contexto, la Red Innovación Local (RIL), que trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos locales de toda América Latina, se unió a la Red de Aprendizaje Conjunto sobre Datos Climáticos (JLN) y ha aportado ideas clave a su investigación consultiva. Convocada por Digital Impact Alliance (DIAL), la JLN reúne a diversas organizaciones comprometidas con el avance del uso de datos para la acción climática.

DIAL y RIL trabajarán  juntos a través de la JLN de datos climáticos, en colaboración con otros 23 socios y con ciudades de todo el mundo, para explorar los retos y oportunidades únicos a los que se enfrentan las zonas urbanas en sus esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Los gobiernos municipales se enfrentan a retos a la hora de aprovechar los datos para elaborar planes de acción climática

A través de una investigación realizada el año pasado, clasificamos los obstáculos para desbloquear el uso de data para la acción climática en cuatro categorías: datos, confianza, finanzas y capacidad. ¿Cómo se traduce esto para los gobiernos subnacionales?

• Datos

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los gobiernos locales es la falta de información sistematizada y de alta calidad que permita tomar decisiones basadas en datos empíricos. Aunque los datos pueden existir, a menudo están dispersos, son demasiado técnicos o están desactualizados, lo que dificulta convertir la información en conocimientos claros y accesibles que sirvan de guía para las decisiones sobre los servicios públicos, el transporte o la gestión de las infraestructuras. 

• Finanzas

Al mismo tiempo, los presupuestos limitados y las barreras para acceder a la financiación climática a menudo dificultan la implementación de acciones concretas. Especialmente en las ciudades latinoamericanas, que se enfrentan a una amplia gama de retos urgentes a diario. Del mismo modo, estos retos relacionados con las finanzas hacen que los gobiernos subnacionales a menudo no dispongan de los presupuestos necesarios para acceder a las últimas tecnologías o adquirir conjuntos de datos útiles que puedan impulsar soluciones innovadoras.

• Capacidad

Muchos equipos técnicos y responsables de la toma de decisiones siguen careciendo de las herramientas necesarias para comprender cómo la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación están afectando a la vida cotidiana en sus territorios. Integrar esta perspectiva en la gestión pública no es un lujo, sino una necesidad urgente. Para ello se requiere personal capacitado para analizar e interpretar datos, acceso constante a Internet de alta velocidad y, en última instancia, una cultura ágil de toma de decisiones basada en datos.

• Confianza

Cuando se trabaja con datos, la confianza es esencial. Para romper los silos de datos se necesitan marcos sólidos de privacidad y gobernanza de los datos que protejan a los propietarios de los datos e inspiren confianza entre los usuarios. Muchos países carecen de los marcos normativos necesarios para regular los datos y, cuando estos marcos existen, a los municipios más pequeños les puede resultar complicado sortear las diversas barreras legales y técnicas necesarias para minimizar los riesgos al compartir y acceder a los datos. 

El año pasado, exploramos el potencial de nuevos e innovadores modelos de gobernanza y financiación de datos para ofrecer soluciones a estos retos. Superando estos obstáculos, podemos crear un mundo en el que más departamentos gubernamentales tengan acceso a datos de alta calidad y relevantes para el clima, necesarios para informar sus planes de acción climática.

Pueden acceder a los artículos destacados de Climate Data JLN sobre fideicomisos de datos, redes de transacciones abiertas, espacios de datos y datos abiertos.

Los gobiernos locales pueden allanar el camino hacia una resiliencia y adaptación climáticas centradas en las personas

Lejos de ser meros ejecutores de políticas nacionales, los gobiernos locales son cada vez más reconocidos como actores estratégicos en la lucha contra la crisis climática. Iniciativas como el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas y las plataformas CitiesWithNature y RegionsWithNature están situando las acciones urbanas y subnacionales en el centro de las estrategias medioambientales globales. 

Cada vez se reconoce más que los gobiernos locales se encuentran en una posición única para conectar a las personas con la naturaleza, fomentar la innovación y obtener resultados concretos, siempre que tengan acceso a los datos, las capacidades y las alianzas adecuadas.

Ciudades de todo el mundo ya están liderando el desarrollo de estrategias a largo plazo para construir sociedades resilientes al clima. Este es el caso de Cali, Colombia, que se ha convertido en líder en biodiversidad urbana y participación comunitaria en América Latina. La ciudad promueve diversas iniciativas que integran la conservación de la naturaleza con el desarrollo sostenible, desde la mejora de los espacios verdes urbanos hasta la elaboración de directrices para la construcción sostenible. 

Muchas de estas iniciativas están financiadas por el Fondo Cali, un mecanismo multilateral diseñado para compartir de forma equitativa los beneficios derivados del uso de datos. Creado durante la celebración de la COP16 en Cali en 2024, el Fondo exige a las empresas que hacen uso comercial de los datos de secuenciación genética de los recursos naturales en sectores como la cosmética, la agricultura y la biotecnología que contribuyan con una parte de sus ingresos para apoyar los esfuerzos de conservación. 

Modelos de financiación innovadores como este demuestran cómo los datos abiertos, cuando se aprovechan de forma equitativa, pueden generar un apoyo financiero sostenido para la conservación y la resiliencia climática.

Del mismo modo, la ciudad de Mendoza, en Argentina, está integrando la biodiversidad urbana como un componente esencial de su gestión local. La ciudad ha creado islas de biodiversidad, bosques de bolsillo e iniciativas de ciencia ciudadana para transformar el territorio urbano en un entorno más resiliente y sostenible. Mendoza también está buscando modelos de financiación innovadores a través de bonos verdes, que apoyan el desarrollo de proyectos sostenibles.

Estos avances abren una ventana de oportunidad única: pasar de proyectos piloto aislados a transformaciones sistémicas, en las que la acción climática, la conservación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación se integren plenamente en la planificación local, la elaboración de presupuestos y la gestión cotidiana. Las ciudades que adoptan este paradigma están demostrando que la transformación no solo es posible, sino que ya está ocurriendo. 

El reto está en ampliar y acelerar estas iniciativas para que más ciudades puedan sumarse a este cambio con el apoyo, los datos y los recursos que necesitan

A medida que Climate Data JLN continúa su investigación colaborativa, nos entusiasma ampliar nuestro trabajo directamente con las ciudades. Al asociarnos con estas ciudades, todas ellas con geografías, contextos culturales y necesidades diversas, esperamos poder aprender lecciones que luego podamos ampliar.

Estamos muy agradecidos de contar con las siguientes ciudades como colaboradoras:

• Despeñaderos, Argentina.
• Freetown, Sierra Leona.
• Condado de Nairobi, Kenia.

Al trabajar más directamente con los gobiernos municipales, estableceremos conexiones entre las necesidades de datos y las soluciones de datos, poniendo a prueba modelos de gobernanza de datos en entornos reales. Este trabajo tendrá dos vertientes: en primer lugar, trabajar con las ciudades para comprender sus ecosistemas existentes, sus necesidades específicas de datos y sus casos de uso prioritarios. Y, a continuación, profundizar en los casos de uso comunes de los datos climáticos en las ciudades para descubrir información útil.

Esperamos seguir trabajando en las propuestas de todo el año, que incluirá mesas redondas con presentaciones de cada una de nuestras ciudades asociadas y un informe final de investigación con los resultados compartidos en la COP30 en Brasil.}

(*) Este artículo fue coescrito entre RIL y DIAL. Participaron Agustina Randazzo, vicedirectora de Aceleración en RIL Argentina; Jimena Álvarez, coordinadora del programa Ciudades de la Biodiversidad en RIL Argentina; Saraah Farooqi, Product Owner en DIAL; y Arielle Diamond, Senior Communications Manager en DIAL. Puedes encontrar la versión en inglés del artículo aquí.

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Por Mercedes Ordoñez, coordinadora
de Ciudades de la Energía en RIL (*)

De acuerdo con ONU-Habitat, las ciudades producen más del 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que desempeñan un papel clave en el cambio climático. Además, aunque ocupan menos del 2% de la superficie de la tierra, consumen cerca del 78% de la energía mundial, y este sector es uno de los mayores contribuyentes a este fenómeno global. Por eso, avanzar hacia un modelo urbano que asegure el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna se ha convertido en uno de los motores de la transformación energética en las ciudades.

La transición energética es un desafío global que propone un cambio en la forma de producir, distribuir y consumir energía. El concepto de transición como tal plantea reflexionar sobre el punto de partida en el que se encuentran las ciudades. Pero también una decisión sobre el tipo de ciudad a la que se desea llegar y, para ello, resulta necesario atravesar un proceso de transformación y cambio paradigmático. 

El Trilema Energético, elaborado por el Consejo Mundial de la Energía, propone poner el foco en tres aspectos fundamentales a la hora de pensar la transición energética: la mitigación del impacto ambiental, la seguridad del suministro y la equidad energética. En cada una de estas dimensiones las ciudades tienen la posibilidad de diseñar e implementar políticas públicas que contribuyan al desarrollo de sus comunidades.

El impacto ambiental de producir y consumir energía

Una Ciudad de la Energía es aquella que prioriza aumentar la eficiencia energética para satisfacer las necesidades de su comunidad, con el menor gasto de recursos posible. Además, reconoce el impacto ambiental que conlleva la generación y consumo de energía, y por tanto busca minimizarlo mediante el uso de energías limpias y bajas en carbono.

Por un lado, producir energía de manera convencional genera un impacto ambiental asociado principalmente a la quema de combustibles fósiles. Es por esto, que la descarbonización del sistema es una parte fundamental de las recomendaciones generales a la hora de diseñar estrategias para transformar la oferta energética. Es en este aspecto que se incluyen los proyectos de energía renovable, generación distribuida, adecuación normativa para la inyección de energía a la red y su reconocimiento económico y la promoción de empleos verdes asociados a esta industria, entre otros.

Por otro lado, y desde el punto de vista de la demanda de energía, el impacto ambiental está asociado a su uso de manera ineficiente. Como contracara, la eficiencia energética se posiciona como la principal estrategia de respuesta frente a esta situación. De hecho, se cuestiona que las energías renovables puedan (y tengan que) responder a los elevados niveles de consumo energético actuales. 

Es por esto que la eficiencia energética es uno de los puntos de mayor viabilidad tanto para una persona como para un gobierno local debido a que permite tomar medidas de corto plazo y de buena relación costo-beneficio. Aquí el abanico de posibilidades involucra proyectos de electrificación de servicios, la reconversión de flota vehicular a eléctrica o a combustibles de transición, el recambio de luminaria, la rehabilitación energética de edificios y arquitectura bioclimática, los incentivos a la incorporación de sistemas eficientes y la promoción de cambios culturales, entre otros.  

Sumado a ello, la incorporación de estrategias de eficiencia energética en las propias dependencias municipales se convierte en un punto de partida fundamental para los gobiernos locales. A partir de abordar el desempeño energético del municipio, se contribuye a la asignación eficiente de los recursos mediante la reducción de costos asociados a la energía, a la reducción del impacto ambiental de la gestión pública y a consolidar el rol ejemplificador de ese gobierno local.

Tal es el caso de un grupo de investigadores del CONICET que, en alianza con la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, desarrollaron un biodigestor para que la comunidad de Los Pinos genere biogás a partir de los residuos provenientes de la actividad agropecuaria local. De esta manera, no sólo se brindó a las comunidades una respuesta a la problemática ambiental por la mala disposición de los residuos, sino que además permitió una diversificación de la matriz energética con fuentes bajas en carbono, reemplazando a la leña y el carbón. 

Y como si fuera poco, la comunidad conformó una cooperativa para la operación, mantenimiento y administración de la energía producida, demostrando el potencial de este tipo de estrategias para el desarrollo comunitario y la generación de empleo.

Transición energética en un contexto de cambio climático

Ser una Ciudad de la Energía implica ser protagonista del sistema energético del que se es parte, con el objetivo de fortalecer su resiliencia. Para lograrlo, es fundamental conocer la realidad energética de la ciudad, sus fortalezas y debilidades, y prepararse para afrontar los desafíos presentes y futuros en un contexto de cambio climático. 

La seguridad energética –entendida como la garantía del suministro y de la infraestructura necesaria para satisfacer la demanda actual y futura– es quizás uno de los puntos señalados por el Consejo Mundial de la Energía que, en el caso de Argentina, podría exceder a las competencias municipales. Y por “podría” se hace hincapié en que, a pesar de ello, los gobiernos locales pueden incidir en aumentar la resiliencia de la ciudad frente a una mayor intensidad y frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos asociados al cambio climático.

Evaluar la capacidad de respuesta de un municipio en términos energéticos puede mejorar el desempeño de una ciudad en dicho marco. Por ejemplo, considerar si las dependencias gubernamentales encargadas de accionar frente a eventos meteorológicos están preparadas y abastecidas de energía para poder brindar servicio. También identificar zonas de la localidad más vulnerables a sufrir cortes de suministro por el estado del arbolado urbano, la precariedad de las construcciones o la lejanía de las comunidades para su  abordaje.

El caso de Ticino, en la provincia de Córdoba, es sumamente interesante para dimensionar el impacto del autoabastecimiento energético en contextos de crisis. La producción de energía a partir de los desechos de la industria manicera convirtió a Ticino en una de las pocas ciudades argentinas en no quedarse sin luz durante los apagones masivos de 2019 y 2023 en Argentina, pudiendo dar respuesta a las necesidades de su comunidad.

Reducir la pobreza energética, una deuda pendiente

Ser una Ciudad de la Energía es también considerar el acceso a la energía como un derecho fundamental y condicionante del resto de los derechos. Por lo tanto, la transición energética se plantea como un proceso socialmente justo, que priorice una gestión con fuerte orientación a la ciudadanía, buscando garantizar a sus habitantes un servicio suficiente, accesible y de calidad reduciendo así la pobreza energética. 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando no logra satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea en términos económicos como de infraestructura. Como consecuencia, las personas que la sufren se exponen a riesgos sanitarios, de malnutrición, a prácticas domiciliarias peligrosas y se encuentran limitadas para el desarrollo de tareas económicas y educativas.

A partir de estos desafíos, los municipios pueden incidir en mejorar la condiciones de habitabilidad y acceso a los servicios de las comunidades más vulnerables. Pueden hacerlo, por ejemplo, al facilitar la regularización de conexiones, ofrecer tarifas diferenciadas, subsidiar el acceso a la energía para ciertos grupos sociales o incorporar criterios de eficiencia energética y fuentes renovables en los programas de vivienda social, entre otras acciones.

Un ejemplo cercano de este tipo de programas es el llevado adelante por el municipio de Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza. Luego de promover la construcción domiciliaria de calefones solares realizados con materiales recuperados en barrios vulnerables, se apostó por el desarrollo de un Programa Municipal de Energía Solar para Viviendas Sociales. A través de este, se entregan equipos fotovoltaicos y solar térmicos para cubrir las necesidades energéticas de familias vulnerables localizadas en zonas donde no llega el suministro de energía o que se encuentran en situación de precariedad habitacional.

Camino a ser una Ciudad de la Energía

La Red de Innovación Local (RIL) lanzó en 2024 el programa Ciudades de la Energía, que tiene como objetivo acompañar a los equipos de gobiernos locales a diseñar una estrategia integral de transición energética con foco en la sostenibilidad ambiental, la equidad energética y la adaptación frente al cambio climático.

A partir de un diagnóstico exhaustivo del estado de situación de la ciudad respecto a la temática, el desafío es conocer cuáles son las implicancias que tiene la transición energética en cada ciudad y cuáles son las limitaciones y potencialidades. Así, se pueden identificar las oportunidades de mejora y trabajar en un plan de acción para resolver el desafío público priorizado. Los productos a los que se espera que lleguen las ciudades son los lineamientos estratégicos a corto, mediano y largo plazo, el diseño de una política pública sectorial y la elaboración de un programa de eficiencia energética en las dependencias municipales.

Durante la primera edición del programa, en 2024, se gestaron proyectos de eficiencia energética en el sector domiciliario, de promoción de las energías renovables en el sector privado local, de educación ambiental y de intervención de espacios públicos con energías renovables.

Las ciudades que se están desafiando en 2025 a recorrer el camino para convertirse en Ciudades de la Energía son Plaza Huincul (Neuquén), Cutral Co (Neuquén), Bahía Blanca (Buenos Aires), Luján de Cuyo (Mendoza) y Tartagal (Salta). 

Para RIL, la articulación público privada es un elemento clave y estratégico para alcanzar los objetivos del programa. Es por esto que, a lo largo de todo el recorrido, se incorporan aliados del sector privado a formar parte del ecosistema de trabajo, es decir, que participarán activamente del proceso y estarán a disposición de los gobiernos locales para articular y hacer sinergias que contribuyan al desarrollo de las estrategias locales. Las empresas que apuestan este año por el impacto de trabajar esta agenda a escala local y, que además son actores estratégicos en el plano energético nacional, son  Pampa Energía, Aconcagua Energía y TGN.

La transición energética, una agenda local  

La agenda de la transición energética ha otorgado a los gobiernos locales nuevas posibilidades para potenciar el desarrollo de sus comunidades. Pero además, viene a reconocer un rol protagónico de las ciudades en la contribución a estos objetivos globales, demostrando no solo que es una agenda propia, sino una a la que, a pesar de ser una temática emergente, llevan contribuyendo ya varios años.

Para más información podés enviar un e-mail a: mercedeso@redinnovacionlocal.org. 

Esta columna tuvo una primera versión el 5 de junio de 2024 y se actualiza en abril de 2025 con oportunidad de una nueva edición del programa Ciudades de la Energía de RIL. 

Imagen principal ilustrativa: Jasonfang | Getty Images Signature | Canva.

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