Muchas cosas pueden convertirse en una fuente de olor persistente que molesta, incomoda y afecta la vida cotidiana. Lo saben bien quienes viven cerca de basurales o cloacas descubiertas, pero también quienes cruzan todos los días una estación de tren o un pasillo comercial impregnado de amoníaco y abandono.

Como es de esperar, esta contaminación odorífera impacta en la salud, el bienestar y la percepción del espacio público. Pero algunas ciudades ya están mostrando caminos posibles. Un relevamiento realizado por +COMUNIDAD detectó que, si bien no existen soluciones definitivas al problema de los malos olores, distintos territorios están probando estrategias que combinan participación ciudadana, innovación con datos y biotecnología.

Microorganismos benéficos vs. malos olores

Una de esas estrategias proviene de la empresa colombiana BioHBAC, que trabaja con microorganismos diseñados para acelerar la descomposición de materia orgánica en lagunas de oxidación, cloacas o plantas de tratamiento. En otras palabras, procuran eliminar los malos olores sin recurrir a químicos agresivos.

“Estos microorganismos descomponen la materia orgánica presente en las aguas residuales mediante un proceso llamado biodegradación. Durante este proceso, los residuos orgánicos se convierten en sustancias más simples e inofensivas, lo que reduce significativamente la producción de compuestos malolientes”, explican desde la compañía. 

Según su mapeo, varias Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) en ciudades colombianas utilizan esta estrategia para mejorar la calidad del agua y reducir los olores. Es el caso de Salitre (Bogotá), El Hatillo y El Retiro (Medellín), La Esmeralda (Bucaramanga), El Peñol (Antioquia) y La Isla (Cartagena). 

En especial, destacan que en este último caso, el uso de microorganismos benéficos también se aplica sobre lagunas de oxidación. “Esta innovación ofrece un modelo valioso para municipios como Chía, donde la laguna de oxidación es una fuente principal de malos olores”, proponen. 

La experiencia de Cartagena

Siguiendo por Colombia y específicamente por Cartagena, esta ciudad también enfocó sus esfuerzos en la infraestructura del tratamiento de aguas residuales, lo que contribuyó a la reducción de malos olores. Según José Zapata, gerente medioambiental de Aguas de Cartagena, la capital del departamento de Bolívar cuenta con una cobertura de alcantarillado que supera el 95%, y el 100% de las aguas residuales recolectadas son tratadas antes de su disposición final en el mar. 

Este sistema incluye una planta de tratamiento en Punta Canoa y un emisario submarino de 4.2 kilómetros de longitud (tubería que transporta aguas residuales tratadas al mar) que comenzó a operar en 2013. 

“La puesta en marcha del emisario submarino, en conjunto con La Bocana de Marea Estabilizada, ha contribuido enormemente a la recuperación de las aguas de la Ciénaga de la Virgen. Los resultados del monitoreo evidencian que tenemos un cuerpo de agua recuperado. Los olores han desaparecido, y hasta paisajísticamente comenzó a recuperar su esplendor”, afirma Zapata.

“Escuchar” las narices de la ciudad

Desde Barcelona, Rosa Arias –ingeniera química especializada en la gestión de olores– creó OdourCollect, una aplicación que propone empoderar a la ciudadanía afectada por la contaminación odorífera. Con esta plataforma, desarrollada por la organización Science for Change, los vecinos pueden registrar en tiempo real episodios de olor y describir su intensidad y características.

“OdourCollect surge como una herramienta que se basa en un enfoque de ‘abajo a arriba’ para abordar la contaminación por olores y capacitar a la ciudadanía a través de la ciencia ciudadana, las herramientas de RRI (Innovación e Investigación Responsable) y la cocreación. De esta manera, se convierten en impulsores del cambio en sus comunidades. A la vez, demuestran la problemática que están padeciendo y que tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones locales que afectan a su día a día”, describen desde Science for Change. 

Los datos recolectados son luego cruzados con información meteorológica y análisis técnicos. Esto permite identificar patrones, ubicar focos emisores y tomar decisiones basadas en evidencia. “Los malos olores causan dolores de cabeza, náuseas, insomnio, ansiedad, estrés… La contaminación por olores es la segunda queja medioambiental a nivel mundial, después del ruido”, explicaba Rosa Arias a La Voz de Galicia.

En esa entrevista, la investigadora también ponderó el rol de algunas ciudades españolas, como A Coruña, que fueron pioneras en crear ordenanzas municipales para proteger a poblaciones afectadas.

El enfoque de OdourCollect se probó en varios países europeos. También en ciudades de Chile y Uganda, donde fue usado de manera piloto para mapear el impacto de diferentes actividades odoríferas sobre zonas residenciales.

Tecnologías con olfato

En la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la calidad ambiental urbana, el proyecto SNIFFDRONE emerge como una herramienta prometedora. Desarrollado entre 2019 y 2020 con financiación de la Unión Europea a través de la iniciativa ATTRACT, tiene como objetivo principal dotar a las ciudades de un dron con capacidades olfativas. Este dispositivo es capaz de proporcionar mediciones de olores especialmente densas y localizar de forma autónoma las fuentes de molestias odoríferas en plantas de tratamiento de aguas residuales. 

El equipo detrás de SNIFFDRONE incluye investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y de la empresa Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM). El sistema utiliza una suerte de nariz electrónica compuesta por 21 sensores químicos y ambientales. Con ella, se detectan y mapean en tiempo real los focos de olor en plantas de tratamiento. Con ayuda de algoritmos, localiza las fuentes e intensidad de las emisiones, permitiendo intervenciones más rápidas y precisas.

“El sistema ha sido calibrado y validado en condiciones reales de operación mediante varias campañas de medición en la planta depuradora de aguas residuales de Molina de Segura (Murcia, España). Los resultados obtenidos nos permiten obtener un prototipo capaz de predecir la intensidad del olor de las muestras de aire ambiental en tiempo real. Y recolectar muestras de manera simultánea para su análisis en laboratorio tras el vuelo, lo que permite calibrar y validar el funcionamiento del sistema”, destacaron desde DAM. 

Otra tecnología destacada (y latinoamericana) es el Sumidero Invertido Selectivo (SIS), inventado en 1991 por el ingeniero uruguayo Rafael Guarga. Este dispositivo mecánico extrae aire frío desde zonas críticas y lo expulsa hacia capas superiores de la atmósfera, aprovechando la estratificación térmica. Inicialmente diseñado para proteger cultivos de las heladas, el SIS demostró ser eficaz también en el control de olores. Actualmente se utiliza en más de 15 países y en ciudades como Punta del Este.

¿Pequeñas ideas con impacto?

En algunas ciudades, las soluciones no llegan desde drones ni laboratorios, sino desde la calle misma. En 2018, París instaló orinales ecológicos —los uritrottoirs— para evitar que las personas orinen en la vía pública. Los dispositivos convierten la orina en compost, no usan agua, y cuentan con sistemas naturales de neutralización de olores.

Los uritrottoirs generaron una intensa polémica. Su instalación en lugares visibles, como la Île Saint-Louis, provocó críticas por falta de privacidad. También por ser exclusivos para hombres, lo que llevó a cuestionamientos sobre su adecuación en el espacio público. 

Sin embargo, esta experimentación fue defendida por las autoridades. Ariel Weil, alcalde de París Centro, aseguró que fueron instalados en puntos de la ciudad donde, según mediciones, las personas orinan con más frecuencia en lugares públicos y generan olores. 

Ciudades con mejor aire (y menos olor)

En cada experiencia, la solución no fue inmediata ni perfecta, pero sí efectiva al generar mejoras concretas. Desde drones hasta bacterias, desde normas hasta mapas colaborativos, las ciudades están afinando el olfato para detectar los problemas… y también las oportunidades.

“En las comunidades afectadas por contaminación por olor, la motivación principal es recuperar la calidad de vida y del aire en su entorno”, concluye Rosa Arias, convencida de que los sentidos también deben ser parte de la política urbana.

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Redacción +COMUNIDAD. 
^{Foto principal: Korie Jenkins | Unsplash}

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Por Eduardo Grin (*)

El asociativismo intermunicipal es una realidad en el federalismo y la gestión pública brasileña. Los números y la diversidad de políticas son significativos. Desde un enfoque académico, existen evidencias empíricas suficientes de este fenómeno en la administración pública municipal, además de una extensa producción en la literatura nacional sobre el tema. 

Es innegable que la expansión en cantidad y diversidad de los consorcios públicos existentes en Brasil ha convertido este tipo de arreglo territorial en una alternativa clave de cooperación intergubernamental dentro de nuestro federalismo.

El crecimiento de los consorcios fue especialmente notable después de la promulgación de la Ley de Consorcios Públicos en 2005, que permitió la creación formal de consorcios públicos. Estas nuevas normas jurídicas son parte de un avance iniciado con la modificación del artículo 241 de la Constitución Federal de Brasil, que redefinió la noción de servicios públicos y permitió que dos o más entes federativos se unieran para prestar un servicio de interés común. 

Esta legislación es innovadora en términos comparativos con otros países y ha sido un motor para el consorciamiento intermunicipal en Brasil. Esta ley y su reglamentación por el decreto n°6.107/2007 consolidaron las bases legales de esta forma de cooperación federativa entre municipios.

Los consorcios: una buena práctica de gestión municipal

Son cuatro los principales factores que impulsan los consorcios: 

1. Formales: jurídicos –mayor estabilidad en los vínculos entre entes–, organizativos –creación de estructuras supramunicipales– y gerenciales –mayor calidad en la acción regional vía acción colectiva municipal–.
2. Económicos: escala, eficiencia y uso racional de los recursos.
3. Políticos: cooperación intergubernamental, accountability (rendición de cuentas) y reducción del comportamiento autárquico aislado de los municipios.
4. Técnicos: ampliación de la capacidad de planificación regional integrada.

Los consorcios pueden configurarse como asociaciones de derecho público ratificadas por ley por los poderes Ejecutivo y Legislativo municipales. Su constitución define deberes y derechos de los municipios: financieros (contrato de reparto) y operativos (contrato de programa). La documentación para formalizarlos (pacto de intenciones, contrato de reparto, contrato de programa y contrato formalizado) induce una mayor convergencia en torno a las reglas deliberadas por los municipios.

El contrato de reparto permite planificar el flujo de recursos entre los entes sobre bases más estables, aunque puedan existir problemas de coordinación de la acción colectiva. Además, ser una asociación de derecho público, desde 2008, pasó a ser condición necesaria para que estos arreglos reciban recursos de transferencia voluntaria de la Unión (el Gobierno Federal).

Un segundo orden de argumentos es de carácter económico y de eficiencia en el uso de los recursos, pues la cooperación territorial puede viabilizar economías de escala en la planificación, regulación y promoción de servicios públicos. Especialmente, los municipios pequeños son los más propensos a formalizar adhesiones, ya que no disponen de condiciones para operar servicios cuyo costo es elevado, como ocurre en el área de salud. Se busca generar escala en el uso de los recursos para enfrentar las desigualdades regionales.

En cuanto a las ganancias organizativas, la articulación regional es una de ellas, mediante la planificación y gestión para implementar políticas públicas. La prestación integrada de servicios busca obtener economías de escala, de modo que la formación y capacitación de un cuerpo técnico especializado sea esencial para apoyar a los municipios.

En lo que respecta a las ganancias políticas, la nueva legislación, en vista de los pasos necesarios para la creación de estos arreglos, amplía la transparencia de sus acciones y formas de financiamiento, lo que brinda a la sociedad mayor control. Al no ser un pacto administrativo, ya que es necesario el aval de los Legislativos municipales, crece la exigencia para que los líderes políticos locales sean más responsables y accountables (rindan cuentas). 

Una práctica municipal en ascenso 

Los números del consorciamiento intermunicipal son expresivos y, para fines comparativos con otras federaciones, muy superiores tanto en términos absolutos como relativos. El texto a continuación muestra esta evolución desde 2005 hasta 2019 (último año con información disponible en la Pesquisa de Informações Básicas Municipais del IBGE, Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). 

Es importante destacar que el consorciamiento es una opción ampliamente difundida entre los municipios más pequeños, especialmente aquellos con hasta 50 mil habitantes (89% del total). Los números son elocuentes, ya que el total de ciudades participantes en consorcios en diferentes sectores es muy superior a los 5.568 municipios brasileños.

Si se considera la evolución del número de áreas en las cuales los municipios participan en consorcios públicos, de 2005 a 2019, el crecimiento fue del 230% (de 4274 a 9853, ya que una ciudad puede participar en varios consorcios en diferentes sectores). La salud es el sector más representativo (3.216 ciudades participantes y un crecimiento del 68,7% en ese período), seguido por residuos sólidos con 1.209 ciudades, medio ambiente (950 ciudades y un crecimiento del 245%), desarrollo urbano (827 y una expansión del 324%) y saneamiento (750 y un crecimiento del 220%). Asistencia social (499), turismo (509) y educación (441) forman un grupo intermedio. Por otro lado, en términos numéricos de ciudades, áreas como educación (441), saneamiento (220), transporte (344), cultura (385) y vivienda (292) han optado mucho menos por el consorciamiento.

La nueva legislación generó un punto de inflexión frente a la estabilidad proporcionada por las nuevas reglas del juego, lo que se refleja en la ampliación significativa del número de municipios que comenzaron a actuar colectivamente, especialmente los más pequeños. 

Según el Observatorio del Consorcio de la Confederación Nacional de Municipios, en 2024, 4786 localidades están consorciadas en Brasil en la modalidad de consorcio público, lo que representa el 85% del total de localidades. Existen 724 consorcios públicos en el país que están distribuidos de manera desigual regionalmente (ver gráfico abajo).

Sin embargo, en la media nacional, cada consorcio público cubre una población de 292.265 habitantes, lo cual es positivo considerando que el 70% de las ciudades tienen hasta 20.000 habitantes y el 90%, hasta 50.000 habitantes. 

Si los consorcios se forman para generar economías de escala y ganancias organizacionales, los números de este fenómeno en Brasil son una buena pista inicial. He aquí una buena práctica de gestión municipal consolidada en el país. En un año de elección para la elección de nuevos gobernantes para las ciudades brasileñas, queda la recomendación para que los postulantes al cargo de alcalde/a adopten esta idea en sus programas de gobierno.

(*) Eduardo Grin es politólogo y doctor en Administración Pública y Gobierno por la FGV/EAESP (Escuela de Administración de Empresas de São Paulo de la Fundación Getulio Vargas). Profesor del Departamento de Gestión Pública de la FGV/EAESP. Investigador y coordinador de relaciones institucionales del QualiGov (Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Calidad de Gobierno y Políticas para el Desarrollo Sostenible).

Este artículo de opinión forma parte de la serie “El papel de los municipios en el federalismo brasileño”, producido por investigadores del QualiGov (Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Calidad de Gobierno y Políticas Públicas para el Desarrollo Sostenible), en el marco de las elecciones municipales de 2024 en Brasil.

El artículo fue publicado originalmente en portugués en NexoJornal. Eduardo Grin autorizó a +COMUNIDAD su traducción y publicación. 

^{Imagen principal: Confederação Nacional de Municípios (CNM)}

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