En San Miguel, al noroeste del conurbano bonaerense, alguien puede ver algo extraño en la calle y escribirlo en un chat de WhatsApp. En segundos, ese mensaje ingresa al Centro de Operaciones del municipio, donde un operador lo cruza con las cámaras cercanas y despacha a la patrulla más próxima. La respuesta llega en menos de cinco minutos. El sistema es cada vez más conocido y se llama Ojos en Alerta, empezó en 2016 con un grupo de choferes de remis y hoy integra a más de un millón de personas distribuidas en 103 ciudades argentinas.

La herramienta no funciona sola. Detrás de cada mensaje hay un cuerpo de Policía Municipal que también cumple 10 años, un Centro de Operaciones que integra cámaras y denuncias, patrullas distribuidas por cuadrículas y una decisión política: asumir la prevención del delito como una competencia propia.

Esa combinación —tecnología accesible, inversión en infraestructura, voluntad institucional y Policía Municipal— ordena buena parte de la agenda de gestión del distrito. Es también parte de lo que permitió a San Miguel obtener, en 2026, la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL).

Encabezada por el intendente Jaime Méndez, la gestión local construyó en la última década un modelo que se proyecta más allá de la seguridad. En paralelo, el municipio sostuvo una política de primera infancia que empieza antes del nacimiento, convirtió un predio judicial abandonado en una reserva natural con salida al Río Reconquista, lanzó un hub tecnológico que forma programadores en barrios vulnerables y consolidó un calendario cultural con eventos que ya cumplieron diez años. 

Se trata de un modelo que atraviesa áreas distintas pero se sostiene sobre una misma premisa: el municipio es la primera ventanilla a la que llega la demanda ciudadana y, por lo tanto, tiene que responder. Y, para que eso ocurra, debe haber eficiencia en procesos internos. Las siguientes cinco políticas muestran cómo ese conjunto se integra en una manera de gestionar.

1. Ojos en Alerta: el vecino como primer sensor

En San Miguel, como en buena parte del conurbano bonaerense, la inseguridad se manifestaba en robos, siniestros viales, violencia de género y delitos contra el comercio. Había una particularidad local: pocos de quienes presenciaban un hecho llamaban al 911. La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y la cultura del “no te metas” convivían con la percepción cotidiana del delito.

La respuesta municipal combinó dos decisiones. La primera fue institucional: en julio de 2015 se creó formalmente la Policía Municipal, una fuerza jerarquizada que depende del Intendente y opera sobre el espacio público, con binomios compartidos con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La segunda decisión fue tecnológica. Concebida por Cristian “Piojo” Méndez, entonces secretario de Comunicación del distrito, la herramienta nació en 2016 como prueba piloto y se abrió al público general en 2018. El punto de entrada fue WhatsApp, la aplicación que los vecinos ya usaban a diario. La convocatoria empezó por quienes más circulan —choferes de remises y colectivos— y luego sumó comerciantes, encargados de edificios y cualquier vecino capacitado.

La lógica de fondo fue recolectar información que el sistema tradicional no estaba captando. “En Argentina, el 60% de los delitos no se denuncian”, explica Méndez. “Si no tenés datos, no podés prevenir”, insiste.

Los mensajes llegan al Centro de Operaciones Municipal, donde convergen también las imágenes de las cámaras de la vía pública. El operador activa la patrulla de la cuadrícula correspondiente y, en promedio, un móvil llega al lugar en menos de cinco minutos. Es decir, se activa la Policía Municipal. Las alertas procesadas anualmente en San Miguel alcanzan las 41.000, los usuarios activos del sistema en el distrito superan los 120.000 y el 85% de los reportes son para ayudar a otra persona.

El impacto sobre el delito responde a la suma de varios instrumentos: Ojos en Alerta, aplicación de inteligencia artificial, lectores de patentes, renovación de móviles y armas no letales. Méndez señala que en delitos con registro confiable —robo automotor, hurto, robo de motos y homicidios— el descenso en la última década se ubicó entre el 50 y el 75%. También refuerza que todo esto funciona porque está la Policía Municipal detrás.

El modelo se exportó sin franquicias ni costos de licenciamiento. Las 103 ciudades argentinas que lo replican tienen cada una su propio WhatsApp y su propio Centro de Operaciones, con capacitación de los equipos locales a cargo de San Miguel. En 2024, RIL reconoció al distrito como Ciudad Inspiradora por este programa. En julio de ese mismo año, la provincia de Córdoba firmó un convenio para adoptarlo. 

Lo que parece un gesto simple —escribir tres líneas en un chat de WhatsApp— se sostiene sobre una infraestructura pensada, financiada y operada por el municipio.

2. Primera infancia: del embarazo al jardín, sin que nadie quede afuera

La mortalidad materno-infantil y la prematurez tienen un denominador común: la falta de controles prenatales. La Subsecretaría de Primera Infancia de San Miguel diseñó un sistema escalonado que empieza antes del nacimiento y se extiende hasta que el niño ingresa al jardín de infantes.

La primera pieza es el Camino de la Embarazada (CDLE). Combina rastrillaje casa por casa, operativos con unidades móviles equipadas para controles obstétricos y ecografías, y una línea telefónica —Red Madre— que funciona como puerta de entrada directa. 

“Buscamos a mujeres embarazadas que no tengan algún control y hacemos un par de preguntas para detectar si están realizando los controles en fecha”, describe Alida, encuestadora del programa, en un registro audiovisual del municipio. María José, una madre que ingresó al programa sin saber que estaba embarazada, resume el impacto desde el otro lado del circuito: “Vinieron y me ayudaron con el tema de los turnos. Acá nunca te vas a sentir discriminada”.

En 2018, el dispositivo redujo en un 20% la cantidad de mujeres que llegaban al parto sin controles, y la mortalidad infantil local se ubicó por debajo del promedio provincial. La gestión 2025 muestra que el programa se consolidó: 84 operativos asistieron a 704 embarazadas, y el 94% de los nacimientos acompañados fueron a término.

Cuando el niño nace, comienza Los Primeros Mil Días, dirigido a familias en situación de extrema vulnerabilidad hasta los dos años de edad, con acompañamiento domiciliario que articula salud y desarrollo social. 

“Estamos en contacto por mensaje: cómo están los chicos, cómo van los controles, cuánto pesan”, cuenta Cintia, una de las madres acompañadas, en un registro municipal. Lo que más valora, dice, es “la parte humana: ver que hay personas que se preocupan por las necesidades de otras”. En 2025, el programa alcanzó a 339 niños. El 45% de las intervenciones requirió, en algún momento, la participación del Servicio Local para medidas de protección o seguimiento, un dato que describe la complejidad social sobre la que opera la política.

El tercer eslabón son los Centros de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF). Los diez centros del distrito atienden a niños de 45 días a 3 años en espacios de estimulación, nutrición y socialización, y hacen seguimiento para que ningún niño “caiga” del sistema al terminar el ciclo. En 2025, de 206 niños seguidos, el 100% se inscribió en el jardín de infantes y el 88,7% asistía de manera regular. Para Macarena, madre de una de esas niñas, el CDIF es “un lugar de contención” que, sobre todo, le da “tranquilidad”.

La política incluye una línea adicional que trabaja sobre el entorno adulto: Proyecto de Vida acompaña a las madres beneficiarias de Mil Días con talleres de oficios y un pilar complementario, Hecho en Casa, orientado al emprendedurismo autogestivo. En 2025, 17 mujeres completaron la formación y participaron en ferias municipales.

“En San Miguel cuidamos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte”, enfatiza la Municipalidad que encabeza el intendente Jaime Méndez.

3. Reserva Natural Urbana El Corredor: de chatarrero judicial a pulmón verde

En 2010, San Miguel contaba con apenas 1,10 m² de espacio verde por habitante, muy por debajo de los 10 m² recomendados a nivel internacional. En paralelo, en Bella Vista, un predio de 8 hectáreas a orillas del Río Reconquista funcionaba como chatarrero judicial: más de 2.200 vehículos acumulados desde 2004 y un basural clandestino de residuos áridos. El mismo terreno, sin embargo, tenía 290 metros de costa sobre el río y ecosistemas nativos con especies vegetales de más de un siglo.

La decisión del municipio fue recuperar ese pasivo ambiental y convertirlo en un activo público. Trabajar sobre el predio fue, literalmente, partir del cero. “Era un suelo sin nutrientes, sin vida”, resumió en una entrevista con Infobae en 2022 Alejandro Hillar, entonces coordinador de actividades en la reserva y trabajador de la Subsecretaría de Ambiente del municipio.

El diseño se apoyó en dos principios poco frecuentes para una obra de esta escala: uso de recursos existentes y participación comunitaria. El saneamiento pesado se ejecutó aprovechando los tiempos ociosos de los equipos de Obras Públicas e Higiene Urbana. Los restos de poda se compostaron como materia orgánica para mejorar el suelo. Las maderas de descarte se reutilizaron para cartelería y senderos. La reforestación se apoyó en donaciones de otras reservas naturales y en acciones de responsabilidad social empresarial.

Los resultados son tangibles. Se erradicaron 2.400 vehículos y 300 toneladas de chatarra. La superficie de espacios verdes públicos del distrito creció un 30%. La presencia de animales silvestres aumentó un 133%, con más de 200 especies registradas. Cada año se plantan más de 1.000 ejemplares nativos y la reserva recibe más de 40.000 visitantes y voluntarios anuales, con 100 escuelas de la región vinculadas a su programa educativo.

El marco normativo blindó el proyecto contra los ciclos políticos. La Ordenanza 13/2016 creó formalmente la reserva. La Ordenanza 41/2017 estableció un “banco de árboles nativos” alimentado por las sanciones aplicadas a extracciones no autorizadas: los ejemplares talados ilegalmente se transforman en unidades nuevas para la restauración.

En 2021, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación distinguió a San Miguel con la 12° mención en el Concurso de Experiencias Innovadoras de Planificación. En noviembre de 2025, CNN en Español cubrió la transformación del chatarrero en reserva dentro de su especial Día del Llamado a la Tierra, como caso internacional de restauración ambiental urbana.

El indicador menos medible es también el más revelador. Tras cerca de cinco décadas, los vecinos volvieron a remar en las aguas del Río Reconquista a través del festival La Reconquista del Río. Para Hillar, la reserva es, sobre todo, “un espacio para que la gente reconecte con la naturaleza”. Un predio que había sido patio trasero de la ciudad pasó a ser, literalmente, uno de sus frentes.

4. Usina Tecnológica: formar para la economía del conocimiento

La política educativa de San Miguel parte de un diagnóstico operacional: el desacople entre la formación secundaria disponible en el distrito y los perfiles que demanda el mercado laboral tecnológico.

La respuesta es la Usina Tecnológica (UTEC), un hub inaugurado como parte del Plan DECTI (Desarrollo de la Economía del Conocimiento). Combina 178 m² de coworking gratuito con cuatro aulas equipadas con kits de robótica, impresoras 3D y computadoras táctiles de 75 pulgadas. En alianza con la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Tecnológica Nacional, se lanzaron carreras cortas en tecnología inéditas en el distrito.

Desde su puesta en marcha, 10.000 personas participaron de iniciativas educativas, con más de 4.000 egresados. Mil jóvenes de barrios vulnerables accedieron a becas en programación y marketing digital. Las sucesivas ediciones del Hackatón convocaron a 1.100 jóvenes. En 2025, 140 alumnos de escuelas técnicas cumplieron las 200 horas obligatorias de prácticas profesionalizantes en áreas municipales, y la Expo Joven “Yo elijo mi Futuro” reunió a 1.820 personas.

La política educativa no se agota en el eje tecnológico. En paralelo, la gestión sostiene dispositivos orientados a fortalecer la identidad educativa del distrito: los Nucleamientos Educativos —encuentros barriales donde las escuelas exponen sus producciones anuales— convocaron en 2025 a 150 escuelas y 6.898 personas; la Promesa a la Bandera en Campo de Mayo reunió a 4.000 alumnos y 10.000 asistentes; las jornadas pedagógicas capacitaron entre 500 y 800 docentes.

“El proyecto Abanderados fue movilizador para toda la comunidad educativa”, sintetiza Cecilia Garrido, del Complejo Educativo Club Atlético San Miguel. “Fue una oportunidad de sumar emoción real a lo simbólico”, agrega.

Sumados todos los dispositivos, 54.167 alumnos se integraron a proyectos de articulación municipal en 2025. Los Nucleamientos Educativos y las prácticas profesionalizantes se realizan desde la Dirección de Experiencias Educativas de la Secretaría de Educación. “No se limita a lo tecnológico. El área reafirma su rol como corazón ejecutor de una política que busca, ante todo, una educación presente, técnica y profundamente humana”, destacan desde la Municipalidad.

5. Un calendario cultural que potencia la vida comunitaria

La fragmentación social y el debilitamiento de los vínculos comunitarios en entornos urbanos son fenómenos que parecen resistirse a la política pública tradicional. En San Miguel, la respuesta fue construir un calendario anual de eventos culturales que ocupan la ciudad con regularidad y se financian con la infraestructura existente.

La Plaza de las Carretas, la catedral del distrito, el corredor aeróbico sobre la avenida Francia y el Centro Cívico alojan encuentros con un formato común: participación activa de la sociedad civil, protagonismo de artistas y ballets locales, y convocatoria intergeneracional. El Carnaval Criollo, que en 2026 cumple diez años, reúne entre 5.000 y 8.000 personas antes del inicio de la cuaresma. La Maratón San Miguel Arcángel convoca a 5.000 inscriptos en sus pruebas aeróbicas. El Festival Criollo y la Fiesta Patronal —heredera de una tradición iniciada en 1896— suman cada uno 4.000 asistentes. La Noche de los Libros, también con diez años de continuidad, es el evento con mayor convocatoria: 10.000 asistentes en diciembre, al aire libre, entre libreros, editoriales y escritores.

El criterio de eficiencia en esta política es menos evidente que en las anteriores, pero está presente. El presupuesto cultural se optimiza al priorizar el protagonismo de ballets, grupos folclóricos y artistas locales por sobre producciones externas de mayor costo. La infraestructura urbana se usa como escenario en lugar de construir recintos específicos. La programación se concentra en fechas ya significativas para la comunidad —carnaval, fiestas patronales, conmemoración del 2 de abril—, lo que multiplica el impacto simbólico sin duplicar el gasto.

Lo que el municipio busca, según el propio plan cultural, es que los vecinos “se sientan parte de algo más grande y se reconozcan entre sí”. La formulación es difícil de medir, pero tiene un correlato visible en los diez años de continuidad que algunos eventos ya acumulan.

Gestionar desde el primer mostrador

Las cinco políticas descritas no son proyectos aislados. Son piezas de una manera de gestionar que asume que el municipio es, como suele decirse en el propio lenguaje interno de la Intendencia, el “primer mostrador” de la demanda ciudadana. Esa premisa lleva al gobierno local a responder incluso cuando la Constitución no le asigna la competencia de manera formal.

En un distrito del conurbano bonaerense que enfrenta los problemas típicos de los gobiernos locales latinoamericanos —demanda creciente, recursos limitados, competencias ambiguas—, San Miguel construyó una agenda que trata de ordenar lo que tiene a mano y medir lo que hace. La certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente obtenida en 2026 por el programa 100 Ciudades Certificadas de RIL es la consecuencia institucional de ese recorrido.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en San Miguel, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Santa Rosa y Junín:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron una distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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Por María Eugenia Battafarano,
coordinadora de Ciudades Certificadas de RIL

¿Qué significa que un municipio esté certificado en gestión eficiente? ¿Qué se mide exactamente y qué alcances tiene esta evaluación? En esta columna repasamos el alcance de estas distinciones, sus niveles y los puntos que conviene tener presentes para interpretar qué hay detrás de cada ciudad certificada por la Red de Innovación Local en Argentina. 

La Certificación en Gestión Eficiente es el eje del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL. Funciona como una herramienta de diagnóstico y reconocimiento para gobiernos locales argentinos que trabajan en mejorar su administración interna, con el horizonte de que esa mejora se traduzca en servicios más accesibles y eficaces para la ciudadanía. No es un ranking, no es un premio y no es una auditoría punitiva. Conviene detenerse en cada una de estas consideraciones.

Desde julio de 2025, +COMUNIDAD viene publicando la serie “Cinco políticas que reflejan eficiencia municipal”, donde cada entrega recorre las experiencias concretas de una ciudad certificada. Esta columna acompaña esa serie: busca ofrecer el marco que permita leer cada caso con mayor contexto sobre qué evalúa el programa y cómo se estructura.

Qué SÍ es una Certificación en Gestión Eficiente

Un reconocimiento al compromiso y la buena gestión

La Certificación en Gestión Eficiente es, ante todo, un reconocimiento público a los gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de manera responsable, estratégica y sostenible. No es un simple diploma; es una validación objetiva de que el municipio implementa prácticas efectivas y eficientes, alineadas con los principios de innovación y buen gobierno que promovemos.

En este proceso, RIL evalúa lo que sucede dentro del municipio: cómo el municipio administra internamente sus recursos, para después impactar en mejores servicios para su ciudadanía. Pero antes de explicar cómo lo hacemos, es necesario aclarar qué es lo que entiende RIL por gobiernos eficientes. Para nosotros, un gobierno eficiente es aquel que:

• Administra los recursos de manera eficiente, garantizando que sus ingresos y gastos estén alineados de manera sostenible.
• Cuenta con ingresos provenientes de una combinación equilibrada de fuentes estables, que permitan que la ciudad mantenga sus operaciones básicas sin recurrir a medidas distorsivas.
• Posee gastos alineados con las necesidades básicas de la comunidad, que eviten la ejecución de proyectos mal diseñados o innecesarios.
• Tiene una visión clara de ciudad, con objetivos y metas concretas que le permitan alcanzarla.
• Posee un equipo formado para liderar el proceso de planificación y el seguimiento de los objetivos propuestos.
• Actúa de manera abierta, accesible y clara, permitiendo que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los recursos y cuáles son los resultados de las políticas implementadas.
• Brinda a la ciudadanía acceso rápido, multicanal y de calidad a servicios públicos esenciales que permite una atención personalizada y eficiente, contribuyendo al bienestar general de la población.
• Incorpora soluciones digitales a la gestión para optimizar los servicios ofrecidos, asegurando procesos más rápidos, transparentes y accesibles mediante principios de simplificación.
• Puede identificar las necesidades de la ciudadanía y dar respuesta rápida y eficaz.
• Tiene una estrategia de capital humano alineada con las habilidades y conocimientos necesarios para que los empleados realicen sus tareas de manera eficiente.

Cómo se mide el grado de eficiencia municipal

Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Para poder medir objetivamente el grado de eficiencia del gobierno local, RIL evalúa su desempeño en seis ejes: Profesionalización, Finanzas Locales, Atención Ciudadana, Transformación Digital, Gobierno Abierto y Capital Humano. 

Cada eje se mide a través de indicadores, que son preguntas de respuesta Sí/No y cuya validación requiere documentación de respaldo. Este rigor en la evaluación busca que la mejora de la gestión se traduzca en beneficios concretos para los vecinos, como una atención más ágil, finanzas más transparentes o programas municipales más efectivos y adaptados a sus necesidades.

Más allá de la validación, el verdadero propósito de esta certificación es acompañar a los gobiernos locales que buscan transformar su gestión. Es un proceso que moviliza a los equipos municipales, promueve el trabajo intersectorial y fortalece la cultura de la evaluación y la planificación estratégica.

Obtener una certificación no es un punto final, sino parte de un ciclo virtuoso. Implica un proceso de evaluación objetiva, recopilación de evidencias y, en muchos casos, la identificación de oportunidades de mejora que RIL acompaña con recursos y metodologías. Muchos municipios descubren durante este camino la importancia de la articulación interna entre áreas, la necesidad de robustecer la documentación de sus procesos o la relevancia de una comunicación clara con la ciudadanía sobre sus avances, lo que fortalece sus capacidades de gestión a largo plazo.

Para garantizar que este impulso de mejora sea sostenible, la certificación cuenta con una validez de tres años, lo que incentiva una revisión y actualización constante de las capacidades locales. Además, al ser un proceso sin costo para el municipio, se elimina cualquier barrera de acceso, asegurando que el foco permanezca exclusivamente en la excelencia de la gestión y el impacto en la comunidad.

Niveles de certificación: un camino progresivo para cada municipio

Entendemos que no todas las ciudades se encuentran en el mismo punto de partida ni tienen el mismo nivel de avance en su gestión. Por eso, el programa de Certificación en Gestión Eficiente de RIL está diseñado con una progresión de niveles que permite a cada municipio unirse desde su realidad y crecer de manera sostenida. Esta estructura reconoce los diferentes grados de madurez en las prácticas de buen gobierno y fomenta un camino de mejora continua adaptado a cada contexto local.

Los niveles de certificación son tres: Promesa, Líder y Faro. El nivel Promesa está pensado para aquellos municipios que inician su recorrido en la mejora de la gestión, demostrando un compromiso claro con la implementación de prácticas básicas y la voluntad de avanzar. El nivel Líder se otorga a las ciudades que ya han consolidado varias prácticas eficientes y muestran un impacto significativo en sus áreas de gestión. Finalmente, el nivel Faro reconoce a los municipios que no solo han alcanzado un alto grado de eficiencia y excelencia, sino que también se han convertido en referentes y modelos a seguir para otras localidades de la Red.

Para alcanzar estos niveles, los municipios son evaluados en los ejes de gestión definidos anteriormente: Profesionalización, Finanzas Locales, Atención Ciudadana, Transformación Digital, Gobierno Abierto y Capital Humano. Para poder acceder a la certificación deben obtener un puntaje superior al 50% en todos los ejes y, además, cumplir con los criterios mínimos establecidos para cada uno. Aquellos que obtienen puntajes superiores al 50% en todos los ejes califican para la certificación Ciudad Promesa. Las ciudades que demuestran una gestión aún más eficiente, con puntajes superiores al 60%, acceden al nivel Ciudad Líder. Y los gobiernos locales que alcanzan la excelencia, con puntajes superiores al 80% en todos los ejes, son reconocidos como Ciudad Faro.

Esta progresión busca motivar a los gobiernos locales a identificar sus fortalezas, trabajar en sus oportunidades de mejora y, gradualmente, escalar en su compromiso con la gestión pública de calidad. Cada nivel no solo significa un reconocimiento, sino también una hoja de ruta para seguir potenciando las capacidades internas y generar un mayor impacto en la vida de sus vecinos.

Qué NO es la Certificación en Gestión Eficiente: desmitificando conceptos 

Es igual de importante aclarar lo que la certificación no es, para evitar expectativas equivocadas y enfocarnos en su valor real:

• No es un ranking ni una competencia. Las certificaciones no buscan establecer un orden de “mejores” y “peores” municipios. Cada proceso es individual y se enfoca en el crecimiento y la mejora del propio gobierno local, reconociendo el esfuerzo y la implementación de prácticas específicas.
• No es una “solución mágica” ni un fin en sí mismo. Una certificación no resuelve de un día para el otro todos los desafíos de una ciudad. Es una herramienta que valida un camino recorrido y estimula la continuidad del trabajo. El impacto real radica en el compromiso constante con la mejora de la gestión.
• No es una auditoría externa punitiva. Si bien requiere presentación de evidencias y una evaluación de RIL, el enfoque es de acompañamiento y facilitación. No busca sancionar, sino identificar oportunidades y apoyar el desarrollo de capacidades.
• No es una intervención directa en la autonomía municipal. Se respeta la autonomía de cada gobierno local. La certificación es una guía y un reconocimiento, no una imposición de políticas o decisiones.
• No es un sustituto de la rendición de cuentas a la ciudadanía. La certificación complementa, pero no reemplaza, la obligación de cada gobierno local de rendir cuentas a sus vecinos y vecinas sobre su gestión.
• No es una evaluación de servicios públicos. Aunque una administración eficiente de los recursos públicos debería traducirse en mejores servicios para la ciudadanía, esta certificación no mide directamente la calidad de los mismos.

¿Por qué destacamos cinco políticas que reflejan eficiencia?

Es fundamental reconocer las buenas prácticas y también difundirlas ampliamente. En julio de 2025, comenzamos a publicar la serie de notas de +COMUNIDAD, “Cinco políticas que reflejan eficiencia: el caso de tal ciudad”, con el objetivo de visibilizar ejemplos concretos de municipios que están implementando acciones innovadoras y responsables en la administración de sus recursos, en sintonía con los ejes que evaluamos en el proceso de certificación.

Estas notas refuerzan nuestra convicción en RIL: la eficiencia gubernamental, medida en aspectos como la profesionalización de equipos, la optimización de finanzas o la transformación digital, tiene un impacto directo y positivo en la vida de los vecinos. 

Al destacar estas políticas, buscamos inspirar  a otros gobiernos locales a seguir el camino de la mejora continua. Además, ofrecemos una mirada práctica sobre cómo una gestión interna sólida se traduce en mejores servicios y una mayor calidad de vida para toda la ciudadanía.

Ciudades Certificadas: un compromiso con la transformación local

La capacidad de innovar y mejorar ya reside en cada municipio; esta es una convicción profunda que guía nuestro trabajo. El verdadero desafío no es la ausencia de potencial, sino cómo activarlo y acompañar su desarrollo de manera sistemática y sostenible. Este camino hacia una gestión pública más eficiente y cercana a la gente es un proceso continuo y transformador.

En este sentido, las herramientas y metodologías que impulsamos, como la certificación, buscan ser una guía para la excelencia. No sólo validan un recorrido, sino que también ofrecen una hoja de ruta clara para identificar oportunidades de mejora y consolidar prácticas que generen un impacto real en la comunidad.

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