El nombre lo dice en lengua huarpe: “Guay-mayén” significa “tierra de ciénagas, vegas o bañados”. Mucho antes de que la urbanización transformara el territorio, la zona acumulaba agua por condición natural. Con el crecimiento acelerado de las últimas décadas, ese rasgo histórico se convirtió en un problema de gestión pública que ningún gobierno local había podido resolver.

Guaymallén es el departamento más poblado de Mendoza (Argentina), con más de 321.000 habitantes según el censo de 2022. Más superficie construida significó más suelo impermeabilizado y menos capacidad de absorción ante cada tormenta. Las precipitaciones mendocinas suelen ser breves, pero de alta intensidad.

La geografía hacía del departamento el punto más vulnerable del Gran Mendoza. El investigador del CONICET Alberto Vich lo explica con precisión: todos los cauces del piedemonte corren de oeste a este y su principal colector es el canal Cacique Guaymallén, que históricamente tiene menos capacidad de conducción que la suma de todos los canales que desembocan en él. Cada tormenta, la misma agua llegaba concentrada al mismo embudo. El resultado eran 50 calles y barrios anegados.

En 2019, el gobierno nacional firmó un acuerdo con el municipio para ejecutar obras de mitigación de inundaciones con una inversión de 319 millones de pesos (aproximadamente 6 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), que incluyeron el mejoramiento de la red de canales y acequias, pavimentos permeables, lagunas de retención y obras de drenaje urbano de impacto.

Ese acuerdo fue la base de lo que luego se consolidaría como el Plan de Drenaje Municipal Urbano (PMDU).

La reingeniería que cambió la lógica del drenaje urbano

El Plan de Drenaje Municipal Urbano (PMDU) no amplió el sistema existente: lo rediseñó desde su lógica. “Se hizo una reingeniería y se modificó la lógica de los drenajes urbanos para resolver un problema muy grave y estructural que tenía Guaymallén”, explicó el intendente Marcos Calvente al presentar el plan en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, en noviembre de 2024.

El cambio conceptual es el núcleo del modelo. Los sistemas de drenaje convencionales priorizan la conducción: llevar el agua lo más rápido posible hacia los cauces principales. El PMDU adoptó un enfoque opuesto, orientado a la retención y la infiltración en el origen mismo de la escorrentía. 

“Hemos sido el primer municipio del interior del país que estableció estrategias con un impacto muy fuerte, que tienen que ver con retener el flujo del agua de la lluvia in situ y generar infiltración”, señaló Calvente.

Las obras incluyeron la canalización y revestimiento de canales secundarios y terciarios, la incorporación de nuevos trazados hidráulicos y la construcción de lagunas de retención que controlan los escurrimientos desde su origen.  Además, se instalaron sensores electrónicos en los reservorios que regulan la liberación del agua según la capacidad disponible del sistema, lo que permite optimizar el rendimiento en tiempo real y evitar saturaciones en puntos críticos. 

En total, las dos etapas del plan alcanzaron 400 kilómetros de canalizaciones hidráulicas. El financiamiento provino de la Secretaría de Política e Infraestructura Hídrica de la Nación, con una inversión aproximada de 6 millones de dólares.

Los resultados frente a una temporada exigente

La temporada de lluvias 2025-2026 fue la prueba más reciente y más exigente. Las precipitaciones fueron fuertes y continuas durante varias semanas. Desde la Municipalidad de Guaymallén, afirmaron a +COMUNIDAD que “el sistema funcionó bien”: los más de 40 barrios que históricamente se anegaban no registraron ese problema.

El contraste con el resto del Gran Mendoza fue notorio. Durante uno de los temporales de febrero de 2026 que afectó a la región, los daños en Guaymallén fueron mínimos, con tres viviendas afectadas, mientras departamentos vecinos reportaban evacuados, desbordes de cauces y viviendas inundadas. Los datos acumulados desde la implementación del PMDU indican que el sistema capta más del 70% del agua de lluvia de la cuenca.

El alcance del modelo trascendió las fronteras del departamento. En Barcelona, tras la exposición en el Smart City Expo, se concretaron reuniones con alcaldes de América Latina y Europa interesados en el plan de drenaje urbano de Guaymallén, en un contexto marcado por las inundaciones de Valencia, que habían instalado la gestión hídrica en el centro del debate internacional.

El Acceso Este: la barrera que el municipio no puede resolver solo

Los logros del PMDU tienen una excepción geográfica precisa. La zona sur del departamento, a la altura de un reconocido centro comercial, sigue siendo vulnerable. La causa es estructural y, según entienden desde el gobierno local, excede a la competencia municipal.

El Acceso Este —la ex ruta nacional 7— actúa como una barrera física que interrumpe el escurrimiento norte-sur del departamento. “Además de cortar la integración norte-sur, funciona como dique al drenaje de agua y se inunda la zona sur a la altura del Mendoza Shopping”, reconoció el municipio ante la consulta de +COMUNIDAD. La temporada 2025-2026 dejó imágenes de ese anegamiento en varios medios locales.

La solución depende del gobierno provincial, afirman en Guaymallén. Un proyecto en licitación contempla la ampliación a una tercera trocha, el alteo de la traza en el sector más complejo, la construcción de tres puentes nuevos, la ampliación de otros dos existentes y la mejora de los sistemas de drenaje. El costo ronda los 40 millones de dólares y se realizó una audiencia pública el 18 de marzo de 2026. Desde el municipio indicaron que, una vez ejecutadas estas obras, el sistema de drenaje urbano quedará completo en toda la extensión del departamento.

Qué necesita una ciudad para replicar este modelo

El PMDU ofrece aprendizajes concretos, pero con condiciones que no siempre están disponibles.

La primera es el financiamiento externo de escala. La inversión de 6 millones de dólares requirió un acuerdo con el gobierno nacional y un proyecto técnico que lo justificara: no era sostenible con recursos municipales propios. La segunda es el diseño basado en evidencia territorial: el sistema fue concebido a partir de un estudio detallado de las características climatológicas y morfológicas del departamento, no como solución genérica exportable sin adaptación. La tercera es la continuidad: el plan se ejecutó en etapas a lo largo de siete años, lo que exige priorización sostenida más allá de los ciclos electorales.

Hay también una advertencia técnica que el caso vuelve visible: la infraestructura vial preexistente puede neutralizar los beneficios de un plan de drenaje urbano si no se la analiza en clave hidráulica. 

El Acceso Este no fue diseñado pensando en el agua, pero opera hoy como una barrera de escurrimiento. Esa variable quedó fuera del alcance del plan municipal. Resolverla requiere la intervención de otro nivel del Estado —y en Guaymallén, esa articulación está en marcha.

Redacción +COMUNIDAD

Foto principal: Municipalidad de Guaymallén. 

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Un quirófano móvil para mascotas instalado en una plaza barrial. Una mesa para tramitar la tarjeta de transporte SUBE. Otra para consultar por tierras o viviendas. Charlas de educación vial y un espacio para resolver gestiones que, hasta hace poco, exigían viajar hasta el centro. La escena se repite en distintos barrios de Junín y resume una idea que atraviesa buena parte de las políticas locales: la eficiencia, más que una mera cuestión administrativa, es una forma concreta de organizar el vínculo entre el Estado y la ciudadanía.

En los últimos años, el municipio puso en marcha un conjunto de iniciativas orientadas a ordenar procesos, reducir tiempos, usar mejor la información disponible y acercar servicios. Algunas operan puertas adentro de la administración; otras se expresan directamente en la vida cotidiana de la población. En conjunto, estas prácticas explican por qué Junín fue reconocida como Ciudad Promesa en el programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL), una distinción que evalúa metodologías sostenidas de gestión.

A continuación, recorremos cinco políticas que permiten entender cómo se traduce esa eficiencia en la práctica.

1. La Muni en tu Barrio: descentralizar para llegar antes

La política de La Muni en tu Barrio parte de una definición simple: si el acceso a los servicios públicos depende de la capacidad de trasladarse, el Estado llega tarde. Por eso, el programa invierte la lógica tradicional y lleva la Municipalidad a los barrios.

El dispositivo articula áreas municipales con sociedades de fomento y despliega operativos integrales en distintos puntos de la ciudad y en cinco localidades del partido. Salud, trámites, asesoramiento, prevención y actividades comunitarias conviven en una misma jornada. Castraciones y vacunación antirrábica, gestiones vinculadas a Defensa del Consumidor, Tierras y Viviendas, entrega de tarjetas SUBE, cursos de manipulación de alimentos, licencias de conducir o propuestas recreativas forman parte del menú.

El programa llegó a 40 de los 64 barrios de Junín, y dio lugar a múltiples iniciativas complementarias, como Voy en Cole o Cine en mi barrio. 

Para Julio Miguenz, presidente de la federación que nuclea a las sociedades de fomento, “la valoración del programa La Muni en tu Barrio es realmente muy positiva”. ”De 53 sociedades de fomento, el programa llegó a 40. Eso es para destacar y eso habla del compromiso”, agrega. 

Desde la gestión municipal, la política se presenta como una forma de eficiencia basada en la cercanía. Pablo Petrecca, exintendente de Junín (2015-2025), lo sintetizó en estos términos: “Es ir a buscar la demanda oculta, tocar timbre y llevar al vecino una solución a su casa, en definitiva, llevar el Estado a cada casa”.

Más allá del volumen de servicios prestados, el impacto central del programa se vincula con la reducción de barreras de acceso y con una administración que reorganiza su agenda a partir del territorio.

2. ARJUN: menos ventanilla, más datos

La creación de la Agencia de Recaudación Junín (ARJUN) marcó un punto de inflexión en la relación entre el municipio y los contribuyentes. Antes, Rentas, Catastro y Habilitaciones funcionaban de manera dispersa. Hoy, esos procesos están integrados en un ente descentralizado, con mayor autonomía operativa y foco en el uso de información.

Uno de los cambios más visibles fue la implementación de la boleta única y mensual, que unificó distintas tasas en la Tasa de Servicios Públicos Urbanos. El resultado fue una simplificación del pago y una reducción de la morosidad, al evitar montos acumulados bimestrales. En paralelo, la digitalización permitió avanzar con habilitaciones exprés: en 2025, una habilitación simple se resolvía, en promedio, en 10 días hábiles, cuando antes podía demorar meses.

La agencia también incorporó herramientas de fiscalización inteligente. Al cruzar bases de datos, en 2025 se dieron de baja 120 CUITs inactivos y se regularizaron 250 expedientes atrasados. Además, se relevaron más de 500 comercios de forma dirigida, optimizando el tiempo de los inspectores.

La implementación de la turnera digital en ARJUN respondió a un proceso de reorganización administrativa orientado a ordenar la atención y mejorar la circulación dentro del edificio. Según explicó su directora, Silvina D’Ambrosi, el objetivo fue “ordenar el funcionamiento administrativo y la circulación de personas”, de modo de optimizar los tiempos tanto del personal como de quienes realizan trámites.

El impacto de la digitalización también se refleja en el sector comercial. Para Mariana Mucciolo, presidenta de Comercio e Industria, la medida permitió “facilitar los trámites” y ahorrar tiempo, un recurso clave para comerciantes y emprendedores. En particular, destacó la posibilidad de gestionar la Habilitación Simple de manera remota, sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas municipales.

En términos fiscales, la eficiencia no se tradujo sólo en mayor recaudación, sino en mayor previsibilidad: el municipio logró sostener cuentas equilibradas y proyectar actualizaciones de tasas escalonadas y por debajo de la inflación esperada.

3. Junín Ciudad del Conocimiento: preparar el futuro

La estrategia Junín Ciudad del Conocimiento expresa una apuesta de largo plazo por transformar la matriz productiva y educativa local. Bajo este paraguas conviven la Escuela de Robótica, la Escuela de Innovación y Tecnología, nodos tecnológicos barriales y espacios de coworking, articulados a través de un Plan Estratégico Informático (PEI) construido con actores públicos y privados.

Entre 2024 y 2025, 2.688 personas participaron de estas propuestas. Sólo la Escuela de Robótica registró 1.057 inscriptos, con cursos que van desde iniciación con Rasti hasta inteligencia artificial. La Escuela de Innovación y Tecnología sumó 753 estudiantes en áreas como programación, marketing digital, UX/UI o análisis de datos. A su vez, los nodos tecnológicos alcanzaron a 878 personas en distintos barrios de la ciudad, mientras que el espacio de coworking registró 5.379 usos en el período analizado.

El crecimiento de la Escuela de Robótica fue uno de los indicadores más claros de la demanda existente. Iniciada en 2023, la institución rápidamente superó su capacidad original, lo que derivó en la construcción de una nueva sede y en la ampliación de la propuesta formativa. Según explicó Pablo Petrecca, la expansión respondió, más que a una cuestión edilicia, a la necesidad de incorporar nuevas habilidades y tecnologías: aulas maker, contenidos vinculados a inteligencia artificial, plataformas virtuales y formación en robótica aplicada, entre otras.

Más allá de la infraestructura y la escala, la política se inscribe en una definición estratégica sobre el futuro del trabajo. “Estamos hablando de la economía del conocimiento”, sostuvo el entonces intendente, al señalar que la formación temprana en tecnología busca preparar a niños y jóvenes para un mercado laboral en transformación, atravesado por cambios acelerados en la ciencia, la innovación y los procesos productivos.

Desde esta perspectiva, Junín Ciudad del Conocimiento se plantea como una política pública que articula educación, desarrollo productivo y planificación de largo plazo, con el objetivo de anticiparse —desde el nivel local— a transformaciones que ya están en curso.

4. Proyectar: suelo urbano con reglas claras

El programa Proyectar aborda una de las problemáticas más persistentes en las ciudades argentinas: el acceso al suelo urbano. A través de convenios urbanísticos con propietarios privados, el municipio urbaniza macizos de tierra y recibe una parte de los lotes para adjudicarlos mediante sorteo público.

Desde su inicio en 2021, el programa movilizó más de 1.000 lotes, de los cuales 145 fueron adjudicados directamente por el municipio. En la edición Proyectar V, sorteada en septiembre de 2025, se adjudicaron 24 lotes en la zona de avenida Circunvalación y Félix de Azara.

El proceso es digital, los sorteos son públicos y transmitidos en vivo, y los adjudicatarios cuentan con planes de pago más accesibles que los del mercado privado, además de la obligación de construir para evitar la especulación.

Agustina de Miguel, secretaria de Gobierno, explicó que “este proyecto fue pensado estratégicamente, con fundamentos jurídicos y técnicos, para ser sólido, genuino y sustentable en el tiempo”. Desde la experiencia ciudadana, Nahuel Camezzana, beneficiario del programa, destacó que “para quienes alquilamos, esta posibilidad de pagar un lote en cuotas es una gran oportunidad, es un nuevo comienzo y una etapa que nos llena de esperanza”.

En este caso, la eficiencia –definen desde la Municipalidad– se expresa en reglas claras, transparencia y una articulación público-privada que permite ampliar el acceso al suelo sin depender de grandes programas nacionales de vivienda.

5. Centro Ambiental Junín: del basural al sistema

La transformación del antiguo basural a cielo abierto en el Centro Ambiental Junín sintetiza una política ambiental que combina eficiencia operativa y enfoque social. Durante años, los residuos se acumularon sin control, con impacto directo en el ambiente y en la salud de quienes vivían y trabajaban en la zona. 

El cierre del basural viejo –ardía y generaba humo tóxico– y la construcción de celdas impermeabilizadas permitieron ordenar la disposición de los residuos, evitar que los líquidos contaminantes se filtren al suelo y reducir los riesgos sobre las napas de agua.

El modelo de gestión adoptado es híbrido. Por un lado, el municipio gestiona el predio y coordina la política ambiental; por otro, determinadas tareas técnicas —como el movimiento de suelo, la compactación y la cobertura diaria de los residuos— se tercerizan para cumplir con las normas provinciales y garantizar estándares ambientales. En paralelo, la planta de reciclado es operada por la Cooperativa Las Marías, integrada por recuperadores que antes trabajaban de manera informal en el basural.

Hoy, los integrantes de la cooperativa separan, enfardan y comercializan materiales reciclables como cartón, plástico y vidrio, accediendo a ingresos formales y cobertura social. La decisión de integrar a los recuperadores al nuevo esquema evitó la expulsión de trabajadores informales y transformó un problema social en una solución productiva, incorporando inclusión laboral a la política ambiental.

El impacto de esta transformación se extiende a la vida cotidiana de la ciudad. A través de la instalación de puntos verdes en plazas y barrios, los vecinos pueden separar residuos en origen, que luego son trasladados a la planta de reciclado. Esta dinámica reduce la cantidad de basura que se entierra y permite extender la vida útil del relleno sanitario, con un efecto directo en la reducción de costos futuros para el municipio.

Según explicó Cecilia Laffaye, directora de Ambiente, se trata de iniciativas con alta demanda ciudadana. “El objetivo es promocionar la economía circular y evitar que estos residuos terminen en el relleno sanitario”, señaló, al tiempo que destacó la recuperación de materiales con valor económico y ambiental.

A su vez, el Centro Ambiental articula campañas específicas para residuos que requieren un tratamiento diferenciado: residuos electrónicos, envases fitosanitarios provenientes de la actividad agrícola y neumáticos fuera de uso, que suelen convertirse en focos de contaminación o riesgo sanitario. Estas campañas se realizan de manera periódica y buscan evitar que materiales recuperables o peligrosos terminen enterrados o abandonados en el espacio público.

En este caso, la Municipalidad entiende que la eficiencia se explica, además del cumplimiento de normas ambientales, sino en una política que reduce costos, mejora condiciones laborales, ordena procesos y traduce la gestión de residuos en una solución con impacto ambiental, social y fiscal para la ciudad.

Ordenar para crecer

Las cinco políticas repasadas forman parte de una agenda más amplia de gestión local. Junín viene desarrollando una estrategia sostenida de apoyo al ecosistema emprendedor que dialoga con la misma lógica de gestión: ordenar procesos, generar reglas claras y acompañar con instrumentos concretos. Programas de formación, redes de comercialización, plataformas digitales y líneas de financiamiento escalonadas forman parte de una política que busca convertir la iniciativa emprendedora en una herramienta de desarrollo económico local.

Ese enfoque —abordado recientemente en +COMUNIDAD— permitió que Junín fuera reconocida en noviembre de 2025 como Ciudad Emprendedora por RIL, a partir de una estrategia que combina capacitación, acceso a recursos y articulación entre actores públicos y privados. 

Más de 1.100 emprendimientos participan hoy de este entramado, que combina espacios de formación, ferias presenciales y comercio digital —como la plataforma Comprá en Junín, que registró más de 50.000 visitas durante 2025— con un esquema de microcréditos diseñado para acompañar distintas etapas de crecimiento. Desde 2020, el programa otorgó 645 créditos por un monto superior a los 97 millones de pesos, (unos U$S 69.000) con líneas diferenciadas que van desde apoyos iniciales a tasa cero hasta financiamiento para proyectos en expansión

Leída en conjunto, la certificación del programa 100 Ciudades Certificadas aparece como la consecuencia de un conjunto de prácticas sostenidas en el tiempo: digitalizar sin perder cercanía, medir resultados, planificar con datos, ordenar el territorio, integrar lo social y construir capacidades para el futuro productivo. En Junín, la eficiencia se expresa en el cruce entre gestión interna y experiencia ciudadana, y deja aprendizajes transferibles para otras ciudades que buscan hacer más con los recursos disponibles.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en Junín, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo y Tres de Febrero:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

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Por Juan Martín de Chazal,
coordinador de +COMUNIDAD

Es diciembre y el sol del mediodía aprieta en San Miguel de Tucumán. Es una de esas jornadas de calor intenso y humedad, habituales sobre esta latitud del norte argentino, en las que cuesta permanecer al aire libre. 

El panorama no impide que en la esquina de la avenida Juan B. Justo y la calle San Salvador, en la zona norte de la ciudad, vecinos de todas las edades se detengan unos minutos. Mientras buscan la sombra que proyectan los árboles más grandes del entorno, observan con curiosidad el movimiento y conversan. 

“Antes, con este calor, no se podía estar acá. Por el olor, por los bichos, por todo”, comenta Beatriz Navarro, una vecina que vive justo enfrente de un gran mural que es la novedad del barrio Bajo La Pólvora. 

La escena contrasta con el pasado reciente. Donde hoy hay veredas, bancos, juegos infantiles y árboles recién plantados, durante más de 30 años se acumularon residuos de manera constante. “Teníamos que estar con las puertas y las ventanas cerradas. No podíamos vivir bien. Era un verdadero problema de salud”, recuerda Beatriz mientras contiene su emoción. 

María José Saavedra tiene 53 años y ha vivido toda su vida a pocos metros de esta esquina donde comienza el Cementerio del Norte, uno de los más antiguos de Tucumán. Cuenta que, desde que tiene uso de razón, allí ha existido un basural. “Tantas décadas hemos vivido con esta contaminación, sufriendo por los mosquitos y el dengue, y ahora vemos que este espacio está fabuloso. Podemos tomar mate en las tardes y también podremos hacerlo de día cuando los árboles nuevos den sombra. Esto nos ha renovado el barrio”, ilustra.

Un problema estructural, sostenido en el tiempo

Este vertedero clandestino no era un hecho aislado ni circunstancial. Funcionaba desde hacía décadas en un punto sensible de la ciudad, sobre una avenida muy transitada. Camiones, carros y personas de distintos barrios descargaban allí su basura. La limpieza era frecuente, pero insuficiente. Al día siguiente de cualquier recolección municipal, residuos de todo tipo volvían a aparecer. Olores, focos infecciosos y una degradación sostenida del entorno formaban parte de la rutina cotidiana.

“Cada basural tiene su propia lógica y su propia problemática”, explica a +COMUNIDAD, en esa misma esquina, Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Miguel de Tucumán. “Estamos devolviendo a los vecinos las posibilidades de vivir en condiciones dignas de salubridad. También a quienes vienen a visitar al cementerio a sus seres queridos difuntos. Este espacio ahora está lleno de vida y de color”, agrega. 

Para la funcionaria, este tipo de abordajes requieren decisión política, presencia territorial, articulación público-privada y trabajo sostenido con la comunidad. “Queremos erradicar todos los basurales de la ciudad, pero entendiendo que cada uno necesita una estrategia distinta, siempre de la mano de los vecinos”, dice en el marco de la inauguración del espacio público renovado. 

Del diagnóstico a la intervención radical 

La Municipalidad ya había intentado, sin éxito, eliminar el volcadero de la Avenida Juan B. Justo al 1800. La posibilidad de avanzar con una intervención más profunda surgió a mediados de 2025, en el marco del programa Ciudades Circulares de la Red de Innovación Local (RIL) y el acompañamiento del Banco Hipotecario como aliado clave para aportar recursos. 

“La particularidad de esta experiencia fue el trabajo conjunto entre el sector público, el privado y el tercer sector, con una participación muy fuerte del vecino”, señala como diferencial Mario Kiyoshi Fortuna, director de Ambiente del municipio. “Primero revelamos puerta por puerta, preguntamos a la comunidad qué querían, qué les gustaría que hubiera en el lugar. Después se diseñó una propuesta que no fue al azar, sino con sentido”, desarrolla en conversación con este medio.

Fue así que, mientras avanzaba el proceso de limpieza profunda, estudiantes y docentes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) empezaron a restaurar la pared del cementerio y a pintar un mural que combina impronta espiritual e identidad tucumana. Junto con los vecinos, definieron dar protagonismo a la figura del Papa Francisco, rodeada de flora, fauna y referencias locales como el cerro San Javier, los lapachos y los ingenios azucareros. 

“La idea fue revalorizar el espacio y transmitir un mensaje. El Papa aparece como un conector entre la fe y el cuidado de la casa común, del ambiente”, explica Fabio Casen, integrante del equipo. El hecho de que no haya sido vandalizado es, para quienes participaron del proceso, una señal clara de apropiación comunitaria temprana. 

Todos los actores coinciden: el mural no fue un gesto decorativo ni un complemento tardío. Funciona como parte central de la estrategia para resignificar un lugar históricamente asociado al descarte.

Un proceso colectivo y articulado en San Miguel de Tucumán

“Nosotros ya teníamos detectados y mapeados los basurales de la ciudad. Cuando analizamos este lugar, que concentraba muchas complejidades, apostamos por esta intervención para demostrar que el cambio era posible”, indica Florencia Caminos, subdirectora de Ambiente. 

En algunos sectores, los residuos acumulados alcanzaban más de un metro de profundidad. “Había escepticismo y enojo entre los vecinos, porque durante años fue el lugar más fácil para tirar basura —reconoce la especialista—. Pero la clave fue explicar, escuchar, trabajar juntos y que se apropien de este espacio”. 

La erradicación del basural fue el punto de partida. La intervención incluyó nuevas veredas, iluminación, arbolado, mobiliario urbano, un botellón para facilitar el reciclaje de plásticos y, claro, el mural de gran escala. Para lograrlo, se articularon distintas áreas municipales –Ambiente, Servicios Públicos, Arbolado y Seguridad, entre otras– junto con la universidad pública, el sector privado y los vecinos del barrio.

Desde el programa Transformá de la Municipalidad, que tiene como fin erradicar los basurales a cielo abierto de la ciudad, el énfasis está puesto en la apropiación del espacio. “No hablamos sólo de estética o de imagen. Hablamos de salud”, define José Íñigo, coordinador del programa. “Erradicar un basural es erradicar focos de enfermedad. Pero para que el cambio sea real, de raíz, el espacio tiene que volverse propio”, insiste. 

Durante los dos meses de obra, los promotores ambientales recorrieron el barrio, reforzaron horarios de recolección y trabajaron sobre hábitos cotidianos. En ese período, no volvió a acumularse basura en el lugar.

Mejoras estratégicas y aprendizaje entre ciudades

La experiencia se enmarca en el programa Ciudades Circulares de RIL Argentina, que trabaja junto con gobiernos locales para abordar la gestión de residuos desde una perspectiva integral. Lejos de acciones aisladas, la propuesta combina diagnóstico territorial, planificación, intervención física y acompañamiento comunitario.

“Nos sumergimos en el proceso de diagnóstico de San Miguel de Tucumán, lo que nos permitió comprender a fondo la realidad local e identificar las oportunidades de mejora estratégicas para su territorio. No se trata sólo de señalar desafíos, sino de visualizar el potencial latente de cada rincón de la ciudad”, profundiza Mariana Ponzio, del equipo de Ciudades Circulares. 

En la capital tucumana, el trabajo implicó mapear el basural, articular áreas municipales, involucrar a actores privados como el Banco Hipotecario y generar instancias de participación vecinal. El objetivo: que la erradicación no sea un evento puntual, sino un proceso sostenible en el tiempo.

“El equipo de Ciudades Circulares nos acercó experiencias de otras ciudades y nos ayudó a ordenar nuestros procesos para poder adaptarlas y replicarlas. Hicimos diagramas de actividades, y entendimos mejor por qué algunas etapas van antes y otras después”, valora Florencia Caminos sobre la metodología aplicada. 

Desde RIL subrayan que el valor del proceso estuvo en activar conocimientos ya presentes en el municipio, conectar voluntades y construir una visión compartida. “Ciudades Circulares es más que un concepto. Es una práctica colectiva que nos invita a repensar cómo vivimos, consumimos y producimos”, concluye Mariana Ponzio. 

La experiencia deja aprendizajes claros. El primero es que erradicar un basural crónico requiere más que limpieza: necesita planificación, articulación y presencia sostenida. Y que el enlace público-privado permite mejorar la calidad de una intervención, pero su sostenibilidad depende esencialmente del compromiso comunitario.

El desafío ahora es que el basural no vuelva. Para eso, continúan las rondas de control y el trabajo territorial. “Cada espacio tiene su comportamiento. Pero cuando la comunidad se apropia, el cambio tiene más chances de sostenerse. Y eso ya está pasando”, observa José Íñigo, del programa Transformá. 

Impactos visibles y uso cotidiano en el Barrio Bajo La Pólvora

El cambio es tangible. Donde antes predominaba la basura y la oscuridad, hoy hay iluminación renovada, veredas transitables y un espacio que se usa. Vecinos que antes evitaban pasar por la zona ahora se detienen, se sientan y conversan. El lugar fue incorporado al sistema de monitoreo municipal gracias a la donación de una cámara de seguridad, un “elemento clave” para prevenir nuevas situaciones de abandono.

“Aquí antes había un basural. No arroje basura. La ciudad limpia la hacemos entre todos”, dicen dos carteles que instaló la Municipalidad y que contienen un código QR que lleva a una foto de cómo era el espacio hace apenas unos meses. 

Al caer la tarde, cuando el calor tucumano comienza a aflojar, la esquina vuelve a poblarse. Los más chicos usan los nuevos juegos mientras otros vecinos toman mate. Son gestos simples, cotidianos, que hasta hace poco eran impensables en este lugar del barrio Bajo La Pólvora. 

“Es como nuestro paraíso chiquito. Es muy lindo. Cambia la percepción de la zona respecto a la seguridad. Estamos muy agradecidos”, dice a +COMUNIDAD Beatriz Navarro. “Te diría que el 100% de los vecinos estamos atentos y comprometidos para que nunca más nadie tire basura acá”, aporta María José Saavedra. 

Este volcadero ilegal ya no existe. Según datos municipales, desde 2023 se ha erradicado el 54% de los basurales de San Miguel de Tucumán. “Nos queda un porcentaje importante, pero estamos convencidos de que estamos en el camino”, señala Julieta Migliavacca. En esta esquina de la zona norte, el desafío ahora es sostener el cambio y evitar que el abandono vuelva a instalarse. 

^{Fotografía principal e imágenes en nota: gentileza Municipalidad de San Miguel de Tucumán.}

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Por María Mercedes Ordoñez, coordinadora
de Ciudades de la Energía en RIL

Cuando en el verano de 2023 una ola de calor dejó sin luz durante días a miles de vecinos del conurbano bonaerense, las imágenes de comercios cerrados, hospitales colapsados y barrios enteros sin agua recorrieron Argentina. En contraposición, durante las olas de frío de los años venideros, algunas ciudades enfrentaron restricciones en el suministro de gas, lo que significó interrupciones en industrias y estaciones de GNC (gas natural comprimido) para garantizar el abastecimiento residencial. Estas situaciones tienen un denominador común: muestran cómo la seguridad energética tiene impactos profundamente locales.

La seguridad energética se define como la capacidad de un territorio para garantizar el acceso continuo, confiable y asequible a la energía que necesita su población para satisfacer sus necesidades básicas, pero también sociales, económicas y culturales. Si bien las políticas energéticas se definen a nivel nacional, son los gobiernos locales quienes gestionan muchas de las consecuencias cuando esas redes no tienen la capacidad o disponibilidad necesaria, o cuando ocurren contingencias climáticas que generan interrupciones. Y son quienes deben garantizar la prestación de servicios municipales de respuesta incluso en esas condiciones. 

La energía deja de ser una cuestión abstracta cuando el hospital municipal queda a oscuras, cuando los centros de personas mayores no pueden calefaccionarse, cuando las pymes pierden producción por no poder prender sus máquinas, cuando falta combustible en las estaciones de servicio o cuando, frente a una tormenta severa, el área de Defensa Civil no cuenta con generadores para mantener activos los servicios de comunicación. 

El rol de las ciudades

El desafío se vuelve aún más complejo en el contexto actual. Por un lado, el crecimiento urbano aumenta la demanda y tensiona sistemas eléctricos y gasíferos diseñados, en otros contextos, para ciudades con otras demandas inferiores a las actuales. Por otro lado, el cambio climático genera eventos extremos que ponen a prueba los sistemas energéticos locales: olas de calor que disparan el uso de sistemas de climatización, inviernos más fríos que lo habitual que saturan el consumo de gas, tormentas que dañan líneas eléctricas. 

Frente a este escenario, algunas ciudades empiezan a ensayar un cambio de paradigma: pasar de ser simples consumidoras de energía a convertirse en gestoras activas de su seguridad energética. Eso implica, en primer lugar, conocer su propia demanda y consumos, para poder anticipar riesgos y necesidades frente a distintos escenarios, pero también gestionar de manera eficiente los recursos energéticos. 

Conlleva, además, avanzar en la diversificación de fuentes, incorporando generación renovable distribuida como la solar fotovoltaica o el biogás, que no solo reducen emisiones de gases de efecto invernadero, sino que pueden sostener servicios críticos ante cortes en la red. 

El entramado de servicios que sostienen la ciudad

Los servicios de distribución de electricidad y gas son muchas veces dados por sentado en lo que respecta al funcionamiento de una ciudad. Solo notamos su importancia cuando  no contamos con ellos. El foco no está puesto en el servicio, sino en lo que nos permite hacer cuando funciona correctamente. Es por esto que la prevención de daños en redes y tendidos se vuelve un factor fundamental pero silencioso. 

La electricidad y el gas han cumplido roles complementarios para satisfacer las necesidades energéticas de una población. Sin embargo, también será necesario acelerar una electrificación progresiva de los usos finales, sumando más energía limpia y reforzando redes locales, para disminuir la dependencia de un único vector energético.

Este camino exige planificación e inversión, pero también coordinación. Los municipios pueden cumplir un rol articulador: tender puentes entre empresas de servicios públicos, comercios, usuarios residenciales y sectores clave como salud o educación, para alinear inversiones, regulaciones y hábitos de consumo. Incluso acciones aparentemente pequeñas —como mejorar la eficiencia energética en los edificios públicos, o instalar sistemas de respaldo en escuelas y hospitales— pueden marcar la diferencia ante una emergencia.

El caso de la localidad cordobesa de Ticino es un claro ejemplo de cómo invertir en proyectos de autoabastecimiento de energía aumentan la resiliencia de una ciudad frente a determinadas contingencias. La generación de energía a partir de biomasa obtenida de los restos de la industria manicera permitió que los 2.500 habitantes de la localidad tuvieran energía mientras 50 millones de argentinos y uruguayos vieran restringido el suministro por horas. Un pequeño destello entre tanta oscuridad. 

Cambio climático y seguridad energética

El cambio climático intensifica los desafíos de la seguridad energética, exponiendo a las comunidades a eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Las olas de calor, por ejemplo, no sólo disparan la demanda eléctrica por el uso masivo de sistemas de climatización, sino que también incrementan el riesgo de incendios domésticos debido al sobrecalentamiento de sistemas eléctricos, conexiones inseguras o el uso inadecuado de aparatos.

De manera similar, durante las olas de frío, la necesidad de calefaccionar los hogares puede llevar a la utilización de métodos peligrosos y precarios, como el uso de materiales inflamables o sistemas de calefacción improvisados, aumentando el riesgo de incendios y de intoxicación por monóxido de carbono. Estos escenarios evidencian cómo la falta de acceso a energía segura y asequible, o la dependencia de infraestructuras poco resilientes, puede tener consecuencias directas y graves para la salud y la seguridad de las personas en sus propios hogares.

Ante esta realidad, los gobiernos locales tienen un rol fundamental en educar a la ciudadanía sobre el uso seguro de la energía, promover la eficiencia energética y fomentar la adopción de sistemas de calefacción y refrigeración más seguros y sostenibles.

El municipio de Malargüe, en la provincia de Mendoza, cuya gran parte de la población no se encuentra conectada a la red de distribución de gas natural, comenzó con la distribución de briquetas construidas con restos de la poda municipal. El uso de este tipo de combustible por parte de las familias para calefacción resulta más eficiente (ya que posee mayor poder calorífico que la leña seca), una combustión menos contaminante del aire domiciliario (ya que por su densidad reducen el humo visible y los depósitos de hollín) y más seguro para su almacenamiento y manipulación.

El aporte de la planificación urbana a la seguridad energética 

La planificación urbana emerge como un gran canalizador para  integrar la seguridad energética a la escala local. Los gobiernos locales, al conocer su propia demanda y capacidad instalada, pueden anticipar riesgos y diseñar estrategias efectivas. Joaquín Rotman, coordinador de Ciudades Planificadas de RIL Argentina, señala algunos de los puntos donde la planificación urbana contribuye a la seguridad energética de una ciudad: 

• Conocer la demanda y oferta local presente y futura. Mapear el consumo energético por sector (residencial, comercial, industrial, público) y la infraestructura existente (redes de gas, subestaciones eléctricas, generación distribuida), así como tener en cuenta las proyecciones de crecimiento de la ciudad, tanto demográficas como territoriales y de usos productivos, permite anticipar nuevas necesidades energéticas y planificar la inversión en redes e infraestructura. En este punto, involucrar y alinear al sector privado e inmobiliario será clave para una gobernanza energética.
• Conocer los riesgos asociados a servicios energéticos. Mapear la localización de infraestructura energética clave, tendidos eléctricos y gasoductos. Conocer el estado y su antigüedad, sus amenazas y la expansión urbana no planificada, el arbolado urbano deteriorado, o contingencias climáticas. También las zonas propensas a cortes de suministros e identificar poblaciones vulnerables expuestas a estos riesgos. 
• Integrar los servicios energéticos al ordenamiento territorial. Incorporar criterios de eficiencia energética y resiliencia climática en el Código de Edificación, en la planificación de nuevos desarrollos urbanos y en la gestión de espacios públicos. Por ejemplo, priorizar la instalación de paneles solares en nuevas construcciones o asegurar la provisión de energía de respaldo para servicios esenciales.

El caso de Alderetes, en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán, ejemplifica un caso de articulación público- privada con foco en la prevención de daños sobre la infraestructura energética a partir de la intervención urbana. 

La empresa TGN encontró en el gobierno local un aliado para adoptar medidas de contención que evitaran contingencias en la zona de los gasoductos -caños de grandes dimensiones que transporta el gas natural a alta presión enterrados y que abastecen a numerosas localidades. 

Los gasoductos construidos en las décadas de 1960 y 1980 se trazaron en zonas con poca infraestructura cercana. El objetivo era evitar su paso por áreas pobladas y reducir riesgos para la seguridad pública. Sin embargo, la densidad poblacional creció alrededor del ducto. Esto aumentó la posibilidad de asentamientos informales dentro de la franja de seguridad y de obras sin supervisión. También se registraron excavaciones, circulación de maquinaria pesada, plantaciones de árboles y estructuras fijas sobre el trazado. Todas estas intervenciones elevan el riesgo de cortes de suministro, pérdidas de presión e incluso incendios o explosiones.

A partir de este escenario, se diseñó un proyecto de ordenamiento urbano para reducir riesgos y ordenar el uso del suelo. La iniciativa consistió en construir calles paralelas a los ductos, ubicadas en los márgenes de la franja de seguridad. Estas vías funcionan como barrera física para frenar el avance de nuevas construcciones. En total, se ejecutaron 2.668 metros lineales de cordón cuneta. El proyecto disminuyó el riesgo para la población, eliminó microbasurales presentes en la traza y permitió instalar una plazoleta con fines recreativos.

La seguridad energética, una agenda de oportunidades

El camino hacia una mayor seguridad energética es, entonces, un viaje de transformación que comienza en cada localidad. Implica pasar de ser meros consumidores a gestores activos, conociendo en profundidad las demandas y vulnerabilidades propias. Cada acción local cuenta. Es en esta capacidad de planificar, coordinar y anticipar donde reside el verdadero poder de los gobiernos locales para construir territorios más robustos, equitativos y preparados. 

Al final del día, fortalecer la seguridad energética no es sólo una cuestión de infraestructura, sino de garantizar el bienestar, y el futuro de cada ciudadano. Es construir ciudades resilientes, donde la energía no sea un privilegio, sino un derecho continuo y accesible para todos. Las ciudades que empiecen hoy a mapear sus vulnerabilidades, diversificar fuentes y fortalecer sus  sistemas energéticos estarán mucho mejor preparadas para garantizar un servicio confiable y justo para sus habitantes, incluso en tiempos de crisis. La seguridad energética se construye localmente, con planificación, inversión y participación ciudadana.

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Esta nueva herramienta ofrece a las ciudades una aliada estratégica para afrontar sus desafíos con mayor eficiencia, visión y colaboración, acompañándolas en su propósito de mejorar la calidad de vida de las personas.

Desde la optimización de rutas de recolección de residuos hasta la atención ciudadana más ágil y personalizada, las gestiones locales enfrentan diariamente problemas complejos que exigen soluciones basadas en datos y decisiones informadas. Ya sea en la planificación urbana sostenible o en la respuesta ante emergencias, la IA del Portal RIL se presenta como una herramienta práctica para potenciar la capacidad de respuesta de los municipios.

Entrenada con el conocimiento y las mejores prácticas acumuladas por RIL a lo largo de más de una década, y desarrollada con el sponsor de google.org, esta IA fue creada para entender los desafíos específicos de los gobiernos locales y fortalecer la inteligencia colectiva de la red. Más que una promesa a futuro, es una realidad presente que acelera el camino hacia ciudades más eficientes, transparentes y cercanas a sus comunidades.

Portal RIL: un asistente inteligente al servicio de los municipios

Contar con una inteligencia artificial diseñada para la gestión pública local significa disponer de un asistente capaz de comprender las complejidades del trabajo municipal y ofrecer respuestas, análisis y propuestas contextualizadas a cada realidad territorial.

La IA del Portal RIL fue entrenada con un amplio volumen de información cuidadosamente seleccionada, que incluye la base de conocimiento de RIL, construida a lo largo de más de once años de trabajo con gobiernos locales, y contenidos relevantes del ámbito público latinoamericano, curados por su equipo de especialistas.

¿Para qué puede servir? 

• Facilitar el acceso a conocimiento especializado. Es capaz de procesar documentos extensos, normativas y reportes para resumirlos en información clara y concisa, ahorrando tiempo valioso en investigación. Su entrenamiento específico en latinoamérica, gobiernos locales, gestión de ciudades, diseño de políticas públicas e impacto público garantiza una relevancia sin igual.
• Diseñar mejores políticas públicas. Proporciona análisis contextualizados y datos clave para fundamentar decisiones. Facilita la identificación de buenas prácticas y casos de éxito replicables, y ofrece soporte en diagnósticos y evaluaciones, brindando una visión externa y neutral basada en datos.
• Fortalecer capacidades. Actúa como un recurso de aprendizaje continuo, apoyando la formulación de proyectos y estrategias con un enfoque en la innovación local. Ofrece acceso a conocimiento técnico, legal y conceptual, y ayuda en la generación de contenido para comunicación y capacitación.
• Optimizar el tiempo. Automatiza tareas repetitivas y acelera procesos de investigación, análisis y redacción, liberando a los equipos para enfocarse en la toma de decisiones estratégicas. Desde borradores de políticas hasta comunicaciones para la ciudadanía, agiliza la creación de textos y facilita la organización de proyectos.

La privacidad y la seguridad de la información son pilares fundamentales del Portal RIL. Por eso, todas las interacciones con la herramienta se procesan de forma agregada y anónima, con el objetivo de mejorar la precisión de las respuestas, identificar tendencias y garantizar su correcto funcionamiento.

A futuro, la IA del Portal RIL proyecta incorporar agentes especializados para optimizar tareas como la planificación y la gestión presupuestaria, entre otras funciones clave para la administración local.

Desafío IA 10 mil: multiplicando la innovación en toda la región

La visión de RIL no se detiene en la creación de esta herramienta. Para que su impacto sea masivo y transformador, en noviembre se lanzó el Desafío IA 10.000, una iniciativa que busca lograr que diez mil funcionarios y funcionarias públicas utilicen la inteligencia artificial del Portal RIL en tan solo un mes.

El desafío representa una oportunidad única para democratizar el acceso y uso de la inteligencia artificial en la gestión local, promoviendo su aplicación práctica en los gobiernos de América Latina. A través de esta experiencia, RIL busca despertar el interés, brindar herramientas y conocimientos básicos, y consolidar una red de agentes de cambio que impulsen la innovación pública desde sus territorios.

La estrategia es escalable y colaborativa: un grupo inicial de 100 ciudades seleccionadas en toda la región, cuyos alcaldes y alcaldesas actúan como promotores, acercará la IA a cien personas de sus equipos. Los primeros mil funcionarios capacitados por el equipo de RIL se convertirán luego en multiplicadores del conocimiento, llevando la innovación a otras 100 personas en cada ciudad.

Tu entrada a gestionar con inteligencia artificial

Con el Desafío IA 10.000, más allá de ser parte activa de la transformación digital de la gestión pública local, RIL reconocerá el compromiso y la dedicación de quienes participen. La cadena que más interactúe con la IA hasta el cierre del desafío, el 27 de noviembre, será distinguida con un viaje al Centro de Inteligencia Artificial de Oracle, en São Paulo, para los diez funcionarios o funcionarias que la integren, además de vouchers y visibilidad para los equipos destacados.

Si la ciudad ganadora pertenece a Brasil, el premio será un viaje a Luján de Cuyo (Mendoza, Argentina), reconocida como Ciudad Faro en la categoría Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local.

Con esta iniciativa, RIL invita a los gobiernos locales a sumergirse en la era de la inteligencia artificial, no como un reemplazo de las capacidades humanas, sino como una herramienta que las potencia para construir ciudades más prósperas, equitativas y sostenibles.

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Cuando alguien recorre las ciclovías de Niterói (Río de Janeiro, Brasil), difícilmente imagine que hace apenas una década esta ciudad lucía una movilidad urbana dominada casi por completo por automóviles, buses y caminos pensados para los vehículos motorizados. 

Pero ese escenario cambió profundamente. Lo que hoy parece una apuesta evidente —incentivar la bicicleta como medio de transporte— fue construida con persistencia, ajustes, alianzas y una estrategia integral. 

Dos datos resumen esta transformación: la ciclovía de la Avenida Marquês do Paraná, hoy considerada la más concurrida de Brasil, registra picos de 7.000 ciclistas por día hábil, con alta participación femenina. En términos comparativos, ese volumen representa un crecimiento de casi 800 % entre 2014 y 2025. 

Estas cifras no son un logro repentino. Se trata de una transición que, desde 2013 en adelante, redefinió prioridades en la gestión urbana. La creación de la Coordinación Niterói de Bicicleta marcó un hito al institucionalizar una gobernanza que integra actores públicos, privados, académicos y la sociedad civil. A su vez, se apoya en un sistema de monitoreo en tiempo real: Contabike. 

Desde el Ayuntamiento de Niterói insisten en que es ese entramado técnico, político y ciudadano el que permitió transformar las calles y las prácticas de desplazamiento. +COMUNIDAD dialogó con João Pedro Boechat, director de Infraestructura Cicloviaria, y Filipe Simões, coordinador del programa Niterói de Bicicleta, para entender cómo fue ese camino y qué aprendizajes deja para otras ciudades.

Una bicicleta en el corazón de la estrategia urbana

La apuesta de Niterói ha sido clara: la bicicleta no es un accesorio, sino parte integrante del urbanismo y la movilidad. Como explican Boechat y Simões: “Desde 2013, Niterói viene implementando un cambio estructural al integrar la bicicleta como eje estratégico de la política pública de movilidad urbana. La ciudad adoptó un enfoque transversal que articula planificación urbana, infraestructura ciclista, educación para la movilidad activa y participación ciudadana”. 

Eso implicó desplegar un enfoque multidimensional: infraestructura física, formación en movilidad activa y apertura al diálogo ciudadano. En 2021, ese esfuerzo se institucionalizó con la creación de la Coordinación Niterói de Bicicleta, vinculada a la Secretaría de Movilidad e Infraestructura. La meta: consolidar una política de largo aliento con estructura, presupuesto y dirección definida.

Hoy, esa gobernanza cuenta con equipos técnicos dedicados, alianzas con universidades, organizaciones sociales y el sector privado, y procesos participativos sistemáticos. 

Los funcionarios de Niterói señalan que las prioridades inmediatas giran en torno a “la ampliación de la infraestructura existente (ciclovías, bicicletarios y sistema de bicicletas compartidas), la elaboración participativa de un nuevo plan de políticas cicloviarias y el fortalecimiento de acciones educativas y de estímulo a la cultura de la bicicleta”. 

Esta arquitectura institucional ha permitido que la bicicleta deje de ser una “idea simpática” y se convierta en componente estructural de la movilidad local.

Niterói de Bicicleta: datos, evidencia y retroalimentación

Para que una política no sea meramente declarativa es imprescindible que esté anclada en monitoreo, mediciones constantes y mecanismos de ajuste. Niterói de Bicicleta va en esa dirección. 

• Monitoreo con CONTABIKE

Desde comienzos de 2024, la ciudad puso en marcha Contabike, un sistema de contadores automáticos en puntos estratégicos de la red urbana. Estos contadores miden el flujo de ciclistas en tiempo real, hora a hora, y permiten cruzar datos de uso, momentos pico y demanda geográfica. Antes, las mediciones eran ocasionales; ahora, el dispositivo posibilita una lectura continua de la ciudad. 

Ese avance ha permitido tomar decisiones más precisas: dónde extender carriles, dónde reforzar infraestructura ya existente, y cómo distribuir los recursos en barrios con menor cobertura.

• Evidencias visibles en el espacio público

El dato más contundente: la ciclovía de Marquês do Paraná lidera el ranking nacional en flujo. En un solo día, se registran más de 7.000 ciclistas que circulan por ese tramo. Además, informes del municipio señalan que la red cicloviaria ya supera los 85 km, con proyección para alcanzar los 120 km.

Otro indicador relevante: el contador de bicicletas en avenidas emblemáticas superó  la marca de 2 millones de pasajes registrados cada una. Desde la Prefeitura subrayan cómo el uso de la bicicleta ya forma parte del cotidiano urbano.

• Retroalimentación y escucha ciudadana

Pero Niterói no deposita toda su confianza en los aparatos. Boechat y Simões enfatizan la importancia de procesos participativos: talleres territoriales, consultas en línea y encuestas a ciclistas. Esa “escucha activa” permite que las demandas del día a día se prioricen e incorporen a los proyectos.

De esta manera, explican, lo que comienza como una métrica técnica —por ejemplo, menos flujo en un tramo a cierto horario— puede transformarse en ajuste de proyecto, cambio de señalización o reconfiguración de rutas si lo indiquen las voces locales.

Qué funcionó y recomendaciones para otras ciudades

El camino de Niterói permite ahora un balance con aciertos y desafíos que pueden orientar a otras ciudades. Respecto a lo que ha dado resultado, Boechat y Simões ofrecen el siguiente repaso: 

• Coherencia institucional y técnica: mantener la bicicleta como política pública permanente, con equipo dedicado y presupuesto — no como “programa pasajero” de un mandato.
• Sinergia entre dato y participación: los datos orientan, pero la legitimidad la aporta la participación ciudadana.
• Integración urbana: vincular la bicicleta con otras agendas —transporte público, salud, ambiente, ordenamiento territorial— otorga robustez al proyecto.
• Visibilidad simbólica: eventos como el Niterói Bike Fest / Bicicultura fortalecen redes, visibilizan esfuerzos y muestran resultados en acción.
• Equidad en el acceso: políticas de gratuidad en bicicletarios y bicicletas compartidas reducen barreras económicas al uso.

“Con una gobernanza estructurada, el tema ha avanzado incluso frente a los desafíos heredados de décadas de ‘rodoviarismo’ (priorización del transporte automotor), como la resistencia a la redistribución del espacio vial y la necesidad de integrar esta cultura en todos los sectores de la administración pública”, reflexionan João Pedro Boechat y Filipe Simões.

Tres recomendaciones clave

Consultados sobre consejos para otras ciudades, los especialistas de Niterói recetan: 

1. Planificar con base en datos y participación social desde el inicio.
2. Tratar la bicicleta como una política pública permanente, con equipo técnico y presupuesto dedicado.
3. Valorar la cultura de la bicicleta como parte de la vida urbana y del ethos del municipio.

Financiamiento: por qué es una inversión y no un gasto

La tensión presupuestaria es una pregunta inevitable para muchas ciudades: ¿cómo justificar asignar recursos a una política ciclista frente a múltiples demandas? La respuesta que ofrecen los gestores de Niterói invita a mirar la bicicleta como inversión con retorno social, urbano y económico.

“Invertir en bicicleta tiene un gran costo-beneficio, con un valor relativamente bajo de infraestructura y otras actividades importantes para la promoción de la movilidad activa y un ‘retorno’, con implicaciones directamente en la vida de las personas”, analizan Boechat y Filipe Simões.

A nivel individual, la bici “es el vehículo más barato de adquirir y mantener, sin costo de combustible” y con beneficios en salud y bienestar. El razonamiento continúa así: a nivel social, más gente que pedalea significa menos riesgo de enfermedades asociadas al sedentarismo, menos siniestros de tránsito y menores costos de mantenimiento urbano por menor desgaste de pavimentos. Cuando crece la participación modal de la bicicleta, bajan la congestión, la contaminación y los costos viales. Es, en suma, una inversión estratégica.

En síntesis: los costos de infraestructura ciclista y actividades de incentivo suelen ser menores comparados con la escala de las calles y redes motorizadas, Mientras, los beneficios —mejor salud, menor siniestralidad, ahorro energético, menor desgaste urbano— son acumulativos.

Además, una vez que la bicicleta gana participación modal, la presión sobre otros modos (automóviles, buses) se reduce. Menos congestión, menos contaminación, menor costo de mantenimiento vial. Por eso –dicen desde Niterói– explicarle a un gobernante que esto no es “un gasto extra” sino parte del capital urbano es estratégico.

En esa lógica, la financiación puede venir de partidas municipales, fondos estatales o federales, alianzas público-privadas —por ejemplo patrocinio de estaciones— y otros mecanismos innovadores. Niterói ya incorpora algunas de esas ideas en su hoja de ruta institucional.

Cultura ciclista: el motor de un cambio duradero

La infraestructura y los datos son necesarios, pero la transformación se sostiene en la cultura. Por eso Niterói impulsa eventos masivos como el Niterói Bike Fest y Bicicultura, que en 2025 reunió a académicos, gestores y activistas de todo Brasil bajo el lema “Ruedas que cambian ciudades: movilidad y vida”.

Durante cuatro días hubo paseos colectivos, competencias, talleres y debates. “Cuando veo ustedes aquí, recuerdo el inicio de esta lucha. Niterói no tenía un kilómetro de ciclovía. Ahora nos enorgullece tener la ciclovía más concurrida de Brasil”, dijo en el evento de apertura el alcalde Rodrigo Neves. 

Además de celebrar avances, el festival funciona como plataforma de intercambio técnico, visibilidad política y reforzamiento de redes entre ciudades. En la edición de 2025, estuvieron presentes gestores de más de una decena de municipios interesados en conocer el modelo de Niterói.

Una lección para ciudades latinoamericanas

Niterói no es una ciudad gigante (tiene casi 500.000 habitantes), pero su experiencia recibe atención internacional al demostrar que transformaciones serias en movilidad no exigen capitales monumentales, sino estrategia, constancia y compromiso político-técnico.

Algunas ideas clave que merecen atención:

• La transformación urbana hacia modos activos requiere tiempo y etapas bien articuladas.
• Lo técnico (datos, monitoreo, infraestructura) debe convivir con lo simbólico (cultura, visibilidad, comunidad).
• La institucionalidad es esencial: sin estructura permanente y continuidad política no sobreviven las propuestas.
• La gratuidad, cuando sea viable, es catalizadora de equidad.
• Los eventos pueden ser palancas de aceleración, visibilidad y legitimidad.
  

Redacción +COMUNIDAD

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En Godoy Cruz, Mendoza, la planificación urbana comenzó a trabajar con foco en la movilidad peatonal. Un hito en ese proceso fue la creación, en 2022, del Mapa de Caminabilidad, una herramienta que evalúa la calidad de los trayectos a pie y ofrece insumos para orientar la gestión. La iniciativa surgió en un contexto de crecimiento poblacional —el municipio ya supera los 210.000 habitantes— y de una trama urbana con limitaciones históricas para los desplazamientos peatonales.

El mapa busca ofrecer información para que las personas elijan recorridos más cómodos y seguros, especialmente de manera no motorizada. Al mismo tiempo, permite que la Municipalidad genere diagnósticos para planificar obras y jerarquizar intervenciones en el espacio público.

El proyecto se desarrolla en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo e integra variables como conectividad, seguridad, calidad ambiental, usos del suelo y accesibilidad. Esa metodología permitió construir un índice de caminabilidad que empieza a mejorar progresivamente. 

Por ejemplo, calles que antes aparecían con valores bajos están siendo intervenidas y, a partir de estas obras, se empiezan a transformar en espacios “óptimos”. Matías Grima, jefe de Proyectos Urbanísticos y Observatorio Territorial de la Municipalidad de Godoy Cruz, explicó a +COMUNIDAD cómo ha madurado el proyecto y el impacto que tiene en la comunidad promover una “ciudad caminable”. 

Elaboración del Mapa de Caminabilidad

El proceso de construcción del Mapa de Caminabilidad partió de un diagnóstico claro: durante décadas, las calles de Godoy Cruz se planificaron priorizando al automóvil. Esto derivó en veredas estrechas, poco transitables, con falta de iluminación y expuestas a situaciones de inseguridad. 

Frente a esa realidad, se diseñó una metodología de análisis que integró variables como espacio viario, señalética, seguridad vial y calidad ambiental, con el objetivo de medir cuán amigables eran los recorridos para quienes se desplazan a pie.

¿Qué desafíos hicieron necesario pensar en la caminabilidad como eje de la planificación de la ciudad? Grimma enumera la concentración de servicios en puntos neurálgicos, la falta de conectividad este-oeste y la congestión vehicular. Otros fueron disminuir la inseguridad en los trayectos diarios, mejorar las condiciones de la red de transporte peatonal, fortalecer el transporte colectivo a través de paradas seguras y mejorar la calidad ambiental a lo largo de la red viaria. 

La Universidad Nacional de Cuyo aportó un marco teórico, diseñó la metodología y colaboró en el procesamiento de datos mediante un convenio de pasantías con estudiantes de arquitectura. El municipio, por su parte, sumó información del Observatorio Territorial y herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que facilitaron la cartografía y la visualización digital de los resultados.

Resultados en el territorio

Los primeros diagnósticos señalaron áreas críticas con baja caminabilidad. Una de ellas fue la calle Alsina, que presentaba calzadas angostas y  tramos sin veredas, generando riesgos para peatones y ciclistas. Con esa información, se inició un proceso de renovación integral que incluyó veredas nuevas, cruces elevados, forestación y alumbrado LED.

“Esto nos permitió generar nuevos proyectos urbanísticos de mejoras a lo largo de otras arterias de la trama urbana, que hoy aparecen con un indicador bajo (‘malo’) y de a poco van transformando en ‘bueno’ u ‘óptimo’ a partir de las mejoras”, explica Matías Grima. 

En los últimos meses se concretaron obras en Alsina, Montes de Oca y la avenida General San Martín. El impacto de esas transformaciones en el índice se encuentra en proceso de medición, aunque desde el equipo técnico anticipan que los resultados deberían reflejar mejoras, ya que las intervenciones derivaron del diagnóstico inicial. Las mediciones actualizadas estarán disponibles hasta fines de 2025.

“A partir de la implementación del mapa, además de desarrollar distintos proyectos y obras, se incorporaron nuevos tramos a la red troncal de caminabilidad, con el objeto de ampliar la implementación de la metodología para la evaluación del espacio público”, menciona Grimma. “Del mismo modo, se utilizó el proyecto y sus mejoras para postular al programa de Bonos Verdes, que permite mejorar financiamiento para proyectos vinculados al desarrollo de esta política de planificación”, suma el especialista.

Tres obras destacadas con el Mapa de Caminabilid

1. Renovación de la calle Alsina:

• 1.300 metros lineales con una calzada de 10 metros de ancho.
• Nuevas veredas de 1,20 metros.
• Puentes peatonales y vehiculares, cruces sobre elevados y señalización vial.
• Obras de saneamiento.
• Instalación de fibra óptica.
• Soterramiento de líneas de media y alta tensión.
• Alumbrado LED.
• Renovación de forestales e impermeabilización de hijuelas de riego.

2. Renovación calle Montes de Oca:

• Remodelación integral de veredas, cunetas y banquinas.
• Equipamiento urbano y mobiliario antivandálico.
• Iluminación led.
• Mejoras en el equipamiento de semaforización.
• Renovación del arbolado público.
• Pavimentación.
• Pintura y señalización vial.
• Incorporación de cestos de basura de recolección diferenciada.
• Nuevos carteles nomencladores en esquinas.

3. Renovación de la Avenida General San Martín

• Nivelación de veredas.
• Baldosas podotáctiles.
• Incorporación de moderno mobiliario urbano: papeleros, canastos de residuos, bancos y asientos de caucho.
• Se renuevan acequias, cordones, rampas peatonales, puentes, alcantarillas y, en las esquinas, se colocarán bolardos de caucho.
• Trabajos en los desagües pluviales.
• Nueva red semafórica e iluminación led.
• Estacionamientos para motos y bicicleteros.

Claves de gestión y financiamiento

Para Grima, la implementación de metodologías como el Mapa de Caminabilidad requiere equipos técnicos “solventes, preparados y dispuestos”, y coordinación entre distintas áreas. Tras un proceso de priorización, las obras derivadas del diagnóstico se incorporan de manera progresiva en el presupuesto anua.  Y, en el caso de Godoy Cruz, se complementan con mecanismos de financiamiento como bonos verdes o instrumentos locales de ordenamiento territorial.

El municipio, por ejemplo, estableció una ordenanza de mayor aprovechamiento del suelo que permite la densificación urbana y exige compensaciones a desarrolladores privados. Parte de esos recursos se destina a proyectos vinculados con la caminabilidad y espacio público.

“Es importante que los municipios entiendan que toda obra de mejora que se realiza tiene un retorno que es recuperable a través de la captación de renta diferencial. Es decir, la creación de nuevas obras o mejoras urbanas se traducen en aumentos del valor inmobiliario. Estos, a su vez, puede tener impacto en una mayor captación de rentas por parte del municipio, lo que implica más recuperación”, desarrolla el jefe de Proyectos Urbanísticos y Observatorio Territorial de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Más aprendizajes para otras ciudades

El proceso también dejó aprendizajes que pueden resultar útiles para otras ciudades. Grima señala que una de las claves fue mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y áreas municipales para evitar intervenciones duplicadas.

“El desarrollo de estas estrategias ayuda a trabajar coordinadamente, evitando el solapamiento de obras por parte de distintos organismos y áreas del municipio que, en muchos casos, después deben volver a intervenirse por falta de planificación. Esto deriva en la pérdida de gran cantidad de recursos públicos y eficiencia”, explica.

Otro aspecto es la posibilidad de contar con diagnósticos claros para evaluar el espacio público, lo que permite jerarquizar problemáticas que muchas veces quedan relegadas frente a la movilidad vehicular. “Entre los aprendizajes que se alcanzaron, se puede considerar la elaboración de metodologías objetivas para la evaluación del espacio público como una gran herramienta de planificación”, remarca Grima.

El especialista subraya, además, la importancia de promover una cultura de desplazamientos más sostenibles y saludables. Para ello resultan centrales los diagnósticos periódicos y el uso de Sistemas de Información Geográfica que permitan monitorear y dar seguimiento a los proyectos con alcance territorial.

Con el tiempo, el Mapa de Caminabilidad dejó de ser solo un instrumento técnico y se transformó también en un insumo para la participación ciudadana. En palabras de Grima, el gran valor del proceso fue demostrar que “poner a los peatones en el centro de la planificación es posible y genera transformaciones concretas en la vida cotidiana de la gente

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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Por Leonel Rico, coordinador del programa
Ciudades de la Movilidad, RIL Argentina

Una ciudad que se piensa a sí misma y se planifica desde la movilidad urbana sostenible es una ciudad que busca que su ciudadanía pueda moverse cumpliendo cuatro ejes principales: eficiencia, seguridad, bajo o nulo impacto ambiental y acceso para toda la población.

En ese sentido, la prioridad de la movilidad sostenible es promover la movilidad activa: caminar, usar la bicicleta o la micromovilidad (monopatines y otros elementos personales), además del transporte público. Estos modos son más seguros y más eficientes, porque utilizan menos energía, recursos y espacio por persona.

Es entendible que el indicador de una ciudad sostenible sea un gran porcentaje de viajes a pie, en bicicleta o en transporte público. Sin embargo, ese porcentaje nunca será del 100%.

Más allá de la bicicleta

Con frecuencia se simplifica el debate en torno a la bicicleta, como si fuera el fin último. En realidad, lo que busca la movilidad sostenible es promover un diseño y una planificación de la ciudad que haga que las personas no necesiten un automóvil o una motocicleta para poder moverse y satisfacer sus necesidades. El objetivo, en cambio, es que tengan múltiples opciones de movilidad que le brinden acceso a las oportunidades de la ciudad. Y que esto no requiera utilizar gran parte de las horas del día en moverse.

Es el equipo de gobierno quien debe lograr que moverse con modos sostenibles sea más fácil y más conveniente que usar un auto particular, y que la experiencia de viaje sea de mayor calidad.

Esto es posible si se diseñan ciudades mixtas, pensadas para las personas, con centralidades diversas o dispersión de actividades comerciales, educativas, laborales y recreativas. Esto debería permitir que la ciudadanía tenga todo lo que necesita a poca distancia, es decir, al alcance con un viaje en bicicleta, a pie o en transporte público. Así surge el concepto de “ciudades de 15 minutos”.

En una ciudad con escala humana, no necesitás moverte siempre en auto.

Moverse en una ciudad de este tipo es más barato y más sano, tanto por la actividad física como por la reducción del estrés asociado a los embotellamientos. Incluso, se logran menos emisiones de gases de efecto invernadero y nocivos para la salud, alcanzando mayores niveles de aire limpio (menos partículas flotantes) y también menores niveles de ruido, impactando nuevamente de manera positiva en el bienestar de la población.

Menos personas viajando en autos significa menos tráfico, menos tiempo de viaje, menos embotellamientos y menos siniestros viales.

Movilidad sostenible y automóviles

Incluso en una ciudad con movilidad sostenible habrá viajes que deban hacerse en automóvil: tareas de cuidado, transporte de cargas o herramientas, o desplazamientos particularmente largos y específicos. Gracias a la planificación urbana, estos viajes serían más cortos, seguros y menos estresantes.

Para estos casos, los planificadores de la movilidad buscamos alternativas al auto particular. Por ejemplo, las bicicletas modificadas con espacios para trasladar distintos tipos de cargas, o con espacio para un pasajero, brindando facilidades y comodidades mayores que las convencionales. Incluso, se incorporan motores eléctricos que asisten al conductor de la bicicleta reduciendo la fuerza necesaria para desplazarse.

También se puede mencionar que hoy existe una mayor variedad de automóviles eléctricos en el mercado que habilitan la posibilidad de elegir opciones de menor emisión de gases. Y también, claro, de mayor seguridad vial y de mayor eficiencia en lo que respecta al uso del espacio público. Aun así, habría personas y empresas que, por cuestiones de amortización, deban continuar utilizando los vehículos que poseen hasta actualizar su flota a modos más sostenibles.

Cultura vial y soluciones a largo plazos

Para cerrar, podemos abordar un último concepto, de alguna manera integrador: la cultura vial. La costumbre de usar modos sostenibles se construye con el tiempo. En ese sentido, es necesario que los gobiernos locales acompañen esa construcción con campañas de concientización, con capacitaciones (como las escuelas de conducción para ciclistas o para motociclistas) y con buena calidad de infraestructura, bien planificada y segura. Se trata de crear calles completas, compartidas entre peatones, ciclistas, transporte público y automóviles.

Planificar ciudades con movilidad sostenible beneficia a todo el mundo: a quienes circulan a pie, en bicicleta, en transporte público o en automóvil. Lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de la sociedad y que, a través de la movilidad, las personas puedan disfrutar de su territorio y puedan acceder a nuevas propuestas de desarrollo económico. Y así, en un todo, se puedan construir ciudades de oportunidades.

Imagen principal ilustrativa: TEDWIP, Tedy Prayoga.

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Por Florencia Luján,
Redacción +COMUNIDAD

En muchas ciudades del mundo, la adolescencia y la juventud suelen pensarse como una etapa de transición y preparación para el futuro, y rara vez como un presente con voz propia en las decisiones públicas. Sin embargo, cada vez más experiencias muestran que, cuando la juventud ocupa un lugar central y cuenta con herramientas, puede transformar la manera en que una ciudad piensa cada aspecto de la vida cotidiana de su comunidad.

La creatividad, el liderazgo y las necesidades juveniles marcan un nuevo pulso urbano: desde murales hasta proyectos tecnológicos y ambientales, las ideas que nacen de la juventud están resignificando lo que significa vivir en comunidad. Estas experiencias abren dos preguntas clave: ¿qué pasaría si las ciudades apostaran, de forma sistemática, a fortalecer el talento joven como motor de desarrollo? ¿Qué sucedería si la juventud se sentara en la mesa de planificación y diseño de políticas públicas?

En Medellín, Colombia (2,5 millones de habitantes), esa respuesta comenzó a tomar forma a través de Medellín Music Lab, una iniciativa creada para impulsar a jóvenes que sueñan con ser parte de la industria musical. Conocida como la “ciudad de la eterna primavera”, la capital antioqueña transformó esa voz juvenil en una política pública que busca formar, visibilizar y conectar talentos, brindando oportunidades reales a quienes están construyendo su proyecto de vida en la música.

Medellín Music Lab, una política pública para las juventudes

Medellín Music Lab nació en 2024 como un programa propio de la Secretaría de la Juventud, dependencia de la Alcaldía de Medellín, convirtiéndose en el primer proyecto público enfocado directamente en la industria musical. Surge con el propósito de formar al talento emergente de la ciudad y darle las herramientas para transformar la música en un proyecto de vida sostenible, contemplando la cantidad de jóvenes con capacidades excepcionales para interpretar, producir y componer.

Ricardo Jaramillo Vélez, secretario de Juventud de Medellín, contó a +COMUNIDAD cómo la ciudad consolidó una política pública innovadora como una oportunidad para que la juventud potencie su talento en un marco de acompañamiento institucional. “Este proyecto se desarrolla en un contexto clave: Medellín ha pasado de ser una ciudad industrial a consolidarse como un centro de servicios creativos, con la música como uno de los sectores más dinámicos de esa transformación”, explica el funcionario.

Jaramillo Vélez contextualiza: “En este camino surge la alianza con HYBE Latam, uno de los grupos de entretenimiento más influyentes del mundo, responsables de proyectos globales como BTS y Seventeen. A este proceso se suma Walter Kolm, reconocido manager internacional y fundador de WK Entertainment, quien ha trabajado con artistas como Maluma, Carlos Vives y CNCO, su participación nos da un respaldo invaluable, conectándonos con la red de management más influyente de la música latina”. 

━ ¿Qué aprendizajes han surgido del proceso, que va desde el diplomado inicial hasta la incubadora para los veinte talentos destacados?

El mayor aprendizaje es que el talento necesita estructurarse: desde el inicio, con el diplomado, confirmamos que los jóvenes artistas de Medellín cuentan con una creatividad inmensa y un talento natural, pero muchos no habían tenido acceso a una formación integral que les permitiera entender cómo funciona la industria. Allí entendimos que no basta con tener talento: se requiere preparación en áreas como producción, marketing, comunicación, management y legalidad para que ese talento se convierta en una carrera sostenible.

Con la incubadora, la experiencia fue aún más reveladora: comprendimos que los artistas no solo necesitan formación técnica, sino también acompañamiento en identidad, visión de negocio, construcción de comunidad y, sobre todo, equipo. Los veinte talentos destacados empezaron a concebir su arte como una empresa creativa, a proyectarse en escenarios importantes y a trabajar de la mano con managers, productores y roles de backstage que fortalecen sus proyectos.

El proceso también nos demostró que proyectos como Medellín Music Lab son, ante todo, un puente y una plataforma. En la ciudad hay numerosos aliados —promotores, venues, festivales, medios y eventos culturales— que buscan descubrir talento emergente, y al mismo tiempo, jóvenes artistas que desean conectar con esos escenarios. Sin embargo, los aliados no siempre tienen la capacidad de llegar a los barrios a hacer scouting, y los artistas emergentes muchas veces carecen de la estructura, el orden y la visión para alcanzar esos espacios.

Impacto y proyección de Medellín Music Lab

━ ¿Qué impacto concreto observan hasta el momento en la trayectoria profesional o personal de jóvenes participantes?

El impacto de Medellín Music Lab se puede medir tanto en cifras como en transformaciones personales. En términos de formación, en 2024 logramos formar a 147 jóvenes, y en 2025 ampliamos el alcance con 400 participantes en el curso de industria musical, 60 jóvenes en el programa de producción y DJs. Esto demuestra que no solo acompañamos a artistas, sino que también fortalecemos distintos perfiles de la cadena de valor de la música, desde la creación hasta el backstage. 

En la incubadora, donde se concentran los proyectos con mayor proyección, entre los 9 artistas seleccionados ya han acumulado más de 80 shows en escenarios locales. Entre ellos destacan:

• 2 opening acts en el Estadio Atanasio Girardot
• 5 Participaciones en La Solar, el festival más importante de la ciudad
• La apertura de la Feria de las Flores y la presentación en los Premios Heat
• Además, algunos de los talentos fueron responsables de la canción de ciudad Medellín 2024 y de la canción oficial de la Feria de las Flores 
• 9 lanzamientos, cada artista sacó la canción que compuso en MML.

━ ¿Cómo proyectan la sostenibilidad y el crecimiento de Medellín Music Lab para seguir generando oportunidades en la industria musical local e internacional?

Medellín Music Lab no es una iniciativa pasajera, sino un pilar de política pública que busca consolidarse como una herramienta estable de ciudad para impulsar su industria musical. Un paso clave es que MML ya se encuentra como proyecto de acuerdo ante el Concejo de Medellín, lo que asegura su continuidad más allá de los cambios de administración. 

Esto le da una base institucional sólida y garantiza que Medellín cuenta con un laboratorio de talento juvenil que trascienda los ciclos políticos.Al mismo tiempo, buscamos potenciar su impacto mediante un modelo de expansión que articule:

• Inversión privada, vinculando a empresas del sector cultural, creativo y tecnológico que vean en la música una oportunidad de desarrollo económico y de marca ciudad.
•  Cooperación internacional, generando alianzas con agencias, fundaciones y actores globales que quieran invertir en talento joven y en proyectos culturales de alto impacto.
• Alianzas estratégicas, como las ya establecidas con HYBE Latam y con referentes de la industria como Walter Kolm, que no solo han puesto sus ojos en Medellín, sino que ya empiezan a abrir puertas globales para los jóvenes de la ciudad.

El futuro de Medellín Music Lab se proyecta en tres frentes:

1. Formación integral, ampliando cobertura para que más jóvenes, tanto artistas como perfiles de backstage, accedan a capacitación profesional.

2. Ecosistema local, consolidando puentes con promotores, venues, festivales y medios para que el talento emergente tenga escenarios de circulación reales.

3. Internacionalización, posicionando a Medellín como un nodo de desarrollo musical global y como la capital creativa de Latinoamérica.

Nuestro gran objetivo es que Medellín Music Lab no solo forme artistas, sino que contribuya a construir una industria musical fuerte, sostenible y competitiva internacionalmente, que impacte la vida de miles de jóvenes y potencie la proyección global de Medellín.

El talento joven como motor de desarrollo: el análisis de +COMUNIDAD

Lejos de ser sólo una estrategia para acercar a las juventudes empleo, educación, cultura y servicios, Medellín Joven se consolidó como un ecosistema vivo que conecta a sus jóvenes con todo lo que necesitan para proyectar su futuro. De esa forma, desde la Secretaría de la Juventud, la Alcaldía impulsa esta iniciativa digital a partir de la plataforma medellinjoven.com, un sitio donde la población joven encuentra en un mismo lugar información y acceso a recursos que antes estaban dispersos. 

Los números compartidos en esta plataforma reflejan el alcance de esta iniciativa: más de 25.000 usuarios registrados, 376 vacantes laborales disponibles, 48 oportunidades de formación y 58 alianzas culturales y recreativas que se pueden explorar en el sitio. Los proyectos vigentes dentro de esta estrategia para hacer de la juventud un motor de cambio y desarrollo son: Salvavidas, Parceros Medellín, Clubes Juveniles, Referentes: liderazgos poderosamente joven, Medellín en la cabeza y Medellín Music Lab. 

Este enfoque integral para abordar las necesidades de la población adolescente y joven convierte a Medellín Joven en un puente entre la ciudad y quienes la habitan en una etapa clave de sus vidas. Al reunir empleo, educación y cultura en un mismo ecosistema digital, el programa refuerza la idea de que las ciudades pueden y deben ofrecer plataformas que acompañen a la juventud en la construcción de su proyecto de vida.

La importancia de apostar e invertir en la cultura local

En América Latina, el proceso de urbanización trajo profundas desigualdades. Frente a este escenario vale la pena preguntarse: ¿cómo transformar el futuro de nuestras ciudades para que sean espacios de inclusión, resiliencia y prosperidad compartida? 

En la charla El futuro de las Ciudades en América Latina, presentada en las XIX Jornadas Internacionales de Ciudades Creativas del Tecnológico de Monterrey, los especialistas Jorge Melguizo y José Antonio Torre reflexionaron sobre este tema.

Desde esta conversación emerge una tesis central que dialoga con Medellín Music Lab: para transformar la ciudad hay que reconocer que la cultura no es un adorno, sino un motor de cohesión, identidad y oportunidades reales para las juventudes que la habitan. En este contexto, el arte y la música no pueden ser concebidos como “extras” o lujos secundarios, sino como dimensiones centrales de la vida urbana que permiten integrar comunidades, abrir oportunidades y fortalecer la identidad colectiva, y Medellín es ejemplo de cómo la cultura puede ser una herramienta de cohesión y resiliencia.

Espacios como los Laboratorios de Producción Sonora (LPS) permiten que jóvenes de distintos barrios compartan procesos creativos, construyan comunidad y generen redes de apoyo, convirtiendo al arte en una respuesta concreta a la desigualdad. La experiencia internacional demuestra que invertir en cultura transforma territorios. Medellín lo ha vivido en carne propia: barrios que antes eran señalados por la violencia hoy son reconocidos por sus procesos artísticos y comunitarios. 

Los especialistas plantean que la planificación urbana contemporánea habla de movilidad, vivienda y servicios básicos, pero también debe incorporar la cultura como infraestructura esencial en la vida cotidiana de las ciudades latinoamericanas. Es necesario consolidar equipamientos culturales, redes de artistas y plataformas de circulación, no como espacios decorativos sino como verdaderos motores de integración, de salud mental, de confianza social y de resiliencia comunitaria. 

En ese marco, Medellín Music Lab no opera como un “extra”, sino como una política urbana que articula formación, producción, circulación y comunidad; conecta talento emergente con equipamiento público, mentorías y redes. Invita a pensar en cómo proyectos culturales de ciudades convierten la creatividad en proyecto de vida y la participación juvenil en un actor clave de la idiosincrasia de ese territorio, en una plataforma de movilidad social y una estrategia urbana que genera transformaciones.

La invitación, siguiendo el espíritu de las XIV Jornadas, es clara: si queremos ciudades más justas, seguras y habitables, hay que financiar con seriedad la cultura y hacerla columna vertebral de la planificación urbana de cada territorio en particular. Porque, como insiste Jorge Melguizo: “No hay transformación urbana sin transformación social, y no hay transformación social sin cultura.”

A continuación, compartimos los lanzamientos musicales realizados en el marco de Medellín Music Lab: 

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^{Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.}

Redacción +COMUNIDAD

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Por María Mercedes Ordoñez y Clarisa Corral (*)

La transición energética plantea desafíos que no son únicamente ambientales, sino también sociales. Estamos frente a una situación de pobreza energética cuando un asentamiento informal no tiene conexión a la red eléctrica o de gas, pero también cuando una mujer debe caminar varios kilómetros para conseguir leña para calefaccionar su hogar ya que, a pesar de tener conexión a servicios, no tiene acceso a tecnologías de climatización. 

Hablamos de pobreza energética cuando una persona mayor, en plena ciudad, debe restringir el consumo básico de energía porque su jubilación le obliga a priorizar otros gastos. También se manifiesta cuando el desempeño escolar de un niño se ve afectado por no tener luz para hacer la tarea en su casa, cuando en invierno anochece temprano.

En términos generales, la pobreza energética ocurre cuando un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea por razones económicas, de infraestructura o equipamiento. Sin embargo, su naturaleza multidimensional —que abarca factores técnicos, sociales, económicos, culturales y climáticos— dificulta la adopción de una definición única y universalmente aceptada. 

A propósito de esto, Paz Araya Jofré, investigadora doctoral en Antropología y miembro de la Red de Pobreza Energética de Chile  (RedPE) destaca “la importancia de que cada territorio y cada gobierno construya sus propias definiciones de pobreza energética acorde a las realidades y diversidades territoriales”. La declaración se produjo en el marco del último encuentro de la Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas, realizado en julio de 2025.

En el mismo sentido, se vuelve fundamental la construcción de indicadores propios y la generación de información local para el diseño de políticas públicas de equidad energética. Entre estos, se pone el foco en conocer en particular los niveles de ingresos y gastos de las familias, la disponibilidad de tecnología, las condiciones habitacionales, entre otros. 

Alejandra Reyes, de la Dirección Nacional de Energía de Uruguay, resaltó además el valor de “considerar en el diseño de estos indicadores las características climáticas y patrones socioculturales que puedan estar condicionando las dinámicas de acceso y consumo de energía en cada localidad”.

^{Unas 2.100 millones de personas siguen cocinando y calentando sus hogares con combustibles sólidos, según la OMS. Imagen: Dirección de Hábitat, Godoy Cruz, Mendoza.}

Cuando la falta de energía profundiza otras desigualdades

Que un hogar no tenga acceso a servicios de energía se entrelaza con otras condiciones estructurales de desigualdad urbana y social. Esto condiciona el ejercicio de diversos derechos que garantizan una vida digna y con oportunidades en una ciudad.  

La pobreza energética se constituye como una experiencia de vida que tiene efectos negativos tanto en la salud como en la alimentación, la educación, el empleo, la recreación y la resiliencia frente a contingencias climáticas extremas. A propósito de esto, Chisaki Melissa Guibo, arquitecta y jefa del Departamento de Formulación y Evaluación de Proyectos de la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Godoy Cruz enfatizó en que “la pobreza energética no es un problema aislado, sino que es una expresión más de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestros territorios”.

Muchas familias sin acceso fiable a la red eléctrica o de gas dependen de combustibles insalubres para cocinar y calefaccionarse, lo que aumenta los riesgos de enfermedades por la exposición a contaminantes o conexiones informales. De hecho, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que cada año 3,2 millones de personas mueren prematuramente por afecciones vinculadas a la contaminación del aire doméstico. Estas condiciones afectan de forma desigual a las mujeres, debido a la distribución inequitativa de los roles de cuidado dentro del hogar.

Sumado a ello, la falta de equipamiento e infraestructura para un aprovechamiento eficiente del recurso energético domiciliario –como es el aislamiento de las viviendas y los materiales constructivos precarios– exponen a las familias a una mayor propensión al desarrollo de enfermedades respiratorias. Esto aumenta, a su vez, las probabilidades de ausentismo escolar y laboral. En un contexto socioeconómico de pluriempleo o de dobles jornadas de estudio y trabajo, la falta de servicios energéticos complejiza el desarrollo de emprendimientos productivos y de fortalecimiento de la trayectoria escolar.

Además, la falta de acceso a la energía en calidad y cantidad atenta contra la posibilidad de que un hogar pueda afrontar fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, temperaturas bajo cero y tormentas severas. Estos efectos se agravan cuando se trata de personas mayores, personas con discapacidad o electrodependientes, que requieren condiciones térmicas y de abastecimiento estables para su supervivencia.

Retos comunes y respuestas locales

La forma en que están diseñadas y gestionadas las ciudades incide directamente en las posibilidades de acceso a una energía segura, limpia y asequible. Las condiciones del entorno construido, la distancia a los centros de abastecimiento, la infraestructura de servicios, la calidad del hábitat y los criterios de ocupación del suelo son factores que pueden amplificar o reducir la pobreza energética. Por eso, integrar la planificación urbana y territorial en la estrategia energética resulta fundamental.

En este punto, la articulación entre políticas energéticas y políticas urbanas no puede ser postergada: el modo en que se planifican los barrios, se habilita el suelo o se distribuyen los servicios impacta directamente en la posibilidad de acceso equitativo a la energía.

Las ciudades latinoamericanas comparten desafíos estructurales: tarifas de energía altas, suministro intermitente y un gran sector informal con conexiones irregulares. Para enfrentarlos, los gobiernos locales pueden adoptar diversas acciones:

• Regularización y tarifas sociales. Facilitar la regularización de conexiones informales y ofrecer tarifas diferenciadas o subsidios focalizados para los hogares más vulnerables así como programas de pago flexible vinculados con mejoras en eficiencia energética que garanticen el pago de servicios esenciales.
• Vivienda social sostenible. Incorporar criterios de eficiencia energética y energías renovables en los programas de vivienda pública y asistencia habitacional. Por ejemplo, dotar a las casas sociales de aislamiento térmico, paneles solares o termo tanques solares reduce costos a largo plazo y mejora la calidad de vida.
• Generación distribuida. El desarrollo de proyectos de generación distribuida o generación distribuida comunitaria que permitan satisfacer las necesidades energéticas de poblaciones alejadas de las redes de servicios.
• Reacondicionamiento de vivienda. La inversión en mejoramiento habitacional de viviendas propias o alquiladas para la reducción de costos en energía. 
• Promoción de equipamiento eficiente. Ya sea para la adquisición de nuevos equipos de climatización como de mantenimiento y recambio de equipos preexistentes, pudiendo incluir el desarrollo de un mercado local de proveedores y prestadores de servicios para estos fines.

Ciudades contra la pobreza energética

La ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Argentina, es un caso inspirador de abordaje de la pobreza energética desde la gestión del hábitat, con foco en los asentamientos informales y poblaciones más vulnerables. 

En 2023, el municipio comenzó con la implementación de proyectos de vivienda social sustentable. Distintas familias en situación de extrema vulnerabilidad recibieron viviendas construidas con contenedores reciclados (“Ecocasas”). Estas casas, con un costo 40% menor por metro cuadrado que la construcción tradicional, incluyen termotanques solares para calefacción de agua. 

Se destinaron a hogares con condiciones de hacinamiento crítico y con personas con discapacidades o problemas de salud. A su vez, cada familia recibió su guía para el mantenimiento y uso de nuevas viviendas. De esta manera, el municipio logró reducir costos de producción y brindar soluciones habitacionales dignas, a la vez que introdujo tecnologías limpias y eficientes en las viviendas sociales.

Además, Godoy Cruz actualmente implementa varias líneas de acción que contribuyen a la equidad energética de las poblaciones más vulnerables. Entre estas se encuentra la ejecución de mejoras edilicias en viviendas vulnerables, a través del Programa de Emergencia Habitacional (PEHab), y las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica informal (conexiones eléctricas no regularizadas, instalaciones deterioradas o sobrecargadas). También la renovación de cableado deteriorado, apuntalamiento o colocación de nuevos postes, colocación de térmicas y disyuntores, y mejora de instalaciones precarias. 

Asimismo, destacan el rol clave de sumar espacios de consulta para la población como es en este caso la Consejería de Hábitat para el acompañamiento técnico y comunitario permanente y el brindado de talleres de formación en estrategias bioclimáticas, electricidad y albañilería con enfoque térmico. Todo esto, diseñado a partir de un sistema de relevamiento continuo con enfoque multidimensional que permite orientar políticas públicas con base territorial.

^{Talleres de albañilería básica con enfoque en el confort térmico. Imagen: Municipalidad de Godoy Cruz.}

Otro caso destacable ocurre en Chile, donde el gobierno central –en coordinación con gobiernos locales– implementa acciones para reducir la pobreza energética dirigidas especialmente a las infancias y a las personas mayores de zonas rurales. 

Es así que, en los últimos cuatro años, se creó y fortaleció una línea de acción para acceso y mejoramiento del suministro energético en escuelas rurales. Se focalizan recursos para el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética, el robustecimiento del sistema eléctrico, calefacción sustentable y agua caliente sanitaria para baños y duchas donde asisten niños y niñas de comunidades originarias. 

A la vez, desde el programa para Acceso y Mejoramiento del Suministro Energético en establecimientos con rol público se ha llevado adelante una línea de acción para mejorar las condiciones energéticas de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a través de energías renovables. 

La Ciudad de México, con casi el 98% de sus habitantes conectados a la red eléctrica, ha identificado nuevas fronteras de la pobreza energética: la falta de agua caliente y el alto costo del gas LP para cocinar. Para abordar esto, lanzó el programa “Ciudad Solar”, que impulsa el uso intensivo de energía solar en la ciudad. 

Bajo este plan se han instalado grandes paneles fotovoltaicos en techos de mercados mayoristas y edificios gubernamentales, aprovechando los altos niveles de radiación solar de la capital. Además, se establecieron regulaciones que obligan a instalar calentadores solares de agua en todas las nuevas viviendas y edificios reconstruidos, reemplazando la demanda de gas licuado por energía limpia. 

En consonancia, el gobierno ha donado más de 25.000 calentadores solares a hogares de bajos ingresos desde 2018, cubriendo sus necesidades de agua caliente con energía asequible. Estas iniciativas reducen la factura del gas LPG (que usa el 82% de los hogares) y mejoran la salud al disminuir la quema de combustibles fósiles en los hogares.

Aunque este tipo de políticas requiere inversión pública significativa, también muestra la capacidad de los gobiernos urbanos para movilizar recursos, regular y coordinar actores, y generar impactos tangibles en la vida cotidiana.

^{Paneles solares en la Ciudad de México. Imagen: Gobierno de la Ciudad de México.}

Colaborar para transformar: Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas

Cuando se promueve la participación de equipos técnicos municipales, comunidades y actores del territorio en el diagnóstico y codiseño de las soluciones, se logran políticas públicas más ajustadas a las realidades concretas. Desde esa perspectiva, los municipios cumplen un rol clave como articuladores de políticas públicas de equidad energética cercanas al territorio. 

La experiencia acumulada en la Red de Innovación Local (RIL) demuestra que la innovación urbana surge muchas veces del intercambio horizontal entre gobiernos locales y de la escucha activa de las necesidades barriales. En muchos casos, las respuestas más eficaces han surgido del trabajo colaborativo entre áreas técnicas, equipos de gobierno y comunidades organizadas. Reconocer esa capacidad de los gobiernos locales para coordinar, escuchar y construir en conjunto es central para avanzar hacia una transición energética más justa. 

 (*) María Mercedes Ordoñez es coordinadora del programa Ciudades de la Energía y Clarisa Corral es integrante del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL).

Imagen principal: Unsplash.

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