Por Clarisa Corral,
Mg. en Desarrollo Urbano (*)

La pavimentación suele entenderse como una responsabilidad exclusiva del Estado. Sin embargo, en muchas ciudades latinoamericanas, la falta de recursos públicos ha obligado a replantear ese paradigma. Mientras las calles de tierra siguen limitando la conectividad, el acceso a servicios y la calidad de vida de los barrios, algunos gobiernos locales comenzaron a explorar una lógica diferente: compartir la inversión con la comunidad.

Lejos de representar una privatización de la obra pública, estos mecanismos buscan construir corresponsabilidad. La participación vecinal deja de limitarse a reclamar una obra para convertirse en parte de su implementación, mediante aportes económicos, organización comunitaria o mecanismos de ahorro previo. Cuando existen reglas claras y confianza entre las partes, este tipo de iniciativas permite acelerar proyectos que difícilmente podrían ejecutarse únicamente con recursos municipales.

Las experiencias de Goya, en Argentina, y El Quisco, en Chile, muestran dos caminos distintos para alcanzar un mismo objetivo.

Goya: confianza construida desde el barrio

En la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, el programa “Mita y Mita” (“mitad y mitad” en guaraní) funciona bajo un esquema de esfuerzo compartido regulado por la Ordenanza Municipal Nº 2.038. La iniciativa nació a partir de una demanda concreta de los propios vecinos frente a la imposibilidad del municipio de financiar integralmente las obras de pavimentación.

El mecanismo es sencillo. Cada comisión vecinal de frentistas reúne los recursos necesarios para comprar el 50% del cemento requerido para pavimentar su cuadra. Los materiales son adquiridos directamente en los corralones elegidos por los vecinos y permanecen allí hasta completar la cantidad necesaria. Una vez alcanzado ese objetivo y presentados los comprobantes de compra, la obra ingresa al cronograma municipal.

La Municipalidad aporta el resto del cemento, todos los agregados, la maquinaria, la mano de obra y ejecuta previamente las obras de infraestructura necesarias, como redes de agua potable, cloacas y desagües pluviales.

Uno de los aspectos más innovadores del programa es que el municipio nunca administra dinero aportado por los vecinos, lo que busca reducir los riesgos de desconfianza y fortalecer la transparencia del proceso.

Como explica Raúl Alejandro Medina, director de Prensa de la Municipalidad de Goya: “Este programa genera confianza entre el vecino y el Estado, pero también entre los propios vecinos. Organizarse para conseguir los recursos fortaleció los vínculos comunitarios y permitió transformar la realidad de cada barrio”. 

El Quisco: participación dentro de una política nacional

En Chile, el enfoque es diferente. La comuna de El Quisco, en la Región de Valparaíso, participa del Programa de Pavimentación Participativa, una iniciativa concursable impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), donde los municipios cumplen un rol fundamental como articuladores técnicos y administrativos.

El esquema establece una distribución fija del financiamiento: el municipio aporta el 9% del costo de la obra, la comunidad entre un 15% y un 25%, mientras que el Estado Nacional financia el porcentaje restante mediante subsidios nacionales.

El programa incorpora además criterios de equidad. Cuando al menos la mitad de las familias beneficiarias pertenece a los segmentos de menores ingresos según el Registro Social de Hogares, el aporte comunitario puede eliminarse completamente.

Para ser elegibles, las vías deben cumplir una serie de condiciones técnicas previas: contar con redes operativas de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias activas, estar reconocidas como Bienes Nacionales de Uso Público y tener una extensión de entre 100 y 1.000 metros lineales. Estos requisitos buscan asegurar que la pavimentación forme parte de una intervención urbana integral y no de una obra aislada. 

A diferencia de Goya, donde el proceso surge desde la organización barrial, en Chile el desafío está en cumplir con un procedimiento técnico altamente estructurado. Los vecinos deben financiar el proyecto de ingeniería, el municipio valida la documentación y presenta la postulación, mientras que el Servicio Regional de Vivienda y Urbanización (SERVIU) administra posteriormente la licitación y ejecución de la obra.

Aunque ambos casos responden a realidades institucionales distintas, comparten una misma premisa: la participación ciudadana no reemplaza la inversión pública, sino que la potencia.

Más que financiar calles: construir confianza

Las dos experiencias muestran que el principal aporte de estos programas trasciende la infraestructura. Cuando la comunidad participa activamente, la transparencia aumenta, el control social sobre las obras mejora y la apropiación de los proyectos resulta significativamente mayor. Los vecinos dejan de ser únicamente beneficiarios para convertirse en actores corresponsables de las transformaciones de su barrio.

En Goya, por ejemplo, la pavimentación suele complementarse con nuevas luminarias LED, arbolado, equipamiento urbano, promoviendo además inversiones privadas en veredas y fachadas que multiplican el impacto inicial de la obra pública.

Al mismo tiempo, la organización vecinal fortalece vínculos comunitarios que muchas veces permanecían debilitados, consolidando redes de cooperación que luego facilitan nuevas iniciativas.

Los desafíos del cofinanciamiento de pavimentación

Estos mecanismos también presentan límites que requieren atención. 

Los sistemas basados en el orden de cumplimiento de los aportes vecinales pueden dificultar la logística y la planificación territorial del municipio, obligando a trasladar equipos entre barrios muy alejados y aumentando los costos operativos.

La desigualdad económica también representa un desafío. Cuando algunos vecinos no logran reunir el aporte requerido, el proyecto puede retrasarse o exigir soluciones complementarias para evitar que una parte del barrio quede excluida.

En programas más centralizados, como ocurre en Chile, aparece otra tensión: la menor capacidad de los municipios para adaptar los proyectos durante la ejecución, debido a procedimientos administrativos definidos a nivel nacional.

¿Qué necesitan otras ciudades para replicar el cofinanciamiento de pavimentación?

Más que copiar un programa específico, ambos casos ofrecen principios que pueden adaptarse a distintos contextos.

El primero es contar con un marco normativo claro que establezca responsabilidades, aportes y mecanismos de transparencia. El segundo consiste en fortalecer las organizaciones comunitarias capaces de coordinar la participación vecinal y generar confianza entre los distintos actores.

Finalmente, estas experiencias muestran que la participación ciudadana también requiere capacidades institucionales. No alcanza con convocar a los vecinos; es necesario diseñar procesos simples, transparentes y sostenidos en el tiempo para que la corresponsabilidad pueda consolidarse.

Las experiencias de Goya y El Quisco demuestran que, incluso en contextos de restricciones presupuestarias, es posible encontrar nuevas formas de hacer ciudad. Más que compartir el costo de una obra, estos programas construyen algo igualmente valioso: confianza entre la ciudadanía y el Estado. Y esa confianza, muchas veces, termina siendo la infraestructura más importante para sostener cualquier proceso de transformación urbana.

Para conocer más detalles sobre estas experiencias de gestión vial, podés acceder a las presentaciones y la grabación del encuentro virtual Comunidades en el Portal RIL, con las exposiciones de Raúl Alejandro Medina (Director de Prensa, Goya, Argentina), Luisina Leyes (Subsecretaria de Planeamiento, Goya, Argentina) y Marck Rivas (Jefe de Proyectos SECPLA, El Quisco, Chile).

(*) Clarisa Corral es parte del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL).

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