Por Jacques Alcoba Barba
Secretario de Desarrollo Humano,
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – Bolivia

La Alimentación Complementaria Escolar (ACE) en el municipio de La Paz constituye una política pública educativa fundamental. Está orientada a mejorar el estado nutricional de la población estudiantil y a contribuir de manera directa al desempeño académico mediante la provisión de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente pertinentes. 

El presente artículo aborda los aspectos normativos, la experiencia de implementación municipal, los resultados alcanzados y los desafíos actuales, destacando la importancia de enfoques multisectoriales, sensibles e integrales para fortalecer la efectividad del programa.

La alimentación de las niñas, niños y adolescentes en edad escolar es un componente esencial para su desarrollo físico, emocional y cognitivo, así como para su permanencia y rendimiento en el sistema educativo. En este marco, la Ley N.º 622 de Alimentación Complementaria Escolar establece que los gobiernos municipales deben garantizar, de manera regular y permanente durante la gestión educativa, la provisión de alimentos saludables, seguros, nutritivos y culturalmente adecuados en las unidades educativas. Esta política tiene como finalidad complementar la alimentación familiar, mejorar el estado nutricional de la población escolar y fortalecer sus oportunidades de aprendizaje y desarrollo integral.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha asumido con responsabilidad y compromiso el desafío de fortalecer y transformar la Alimentación Complementaria Escolar. A la vez, demuestra que es posible mejorar de manera sustancial la forma en que se alimentan las y los estudiantes en las unidades educativas públicas. Este proceso de revisión y mejora de la política municipal se inició en la gestión 2023, a partir de acciones de supervisión realizadas en Centros de Educación Especial.

Durante estas visitas, donde asisten niñas, niños y adolescentes con discapacidad, se identificaron situaciones que evidenciaban la necesidad de realizar ajustes profundos al modelo vigente. En particular, se observó que algunos estudiantes no lograban consumir adecuadamente las raciones alimentarias entregadas, lo que afectaba su aprovechamiento nutricional.

Además, se constató que ciertas raciones no respondían plenamente a las necesidades específicas de esta población. Esto motivó una reflexión institucional y la toma de decisiones inmediatas y responsables para avanzar hacia un nuevo modelo de alimentación escolar, más inclusivo, sensible y adecuado a la diversidad.

Un nuevo modelo de Alimentación Complementaria Escolar

Una intervención social efectiva exige planificación, rigor técnico y, sobre todo, sensibilidad frente a las realidades de la comunidad educativa. En este sentido, el diseño del nuevo modelo de Alimentación Complementaria Escolar se sustentó en una estrategia clara que permitió identificar problemáticas, analizar evidencias, definir objetivos, planificar la intervención, implementarla y establecer mecanismos de monitoreo, evaluación y sostenibilidad.

En coordinación con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), se desarrollaron cuatro investigaciones fundamentales como base científica y académica del nuevo modelo:

1. Estado nutricional y riesgo cardiometabólico.
2. Aceptabilidad y consumo de las raciones de la Alimentación Complementaria Escolar.
3. Actividad física en la población estudiantil.
4. Conocimientos, actitudes y prácticas alimentarias (CAP).

Estos estudios epidemiológicos nutricionales permitieron sustentar técnicamente la toma de decisiones, garantizando calidad nutricional, variedad, inocuidad, diferenciación y desarrollo del programa, así como la provisión oportuna de alimentos desde el primer día de clases en las gestiones 2024 y 2025.

De manera complementaria, se promovieron espacios de diálogo y socialización con madres y padres de familia, especialmente de estudiantes con discapacidad, quienes compartieron experiencias y necesidades vinculadas a la alimentación de sus hijas e hijos. Estos aportes resultaron valiosos para comprender mejor las dinámicas familiares y las particularidades alimentarias, y fueron determinantes para el diseño de raciones exclusivas y diferenciadas por grupo etario y condición.}

Un menú con productos locales

Como resultado de este proceso participativo y técnico, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, a través de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano, asumió decisiones políticas orientadas a fortalecer el programa, destinando un mayor presupuesto a la Alimentación Complementaria Escolar. El presupuesto fue incrementado de Bs 76.724.280,00 (equivalente a USD 10.960.611,42) a Bs 105.000.000,00 (equivalente a USD 15.000.000,00). 

Esta inversión no solo fortaleció el derecho a la alimentación de la población estudiantil, sino que también dinamizó la economía local y nacional mediante la adquisición de materias primas nativas y amazónicas, promoviendo el empleo y el desarrollo productivo.

El nuevo modelo de Alimentación Complementaria Escolar ha experimentado una transformación sustantiva, orientándose hacia un sistema diferenciado y diversificado. El menú se amplió de 24 a 43 variedades, adaptadas a los distintos niveles educativos, incluyendo raciones específicas para estudiantes de Educación Especial. 

Se incorporaron productos elaborados por micro, pequeñas y medianas empresas, así como frutas amazónicas, cereales integrales andinos y lácteos bajos en grasa, mejorando de manera significativa la calidad nutricional del programa.

Este proceso se desarrolla bajo la supervisión de Fichas de Estandarización, elaboradas por profesionales en Nutrición, que reflejan una mayor complejidad técnica y aseguran aportes nutricionales adecuados, diferenciados por nivel educativo: a) Inicial y primaria; b) Secundaria; c) Educación Especial.

Entre los principales avances se destacan:

• La democratización del alimento escolar mediante licitaciones inclusivas por especialidad alimentaria y grupos de alimentos, fortaleciendo a micro, pequeñas y medianas empresas.
• La diferenciación del volumen y gramaje de las raciones, de acuerdo con la capacidad gástrica de las y los estudiantes.
• La ampliación y diversificación de frutas frescas y deshidratadas incluidas en el menú escolar.

Reconocimiento internacional

El Gobierno Municipal de La Paz, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, recibió una mención especial en economía y equidad social del Pacto de Milán. El reconocimiento destacó su Programa de Alimentación Complementaria Escolar, valorado por su enfoque en una dieta equilibrada e inclusiva. La iniciativa fue distinguida junto a experiencias de ciudades como Bangkok, Nairobi y Nilufer, por promover el acceso equitativo a alimentos saludables sin distinción socioeconómica.

La Paz, a su vez, integra el informe internacional El potencial de las políticas alimentarias urbanas en Latinoamérica y el Caribe, que reúne experiencias de 19 ciudades de la región. El documento analiza iniciativas orientadas a fortalecer sistemas alimentarios locales sostenibles, con una mirada que articula dimensiones sociales, económicas y ambientales. 

Elaborado por el Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas de Milán (MUFPP) y Mercociudades, el informe destaca el modelo de Alimentación Complementaria Escolar del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, por su enfoque en una alimentación saludable, inclusiva y sostenible para miles de estudiantes.

Lecciones aprendidas para una gestión nutricional efectiva

La experiencia del municipio de La Paz evidencia que una gestión nutricional efectiva en el marco de la Alimentación Complementaria Escolar se sustenta en la articulación de tres pilares fundamentales: la planificación alimentaria basada en criterios técnicos y territoriales, la vigilancia nutricional permanente y la educación alimentaria orientada a la formación de hábitos saludables. 

Estos componentes, al operar de manera interdependiente, permiten responder a las necesidades nutricionales de la población estudiantil y también fortalecer los resultados educativos y el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes.

En este proceso, la institucionalización de mecanismos de estandarización, la diferenciación de raciones según edad, nivel educativo y condición nutricional, así como la diversificación de proveedores y la articulación con productores locales, se han consolidado como estrategias clave para garantizar la calidad, la aceptabilidad social y la sostenibilidad del programa. 

Estas prácticas han permitido optimizar recursos, mejorar la pertinencia de los alimentos distribuidos y dinamizar economías locales, reafirmando el enfoque integral de la política pública.

La Alimentación Complementaria Escolar en La Paz representa hoy una política pública que trasciende la provisión de alimentos. Contribuye de manera directa a la salud, el desarrollo nutricional y el rendimiento educativo de miles de estudiantes. Su implementación, basada en normas claras, criterios técnicos, sensibilidad social y una gestión municipal comprometida ha generado avances significativos. No obstante, la sostenibilidad financiera, el monitoreo continuo y la participación activa de la comunidad educativa se mantienen como ejes prioritarios para consolidar su impacto a largo plazo.

En este marco, la distribución de raciones reafirma el compromiso del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz con la seguridad alimentaria y el bienestar integral de la niñez y adolescencia paceña, garantizando una cobertura equitativa y oportuna en unidades educativas públicas y de convenio. 

El programa beneficia a más de 122.000 estudiantes de los nueve macrodistritos, tanto urbanos como rurales, alcanzando a 369 unidades educativas que funcionan en 224 infraestructuras del municipio. 

Para la gestión, que permitió la distribución de 44.241.869 millones de raciones, mientras que en la gestión 2025 la provisión de 47.227.829 millones de raciones, fortaleciendo la continuidad y sostenibilidad de esta política pública en favor de la educación y la nutrición escolar.

Esta columna “Desde el territorio” forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

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El Mes de la Conciencia Negra, celebrado en noviembre en Brasil, se consolidó como un espacio de reflexión sobre desigualdades arraigadas y sobre las respuestas que gobiernos, instituciones y comunidades construyen para enfrentarlas. Esa agenda, lejos de ser exclusiva del país, conecta con desafíos comunes en ciudades de toda América Latina: brechas persistentes en salud, educación, vivienda, trato institucional y acceso a oportunidades que afectan de manera desproporcionada a la población afrodescendiente.

En un contexto donde los municipios están cada vez más cerca de los problemas cotidianos, las ciudades brasileñas vienen mostrando rutas posibles para abordar el racismo desde la gestión local. Dos experiencias —Vitória y Salvador— permiten observar distintos caminos para fortalecer la participación social, revisar prácticas internas, institucionalizar políticas públicas y generar impacto sostenido.

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Vitória: participación territorial, memoria activa y una política sostenida de igualdad racial

La capital del estado de Espíritu Santo desarrolló, a lo largo de más de dos décadas, una estructura institucional que combina participación ciudadana, acciones educativas y políticas territoriales para abordar desigualdades históricas que afectaron especialmente a la población negra. 

Desde fines de los años noventa, la ciudad cuenta con el Conselho Municipal do Negro (Conegro), un espacio de representación social y estatal que orienta prioridades, propone políticas públicas y monitorea su ejecución. Esa construcción institucional se complementa con el Museu do Negro, administrado por la Prefeitura y activo en la preservación de la memoria, talleres educativos y círculos de conversación comunitaria.

El secretario de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, resume a RIL y +COMUNIDAD de forma clara el sentido de esta estructura: “La propuesta del Consejo Municipal del Negro es dar destaque y priorizar, a partir de la participación, políticas determinadas por el propio grupo como prioritarias para la ciudad. Y el Museo del Negro cumple un rol central al mantener viva la cultura en un espacio abierto a la comunidad”.

La conformación del Consejo se apoyó en un modelo territorial de nueve regionales, que genera un contacto frecuente con liderazgos locales. Todos los jueves, la Secretaría se reúne con una de las regiones para escuchar demandas, articular propuestas y reforzar la participación comunitaria. 

Según Forrechi, esa dinámica fue clave para asegurar representatividad y fortalecer la vinculación con asociaciones vecinales que históricamente enfrentaron desigualdades. “Tenemos una relación muy próxima con las comunidades. Ese diálogo semanal facilita la movilización y permite que las asociaciones difundan la importancia del Consejo”, explica.

Participación sostenida y expansión territorial

Uno de los principales desafíos iniciales fue garantizar la participación voluntaria de la sociedad civil en un órgano no remunerado. Para sostener la calidad técnica y asegurar continuidad, la Municipalidad designó a una servidora especializada en derecho para acompañar las actividades del Consejo. “Involucrar a la sociedad civil siempre es más difícil, porque exige compromiso. Por eso precisamos un equipo capacitado que diera soporte técnico y jurídico. Ese apoyo amplió la capacidad ejecutiva del Consejo”, señala el secretario.

La agenda de igualdad racial se integra además con políticas de juventud y revitalización urbana. Durante el Mes de la Conciencia Negra, Vitória impulsa decenas de actividades culturales, educativas y deportivas en las Casas de la Juventud, muchas ubicadas en territorios que vivieron procesos de exclusión prolongada, como Grande São Pedro. 

Allí, la transformación urbana y los nuevos equipamientos públicos consolidaron espacios de participación de jóvenes negros en políticas culturales y formativas. Entre las acciones más emblemáticas destaca la Corrida Zumbi dos Palmares, realizada desde hace 14 años, que conecta la Casa do Cidadão con el Museo del Negro. “Es una forma de llamar la atención de la población y fortalecer la memoria. La carrera se volvió un encuentro cultural con música, gastronomía y artesanía vinculadas al Consejo”, afirma Forrechi.

El secretario sostiene que la continuidad de estas políticas depende de una premisa básica: que las propuestas del Consejo se traduzcan en acciones concretas. “Cualquier Consejo es más efectivo si las propuestas que presenta son ejecutadas. Si se reúnen, proponen, y nada ocurre, eso desmotiva y vacía el espacio”, reflexiona. Para evitar ese riesgo, la Secretaría elaboró un plan estratégico que permite transformar ideas en proyectos ejecutables y con potencial de financiamiento, lo que reforzó la confianza de las comunidades en el proceso.

Educación, políticas públicas y aprendizajes para la región

La ciudad también vincula esta agenda con la expansión de las escuelas de tiempo integral, que pasaron de cuatro en 2021 a más de cuarenta actualmente. Para Forrechi, esa política educativa es parte de una estrategia más amplia de reducción de desigualdades y prevención de violencias. “Ofrecer educación a toda la población disminuye las posibilidades de que niñas y niños queden en situaciones de riesgo. Espacio público ocupado, políticas bien establecidas y educación accesible: esa combinación es una de las mejores formas de mejorar la calidad de vida”.

Vitória identifica varias oportunidades de aprendizaje para otras ciudades de la región: institucionalizar espacios de participación, fortalecer la presencia territorial del Estado, garantizar soporte técnico permanente y sostener rutinas de diálogo capaces de transformar demandas sociales en políticas reales. Como experiencia replicable, Forrechi menciona el programa Cidadania Fundamental, que invita a estudiantes de noveno año a pasar un día en la Secretaría para conocer cómo se diseñan políticas públicas, incluido el trabajo del Conegro. “Llevar esta temática a las escuelas, o traer a las escuelas a estos espacios, multiplica el impacto a corto, mediano y largo plazo”, destaca.

Salvador: una política pionera para transformar la administración y combatir el racismo institucional

Salvador (Bahía) es una de las ciudades brasileñas que más tempranamente reconoció que las desigualdades enfrentadas por la población negra no podían explicarse solo por prejuicios individuales. La administración municipal identificó que, en muchos servicios, existían prácticas, criterios y rotinas que producían resultados desiguales sin una intención explícita de discriminar. 

Esa constatación dio origen en 2005 a una política sistémica: el Programa Municipal de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), liderada por la Secretaría Municipal de Reparación (Semur), hoy a cargo de la abogada y activista Isaura Genoveva. “Identificamos que el racismo no era solo un problema de actitudes individuales, sino un patrón estructurado de prácticas y omisiones que producía desigualdades en el acceso y la calidad de los servicios”, explicó Genoveva a +COMUNIDAD. 

El diagnóstico coincide con la definición oficial adoptada por la PCRI: fallas y sesgos en las prácticas institucionales que generan desventajas raciales, incluso sin intención explícita. Para la secretaria, reconocer ese funcionamiento interno fue decisivo para orientar la respuesta: “Era necesario institucionalizar procesos que permitieran detectar, prevenir y corregir desigualdades”.

A partir de ahí, Salvador optó por una política que transformara la administración desde adentro. Genoveva detalló que uno de los primeros pasos fue la formación continuada de servidores, centrada en racismo institucional, sesgos inconscientes y prácticas antirracistas. “Ese letramento racial creó una base común y estimuló la revisión crítica de las rutinas administrativas”, señaló. Paralelamente, se crearon los Núcleos Internos del PCRI en cada secretaría, equipos responsables de adaptar las directrices generales a la realidad de cada área. “Los núcleos garantizan capilaridad y hacen que la política no dependa solo de campañas o de una gestión puntual”, añadió.

Cambios institucionales y efectos en los servicios públicos

La secretaria municipal de Reparación también destacó la implementación de protocolos y orientaciones técnicas para áreas sensibles, como la salud, históricamente atravesada por desigualdades raciales. La incorporación de datos desagregados por raza/color fue otra pieza clave: “Permiten monitorear desigualdades y orientar decisiones con base en evidencias”, explicó. Según Genoveva, esta etapa se complementó con cartillas educativas, seminarios y materiales de apoyo que ayudaron a construir conciencia institucional y compromiso entre los equipos técnicos.

Los impactos, afirma, son cada vez más visibles. “Se percibe una administración con mayor capacidad para reconocer problemas y evitar daños”, sostuvo. En servicios esenciales, como salud y asistencia social, los servidores cuentan con más herramientas para identificar situaciones discriminatórias y actuar de forma preventiva. También hay mejoras en la relación entre el gobierno y las comunidades negras, fortalecida por iniciativas como Novembro Negro y Salvador Capital Afro, que consolidaron un compromiso público sostenido con la equidad racial.

Genoveva subraya que la política se sostiene por la acción conjunta de múltiples actores. La Semur ejerce la coordinación conceptual, pero los Núcleos Internos son responsables de llevar la política al día a día. Movimientos sociales, organizaciones negras, universidades y centros de investigación participan en diagnósticos, formaciones y evaluaciones. La secretaria también mencionó el aporte de organismos internacionales en distintas fases de implementación.

Una política estable contra el racismo institucional, aprendizajes y proyección regional

Consultada sobre los factores que explican la continuidad de la PCRI, Genoveva enumeró tres pilares: “La institucionalización dentro de la estructura administrativa; la formación continuada, que crea memoria institucional; y la presencia constante de la pauta racial en agendas estratégicas de la ciudad”. Ese conjunto, afirma, permitió que la política se mantenga activa y adaptable, incluso en contextos de cambio de gestión.

Para otras ciudades latinoamericanas que buscan enfrentar desigualdades raciales, la experiencia de Salvador deja un conjunto de aprendizajes. Genoveva enfatiza la importancia de comenzar con un diagnóstico profundo de los propios procesos internos: “Es indispensable entender dónde y cómo el racismo opera en la administración”. También considera clave crear estructuras permanentes —como los núcleos internos— capaces de sostener la política a largo plazo; invertir en formación continua; y desarrollar sistemas de datos con recorte racial para orientar la toma de decisiones. La participación de movimientos sociales y de la academia, afirma, fortalece la legitimidad y mantiene la política conectada con las demandas reales de la población negra.

La PCRI sigue plenamente activa. La Semur continúa promoviendo formaciones, encuentros y acciones intersectoriales, mientras que los Núcleos Internos trabajan de forma descentralizada en las distintas secretarías. Profesionales de salud, educación, gestión y asistencia social participan regularmente en actividades vinculadas a la política. Documentos, cartillas y registros fotográficos pueden consultarse en los informes oficiales de la Prefeitura y en las publicaciones de la Semur, que reúnen materiales de las formaciones, seminarios y acciones desarrolladas en los últimos años.

Para Genoveva, el desafío central sigue siendo sostener la transformación estructural iniciada por la PCRI: “Es una política que exige continuidad, revisión permanente y compromiso de toda la administración”. Salvador, sostiene, avanza hacia un modelo en el que la lucha contra el racismo institucional no es un proyecto puntual, sino un principio de gestión. Una experiencia que, por su capacidad de transformar procesos internos y construir cambios culturales sostenidos, hoy se observa como referencia para ciudades de toda América Latina.

^{Imagen principal: Prefeitura de Vitória.}
Redacción +COMUNIDAD

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Em um contexto em que os municípios estão cada vez mais próximos dos problemas cotidianos, as cidades brasileiras têm mostrado caminhos possíveis para abordar o racismo a partir da gestão local. Duas experiências — Vitória e Salvador — permitem observar distintas estratégias para fortalecer a participação social, revisar práticas internas, institucionalizar políticas públicas e gerar impacto sustentável.

Pode ler este artigo em espanhol aqui:

Vitória: participação territorial, memória ativa e uma política contínua de igualdade racial

A capital do estado do Espírito Santo desenvolveu, ao longo de mais de duas décadas, uma estrutura institucional que combina participação cidadã, ações educativas e políticas territoriais para enfrentar desigualdades históricas que afetaram especialmente a população negra.

Desde o fim dos anos 1990, a cidade conta com o Conselho Municipal do Negro (Conegro), um espaço de representação social e estatal que orienta prioridades, propõe políticas públicas e monitora sua execução. Essa construção institucional é complementada pelo Museu do Negro, administrado pela Prefeitura e ativo na preservação da memória, em oficinas educativas e rodas de conversa comunitária.

O secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, resumiu para RIL e +COMUNIDAD o sentido dessa estrutura: “A proposta do Conselho Municipal do Negro é dar destaque e priorizar, a partir da participação, políticas definidas pelo próprio grupo como prioritárias para a cidade. E o Museu do Negro cumpre um papel central ao manter viva a cultura em um espaço aberto à comunidade”.

A conformação do Conselho se apoiou em um modelo territorial de nove regionais, que gera contato frequente com lideranças locais. Todas as quintas-feiras, a Secretaria se reúne com uma das regiões para ouvir demandas, articular propostas e reforçar a participação comunitária.

Segundo Forrechi, essa dinâmica foi fundamental para garantir representatividade e fortalecer a vinculação com associações de moradores que historicamente enfrentaram desigualdades. “Temos uma relação muito próxima com as comunidades. Esse diálogo semanal facilita a mobilização e permite que as associações divulguem a importância do Conselho”, explica.

Participação contínua e expansão territorial

Um dos principais desafios iniciais foi garantir a participação voluntária da sociedade civil em um órgão não remunerado. Para sustentar a qualidade técnica e assegurar continuidade, a Prefeitura designou uma servidora especializada em direito para acompanhar as atividades do Conselho. “Envolver a sociedade civil é sempre mais difícil, porque exige compromisso. Por isso precisávamos de uma equipe capacitada que desse suporte técnico e jurídico. Esse apoio ampliou a capacidade executiva do Conselho”, afirma o secretário.

A agenda de igualdade racial também se integra com políticas de juventude e revitalização urbana. Durante o Mês da Consciência Negra, Vitória promove dezenas de atividades culturais, educativas e esportivas nas Casas da Juventude, muitas localizadas em territórios que viveram longos processos de exclusão, como Grande São Pedro.

Ali, a transformação urbana e os novos equipamentos públicos consolidaram espaços de participação de jovens negros em políticas culturais e formativas. Entre as ações mais emblemáticas, destaca-se a Corrida Zumbi dos Palmares, realizada há 14 anos, que conecta a Casa do Cidadão ao Museu do Negro. “É uma forma de chamar a atenção da população e fortalecer a memória. A corrida se tornou um encontro cultural com música, gastronomia e artesanato vinculados ao Conselho”, afirma Forrechi.

O secretário sustenta que a continuidade dessas políticas depende de uma premissa básica: que as propostas do Conselho se traduzam em ações concretas. “Qualquer Conselho é mais efetivo quando as propostas apresentadas são executadas. Se as pessoas se reúnem, propõem, e nada acontece, isso desmotiva e esvazia o espaço”, avalia. Para evitar esse risco, a Secretaria elaborou um plano estratégico que permite transformar ideias em projetos executáveis e com potencial de financiamento, fortalecendo a confiança das comunidades no processo.

Educação, políticas públicas e aprendizagens para a região

A cidade também relaciona essa agenda com a expansão das escolas de tempo integral, que passaram de quatro em 2021 para mais de quarenta atualmente. Para Forrechi, essa política educacional integra uma estratégia ampla de redução de desigualdades e prevenção de violências. “Oferecer educação para toda a população diminui as possibilidades de que crianças e adolescentes fiquem em situações de risco. Espaço público ocupado, políticas bem estabelecidas e educação acessível: essa combinação é uma das melhores formas de melhorar a qualidade de vida”.

Vitória identifica várias oportunidades de aprendizagem para outras cidades da região: institucionalizar espaços de participação, fortalecer a presença territorial do Estado, garantir suporte técnico permanente e sustentar rotinas de diálogo capazes de transformar demandas sociais em políticas reais. Como experiência replicável, Forrechi menciona o programa Cidadania Fundamental, que convida estudantes do nono ano a passar um dia na Secretaria para conhecer como se desenham políticas públicas, incluindo o trabalho do Conegro. “Levar essa temática às escolas — ou trazer as escolas a esses espaços — multiplica o impacto no curto, médio e longo prazo”, destaca.

Salvador: uma política pioneira para transformar a administração e combater o racismo

Salvador é uma das cidades brasileiras que mais cedo reconheceu que as desigualdades enfrentadas pela população negra não podiam ser explicadas apenas por preconceitos individuais. A administração municipal identificou que, em muitos serviços, existiam práticas, critérios e rotinas que produziam resultados desiguais sem intenção explícita de discriminar.

Esse diagnóstico deu origem, em 2005, a uma política sistêmica: o Programa Municipal de Combate ao Racismo Institucional (PCRI), liderado pela Secretaria Municipal de Reparação (Semur), hoje comandada pela advogada e ativista Isaura Genoveva. “Identificamos que o racismo não era apenas um problema de atitudes individuais, mas um padrão estruturado de práticas e omissões que gerava desigualdades no acesso e na qualidade dos serviços”, explicou Genoveva a +COMUNIDAD.

O diagnóstico coincide com a definição oficial adotada pelo PCRI: falhas e vieses nas práticas institucionais que produzem desvantagens raciais, mesmo sem intenção explícita. Para a secretária, reconhecer esse funcionamento interno foi decisivo para orientar a resposta: “Era necessário institucionalizar processos que permitissem detectar, prevenir e corrigir desigualdades”.

A partir dali, Salvador optou por uma política que transformasse a administração desde dentro. Genoveva detalhou que um dos primeiros passos foi a formação continuada de servidores, centrada em racismo institucional, vieses inconscientes e práticas antirracistas. “Esse letramento racial criou uma base comum e estimulou a revisão crítica das rotinas administrativas”, afirmou. Paralelamente, foram criados os Núcleos Internos do PCRI em cada secretaria, equipes responsáveis por adaptar as diretrizes gerais à realidade de cada área. “Os núcleos garantem capilaridade e fazem com que a política não dependa apenas de campanhas ou de uma gestão pontual”, acrescentou.

Mudanças institucionais e efeitos nos serviços públicos

A secretária também destacou a implementação de protocolos e orientações técnicas para áreas sensíveis, como a saúde, historicamente atravessada por desigualdades raciais. A incorporação de dados desagregados por raça/cor foi outro elemento central. “Eles permitem monitorar desigualdades e orientar decisões baseadas em evidências”, explicou. Segundo Genoveva, essa etapa foi complementada por cartilhas educativas, seminários e materiais de apoio que ajudaram a construir consciência institucional e compromisso entre as equipes técnicas.

Os impactos, afirma, são cada vez mais visíveis. “Percebe-se uma administração com maior capacidade para reconhecer problemas e evitar danos”, avaliou. Em serviços essenciais, como saúde e assistência social, os servidores dispõem de mais ferramentas para identificar situações discriminatórias e agir de forma preventiva. Também houve avanços na relação entre o governo e as comunidades negras, fortalecida por iniciativas como o Novembro Negro e o Salvador Capital Afro, que consolidaram um compromisso público permanente com a equidade racial.

Genoveva ressalta que a política se sustenta pela ação conjunta de múltiplos atores. A Semur exerce a coordenação conceitual, mas os Núcleos Internos são responsáveis por levar a política ao cotidiano das secretarias. Movimentos sociais, organizações negras, universidades e centros de pesquisa participam de diagnósticos, formações e avaliações. A secretária também mencionou o apoio de organismos internacionais em distintas fases de implementação.

Uma política estável contra o racismo, aprendizados e projeção regional

Ao ser questionada sobre os fatores que explicam a continuidade do PCRI, Genoveva enumerou três pilares: “A institucionalização dentro da estrutura administrativa; a formação continuada, que cria memória institucional; e a presença constante da pauta racial nas agendas estratégicas da cidade”. Esse conjunto, afirma, permitiu que a política permanecesse ativa e adaptável, mesmo em contextos de mudança de gestão.

Para outras cidades latino-americanas que buscam enfrentar desigualdades raciais, a experiência de Salvador oferece um conjunto de aprendizados. Genoveva enfatiza a importância de começar com um diagnóstico profundo dos próprios processos internos: “É indispensável entender onde e como o racismo opera na administração”. Também considera fundamental criar estruturas permanentes — como os núcleos internos — capazes de sustentar a política a longo prazo; investir em formação contínua; e desenvolver sistemas de dados com recorte racial para orientar a tomada de decisões. A participação de movimentos sociais e da academia, afirma, fortalece a legitimidade e mantém a política conectada às demandas reais da população negra.

O PCRI segue plenamente ativo. A Semur continua promovendo formações, encontros e ações intersetoriais, enquanto os Núcleos Internos trabalham de forma descentralizada nas diversas secretarias. Profissionais de saúde, educação, gestão e assistência social participam regularmente de atividades vinculadas à política. Documentos, cartilhas e registros fotográficos podem ser consultados nos relatórios oficiais da Prefeitura e nas publicações da Semur. Reúnem materiais das formações, seminários e ações desenvolvidas nos últimos anos.

Para Genoveva, o desafio central segue sendo sustentar a transformação estrutural iniciada pelo PCRI: “É uma política que exige continuidade, revisão permanente e compromisso de toda a administração”. Salvador, afirma, avança para um modelo em que o enfrentamento ao racismo institucional não é um projeto pontual, mas um princípio de gestão. Uma experiência que, por sua capacidade de transformar processos internos e construir mudanças culturais duradouras, hoje se observa como referência para cidades de toda a América Latina.

^{Imagem principal: Prefeitura de Vitória.}
Redação +COMUNIDAD

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A mediados de la década de 2010, Caruaru (Pernambuco, Brasil) enfrentaba un desafío urgente: no contaba con políticas integradas para la primera infancia ni con datos que orientaran acciones estructurales. Los indicadores mostraban un panorama preocupante: altas tasas de embarazo adolescente, aumento de casos de sífilis congénita y dificultades en el desarrollo infantil. Estas cifras revelaban fallas en la atención a madres y niños en el municipio.

Un plan local para mejorar los indicadores

En 2018 se lanzó el Plan Municipal para la Primera Infancia (PMPI), con una visión a diez años, basado en evidencia y alineado a iniciativas globales como Urban95, que busca incluir la perspectiva de niños y niñas de hasta 95 cm de altura en la planificación urbana, la movilidad y los servicios municipales.

El plan, elaborado con participación técnica y política de distintas secretarías, fijó 60 metas concretas: desde la reducción de enfermedades hasta la ampliación de vacantes en guarderías. Para garantizar su cumplimiento, se creó un comité gestor intersectorial que integró las áreas de salud, educación, desarrollo social y planificación. Mediante decretos municipales, se consolidó el uso sistemático de datos para monitorear indicadores y ajustar objetivos.

La Secretaría de Salud intensificó los testeos rápidos de sífilis y el seguimiento del embarazo en barrios con mayor incidencia. Por su parte, la Secretaría de Educación identificó y localizó a niños y niñas fuera del sistema escolar.

También se lanzó el Programa Primera Infancia Caruaru (PRINC), que prioriza el tema en la agenda política y en el presupuesto, con objetivos como el desarrollo infantil integral, el fortalecimiento de las redes de cuidado materno-infantil y el acompañamiento a las familias.

Otra iniciativa destacada fue la creación del Comité de Niñas y Niños, un grupo consultivo compuesto por 20 infancias de entre 4 y 12 años provenientes de distintos barrios, que se reúne regularmente para opinar sobre temas de la ciudad. Esto incluye, por ejemplo, pedir más actividades en un festival local o reclamar la limpieza del río. 

Una nueva etapa con más metas y articulación

El impulso inicial se dio durante la gestión de la intendenta Raquel Lyra (2017-2022), y luego fue continuado por su sucesor, Rodrigo Pinheiro. En 2023 se instituyó formalmente el nuevo Plan Municipal para la Primera Infancia 2022-2032, con más de 280 metas y estrategias que abarcan educación, salud, protección social y gestión integrada.

Entre los objetivos concretos se encuentran la reducción de la mortalidad materna, la ampliación de vacantes en centros de cuidado, la capacitación de cuidadores y la implementación de mecanismos de monitoreo periódico.

En 2024 se inauguró el Centro Municipal de la Primera Infancia, un espacio que reúne servicios de salud (controles prenatales y pediátricos), formación docente y de cuidadores, apoyo parental e incluso una ludoteca con actividades para estimular el desarrollo. Este centro funciona además como un laboratorio de innovación, donde se recopilan y analizan datos para probar qué intervenciones generan mejores resultados.

Resultados concretos en salud y desarrollo de la primera infancia

Los efectos ya son visibles y medibles. Entre 2022 y 2023, los casos de sífilis congénita (transmitida de madre a bebé) bajaron de 79 a 19, una reducción del 76 % atribuida al uso de datos para focalizar pruebas y tratamientos en las zonas con mayores tasas de transmisión.

Durante el mismo período, la tasa de embarazo adolescente se redujo un 6 %, reflejo del mayor acceso a métodos anticonceptivos y de acciones de concientización dirigidas a jóvenes. Otro dato contundente: en 2021 hubo tres muertes maternas por complicaciones en el embarazo o parto, mientras que en 2022 no se registró ninguna. Este logro fue posible gracias al monitoreo individualizado de las embarazadas con riesgo. También se avanzó en la ampliación de vacantes en jardines de infantes y en el incremento de la cobertura de vacunación infantil, todo bajo seguimiento de las 60 metas iniciales del plan.

En 2024, Caruaru fue reconocida con la Certificación Plata del programa What Works Cities (WWC), que premia a las ciudades que gestionan con base en evidencia y hacen un uso eficiente de los datos. Esta certificación cuenta con el apoyo de Bloomberg Philanthropies.

Lecciones para otras ciudades

La experiencia de Caruaru muestra que, incluso fuera de las grandes capitales, es posible liderar procesos de innovación pública cuando hay una prioridad clara. Una de las claves fue elegir un enfoque temático acotado: al colocar a la primera infancia como agenda principal, el gobierno pudo movilizar recursos y alianzas de forma mucho más efectiva que si hubiera intentado abordar todos los problemas al mismo tiempo.

También fue fundamental el alineamiento político y técnico. La continuidad del proceso fue garantizada a pesar del cambio de gobierno: Raquel Lyra pasó a ser gobernadora y su sucesor, Rodrigo Pinheiro, sostuvo el respaldo a las políticas iniciadas. En 2023, muchas de las acciones fueron institucionalizadas por ley o decreto.

La articulación intersectorial resultó clave: todas las áreas empezaron a “mirar a la infancia”. Las secretarías compartieron información y se coordinaron para cumplir metas comunes, rompiendo la lógica de trabajar en compartimentos estancos. Al inicio hubo dificultades, por ejemplo, para consolidar bases de datos dispersas entre el sistema de salud pública (SUS), el programa Bolsa Familia y los registros escolares. Pero se invirtió en sistemas de información y hoy es posible cruzar datos para seguir de cerca la trayectoria de cada familia beneficiaria.

Otro aprendizaje fue abrir el proceso a la comunidad y a especialistas externos. El plan PMPI fue construido con consultas públicas y el acompañamiento de organizaciones como el CECIP (Centro de Creación de Imagen Popular), lo que aportó legitimidad social y rigor técnico.

Un modelo replicable

La experiencia de Caruaru resulta especialmente inspiradora para ciudades de tamaño medio. El modelo del centro integrado para la primera infancia (como el CERPRINC) puede adaptarse a distintos territorios. Algunos de sus componentes —como los espacios de formación para educadores o la concentración de servicios en un solo lugar— ya están siendo replicados por otras ciudades de Pernambuco.

También es replicable la adhesión a redes globales como Urban95, de la que hoy participan muchas ciudades brasileñas, desde Boa Vista hasta São Paulo, intercambiando aprendizajes y buenas prácticas.

Desde el punto de vista de la gestión, Caruaru demostró que los planes municipales para la primera infancia pueden pasar del papel a la práctica cuando se combinan voluntad política y herramientas de monitoreo. Cualquier ciudad puede iniciar un diagnóstico de su situación actual, definir un conjunto acotado de metas y crear un comité de gestión que impulse avances año a año. Lo importante es contar con indicadores claros y publicar los resultados, lo que permite sostener las acciones en el tiempo, incluso ante cambios de gobierno.

En definitiva, Caruaru demuestra que invertir en la primera infancia es una estrategia de alto retorno social, transferible a cualquier contexto. Al mejorar hoy la vida de niñas, niños y sus familias, la ciudad está sembrando desarrollo humano y económico para el futuro. Un camino que muchas otras ciudades pueden seguir, guiadas por sus propios datos.

Este artículo fue redactado originalmente en portugués por Amilcar Pereira Cardoso, especialista en transformación del sector público, y traducido y editado por +COMUNIDAD. Integra una serie de publicaciones sobre ciudades de Brasil que utilizan datos para impulsar políticas públicas basadas en evidencia.

Imagen de portada: Elvis Edson para Prefeitura de Caruaru.

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Por María Mercedes Ordoñez y Clarisa Corral (*)

La transición energética plantea desafíos que no son únicamente ambientales, sino también sociales. Estamos frente a una situación de pobreza energética cuando un asentamiento informal no tiene conexión a la red eléctrica o de gas, pero también cuando una mujer debe caminar varios kilómetros para conseguir leña para calefaccionar su hogar ya que, a pesar de tener conexión a servicios, no tiene acceso a tecnologías de climatización. 

Hablamos de pobreza energética cuando una persona mayor, en plena ciudad, debe restringir el consumo básico de energía porque su jubilación le obliga a priorizar otros gastos. También se manifiesta cuando el desempeño escolar de un niño se ve afectado por no tener luz para hacer la tarea en su casa, cuando en invierno anochece temprano.

En términos generales, la pobreza energética ocurre cuando un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas de manera continua, segura y estable, ya sea por razones económicas, de infraestructura o equipamiento. Sin embargo, su naturaleza multidimensional —que abarca factores técnicos, sociales, económicos, culturales y climáticos— dificulta la adopción de una definición única y universalmente aceptada. 

A propósito de esto, Paz Araya Jofré, investigadora doctoral en Antropología y miembro de la Red de Pobreza Energética de Chile  (RedPE) destaca “la importancia de que cada territorio y cada gobierno construya sus propias definiciones de pobreza energética acorde a las realidades y diversidades territoriales”. La declaración se produjo en el marco del último encuentro de la Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas, realizado en julio de 2025.

En el mismo sentido, se vuelve fundamental la construcción de indicadores propios y la generación de información local para el diseño de políticas públicas de equidad energética. Entre estos, se pone el foco en conocer en particular los niveles de ingresos y gastos de las familias, la disponibilidad de tecnología, las condiciones habitacionales, entre otros. 

Alejandra Reyes, de la Dirección Nacional de Energía de Uruguay, resaltó además el valor de “considerar en el diseño de estos indicadores las características climáticas y patrones socioculturales que puedan estar condicionando las dinámicas de acceso y consumo de energía en cada localidad”.

^{Unas 2.100 millones de personas siguen cocinando y calentando sus hogares con combustibles sólidos, según la OMS. Imagen: Dirección de Hábitat, Godoy Cruz, Mendoza.}

Cuando la falta de energía profundiza otras desigualdades

Que un hogar no tenga acceso a servicios de energía se entrelaza con otras condiciones estructurales de desigualdad urbana y social. Esto condiciona el ejercicio de diversos derechos que garantizan una vida digna y con oportunidades en una ciudad.  

La pobreza energética se constituye como una experiencia de vida que tiene efectos negativos tanto en la salud como en la alimentación, la educación, el empleo, la recreación y la resiliencia frente a contingencias climáticas extremas. A propósito de esto, Chisaki Melissa Guibo, arquitecta y jefa del Departamento de Formulación y Evaluación de Proyectos de la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Godoy Cruz enfatizó en que “la pobreza energética no es un problema aislado, sino que es una expresión más de las desigualdades estructurales que atraviesan nuestros territorios”.

Muchas familias sin acceso fiable a la red eléctrica o de gas dependen de combustibles insalubres para cocinar y calefaccionarse, lo que aumenta los riesgos de enfermedades por la exposición a contaminantes o conexiones informales. De hecho, según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que cada año 3,2 millones de personas mueren prematuramente por afecciones vinculadas a la contaminación del aire doméstico. Estas condiciones afectan de forma desigual a las mujeres, debido a la distribución inequitativa de los roles de cuidado dentro del hogar.

Sumado a ello, la falta de equipamiento e infraestructura para un aprovechamiento eficiente del recurso energético domiciliario –como es el aislamiento de las viviendas y los materiales constructivos precarios– exponen a las familias a una mayor propensión al desarrollo de enfermedades respiratorias. Esto aumenta, a su vez, las probabilidades de ausentismo escolar y laboral. En un contexto socioeconómico de pluriempleo o de dobles jornadas de estudio y trabajo, la falta de servicios energéticos complejiza el desarrollo de emprendimientos productivos y de fortalecimiento de la trayectoria escolar.

Además, la falta de acceso a la energía en calidad y cantidad atenta contra la posibilidad de que un hogar pueda afrontar fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, temperaturas bajo cero y tormentas severas. Estos efectos se agravan cuando se trata de personas mayores, personas con discapacidad o electrodependientes, que requieren condiciones térmicas y de abastecimiento estables para su supervivencia.

Retos comunes y respuestas locales

La forma en que están diseñadas y gestionadas las ciudades incide directamente en las posibilidades de acceso a una energía segura, limpia y asequible. Las condiciones del entorno construido, la distancia a los centros de abastecimiento, la infraestructura de servicios, la calidad del hábitat y los criterios de ocupación del suelo son factores que pueden amplificar o reducir la pobreza energética. Por eso, integrar la planificación urbana y territorial en la estrategia energética resulta fundamental.

En este punto, la articulación entre políticas energéticas y políticas urbanas no puede ser postergada: el modo en que se planifican los barrios, se habilita el suelo o se distribuyen los servicios impacta directamente en la posibilidad de acceso equitativo a la energía.

Las ciudades latinoamericanas comparten desafíos estructurales: tarifas de energía altas, suministro intermitente y un gran sector informal con conexiones irregulares. Para enfrentarlos, los gobiernos locales pueden adoptar diversas acciones:

• Regularización y tarifas sociales. Facilitar la regularización de conexiones informales y ofrecer tarifas diferenciadas o subsidios focalizados para los hogares más vulnerables así como programas de pago flexible vinculados con mejoras en eficiencia energética que garanticen el pago de servicios esenciales.
• Vivienda social sostenible. Incorporar criterios de eficiencia energética y energías renovables en los programas de vivienda pública y asistencia habitacional. Por ejemplo, dotar a las casas sociales de aislamiento térmico, paneles solares o termo tanques solares reduce costos a largo plazo y mejora la calidad de vida.
• Generación distribuida. El desarrollo de proyectos de generación distribuida o generación distribuida comunitaria que permitan satisfacer las necesidades energéticas de poblaciones alejadas de las redes de servicios.
• Reacondicionamiento de vivienda. La inversión en mejoramiento habitacional de viviendas propias o alquiladas para la reducción de costos en energía. 
• Promoción de equipamiento eficiente. Ya sea para la adquisición de nuevos equipos de climatización como de mantenimiento y recambio de equipos preexistentes, pudiendo incluir el desarrollo de un mercado local de proveedores y prestadores de servicios para estos fines.

Ciudades contra la pobreza energética

La ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza, Argentina, es un caso inspirador de abordaje de la pobreza energética desde la gestión del hábitat, con foco en los asentamientos informales y poblaciones más vulnerables. 

En 2023, el municipio comenzó con la implementación de proyectos de vivienda social sustentable. Distintas familias en situación de extrema vulnerabilidad recibieron viviendas construidas con contenedores reciclados (“Ecocasas”). Estas casas, con un costo 40% menor por metro cuadrado que la construcción tradicional, incluyen termotanques solares para calefacción de agua. 

Se destinaron a hogares con condiciones de hacinamiento crítico y con personas con discapacidades o problemas de salud. A su vez, cada familia recibió su guía para el mantenimiento y uso de nuevas viviendas. De esta manera, el municipio logró reducir costos de producción y brindar soluciones habitacionales dignas, a la vez que introdujo tecnologías limpias y eficientes en las viviendas sociales.

Además, Godoy Cruz actualmente implementa varias líneas de acción que contribuyen a la equidad energética de las poblaciones más vulnerables. Entre estas se encuentra la ejecución de mejoras edilicias en viviendas vulnerables, a través del Programa de Emergencia Habitacional (PEHab), y las intervenciones sobre la infraestructura eléctrica informal (conexiones eléctricas no regularizadas, instalaciones deterioradas o sobrecargadas). También la renovación de cableado deteriorado, apuntalamiento o colocación de nuevos postes, colocación de térmicas y disyuntores, y mejora de instalaciones precarias. 

Asimismo, destacan el rol clave de sumar espacios de consulta para la población como es en este caso la Consejería de Hábitat para el acompañamiento técnico y comunitario permanente y el brindado de talleres de formación en estrategias bioclimáticas, electricidad y albañilería con enfoque térmico. Todo esto, diseñado a partir de un sistema de relevamiento continuo con enfoque multidimensional que permite orientar políticas públicas con base territorial.

^{Talleres de albañilería básica con enfoque en el confort térmico. Imagen: Municipalidad de Godoy Cruz.}

Otro caso destacable ocurre en Chile, donde el gobierno central –en coordinación con gobiernos locales– implementa acciones para reducir la pobreza energética dirigidas especialmente a las infancias y a las personas mayores de zonas rurales. 

Es así que, en los últimos cuatro años, se creó y fortaleció una línea de acción para acceso y mejoramiento del suministro energético en escuelas rurales. Se focalizan recursos para el desarrollo de iniciativas de eficiencia energética, el robustecimiento del sistema eléctrico, calefacción sustentable y agua caliente sanitaria para baños y duchas donde asisten niños y niñas de comunidades originarias. 

A la vez, desde el programa para Acceso y Mejoramiento del Suministro Energético en establecimientos con rol público se ha llevado adelante una línea de acción para mejorar las condiciones energéticas de Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) a través de energías renovables. 

La Ciudad de México, con casi el 98% de sus habitantes conectados a la red eléctrica, ha identificado nuevas fronteras de la pobreza energética: la falta de agua caliente y el alto costo del gas LP para cocinar. Para abordar esto, lanzó el programa “Ciudad Solar”, que impulsa el uso intensivo de energía solar en la ciudad. 

Bajo este plan se han instalado grandes paneles fotovoltaicos en techos de mercados mayoristas y edificios gubernamentales, aprovechando los altos niveles de radiación solar de la capital. Además, se establecieron regulaciones que obligan a instalar calentadores solares de agua en todas las nuevas viviendas y edificios reconstruidos, reemplazando la demanda de gas licuado por energía limpia. 

En consonancia, el gobierno ha donado más de 25.000 calentadores solares a hogares de bajos ingresos desde 2018, cubriendo sus necesidades de agua caliente con energía asequible. Estas iniciativas reducen la factura del gas LPG (que usa el 82% de los hogares) y mejoran la salud al disminuir la quema de combustibles fósiles en los hogares.

Aunque este tipo de políticas requiere inversión pública significativa, también muestra la capacidad de los gobiernos urbanos para movilizar recursos, regular y coordinar actores, y generar impactos tangibles en la vida cotidiana.

^{Paneles solares en la Ciudad de México. Imagen: Gobierno de la Ciudad de México.}

Colaborar para transformar: Red Latinoamericana de Ciudades Energéticas

Cuando se promueve la participación de equipos técnicos municipales, comunidades y actores del territorio en el diagnóstico y codiseño de las soluciones, se logran políticas públicas más ajustadas a las realidades concretas. Desde esa perspectiva, los municipios cumplen un rol clave como articuladores de políticas públicas de equidad energética cercanas al territorio. 

La experiencia acumulada en la Red de Innovación Local (RIL) demuestra que la innovación urbana surge muchas veces del intercambio horizontal entre gobiernos locales y de la escucha activa de las necesidades barriales. En muchos casos, las respuestas más eficaces han surgido del trabajo colaborativo entre áreas técnicas, equipos de gobierno y comunidades organizadas. Reconocer esa capacidad de los gobiernos locales para coordinar, escuchar y construir en conjunto es central para avanzar hacia una transición energética más justa. 

 (*) María Mercedes Ordoñez es coordinadora del programa Ciudades de la Energía y Clarisa Corral es integrante del equipo de Comunidades de la Red de Innovación Local (RIL).

Imagen principal: Unsplash.

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Muchas cosas pueden convertirse en una fuente de olor persistente que molesta, incomoda y afecta la vida cotidiana. Lo saben bien quienes viven cerca de basurales o cloacas descubiertas, pero también quienes cruzan todos los días una estación de tren o un pasillo comercial impregnado de amoníaco y abandono.

Como es de esperar, esta contaminación odorífera impacta en la salud, el bienestar y la percepción del espacio público. Pero algunas ciudades ya están mostrando caminos posibles. Un relevamiento realizado por +COMUNIDAD detectó que, si bien no existen soluciones definitivas al problema de los malos olores, distintos territorios están probando estrategias que combinan participación ciudadana, innovación con datos y biotecnología.

Microorganismos benéficos vs. malos olores

Una de esas estrategias proviene de la empresa colombiana BioHBAC, que trabaja con microorganismos diseñados para acelerar la descomposición de materia orgánica en lagunas de oxidación, cloacas o plantas de tratamiento. En otras palabras, procuran eliminar los malos olores sin recurrir a químicos agresivos.

“Estos microorganismos descomponen la materia orgánica presente en las aguas residuales mediante un proceso llamado biodegradación. Durante este proceso, los residuos orgánicos se convierten en sustancias más simples e inofensivas, lo que reduce significativamente la producción de compuestos malolientes”, explican desde la compañía. 

Según su mapeo, varias Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs) en ciudades colombianas utilizan esta estrategia para mejorar la calidad del agua y reducir los olores. Es el caso de Salitre (Bogotá), El Hatillo y El Retiro (Medellín), La Esmeralda (Bucaramanga), El Peñol (Antioquia) y La Isla (Cartagena). 

En especial, destacan que en este último caso, el uso de microorganismos benéficos también se aplica sobre lagunas de oxidación. “Esta innovación ofrece un modelo valioso para municipios como Chía, donde la laguna de oxidación es una fuente principal de malos olores”, proponen. 

La experiencia de Cartagena

Siguiendo por Colombia y específicamente por Cartagena, esta ciudad también enfocó sus esfuerzos en la infraestructura del tratamiento de aguas residuales, lo que contribuyó a la reducción de malos olores. Según José Zapata, gerente medioambiental de Aguas de Cartagena, la capital del departamento de Bolívar cuenta con una cobertura de alcantarillado que supera el 95%, y el 100% de las aguas residuales recolectadas son tratadas antes de su disposición final en el mar. 

Este sistema incluye una planta de tratamiento en Punta Canoa y un emisario submarino de 4.2 kilómetros de longitud (tubería que transporta aguas residuales tratadas al mar) que comenzó a operar en 2013. 

“La puesta en marcha del emisario submarino, en conjunto con La Bocana de Marea Estabilizada, ha contribuido enormemente a la recuperación de las aguas de la Ciénaga de la Virgen. Los resultados del monitoreo evidencian que tenemos un cuerpo de agua recuperado. Los olores han desaparecido, y hasta paisajísticamente comenzó a recuperar su esplendor”, afirma Zapata.

“Escuchar” las narices de la ciudad

Desde Barcelona, Rosa Arias –ingeniera química especializada en la gestión de olores– creó OdourCollect, una aplicación que propone empoderar a la ciudadanía afectada por la contaminación odorífera. Con esta plataforma, desarrollada por la organización Science for Change, los vecinos pueden registrar en tiempo real episodios de olor y describir su intensidad y características.

“OdourCollect surge como una herramienta que se basa en un enfoque de ‘abajo a arriba’ para abordar la contaminación por olores y capacitar a la ciudadanía a través de la ciencia ciudadana, las herramientas de RRI (Innovación e Investigación Responsable) y la cocreación. De esta manera, se convierten en impulsores del cambio en sus comunidades. A la vez, demuestran la problemática que están padeciendo y que tienen la oportunidad de participar en la toma de decisiones locales que afectan a su día a día”, describen desde Science for Change. 

Los datos recolectados son luego cruzados con información meteorológica y análisis técnicos. Esto permite identificar patrones, ubicar focos emisores y tomar decisiones basadas en evidencia. “Los malos olores causan dolores de cabeza, náuseas, insomnio, ansiedad, estrés… La contaminación por olores es la segunda queja medioambiental a nivel mundial, después del ruido”, explicaba Rosa Arias a La Voz de Galicia.

En esa entrevista, la investigadora también ponderó el rol de algunas ciudades españolas, como A Coruña, que fueron pioneras en crear ordenanzas municipales para proteger a poblaciones afectadas.

El enfoque de OdourCollect se probó en varios países europeos. También en ciudades de Chile y Uganda, donde fue usado de manera piloto para mapear el impacto de diferentes actividades odoríferas sobre zonas residenciales.

Tecnologías con olfato

En la búsqueda de soluciones innovadoras para mejorar la calidad ambiental urbana, el proyecto SNIFFDRONE emerge como una herramienta prometedora. Desarrollado entre 2019 y 2020 con financiación de la Unión Europea a través de la iniciativa ATTRACT, tiene como objetivo principal dotar a las ciudades de un dron con capacidades olfativas. Este dispositivo es capaz de proporcionar mediciones de olores especialmente densas y localizar de forma autónoma las fuentes de molestias odoríferas en plantas de tratamiento de aguas residuales. 

El equipo detrás de SNIFFDRONE incluye investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y de la empresa Depuración de Aguas del Mediterráneo (DAM). El sistema utiliza una suerte de nariz electrónica compuesta por 21 sensores químicos y ambientales. Con ella, se detectan y mapean en tiempo real los focos de olor en plantas de tratamiento. Con ayuda de algoritmos, localiza las fuentes e intensidad de las emisiones, permitiendo intervenciones más rápidas y precisas.

“El sistema ha sido calibrado y validado en condiciones reales de operación mediante varias campañas de medición en la planta depuradora de aguas residuales de Molina de Segura (Murcia, España). Los resultados obtenidos nos permiten obtener un prototipo capaz de predecir la intensidad del olor de las muestras de aire ambiental en tiempo real. Y recolectar muestras de manera simultánea para su análisis en laboratorio tras el vuelo, lo que permite calibrar y validar el funcionamiento del sistema”, destacaron desde DAM. 

Otra tecnología destacada (y latinoamericana) es el Sumidero Invertido Selectivo (SIS), inventado en 1991 por el ingeniero uruguayo Rafael Guarga. Este dispositivo mecánico extrae aire frío desde zonas críticas y lo expulsa hacia capas superiores de la atmósfera, aprovechando la estratificación térmica. Inicialmente diseñado para proteger cultivos de las heladas, el SIS demostró ser eficaz también en el control de olores. Actualmente se utiliza en más de 15 países y en ciudades como Punta del Este.

¿Pequeñas ideas con impacto?

En algunas ciudades, las soluciones no llegan desde drones ni laboratorios, sino desde la calle misma. En 2018, París instaló orinales ecológicos —los uritrottoirs— para evitar que las personas orinen en la vía pública. Los dispositivos convierten la orina en compost, no usan agua, y cuentan con sistemas naturales de neutralización de olores.

Los uritrottoirs generaron una intensa polémica. Su instalación en lugares visibles, como la Île Saint-Louis, provocó críticas por falta de privacidad. También por ser exclusivos para hombres, lo que llevó a cuestionamientos sobre su adecuación en el espacio público. 

Sin embargo, esta experimentación fue defendida por las autoridades. Ariel Weil, alcalde de París Centro, aseguró que fueron instalados en puntos de la ciudad donde, según mediciones, las personas orinan con más frecuencia en lugares públicos y generan olores. 

Ciudades con mejor aire (y menos olor)

En cada experiencia, la solución no fue inmediata ni perfecta, pero sí efectiva al generar mejoras concretas. Desde drones hasta bacterias, desde normas hasta mapas colaborativos, las ciudades están afinando el olfato para detectar los problemas… y también las oportunidades.

“En las comunidades afectadas por contaminación por olor, la motivación principal es recuperar la calidad de vida y del aire en su entorno”, concluye Rosa Arias, convencida de que los sentidos también deben ser parte de la política urbana.

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Redacción +COMUNIDAD. 
^{Foto principal: Korie Jenkins | Unsplash}

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Frente a esta realidad, un grupo de líderes comunitarios en Wakiso puso en marcha una iniciativa para revertir la situación. A través del programa “Keep a Child in School. One Meal at a Time” (“Mantén a un Niño en la Escuela. Una Comida a la vez”) , garantizaron que los niños reciban al menos una comida nutritiva al día en tres escuelas piloto, logrando así reducir drásticamente la deserción. 

Además de buscar asistencia inmediata, la propuesta promueve la participación de distintos sectores. Los padres colaboran con insumos y trabajo voluntario, las empresas locales aportan recursos y las escuelas han implementado huertas comunitarias para asegurar alimentos de forma sostenible. Gracias a este enfoque sistémico, la iniciativa es una de las tres destacadas del Programa de Innovadores Locales 2024. 

El impacto fue inmediato: más niños en las aulas, mayor atención en clase y una comunidad más involucrada en la educación. El desafío ahora es lograr una mayor escalabilidad del proyecto en Uganda. Conoce más sobre esta iniciativa y su impacto en la nota completa en AYNI EN HISTORIAS:

Si quieres conocer más sobre el proyecto y sobre cómo puedes ayudar a que esta iniciativa escale, te invitamos a visitar la página web del Marketplace de Soluciones Locales.

^{Foto principal: equipo “Keep a Child in School: One Meal at a Time” (Wakiso, Uganda)}

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En el inicio de 2024, María Teresa y Villa Cañás (4.500 y 9.800 habitantes, respectivamente) fueron seleccionadas, junto con otras seis ciudades argentinas —Mendoza, Neuquén, Corrientes, Jesús María, Escobar y Pergamino—, para participar en el programa Ciudades de la Biodiversidad, liderado por la Red de Innovación Local (RIL). 

Las dos localidades santafesinas se destacaron por un desafío particular: establecer un biocorredor que vincule sus espacios urbanos con los ecosistemas rurales que las rodean. Este proyecto fue posible gracias a la articulación con Aceitera General Deheza (AGD) y Syngenta, empresas que, junto con los gobiernos locales y productores agropecuarios, tomaron el compromiso de enriquecer la biodiversidad de la región.También con vecinos y vecinas, quienes participaron activamente en el diseño y en la apropiación de los nuevos espacios. 

“Este biocorredor demuestra que la biodiversidad es un puente que conecta las necesidades humanas con la salud del planeta. Las especies nativas cumplen un rol crucial: regulan el clima, mejoran la calidad del aire y del suelo, y generan espacios que benefician tanto a las comunidades urbanas como a los ecosistemas rurales. Sin embargo, este tipo de transformación sólo es posible cuando se integran actores diversos”, analiza Jimena Álvarez, coordinadora de Ciudades de la Biodiversidad en RIL.

Más que una conexión entre el campo y la ciudad

En simultáneo al armado del biocorredor, que ya cuenta con 7.000 hectáreas y está en pleno crecimiento, en las áreas rurales de María Teresa a Villa Cañás, Syngenta y AGD trabajaron con productores agropecuarios para incorporar prácticas que incrementen la biodiversidad en los campos.

“Estas acciones enriquecen el paisaje y también generan beneficios directos: la mejora en la fertilidad del suelo, el ciclo de nutrientes y la regulación hídrica, esenciales tanto para la sostenibilidad agrícola como para la calidad de vida en las ciudades”, explica Jimena Álvarez. 

Todas estas acciones –destacan sus impulsores– simbolizan una integración más profunda: la necesidad de conectar las dinámicas urbanas con la riqueza ecológica del entorno natural. En este caso, en un bioma de llanura pampeana húmeda. 

“El biocorredor busca atraer la presencia de polinizadores y generar así efectos benéficos en el ecosistema. Los productores implementan esos espacios en sus lotes a través del programa Paisajes Multifuncionales, que Syngenta lleva a cabo desde hace más de una década y que fomenta la creación de espacios destinados a la biodiversidad, tanto en áreas no productivas de los campos como en zonas urbanas”, detallan desde las compañías participantes. 

De esta manera, a través de refugios diseñados con flora nativa y adaptados al entorno local, se busca promover la presencia de polinizadores e insectos benéficos, esenciales para equilibrar y potenciar el ecosistema. 

Nuevos espacios de biodiversidad

En ambas localidades santafesinas, los esfuerzos por sumar biodiversidad en sus territorios también se cristalizaron en la creación de nuevos espacios públicos. Uno de ellos es la Plaza de la Biodiversidad, en la comuna de María Teresa. Se trata de un área renovada con flora nativa que fomenta la conexión con la naturaleza y promueve la educación ambiental. Este lugar es ahora un aula abierta donde los vecinos pueden aprender sobre la importancia de las especies locales y su rol en el equilibrio de los ecosistemas.

“En nuestra ciudad siempre promovemos el cuidado y trabajamos con ideas innovadoras con nuestros chicos. Si bien siempre trabajamos con temas del medio ambiente y su cuidado, no se nos había ocurrido hacerlo con la plaza que tenemos al frente. Gracias al trabajo con RIL, traemos diversidad y llevamos los proyectos desde el aula hacia la comunidad”, valoró Fabiana Bastonero, directora del Jardín de Infantes Padre Oscar Goapper, de María Teresa. 

La Plaza de la Biodiversidad cuenta con un cartel con información respecto a las especies que lo habitan. “Cada ser vivo cumple una función clave en el equilibrio de los ecosistemas, formando redes que nos proporcionan servicios esenciales como la purificación del aire, la polinización de cultivos y la regulación del clima. Conservar la biodiversidad es asegurar la calidad de vida y el bienestar de nuestra comunidad y futuras generaciones”, sostienen desde la Comuna. 

Modelos para replicar

En el caso de Villa Cañás, a fines de noviembre de 2024 inauguraron un Paseo de la Biodiversidad, un nuevo espacio verde diseñado con plantas y árboles nativos. En el proceso participaron, además de las empresas, docentes y estudiantes de la Escuela Técnica 484, el Colegio San José Nivel Secundario y la Escuela Normal Domingo F. Sarmiento.

“Yo siempre pienso que todos los espacios verdes que haya en nuestra ciudad son pulmones. Son energía, son biodiversidad. Estoy convencida, después de tantos años de docencia, de que trabajando con mis alumnos y otras instituciones podemos lograr muchas cosas. Estoy muy contenta”, expresó Mariel Palarich, docente de Villa Cañás.

En palabras Norberto Gizzi, intendente de Villa Cañás, se trata de “un nuevo espacio para que los vecinos disfruten del aire libre, la naturaleza y de la flora autóctona”.

El éxito de estos proyectos en el sur de Santa Fe celebra la articulación público-privada y sirve como modelo para otras ciudades en busca de soluciones integradoras. “Conocer y valorar la biodiversidad local es entender el tejido que nos conecta con nuestro entorno. Muchas veces asociamos la biodiversidad con lugares exóticos o lejanos, pero cada comunidad tiene su propio ecosistema, único y valioso. En María Teresa y Villa Cañás, el biocorredor no sólo une puntos geográficos, sino que también construye conciencia sobre la importancia de preservar lo que nos rodea”, concluyó Jimena Álvarez, coordinadora de Ciudades de la Biodiversidad en RIL. 

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^{Imagen principal: biocorredor en el sur de Santa Fe. Foto: Economía Sustentable.} 

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Por Juan Martín de Chazal,
Redacción +COMUNIDAD

Hablar de un modelo único de ciudad latinoamericana no es tarea sencilla. La región se caracteriza por una amplia diversidad urbana, desde enormes aglomerados como São Paulo o Ciudad de México, hasta ciudades intermedias y pequeñas comunidades que estructuran gran parte de su tejido social y económico. 

A pesar de esta enorme diversidad, existen patrones compartidos que trascienden las fronteras y ayudan a definir la experiencia de las ciudades en América Latina. En primer lugar, el legado colonial en gran parte de ellas consolidó centros urbanos alrededor de núcleos de poder y comercio, estableciendo patrones de crecimiento que, con el tiempo, han influido en su organización y estructura social.

A esto se suma un proceso de urbanización acelerada, especialmente en las últimas décadas, que provocó un crecimiento poblacional urbano desbordante sin una planificación adecuada. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), más del 80% de la región vive en ciudades, convirtiéndola en una de las más urbanizadas del mundo. Tal expansión masiva, como es de esperar, plantea grandes desafíos en términos de acceso a vivienda, movilidad, seguridad, salud y servicios básicos.

En el Día Mundial de las Ciudades, que se celebra cada 31 de octubre, la radiografía de las ciudades latinoamericanas muestra una serie de desafíos compartidos, pero también un horizonte de oportunidades impulsado por la innovación y la resiliencia.

¿Qué es una ciudad en América Latina? 

El término “ciudad” en América Latina abarca un amplio rango de asentamientos, desde enormes metrópolis de más de 10 millones de habitantes hasta pequeños centros urbanos que apenas superan los 2000 habitantes. La definición de “ciudad” varía según cada país, e incluso dentro de ellos. Los criterios incluyen la cantidad de habitantes, la concentración de las viviendas y las actividades económicas que desempeña la población, entre varios más.

Estas diferencias son más que terminológicas: reflejan distintas prioridades de desarrollo y gestión urbana en cada nación. Ciudades pequeñas y medianas suelen enfrentar limitaciones en recursos y capacidades institucionales, mientras que las grandes metrópolis deben hacer frente al reto de gestionar el crecimiento rápido y la densificación. 

Movilidad urbana: hacia un transporte más sostenible e inclusivo

Uno de los principales desafíos para las ciudades latinoamericanas –con manchas urbanas expandidas y escasamente planificadas– es la movilidad- El tráfico vehicular y el transporte público insuficiente generan problemas de tiempo, productividad, salud y medio ambiente. 

Frente a esto, varias ciudades han implementado estrategias innovadoras con criterios sostenibles. Medellín (Colombia) o La Paz (Bolivia), por ejemplo, son reconocidas por sus sistemas de teleféricos que permiten unir barrios separados por montañas. Curitiba (Brasil), por su parte, tomó el liderazgo regional en transporte sostenible hace ya medio siglo al crear, en 1974, el sistema de autobuses rápidos (Bus Rapid Transit o BRT). El modelo fue replicado en cientos de ciudades alrededor del mundo. 

Recuperación de espacios públicos y seguridad

En varias ciudades latinoamericanas, el uso de los espacios públicos suele estar limitado por la percepción de inseguridad y, a veces, por su deterioro. Cada vez más, la recuperación de estos espacios se ha convertido en un punto central de la agenda de desarrollo urbano bajo la premisa de devolver a la ciudadanía zonas seguras y accesibles para el encuentro social. 

Medellín (Colombia) constituye un ejemplo destacado de proyectos de urbanismo social. La capital antioqueña, que hasta hace pocos años estaba marcada por la violencia, ha conseguido transformar sus sectores más vulnerables con la construcción de parques, bibliotecas y espacios deportivos. Además de reducir el crimen, estas infraestructuras promueven la integración social y el sentido de pertenencia. 

En Argentina, un municipio del Área Metropolitana de Buenos Aires es reconocido nacional e internacionalmente por haber creado un sistema de seguridad con participación ciudadana que redujo considerablemente la criminalidad (ver cifras aquí). Se trata del programa “Ojos en Alerta” de San Miguel, un innovador sistema de vigilancia comunitaria que ya es replicado por decenas de ciudades.

La desigualdad y el reto de las viviendas accesibles

Según el arquitecto e historiador argentino Adrián Gorelik, “la villa de emergencia es la marca de agua que permite la aparición de la categoría de ciudad latinoamericana”. Estos asentamientos informales, conocidos también como favelas, barrios populares o invasiones, dependiendo del país, representan uno de los asuntos más críticos en la región.

En toda América Latina, la falta de viviendas accesibles y adecuadas afecta a millones de personas, poniendo en evidencia las profundas desigualdades socioeconómicas que han crecido junto con el acelerado proceso de urbanización de las últimas décadas. Según datos de la CEPAL, en la región más de 100 millones de personas viven en asentamientos informales. 

Frente a este panorama, se han ensayado varias soluciones que buscan mejorar las condiciones habitacionales sin desplazar a sus habitantes. En similar sintonía con la experiencia de Comuna 13 en Medellín, el caso de la transformación del Barrio Padre Carlos Mugica (ex Villa 31) es uno de los esfuerzos más reconocidos.

Con apoyo internacional, las primeras intervenciones incluyeron la construcción de infraestructura básica, mejor acceso a los servicios y el fomento de la participación comunitaria en las decisiones de desarrollo. 

La crisis climática y las soluciones basadas en la naturaleza

Una tendencia emergente en las ciudades latinoamericanas es el uso de soluciones basadas en la naturaleza para abordar las consecuencias del cambio climático. Mejores parques urbanos, techos verdes y corredores ecológicos son algunas de las alternativas que recorren todo el continente. 

“Históricamente, América Latina ha importado modelos de desarrollo urbano que no corresponden ni a su realidad ni a sus necesidades. Se han quedado atrás ante desafíos globales como el cambio climático, la inequidad y la seguridad. Ante estos retos, es necesario adoptar un modelo de ciudad que considere las necesidades de cada uno de los seres y elementos que nos encontramos involucrados en el ecosistema urbano”, sostiene el gobierno de Curridabat, en Costa Rica. 

Esta ciudad cuenta con una estrategia que busca colocar la biodiversidad en el centro de las políticas públicas, reconociendo a las plantas, los animales y los microorganismos como “ciudadanos” de su territorio. A través de esta visión inclusiva, conocida como “Curridabat Ciudad Dulce”, ha establecido corredores ecológicos que interconectan espacios verdes y facilitan la preservación de flora y fauna local.

Un horizonte de resiliencia y adaptación en las ciudades latinoamericanas

“A pesar de los esfuerzos por mejorar las condiciones de vida en nuestra región, tres dinámicas interrelacionadas siguen estando presentes en nuestras ciudades: discriminación, segregación y fragmentación. Esta trilogía naturaliza un problema endémico de América Latina y el Caribe: la desigualdad”, expone María Elena Acosta Maldonado, especialista en asuntos sociales en la región. 

Conscientes de estos problemas persistentes, +COMUNIDAD ofrece en este artículo una breve radiografía de las ciudades latinoamericanas destacando que, aunque enfrenten desafíos complejos, también cuentan con una alta capacidad de innovación y adaptación. 

Con oportunidad del Día Mundial de las Ciudades, el enfoque de esta publicación es reconocer y difundir algunas de las prácticas que están transformando el rostro de América Latina. Y, especialmente, ofrecer modelos de inspiración donde la creatividad y el compromiso colectivo son protagonistas. 

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^{Imagen principal: imagen de La Paz, Bolivia. Fuente: explorersaway.com}
Redacción +COMUNIDAD

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