Las ciudades conviven de manera permanente con desastres y crisis que afectan la vida de millones de personas. Incendios, inundaciones y eventos climáticos extremos impactan sobre viviendas, servicios públicos y redes comunitarias, y exponen las limitaciones de la respuesta estatal cuando la planificación llega tarde.

El inicio de 2026 volvió a poner este escenario en primer plano en distintos puntos de América Latina. En el sur de Argentina, los incendios forestales en la Patagonia obligaron a evacuar poblaciones y a desplegar operativos de emergencia en localidades de Chubut y Río Negro. En el norte del país, las lluvias intensas provocaron desbordes de ríos y anegamientos en ciudades y pueblos de Salta y Jujuy, con impacto en rutas y servicios básicos.

En el Caribe, en tanto, episodios de tormentas e inundaciones afectaron a ciudades de República Dominicana, donde varios municipios activaron alertas y dispositivos de asistencia ante el avance del agua.

Frente a este contexto, los gobiernos locales enfrentan un desafío central: fortalecer su capacidad de preparación. Aunque no es posible evitar los desastres, sí es posible reducir su impacto mediante decisiones anticipadas, reglas claras y una mejor articulación entre actores públicos y comunitarios. En otras palabras, pasar de una gestión del riesgo reactiva hacia una constructiva. 

En distintas ciudades del mundo ya se ensayan respuestas en esa dirección. Sistemas de alerta temprana, esquemas de coordinación municipal y mecanismos financieros específicos muestran que la preparación requiere decisiones concretas.

Estas estrategias se apoyan en tecnología, organización comunitaria y planificación urbana para construir redes de protección más sólidas. Desde procesos de empoderamiento científico en Medellín hasta el uso de seguros paramétricos en ciudades de Estados Unidos, los casos que se presentan a continuación muestran que la gestión del riesgo es una tarea multidimensional, sostenida en políticas, instrumentos y capacidades que fortalecen la resiliencia. 

Medellín: la ciencia como lenguaje común para la prevención y resiliencia

En Medellín, Colombia, la gestión del riesgo va más allá de la mera recopilación de datos de las 17 alarmas que integran los Sistemas de Alerta Temprana Comunitarios (SATC). Estas alarmas surgieron en 2015 como una iniciativa ciudadana en el municipio de San Antonio de Prado, ante la necesidad de prepararse frente a posibles inundaciones provocadas por las quebradas de la zona. Con el tiempo, el proceso se consolidó como una pieza clave del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA).

Los SATC funcionan como estrategias territoriales que colocan a la comunidad en el centro de la gestión del riesgo. En este esquema, el SIATA actúa como soporte técnico que brinda información oportuna y confiable a poblaciones en situación de vulnerabilidad. En articulación con los organismos de gestión del riesgo, el sistema fortalece capacidades locales de respuesta y prevención, con el objetivo de reducir daños personales, pérdidas de vidas y afectaciones sobre viviendas, infraestructura y ambiente.

Esta apuesta por la apropiación social del conocimiento se expresa en iniciativas complementarias. Los Semilleros de Ciudadanos Científicos promueven el uso comunitario de herramientas tecnológicas y saberes ambientales. Territorio al Aire acerca información clave sobre el entorno de forma accesible. A su vez, los Cuentos SIATA traducen contenidos técnicos —como hidrología, meteorología, calidad del aire y cambio climático— en relatos pensados para públicos diversos.

^{Reunión de vecinos, vecinas y equipo del SIATA. Imagen: SIATA.}

Infraestructura y fondos de resiliencia en Recife y Salvador

La planificación urbana en Brasil avanza hacia un enfoque que busca convivir con la naturaleza, con especial atención en la protección de los sectores más expuestos al riesgo climático. En Salvador, donde cerca del 50 % de la ciudad se localiza en zonas con riesgo por sequías o deslizamientos, el gobierno local formalizó una alianza con el Fondo Financiero C40 (CFF) para identificar áreas críticas. De ese trabajo surge Bairro Novo, un proyecto orientado a fortalecer la resiliencia de 8.500 habitantes de Vila Mar mediante soluciones basadas en la naturaleza.

Las intervenciones incluyen la rehabilitación de cauces naturales, el uso de vegetación para estabilizar el suelo, la creación de áreas verdes y el pavimentado de taludes. El objetivo es reducir al 30 % la proporción de población que vive en zonas de riesgo hacia 2049. Estas acciones combinan infraestructura física y planificación territorial con una mirada de largo plazo.

Recife complementa esta estrategia con una herramienta de seguridad financiera aplicada a la gestión del riesgo. La ciudad evalúa sus activos y zonas clave para ajustar la cobertura del Fondo de Seguro de Infraestructura Urbana, administrado porLocal Governments for Sustainability (ICLEI). Este esquema permite acceder con mayor rapidez a recursos tras una catástrofe.

El principal aporte de este instrumento es la disponibilidad inmediata de fondos para la recuperación, lo que reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. Así, las comunidades de menores ingresos pueden iniciar antes la reconstrucción de viviendas y medios de vida. Esta solución financiera se articula con otras iniciativas urbanas, como el primer parque inundable de la ciudad, diseñado para retener y drenar el agua de lluvia mientras ofrece espacios públicos de uso recreativo y educativo.

^{Recife inaugura el primer parque diseñado para inundarse durante la temporada de lluvias. Imagen: g1.}

Protocolos y reingeniería: el modelo de respuesta en Corrientes y Guaymallén

La resiliencia urbana en Argentina está encontrando sus pilares en la combinación de una organización municipal clara y obras de infraestructura de alta precisión. En la ciudad de Corrientes, el principal desafío era enfrentar una multiplicidad de riesgos, que iban desde inundaciones y tormentas severas hasta incendios forestales y emergencias sanitarias. Frente a ese escenario, el municipio creó el Comité de Emergencias (COE), un espacio de coordinación entre áreas clave para garantizar una respuesta rápida ante situaciones críticas.

Un paso central fue la elaboración, por primera vez en la historia de la ciudad, de un Manual de Protocolo. Este instrumento define procedimientos y responsabilidades para cada actor municipal y establece pautas de actuación ante emergencias, en particular las de origen hídrico. El objetivo es asegurar intervenciones ordenadas y reducir tiempos de respuesta en contextos de alta presión operativa.

La efectividad de la gestión del riesgo se manifestó recientemente, en enero de 2026, tras una precipitación de 85 milímetros que, gracias a la previsión operativa, no dejó personas evacuadas y permitió un escurrimiento ágil del agua en las zonas críticas. Este resultado –según la evaluación de las autoridades– fue producto de un estricto protocolo coordinado por el COE, que activó tareas de limpieza de canales y mantenimiento de ductos de desagüe en los días previos a la tormenta. 

Ignacio Maldonado Yonna, secretario de Servicios Públicos de Corrientes, explicó que la  estrategia incluyó la instalación de bombas de escurrimiento en puntos estratégicos apenas se recibieron las alertas meteorológicas. Esto permitió que las áreas anegadas fueran atendidas de manera inmediata y eficiente.

A esta experiencia se suma el caso de Guaymallén, en Mendoza, donde el crecimiento urbano acelerado y las lluvias intensas habían superado la capacidad del sistema de drenaje tradicional. La respuesta fue una reingeniería integral a través del Plan de Drenaje Municipal (PMDU), que incluyó la construcción de 400 kilómetros de canalizaciones y la optimización de cauces existentes.

Con una inversión cercana a los 6 millones de dólares, el plan permitió captar más del 70 % del agua de lluvia y eliminar inundaciones en más de 40 barrios. Incluso durante tormentas de alta intensidad registradas en los últimos cinco años, el sistema mostró mejoras sostenidas en la seguridad hídrica local.

^{Parte del Plan de Drenaje Municipal (PMDU). Imagen: Municipalidad de Guaymallén.}

^{Personal del COE trabaja durante las últimas lluvias en Corrientes. Imagen: El Litoral.}

El modelo estadounidense: de la alerta temprana al blindaje financiero

En ciudades de Estados Unidos, la gestión del riesgo combina preparación tecnológica, organización comunitaria y herramientas financieras aplicadas a la prevención. En  Nueva York, las campañas Know Your Zone (Conoce tu zona) buscan ordenar y agilizar las evacuaciones ante emergencias. A través de una plataforma digital, las personas pueden identificar su zona de evacuación según el domicilio y acceder a guías prácticas para actuar antes y durante un evento crítico.

En la costa oeste, en Malibú, California, el enfoque se centra en la respuesta temprana frente a incendios forestales. Allí funciona el programa piloto Brigada Comunitaria, que actúa como un puente entre los bomberos profesionales y la población local. Sus integrantes realizan tareas clave que no incluyen la extinción directa del fuego, como coordinar evacuaciones puerta a puerta e inspeccionar viviendas para detectar vulnerabilidades frente al avance de las llamas.

El componente financiero adquiere especial relevancia en el caso de Fremont, también en California, donde el municipio contrató un seguro paramétrico contra inundaciones. A diferencia de los seguros tradicionales, este instrumento activa pagos automáticos cuando el nivel del agua supera un umbral predefinido, sin necesidad de evaluaciones posteriores de daños. La principal ventaja es la disponibilidad inmediata de recursos, que permite iniciar la reconstrucción sin demoras administrativas que suelen profundizar los efectos de una crisis.

La gestión del riesgo como eje de la Nueva Agenda Urbana

El recorrido por estas experiencias en el continente americano muestra que la resiliencia urbana es un proceso dinámico, como plantea la Nueva Agenda Urbana de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Integra tecnología, organización social, planificación territorial y herramientas financieras. En todos los casos, la gestión del riesgo deja de pensarse como una respuesta posterior al desastre y se consolida como una política pública orientada a la anticipación y la prevención.

Este cambio de enfoque se apoya, además, en una ampliación de los actores involucrados. Cuando el conocimiento técnico se traduce en información accesible y capacidades locales, la comunidad pasa a cumplir un rol activo en la reducción del riesgo. La preparación ya no depende solo de sistemas expertos, sino también de redes sociales organizadas y de reglas claras para actuar ante una emergencia.

La previsión económica completa este esquema. La incorporación de instrumentos financieros específicos permite contar con recursos inmediatos tras un evento crítico y reduce la dependencia de presupuestos generales tensionados. 

En conjunto, estas experiencias confirman que construir resiliencia implica asumir que los desastres y las crisis urbanas son una realidad persistente, pero también que su impacto puede ser gestionado por los gobiernos locales con anticipación, planificación y decisiones sostenidas en el tiempo.

Imagen principal: diseño Florencia Luján. 

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En estos paisajes brasileños, sin embargo, sí existen algunos meses lluviosos. Son pocos, pero los hay. ¿Qué pasaría entonces si las familias contaran con un mecanismo para almacenar de forma segura una cantidad suficiente de agua para administrar cuando haga falta? En 1999, la respuesta llegó de la mano del programa federal “Un Millón de Cisternas”. 

Nacida como una demanda de la sociedad civil, la política tiene el objetivo de garantizar la seguridad hídrica para cientos de miles de hogares. Históricamente, la falta de agua segura causó graves consecuencias como altos niveles de mortalidad infantil y elevada incidencia de enfermedades. Además, la recolección siempre fue un trabajo extenuante y costoso que afecta principalmente a mujeres.

“Nuestro gran diferencial fue proponer una tecnología sencilla, barata y familiar que, para el contexto de las familias del Semiárido, es una tecnología de punta, efectiva, que realmente soluciona el problema del abastecimiento de agua para consumo humano. Las familias han sido protagonistas de este proceso desde el inicio”, dice Valquíria Lima, coordinadora del programa para el estado de Minas Gerais. 

De las cisternas a la transformación comunitaria

Desde 2003, año en el que el programa entró en ejecución, el gobierno federal –en alianza con los poderes locales– entregó más de 1,5 millones de cisternas. Se estima que los beneficios alcanzan a más de 5 millones de personas, estimulando el desarrollo económico regional y contribuyendo a la seguridad alimentaria. 

Una vez que son relevadas y mapeadas, las familias reciben una cisterna de consumo que tiene capacidad de 16.000 litros. Esa reserva de agua sólo debe ser utilizada para beber y cocinar. Ya aparte, pueden solicitar otra unidad de producción de 52.000 litros para la agricultura y la alimentación de animales. 

Las cisternas captan el agua que cae sobre los techos y cuenta con un sistema de filtrado de macropartículas. Durante la construcción, los hogares beneficiarios reciben capacitaciones sobre su funcionamiento y cómo se debe administrar el agua para que dure durante los meses de sequía. 

¿Y cómo se prioriza su colocación? Por ejemplo, si hay dos familias de escasos recursos, pero una de ellas vive cerca de una represa y la otra está muy lejos de cualquier fuente de agua, esta es la que primero recibe un ejemplar. Una comisión comunitaria también revisa los criterios de elegibilidad, dando preeminencia a las casas en donde hay niños/as menores a 6 años, personas mayores, personas con discapacidad o aquellas encabezadas por mujeres.

“Ahora con las cisternas las cosas están mejor. Tengo más tiempo para estar con mi hijo y un mejor nivel de vida. Ya no tengo que caminar para traer agua en latas. Lo hice desde que era niña y siempre fue una experiencia dolorosa. Incluso con la sequía, ahora tenemos agua”, atestigua Lúcia, residente de la comunidad Sitio dos Pereiros, en el municipio de Santa Cruz da Baixa Verde, estado de Pernambuco. 

Un programa con reconocimiento mundial

Para garantizar la transparencia, todas las cisternas entregadas están georreferenciadas y registradas en un sistema online de monitoreo. Por su éxito, la política ya es replicada en comunidades rurales vulnerables de Paraguay y Bolivia. 

“El programa es innovador porque el objetivo principal de las acciones es desencadenar un proceso de movilización y capacitación con un enfoque en la convivencia en la región semiárida, la participación política y la construcción de alternativas simples. Exige cambios en las capacidades de actuación y fortalecimiento del potencial de los diferentes actores, como mujeres rurales, gerentes del Estado y técnicos”, analizan Laeticia Jalil y Rafael Neves, socióloga y coordinador del programa, respectivamente. 

En 2017, “Un millón de cisternas” fue reconocida como una de las políticas públicas más relevantes del mundo en la lucha contra la desertificación. La elección fue realizada por el Consejo Mundial del Futuro, en colaboración con la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación. Previamente, recibió otras distinciones en concursos de buenas prácticas como una innovación llevada adelante entre el gobierno central, los locales y el tercer sector. 

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^{Imagen principal: Cisterna en Peixe Bravo, Minas Gerais. Foto: LEO DRUMOND / NITRO.}
Redacción +Comunidad / Colaboración InnContext. 

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En pocos días, el calor extremo y el fuego causaron más de 1.000 muertes. “El calentamiento global está provocando un cambio sin precedentes en el régimen de incendios de Europa, sobre todo en el área del Mediterráneo”, advirtió un estudio internacional liderado por Jofre Carnicer, investigador de la Universidad de Barcelona.

Según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de febrero de 2022, el cambio climático causado por el ser humano y la sequía provocarán que el número de incendios forestales extremos aumente un 30% en los próximos 28 años. Desde el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea, Copernicus, alertó también que la temporada de incendios en Europa comenzó en 2022 antes de lo habitual y con más intensidad que en 2021.

“Esta tiene que ser la década de la acción climática decisiva. Eso significa confianza, multilateralismo y colaboración. Tenemos una opción. Acción colectiva o suicidio colectivo”, sentenció António Guterres, secretario general de la ONU. 

Experiencias pasadas y aprendizajes

A inicios de 2022, las temperaturas elevadas y la falta de lluvias provocaron cientos de incendios en el norte argentino. Con más de 800.000 hectáreas consumidas, la provincia de Corrientes fue la más afectada (ardió el 10% de su territorio).

“En la Municipalidad de Corrientes llevamos adelante una mesa de trabajo entre la Secretaría de Ambiente y la de Infraestructura para prevenir y no sufrir el impacto de los incendios. Se trabajó mucho en los diferentes espacios verdes limpiando para reducir lo mayor cantidad posible de material verde incendiable”, contó a +Comunidad Ignacio Maldonado Yonna, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la ciudad. 

Si bien la capital correntina no se vio tan afectada como otras localidades rurales, las tareas de prevención abarcaron a toda la provincia. En ese sentido, la creación local de mapas de riesgo, operativos de acción rápida y esquemas de colaboración aceitados entre los sectores público y privado hicieron que “la ciudad sea mucho más resiliente ante este tipo de catástrofes”, indicó el funcionario.  

Con respecto a los incendios en el hemisferio norte, Maldonado Yonna observó que son situaciones “cada vez más cotidianas” y que los planes de acción climática “empiezan a tener más preponderancia en la agenda local”. “La situación es la misma, no es de Europa ni de Latinoamérica, son las consecuencias del cambio climático. Las hablamos, las debatimos y las conocemos, pero hasta que no se hacen presentes en cada uno de nuestros territorios creemos que no nos va afectar”, reflexionó. 

Gestión local del riesgo e incendios

Ya sean rurales o urbanos, los incendios afectan a las poblaciones en todos los continentes. Las políticas locales para mitigar sus efectos son relativamente recientes y están relacionadas con la capacidad de las ciudades para manejar los desastres.

La localidad de A Arnoia (Galicia, España) avanza en 2022 con la creación de “polígonos agroforestales” con el fin de restaurar tierras agrícolas abandonadas y prevenir incendios forestales. Además de evitar los siniestros, el pueblo procura reintroducir la viticultura y volver a ser productivo. 

En Argentina, la ciudad patagónica de San Martín de Los Andes conformó la Red de Prevención de Incendios de Interfase. Integrada por el gobierno local, organizaciones ambientales e instituciones académicas, busca difundir las medidas de prevención para fortalecer la gestión de riesgos respecto al posible descontrol de focos ígneos. 

En esta nota podés conocer las diferencias entre los incendios urbanos, de interfase, forestales y rurales, y también un poco sobre su historia moderna. Además contiene los casos de más de cinco ciudades que implementaron estrategias para mitigar sus efectos (las soluciones van desde la implementación de sistemas geográficos hasta el uso de sistemas de alerta comunitaria). 

¿Qué soluciones lleva adelante tu ciudad para mitigar los efectos de los incendios forestales y periurbanos? Podés compartir la experiencia en +Comunidad.

^{Imagen principal: Incendios en las colinas de Mijas, al sur de España. Fuente: EPA.
Redacción +Comunidad.}

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Tener una idea, aportarle creatividad y transformarla en un bien o servicio innovador. Esta es la idea detrás de la llamada Economía Naranja, el conjunto de industrias culturales basadas en el talento, el conocimiento y la propiedad intelectual. En un mundo que camina hacia la automatización de los trabajos, su desarrollo se asoma como el futuro de las ciudades. 

“Si los países de América Latina quieren alcanzar un crecimiento balanceado de sus economías e incrementar su competitividad en este ambiente de constante cambio, es vital que fomenten las industrias de la creatividad y del conocimiento”, sentencia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), institución que lleva una década definiendo a la Economía Naranja o Creativa –son sinónimos– como “una oportunidad infinita”.

¿Y por qué el color naranja? La caracterización actual es de origen latinoamericano y representa la personalidad del sistema creativo, además de que “se lo suele asociar con la cultura y la identidad”. En ese sentido, el BID recuerda que en el Antiguo Egipto se usaban pigmentos naranjas para adornar las tumbas de los faraones o que incluso Dionisio, el dios griego del teatro, vestía con ese color. 

Un término amplio

El concepto se extendió tras la publicación del best seller “La Economía Creativa: cómo las personas hacen dinero de las ideas” (2001), de John Howkins. El autor estableció una conexión estrecha entre la creatividad y los negocios que, con el correr de los años, fue ahondada por múltiples organismos internacionales. 

“La relación entre economía y cultura suele abordarse con antagonismo, cuando en realidad son caras de una misma moneda. Es tal su correspondencia que la moneda en sí misma es una de las creaciones más maravillosas de ambas”, grafica el BID. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Cultura, las Ciencias y la Educación (Unesco) sostiene que la Economía Naranja o Creativa es un motor de desarrollo cada vez más importante en América Latina y el Caribe. Destaca que contribuye en términos de valor agregado, exportaciones, empleo, inversiones y productividad. 

“Se define como el grupo de actividades a través de las cuales las ideas se transforman en bienes y servicios culturales y creativos, cuyo valor está o podría estar protegido por derechos de propiedad intelectual”, explica el organismo. También distingue tres principales grupos dentro del término: las actividades tradicionales y artísticas, la industria creativa y las acciones que brindan apoyo creativo a las primeras. 

Según un informe de la revista Forbes publicado en 2021, se destinan globalmente U$S 31.000 millones de activos a la inversión cultural sostenible y de impacto, y se prevé que la Economía Creativa representará el 10% de la actividad mundial en los próximos años. En la actualidad, ya genera más de 300 millones de empleos y las industrias creativas aportan más del 3% del Producto Bruto Global. 

Ecosistemas creativos en las ciudades

“La Economía Naranja requiere del debido reconocimiento de los gobiernos por su importante aporte a la actividad económica, el desarrollo social inclusivo y el entendimiento de los pueblos. Para esto, es preciso desarrollar políticas públicas socioculturales que permitan al ecosistema creativo encontrarse en nuevos formatos y modelos de negocios para la recuperación, el crecimiento y la sostenibilidad a largo plazo del sector”, opina Claudia Guardia, experta en industrias creativas y cultura. 

¿Cuál es el rol de las ciudades en esta tarea? Aprovechando la concentración geográfica, la clave está en el fomento de aquellos ecosistemas creativos que incluyan al sector privado, la academia y el gobierno. 

“Particularmente, las ciudades creativas se caracterizan por una alta densidad de profesionales con formación y con antecedentes y preferencias muy diversos. Esta acción colectiva aumenta la innovación y productividad de las empresas, que pueden tener acceso a mejores insumos en forma de trabajadores, conocimiento, tecnologías y nuevas oportunidades”, describen José Miguel Benavente y Matteo Grazzi en “Políticas Públicas para la Creatividad y la Innovación” (2017) del BID.

“Todos estos actores establecen sinergias alrededor de proyectos creativos y llevan a cabo diferentes funciones en el proceso de difundir la cultura y la creatividad dentro del sistema de producción y de la sociedad en su conjunto”, reflexionan. 

Experiencias en marcha

En el Mapa de Soluciones Locales de RIL podés conocer más de 50 experiencias de ciudades que aplican políticas para “exprimir” las naranjas. Con los filtros “Desarrollo Económico” (categoría) y “Economía del conocimiento” (subcategoría), verás casos como los de Londres, Bariloche, Melbourne o Mar del Plata que buscan posicionarse como “ciudades del conocimiento”. O la experiencia de Austin, que procura ser el “mejor sitio para que los cineastas vivan y trabajen”. 

Algunos países ya le otorgan alta prioridad a la Economía Creativa en sus planes de gobierno. Por ejemplo, Colombia creó el Consejo Nacional de la Economía Naranja. 

Ya lo dijo el reconocido cantante Frank Sinatra: “El naranja es el color más feliz”. ¿En tu ciudad se promueven las industrias culturales y de conocimiento ? ¡Compartilo con RIL!

_{Fuente de imagen principal: BID.}

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) establece que “cambiando la forma en que planificamos, construimos, suministramos y gestionamos energía a nuestras ciudades, se pueden obtener enormes beneficios en la reducción de gases nocivos”. En ese sentido, la creación de viviendas más ecológicas, más pequeñas y que demandan menos servicios se ha extendido en todos los continentes. 

El movimiento nació durante la década pasada como respuesta al elevado precio de las propiedades tradicionales y su consecuente costo de mantenimiento. Así, la idea es “vivir con menos” y abastecerse con fuentes renovables siempre que sea posible.

Soluciones variadas y en tendencia

Se estima que dos terceras partes de la población mundial habitará en centros urbanos hacia 2030. “Las ciudades de todo el mundo constituyen la principal causa del cambio climático, pero también pueden formar parte de la solución para lograr la reducción de los nocivos gases de efecto invernadero que provocan el aumento de la temperatura global”, definió la directora ejecutiva de ONU-Hábitat, Maimunah Mohd Sharif.

El modelo de construcción de las “tiny houses”, prefabricadas o móviles, procura resolver en pocos metros cuadrados esos desafíos ambientales. También busca garantizar el acceso a una casa propia y generar una administración más eficiente de los suelos urbanos y rurales frente a la escasez de espacio. 

“Podemos resolver nuestros problemas de vivienda simplemente talando más árboles. O podemos construir espacios pequeños que no requieran ni cerca de la misma cantidad de materiales y no requieran tantos recursos para calentarlos y enfriarlos”, graficó Zack Giffin, vicepresidente de Tiny House Industry Association. Otra de las características de las “tiny houses” es la posibilidad de reubicarlas fácilmente, sobre parcelas de reducidas dimensiones, con un escaso impacto ambiental. En Estados Unidos, país pionero en el mercado, cada vez hay más opciones autosuficientes en materia energética gracias a la instalación de paneles solares.

Un multimillonario en una “tiny house”

Elon Musk, uno de los empresarios más ricos del planeta, informó en 2021 que vendió casi todas sus propiedades y se mudó a una casa pequeña en el estado de Texas, dentro de su sede de SpaceX.

Con un valor estimado de 50.000 dólares y una superficie de 37 metros cuadrados, la unidad prefabricada es plegable, minimalista y tiene características sostenibles. 

Menores emisiones

Las “tiny houses” también se presentan como una alternativa sostenible frente a los efectos negativos de la suburbanización de las ciudades y la extensión descontrolada de las manchas urbanas.

“El éxodo de las familias de estratos medios y altos de la ciudad central hacia los suburbios también implica una reducción de áreas verdes y, en muchos casos, la construcción de viviendas más grandes que tienen mayores necesidades de agua y energía”, definió en 2015 Avelina Ruiz Vilar, especialista en desarrollo urbano.

Un estudio en Australia arrojó que las “tiny houses” pueden reducir las emisiones de carbono por persona en un 70% en comparación con las casas tradicionales. Las cifras varían de acuerdo a las conexiones con las redes urbanas y el clima local.

^{Fuente de imagen principal: istockphoto.com}

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