En San Miguel, al noroeste del conurbano bonaerense, alguien puede ver algo extraño en la calle y escribirlo en un chat de WhatsApp. En segundos, ese mensaje ingresa al Centro de Operaciones del municipio, donde un operador lo cruza con las cámaras cercanas y despacha a la patrulla más próxima. La respuesta llega en menos de cinco minutos. El sistema es cada vez más conocido y se llama Ojos en Alerta, empezó en 2016 con un grupo de choferes de remis y hoy integra a más de un millón de personas distribuidas en 103 ciudades argentinas.

La herramienta no funciona sola. Detrás de cada mensaje hay un cuerpo de Policía Municipal que también cumple 10 años, un Centro de Operaciones que integra cámaras y denuncias, patrullas distribuidas por cuadrículas y una decisión política: asumir la prevención del delito como una competencia propia.

Esa combinación —tecnología accesible, inversión en infraestructura, voluntad institucional y Policía Municipal— ordena buena parte de la agenda de gestión del distrito. Es también parte de lo que permitió a San Miguel obtener, en 2026, la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL).

Encabezada por el intendente Jaime Méndez, la gestión local construyó en la última década un modelo que se proyecta más allá de la seguridad. En paralelo, el municipio sostuvo una política de primera infancia que empieza antes del nacimiento, convirtió un predio judicial abandonado en una reserva natural con salida al Río Reconquista, lanzó un hub tecnológico que forma programadores en barrios vulnerables y consolidó un calendario cultural con eventos que ya cumplieron diez años. 

Se trata de un modelo que atraviesa áreas distintas pero se sostiene sobre una misma premisa: el municipio es la primera ventanilla a la que llega la demanda ciudadana y, por lo tanto, tiene que responder. Y, para que eso ocurra, debe haber eficiencia en procesos internos. Las siguientes cinco políticas muestran cómo ese conjunto se integra en una manera de gestionar.

1. Ojos en Alerta: el vecino como primer sensor

En San Miguel, como en buena parte del conurbano bonaerense, la inseguridad se manifestaba en robos, siniestros viales, violencia de género y delitos contra el comercio. Había una particularidad local: pocos de quienes presenciaban un hecho llamaban al 911. La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y la cultura del “no te metas” convivían con la percepción cotidiana del delito.

La respuesta municipal combinó dos decisiones. La primera fue institucional: en julio de 2015 se creó formalmente la Policía Municipal, una fuerza jerarquizada que depende del Intendente y opera sobre el espacio público, con binomios compartidos con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La segunda decisión fue tecnológica. Concebida por Cristian “Piojo” Méndez, entonces secretario de Comunicación del distrito, la herramienta nació en 2016 como prueba piloto y se abrió al público general en 2018. El punto de entrada fue WhatsApp, la aplicación que los vecinos ya usaban a diario. La convocatoria empezó por quienes más circulan —choferes de remises y colectivos— y luego sumó comerciantes, encargados de edificios y cualquier vecino capacitado.

La lógica de fondo fue recolectar información que el sistema tradicional no estaba captando. “En Argentina, el 60% de los delitos no se denuncian”, explica Méndez. “Si no tenés datos, no podés prevenir”, insiste.

Los mensajes llegan al Centro de Operaciones Municipal, donde convergen también las imágenes de las cámaras de la vía pública. El operador activa la patrulla de la cuadrícula correspondiente y, en promedio, un móvil llega al lugar en menos de cinco minutos. Es decir, se activa la Policía Municipal. Las alertas procesadas anualmente en San Miguel alcanzan las 41.000, los usuarios activos del sistema en el distrito superan los 120.000 y el 85% de los reportes son para ayudar a otra persona.

El impacto sobre el delito responde a la suma de varios instrumentos: Ojos en Alerta, aplicación de inteligencia artificial, lectores de patentes, renovación de móviles y armas no letales. Méndez señala que en delitos con registro confiable —robo automotor, hurto, robo de motos y homicidios— el descenso en la última década se ubicó entre el 50 y el 75%. También refuerza que todo esto funciona porque está la Policía Municipal detrás.

El modelo se exportó sin franquicias ni costos de licenciamiento. Las 103 ciudades argentinas que lo replican tienen cada una su propio WhatsApp y su propio Centro de Operaciones, con capacitación de los equipos locales a cargo de San Miguel. En 2024, RIL reconoció al distrito como Ciudad Inspiradora por este programa. En julio de ese mismo año, la provincia de Córdoba firmó un convenio para adoptarlo. 

Lo que parece un gesto simple —escribir tres líneas en un chat de WhatsApp— se sostiene sobre una infraestructura pensada, financiada y operada por el municipio.

2. Primera infancia: del embarazo al jardín, sin que nadie quede afuera

La mortalidad materno-infantil y la prematurez tienen un denominador común: la falta de controles prenatales. La Subsecretaría de Primera Infancia de San Miguel diseñó un sistema escalonado que empieza antes del nacimiento y se extiende hasta que el niño ingresa al jardín de infantes.

La primera pieza es el Camino de la Embarazada (CDLE). Combina rastrillaje casa por casa, operativos con unidades móviles equipadas para controles obstétricos y ecografías, y una línea telefónica —Red Madre— que funciona como puerta de entrada directa. 

“Buscamos a mujeres embarazadas que no tengan algún control y hacemos un par de preguntas para detectar si están realizando los controles en fecha”, describe Alida, encuestadora del programa, en un registro audiovisual del municipio. María José, una madre que ingresó al programa sin saber que estaba embarazada, resume el impacto desde el otro lado del circuito: “Vinieron y me ayudaron con el tema de los turnos. Acá nunca te vas a sentir discriminada”.

En 2018, el dispositivo redujo en un 20% la cantidad de mujeres que llegaban al parto sin controles, y la mortalidad infantil local se ubicó por debajo del promedio provincial. La gestión 2025 muestra que el programa se consolidó: 84 operativos asistieron a 704 embarazadas, y el 94% de los nacimientos acompañados fueron a término.

Cuando el niño nace, comienza Los Primeros Mil Días, dirigido a familias en situación de extrema vulnerabilidad hasta los dos años de edad, con acompañamiento domiciliario que articula salud y desarrollo social. 

“Estamos en contacto por mensaje: cómo están los chicos, cómo van los controles, cuánto pesan”, cuenta Cintia, una de las madres acompañadas, en un registro municipal. Lo que más valora, dice, es “la parte humana: ver que hay personas que se preocupan por las necesidades de otras”. En 2025, el programa alcanzó a 339 niños. El 45% de las intervenciones requirió, en algún momento, la participación del Servicio Local para medidas de protección o seguimiento, un dato que describe la complejidad social sobre la que opera la política.

El tercer eslabón son los Centros de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF). Los diez centros del distrito atienden a niños de 45 días a 3 años en espacios de estimulación, nutrición y socialización, y hacen seguimiento para que ningún niño “caiga” del sistema al terminar el ciclo. En 2025, de 206 niños seguidos, el 100% se inscribió en el jardín de infantes y el 88,7% asistía de manera regular. Para Macarena, madre de una de esas niñas, el CDIF es “un lugar de contención” que, sobre todo, le da “tranquilidad”.

La política incluye una línea adicional que trabaja sobre el entorno adulto: Proyecto de Vida acompaña a las madres beneficiarias de Mil Días con talleres de oficios y un pilar complementario, Hecho en Casa, orientado al emprendedurismo autogestivo. En 2025, 17 mujeres completaron la formación y participaron en ferias municipales.

“En San Miguel cuidamos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte”, enfatiza la Municipalidad que encabeza el intendente Jaime Méndez.

3. Reserva Natural Urbana El Corredor: de chatarrero judicial a pulmón verde

En 2010, San Miguel contaba con apenas 1,10 m² de espacio verde por habitante, muy por debajo de los 10 m² recomendados a nivel internacional. En paralelo, en Bella Vista, un predio de 8 hectáreas a orillas del Río Reconquista funcionaba como chatarrero judicial: más de 2.200 vehículos acumulados desde 2004 y un basural clandestino de residuos áridos. El mismo terreno, sin embargo, tenía 290 metros de costa sobre el río y ecosistemas nativos con especies vegetales de más de un siglo.

La decisión del municipio fue recuperar ese pasivo ambiental y convertirlo en un activo público. Trabajar sobre el predio fue, literalmente, partir del cero. “Era un suelo sin nutrientes, sin vida”, resumió en una entrevista con Infobae en 2022 Alejandro Hillar, entonces coordinador de actividades en la reserva y trabajador de la Subsecretaría de Ambiente del municipio.

El diseño se apoyó en dos principios poco frecuentes para una obra de esta escala: uso de recursos existentes y participación comunitaria. El saneamiento pesado se ejecutó aprovechando los tiempos ociosos de los equipos de Obras Públicas e Higiene Urbana. Los restos de poda se compostaron como materia orgánica para mejorar el suelo. Las maderas de descarte se reutilizaron para cartelería y senderos. La reforestación se apoyó en donaciones de otras reservas naturales y en acciones de responsabilidad social empresarial.

Los resultados son tangibles. Se erradicaron 2.400 vehículos y 300 toneladas de chatarra. La superficie de espacios verdes públicos del distrito creció un 30%. La presencia de animales silvestres aumentó un 133%, con más de 200 especies registradas. Cada año se plantan más de 1.000 ejemplares nativos y la reserva recibe más de 40.000 visitantes y voluntarios anuales, con 100 escuelas de la región vinculadas a su programa educativo.

El marco normativo blindó el proyecto contra los ciclos políticos. La Ordenanza 13/2016 creó formalmente la reserva. La Ordenanza 41/2017 estableció un “banco de árboles nativos” alimentado por las sanciones aplicadas a extracciones no autorizadas: los ejemplares talados ilegalmente se transforman en unidades nuevas para la restauración.

En 2021, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación distinguió a San Miguel con la 12° mención en el Concurso de Experiencias Innovadoras de Planificación. En noviembre de 2025, CNN en Español cubrió la transformación del chatarrero en reserva dentro de su especial Día del Llamado a la Tierra, como caso internacional de restauración ambiental urbana.

El indicador menos medible es también el más revelador. Tras cerca de cinco décadas, los vecinos volvieron a remar en las aguas del Río Reconquista a través del festival La Reconquista del Río. Para Hillar, la reserva es, sobre todo, “un espacio para que la gente reconecte con la naturaleza”. Un predio que había sido patio trasero de la ciudad pasó a ser, literalmente, uno de sus frentes.

4. Usina Tecnológica: formar para la economía del conocimiento

La política educativa de San Miguel parte de un diagnóstico operacional: el desacople entre la formación secundaria disponible en el distrito y los perfiles que demanda el mercado laboral tecnológico.

La respuesta es la Usina Tecnológica (UTEC), un hub inaugurado como parte del Plan DECTI (Desarrollo de la Economía del Conocimiento). Combina 178 m² de coworking gratuito con cuatro aulas equipadas con kits de robótica, impresoras 3D y computadoras táctiles de 75 pulgadas. En alianza con la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Tecnológica Nacional, se lanzaron carreras cortas en tecnología inéditas en el distrito.

Desde su puesta en marcha, 10.000 personas participaron de iniciativas educativas, con más de 4.000 egresados. Mil jóvenes de barrios vulnerables accedieron a becas en programación y marketing digital. Las sucesivas ediciones del Hackatón convocaron a 1.100 jóvenes. En 2025, 140 alumnos de escuelas técnicas cumplieron las 200 horas obligatorias de prácticas profesionalizantes en áreas municipales, y la Expo Joven “Yo elijo mi Futuro” reunió a 1.820 personas.

La política educativa no se agota en el eje tecnológico. En paralelo, la gestión sostiene dispositivos orientados a fortalecer la identidad educativa del distrito: los Nucleamientos Educativos —encuentros barriales donde las escuelas exponen sus producciones anuales— convocaron en 2025 a 150 escuelas y 6.898 personas; la Promesa a la Bandera en Campo de Mayo reunió a 4.000 alumnos y 10.000 asistentes; las jornadas pedagógicas capacitaron entre 500 y 800 docentes.

“El proyecto Abanderados fue movilizador para toda la comunidad educativa”, sintetiza Cecilia Garrido, del Complejo Educativo Club Atlético San Miguel. “Fue una oportunidad de sumar emoción real a lo simbólico”, agrega.

Sumados todos los dispositivos, 54.167 alumnos se integraron a proyectos de articulación municipal en 2025. Los Nucleamientos Educativos y las prácticas profesionalizantes se realizan desde la Dirección de Experiencias Educativas de la Secretaría de Educación. “No se limita a lo tecnológico. El área reafirma su rol como corazón ejecutor de una política que busca, ante todo, una educación presente, técnica y profundamente humana”, destacan desde la Municipalidad.

5. Un calendario cultural que potencia la vida comunitaria

La fragmentación social y el debilitamiento de los vínculos comunitarios en entornos urbanos son fenómenos que parecen resistirse a la política pública tradicional. En San Miguel, la respuesta fue construir un calendario anual de eventos culturales que ocupan la ciudad con regularidad y se financian con la infraestructura existente.

La Plaza de las Carretas, la catedral del distrito, el corredor aeróbico sobre la avenida Francia y el Centro Cívico alojan encuentros con un formato común: participación activa de la sociedad civil, protagonismo de artistas y ballets locales, y convocatoria intergeneracional. El Carnaval Criollo, que en 2026 cumple diez años, reúne entre 5.000 y 8.000 personas antes del inicio de la cuaresma. La Maratón San Miguel Arcángel convoca a 5.000 inscriptos en sus pruebas aeróbicas. El Festival Criollo y la Fiesta Patronal —heredera de una tradición iniciada en 1896— suman cada uno 4.000 asistentes. La Noche de los Libros, también con diez años de continuidad, es el evento con mayor convocatoria: 10.000 asistentes en diciembre, al aire libre, entre libreros, editoriales y escritores.

El criterio de eficiencia en esta política es menos evidente que en las anteriores, pero está presente. El presupuesto cultural se optimiza al priorizar el protagonismo de ballets, grupos folclóricos y artistas locales por sobre producciones externas de mayor costo. La infraestructura urbana se usa como escenario en lugar de construir recintos específicos. La programación se concentra en fechas ya significativas para la comunidad —carnaval, fiestas patronales, conmemoración del 2 de abril—, lo que multiplica el impacto simbólico sin duplicar el gasto.

Lo que el municipio busca, según el propio plan cultural, es que los vecinos “se sientan parte de algo más grande y se reconozcan entre sí”. La formulación es difícil de medir, pero tiene un correlato visible en los diez años de continuidad que algunos eventos ya acumulan.

Gestionar desde el primer mostrador

Las cinco políticas descritas no son proyectos aislados. Son piezas de una manera de gestionar que asume que el municipio es, como suele decirse en el propio lenguaje interno de la Intendencia, el “primer mostrador” de la demanda ciudadana. Esa premisa lleva al gobierno local a responder incluso cuando la Constitución no le asigna la competencia de manera formal.

En un distrito del conurbano bonaerense que enfrenta los problemas típicos de los gobiernos locales latinoamericanos —demanda creciente, recursos limitados, competencias ambiguas—, San Miguel construyó una agenda que trata de ordenar lo que tiene a mano y medir lo que hace. La certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente obtenida en 2026 por el programa 100 Ciudades Certificadas de RIL es la consecuencia institucional de ese recorrido.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en San Miguel, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Santa Rosa y Junín:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron una distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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América Latina tiene más de 15.000 gobiernos locales. En muchos de ellos ya se ensayan respuestas concretas a los problemas que afectan cada día a millones de personas. Son soluciones con datos, con protagonistas y con resultados. Lo que no siempre tienen es pantalla. A partir de abril de 2026, eso cambia.

Malditos Optimistas es un programa diario conducido por Melina Fleiderman que recorre el ecosistema de innovación latinoamericano. Se emite por la señal DNews de DirecTV y está disponible en la plataforma de streaming DGO. Ahora, el programa sumará un segmento semanal dedicado a la innovación pública local, resultado de una alianza con la Red de Innovación Local (RIL), que a través de su Centro de Soluciones y el medio +COMUNIDAD aportará casos documentados de políticas municipales con innovación e impacto.

Lo que la televisión de innovación no suele mostrar

Malditos Optimistas se emite de lunes a viernes con una hora de duración dedicada a innovación, sostenibilidad, ciencia, tecnología con impacto y negocios con propósito. Opera desde Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, con alcance vía DGO en México y Brasil. Su lema es directo: “Las ideas no piden permiso”.

Cada miércoles, Inés Reineke, directora de Innovación Global de RIL, se sumará al panel del programa junto al periodista Joaco Ramos para presentar un caso de innovación municipal en América Latina. Cada episodio seguirá un arco narrativo claro: qué problema se identificó, qué respuesta se diseñó, qué resultados produjo y qué pueden aprender otras ciudades de esa experiencia.

El segmento parte de una constatación: la televisión latinoamericana de innovación se ha ocupado con frecuencia de startups, inteligencia artificial y negocios de triple impacto, pero rara vez se detiene en el actor que más cerca está de la vida cotidiana de las personas: el gobierno local. Las ciudades que diseñan respuestas efectivas a problemas públicos, que las miden y que las abren para que otras puedan adaptarlas constituyen un tipo de innovación pública que merece el mismo espacio.

“Este es un día de innovación local. Todos los miércoles vamos a conocer distintas historias de cómo desde una ciudad o una pequeña localidad se puede generar un efecto contagio positivo para vivir mejor en comunidad”, anticipó Fleiderman en la primera emisión del segmento.

Por qué importa visibilizar las soluciones de los gobiernos locales

Detrás de esta alianza hay una convicción respaldada por evidencia. El sociólogo Everett Rogers estudió durante décadas cómo se propagan las innovaciones en una sociedad y concluyó que existe un punto de inflexión: cuando aproximadamente el 16% de un grupo adopta una práctica nueva, la adopción masiva se acelera y el cambio se vuelve difícil de revertir. 

Visibilizar las soluciones que ya funcionan en distintas ciudades es más que un ejercicio de difusión: es una condición necesaria para que más gobiernos locales las conozcan, las evalúen y las adapten a su contexto.

“Dar a conocer las respuestas más innovadoras a los problemas públicos de la región, con el objetivo de que otras ciudades puedan replicarlas, es central para el cambio que queremos ver en América Latina: que cada vez sean más los gobiernos que gestionen con la ciudadanía en el centro, hasta lograr que el buen gobierno local sea un nuevo estándar“, señala Reineke.

Ojos en Alerta: el primer caso en pantalla

El primer episodio del segmento se emite el miércoles 15 de abril de 2026 y aborda Ojos en Alerta, un sistema de seguridad ciudadana basado en WhatsApp creado en el partido bonaerense de San Miguel que ya se replica en más de 100 municipios de América Latina. Cristian Méndez, creador del programa, participa en directo.

El episodio se transmite a las 10 AM de Argentina, Uruguay y Brasil, 9 AM de Chile y 8 AM de Colombia. Se puede ver en vivo por DNews (DirecTV) y a través del canal de YouTube de Malditos Optimistas.

La parrilla prevista de episodios contempla diversidad geográfica y temática, con casos que van desde movilidad y medio ambiente hasta gobierno digital y economía circular en ciudades de distintas escalas de la región.

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Esa transformación le valió, a fines de 2024, la primera distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL). Esta certificación reconoce a gobiernos locales que administran los recursos con responsabilidad, innovación y enfoque estratégico. Y, sobre todo, que traducen esos esfuerzos en mejoras tangibles para su comunidad.

“En Tres de Febrero entendemos la eficiencia municipal como la capacidad de hacer más y mejor con los recursos disponibles, acercando soluciones concretas a los vecinos de manera ágil, transparente y sostenible”, define a +COMUNIDAD Bautista Pino, jefe de Gabinete. Para lograrlo, resume cuatro claves: decisiones basadas en evidencia, transformación digital, capacitación permanente de equipos y participación ciudadana.

A continuación, un recorrido por cinco políticas que explican el reconocimiento y permiten identificar aprendizajes transferibles a otros municipios.

1. Mi 3F: ciudadanía digital para resolver trámites y reclamos

El punto de partida fue Mi 3F, la plataforma que unifica trámites, pagos, solicitudes y seguimientos en línea. Lo que antes estaba disperso en ventanillas y formularios ahora se resuelve en un único espacio digital, pensado para que cualquier vecino —desde un celular o una computadora— encuentre su gestión y compruebe su estado. 

La digitalización alcanzó más de 200 procedimientos y permitió que el 85 % de los trámites que eran presenciales se hicieran completamente online. Ese salto no es abstracto: detrás hay 145.000 usuarios registrados —125.000 vecinos activos— que ya interactúan por esta vía.

El cambio se percibe en tiempos y previsibilidad. Las habilitaciones exprés gratuitas, por ejemplo, se resuelven entre 48 y 72 horas según cada caso. Y los expedientes digitales con trazabilidad en tiempo real dejan de depender del “lleve y traiga” de papeles.

La plataforma incorporó, además, herramientas de escucha y control: un canal para denunciar trabas burocráticas y “Trefi”, un chatbot 24/7 que responde por WhatsApp y Telegram. Del lado interno, el esfuerzo se sostuvo con el control biométrico del personal y la publicación digital de declaraciones juradas y licitaciones. La premisa es sencilla: cuanto más claro y transparente es el proceso, más fácil es evaluar y mejorar.

2. Salud: de 60 a 10 minutos, y la atención que llega a casa

Uno de los mayores puntos de quiebre estuvo en la gestión de emergencias. Tres de Febrero reorganizó su red para que el tiempo de respuesta bajara de un promedio de 60 minutos a 10 minutos. Ese cambio, alcanzado en 2023, se apoyó en decisiones de gestión que ordenaron la demanda y acercaron la oferta. Es decir, ningún residente de la población priorizada debe viajar más de 15 minutos para llegar a un centro de salud primario (CAPS). 

La meta sanitaria dejó de ser sólo el “derecho” a la atención y se volvió acceso efectivo: más del 50% de la población local está registrada en el sistema público municipal (con una meta mínima de 35% para quienes cuentan únicamente con cobertura pública). Esto permite identificar necesidades, programar prestaciones y responder con mayor precisión.

Para sostener esa accesibilidad, el municipio digitalizó la gestión clínica y administrativa. Se migró de historias en papel a perfiles médicos digitales, se habilitaron turnos en línea, recetas y prácticas con trazabilidad, y se coordinó el empadronamiento electrónico hasta alcanzar cobertura completa en la población priorizada. La descentralización acompañó la estrategia: se abrieron dos CAPS en ubicaciones estratégicas para cubrir vacíos territoriales y se ampliaron prestaciones en la red existente.

Un indicador ilustra la escala del cambio: en 2021 únicamente un CAPS contaba con laboratorio; en 2023, los 14 centros ya realizaban análisis de sangre. La revitalización edilicia cerró el triángulo: más de 14 CAPS fueron renovados para garantizar condiciones adecuadas de atención y convivencia comunitaria. El resultado agregado se observa en el circuito completo: resultados de laboratorio disponibles en tres días (antes dos semanas) y más de 450 profesionales participando en formación continua, con protocolos comunes y uso consistente de la información clínica.

Salud que llega a casa: Telemedicina en Tres de Febrero

Sobre esa base, en 2025 se incorporó un canal digital complementario: Telemedicina 3F. La atención clínica y pediátrica 24/7 por vía remota amplía la puerta de entrada al sistema, evita traslados innecesarios y ayuda a descongestionar guardias. Entre enero y el último corte disponible (julio de 2025), se contabilizan 1.962 nuevos empadronamientos en historia clínica digital y 2.018 consultas resueltas por telemedicina. En el último mes con datos disponibles, las atenciones superaron las 730.

Un dato relevante para la equidad: más de 300 personas ingresaron por primera vez al sistema de salud a través de este canal. La combinación de respuesta rápida en emergencias, capilaridad territorial y atención remota –entienden desde la Municipalidad– permanente organiza mejor la demanda, prioriza casos según gravedad y acerca prestaciones a quienes tienen mayores barreras de tiempo o movilidad.

El hilo común es la gestión por datos: saber dónde están las personas con mayor necesidad, qué prestaciones requieren y cuándo deben recibirlas. Con información interoperable —de la red de CAPS, los laboratorios y la telemedicina— el municipio programa turnos, asigna recursos y sigue la evolución de cada caso. La eficiencia, en salud, se vuelve visible así: menos minutos de espera cuando ocurre una emergencia, menos días para un resultado diagnóstico, más puertas de acceso para consultas oportunas y más profesionales trabajando con criterios compartidos. 

En términos de vida cotidiana, significa que un episodio agudo recibe atención en 10 minutos, que un estudio de laboratorio no implica perder dos semanas, y que una familia puede resolver una consulta sin salir de su casa cuando la clínica lo permite.

3. De la alerta a la acción: seguridad con planificación y evidencia

La misma lógica de procesos integrados se aplicó a la seguridad. El Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) centraliza imágenes de cámaras distribuidas en el distrito y articula, en un mismo espacio, la respuesta con Ojos en Alerta y el 911. Cada incidente queda documentado y alimenta un Mapa del Delito que identifica tipologías y zonas con mayor incidencia. La información sale del tablero: guía rutas de patrullaje, operativos de saturación y la ubicación de nuevas cámaras mediante mapas de calor.

La coordinación interáreas acorta los tiempos entre la detección y la intervención, evita patrullajes sin foco y permite comparar resultados para ajustar. 

Para el vecino, el impacto se resume en dos dimensiones: rapidez de respuesta cuando algo sucede y prevención en los puntos calientes donde antes se acumulaban hechos. “La innovación requiere personas preparadas y, sobre todo, participación ciudadana —sostiene Bautista Pino—. Eso asegura que las políticas respondan a necesidades reales”. En seguridad, esa participación se apoya en canales activos de reporte y en decisiones que se justifican con evidencia.

4. Aire para producir: simplificación tributaria y previsibilidad

La mejora de servicios al vecino convivió con una reforma de hacienda orientada a facilitar la actividad económica y dar previsibilidad a largo plazo. Bajo la consigna “Menos impuestos, más trabajo”, el municipio eliminó más de 400 conceptos fiscales y 500 tasas. A la vez, simplificó 35.000 trámites y redujo el volumen de la Ordenanza Fiscal Impositiva. 

En paralelo, habilitó un paso clave para la economía de cercanía: habilitaciones comerciales instantáneas y sin costo para más de 70 rubros, apoyadas en la creación de la Dirección de Inversiones y Emprendedores.

La creación de la Monotasa unificó tributos (Seguridad e Higiene, Publicidad y Propaganda, Ocupación de espacio público, Pesas y Medidas y Control de Plagas) con reducciones de hasta 60 % y facilidades como la gestión online y el pago anual con bonificaciones por débito automático. El esquema se complementa con la no aplicación de Tasa Vial y una Tasa de Seguridad e Higiene (TISH) entre las más bajas de la provincia de Buenos Aires —la alícuota general promedio se ubica en 5,4%—. 

Para inversiones de mayor escala, el Régimen de Incentivos a la Generación de Inversiones (RIGI municipal) estableció exenciones y bonificaciones sobre TISH con horizonte de hasta 14/15 años según el monto y la condición. Además, se instituyó estabilidad tributaria por 30 años, sin aumentos ni creación de nuevos impuestos municipales. Acuerdos con la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) sumaron líneas de crédito por hasta AR$ 60.000 millones (U$S 41.000 millones) con tasas preferenciales y la apertura de una nueva sucursal en Caseros.

Los efectos se ven en decisiones concretas. Mercado Libre anunció U$S 65 millones para un centro logístico de 58.000 m² en el Predio Logístico Tres de Febrero, con capacidad para 570.000 artículos y 100.000 productos diarios.

5. Crecer sin desorden: plusvalía urbana para financiar hábitat e infraestructura

Cuando la rueda económica gira, la ciudad también cambia. El desafío es que ese crecimiento no profundice desigualdades ni sobrecargue servicios. La respuesta de Tres de Febrero fue combinar reglas urbanas actualizadas con un mecanismo de financiamiento base suelo.

Con el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (2019) y la Ordenanza N.º 3440/19, se creó el Fondo para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable, conocido como plusvalía urbana. La lógica es la siguiente: si un proyecto obtiene mayor aprovechamiento constructivo que el permitido originalmente, aporta una contribución calculada por metros cuadrados adicionales, valor de incidencia del suelo por manzana y una alícuota diferencial según la zona.

Ese ingreso no va a una bolsa general: tiene afectación específica con criterio redistributivo:

• Un 5 % se destina a la protección del patrimonio público.
•  Un 30 % a infraestructura y saneamiento, reurbanización de asentamientos informales , relocalización de familias, vivienda social y mejoramiento habitacional. 
•  Un 65 % a servicios y transporte, equipamiento, espacios públicos, fortalecimiento de centralidades comerciales y acciones del Plan Urbano Estratégico. 

El resultado esperado es doble: autonomía financiera para ejecutar obras y equidad territorial al orientar recursos hacia donde más falta hacen. “La implementación de este mecanismo constituye una herramienta innovadora de financiamiento base suelo que promueve una distribución más equitativa de los beneficios derivados del desarrollo inmobiliario”, aseguran en la Municipalidad de Tres de Febrero. 

La plusvalía no se piensa aislada: conversa con la simplificación tributaria que impulsa inversiones y con la planificación que ordena los impactos de cada desarrollo. Las tres piezas —reglas claras, incentivos económicos y financiamiento redistributivo— buscan que el crecimiento sea con previsibilidad y con un principio de justicia urbana explícito.

Lo que deja la experiencia en Tres de Febrero: aprender haciendo (y midiendo)

“Estas políticas reflejan eficiencia porque demuestran que es posible hacer más con menos: reducir costos internos, transparentar procesos, usar mejor los datos disponibles y reinvertir recursos en las prioridades del distrito”, sintetiza Pino. La frase condensa una metodología de gestión: definir problemas, diseñar soluciones viables, medir impacto y ajustar. En ese camino, aparecieron aprendizajes que otras ciudades pueden considerar.

Primero, la gobernanza por datos. La trazabilidad de expedientes, los tableros de telemedicina y los mapas del delito operan como brújula para tomar decisiones y rendir cuentas. Segundo, la interoperabilidad tecnológica: Mi 3F, seguridad y salud no son “islas”, comparten información útil y evitan duplicaciones. Tercero, el talento público: sostener la digitalización demanda capacitación continua y roles claros. Cuarto, reglas urbanas y fiscales que den certidumbre: la previsibilidad es un activo para quien abre un comercio y para quien decide una inversión grande. Y quinto, escucha y comunicación: los canales para denunciar trabas o consultar 24/7 ayudan a detectar fallas y a ampliar el uso ciudadano de los servicios.

Las cinco políticas muestran que la eficiencia no es un atributo abstracto, ni sólo un reordenamiento interno. Se verifica en tiempo ahorrado por los vecinos cuando hacen un trámite, en consultas de salud resueltas sin desplazamientos, en respuestas más rápidas ante emergencias, en barrios que incorporan obras gracias a la plusvalía y en emprendimientos que pueden abrir con menos fricción. 

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

La distinción de 100 Ciudades Certificadas de RIL no cierra una etapa; establece una vara. Mantenerla exigirá sostener estándares, publicar más y mejores datos de resultado, y seguir ajustando procesos con la comunidad en el centro.

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, que obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

^{Redacción +COMUNIDAD}

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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Por Mariana Foglia y Sofía Castro,
Ciudades por la Seguridad en RIL (*)

En 2024, la provincia de Córdoba puso en marcha un nuevo paradigma en seguridad ciudadana que promueve la articulación entre el Estado provincial, los gobiernos locales y el sector privado para desarrollar soluciones más eficientes. El cambio normativo tiene como eje central a los municipios y comunas: ya son 107 los que crearon sus propias Guardias Locales de Prevención y Convivencia, y más de 300 los que adhirieron a la nueva Ley de Seguridad Pública (Ley N° 10.954), sancionada a fines de 2023. La cifra representa el 85% de la población provincial. 

Lejos de deslindar responsabilidades, esta política reconoce el rol clave que tienen los gobiernos locales como primera línea en la prevención del delito. A través de la ley, se facilita la provisión de recursos provinciales como tecnología de videovigilancia, equipamiento y vehículos para los nuevos cuerpos de seguridad. También se fomenta la adopción de programas de participación ciudadana exitosos como Ojos en Alerta.

La prevención es la parte que les compete a los gobiernos locales en la coproducción de seguridad ciudadana. Para que sea sostenible, necesitan algo más que recursos materiales: requieren también de herramientas para profesionalizar a sus equipos técnicos, realizar diagnósticos más certeros y diseñar planes estratégicos para ordenar, priorizar y tomar decisiones basadas en evidencia.

Por eso, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Seguridad de la Provincia implementó junto con RIL el programa Ciudades por la Seguridad. En 2024, la propuesta acompañó a 25 gobiernos locales, incluidas ciudades grandes como Córdoba Capital, Villa María, San Francisco y Río Cuarto. Se trata de un recorrido donde los equipos locales reciben asistencia técnica desde el diagnóstico a la planificación y el monitoreo de metas de seguridad, con el foco puesto en generar capacidad instalada y el trabajo en red. En 2025, el programa se expandirá a 40 ciudades más.

Para cualquier gobierno local que busque fortalecer su estrategia local de seguridad, esta experiencia ofrece una guía valiosa. ¿Cuáles fueron sus mayores desafíos? ¿Qué aprendieron en el camino? ¿Qué logros alcanzaron? Estas preguntas nos ayudan a entender y compartir las claves de su transformación.

Innovación y planificación en seguridad

A través del recorrido del programa Ciudades por la Seguridad, los municipios participantes dieron un gran paso hacia una gestión de la seguridad más estratégica y eficiente al crear sus propios Planes de Seguridad Local. Esta hoja de ruta, pensada a cuatro años, incluye la visión del intendente, ejes estratégicos, objetivos, metas claras e indicadores para medir los avances en el tiempo.

Para dar seguimiento al Plan, los municipios crearon un tablero de monitoreo que les permite medir el progreso, identificar demoras y ajustar la gestión. Mantenerlo actualizado asegura que las estrategias de seguridad no queden sólo en planes, sino que se traduzcan en mejoras reales, sostenibles y transparentes.

El punto de partida para que cada gobierno local participante alcance su Plan de Seguridad fue un autodiagnóstico de capacidades locales. Se trata de una herramienta de autoevaluación diseñada con un panel de expertos, que les permitió medir su estado o línea de base en materia de gestión de la seguridad local. 

¿Cuentan con un área de seguridad en su estructura orgánica? ¿Realizan encuestas de victimización y percepción sobre seguridad? ¿Promueven instancias de participación ciudadana en la materia? Estas son sólo algunas de las 58 preguntas en seis grandes temas que permitió a cada equipo identificar fortalezas, desafíos y oportunidades de mejora. Esta herramienta es de carácter abierto y  accesible a través del portal de  RIL, y procura identificar cuales “No” podemos transformar en “Sí”.

La experiencia en ciudades de Córdoba

Transformar los “No” en “Sí” implica reconocer lo que falta y animarse a construirlo. Así lo hicieron, por ejemplo, en Arroyito, donde crearon una Secretaría de Seguridad Ciudadana, separando sus funciones de las de seguridad vial para abordar de manera más focalizada la prevención del delito y la protección comunitaria. O en Estación Juárez Celman, donde el equipo municipal creó una Dirección de Seguridad Ciudadana que integra dispositivos de emergencia y estrategias preventivas para fortalecer la respuesta ante incidentes. Se trata de aprendizajes que surgen al revisar capacidades institucionales y poner de relieve la importancia de contar con  áreas municipales especializadas y equipos formados en las mejores prácticas. 

En la siguiente etapa del programa, el desafío fue mejorar la recolección y análisis de datos sobre seguridad. Para ello, se asistió a los equipos para identificar los principales factores de riesgos socio-delictuales y qué programas municipales funcionan como factor de protección. La verdadera innovación del proceso radicó en acelerar la articulación multiagencial dentro de cada municipio, facilitando un trabajo conjunto para definir prioridades y abordar la seguridad de manera más integral. 

Para ello, las áreas de Seguridad trabajaron en conjunto -muchas por primera vez- con otras dependencias como Desarrollo Social, Cultura, Espacios Públicos o Educación para pensar la problemática desde su complejidad. También unificaron estadísticas dispersas para tener una visión más clara considerando no sólo la información criminal, sino múltiples datos que permiten entender el problema desde sus causas.

En algunas ciudades como San Francisco y Malagueño esta búsqueda por unificar datos delictuales dispersos derivó en la creación y fortalecimiento de sus propios Observatorios de Seguridad Municipales. Estos espacios contribuyen a la profesionalización técnica y continua del análisis de datos para la planificación de políticas locales. 

En la ciudad de Córdoba, en tanto, se realizó un arduo trabajo en la unificación de registros provenientes de diversas áreas municipales. Por ejemplo, las denuncias por violencia de género, la identificación de espacios con presencia de personas en situación de calle y el mapa de intervenciones de la Guardia Urbana Municipal. 

En municipios como Marcos Juárez y Villa Allende, los espacios de diálogo multiagencial fomentaron la cooperación entre distintos niveles gubernamentales y actores comunitarios. En ciudades como Cosquín, incluso se sumó personal policial a estos talleres, aportando su mirada y debatiendo con secretarios municipales de distintas áreas.

Aprendizajes para una gestión más eficiente: formación y trabajo en red

Convencidos de que la innovación va de la mano de la inspiración, los referentes de seguridad ciudadana comenzaron a formar parte de la “Comunidad Seguridad”. Se trata de un espacio de aprendizaje entre pares que ya se extendió a 84 ciudades de 14 provincias argentinas. El objetivo: una red colaborativa nacional que acelere el intercambio de buenas prácticas y soluciones para desafíos comunes. Allí se canalizan capacitaciones con expertos nacionales e internacionales, siendo la formación para la acción a través de la Academia de Seguridad de RIL un pilar del programa.

A la hora del balance, una de las grandes lecciones de esta experiencia es que una planificación más efectiva demanda pensar la seguridad más allá del delito para que los gobiernos locales puedan llegar antes de que el mismo ocurra. Integrar datos sobre acceso a la salud, consumos problemáticos, deserción escolar, desarrollo humano, denuncias por violencia de género y condiciones del espacio público hace la diferencia entre la prevención temprana y la reacción tardía. 

Otro aprendizaje clave fue la necesidad de involucrar a la ciudadanía en la prevención del delito. Morteros, por ejemplo, llevó a cabo un Taller de Medidas Preventivas de Seguridad dirigido a personas mayores, demostrando la importancia de integrar a la comunidad en las estrategias de seguridad, promoviendo la corresponsabilidad de la seguridad y fortaleciendo la cohesión social.

La planificación estratégica demostró ser un factor determinante en la efectividad de las políticas de seguridad. En municipios como Tanti y Río Cuarto, la implementación de tableros de monitoreo ha permitido seguir en tiempo real la evolución de los programas en curso y realizar ajustes en función de los resultados obtenidos.

Este enfoque ayuda a medir resultados y, al mismo tiempo, permite que lo urgente no le quite tiempo a lo importante. Al contar con información clara, los equipos de gobierno pueden tomar decisiones estratégicas con mayor precisión, priorizar intervenciones efectivas y asegurar que la seguridad ciudadana sea abordada con planificación, datos y resultados concretos.

Un camino de mejora continua para todos los municipios 

Los avances registrados en Córdoba confirman que la seguridad local exige un enfoque integral y colaborativo, donde confluyen la planificación basada en datos, la articulación multiagencial y la participación comunitaria. Si bien planificar implica un cambio cultural y enfrentar resistencias de áreas de gobierno que tienden a funcionar como compartimentos estancos, es posible avanzar hacia una lógica más coordinada y estratégica. 

La experiencia de estos municipios demuestra que, incluso con recursos limitados, se pueden impulsar transformaciones significativas cuando se trabaja con información, se promueve la cooperación entre sectores y se invierte en la formación continua de los equipos. Todo esto con el horizonte de dejar un legado duradero de mayor seguridad para la ciudadanía. La clave radica en la implementación de metodologías basadas en evidencia, el fortalecimiento de la gobernanza local y la construcción de redes de colaboración sostenibles en el tiempo.

El cierre del programa 2024 no marca un punto final, sino un nuevo punto de partida para seguir fortaleciendo la experiencia que vivirán 40 nuevos gobiernos locales de Córdobaen 2025. Es una experiencia que invita a otras provincias del país a nutrirse de este enfoque de seguridad basada en la corresponsabilidad entre niveles de gobierno para alcanzar comunidades más seguras, resilientes y participativas.

Lecciones desde Colombia sobre la planificación en seguridad local  

Como parte del programa, una de las expertas invitadas en 2024 fue Melissa Franco García, consultora internacional en planificación de políticas de seguridad y exsecretaria del Interior de Bucaramanga, Colombia. Durante un webinario, compartió una experiencia muy valiosa desarrollada en su país. 

En Colombia, desde 1993, a partir de la sanción de la Ley Nacional N.º 62, se estableció la obligación de que alcaldes y gobernadores, en conjunto con la Policía Nacional, diseñen y ejecuten planes integrales de seguridad en sus territorios. Estos planes, conocidos como Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), son requisitos indispensables para acceder a recursos logísticos y financieros por parte del gobierno nacional.

Esta política resalta la importancia de la planificación estratégica en materia de seguridad, y para ello, a lo largo de los años, Colombia ha desarrollado una guía metodológica común que permite a todos los municipios formular sus planes de manera homogénea, utilizando un mismo formato en todo el país. 

Además, los planes deben cargarse en un sistema nacional de seguimiento. Esto obliga a los municipios a mantener la información actualizada y accesible, tanto para otros funcionarios como para la ciudadanía. Esto refuerza la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos locales. Los PISCC incorporan buenas prácticas internacionales y están diseñados para trascender gestiones políticas, combinando metas de corto y largo plazo que pueden sostenerse entre administraciones.

La experiencia de Colombia, así como la de Córdoba, demuestra que cuando existe voluntad política, acompañada por herramientas normativas claras y sistemas de seguimiento eficientes, es posible lograr una transformación profunda en la manera en que se gestiona la seguridad desde lo local.

(*) Mariana Foglia es coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad en la Red de Innovación Local (RIL). Sofía Castro se desempeña como facilitadora en el mismo programa. 

Fuente ilustración principal: Pinterest. 

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Por Mariana Foglia (*)

Mientras que en la década de los 90 el dilema político de los intendentes giraba en torno a si debían o no involucrarse en los asuntos de seguridad, en la actualidad  el interrogante es qué hacer y cómo tener una mejor política local en la materia. 

Si bien la policía, la justicia y el sistema penitenciario dependen de los niveles provincial y nacional, los municipios hoy se han convertido definitivamente en el centro de imputación de la demanda ciudadana por más y mejor seguridad. 

Ubicados en la primera línea de fuego frente a una problemática compleja y multicausal, no hay escapatoria para los gobiernos locales. Sin tener en sus manos la faz punitiva, su principal rol es la prevención del delito y las violencias.

Es más barato prevenir que curar

Durante mucho tiempo la criminología clásica atribuyó el origen de las conductas delictivas a ciertas características físicas o mentales, concluyendo de modo simplista que la delincuencia estaba en la biología de las personas. 

Hoy, desde la criminología moderna, entendemos que se trata de un fenómeno mucho más complejo, sujeto a múltiples causas. Estos factores de riesgo socio-delictuales, van desde el consumo de drogas y alcohol, el abandono escolar y la violencia familiar, hasta la exclusión social y el desempleo, entre muchos otros factores de orden no solo individual sino también comunitario e institucional. 

Ninguna de estas condiciones por sí solas fomentan la delincuencia. Es la presencia simultánea y acumulativa de varios factores de riesgo la que aumenta las probabilidades de que ciertos individuos cometan delitos. Se trata de una distinción importante a la hora de evitar toda estigmatización.

Detrás de todo fenómeno delictual, hay entonces carencias y conflictos sociales irresueltos. Y es allí  donde juegan un rol clave los gobiernos locales a la hora de promover la convivencia ciudadana y políticas generadoras de oportunidades que actúen como barreras protectoras de entrada en la actividad delictiva. 

En tanto primera puerta del Estado, los municipios pueden prevenir la delincuencia a través de sus herramientas de planeamiento urbano, desarrollo social, cultural, deporte, salud y educación para lograr llegar “antes que el delito”. En otras palabras, cuando actúa la policía y se activa todo el sistema de justicia penal, es porque el delito ya ocurrió y por lo tanto la prevención fracasó. 

La literatura especializada evidencia que los programas de prevención son, además de efectivos, más baratos que las medidas tradicionales de control del delito.  Según Rodrigo Serrano-Berthet del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuando se comete un delito, el Estado tiene que gastar recursos públicos en policía, justicia, cárceles y atención a víctimas. Si se suman esos gastos y se comparan con el costo de prevenir que el delito ocurra, el análisis es altamente favorable para la prevención: por cada dólar que el estado invierte en prevenir la reincidencia, la sociedad gana más de seis dólares. 

El desafío: fortalecer capacidades municipales  

Al calor del avance de la problemática, en los últimos años en Argentina los municipios empezaron a crear en sus organigramas incipientes áreas para atender la seguridad ciudadana. Sin embargo, se observan varios denominadores comunes que limitan su accionar. 

Entre ellos, la falta de una institucionalidad robusta  para planificar y evaluar iniciativas, la ausencia de mandos políticos y técnicos debidamente formados; un limitado acceso a información estadística criminal y a encuestas regulares de victimización y percepción que impiden  conocer el cuándo, dónde y cómo se producen los delitos en los barrios y qué sentimientos movilizan en la ciudadanía. A  ellos se suma la escasez de recursos, sobre todo en una temática considerada tradicionalmente como campo de acción de los gobiernos provincial y nacional. 

De la mano de la falta de diagnósticos sobre los cuales erigir la estrategia de seguridad, es muy común el diseño de medidas aisladas, mayormente de corte situacional, con eje en los síntomas cortoplacistas del delito más que en sus causas más profundas. A su vez, se suelen ejecutar políticas sociales amplias con poco impacto con relación a los niveles de victimización de un determinado territorio en lugar de programas de prevención social del delito focalizados en la población en riesgo. 

Se trata de un desafío público que requiere capacidades administrativas y políticas sólidas. No sólo para gestionar, sino también para dialogar con todos los actores intervinientes –desde el sector policial y judicial hasta la sociedad civil–para el trabajo en red que amerita. 

El reto: “llegar antes que el delito”

La clave es entonces “llegar antes” y, para ello, se requiere de una estrategia de seguridad local pensada  por “fuera de la caja”. Es decir, abordar este desafío público más allá de la cuestión criminal para poner el foco en reducir aquellos factores de riesgo que están detrás de toda persona que delinque. Ello implica algunos puntos de partida para la acción: 

• Voluntad y liderazgo político para asumir una agenda municipal que tenga a la seguridad entre sus principales ejes estratégicos.

• El plan de seguridad local debe ser integral, no sólo inversión en cámaras y tecnología, herramientas necesarias y fundamentales para el abordaje a corto plazo. También debe incluir programas focalizados de prevención social, comunitaria de la mano de recursos humanos y presupuestarios específicos con mirada en el mediano y el largo plazo.
• En la tarea de prevenir, ninguna secretaría del municipio escapa al abordaje de la seguridad y debe formar parte de la respuesta desde sus competencias afines a la gestión de la conflictividad social.
• Toda estrategia de seguridad debe partir de información fiable para  diagnosticar, planificar, dar seguimiento y evaluar políticas basadas en evidencia y no en la intuición.

• La participación de la ciudadanía es clave si se quiere alcanzar impacto y resultados sostenibles en el tiempo.
• Revisar qué funciona y qué no funciona en materia de seguridad en los territorios locales es fundamental para implementar políticas basadas en evidencia.

Profundicemos un poco más sobre seguridad

Sobre este último punto, una herramienta valiosa y fuente de aprendizaje e inspiración es la plataforma desarrollada por el BID que promueve el uso de evidencias científicas en las decisiones sobre seguridad ciudadana y justicia en América Latina y el Caribe. En la misma se pueden encontrar iniciativas concretas con resultados e impacto evaluados como exitosos en temas como prevención de la violencia infanto-juvenil, seguridad urbana, policiamiento, justicia criminal, reinserción social y violencia contra las mujeres. Hacer una buena revisión de estos programas es un primer paso fundamental para idear una política de seguridad local.

En definitiva, las ciudades son seguras no sólo ante la ausencia de delito y el temor de ser victimizados. Son seguras si sus ciudadanos gozan de calidad de vida en términos de libertad, disfrute de los espacios públicos y acceso a oportunidades. No hay seguridad sin desarrollo humano como condición indispensable del derecho a la ciudad de todos sus habitantes.

Políticas faro para gobiernos locales

La Municipalidad de Peñalolén, en Chile, implementó una destacada política integral de prevención social del delito, enfocada en abordar la delincuencia desde un enfoque social y comunitario. Esta estrategia se basa en la prevención y en el fortalecimiento del tejido social, involucrando tanto a actores comunitarios como a instituciones locales para enfrentar factores como la vulnerabilidad socioeconómica y la falta de oportunidades.

La política incluye una variedad de programas diseñados para prevenir el delito. Entre ellos, destaca el Programa de Mediación vecinal y comunitaria, que fomenta la participación vecinal a través de redes de apoyo comunitario. Este programa se articula con el Plan Integral de Barrios Seguros, que promueve la formación de líderes barriales responsables de co-gestionar y fomentar la convivencia pacífica en sus barrios. 

Otro programa relevante es el Sistema de Alerta Temprana de Deserción Escolar, que identifica a niños y adolescentes en riesgo de abandonar el sistema educativo o sufrir vulneraciones de derechos. Esta iniciativa permite detectar y atender situaciones críticas, garantizando una respuesta rápida y adecuada.

Todos estos programas se basan en diagnósticos detallados de los factores de riesgo y protección en la comunidad. Esto permite focalizar las políticas en las problemáticas específicas del municipio. La clave ha sido la colaboración interinstitucional, involucrando áreas como educación, salud y deportes, además de la cooperación con organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Esta política integral de prevención está diseñada para generar soluciones sostenibles a largo plazo con foco en el trabajo en red.

Otro programa exitoso de prevención del delito, articulando la Prevención situacional con participación comunitaria es “Ojos en Alerta”, de la Municipalidad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su objetivo principal es mitigar la inseguridad e involucrar a los vecinos y vecinas en la prevención del delito. A través del Whatsapp, los ciudadanos pueden reportar situaciones de emergencia, actividades sospechosas, siniestros viales, violencia por motivos de género y otros incidentes relevantes en tiempo real. 

Este programa llevó al municipio de San Miguel a recibir el premio RIL a la Ciudad Inspiradora 2024, otorgado en la Noche de los Intendentes. Ojos en Alerta hoy se replica en 50 localidades. En ellas logró activar y mejorar la calidad de los mapas del delito, habilitando una mejor planificación de los operativos públicos de control para la prevención y el posicionamiento inteligente de las patrullas policiales en sus respectivas cuadrículas. 

Camino a ser una ciudad con una estrategia integral de Seguridad

Este año, la Red de Innovación Local (RIL) lanzó el Programa Ciudades por la Seguridad que acompaña a equipos de gobiernos locales de 27 ciudades del país en el diseño de una planificación integral de seguridad ciudadana. La iniciativa es financiada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la Fundación Konrad Adenauer Argentina. 

Nuestro objetivo es acompañar a los equipos locales en el fortalecimiento y profesionalización de sus capacidades de planificación y gestión de sus políticas locales de convivencia y seguridad ciudadana. Mediante capacitaciones específicas y talleres en territorio, procuramos dotarlos de herramientas para diagnosticar, pasar a la acción y trabajar en redes colaborativas para implementar estrategias innovadoras y basadas en evidencia que mejoren la calidad de vida ciudadana. 

Desde RIL entendemos que, en materia de seguridad, los líderes locales pueden hacer mucho para garantizar condiciones de vida más seguras para sus comunidades. La clave del éxito en cualquier estrategia de seguridad no es ni la mano dura ni la mano blanda. Sino una política inteligente contra el delito donde el Estado en sus tres niveles, junto al sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía formen parte de la solución en una verdadera alianza por ciudades más seguras.

(*) Mariana Foglia es Coordinadora del Programa Ciudades por la Seguridad  de la Red de Innovación Local (RIL)

Imagen ilustrativa de portada: Unsplash.

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En este municipio, habitado por más de 300.000 personas, hoy las fuerzas policiales actúan en función de patrones horarios “para mantenerse siempre cerca de la gente”. El mecanismo, que según las autoridades municipales podía parecer “obvio”, en realidad es implementado gracias a la existencia de un mapa del delito que provee estadísticas certeras. 

 “De 4 a 7 AM cubrimos las paradas de colectivo. Luego el sistema se mueve hacia los corredores escolares y después siguen los centros comerciales. Y así la seguridad se adapta al movimiento de la sociedad. Si bien el boca a boca ya demostraba demandas importantes, los datos explican muchas de esas sensaciones. Con ellos, podemos trabajar de manera focalizada para atacar el delito”, explica a +Comunidad Héctor Calvente, secretario de Seguridad en San Miguel. 

Para llegar a este escenario, que permitió bajar de 20 a 7 la tasa de homicidios en 9 años –entre otros índices–, el municipio pasó por numerosas instancias. Sorteando debates políticos, creó su propia Policía Municipal, estrenó innovaciones tecnológicas y reconfiguró su esquema de gobierno. También implementó incentivos para el personal, capacitaciones masivas y puso en marcha un programa distinguido internacionalmente por sumar participación ciudadana con seguridad pública. 

Con la voz de algunos de sus protagonistas, repasamos los pasos dados por San Miguel. ¿Cómo es armar un sistema de seguridad? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo articular con las ciudades vecinas y con los gobiernos superiores? ¿Qué deben tener en cuenta las ciudades que deseen replicar el modelo? 

El problema por resolver

“Esto arranca, más que con una inversión económica, con un problema de la comunidad. En el año 2007, cuando Joaquín de la Torre asume la intendencia, la gente comenzaba a quejarse con los gobiernos locales sobre la inseguridad. El municipio tenía cero respuesta y, ante cualquier situación, había que llamar al comisario. O sea, mirabas la situación de costado y tenías el 100% del problema”, cuenta Héctor Calvente. 

Aquel fue el inicio del diseño de un sistema de seguridad que, con el paso de los años, nunca dejó de evolucionar. Tras explorar alternativas, en 2009 hubo un punto de inflexión y se iniciaron las transformaciones de impacto. 

“Hubo una decisión política, acompañada por más fondos municipales y no sólo los que venían del Programa de Protección Ciudadana de la Nación. Empezamos con nuestras primeras cámaras y patrullas, pintadas de negro para distinguirlas. La gente comenzaba a darse cuenta y a mirarlo de forma positiva. Ya en 2011, se termina de consolidar la idea de que era necesaria una Policía Municipal”, relata el funcionario. 

En pocos años, el área de Seguridad pasó de ser una dirección a una subsecretaría y, finalmente, una secretaría. Al día de hoy, tiene grandes direcciones bajo su órbita, como Patrullas, Logística y Análisis de Imágenes. “Lo primero es la decisión política –insiste Calvente–. Nada se podría hacer sin los recursos, el acompañamiento institucional y el respaldo. No sólo se combate el delito, sino también la burocracia de las viejas estructuras”.

La Policía Municipal y mapa del delito

En 2014, el entonces gobierno de la provincia de Buenos Aires establecía la creación de policías locales en los municipios con más de 70.000 habitantes. Dentro del conurbano bonaerense, San Miguel fue el único partido que decidió no adherir y continuar su propio camino, iniciado 5 años atrás. Así, mediante una ordenanza del Concejo Deliberante, en julio de 2015 nació la primera Policía Municipal en la Argentina. 

“Si en ese momento hubiéramos ido al lugar cómodo de que nos manden 200 policías con sueldos pagos, hoy no existiría nada de lo que hay en San Miguel. Se eligió el camino difícil, afrontando todo con gastos municipales. Y para nosotros la Policía Municipal es complementaria de la bonaerense, aunque desde allí se diga que puede confrontar con su tarea. Nosotros estamos en la etapa previa del delito”, afirma Héctor. 

También en 2015, San Miguel creó su propio mapa del delito tras un homicidio ocurrido en febrero de ese año. Basándose en hechos reportados y observados –no sólo los denunciados–, la herramienta ordena el patrullaje de la Policía Municipal. “Nuestro mapa del delito no sería real si sólo nos basáramos en las denuncias registradas. Siempre instamos a que se hagan, pero igual incluimos en nuestra base de datos los hechos de los que tomamos conocimiento. El 12% es por nuestro personal en la calle, el 36% viene por “Ojos en Alerta” (ver más adelante) y el 52% por la escucha al 911”, aclara.

Gracias a esa planificación –según estadísticas municipales–, el sistema de seguridad cubre todo el territorio y está a 3 o 4 minutos de cada vecino/a. “El plan operativo que arma el jefe de la Policía se basa en el mapa del delito porque muestra las zonas en particular en donde hay problemas puntuales por abordar. No pensamos la seguridad de manera reactiva, sino de manera preventiva”, remarca. ¿Y cómo saber si el sistema no está funcionando? Esto ocurre, por ejemplo, si en una semana subieron los delitos “en zonas calientes, en horarios calientes y según su tipología”. 

– ¿Cuándo se dieron cuenta de que habían logrado pasar de luchar contra el delito a crear un verdadero sistema de seguridad?

– El proceso de crecimiento y mejoramiento es continuo. La mayor virtud de esto fue la continuidad y el trabajo en equipo con el objetivo común de brindar seguridad a los vecinos de San Miguel a través del municipio. Seguramente hoy tampoco seamos un sistema acabado; esperamos estar mucho mejor dentro de cuatro años. Antes, con sólo 15 patrullas y 200 cámaras, creíamos que ya éramos un sistema y ni siquiera teníamos el mapa del delito. Entonces lo que en 2013 era un sistema para nosotros, en 2016 ya era algo completamente distinto porque había crecido. Y así sigue pasando. 

– ¿Cómo funciona la articulación con otros municipios vecinos, en donde el límite no es más que una calle y los índices de criminalidad son más altos?

– Nos encantaría poder articular con Moreno, José C. Paz, Malvinas o Hurlingham, que mantienen una unidad de vida impresionante con San Miguel. Pero depende de decisiones políticas, y ellos no han decidido tomar la seguridad como nosotros. Si tuvieran su propio mapa del delito, áreas de análisis de datos y de conclusión de casos, podríamos trabajar de forma mancomunada y accederíamos a la misma información. Podríamos duplicar, con un mismo recurso, toda nuestra fuerza operativa. Todavía no hay una conciencia a nivel municipal de todo lo que se puede hacer en materia de seguridad. 

– ¿Qué más tiene que mirar una ciudad, desde su propia realidad, para implementar un modelo como el de San Miguel?

– Luego de la decisión política y de los recursos, tiene que haber las personas idóneas para ejecutarlos. No elegir los cargos con base en la política, sino especialistas. Todo el equipo está lleno de técnicos. Es muy importante no contaminar políticamente un área como Seguridad. 

Trabajar con la comunidad

En 2016, el sistema de seguridad de San Miguel sumó un nuevo componente: la participación ciudadana. “La Policía municipal venía funcionando muy bien, pero existía el problema de la falta de confianza y la falta de comunicación con la población. Primero intentamos involucrar a taxistas con radios para que den aviso de hechos delictivos en las calles, pero era muy costoso. Luego surgió la idea de utilizar WhatsApp, que cada vez más gente lo usaba y gratis. Empezamos las pruebas pilotos y de a poco comenzó a andar”, contó a +Comunidad Cristian “Piojo” Méndez, creador de “Ojos en Alerta”. 

En pocas palabras, el programa involucra a la ciudadanía en la prevención de los delitos. Mediante mensajes instantáneos, dan aviso al Centro de Operaciones Municipal (funciona las 24 horas) para que llegue de inmediato un personal de seguridad. Hoy es utilizado por más de 150.000 vecinos/as en San Miguel, quienes reciben capacitaciones acerca de su dinámica. El crecimiento fue exponencial: en sus primeros años, contaba con 10.000 personas inscriptas; en 2020 ya eran 100.000 y hoy son más de 500.000 involucrados/as en 24 municipios argentinos. 

“Vino a solucionar un problema fundamental del sistema de seguridad, que era la distancia con la comunidad. Cuando ambas cosas se unen, la potencialidad es infinita”, aportó Héctor Calvente. Sin embargo, advirtió que “Ojos en Alerta” es una herramienta que acompaña la existencia de un sistema de seguridad previo “porque no son cosas aisladas”.

“Es muy importante que los municipios tengan capacidad de respuesta y que puedan brindar capacitaciones antes de replicar el programa. Una vez en marcha, genera un cambio de comportamiento y compromiso entre la gente”, observó “Piojo”. 

Planificación, incentivos y resultados

En 2004, San Miguel lideraba el ranking de los delitos más graves en la provincia de Buenos Aires. Al día de hoy, su tasa de homicidios es prácticamente la mitad a la media en el conurbano bonaerense. Incluso, es casi cinco veces menor que la de partidos vecinos. Otros incidentes, como el robo y el hurto automotor, también cayeron considerablemente desde que se empezaron a medir, en 2013. (Ver cuadros en la nota).

Finalizando 2022, la inversión en Seguridad abarca el 9% del presupuesto municipal anual ejecutado (a principios de año, estaba presupuestado el 7,1%). “Hay que entender la reducción de los índices como una película y no como una foto. Por momentos un delito puede crecer, pero lo que miramos es la continuidad. Y eso da que de 2013 a 2021, el delito en San Miguel en líneas generales se redujo un 65%”, informó Héctor Calvente. 

“Con una política pública te podés ocupar de la inseguridad. Se habla mucho de la multicausalidad de la inseguridad. Si bien otras áreas del Estado las tiene que ocupar, el problema de la inseguridad se soluciona con una política pública de continuidad en la materia. Es lo que hay que hacer a nivel municipal, provincial y nacional. Es importante salir de la discusión de que no se puede, y ocuparse realmente con decisión política y acompañamiento de recursos”.

Héctor Calvente, secretario de Seguridad en San Miguel.

– ¿Cómo es la metodología de trabajo en el área de Seguridad?

– Nuestra planificación es de 7 días; el plan operativo es de jueves a jueves. Los lunes nos reunimos con todo el equipo y revisamos qué pasó en los últimos 7 días. Arrancamos especialmente por el fin de semana, a ver si hay que reformular algo. Se revisa cada una de las áreas, y Auditoría presenta 7 casos a ver cómo funcionó el sistema. Yo, como secretario, no conozco ninguno de esos casos que se van a presentar porque el objetivo es mostrar si el plan se cumplió o no se cumplió. El paso siguiente es que todo el equipo se vuelva a reunir el día jueves, que es cuando se comunica un nuevo plan de operaciones. También nos juntamos con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el jefe de estación y los comisarios. En resumen, los lunes son de revisión y los jueves son de comunicación de planificación. Si bien en el medio hay variaciones, nuestras agendas están atadas a eso. Es la base de lo que nadie que trabaja en la Policía Municipal puede dejar de hacer. 

– ¿Cuáles son las métricas? ¿Y qué incentivos tiene el equipo para trabajar de forma eficiente?

– Todos trabajan con metas. Todos tienen objetivos que cumplir. ¿Cómo funciona un sistema operativo? Identificando situaciones sospechosas, antes de que se cometa un delito. Por ejemplo, una patrulla tiene que identificar a 20 personas durante su turno de 8 horas; un vigilador y una moto, 10. Su premio al desempeño tiene que ver con la cantidad de identificaciones de situaciones sospechosas, con resultado positivo. El que cumple las metas y trabaja bien, recibe un estímulo en el recibo de sueldo. No es lo mismo el que trabaja bien que el que trabaja mal. Esto por supuesto requiere de un trabajo y de un control permanente de directores y del Área de Auditoría. Si una patrulla cumplió con sus 20 identificaciones por turno, y de esas ninguna terminó en una aprehensión, es porque no se está cumpliendo. 

– ¿Cómo se identifican esos casos sospechosos? ¿Cómo funcionan las aprehensiones por prevención?

– La aprehensión por prevención es cuando detectás que una persona tenía drogas, un arma blanca o de fuego, un vehículo sin papeles, o tenía pedido de captura. Nada es al voleo, y al personal se lo prepara y se lo capacita para detectar situaciones sospechosas, basándose en la experiencia. Por eso, si alguien cumple con su cantidad de identificaciones, pero no tiene ninguna aprehensión por estas razones, es porque no lo capacité bien o porque está identificando sin la real detección de una situación sospechosa. Entonces miramos la cantidad de identificaciones y la cantidad de resultados positivos. No se trata de agregar varios DNI para cumplir la meta. A esto le sumamos que nuestras patrullas tienen una cámara en su exterior. Entonces, ante cualquier duda, se corrobora. Es decir, el sistema tiene un plan de operaciones, pero también uno de control. Si no, se puede desmadrar todo y en 10 días ya no tenés sistema de seguridad. 

¿Tenés una historia para contar? En +Comunidad podés hacerlo, ya sea sobre este tema o cualquier otro asunto relacionado a la vida en las ciudades y las comunidades rurales de Argentina, Latinoamérica y el mundo.

^{Imagen principal: fuerzas de Seguridad de San Miguel. Fuente: Municipalidad de San Miguel. 
Redacción +Comunidad.}

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Nuestro inspirador detrás del cargo hoy es Cristian “Piojo” Méndez, actual concejal de la ciudad bonaerense de San Miguel, en Argentina. Hace seis años creó el programa “Ojos en Alerta”, que se enfoca en prevenir el delito mediante la participación ciudadana, ya que siempre busca estar un paso adelante con innovaciones que mejoren la vida de las personas.

En clave humana

Mendez aconseja a todas aquellas personas que innoven, ya sea en el sector público o privado: “Siempre pensar en grande. Está bueno que un innovador no se conforme y crea en su proyecto, porque todo proyecto tiene un montón de microfracasos en el camino. Lo importante es no bajar los brazos”. 

Con respecto al origen de sus ideas y qué lo inspira, su respuesta se orientó hacia la población beneficiaria:

Después del éxito con “Ojos en Alerta” quisimos saber a qué problema le gustaría encontrarle una solución:

Grandes inspiradores también reciben inspiración. En +Comunidad nos preguntamos a quién o quiénes del mundo de la innovación admira el creador de “Ojos en Alerta”:

Y para finalizar nuestra charla, le preguntamos: “Si pudieras hablarle al Cristian Méndez de hace cinco años, ¿qué le dirías?” Esto fue lo que nos respondió:

Ojos en Alerta ya está presente en más de 17 ciudades argentinas y analiza expandir sus horizontes. En este link podés conocer más sobre el caso y otras historias de seguridad pública municipal publicadas en el Mapa de Soluciones Locales de RIL.

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