América Latina concentra el 8,8% de la población mundial y el 6,6% del producto bruto global, pero recibe apenas el 1,12% de la inversión mundial en inteligencia artificial, según la CEPAL. El dato resume una paradoja: mientras la región debate el futuro de la IA, la mayoría de sus gobiernos locales ━los más cercanos a la vida cotidiana de las personas━ avanza sin acceso a experiencias comparables, con equipos técnicos reducidos y sin un vínculo directo con quienes desarrollan tecnología.

La brecha no está solamente en la inversión. En Brasil, el ecosistema GovTech más maduro de la región, el 76% de las startups dice querer trabajar con el sector público, pero apenas el 1,2% lo logra, según la Asociación Brasileña de Startups. “¿Por qué? A veces hay desconfianza con el Estado por la forma de trabajo, porque es más lento, más difícil”, explica Natalie González, coordinadora de GovTech Connect. El resultado es predecible: una ciudad encuentra una solución que funciona; otra, a 200 kilómetros, enfrenta el mismo problema y no se entera.

De Stanford a las primeras diez ciudades argentinas

Para algunas ciudades argentinas, esa realidad tuvo un quiebre luego de un viaje a la Universidad de Stanford organizado por Bloomberg Philanthropies, donde un grupo de intendentes conoció la GovAI Coalition de San José, California. Inspirados por ese modelo de cooperación, adoptaron su premisa: enfrentar desafíos locales comunes mediante respuestas colectivas.

“El tema más destacado de las capacitaciones fue el impacto de la IA y cómo los intendentes podemos imponer esa agenda. Volví con esa idea y decidí que había que volcarlo sobre cosas concretas”, señaló Diego Valenzuela, entonces intendente de Tres de Febrero y uno de los principales impulsores de lo que surgiría poco tiempo después. 

En noviembre de 2024, diez ciudades ━Córdoba, Escobar, Mendoza, Neuquén, Pilar, Rosario, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San Miguel de Tucumán y Tres de Febrero━ crearon la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR). La Red de Innovación Local (RIL) fue convocada para coordinar y facilitar el proceso.

Para los intendentes fundadores, la decisión respondía a urgencias concretas de gestión. En Córdoba, el intendente Daniel Passerini planteó la adopción de IA como una necesidad para abordar los desafíos de la ciudad, con foco en inclusión y sostenibilidad. En Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk puso el acento en el desafío ético y social que implica construir una ciudadanía preparada para convivir y producir en un entorno digital. Y así se multiplican los casos. 

Los desafíos que enfrentaban eran institucionales, regulatorios y culturales antes que tecnológicos. Las ciudades carecían de marcos normativos para adoptar IA con criterios éticos y de transparencia. Los sistemas de compra pública no estaban diseñados para contratar startups o innovación de manera ágil. Los datos municipales se encontraban dispersos en diferentes áreas, en formatos no estandarizados. Los equipos técnicos no contaban con perfiles especializados en ciencia de datos y los presupuestos limitaban la posibilidad de competir con los salarios del sector privado. 

Y a eso se sumaba una dificultad transversal: identificar en qué áreas de la gestión la IA podía aportar valor real y no convertirse en una implementación impulsada por la novedad.

Experimentar, formar, regular

El trabajo de la coalición se estructuró en tres líneas. La primera fue la experimentación: vincular gobiernos con soluciones tecnológicas en contextos reales. Una vez consolidada la red, las ciudades abrieron el juego a empresas tecnológicas, startups, organizaciones y universidades, que encontraron un canal directo para presentar y testear soluciones.

La segunda fue la formación. Un ciclo de capacitaciones desarrollado junto a la Liga de la Inteligencia Artificial por el Bien alcanzó a más de 500 agentes públicos en todo el país.

La tercera fue la regulación. Equipos legales de Córdoba, Escobar, Mendoza, Neuquén y Rosario trabajaron en conjunto para desarrollar marcos normativos que acompañen la adopción de IA, con al menos cinco ordenanzas en proceso o en implementación.

De forma paralela, los municipios priorizaron áreas comunes ━atención ciudadana, movilidad, seguridad y salud━ y avanzaron en procesos de experimentación conjunta. En algunos casos, esas conexiones se tradujeron en implementaciones concretas. 

En Tres de Febrero, la IA se incorporó a la gestión de expedientes para reducir tiempos administrativos. Escobar formó un asistente virtual llamado Flora amplió la capacidad de atención ciudadana. En Pilar, el análisis de más de 1,5 millones de turnos permitió anticipar ausencias en el sistema de salud. Mendoza creó un comité municipal de inteligencia artificial permitió integrar la tecnología en la toma de decisiones.

“La mejor ciudad no será la que tenga más tecnología, sino aquella donde la gente elija vivir, trabajar y envejecer. Esa frase resume la filosofía que guía la transformación digital mendocina: la tecnología como medio, nunca como fin”, reflexiona Ulpiano Suárez, intendente de Mendoza.

Durante 2025 se desarrollaron 17 proyectos en distintas ciudades. Cada experiencia fue diferente, pero todas compartieron un mismo punto de partida: construir sobre aprendizajes colectivos en lugar de empezar desde cero.

GovTech Connect: cerrar la brecha entre startups y gobiernos

En diciembre de 2025, RIL y el BID Lab lanzaron GovTech Connect en el marco del GET Forum. El programa parte de un diagnóstico concreto: la oferta tecnológica existe en la región, pero no se conecta con la demanda de los municipios.

“Lo que busca nuestro programa es trabajar con las startups, acompañarlas. Vamos a tener un proceso de acompañamiento y aceleración que espera trabajar con al menos 100 startups de la región para explicarles cómo ocurren las compras públicas, qué necesitan las ciudades, cómo trabajar con ellas y cómo pilotear con ellas”, describe Natalie González, coordinadora de GovTech Connect. 

El programa posee un horizonte de 36 meses y opera en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay con asistencia técnica de Gobe Ventures. Se organiza en tres componentes: aceleradoras nacionales para startups GovTech (oferta), las ciudades de CIIAR como demanda, y un eje transversal de bienes públicos digitales de código abierto.

A la fecha, los resultados son tangibles. Cuatro aceleradoras nacionales están en funcionamiento: Universidad Austral en Argentina, Impact Hub en Brasil, Start-Up Chile/CORFO en Chile y ANII en Uruguay.

“Estamos convencidos de que la transformación digital del Estado no empieza con tecnología: empieza con colaboración. GovTech Connect es el puente que convierte ese potencial en mejores servicios, mejores políticas y mejores oportunidades”, señaló Javier Madariaga, especialista senior del BID Lab, en el lanzamiento del programa.

A la convocatoria regional se postularon 365 startups, de las cuales 44 fueron seleccionadas para participar en los Demo Days. Se realizaron 13 de esos encuentros en los cuatro países: jornadas donde las startups presentaron sus soluciones directamente a tomadores de decisión municipales frente a desafíos previamente priorizados por las propias ciudades. En Argentina, por ejemplo, más de 40 funcionarios de 12 ciudades evaluaron propuestas en dos ejes: atención ciudadana e infraestructura urbana.

CIIAR: por qué importa la gobernanza

Para Luciano Crisafulli, director de CIIAR, estos espacios son parte de un mecanismo más amplio. Según su experiencia, la colaboración entre ciudades puede ser tan importante como los pilotos para reducir el riesgo de adopción tecnológica. Cuando los gobiernos comparten información sobre proveedores, resultados y procesos de contratación, se reduce la asimetría de información con el sector privado. En la práctica, eso permitió que algunas ciudades avanzaran directamente hacia la contratación de soluciones ya validadas por otros municipios de la coalición.

“El verdadero desafío para la adopción de IA en gobiernos locales no está en la tecnología, sino en la gobernanza: priorización política, capacidades institucionales, marcos regulatorios eficientes y articulación real con el ecosistema GovTech”, sostiene Crisafulli.

Natalie González subraya que estos espacios de conexión directa son centrales: “Pasa mucho que los intendentes, alcaldes, cuando ven que otro lo hizo, se atreven ellos. Entonces, si logramos mostrar diez ejemplos buenos de la región, un alcalde dice: si ellos pudieron, yo también”.

De 10 a 58 ciudades: una iniciativa que cruzó fronteras

La experiencia de la coalición traspasó las fronteras argentinas. En los primeros meses de 2026 se sumaron nuevas ciudades en Brasil, Chile y Uruguay, ampliando la red y la base de experiencias disponibles. Hoy 58 ciudades forman parte de este proceso: 22 en Argentina, 13 en Chile, 10 en Brasil y 13 en Uruguay.

En el plano regulatorio, González señala que la región avanza en la creación de marcos legales de compras públicas innovadoras, aunque la implementación aún es incipiente. “En Chile lleva más de un año la ley aprobada, pero todavía no sale ninguna compra innovadora porque hay reticencia. Por eso estos encuentros son tan importantes y por eso estas coaliciones son tan importantes”, afirma.

GovTech Connect aspira en los próximos tres años a promover pilotos de alto impacto en los cuatro países. A la vez, sentar las bases de nuevas capacidades institucionales para la adopción de soluciones digitales en la gestión pública.

Conecta IA: la próxima cita

El viernes 5 de junio de 2026, Buenos Aires será la sede de Conecta IA. Se trata de un foro internacional organizado por RIL y BID Lab que reunirá a equipos de las 58 ciudades, startups GovTech seleccionadas y referentes internacionales. Entre ellos, Mariana Mazzucato (UCL), Idoia Ortiz de Artiñano Goñi (Gobe Ventures), Javier Madariaga (BID Lab) y Delfina Irazusta (RIL).

El objetivo del encuentro es convertir las conexiones de la red en proyectos concretos. Que las ciudades abran conversaciones con startups y con pares, y que esas conversaciones se transformen en iniciativas implementables en los próximos 12 meses.

En poco más de un año, lo que eran esfuerzos aislados se transformó en una forma de trabajo compartida. La inteligencia artificial dejó de ser un tema exploratorio para empezar a integrarse en la gestión cotidiana. La experiencia de CIIAR busca demostrar que la clave, además de tecnológica, depende de la capacidad de construir espacios donde el conocimiento circule, las experiencias se compartan y las decisiones se tomen de manera colectiva.

“Creemos profundamente en el poder de las ciudades para liderar procesos de cambio. Nuestro trabajo diario con los municipios nos demuestra que no hay mejor lugar para la experimentación que las propias ciudades”, reflexiona Delfina Irazusta, directora ejecutiva de RIL Global.

RIL es facilitadora y coordinadora de CIIAR, y co-organizadora de GovTech Connect y del foro Conecta IA junto al BID Lab. 

Redacción +COMUNIDAD

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Doce minutos. Ese es el tiempo promedio que tarda la Ciudad de Mendoza en responder cuando un vecino envía un reporte de seguridad a través de su teléfono celular. La alerta llega por WhatsApp al Centro de Visualización y Monitoreo, un algoritmo categoriza la urgencia, y el sistema despacha los recursos más cercanos. Detrás de esa respuesta se encuentra Ojos en Alerta. Incluye una red de más de 16.000 ciudadanos capacitados, 740 cámaras integradas y un software de analítica que cruza datos en tiempo real.

Esa velocidad de reacción no es un caso aislado. Es la expresión visible de una decisión que el municipio tomó hace varios años: construir su gestión sobre datos, no sobre intuiciones. El problema de partida era común a muchas ciudades de la región. La información estaba fragmentada entre áreas que no se comunicaban entre sí, trámites diseñados para el papel que se replicaban en lo digital sin ganar eficiencia, y una toma de decisiones basada más en la urgencia que en la evidencia.

Para revertir esa lógica, Mendoza diseñó una estrategia de datos municipal estructurada en cinco dimensiones: gobernanza y administración de la información, infraestructura segura y estandarizada, desarrollo de capacidades institucionales, rutinas de uso de datos para la toma de decisiones, y vinculación con la ciudadanía. 

Esa arquitectura, formalizada a través de decretos y una ordenanza de inteligencia artificial que es la primera de su tipo en el país, ordena hoy buena parte de la agenda del municipio. ¿El objetivo? Construir una “cultura irreversible de datos”. 

“En Mendoza estamos consolidando una cultura de gestión basada en datos e inteligencia artificial, con marcos institucionales y normativos que nos permiten innovar con responsabilidad, mejorar procesos y fortalecer la toma de decisiones”, explica Cristian Chavarini, director de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El reconocimiento como Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL distingue ese recorrido. Lo que la certificación valida es la capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterio y sostener los procesos en el tiempo. Las cinco políticas que siguen permiten observar cómo esa lógica se traduce en la práctica.

1. Gobernanza de datos e inteligencia artificial: el sistema operativo de la gestión

En muchos gobiernos locales, la incorporación de tecnología se reduce a digitalizar expedientes o lanzar una aplicación. En Mendoza, el enfoque fue distinto: antes de aplicar inteligencia artificial, construyeron la infraestructura institucional para que esa tecnología funcionara con reglas claras.

El mecanismo opera a través de tres piezas articuladas:

• El Comité de Gobernanza de Datos (Decreto N° 181/2024) funciona como el órgano de coordinación que diseña inventarios de datos por área, establece protocolos de intercambio y supervisa la calidad de la información.  
• El Comité Local de Inteligencia Artificial o CLIA (Decreto N° 832/2024) actúa como espacio de planificación y experimentación, conectando al gobierno con expertos tecnológicos, académicos y representantes del sector privado para diseñar soluciones aplicadas a problemáticas urbanas. 
• Y la Ordenanza N° 4221/2025 cierra el circuito con un marco normativo que regula el uso estratégico, ético y responsable de la IA en la gestión pública, alineado con estándares internacionales de la UNESCO y la OCDE en materia de transparencia, protección de datos, no discriminación y supervisión humana.

La combinación de estos tres instrumentos permite que el municipio automatice procesos administrativos y que lo haga bajo principios verificables. La ordenanza, además, creó el Programa Municipal de Innovación con IA, que tiene la responsabilidad de identificar oportunidades de aplicación, implementar proyectos piloto y publicar informes anuales con resultados.

El ecosistema tiene una dimensión colaborativa que trasciende los límites del municipio. La Ciudad de Mendoza es una de las diez fundadoras de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR), una red de gobiernos locales que comparten experiencias, estándares y estrategias para el uso de IA en la gestión pública. La coalición, coordinada por RIL, se expandió en 2026 hacia más ciudades y países. 

El modelo mendocino se distingue porque la IA no llegó como un agregado cosmético: se instaló sobre una gobernanza de datos previamente ordenada. Esa secuencia —primero los datos, después los algoritmos— es una condición que los técnicos del municipio identifican como necesaria para que la automatización sea útil y no genere distorsiones.

2. Inteligencia artificial aplicada en seguridad: de la vigilancia pasiva a la prevención activa

En el ámbito de la seguridad urbana, el desafío estructural no era solo la cantidad de cámaras o dispositivos, sino la incapacidad de procesar esa información en tiempo real para anticiparse a los hechos. Mendoza tenía un esquema de vigilancia fragmentado: cámaras municipales por un lado, cámaras provinciales por otro, y reportes ciudadanos que se gestionaban de forma manual.

La solución fue un sistema integrado que combina el Anillo Digital de Seguridad, el Centro de Operaciones y Videovigilancia y el programa de participación ciudadana Ojos en Alerta, adoptado a partir de un convenio con la Municipalidad de San Miguel (Buenos Aires), donde fue creado.

El Anillo Digital está compuesto por 115 cámaras perimetrales, entre las que se incluyen 60 cámaras TANDEM con visión 360° y 30 lectoras de patentes (ANPR) capaces de identificar vehículos con pedidos de captura en los accesos a la ciudad. El Centro de Operaciones y Videovigilancia, una infraestructura nueva ubicada dentro del edificio municipal, centraliza el monitoreo de 740 cámaras —300 municipales y 440 del Ministerio de Seguridad provincial—un espacio con varias pantallas de última generación que permite la visualización simultánea. La inversión, íntegramente municipal, fue cercana a los 1.400 millones de pesos (aproximadamente USD 1.000.000).

Ojos en Alerta completa el circuito con una lógica diferente: convierte al vecino en un sensor activo que, a través de WhatsApp, reporta situaciones sospechosas o emergencias. La inteligencia artificial interviene para categorizar y priorizar esos reportes, lo que permite que el despacho de recursos sea eficiente. “Se trata de tecnología pero también es participación vecinal. Actualmente, más de 15.000 vecinos son parte de este programa, que nos permite tener información en tiempo real”, señala el intendente Ulpiano Suárez.

El impacto del componente de seguridad se mide en tres indicadores: más de 16.000 usuarios capacitados y activos en Ojos en Alerta, un tiempo promedio de respuesta de 12 minutos ante reportes, y la integración total de 740 dispositivos de video bajo una misma unidad de control con personal municipal y provincial trabajando de forma articulada.

3. Datos abiertos para atraer inversión: la plataforma “Invertir en Mendoza”

Para quien evalúa un proyecto productivo, la seguridad no se limita a la prevención del delito; se extiende a la seguridad jurídica y a la disponibilidad de información que otorgue previsibilidad. Mientras muchas ciudades lidian con la opacidad de sus datos económicos y la dispersión de trámites, Mendoza transformó su eficiencia administrativa en un activo económico.

El instrumento es la plataforma digital Invertir en Mendoza, que centraliza indicadores de desempeño económico actualizados, herramientas de análisis territorial y servicios de acompañamiento para inversores. Su herramienta más distintiva es el Explorador Urbano, que permite consultar parcela por parcela la zonificación, los usos de suelo permitidos y los niveles de competencia comercial de cada zona. El servicio de asistencia al inversor agiliza trámites como permisos de obra, factibilidad urbanística y habilitaciones comerciales.

La plataforma no funciona de forma aislada. Se inscribe en un ecosistema de innovación más amplio que incluye al Hub de Impacto Huella Mendoza, un programa de aceleración de emprendimientos tecnológicos impulsado por la Municipalidad junto con la Universidad Nacional de Cuyo y el Banco Galicia. En tres ediciones, el Hub reunió 117 proyectos provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay, con foco en innovación agroindustrial, vitivinicultura, sostenibilidad, movilidad y tecnología aplicada a servicios urbanos. La lógica es la misma que articula las demás políticas: abrir datos, generar condiciones y conectar actores.

Los números del entorno económico reflejan una dinámica activa: 

• 106 desarrollos inmobiliarios por año.
• 18.6% Producto Bruto Geográfico Provincial.
• 56.967 empleos privados registrados.
• 8.691 establecimientos habilitados.
• 667 pedidos de nuevas habilitaciones comerciales por año.

4. Presupuesto Participativo: la tecnología al servicio de la democracia

Los mecanismos de democracia participativa existen en muchas ciudades argentinas. El diferencial de Mendoza radica en la digitalización integral del proceso y en su validación legal. La Ciudad institucionalizó el Presupuesto Participativo como una herramienta que permite a los vecinos proponer, seleccionar y decidir el destino de una parte del presupuesto anual a través de la plataforma de Gobierno Abierto.

El mecanismo funciona en etapas. Cualquier vecino puede presentar un proyecto —infraestructura barrial, luminarias, talleres, equipamiento— mediante un formulario digital. Cada iniciativa tiene un tope de costo equivalente al 20% del presupuesto total asignado. Las propuestas pasan por un análisis de factibilidad técnica y económica, y las que resultan aptas se publican para la votación ciudadana, abierta a mayores de 16 años que vivan, trabajen o estudien en la ciudad.

Lo que distingue al modelo es su capa de transparencia: el ciclo 2025-2026 contó con certificación notarial de los resultados, lo que otorga respaldo legal al orden de mérito surgido del voto ciudadano. Además, el diseño administrativo garantiza que las obras ganadoras se incorporen al presupuesto del ejercicio siguiente, cerrando el circuito entre la decisión ciudadana y la ejecución estatal.

“El presupuesto participativo expresa una convicción central de nuestra gestión: la innovación pública también consiste en abrir decisiones, escuchar mejor y convertir la participación ciudadana en una herramienta concreta de planificación”, explica María Lourdes Gabrielli, subdirectora de Transformación Digital de la Ciudad de Mendoza.

El modelo fue reconocido internacionalmente con una mención de honor de la Open Government Partnership (OGP) en el marco del Open Gov Challenge, que destacó el uso de herramientas tecnológicas para la construcción de políticas públicas colectivas. En el último ciclo, un total de 29 proyectos superaron la votación y pasaron a la etapa de ejecución técnica.

^{Proceso de votación ciudadana. Imagen: Municipalidad de Mendoza.}

5. Operativos 360: eficiencia territorial y respuesta basada en datos

Tradicionalmente, el mantenimiento del espacio público en los municipios opera de forma fragmentada: una cuadrilla repara las luminarias, otra se encarga del bacheo y una distinta realiza la poda, muchas veces en semanas diferentes. Para mejorar esta dinámica la Ciudad de Mendoza implementó los Operativos 360, un modelo de gestión integral que sincroniza todas las áreas operativas en un único despliegue territorial.

El sistema funciona bajo una lógica de intervención total. En lugar de atender reclamos aislados, el municipio identifica zonas prioritarias mediante el cruce de datos de la plataforma Muni Digital y tableros de gestión interna. Una vez definida el área, desembarcan simultáneamente equipos de Higiene Urbana, Espacios Verdes, Obras y Alumbrado. Se realizan tareas de poda preventiva con hasta cinco cuadrillas equipadas con hidrogrúas, reparación y reposición de luminarias, bacheo de calzadas, limpieza profunda de acequias, eliminación de microbasurales, desmalezado y demarcación vial.

Durante cada operativo se instalan además puestos de cercanía: estaciones de atención vecinal para recibir reclamos presenciales y brindar servicios de salud y zoonosis, como la vacunación de mascotas. Este despliegue permite atender no solo a los 130.000 habitantes estables de la Ciudad de Mendoza, sino a una población pendular de 300.000 personas que circulan diariamente por la capital.

Según Marcos Tohmé, director de Espacios Verdes y Arbolado, la planificación permite abordar un promedio de tres zonas por mes, lo que se traduce en 36 sectores intervenidos al año. El criterio de priorización se basa en los reclamos vecinales articulados con la información de los tableros de gestión, lo que permite definir las áreas y el tipo de acciones de forma específica y optimizar los recursos disponibles.

El compromiso ciudadano es parte del modelo. Para Jaqueline Godoy, vecina del barrio La Favorita, el impacto es directo: “La limpieza de los Operativos 360 es un gran beneficio para la comunidad. Ayudan a que el barrio se vea bien y esté en buenas condiciones. Esperamos que todos los vecinos entiendan que sacar sus residuos los días informados es muy importante para colaborar”.

Datos de impacto y gestión (periodo 2025):

• 3.614 reclamos procesados (23% limpieza de acequias, 18% retiro de escombros).
• 3.647 incidentes gestionados vía Muni Digital (23% ramas sobre techos, 8% ramas quebradas).
• El chatbot municipal ya procesa de forma autónoma más de 200 incidentes mensuales.

Cinco políticas públicas y una lógica común

Las cinco políticas difieren en su escala técnica, en las problemáticas que abordan y en su impacto territorial. Tienen, sin embargo, una lógica que las conecta: el municipio identifica un déficit estructural, diseña un marco normativo o institucional para abordarlo y utiliza la evidencia para medir su efectividad.

La gobernanza de datos y la regulación de la inteligencia artificial construyeron la infraestructura institucional que sostiene todo lo demás. La seguridad ciudadana se asumió mediante un sistema integrado que combina analítica de video con participación vecinal. 

La atracción de inversiones se vinculó a la apertura de datos estratégicos y a un ecosistema de aceleración de emprendimientos. La democracia directa se digitalizó y se blindó con certificación notarial para asegurar que el presupuesto responda a necesidades reales de los barrios. Y el mantenimiento del espacio público se unificó en un despliegue territorial que optimiza cada recurso disponible.

La certificación de Ciudad Faro en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL, obtenida en 2026, distingue ese recorrido. Lo que esta validación reconoce es algo más amplio que cada política tomada por separado: una capacidad institucional para diagnosticar con datos, decidir con criterios de innovación y sostener los procesos en el tiempo.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como la Ciudad de Mendoza, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Venado Tuerto, Jesús María, Junín, Santa Rosa, San Miguel y San Nicolás de los Arroyos.

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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La iniciativa nació en 2023 como una articulación entre la Municipalidad de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y el Banco Galicia. Desde entonces, se convirtió en una plataforma de validación y aceleración para proyectos tecnológicos vinculados a desafíos concretos del territorio. La propuesta combina mentorías, financiamiento, asistencia técnica, redes de contacto y pruebas piloto en entornos reales.

Según sus impulsores, uno de los objetivos del Hub es conectar emprendimientos con necesidades concretas del territorio y generar instancias de validación para acelerar soluciones tecnológicas. 

En sus primeras tres ediciones, el Hub reunió 117 proyectos provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. La mayoría de las iniciativas estuvieron vinculadas a innovación agroindustrial, vitivinicultura, sostenibilidad, movilidad y tecnología aplicada a servicios urbanos.

El programa forma parte de una tendencia cada vez más extendida entre gobiernos locales: generar condiciones para fortalecer ecosistemas emprendedores y promover innovación aplicada al desarrollo económico. En este caso, con una lógica de articulación público-privada y académica.

Del laboratorio a la validación territorial

Uno de los aspectos centrales del Hub es que los emprendimientos no sólo reciben capacitación o mentorías. También tienen la posibilidad de validar sus soluciones en territorio, junto a empresas, bodegas, instituciones científicas y organismos públicos.

Ese fue el caso de Bees IoT, un emprendimiento especializado en monitoreo inteligente de microclima mediante sensores e inteligencia artificial. Tras ser seleccionado en la edición 2025, el proyecto comenzó una prueba piloto en la bodega Cheval des Andes para monitorear variables climáticas en tiempo real, prevenir heladas y optimizar procesos de riego.

La experiencia permitió que la startup ajustara su tecnología en condiciones reales y generara vínculos con actores estratégicos del ecosistema productivo mendocino.

“La experiencia permitió demostrar el potencial del programa para conectar emprendimientos tecnológicos con necesidades concretas del territorio”, sostiene el informe del Hub, elaborado por la Municipalidad de Mendoza y el Banco Galicia. 

El programa trabaja sobre distintas verticales estratégicas. Durante las primeras ediciones, el foco estuvo puesto principalmente en innovación vitivinícola y agroindustrial, con proyectos vinculados a trazabilidad, monitoreo inteligente, bioinsumos o tecnologías aplicadas al agro. Más recientemente se incorporó una línea orientada a turismo e innovación urbana.

Entre los proyectos seleccionados en 2024 estuvieron Btrazer, dedicada a trazabilidad blockchain para el agro; Novosens, que desarrolló un biosensor portátil para medición de alcohol en vinos; y PuroNativo-Agro, enfocada en bioinsecticidas inteligentes para viñedos.

Huella Mendoza, un ecosistema con múltiples actores

El Hub también funciona como espacio de encuentro entre actores que habitualmente no trabajan de manera articulada. En las distintas ediciones participaron universidades, aceleradoras, cámaras empresariales, organismos técnicos y empresas vinculadas al sector tecnológico y agroindustrial.

Entre ellas estuvieron el INTA, Wines of Argentina, Bodegas de Argentina, la UTN Regional Mendoza, Embarca Aceleradora y la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otras instituciones.

Durante la edición 2024, por ejemplo, se realizaron talleres, reuniones de validación, encuentros con inversores y actividades de networking en distintos espacios de innovación de Mendoza. Según datos del programa, participaron 32 instituciones, ocho bodegas y más de 30 mentores y especialistas.

El esquema busca responder a uno de los principales desafíos de muchos ecosistemas emprendedores: la dificultad para que proyectos innovadores accedan a financiamiento, validen tecnologías o encuentren mercados donde escalar.

En ese sentido, el Hub combina aportes no reembolsables, líneas de financiamiento y acompañamiento técnico para fortalecer modelos de negocio sostenibles.

Innovación aplicada al desarrollo económico

Con el paso de las ediciones, el programa también permitió detectar tendencias dentro del ecosistema emprendedor regional. Una de las principales conclusiones fue el crecimiento de iniciativas vinculadas al agro, la vitivinicultura y la biotecnología.

La primera edición destinó 12 millones de pesos al acompañamiento de los proyectos (unos 34.000 dólares al tipo de cambio oficial de octubre de 2023) y la segunda, 10 millones (unos 10.000 dólares al tipo de cambio oficial de octubre de 2024).

Según el informe del Hub, estos sectores mostraron “mayor nivel de innovación aplicada y mejores oportunidades de validación territorial” que otras verticales planteadas inicialmente.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Redacción +COMUNIDAD

^{Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.} 

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Por Juan Martín de Chazal,
Coordinación +COMUNIDAD | RIL

ciudades de oportunidades

Sos un bebé de dos meses. Una noche empezás con fiebre muy alta. A esta edad cualquier fiebre es una emergencia: el sistema inmune todavía no está formado. El miedo es real y es de madrugada.

Esa tarjeta fue la primera en salir a los pocos minutos de empezar. Frente a mí, en una mesa redonda como las otras ochenta y tantas del Salón Metropolitano de Rosario, había un intendente patagónico y otro de una ciudad agrícola de la llanura pampeana. También una funcionaria del conurbano bonaerense, representantes de una de las principales compañías de bebidas del país y referentes que trabajan en innovación, ciencia y desarrollo territorial. 

A cada uno nos había tocado, al azar, un tablero distinto. Una ciudad distinta. Leímos la tarjeta en voz alta. Nadie respondió enseguida.

Horas antes, en el Teatro El Círculo, frente a una sala colmada, Nazarena Smit —directora de Alianzas de la Red de Innovación Local (RIL)— había dicho una frase que después atravesó toda la noche: “Todas las personas merecen calidad de vida y oportunidades para desarrollarse, sin importar dónde hayan nacido. El código postal no puede ser un destino”.

Cuando volvimos a esa frase, sentados frente al juego, ya no sonaba a discurso. Sonaba a pregunta personal.

El miércoles 13 de mayo, Rosario reunió a lo que integrantes de la organización y varios medios argentinos llamaron, con cierto humor, los “Martín Fierro de los municipios”. La Noche de Intendentes, evento bienal de RIL Argentina, celebró su tercera edición —después de Buenos Aires en 2022 y Córdoba en 2024— y por primera vez aterrizó en Rosario. 

Participaron más de 300 líderes comunales, cuatro gobernadores, equipos de gobierno, más de un centenar de referentes del sector privado, académicos y periodistas. En total, unas 800 personas alrededor de un mismo juego.

En las mesas y en los salones se mezclaban perfiles que en otro encuentro difícilmente se cruzarían. El intendente de un pueblo chaqueño con menos de 5.000 habitantes se codea con el responsable de una gran capital provincial. Ciudades petroleras, portuarias, turísticas, mineras, agrícolas e industriales repartidas alrededor de una misma consigna.

Y un sector privado igual de diverso: bancos y compañías de energía, alimentos, bebidas, tecnología, agroindustria, telecomunicaciones, seguros. Aliados que llegan desde sectores muy distintos, cada uno con su propia agenda de impacto, y que sostienen los programas que hacen posible esta red.

El juego como espejo

El juego de mesa se llama “La Ciudad de tu Vida”. Lo diseñó RIL especialmente para esa noche. Cada participante recibe un tablero propio, que representa una localidad atravesada por distintos recursos iniciales —salud y bienestar, economía, educación y comunidad— que condicionan las posibilidades de partida. A partir de ahí, el desafío consiste en tomar decisiones para una ciudad y para una vida que no elegiste. La dinámica se organiza en cuatro grandes rondas que recorren distintas etapas cronológicas: niñez, juventud, adultez y vejez. 

Las tarjetas ponen veinte escenarios cotidianos —una emergencia médica, una vacante escolar, un primer empleo, un emprendimiento, una jubilación— y cada uno se bifurca en dos finales. Uno si ese día estás en una ciudad de oportunidades. Otro si estás en una ciudad de desafíos. Más que dónde naciste, importa dónde estás en el momento en que la vida interpela.

La fiebre del bebé es uno de los veinte.

En una ciudad de oportunidades, la madrugada se resuelve con un teléfono. Una plataforma de telemedicina pública atiende en menos de diez minutos. El médico indica ir a la guardia, el diagnóstico confirma la sospecha, hay antibióticos, internación de 48 horas y monitoreo. En una semana el bebé está en casa.

En una ciudad de desafíos, no hay guardias cerca. El hospital queda a cuarenta minutos y la sala de espera demora tres horas. Los padres esperan en casa a ver si la fiebre baja sola. No baja. A la mañana siguiente, cuando logran que lo atiendan, la infección ya avanzó más de lo que debía. El bebé se recupera, pero algo queda. Una secuela auditiva leve que nadie va a diagnosticar hasta los cuatro años, cuando ya empezó la escolaridad.

Dos vidas, dos finales, por una sola diferencia de contexto. Eso es lo que la directora ejecutiva de RIL Argentina, Candelaria Yanzi, definió esa noche como “la asimetría que nos mueve”. Una frase que se complementa con algo que también quedó resonando entre todo el mundo: “liderar es sostener una promesa”. 

Diez tableros, tres polos

El juego, en su primera versión, tiene diez tableros de partida distintos. No son simples graduaciones de un mismo eje. Cada uno tiene su historia, sus activos y sus carencias. A modo de muestra, tres alcanzan para marcar los polos.

La Capital arranca con escuelas de primer nivel, hospitales de última tecnología, mercado laboral próspero y presupuesto. También arranca con algo menos visible: un individualismo que casi no necesita al vecino, una participación barrial mínima, la sensación de que cada uno se las arregla solo. Barrio Nuevo comienza al revés. Calles de tierra, pocos servicios formales, una educación pública que nunca terminó de llegar, una economía mayormente informal. Pero arranca también con redes vecinales fuertes, comedores activos y clubes de barrio que funcionan como segundo hogar. El Desierto empieza con casi nada. Servicios públicos inexistentes o en estado crítico, escuelas distantes, salud limitada al mínimo. La supervivencia descansa en la solidaridad comunitaria.

La gracia del diseño es que muestra dos cosas a la vez. Que los activos no son sólo materiales y que la gestión, a lo largo de la partida, puede mover las piezas. Esto es lo que se discute, finalmente, cuando se habla de innovación pública: no qué tablero te tocó, sino qué hacés con ese tablero y con quién lo hacés.

Lo que mueve la aguja

Horas antes, en el Teatro El Círculo, se habían entregado los Premios RIL 2026: 37 ciudades de nueve provincias fueron distinguidas por políticas concretas de gestión local y por su eficiencia interna. Algunos casos, entre muchos posibles, ilustran lo que hacen en la práctica las decisiones que el juego pide tomar en menos de un minuto.

“Cuando uno le da la mano a un vecino no hay que soltarla. No importan los colores políticos: importa que todos queremos a esa ciudad para vivir”, dijo Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, la ciudad más premiada de la jornada.

Esa frase, enunciada entre los pasillos del Salón Metropolitano, condensa una idea que venimos conversando con el equipo en los días posteriores al evento. Lo que se vio en Rosario es que el buen gobierno no tiene color político. Que la mejora de las condiciones de vida —para esta generación y para las que vienen— puede ser, finalmente, una agenda común. Eso es lo que pasaba en las mesas.

Fermín Laborde, director de Liderazgo de RIL, lo había anticipado al abrir la ceremonia de premiación. “Esta tarde celebramos a los municipios que se convirtieron en ciudades faro. Los que demostraron con evidencia que se puede gestionar mejor y de esa manera le abren el camino a otros para animarse a hacer lo mismo”. Esa jornada, la palabra faro dejó de funcionar como metáfora y empezó a parecer una definición precisa de lo que muchas de esas ciudades buscaban construir.

La conversación que se potencia

Hay algo que rara vez aparece en las crónicas de este tipo de eventos. La Noche de Intendentes, más que una ceremonia, es el momento más visible de un trabajo silencioso que dura todo el año y que se hace en red. 

Provincias que deciden coordinar con sus municipios. Equipos técnicos que se forman. Datos que se comparten. Aliados privados que entienden que la calidad de vida del territorio donde operan es parte de su propio negocio. Y un equipo RIL que esta vez llegó a Rosario desde puntos muy distintos del país —Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, entre otros tantos más— porque la red se hace, todos los días, desde cada uno de esos lugares. 

Candelaria Yanzi lo había planteado más temprano, desde el escenario, al recuperar a Domingo Faustino Sarmiento para dar vuelta su sueño original. “Sarmiento decía 100 Chivilcoy para la fundación de la patria. Nosotros queremos 100 ciudades certificadas”. La idea detrás de esa consigna es que una ciudad faro también puede convertirse en una ciudad que enseña. Entonces, lo que empieza a construirse deja de parecerse a una competencia y se acerca más a una red. 

Hay otra cosa que merece subrayarse. Una conversación que durante años se dio en Buenos Aires —sobre las ciudades, sobre la gestión local, sobre lo que funciona— esta vez se dio en Rosario. Y antes en Córdoba. Y los protagonistas no fueron analistas que miran desde lejos. Fueron quienes la viven todos los días. Eso es lo que está cambiando: que las conversaciones locales e hiperlocales lleguen a la escena nacional como protagonistas y no como personajes secundarios.

Volver al juego

No alcanzamos a terminar las partidas. El reloj corrió más rápido que las decisiones. En el camino, además, aparecieron cartas inesperadas: tarjetas de interrupción global que el juego saca cuando menos lo esperás, eventos que ningún jugador controla y que recalibran los recursos de todos los tableros a la vez. Una inundación. Una crisis de migración. Una gran inversión del exterior. En cada mesa, cuando esa tarjeta caía, había que volver a pensar todo.

Esa es, quizás, una de las lecciones más útiles del juego. Ninguna ciudad transforma su realidad si la transformación queda librada al esfuerzo individual de un buen intendente. Ningún municipio puede prepararse, en soledad, para lo que no se puede prever. La asimetría no se compensa con voluntad. La incertidumbre, tampoco. Se compensan con red. 

A la salida, cada uno eligió una tarjeta. Algunos se llevaron la del bebé. Otros, una de escolaridad, una de primer empleo, una de reconversión laboral. La consigna era simple: ponerla en un lugar visible —un escritorio, un corcho, la heladera— para que cada mañana, antes de empezar la jornada, esa tarjeta empuje una pregunta. La misma con la que Candelaria cerró esa noche: ¿qué estoy haciendo desde mi lugar para generar ciudades de oportunidades?

Hay cientos de personas con capacidad de decisión que, desde esa noche, conviven cada día con una tarjeta que les recuerda esa pregunta. No es poco. 

+COMUNIDAD es un medio impulsado por la Red de Innovación Local (RIL). El autor de esta columna integra el staff de la organización como coordinador editorial y participó de La Noche de Intendentes. 

Fotos: Juli Rock y Nadia Colombero.

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Matías trabaja en una finca del distrito El Marcado y rara vez puede tomarse un día para ir al médico. Pero esa mañana de 2025, en el operativo que el municipio montó en la finca La Agrícola, se hizo un control completo sin moverse de su lugar. “Están muy buenos estos servicios. Uno que trabaja por ahí no tiene tiempo de ir a hacerse controles médicos, y acá vienen médicos especialistas y nos preguntan todo sobre la salud”, cuenta.

A casi 100 kilómetros de la sede municipal, un vecino de Ñacuñán, el paraje más remoto del departamento, dice algo parecido: “Que la Municipalidad se preocupe por la gente de este lugar me parece genial. Tenemos muchos tratamientos que no podemos hacer de forma constante por una condición económica y porque estamos lejos”.

Estas escenas ocurren en Santa Rosa, un departamento mendocino de más de 8.000 km² de extensión —uno de los más grandes y menos densamente poblados de la provincia— donde la distancia física puede convertirse en una barrera para ejercer derechos básicos. Con poco más de 19.000 habitantes distribuidos en seis distritos dispersos entre la llanura y los médanos, gobernar con eficiencia aquí tiene un significado concreto: que el Estado llegue donde la gente vive.

Esa definición orienta un conjunto de políticas que el municipio viene desarrollando en los últimos años. Desde la planificación territorial hasta la gestión de residuos, desde la modernización administrativa hasta la apertura de datos, Santa Rosa construyó un enfoque donde la eficiencia busca superar los procesos internos para traducirse en acceso, cercanía y respuestas verificables.

En diciembre de 2025, el municipio obtuvo la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL). “No es un trofeo administrativo. Es el reconocimiento a una decisión política: la decisión de que el Estado municipal funcione mejor”, afirma a +COMUNIDAD María Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa. “Cada proceso que se mejora, cada dato que se abre, cada trámite que se simplifica termina impactando en algo muy simple pero muy profundo: la calidad de vida de los vecinos”, añade.

Cinco políticas permiten observar cómo se implementa esa lógica de eficiencia en la práctica.

1. Operativos territoriales “Cerca de vos”: el Estado que va

En Santa Rosa, la distancia no es una metáfora. El distrito de Ñacuñán está a unos 100 kilómetros de Villa Cabecera, la sede municipal. Llegar hasta allí implica, para muchas familias, un viaje que consume tiempo, dinero y, en algunos casos, un día entero de trabajo.

Frente a esa realidad, el municipio puso en marcha los operativos “Cerca de vos”, un dispositivo itinerante que lleva servicios del Estado directamente a los barrios y parajes del departamento. En cada jornada convergen hasta 11 áreas municipales: Atención Primaria de Salud, Desarrollo Social, Género y Diversidad, Discapacidad, Vivienda, Empleo, Defensa del Consumidor, Zoonosis, Adulto Mayor, Relaciones con la Comunidad y Salud. El programa incluye un quirófano móvil de zoonosis que permite vacunar y castrar mascotas in situ, una prestación que en zonas rurales dispersas resulta difícil de garantizar por otros medios.

Durante 2025, se realizaron 21 operativos y se atendieron 1.221 personas. Los números pueden parecer modestos en términos absolutos, pero adquieren otra escala cuando se los lee en proporción a la población y al territorio: significan que el municipio llegó, en promedio, a más del 6% de sus habitantes en un año, en un departamento donde muchos vecinos viven a decenas de kilómetros del centro más cercano.

“Santa Rosa tiene más de ocho mil kilómetros cuadrados. Si el Estado espera que todos vengan hasta la ciudad, la distancia termina convirtiéndose en una barrera para ejercer derechos”, explica a +COMUNIDAD Marcela Otaño, directora de Desarrollo Social y Derechos Humanos. “Por eso llevamos el municipio al territorio: salud, asesoramiento social, trámites, servicios. La eficiencia también es eso: que el Estado llegue donde la gente vive“, afirma.

Voces de distintos vecinos respaldan ese impacto. Cristina, de Las Catitas, resume su experiencia en una sola visita: “Yo tenía papeles pendientes y gracias a Dios me los han entregado. Traigo también a mis hijos, me he anotado para vivienda y también por lo de salud de los chicos me han llenado los papeles”. 

Pero lo que dice después revela el problema de fondo: “Hay mucha gente que a veces no puede llegar hasta los centros de salud, como yo que vivo a seis kilómetros de acá hacia dentro en el campo y me cuesta llegar. Y para conseguir turnos en los centros de salud o en el hospital tenés que estar a las cinco y media o seis de la mañana”.

La intendenta y funcionarios suelen asistir a los operativos en busca de generar un canal de escucha directa. En un departamento de estas características, donde la cercanía institucional no puede darse por sentada, la descentralización periódica funciona como un mecanismo de detección temprana de demandas y de reducción de barreras de acceso.

2. De basurales a cielo abierto a gestión integral: la planta de transferencia y centro sustentable

Durante décadas, los residuos en Santa Rosa terminaban en basurales a cielo abierto. El más problemático, ubicado en las cercanías del barrio La Costanera de Las Catitas, funcionó durante más de 40 años como depósito sin control, con incendios recurrentes, contaminación del suelo y riesgos para la salud de los vecinos.

La historia de la solución es también la historia de una obra que tardó en concretarse. En 2019 el municipio obtuvo financiamiento nacional para la construcción de la planta de transferencia y avanzó con la obra hasta alcanzar un grado de ejecución cercano al 90%. A partir de 2023, Santa Rosa afrontó el tramo final con recursos propios para llevar la obra a su conclusión.

En abril de 2025, coincidiendo con el 141.° aniversario del departamento, se inauguró la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos y el Centro Sustentable, ubicado en La Dormida, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. La planta está equipada con cintas transportadoras, enfardadoras y trituradoras de vidrio para clasificar y valorizar los materiales recuperables. Los residuos que no pueden reciclarse se compactan y trasladan al relleno sanitario del consorcio COINES, en Rivadavia, dentro de un circuito controlado.

Durante 2025, la planta procesó 10.766 toneladas de residuos. La puesta en marcha permitió, además, reorganizar los horarios de recolección domiciliaria en los distritos de La Dormida, Las Catitas y Villa Cabecera para optimizar el traslado. El centro opera con 10 trabajadores en condiciones de empleo formal.

“Durante años el problema de los residuos fue invisible para muchos municipios. Pero en realidad es un tema de salud pública, de ambiente y de dignidad territorial”, señala Patricia Salomón, de la Coordinación de Ambiente. “Hoy el residuo se clasifica, se valoriza y genera trabajo. Lo que antes era un problema ambiental empieza a convertirse en parte de una economía circular”, agrega.

La política ambiental también se extiende a la educación: la planta funciona como espacio de concientización para escuelas y organizaciones locales. Y la recolección diferenciada de residuos secos —cartón, plástico, vidrio y papel—, que se realiza los jueves, busca consolidar la separación en origen como hábito ciudadano.

3. Geoportal e IDE: leer el territorio en datos

Antes de la implementación del Geoportal, la información territorial de Santa Rosa estaba dispersa en distintas oficinas, formatos en papel y bases de datos sin conexión entre sí. Para un profesional  o inversor que necesitaba conocer los usos del suelo permitidos en una parcela, o para un funcionario que debía decidir dónde localizar un centro de salud, el proceso implicaba solicitudes formales y esperas.

Esa situación empezó a cambiar con la creación de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) propia, que posiciona a Santa Rosa como uno de los siete municipios de Mendoza que cuentan con un visor de este tipo. La plataforma se integra a la red IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina) y a la IDE provincial de Mendoza (IDEM), a la que el departamento adhirió formalmente.

El Geoportal ofrece mapas interactivos con capas de información validada: infraestructura de servicios (redes de agua, gas, fibra óptica), catastro, usos del suelo, espacios verdes, centros de salud, comercios y datos ambientales. Los datos se pueden descargar en formatos abiertos (CSV y SHP), lo que permite su reutilización profesional por parte de agrimensores, arquitectos, desarrolladores inmobiliarios e investigadores.

Entre julio de 2025 y febrero de 2026, la plataforma publicó 57 archivos de datos y registró 363 visitas. Son cifras iniciales, coherentes con el perfil demográfico de un departamento de 19.000 habitantes en una etapa de implementación temprana. Pero lo que importa es el cambio de lógica: la información territorial dejó de ser un recurso encerrado en oficinas para convertirse en un bien público accesible.

“Durante muchos años los municipios tomaban decisiones con información dispersa o directamente inexistente. Gobernar así era, literalmente, gobernar a ciegas”, dice Nadir Ocampo, jefe del Departamento de Relevamiento de Información Territorial y Estadísticas. “La información deja de ser un privilegio y se transforma en un bien público”, sintetiza.

Para un departamento con una extensión territorial tan amplia y con desafíos concretos de planificación —como la expansión urbana sobre zonas productivas que se observa en las localidades de Las Catitas y La Dormida—, contar con datos georreferenciados y actualizados resulta un paso que habilita decisiones más precisas sobre dónde invertir, dónde ampliar servicios y cómo ordenar el crecimiento.

4. Gestión de calidad: de los manuales de 2007 a la certificación ISO 9001

Hasta hace poco, la administración interna del municipio funcionaba con procedimientos que no se actualizaban desde 2007. Los trámites se resolvían de forma presencial, los circuitos de reclamos carecían de trazabilidad y los tiempos de respuesta dependían más de la voluntad individual que de un sistema estandarizado.

La decisión de certificar procesos bajo la norma ISO 9001:2015 obligó a revisar cómo se atendía a un vecino, cómo se tramitaba un reclamo, cómo se pagaba a un proveedor. La auditoría principal se superó en agosto de 2025, con 20 procesos certificados en áreas críticas: Rentas, Hacienda, Recursos Humanos, Compras y la Oficina de Atención al Vecino.

En paralelo, el municipio avanzó con la digitalización de cinco trámites municipales a través de la plataforma GDE (Gestión Documental Electrónica) y una Oficina Virtual. Entre ellos, la habilitación comercial online: un trámite que antes exigía gestiones presenciales, lentas y con requisitos difíciles de anticipar, ahora se puede iniciar y seguir de forma digital. Se implementó además una gestión omnicanal que permite canalizar reclamos tanto de manera presencial como virtual.

“Muchas veces se habla de modernizar el Estado como si se tratara solo de tecnología. Pero modernizar el Estado es, antes que nada, ordenar cómo trabaja”, explica Magdalena Ascurra, secretaria de Gobierno. “Las normas ISO nos obligaron a revisar cada proceso: cómo se atiende a un vecino, cómo se tramita un reclamo, cómo se paga a un proveedor. Lo que buscamos es algo simple: que el vecino sepa qué trámite hace, cuánto demora y por dónde circula”, detalla.

La escala de la transformación es acorde al tamaño del municipio: no se trata de una plataforma con cientos de miles de usuarios ni de una digitalización masiva, sino de un ordenamiento básico que, para una administración que operaba con herramientas de casi dos décadas de antigüedad, representa un salto cualitativo. Como resume Azcurra: “Un Estado que funciona con reglas claras no solo es más eficiente. Es también más justo”.

5. Planificar el territorio: Santa Rosa mira a futuro

Las cuatro políticas anteriores no operan en el vacío. Se inscriben en un marco más amplio: el plan operativo “Santa Rosa Planifica Futuro”, una hoja de ruta estratégica que guía la gestión desde 2019 y se estructura sobre cuatro dimensiones: desarrollo social, económico-productivo, urbano-ambiental y modernización de la gestión municipal.

El plan partió de un diagnóstico sobre la realidad del departamento y las dinámicas de su suelo, con el objetivo de evitar la improvisación en el crecimiento urbano. En un territorio donde la expansión de las localidades avanza sobre zonas productivas —un fenómeno documentado en los estudios del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Mendoza—, contar con una planificación explícita permite anticipar dónde faltan servicios, dónde se puede urbanizar y dónde conviene preservar usos agrícolas.

“Planificar es una decisión política. Significa dejar de improvisar y empezar a mirar el territorio con responsabilidad”, afirma a +COMUNIDAD Rodolfo Morgani, coordinador general de Planificación Territorial. “El plan no es un documento técnico guardado en un cajón. Es la hoja de ruta que orienta cada decisión de gobierno, desde una obra pública hasta una política social”, sostiene.

Ese marco es el que articula las restantes políticas: el Geoportal se alimenta de la planificación territorial y a la vez la retroalimenta con datos actualizados; la planta de transferencia responde a un diagnóstico ambiental concreto; los operativos itinerantes se diseñan a partir de la lectura del territorio y sus vacíos de cobertura; y la certificación ISO ordena los procesos internos que sostienen la ejecución.

“Cuando un municipio planifica, el territorio deja de crecer al azar y empieza a desarrollarse con equilibrio. Planificar el territorio es negarse a aceptar que el futuro sea un accidente. Es afirmar que una comunidad tiene el derecho —y la responsabilidad— de imaginar, organizar y producir el espacio donde quiere vivir”, resume Morgani.

Eficiencia en un territorio extenso

Las cinco políticas repasadas comparten un hilo conductor: en Santa Rosa, la eficiencia no se expresa en las mismas métricas que en una ciudad de alta densidad. No se trata de reducir el tiempo de un trámite de 60 a 10 minutos o de instalar plataformas digitales con cientos de miles de usuarios. Se trata de que un vecino de El Marcado acceda a un control médico sin perder un día de trabajo, de que los residuos dejen de acumularse a cielo abierto, de que un agrimensor consulte los usos del suelo sin viajar hasta la sede municipal, de que un reclamo tenga un circuito claro, y de que el crecimiento del departamento responda a un plan y no a la inercia.

“Cuando el Estado se ordena, cuando planifica y cuando usa bien cada recurso, eso no queda en un escritorio. Se transforma en obras, en servicios y en oportunidades concretas para nuestra gente”, reflexiona la intendenta Destéfanis. Y cierra: “Gobernar mejor no es un eslogan. Es una forma de respeto”.

El reconocimiento como Ciudad Líder dentro del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL ubica a Santa Rosa en un proceso que recién comienza: el de sostener, medir y profundizar estas prácticas en un territorio donde cada kilómetro importa.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en Santa Rosa, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero y Junín:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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El nombre lo dice en lengua huarpe: “Guay-mayén” significa “tierra de ciénagas, vegas o bañados”. Mucho antes de que la urbanización transformara el territorio, la zona acumulaba agua por condición natural. Con el crecimiento acelerado de las últimas décadas, ese rasgo histórico se convirtió en un problema de gestión pública que ningún gobierno local había podido resolver.

Guaymallén es el departamento más poblado de Mendoza (Argentina), con más de 321.000 habitantes según el censo de 2022. Más superficie construida significó más suelo impermeabilizado y menos capacidad de absorción ante cada tormenta. Las precipitaciones mendocinas suelen ser breves, pero de alta intensidad.

La geografía hacía del departamento el punto más vulnerable del Gran Mendoza. El investigador del CONICET Alberto Vich lo explica con precisión: todos los cauces del piedemonte corren de oeste a este y su principal colector es el canal Cacique Guaymallén, que históricamente tiene menos capacidad de conducción que la suma de todos los canales que desembocan en él. Cada tormenta, la misma agua llegaba concentrada al mismo embudo. El resultado eran 50 calles y barrios anegados.

En 2019, el gobierno nacional firmó un acuerdo con el municipio para ejecutar obras de mitigación de inundaciones con una inversión de 319 millones de pesos (aproximadamente 6 millones de dólares al tipo de cambio de entonces), que incluyeron el mejoramiento de la red de canales y acequias, pavimentos permeables, lagunas de retención y obras de drenaje urbano de impacto.

Ese acuerdo fue la base de lo que luego se consolidaría como el Plan de Drenaje Municipal Urbano (PMDU).

La reingeniería que cambió la lógica del drenaje urbano

El Plan de Drenaje Municipal Urbano (PMDU) no amplió el sistema existente: lo rediseñó desde su lógica. “Se hizo una reingeniería y se modificó la lógica de los drenajes urbanos para resolver un problema muy grave y estructural que tenía Guaymallén”, explicó el intendente Marcos Calvente al presentar el plan en el Smart City Expo World Congress de Barcelona, en noviembre de 2024.

El cambio conceptual es el núcleo del modelo. Los sistemas de drenaje convencionales priorizan la conducción: llevar el agua lo más rápido posible hacia los cauces principales. El PMDU adoptó un enfoque opuesto, orientado a la retención y la infiltración en el origen mismo de la escorrentía. 

“Hemos sido el primer municipio del interior del país que estableció estrategias con un impacto muy fuerte, que tienen que ver con retener el flujo del agua de la lluvia in situ y generar infiltración”, señaló Calvente.

Las obras incluyeron la canalización y revestimiento de canales secundarios y terciarios, la incorporación de nuevos trazados hidráulicos y la construcción de lagunas de retención que controlan los escurrimientos desde su origen.  Además, se instalaron sensores electrónicos en los reservorios que regulan la liberación del agua según la capacidad disponible del sistema, lo que permite optimizar el rendimiento en tiempo real y evitar saturaciones en puntos críticos. 

En total, las dos etapas del plan alcanzaron 400 kilómetros de canalizaciones hidráulicas. El financiamiento provino de la Secretaría de Política e Infraestructura Hídrica de la Nación, con una inversión aproximada de 6 millones de dólares.

Los resultados frente a una temporada exigente

La temporada de lluvias 2025-2026 fue la prueba más reciente y más exigente. Las precipitaciones fueron fuertes y continuas durante varias semanas. Desde la Municipalidad de Guaymallén, afirmaron a +COMUNIDAD que “el sistema funcionó bien”: los más de 40 barrios que históricamente se anegaban no registraron ese problema.

El contraste con el resto del Gran Mendoza fue notorio. Durante uno de los temporales de febrero de 2026 que afectó a la región, los daños en Guaymallén fueron mínimos, con tres viviendas afectadas, mientras departamentos vecinos reportaban evacuados, desbordes de cauces y viviendas inundadas. Los datos acumulados desde la implementación del PMDU indican que el sistema capta más del 70% del agua de lluvia de la cuenca.

El alcance del modelo trascendió las fronteras del departamento. En Barcelona, tras la exposición en el Smart City Expo, se concretaron reuniones con alcaldes de América Latina y Europa interesados en el plan de drenaje urbano de Guaymallén, en un contexto marcado por las inundaciones de Valencia, que habían instalado la gestión hídrica en el centro del debate internacional.

El Acceso Este: la barrera que el municipio no puede resolver solo

Los logros del PMDU tienen una excepción geográfica precisa. La zona sur del departamento, a la altura de un reconocido centro comercial, sigue siendo vulnerable. La causa es estructural y, según entienden desde el gobierno local, excede a la competencia municipal.

El Acceso Este —la ex ruta nacional 7— actúa como una barrera física que interrumpe el escurrimiento norte-sur del departamento. “Además de cortar la integración norte-sur, funciona como dique al drenaje de agua y se inunda la zona sur a la altura del Mendoza Shopping”, reconoció el municipio ante la consulta de +COMUNIDAD. La temporada 2025-2026 dejó imágenes de ese anegamiento en varios medios locales.

La solución depende del gobierno provincial, afirman en Guaymallén. Un proyecto en licitación contempla la ampliación a una tercera trocha, el alteo de la traza en el sector más complejo, la construcción de tres puentes nuevos, la ampliación de otros dos existentes y la mejora de los sistemas de drenaje. El costo ronda los 40 millones de dólares y se realizó una audiencia pública el 18 de marzo de 2026. Desde el municipio indicaron que, una vez ejecutadas estas obras, el sistema de drenaje urbano quedará completo en toda la extensión del departamento.

Qué necesita una ciudad para replicar este modelo

El PMDU ofrece aprendizajes concretos, pero con condiciones que no siempre están disponibles.

La primera es el financiamiento externo de escala. La inversión de 6 millones de dólares requirió un acuerdo con el gobierno nacional y un proyecto técnico que lo justificara: no era sostenible con recursos municipales propios. La segunda es el diseño basado en evidencia territorial: el sistema fue concebido a partir de un estudio detallado de las características climatológicas y morfológicas del departamento, no como solución genérica exportable sin adaptación. La tercera es la continuidad: el plan se ejecutó en etapas a lo largo de siete años, lo que exige priorización sostenida más allá de los ciclos electorales.

Hay también una advertencia técnica que el caso vuelve visible: la infraestructura vial preexistente puede neutralizar los beneficios de un plan de drenaje urbano si no se la analiza en clave hidráulica. 

El Acceso Este no fue diseñado pensando en el agua, pero opera hoy como una barrera de escurrimiento. Esa variable quedó fuera del alcance del plan municipal. Resolverla requiere la intervención de otro nivel del Estado —y en Guaymallén, esa articulación está en marcha.

Redacción +COMUNIDAD

Foto principal: Municipalidad de Guaymallén. 

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En Godoy Cruz, Mendoza, la planificación urbana comenzó a trabajar con foco en la movilidad peatonal. Un hito en ese proceso fue la creación, en 2022, del Mapa de Caminabilidad, una herramienta que evalúa la calidad de los trayectos a pie y ofrece insumos para orientar la gestión. La iniciativa surgió en un contexto de crecimiento poblacional —el municipio ya supera los 210.000 habitantes— y de una trama urbana con limitaciones históricas para los desplazamientos peatonales.

El mapa busca ofrecer información para que las personas elijan recorridos más cómodos y seguros, especialmente de manera no motorizada. Al mismo tiempo, permite que la Municipalidad genere diagnósticos para planificar obras y jerarquizar intervenciones en el espacio público.

El proyecto se desarrolla en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo e integra variables como conectividad, seguridad, calidad ambiental, usos del suelo y accesibilidad. Esa metodología permitió construir un índice de caminabilidad que empieza a mejorar progresivamente. 

Por ejemplo, calles que antes aparecían con valores bajos están siendo intervenidas y, a partir de estas obras, se empiezan a transformar en espacios “óptimos”. Matías Grima, jefe de Proyectos Urbanísticos y Observatorio Territorial de la Municipalidad de Godoy Cruz, explicó a +COMUNIDAD cómo ha madurado el proyecto y el impacto que tiene en la comunidad promover una “ciudad caminable”. 

Elaboración del Mapa de Caminabilidad

El proceso de construcción del Mapa de Caminabilidad partió de un diagnóstico claro: durante décadas, las calles de Godoy Cruz se planificaron priorizando al automóvil. Esto derivó en veredas estrechas, poco transitables, con falta de iluminación y expuestas a situaciones de inseguridad. 

Frente a esa realidad, se diseñó una metodología de análisis que integró variables como espacio viario, señalética, seguridad vial y calidad ambiental, con el objetivo de medir cuán amigables eran los recorridos para quienes se desplazan a pie.

¿Qué desafíos hicieron necesario pensar en la caminabilidad como eje de la planificación de la ciudad? Grimma enumera la concentración de servicios en puntos neurálgicos, la falta de conectividad este-oeste y la congestión vehicular. Otros fueron disminuir la inseguridad en los trayectos diarios, mejorar las condiciones de la red de transporte peatonal, fortalecer el transporte colectivo a través de paradas seguras y mejorar la calidad ambiental a lo largo de la red viaria. 

La Universidad Nacional de Cuyo aportó un marco teórico, diseñó la metodología y colaboró en el procesamiento de datos mediante un convenio de pasantías con estudiantes de arquitectura. El municipio, por su parte, sumó información del Observatorio Territorial y herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG) que facilitaron la cartografía y la visualización digital de los resultados.

Resultados en el territorio

Los primeros diagnósticos señalaron áreas críticas con baja caminabilidad. Una de ellas fue la calle Alsina, que presentaba calzadas angostas y  tramos sin veredas, generando riesgos para peatones y ciclistas. Con esa información, se inició un proceso de renovación integral que incluyó veredas nuevas, cruces elevados, forestación y alumbrado LED.

“Esto nos permitió generar nuevos proyectos urbanísticos de mejoras a lo largo de otras arterias de la trama urbana, que hoy aparecen con un indicador bajo (‘malo’) y de a poco van transformando en ‘bueno’ u ‘óptimo’ a partir de las mejoras”, explica Matías Grima. 

En los últimos meses se concretaron obras en Alsina, Montes de Oca y la avenida General San Martín. El impacto de esas transformaciones en el índice se encuentra en proceso de medición, aunque desde el equipo técnico anticipan que los resultados deberían reflejar mejoras, ya que las intervenciones derivaron del diagnóstico inicial. Las mediciones actualizadas estarán disponibles hasta fines de 2025.

“A partir de la implementación del mapa, además de desarrollar distintos proyectos y obras, se incorporaron nuevos tramos a la red troncal de caminabilidad, con el objeto de ampliar la implementación de la metodología para la evaluación del espacio público”, menciona Grimma. “Del mismo modo, se utilizó el proyecto y sus mejoras para postular al programa de Bonos Verdes, que permite mejorar financiamiento para proyectos vinculados al desarrollo de esta política de planificación”, suma el especialista.

Tres obras destacadas con el Mapa de Caminabilid

1. Renovación de la calle Alsina:

• 1.300 metros lineales con una calzada de 10 metros de ancho.
• Nuevas veredas de 1,20 metros.
• Puentes peatonales y vehiculares, cruces sobre elevados y señalización vial.
• Obras de saneamiento.
• Instalación de fibra óptica.
• Soterramiento de líneas de media y alta tensión.
• Alumbrado LED.
• Renovación de forestales e impermeabilización de hijuelas de riego.

2. Renovación calle Montes de Oca:

• Remodelación integral de veredas, cunetas y banquinas.
• Equipamiento urbano y mobiliario antivandálico.
• Iluminación led.
• Mejoras en el equipamiento de semaforización.
• Renovación del arbolado público.
• Pavimentación.
• Pintura y señalización vial.
• Incorporación de cestos de basura de recolección diferenciada.
• Nuevos carteles nomencladores en esquinas.

3. Renovación de la Avenida General San Martín

• Nivelación de veredas.
• Baldosas podotáctiles.
• Incorporación de moderno mobiliario urbano: papeleros, canastos de residuos, bancos y asientos de caucho.
• Se renuevan acequias, cordones, rampas peatonales, puentes, alcantarillas y, en las esquinas, se colocarán bolardos de caucho.
• Trabajos en los desagües pluviales.
• Nueva red semafórica e iluminación led.
• Estacionamientos para motos y bicicleteros.

Claves de gestión y financiamiento

Para Grima, la implementación de metodologías como el Mapa de Caminabilidad requiere equipos técnicos “solventes, preparados y dispuestos”, y coordinación entre distintas áreas. Tras un proceso de priorización, las obras derivadas del diagnóstico se incorporan de manera progresiva en el presupuesto anua.  Y, en el caso de Godoy Cruz, se complementan con mecanismos de financiamiento como bonos verdes o instrumentos locales de ordenamiento territorial.

El municipio, por ejemplo, estableció una ordenanza de mayor aprovechamiento del suelo que permite la densificación urbana y exige compensaciones a desarrolladores privados. Parte de esos recursos se destina a proyectos vinculados con la caminabilidad y espacio público.

“Es importante que los municipios entiendan que toda obra de mejora que se realiza tiene un retorno que es recuperable a través de la captación de renta diferencial. Es decir, la creación de nuevas obras o mejoras urbanas se traducen en aumentos del valor inmobiliario. Estos, a su vez, puede tener impacto en una mayor captación de rentas por parte del municipio, lo que implica más recuperación”, desarrolla el jefe de Proyectos Urbanísticos y Observatorio Territorial de la Municipalidad de Godoy Cruz.

Más aprendizajes para otras ciudades

El proceso también dejó aprendizajes que pueden resultar útiles para otras ciudades. Grima señala que una de las claves fue mejorar la coordinación entre niveles de gobierno y áreas municipales para evitar intervenciones duplicadas.

“El desarrollo de estas estrategias ayuda a trabajar coordinadamente, evitando el solapamiento de obras por parte de distintos organismos y áreas del municipio que, en muchos casos, después deben volver a intervenirse por falta de planificación. Esto deriva en la pérdida de gran cantidad de recursos públicos y eficiencia”, explica.

Otro aspecto es la posibilidad de contar con diagnósticos claros para evaluar el espacio público, lo que permite jerarquizar problemáticas que muchas veces quedan relegadas frente a la movilidad vehicular. “Entre los aprendizajes que se alcanzaron, se puede considerar la elaboración de metodologías objetivas para la evaluación del espacio público como una gran herramienta de planificación”, remarca Grima.

El especialista subraya, además, la importancia de promover una cultura de desplazamientos más sostenibles y saludables. Para ello resultan centrales los diagnósticos periódicos y el uso de Sistemas de Información Geográfica que permitan monitorear y dar seguimiento a los proyectos con alcance territorial.

Con el tiempo, el Mapa de Caminabilidad dejó de ser solo un instrumento técnico y se transformó también en un insumo para la participación ciudadana. En palabras de Grima, el gran valor del proceso fue demostrar que “poner a los peatones en el centro de la planificación es posible y genera transformaciones concretas en la vida cotidiana de la gente

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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datos

Por Agustina Randazzo, Jimena Álvarez (RIL),
Sarah Farooqi y Arielle Diamond (DIAL)

Las ciudades de América Latina y el Caribe representan más del 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la región, según datos de la ONU y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este fenómeno se debe a la rápida urbanización, que ha provocado una expansión descontrolada del transporte, la industria y la deforestación. Además, estas ciudades albergan a más del 80 % de la población regional, lo que las convierte en puntos clave para implementar soluciones eficaces para hacer frente al cambio climático. 

Sin embargo, el reto es aún mayor. Las ciudades están cada vez más expuestas a fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones y sequías, que afectan a millones de personas. 

En este contexto, la Red Innovación Local (RIL), que trabaja en estrecha colaboración con los gobiernos locales de toda América Latina, se unió a la Red de Aprendizaje Conjunto sobre Datos Climáticos (JLN) y ha aportado ideas clave a su investigación consultiva. Convocada por Digital Impact Alliance (DIAL), la JLN reúne a diversas organizaciones comprometidas con el avance del uso de datos para la acción climática.

DIAL y RIL trabajarán  juntos a través de la JLN de datos climáticos, en colaboración con otros 23 socios y con ciudades de todo el mundo, para explorar los retos y oportunidades únicos a los que se enfrentan las zonas urbanas en sus esfuerzos de adaptación y mitigación del cambio climático.

Los gobiernos municipales se enfrentan a retos a la hora de aprovechar los datos para elaborar planes de acción climática

A través de una investigación realizada el año pasado, clasificamos los obstáculos para desbloquear el uso de data para la acción climática en cuatro categorías: datos, confianza, finanzas y capacidad. ¿Cómo se traduce esto para los gobiernos subnacionales?

• Datos

Uno de los principales retos a los que se enfrentan los gobiernos locales es la falta de información sistematizada y de alta calidad que permita tomar decisiones basadas en datos empíricos. Aunque los datos pueden existir, a menudo están dispersos, son demasiado técnicos o están desactualizados, lo que dificulta convertir la información en conocimientos claros y accesibles que sirvan de guía para las decisiones sobre los servicios públicos, el transporte o la gestión de las infraestructuras. 

• Finanzas

Al mismo tiempo, los presupuestos limitados y las barreras para acceder a la financiación climática a menudo dificultan la implementación de acciones concretas. Especialmente en las ciudades latinoamericanas, que se enfrentan a una amplia gama de retos urgentes a diario. Del mismo modo, estos retos relacionados con las finanzas hacen que los gobiernos subnacionales a menudo no dispongan de los presupuestos necesarios para acceder a las últimas tecnologías o adquirir conjuntos de datos útiles que puedan impulsar soluciones innovadoras.

• Capacidad

Muchos equipos técnicos y responsables de la toma de decisiones siguen careciendo de las herramientas necesarias para comprender cómo la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación están afectando a la vida cotidiana en sus territorios. Integrar esta perspectiva en la gestión pública no es un lujo, sino una necesidad urgente. Para ello se requiere personal capacitado para analizar e interpretar datos, acceso constante a Internet de alta velocidad y, en última instancia, una cultura ágil de toma de decisiones basada en datos.

• Confianza

Cuando se trabaja con datos, la confianza es esencial. Para romper los silos de datos se necesitan marcos sólidos de privacidad y gobernanza de los datos que protejan a los propietarios de los datos e inspiren confianza entre los usuarios. Muchos países carecen de los marcos normativos necesarios para regular los datos y, cuando estos marcos existen, a los municipios más pequeños les puede resultar complicado sortear las diversas barreras legales y técnicas necesarias para minimizar los riesgos al compartir y acceder a los datos. 

El año pasado, exploramos el potencial de nuevos e innovadores modelos de gobernanza y financiación de datos para ofrecer soluciones a estos retos. Superando estos obstáculos, podemos crear un mundo en el que más departamentos gubernamentales tengan acceso a datos de alta calidad y relevantes para el clima, necesarios para informar sus planes de acción climática.

Pueden acceder a los artículos destacados de Climate Data JLN sobre fideicomisos de datos, redes de transacciones abiertas, espacios de datos y datos abiertos.

Los gobiernos locales pueden allanar el camino hacia una resiliencia y adaptación climáticas centradas en las personas

Lejos de ser meros ejecutores de políticas nacionales, los gobiernos locales son cada vez más reconocidos como actores estratégicos en la lucha contra la crisis climática. Iniciativas como el Decenio de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas y las plataformas CitiesWithNature y RegionsWithNature están situando las acciones urbanas y subnacionales en el centro de las estrategias medioambientales globales. 

Cada vez se reconoce más que los gobiernos locales se encuentran en una posición única para conectar a las personas con la naturaleza, fomentar la innovación y obtener resultados concretos, siempre que tengan acceso a los datos, las capacidades y las alianzas adecuadas.

Ciudades de todo el mundo ya están liderando el desarrollo de estrategias a largo plazo para construir sociedades resilientes al clima. Este es el caso de Cali, Colombia, que se ha convertido en líder en biodiversidad urbana y participación comunitaria en América Latina. La ciudad promueve diversas iniciativas que integran la conservación de la naturaleza con el desarrollo sostenible, desde la mejora de los espacios verdes urbanos hasta la elaboración de directrices para la construcción sostenible. 

Muchas de estas iniciativas están financiadas por el Fondo Cali, un mecanismo multilateral diseñado para compartir de forma equitativa los beneficios derivados del uso de datos. Creado durante la celebración de la COP16 en Cali en 2024, el Fondo exige a las empresas que hacen uso comercial de los datos de secuenciación genética de los recursos naturales en sectores como la cosmética, la agricultura y la biotecnología que contribuyan con una parte de sus ingresos para apoyar los esfuerzos de conservación. 

Modelos de financiación innovadores como este demuestran cómo los datos abiertos, cuando se aprovechan de forma equitativa, pueden generar un apoyo financiero sostenido para la conservación y la resiliencia climática.

Del mismo modo, la ciudad de Mendoza, en Argentina, está integrando la biodiversidad urbana como un componente esencial de su gestión local. La ciudad ha creado islas de biodiversidad, bosques de bolsillo e iniciativas de ciencia ciudadana para transformar el territorio urbano en un entorno más resiliente y sostenible. Mendoza también está buscando modelos de financiación innovadores a través de bonos verdes, que apoyan el desarrollo de proyectos sostenibles.

Estos avances abren una ventana de oportunidad única: pasar de proyectos piloto aislados a transformaciones sistémicas, en las que la acción climática, la conservación de la biodiversidad y la reducción de la contaminación se integren plenamente en la planificación local, la elaboración de presupuestos y la gestión cotidiana. Las ciudades que adoptan este paradigma están demostrando que la transformación no solo es posible, sino que ya está ocurriendo. 

El reto está en ampliar y acelerar estas iniciativas para que más ciudades puedan sumarse a este cambio con el apoyo, los datos y los recursos que necesitan

A medida que Climate Data JLN continúa su investigación colaborativa, nos entusiasma ampliar nuestro trabajo directamente con las ciudades. Al asociarnos con estas ciudades, todas ellas con geografías, contextos culturales y necesidades diversas, esperamos poder aprender lecciones que luego podamos ampliar.

Estamos muy agradecidos de contar con las siguientes ciudades como colaboradoras:

• Despeñaderos, Argentina.
• Freetown, Sierra Leona.
• Condado de Nairobi, Kenia.

Al trabajar más directamente con los gobiernos municipales, estableceremos conexiones entre las necesidades de datos y las soluciones de datos, poniendo a prueba modelos de gobernanza de datos en entornos reales. Este trabajo tendrá dos vertientes: en primer lugar, trabajar con las ciudades para comprender sus ecosistemas existentes, sus necesidades específicas de datos y sus casos de uso prioritarios. Y, a continuación, profundizar en los casos de uso comunes de los datos climáticos en las ciudades para descubrir información útil.

Esperamos seguir trabajando en las propuestas de todo el año, que incluirá mesas redondas con presentaciones de cada una de nuestras ciudades asociadas y un informe final de investigación con los resultados compartidos en la COP30 en Brasil.}

(*) Este artículo fue coescrito entre RIL y DIAL. Participaron Agustina Randazzo, vicedirectora de Aceleración en RIL Argentina; Jimena Álvarez, coordinadora del programa Ciudades de la Biodiversidad en RIL Argentina; Saraah Farooqi, Product Owner en DIAL; y Arielle Diamond, Senior Communications Manager en DIAL. Puedes encontrar la versión en inglés del artículo aquí.

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A inicios de 2024, ambas ciudades fueron reconocidas con la certificación What Works Cities, de Bloomberg Philanthropies y Results For America, por el uso eficaz de los datos y evidencias para hacer frente a desafíos.

Medellín: datos que aseguran continuidad y precisión

La capital antioqueña se destacó por poseer protocolos y procesos documentados para el trabajo con datos. Entre ellos, protocolos para el intercambio de información, para la apertura de datos, para mejorar la calidad de los datos, para la seguridad y el tratamiento de los datos personales, así como para agilizar el proceso de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos. 

¿Cuáles han sido los beneficios de documentar estos procesos?

El resultado de documentar procesos para promover el uso de datos en la toma de decisiones se hizo evidente en Medellín con su portal de datos abiertos con cerca de 600 conjuntos de datos.

Este ecosistema de datos ha dado lugar a más de 20 servicios de análisis con visualizaciones, incluyendo mapas y tableros de control, que han permitido a los tomadores de decisiones mejorar la gestión del gobierno y tener un impacto en las personas residentes. 

En su proceso de certificación, Medellín también se distinguió por el trabajo con datos e información desagregada a un nivel de detalle demográfico y geográfico que les ha permitido focalizar mejor los esfuerzos del gobierno de acuerdo con las necesidades de su territorio y sus habitantes. Por ejemplo, un servicio de análisis de datos abiertos con información georreferenciada sobre la inversión recibida en cada una de las comunas durante la gestión de gobierno.

Por otro lado, los tableros para la visualización de datos en Medellín fueron utilizados durante las reuniones de desempeño y análisis. Esto le ha permitido a los tomadores de decisiones ver en tiempo real el avance hacia el cumplimiento de sus metas. Y, por ejemplo, determinar cuál es el barrio con mayor incidencia de embarazos adolescentes, para focalizar recursos y atender la problemática. 

Además, en momentos de transición, estos procesos y protocolos se convierten en herramientas de trabajo para los nuevos equipos. De esta manera se garantiza la continuidad en la toma de decisiones fundamentadas en las necesidades reales del territorio y las personas que habitan en él. 

Luján de Cuyo: transformación digital al servicio de la ciudadanía

Luján de Cuyo es una ciudad de tamaño medio con una población de cerca de 120.000 habitantes, que forma parte del Área Metropolitana de Mendoza, Argentina. El municipio se propuso tener una “gestión innovadora, eficiente y cercana” en su Plan de Metas 2020-2023.

Para lograrlo, el primer paso fue crear la Secretaría de Atención Ciudadana, Innovación y Modernización con el objetivo principal de diseñar e implementar el plan municipal de transformación digital. A medida que se avanzó en este proceso, la ciudad comenzó a trabajar en el próximo paso: aprovechar la nueva disponibilidad de información y datos para mejorar la toma de decisiones. 

Con ello, en 2022 inició su participación en la Certificación What Works Cities. Luego de un año de trabajo, logró la certificación en el nivel plata, y se convirtió en una de las ciudades de América Latina más pequeñas en conseguirlo.

Un modelo de datos para la transformación urbana

Tras iniciar la gestión municipal 2019-2023, Luján de Cuyo comenzó un extenso trabajo de transformación digital. Para ello, se desarrollaron acciones internas de despapelización y creación de las políticas de gobierno digital y de datos; y acciones externas de digitalización y mejora de los sistemas de turnos de cara a la ciudadanía. Sin embargo, la ciudad no se frenó allí. 

En 2022, la ciudad comenzó a trabajar en la certificación What Works Cities como el próximo paso en este camino, enfocándose en el uso de datos para la toma de decisiones. La premisa fue clara: la transformación digital no sólo agiliza y facilita procesos tanto internos como externos, sino que habilita nuevas mejoras en la gestión gubernamental. La digitalización de trámites y registros municipales disponibiliza una gran cantidad de información para la ciudad, que utilizados correctamente permite mejoras clave en la toma de decisiones. 

Para este próximo paso, Luján de Cuyo trabajó sobre tres pilares fundamentales, aprovechando los nuevos datos disponibles: 

1. La estrategia de datos centralizada de la ciudad.
2. El uso de datos en la toma de decisiones para proyectos estratégicos. 
3. Los datos y servicios de datos abiertos a la ciudadanía.

1. La estrategia de datos: centralizar y mejorar la calidad de los datos

La Secretaría de Atención Ciudadana, Innovación y Modernización es la encargada de generar una estrategia de datos. Esto significa desarrollar lineamientos y mejoras en la calidad de las bases de datos que utilizan las distintas áreas, y generar mayor visibilidad sobre toda la información con la que cuenta la ciudad, de manera centralizada. 

La secretaría se propuso implementar un data lake, que significa un espacio virtual en donde se centralizan las distintas bases de datos con las que cuenta la ciudad. De esta forma es posible supervisar la calidad de la información, generar mayor interoperabilidad entre variables y permite entender toda la información, derribando los llamados “silos de información” entre distintas áreas gubernamentales. 

A su vez, acompañados por el programa WWC, la ciudad documentó sus protocolos de manejo de datos, tanto para compartir información entre áreas, como para asegurar un manejo confiable de datos personales y sensibles.

2. El uso de datos en la toma de decisiones para proyectos estratégicos

Con más y mejores fuentes de información, la ciudad tiene el recurso más importante para generar nuevos análisis de datos que le permitan monitorear proyectos estratégicos, y tomar decisiones informadas. 

La Secretaría de Atención Ciudadana, Innovación y Modernización, en conjunto con la Jefatura de Gabinete, lidera el monitoreo del Plan de Metas. A su vez, la Secretaría lleva adelante proyectos con otras áreas para desarrollar tableros y mapas que permitan hacer análisis de información y tomar decisiones. 

Dentro de estos proyectos, se implementó un sistema de encuestas enviadas a la ciudadanía luego de realizar trámites con el gobierno local para analizar la calidad de los servicios brindados. Por otro lado, también se han realizado mapas para analizar la provisión de distintos servicios y reclamos, y tomar decisiones con base en ellos.

3. Datos y servicios de datos abiertos a la ciudadanía

Finalmente, el municipio posee un Portal de Datos Abiertos y una política de datos abiertos. Esto incluye la carga de toda la legislación pertinente sobre información pública en su web y la elaboración de un manual de usuario. 

Además, el área de datos abiertos anualmente avanza en la apertura de datos revisando el Índice de Datos Abiertos. Finalmente, la ciudad comenzó a compartir servicios de datos con la ciudadanía para facilitar distintos trámites. Por ejemplo a través de Luján 3D, donde se centraliza información catastral de toda la ciudad. 

Motores de cambio en la gestión urbana

Tanto Medellín como Luján de Cuyo han demostrado que el uso de datos y la innovación digital no son solo herramientas técnicas. Sino pilares estratégicos para la transformación de las ciudades. Así como otras ciudades certificadas en el continente, ambas han sentado un precedente para otras urbes en América Latina, mostrando cómo estos enfoques pueden traducirse en beneficios concretos para las personas.

(*) Esta nota se publica en el marco de las certificaciones de What Works Cities anunciadas a inicios de 2024. El programa acompaña a los gobiernos a mejorar sus prácticas de datos para abordar sus desafíos más apremiantes y mejorar la vida de sus habitantes. WWC permite que ciudades de más de 30.000 habitantes accedan de forma gratuita a una red de apoyo de organizaciones expertas en materia datos e innovación gubernamental. Además, pueden participar en seminarios web, cursos de formación y tutorías individuales e intercambiar experiencias con otras ciudades para fortalecer la toma de decisiones basadas en datos y evidencia.

El artículo fue redactado por Tania Chávez (caso Medellín) y Lucía De Zan (caso Luján de Cuyo), del equipo de Certificaciones de la Red de Innovación Local (RIL), y fue editado por la Redacción de +COMUNIDAD.

Foto principal: Medellín (Colombia) y Luján de Cuyo (Argentina). 

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Para los gobiernos locales, contar con un EDI representa un paso fundamental para garantizar la protección, confidencialidad y trazabilidad en el intercambio de datos, vinculando procesos y servicios digitales entre sistemas informáticos. La creciente digitalización plantea un desafío: cómo equilibrar la ciberseguridad con la disponibilidad de datos. La respuesta tradicional ha sido optar por sistemas cerrados, pero esto termina por desaprovechar la oportunidad de colaborar y compartir datos desde fuentes auténticas.

Cuando esto sucede, aparece el concepto de “silos de datos”, que se refiere a la fragmentación de información, donde cada área gestiona sus propios datos de forma aislada, sin conexión con otros sistemas. Estos silos no sólo limitan la capacidad de colaboración, sino que también afectan la gobernanza de datos, al impedir una visión unificada y estratégica de la información. Como consecuencia, se complejizan tanto la gestión interna como los requisitos de los trámites.

Que un municipio sea miembro de un EDI contribuye a mejorar la experiencia de su ciudadanía de manera inmediata y sostenible. La meta principal consiste en lograr que todo aquel organismo que sea fuente auténtica de algún dato sea capaz de proveerlo, bajo su control, ejerciendo su soberanía, al resto de los organismos que legalmente lo requieran. Esto promueve sistemas de gestión eficientes, con información correcta, completa, vigente y segura, evitando duplicación de datos, fotocopias y filas.

Casos de éxito en interoperabilidad

El modelo Estonia con su componente X-Road®, se ha convertido en el estándar de facto para la solución del distanciamiento digital que padecen los sistemas. La plataforma de intercambio de datos X-Road® (*) es de código abierto y fue declarada “Bien Público Digital” (DPG por sus siglas en inglés) en 2022 por la ONU.

Por citar un ejemplo, la ciudad de Tallin (capital de Estonia) cuenta con un índice de interoperabilidad del 97% entre los sistemas de las organizaciones públicas y privadas, en tiempo real. Esto significa que solo el 3% de los datos son tipeados por personas. Aunque estas primeras iniciativas surgieron en los países nórdicos (Estonia y Finlandia) hoy son más de 20 los países que utilizan este modelo descentralizado de interoperabilidad.

En Argentina, la provincia de Neuquén marcó un precedente en 2010 al adaptar el modelo de Estonia a nuestra cultura. Su ecosistema facilita un intercambio seguro de datos entre organismos provinciales y municipales. Desde ese momento, otras seis jurisdicciones han creado su EDI basados en esta plataforma, ellas son: Chaco, Catamarca, CABA, Mendoza, Santiago del Estero y Río Negro.

^{Tallin, Estonia. Fuente: Kaupo Kalda – Visit Estonia.} 

Cómo están las ciudades de la región

De acuerdo al Autodiagnóstico de Transformación Digital elaborado por la Red de Innovación Local (RIL) en conjunto con especialistas, y realizado en más de 120 ciudades de toda la Argentina, la mitad de los municipios argentinos no lleva adelante acciones de interoperabilidad con organismos provinciales o nacionales, y sólo el 58% ha desarrollado APIs (Interfaces de programación de aplicaciones) para la integración entre sistemas de las diferentes áreas municipales, pero sin la seguridad que provee un EDI a través de sus algoritmos criptográficos.

Esto representa un enorme desafío para avanzar en la integración de datos y abordar la problemática del “ciudadano como cadete del estado” o “peregrino”. Esto que denominamos peregrinaje puede ser físico o digital: el físico comprende el traslado del solicitante de una dependencia a otra, o de una ventanilla a otra, para pedirle a un área un documento, y entregarlo en otra área. Y el digital, descargar o solicitar una documentación, y subirla en otro formulario. Es decir, información o documentación que el propio gobierno posee pero que no tiene la capacidad de compartir de un área a la otra.

Dos casos de éxito incipientes: EDI’s provinciales y EDI’s municipales

La municipalidad de Luján de Cuyo es miembro del EDI-MDZ desplegado por el gobierno provincial de Mendoza, y ya interopera tanto entre sus propios sistemas como con los de nivel provincial.

Hoy las provincias argentinas que cuentan con un EDI se están federando para garantizar que sus miembros puedan compartir datos (si lo necesitaran) sin restricciones, par a par, independientemente de a cuál de las provincias pertenezcan.

Por otra parte, en jurisdicciones donde no existe un ecosistema provincial, se lo está supliendo a través de un proyecto conjunto de RIL y la empresa ThinkNet, experta en interoperabilidad y pionera de la replicación del modelo Estonia en Argentina, denominado EDI-RIL. Esta plataforma le permite a cualquier municipio experimentar los beneficios de la interoperabilidad, sumarse como miembro y comenzar y crecer en el intercambio seguro de información entre sistemas.

^{Arquitectura del EDI-RIL.}

La ciudad de Escobar en la Provincia de Buenos Aires es la que dio el primer paso en este camino hacia la interoperabilidad, y se espera que en el corto plazo muchas otras ciudades comiencen a abordar esta problemática, en beneficio del intercambio seguro de datos, y de la reducción de requisitos para su ciudadanía.

Si querés obtener información sobre hacer partícipe a tu ciudad en este proyecto, escribinos a ciudadesdigitales@redinnovacionlocal.org

(*) X-Road fue desarrollado originalmente por el Departamento Estatal de Sistemas de Información de Estonia y su primera versión fue lanzada en 2001. El software está publicado bajo licencia MIT y se encuentra disponible gratuitamente para particulares y organizaciones.

Imagen principal ilustrativa: promoción del Modelo X-Road, de Estonia. Fuente: Thompson & Stein.

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