¿Vivimos una emergencia climática?

De acuerdo con información proporcionada por la Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), las concentraciones de gases de efecto invernadero, el aumento del nivel del mar y la acidificación de los océanos registraron valores sin precedentes en 2021. Así, tenemos que los efectos de los recientes cambios climáticos en el planeta y sus futuros riesgos. Se han convertido en una amenaza urgente e inmediata, principalmente en las áreas más pobladas del planeta, las ciudades. Actualmente el 55% de la población mundial vive en ellas y se prevé que aumente al 68% en los próximos 50 años. Esto sin considerar el desplazamiento y movilidad de los refugiados climáticos, quienes perderán sus hogares debido a los eventos naturales extremos.

Si bien es cierto que las urbes son centros que generan impactos ambientales significativos, por ejemplo, a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, la alta demanda de agua, energía y el desperdicio de alimentos, afectando el medio ambiente global, también lo es que son territorios altamente impactados por la crisis climática. Así, tenemos que, en los últimos años los incendios forestales, huracanes y ciclones cada vez son más frecuentes y extremos, cuestión que han devastado ciudades alrededor del mundo, provocando graves consecuencias sociales, económicas y ambientales.

 Esta situación ha impulsado a varias ciudades de todo el mundo a declarar una emergencia climática. Estas colocan el dilema ético y político de la crisis climática, así como a sus efectos, en el centro de la agenda de las políticas públicas de los gobiernos locales.La transformación de las ciudades ante la emergencia climática dependerá cada vez más de una gestión y gobernanza innovadoras, creativas y colaborativas, principalmente en los países en desarrollo, pues en ellos se encuentran los territorios y poblaciones que más han sufrido y sufrirán los impactos negativos de la crisis climática. Además, una gobernanza innovadora requiere de acciones colectivas que incluyan y reconozcan nuevas soluciones y colaboraciones entre gobierno, sociedad civil y ciudadanía con una perspectiva interseccional que logre hacer frente a la crisis de manera justa.

¿Por qué hablar de justicia climática?

La justicia climática es una narrativa o movimiento que tiene como objetivo entender el cambio climático como un dilema ético y político a través de una mirada interseccional. Esta narrativa se enfoca principalmente en lograr que los impactos del cambio climático se distribuyan de manera justa, sobre todo si tomamos en consideración que aquellos menos responsables del cambio climático son quienes sufren sus peores consecuencias. Más importante aún es que los efectos afectan de manera diferente a las regiones y sociedades del mundo. Por ejemplo, la capacidad de las poblaciones para aminorar y adaptarse a las consecuencias negativas del cambio climático está determinada por factores como el ingreso económico, desigualdad de género y representación política. 

En este sentido, este movimiento incluye las dimensiones de reconocimiento, participación, procesos adecuados y capacidades, buscando garantizar la calidad de vida, bienestar y cuidado de los individuos, comunidades y grupos vulnerables, así como del mundo no humano, como lo son los ecosistemas, en el contexto de la crisis climática.

• Reconocimiento

Muchas formas de vida, sociedades, comunidades y culturas están amenazadas simplemente por carecer de un reconocimiento o por ser menospreciadas. Reconocerlas es el primer paso para considerarlas en las soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Asimismo, reconocer la relación entre los efectos del cambio climático y sus orígenes, así como los retos a los que ciertas comunidades se enfrentan, es clave para visibilizar los impactos que tiene este fenómeno en la sociedad.

Un ejemplo podría ser el aumento de los fenómenos naturales extremos junto con la falta de políticas adecuadas de vivienda, cuestiones que obligan a las personas a desplazarse y vivir en asentamientos informales. Comúnmente, este tipo de asentamientos se localizan cerca de sitios contaminados y en suelo inadecuado para uso habitación (muchas veces suelo de conservación), provocando la construcción de casas inestables. En consecuencia, el incremento de los riesgos de inundaciones y derrumbes durante temblores o terremotos en las ciudades ha sido evidente. Además, la falta de infraestructura básica, así como la falta de reconocimiento político y social de aquellas comunidades desplazadas y obligadas a vivir en la periferia, agravan su vulnerabilidad.

• Participación y procesos adecuados

El derecho a participar efectivamente y de manera informada en cada etapa de la toma de decisiones, tomando en consideración las necesidades de las comunidades e individuos, es otra de las dimensiones clave de la justicia climática. Esto se puede lograr a través de la evaluación de políticas públicas, así como a través de la estricta garantía a las consultas previas e informadas y el derecho a decidir. La dimensión de procesos adecuados se enfoca en contar con medios y procedimientos eficientes para que las personas y comunidades afectadas o vulnerables puedan hacer valer sus derechos, así como exigir la adopción de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. 

• Capacidades

Esta dimensión es fundamental toda vez que se refiere a la capacidad de las personas para vivir una vida plena y saludable, y de los ecosistemas para mantener su debido funcionamiento y, por lo tanto, la vida en el planeta. No obstante, dichas capacidades se están viendo amenazadas por los efectos climáticos severos.

Para ilustrar, de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 99% de la población mundial respira un aire que supera los límites de calidad recomendados por la Organización Mundial para la Salud (OMS), poniendo en peligro la salud de las personas. Más importante es que, de hecho, una de cada seis muertes en el mundo está relacionada con enfermedades causadas por la contaminación atmosférica, una cifra que triplica la suma de las muertes por malaria y tuberculosis, y multiplica por 15 las muertes ocasionadas por las guerras y otras formas de violencia.

Además, el cambio climático está agravando el problema del acceso al agua potable. El aumento en la frecuencia de las sequías en muchas zonas que ya son áridas ha puesto en riesgo el acceso a agua potable y actividades agrícolas en diversas regiones. Por ejemplo, según los datos de Water Risk Atlas (WRI), actualmente 15 de 32 estados de México padecen un nivel de estrés hídrico “extremadamente alto”, cuestión que sin duda provocará grandes retos para los gobiernos locales para garantizar agua potable y de riego.

Por lo anterior, hoy más que nunca debemos entender que el accionar de los gobiernos para mejorar la calidad de vida d la población, como el mejoramiento de sistemas de salud, prevención de enfermedades, erradicación de la pobreza, e igualdad entre las personas en las ciudades, no se logrará de manera efectiva si no se considera que la crisis climática es un fenómeno que está poniendo en riesgo la capacidad humana, así como de los ecosistemas del mundo para vivir, desarrollarse y funcionar plenamente.

En este sentido, la justicia climática representa una entre muchas soluciones que nos permiten cuestionar cuál es la mejor manera de distribuir los impactos del cambio climático, y por qué se ha llegado a producir la mala distribución, poniendo especial énfasis en los procesos sociales, culturales, económicos y políticos. En otras palabras, lo importante no es sólo la distribución equitativa de los impactos del cambio climático, sino apelar que dentro de esa distribución se garantice el adecuado desarrollo de los individuos y de las comunidades, a través del reconocimiento, participación, procesos adecuados y capacidades de ellas.

Es por esto que el gobierno local, al ser el nivel de gobierno más inmediato y cercano a la ciudadanía, juega un papel fundamental en la gobernanza justa de las ciudades. No obstante, es necesario tomar en cuenta que, retos globales como la crisis climática, difícilmente se podrán solucionar con la actuación de un solo actor involucrado. Por ello, la perspectiva interseccional que ofrece esta narrativa de justicia climática permitirá a los gobiernos, sociedad civil y ciudadanos a re-pensar la manera de co-habitar, gestionar y transformar las ciudades para hacer frente a la emergencia climática de manera colaborativa y en consecuencia, más justa.

Imagen de encabezado:
Incendio en un parque nacional en Oregon, Estados Unidos.
Fuente: Unsplash/Marcus Kauffman. Vía un.org.

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