Esa situación derivó en un circuito informal de fiestas clandestinas en espacios sin habilitación, falsificación de identidades para ingresar a locales bailables de adultos (boliches, en el habla argentina), traslados de alta peligrosidad hacia localidades vecinas en transportes no autorizados y la celebración sin marco regulado de eventos masivos de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), una tradición que reúne a estudiantes del último año del secundario en la noche previa al inicio del ciclo lectivo.

Como la segunda ciudad de Córdoba, con más de 180.000 habitantes, Río Cuarto alberga más de 40 escuelas secundarias y 16 instituciones de nivel superior. Ese entramado atrae cada año a miles de estudiantes del país. Los adolescentes residentes conviven así con ingresantes universitarios de 17 años que viven de forma independiente y participan activamente en la vida social. 

Las respuestas previas, centradas en la clausura y la sanción punitiva a los organizadores, no tuvieron continuidad ni resolvieron las dinámicas reales del consumo cultural juvenil.

Frente a este diagnóstico, el municipio implementó el  Programa Más 16, una política pública integral que transforma la nocturnidad mediante un esquema de cogestión y corresponsabilidad entre el Estado, las familias y el sector empresarial. A través de una plataforma digital que valida identidades y otorga trazabilidad en tiempo real a los tutores, la iniciativa sustituye la restricción punitiva por una regulación inteligente. El modelo estructuró una alternativa formal que garantiza entornos protegidos y consolida el derecho a una noche segura.

Más 16: de la restricción legal al acuerdo institucional

La evolución regulatoria local ayuda a comprender las raíces del problema estructural. Hasta el año 2008, las ordenanzas municipales habilitaban el ingreso de adolescentes desde los 16 años a locales nocturnos con pistas de baile. Sin embargo, un cambio de paradigma normativo elevó la edad mínima a los 18 años, y esto desplazó a una franja de jóvenes a una zona gris de exclusión legal que persistió durante más de una década. 

Si bien la sanción del Código de Espectáculos Públicos en 2014, mediante la Ordenanza 604/14 unificó criterios de control, no ofreció alternativas viables para este grupo demográfico, lo que profundizó el mercado de fiestas clandestinas y la preocupación de las familias.

La superación de este estancamiento normativo requirió una decisión política orientada a reemplazar el control puramente punitivo por un esquema de prevención inteligente. Al inicio de la gestión actual, recorridas territoriales por establecimientos educativos consolidaron el reclamo juvenil por un entorno de esparcimiento seguro, lo que impulsó la sanción de la Ordenanza 100/24. El nuevo marco regulatorio modernizó los trámites, agilizó las gestiones comerciales y aumentó las sanciones  a los organizadores de eventos clandestinos. 

Para evitar un abordaje fragmentado, la administración centralizó y coordinó el trabajo de ocho dependencias municipales. La Subsecretaría de Juventud y Derechos Humanos y la Dirección de Espectáculos Públicos asumen la conducción directa del sistema. 

La Fiscalía Municipal, el Concejo Deliberante, la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia operan como órganos asesores. La Guardia Local Preventiva, la Subsecretaría de Innovación, el Área de Adicciones y la Subsecretaría de Tránsito ejecutan el despliegue operativo en el territorio. La articulación transversal es, según describe el propio equipo municipal, una de las claves del programa: ningún área aislada hubiera podido sostener una respuesta de esta envergadura.

Arquitectura técnica y ecosistema digital de validación

La plataforma Más 16 funciona como un ecosistema digital de validación centrado en la interoperabilidad y la seguridad de los datos. Mediante un convenio con la Provincia de Córdoba, el municipio integró su sistema con Ciudadano Digital Nivel 2 (CiDi), la plataforma provincial que verifica identidades con datos biométricos. Esta integración técnica elimina la discrecionalidad en el ingreso a los locales y aporta trazabilidad al control.

El circuito operativo se organiza en cinco pasos:

• Acceso directo y validación del tutor: la persona adulta responsable ingresa al enlace del sistema Más 16 desde la página de Gobierno de Río Cuarto utilizando directamente sus credenciales de Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2, sin necesidad de un registro secundario. El sistema redirige automáticamente al portal provincial para validar la identidad mediante datos biométricos y luego devuelve al usuario a la plataforma propia de Más 16, garantizando un marco legal seguro. 
• Declaración jurada y vinculación de parentesco: una vez dentro de la plataforma, el o la responsable debe confeccionar una declaración jurada digital donde registra los datos del menor y refrenda su rol específico de padre, madre o tutor. Este proceso activa el permiso vigente, que es auditado de manera permanente por un equipo municipal de revisión que verifica la validez de los datos filiatorios y de contacto mediante cruces de documentación, lo que permite detectar anomalías —como cargas realizadas por hermanos mayores— y comunicarse directamente con las familias. 
• Verificación digital por DNI de control: al llegar al local nocturno, el personal de admisión utiliza una aplicación móvil integrada en el sistema municipal Más 16 —cuyo funcionamiento digital asimila la dinámica de plataformas de seguridad urbana como “Tribuna Segura”— donde cargan directamente el número de documento de el o la menor para verificar de inmediato en pantalla si la validación parental se encuentra activa.
• Validación comercial: el personal de admisión del local utiliza un módulo informático especial para escanear y habilitar el ingreso.
• Notificación en tiempo real: el tutor recibe un correo automático inmediato con datos del horario, local, puerta y personal interviniente.
• Gestión de altas y bajas: el responsable puede activar o revocar la autorización del menor de manera ágil desde su perfil de usuario.

Implementación territorial y métricas de control urbano

La viabilidad del programa se consolidó mediante un proceso de gobernanza colaborativa antes de su despliegue permanente. En diciembre de 2024, el municipio ejecutó una prueba piloto orientada a evaluar la estabilidad de la infraestructura informática frente a picos simultáneos de tráfico. 

La evaluación se realizó durante los festejos del Último Día de Quinto (UDQ), y movilizó a más de 1400 estudiantes de 42 establecimientos secundarios y 47 cursos diferentes en cuatro locales nocturnos habilitados. El testeo permitió calibrar los tiempos de respuesta del software y coordinar los operativos de prevención urbana junto a la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Modernización.

El despliegue facilitó la reconversión de celebraciones tradicionales de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), que históricamente acontecían en inmuebles suburbanos informales sin medidas de protección elemental. Bajo el nuevo código, se permitió que los boliches funcionen como salones privados co-organizados por las familias. En febrero de 2026, más de 1.200 jóvenes celebraron el UPD bajo este formato. El circuito nocturno formalizado registra hoy una afluencia promedio de 1.200 jóvenes por fin de semana.

El monitoreo constante a través del Servicio Único de Atención al Vecino (SUAV) contribuye a sostener la confianza del entramado social. Finalmente, la baja tasa de penalizaciones por conductas inadecuadas o infracciones vinculadas al alcohol refleja un cambio cultural positivo dentro de los entornos comerciales regulados. Los indicadores de gestión recopilados hasta marzo de 2026 evidencian el nivel de adopción social del ecosistema digital en Río Cuarto:

Aprendizajes fundamentales de la experiencia local

La implementación del programa genera múltiples lecciones institucionales para los gobiernos municipales abocados al diseño de políticas de desarrollo territorial y convivencia ciudadana. El primer aprendizaje que destaca el equipo de Juventud Municipal de Río Cuarto, coordinado por Mariano Lucena Vidoret, es que “la innovación tecnológica debe estar precedida por una innovación en la gobernanza. La creación de una plataforma digital por sí sola no resuelve un conflicto social si no existe un consenso previo entre los actores involucrados”. 

“En Río Cuarto aprendimos que para que una política de este tipo sea sostenible, el Estado debe dejar de ser un actor meramente punitivo para convertirse en un facilitador de entornos seguros”, profundiza. 

Un segundo elemento clave radica en la articulación de la corresponsabilidad familiar como motor de la política pública. Al integrar la validación biométrica obligatoria del tutor, la administración local logró que las familias dejen de ser demandantes externas de seguridad y se asuman como administradoras activas del cuidado de los adolescentes.

Asimismo, la experiencia evidencia la importancia de construir una gobernanza colaborativa que integre al sector privado comercial en el diseño normativo. Por último, el uso de infraestructura tecnológica preexistente, como los convenios de interoperabilidad con plataformas provinciales de identidad digital, disminuye los costos presupuestarios y acelera la puesta en marcha de las soluciones locales.

La iniciativa ya tuvo una primera réplica formal en la vecina localidad de Santa Catalina-Holmberg, además de recibir consultas de otros municipios. 

Un reconocimiento entre ciudades argentinas

El Premio a la Innovación Local 2026 de RIL Argentina, entregado el 13 de mayo en el Teatro El Círculo de Rosario durante la Noche de Intendentes, distinguió a Más 16 entre casi 70 postulaciones recibidas en una convocatoria abierta a todos los municipios del país. 

Las bases del concurso establecieron que las políticas deben contar con los siguientes componentes: innovación (el grado de cambio que introduce la solución respecto de las respuestas tradicionales al problema), inteligencia colectiva (la participación de actores diversos en el diagnóstico y la respuesta), implementación (el nivel de avance efectivo de la política), impacto (los cambios observables generados en la comunidad) y sostenibilidad (la capacidad de permanencia en el tiempo). 

A la vez, fueron considerados programas, proyectos y soluciones que se encuentren actualmente en implementación y generen cambios observables en la comunidad.  Deben ser desarrolladas e implementadas por el gobierno local, en colaboración con la comunidad, sociedad civil y/o sector privado.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por miembros de la Red de Innovación Local y especialistas en gestión pública local.

En el caso de Río Cuarto, se valoró la reforma sistémica y participativa del Código de Espectáculos Públicos, el desarrollo de una plataforma digital propia que vincula la identidad de los menores con la autorización parental en tiempo real, y la formalización del ocio nocturno adolescente mediante articulación público-privada. La iniciativa se postula así como una solución transferible para otras ciudades que buscan reducir los riesgos de la nocturnidad informal a través de la gobernanza digital.

^{Redacción +COMUNIDAD}

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Por Florencia Luján,
Redacción +COMUNIDAD

En los pasillos de muchos municipios de América Latina, el tiempo parece detenido entre el olor húmedo del papel acumulado y el sonido repetitivo de los sellos que golpean los escritorios de los servidores públicos. Durante décadas, abrir un negocio o solicitar un permiso de construcción fue, para millones de personas, una verdadera travesía administrativa. El mapa de la ciudad no estaba en una pantalla, sino fragmentado en expedientes desordenados, desactualizados o, directamente, extraviados.

En Guadalajara (Jalisco, México) como en tantos otros territorios, ese entramado burocrático alimentaba ineficiencias y abría márgenes para prácticas discrecionales. Sobre esa zona gris, un trámite podía avanzar o quedar estancado según la voluntad de quien lo gestionaba, lo que obligaba a vecinos y vecinas a invertir dinero y jornadas enteras para obtener una respuesta. 

En Cabo Corrientes, también en Jalisco, la burocracia se combinaba con la geografía: una persona debía recorrer cerca de cuarenta minutos en bote por mar abierto y luego tomar un autobús hasta la Alcaldía sólo para consultar por una licencia que, incluso así, podía no estar lista.

Frente a ese escenario de desconfianza y distancias difíciles de salvar, en el municipio comenzó a tomar forma una pregunta que marcaría un punto de inflexión: ¿qué pasaría si el plano de la ciudad y sus reglas fueran un bien público, accesible para todas las personas desde cualquier lugar? Bajo esa premisa, Guadalajara creó en 2016 una plataforma digital de código abierto pensada para agilizar la obtención de permisos y democratizar el acceso a información urbanística clave.

Yunive Moreno Sánchez, coordinadora general de Visor Urbano, explica a +COMUNIDAD que hoy los municipios que utilizan la plataforma pueden consultar en tiempo real la información vinculada a los trámites de licencias comerciales. Entre otros datos, el sistema permite conocer qué tipos de negocios se abren, su inversión aproximada, la cantidad de personas empleadas y la georreferenciación de cada trámite. Esta disponibilidad de información facilita evaluar, con mayor precisión, el desarrollo económico local y tomar decisiones basadas en evidencia.

Visor Urbano: la tecnología como derecho ciudadano

Visor Urbano funciona como un ecosistema digital en el que convergen datos catastrales, planes de desarrollo urbano y redes de servicios públicos. Su adopción sostenida da cuenta de su alcance: actualmente está presente en más de 50 ciudades mexicanas y se implementa en 35 municipios del estado de Jalisco.

El objetivo inicial fue crear una plataforma que ayudara a los municipios no solo a digitalizar trámites, “sino también a agilizar sus procesos para  mejorar la calidad de vida de las personas”, señalan desde el equipo que impulsa la iniciativa, que ya lleva una década de desarrollo e implementación.

Basada en la georreferenciación, la herramienta permite tanto a la ciudadanía como a los equipos municipales acceder a información clave y gestionar trámites de manera más simple y transparente. Entre sus principales funcionalidades se destacan:

• Consulta de uso de suelo. Permite saber qué se puede construir o qué tipo de actividad comercial puede desarrollarse en cada lote, reduciendo la intermediación y la discrecionalidad.
• Gestión de licencias 100% en línea. Habilita todo el proceso, desde la solicitud hasta la emisión del documento digital con firma electrónica.
• Visualización 3D y capas de información. Ofrece acceso a datos sobre arbolado urbano, redes hidráulicas y modelos del patrimonio histórico, integrados en un mismo entorno.

^{Página de inicio de la plataforma. Imagen: Visor Urbano.}

Sostener la innovación: el desafío político

Ante la pregunta por los desafíos más críticos para garantizar la sostenibilidad de la plataforma, Yunive Moreno Sánchez señala un factor clave: “Contar con el compromiso y apoyo político de diversas áreas del gobierno para poder seguir promoviendo la plataforma”. En esa misma línea, subraya que “el componente político sigue siendo un factor indispensable para implementar con éxito proyectos disruptivos y de innovación como Visor Urbano”.

Para hacer frente a este desafío, el equipo apuesta a visibilizar de manera sistemática las fortalezas y el impacto concreto de la herramienta en la gestión urbana. Entre otros aportes, Visor Urbano facilita la toma de decisiones estratégicas por parte de los gobiernos locales al ordenar y poner en valor información que antes estaba dispersa o directamente inaccesible. En ese proceso, demostrar resultados, usos reales y beneficios tangibles resulta central para consolidar apoyos y sostener en el tiempo una iniciativa de innovación pública que involucra a múltiples áreas y niveles del Estado.

En 2023, David Bates, entonces gerente de Vinculación de Visor Urbano, lo explicó durante un webinario de la Red de Innovación Local (RIL): “Al momento de que los trámites se llevan a cabo de manera digital, se eliminan barreras burocráticas e intermediarios no necesarios, lo cual aminora muchísimo la corrupción”. La simplicidad aparece allí como una de sus principales fortalezas. En municipios con menores recursos técnicos, la plataforma permite incluso registrar una licencia mediante la colocación manual de un “pin” en el mapa, lo que contribuye a construir una base de datos que antes no existía.

El reto invisible: construir una “cultura del dato”

Impulsar la digitalización de permisos y licencias comerciales no es un proceso lineal ni automático. Desde el equipo de Visor Urbano identificaron rápidamente que el principal obstáculo no estaba solo en el desarrollo del software, sino en la calidad de la información que lo alimenta. La materia prima del sistema —los datos— presentaba debilidades estructurales.

David Bates explicó que la iniciativa enfrentó, desde sus primeras etapas, dos problemáticas centrales: los períodos irregulares de actualización de la información por parte de las instituciones y la baja calidad de algunos de los datos recopilados. Ambas cuestiones afectan directamente la confiabilidad del sistema y dificultan su apropiación por parte de los gobiernos locales.

Para revertir esta situación y fortalecer una “cultura del dato” en los municipios, Visor Urbano desplegó una estrategia que combina capacidades técnicas y acompañamiento territorial. Entre sus principales líneas de trabajo se destacan:

• Especialistas al servicio del territorio: el equipo está integrado por profesionales en urbanismo, sistemas de información, desarrollo de software y un área legal clave para garantizar que cada licencia digital cumpla con los marcos normativos locales.
  
• El “pin” que crea mapas: en municipios con bajo nivel de sofisticación técnica, se habilitó una herramienta manual que permite al funcionario colocar un “pin” en el mapa al emitir una licencia, asegurando la correcta georreferenciación del trámite.

Este último recurso, descrito por Bates como un gesto simple pero estratégico, permitió volver visibles permisos que antes quedaban fuera de cualquier registro sistemático. Con la información ordenada, la plataforma genera reportes sobre la evolución de los distintos giros comerciales. “Si un alcalde ve que se emiten muchas licencias de agroindustria, ahora tiene evidencia sólida para crear programas de financiamiento específicos para ese sector”, ejemplificó.

^{Mapa insertado en la plataforma. Imagen: Visor Urbano.}

125 realidades: el reto de la inclusión en el territorio

Implementar una solución digital a escala provincial implicó, desde el inicio, reconocer que no existe una respuesta única para todos los territorios. “Jalisco representa 125 realidades distintas”, señaló en su momento David Bates. Mientras el área metropolitana cuenta con infraestructura tecnológica consolidada, muchos municipios rurales enfrentan desafíos sociales, económicos y de conectividad que condicionan la adopción de herramientas digitales.

Frente a este escenario, Visor Urbano desarrolló una estrategia orientada a reducir brechas y adaptar la plataforma a contextos diversos, con especial atención a las capacidades locales. Esta estrategia de inclusión digital se apoya en tres pilares:

• Simplicidad radical: la plataforma fue diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, tanto para servidores públicos como para la ciudadanía, independientemente de su nivel de alfabetización digital.
  
• Acompañamiento humano: además del software, el equipo brinda soporte técnico permanente, capacitaciones continuas y materiales de apoyo, como videotutoriales, que facilitan la apropiación de la herramienta.
  
• Ecosistema de innovación: se promueve una comprensión más amplia del rol de la tecnología como herramienta para el bienestar colectivo, involucrando a actores de la academia y del sector privado.

Esta combinación de diseño accesible y acompañamiento sostenido permitió que municipios con realidades muy distintas incorporaran la plataforma y la adaptaran a sus propias dinámicas de gestión, ampliando el alcance de la digitalización más allá de los grandes centros urbanos.

Escalar la solución: expansión regional e innovación tecnológica

Con una década de implementación y aprendizaje acumulado, Visor Urbano comenzó a proyectar su alcance más allá de México. En esa línea, Yunive Moreno Sánchez explica que uno de los hitos recientes fue la decisión de abrir el desarrollo de la herramienta: : “En diciembre de 2024 publicamos el código de Visor Urbano, así como diversos materiales y tutoriales para que cualquier ciudad del mundo pueda tener su propio proyecto”

La apuesta por el código abierto busca facilitar la adopción de la plataforma en otros contextos de América Latina, donde los desafíos en la gestión de permisos, licencias y acceso a la información urbana presentan rasgos similares. La disponibilidad de documentación y recursos técnicos permite que los gobiernos locales adapten la herramienta a sus marcos normativos y capacidades institucionales, sin depender exclusivamente de proveedores externos.

En paralelo, el equipo trabaja en nuevas funcionalidades orientadas a profundizar el uso estratégico de los datos generados. Entre las líneas de desarrollo previstas, Moreno Sánchez destaca “la intención de integrar componentes de Inteligencia Artificial para ayudar en el análisis de toda la información generada a través de la web, y la integración de cuestionarios inteligentes”. Estas innovaciones apuntan a fortalecer la toma de decisiones y anticipar tendencias en la gestión urbana, a partir de la evidencia disponible.

Resultados: el impacto de Visor Urbano en números y vidas

Los efectos de esta arquitectura digital se reflejan tanto en los indicadores de gestión como en la experiencia cotidiana de quienes interactúan con el Estado. En los municipios donde Visor Urbano fue implementado, los resultados muestran mejoras significativas en términos de eficiencia administrativa, transparencia y acceso a derechos.

• 84% de reducción en los tiempos de procesamiento de licencias.
• 74% de disminución en las solicitudes de soborno reportadas.
• 21% de aumento en la recaudación de impuestos (por la facilidad de formalización).
• Impacto social: en regiones remotas, las personas obtienen su licencia digitalmente, ahorrando costos de traslado y accediendo a apoyos de capital de trabajo que antes les eran inaccesibles.

¿Qué debe hacer otra ciudad para seguir este camino?

La experiencia de Visor Urbano también comenzó a replicarse fuera de México. En la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, Argentina el municipio decidió adoptar esta solución para enfrentar lo que describían como una “dispersión amplísima” en los tiempos de habilitación comercial. María Victoria Nagel, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, en diálogo con +COMUNIDAD explica que el proyecto fue concebido desde el inicio como una política transversal, en una estructura administrativa tradicionalmente vertical.

Sobre los aprendizajes técnicos y de gestión, resalta: 

• Liderazgo político. “Primero tiene que estar el compromiso del intendente. “En Esperanza, él fue quien vio la convocatoria y  pidió al equipo de gabinete avanzar. Ese respaldo es el que permite que las áreas se coordinen”, afirma Nagel.
• Equipos interdisciplinarios. La implementación requirió sentar en la misma mesa a personal de informática, comunicación, urbanismo, finanzas y seguridad alimentaria. “Cada área levanta la mano y dice: mirá que si tocás este código, a mí me afecta en tal otra cosa”, acota. 
• Superar la barrera de los recursos: Nagel admite que el diagnóstico inicial fue un reto: “Pensé que no íbamos a pasar por falta de servidores o desarrolladores. Pero si nunca te medís y nunca te ponés en el marco de proyectos que requieran que levantes la vara, nunca vas a desarrollar las capacidades que no tenés”.
• Sistematización frente al “día a día”. El acompañamiento externo de Visor Urbano fue clave para no abandonar el proyecto ante la urgencia cotidiana. “Tener hitos pautados y gente técnica que te acompaña nos permitió dar efectivamente los pasos que solos nos costaba dar”, profundizó.

La experiencia de Visor Urbano deja una enseñanza transversal: la innovación tecnológica no es un atributo exclusivo de las grandes ciudades, sino una herramienta necesaria para cualquier comunidad que busque mejorar la calidad de vida de su población. “La innovación tiene que responder a las necesidades de las personas”, señalan desde el equipo del proyecto. Al final del día, digitalizar un trámite es, sobre todo, un acto de respeto por el tiempo y la dignidad de quienes habitan el territorio.

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Rodeada por montañas y atravesada por quebradas, Quito se extiende a más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Es un territorio en donde conviven una geografía imponente y una historia sociocultural marcada por la resiliencia. Terremotos, incendios y deslizamientos, entre otros fenómenos, también son parte del paisaje y han sido clave para que la ciudad, de unos 2,8 millones de habitantes, innove con herramientas capaces de gestionar el riesgo de forma eficiente.

Entre las estrategias y herramientas que la capital ecuatoriana ha incorporado en los últimos años, se destaca el sistema de vigilancia y monitoreo aéreo con drones para detectar amenazas, asistir operativos en tiempo real y tomar decisiones con mayor precisión.  Se trata de una iniciativa del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito ━única en su tipo en la región━, que se convirtió en una aliada estratégica para proteger vidas, cuidar el territorio y fortalecer la gestión integral del riesgo urbano. 

La incorporación del sistema de vigilancia con drones surge como una necesidad institucional para responder de forma más eficiente, segura y oportuna ante la creciente complejidad de las emergencias urbanas, forestales e industriales. En esa línea, el Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS) se propone fortalecer la capacidad operativa, mejorar la vigilancia preventiva, reducir tiempos de respuesta y minimizar la exposición del personal a cargo de situaciones de riesgo. 

Aeronaves no tripuladas: oportunidades y desafíos 

El sistema de vigilancia con drones combina computadores de vuelo, transmisores de comunicación y un software especializado que guía las aeronaves según planes de vuelo preestablecidos por el escuadrón de trabajo que está detrás de esta iniciativa. En diálogo con +COMUNIDAD, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito afirma que la operatividad mejoró porque el monitoreo aéreo en tiempo real —con cámaras térmicas y RGB— facilita el ingreso a zonas de difícil acceso. 

“Esta tecnología aporta información precisa y georreferenciada que optimiza la planificación táctica y la toma de decisiones y, a diferencia de los métodos tradicionales, disminuye la exposición directa del personal en situaciones de alto riesgo —explican—. Además, agiliza la localización de víctimas y la evaluación de daños, por lo que podemos afirmar que ha transformado la respuesta a emergencias, haciéndola más eficiente y segura”, agregan desde la institución.

Uno de los principales retos fue la falta de normativa para operaciones públicas con RPAS. El obstáculo se superó luego de gestiones ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), que reconoció al Cuerpo de Bomberos como operador público. Desde la entidad añaden: “Internamente se enfrentó resistencia al cambio y falta de conocimiento técnico, lo que se superó mediante capacitación continua, protocolos operativos y definición de roles para pilotos, observadores y personal logístico”. 

^{Sistema de Aeronaves Pilotadas a Distancia (RPAS). Imagen: Cuerpo de Bombero de Quito.}

La comunidad también mostraba recelo hacia el uso de drones por su posible empleo con fines delictivos. Para revertir esa percepción, el cuerpo implementó estrategias de transparencia operativa y campañas informativas. Otro desafío fue asegurar la logística permanente de la flota: la reestructuración de turnos y un sistema de gestión documental para el mantenimiento permitieron institucionalizar el programa con un enfoque técnico, legal y socialmente aceptado.

El desarrollo e implementación de la solución requirió coordinar al equipo técnico y operativo con otras áreas del gobierno local. Gracias a ello, el escuadrón RPAS brinda soporte en misiones conjuntas con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, la Policía Nacional del Ecuador y la Fiscalía General del Estado, entre otras entidades. Esta cooperación –aseguran– ha sido clave para fortalecer las capacidades del escuadrón en materia de seguridad.

Hoy,la Dirección de Aviación de Bomberos cuenta con una flota de once aeronaves,  que suministran información aérea al Comando de Incidentes de Quito. La articulación entre áreas técnicas y operativas facilita su participación en búsqueda y localización de personas, monitoreo de incendios forestales, evaluaciones post-desastre y tareas diversas de prevención.

^{Gestión del riesgo en explosión de fuga. Imagen: Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito.}

Medición e impacto del sistema

“El impacto operativo del sistema se evalúa mediante indicadores clave como la reducción en los tiempos de atención, el número de emergencias asistidas con apoyo aéreo, la identificación temprana de focos de calor y la generación de productos cartográficos y visuales en tiempo real”, detalla el Cuerpo de Bomberos de Quito. Durante la temporada de incendios de 2024, por ejemplo, se activaron hasta tres líneas de vuelo simultáneas para detectar focos térmicos y evitar que se transformaran en catástrofes mayores. 

En operaciones de búsqueda y localización, el uso de sensores especializados permitió la rápida identificación de objetivos, “posibilitando una atención oportuna, precisa y segura por parte del personal de respuesta”. De igual modo, en eventos de gran magnitud como el terremoto de Manta, ocurrido en 2016, el despliegue del sistema RPAS permitió la sectorización detallada de zonas afectadas, generando productos visuales estratégicos que fueron fundamentales para la planificación de intervenciones y la toma de decisiones por parte de las autoridades en momentos críticos.

En un contexto donde los eventos climáticos extremos son cada vez más frecuentes y la expansión urbana plantea nuevos desafíos, contar con tecnología de vanguardia no es un lujo sino una necesidad que están experimentando muchas ciudades del mundo.

Con esa premisa, el Escuadrón RPAS del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito profesionaliza desde 2016 el uso de aeronaves no tripuladas para combatir incendios, atender deslaves y llevar a cabo rescates y búsquedas en zonas de difícil acceso.

Aprendizajes replicables

A modo de cierre, se consultó al Cuerpo de Bomberos sobre los aprendizajes que deja esta experiencia y las recomendaciones para otras ciudades que estén considerando sumar sistemas similares a su gestión de emergencias. Desde su mirada comparten: “La experiencia con la implementación de aeronaves no tripuladas evidencia la importancia de contar con innovación tecnológica, con personal capacitado, procedimientos de gestión y coordinación interinstitucional efectiva”. 

Explican, asimismo, que el punto de partida debe ser “un estudio técnico que considere las características operativas, geográficas y normativas del entorno local, así como una adecuada alineación con la misión institucional de la entidad responsable”. Para asegurar la sostenibilidad de un sistema como el RPAS —añaden— es necesario “un plan integral que contemple la capacitación continua del talento humano, junto con esquemas de mantenimiento preventivo y actualización tecnológica”.

En esa línea, el cuerpo refuerza que la interoperabilidad entre agencias resulta clave para fortalecer la coordinación operativa y optimizar la respuesta ante emergencias. El objetivo final es incrementar la seguridad del personal, mejorar la eficiencia táctica y potenciar la toma de decisiones con información en tiempo real. Lo que comenzó como una pequeña unidad con un dron y dos pilotos hoy se ha convertido en una fuerza especializada: once aeronaves, software de planificación de vuelo, transmisión en directo y un equipo técnico entrenado bajo estándares internacionales, listo para seguir creciendo.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

Redacción +COMUNIDAD

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Para los gobiernos locales, contar con un EDI representa un paso fundamental para garantizar la protección, confidencialidad y trazabilidad en el intercambio de datos, vinculando procesos y servicios digitales entre sistemas informáticos. La creciente digitalización plantea un desafío: cómo equilibrar la ciberseguridad con la disponibilidad de datos. La respuesta tradicional ha sido optar por sistemas cerrados, pero esto termina por desaprovechar la oportunidad de colaborar y compartir datos desde fuentes auténticas.

Cuando esto sucede, aparece el concepto de “silos de datos”, que se refiere a la fragmentación de información, donde cada área gestiona sus propios datos de forma aislada, sin conexión con otros sistemas. Estos silos no sólo limitan la capacidad de colaboración, sino que también afectan la gobernanza de datos, al impedir una visión unificada y estratégica de la información. Como consecuencia, se complejizan tanto la gestión interna como los requisitos de los trámites.

Que un municipio sea miembro de un EDI contribuye a mejorar la experiencia de su ciudadanía de manera inmediata y sostenible. La meta principal consiste en lograr que todo aquel organismo que sea fuente auténtica de algún dato sea capaz de proveerlo, bajo su control, ejerciendo su soberanía, al resto de los organismos que legalmente lo requieran. Esto promueve sistemas de gestión eficientes, con información correcta, completa, vigente y segura, evitando duplicación de datos, fotocopias y filas.

Casos de éxito en interoperabilidad

El modelo Estonia con su componente X-Road®, se ha convertido en el estándar de facto para la solución del distanciamiento digital que padecen los sistemas. La plataforma de intercambio de datos X-Road® (*) es de código abierto y fue declarada “Bien Público Digital” (DPG por sus siglas en inglés) en 2022 por la ONU.

Por citar un ejemplo, la ciudad de Tallin (capital de Estonia) cuenta con un índice de interoperabilidad del 97% entre los sistemas de las organizaciones públicas y privadas, en tiempo real. Esto significa que solo el 3% de los datos son tipeados por personas. Aunque estas primeras iniciativas surgieron en los países nórdicos (Estonia y Finlandia) hoy son más de 20 los países que utilizan este modelo descentralizado de interoperabilidad.

En Argentina, la provincia de Neuquén marcó un precedente en 2010 al adaptar el modelo de Estonia a nuestra cultura. Su ecosistema facilita un intercambio seguro de datos entre organismos provinciales y municipales. Desde ese momento, otras seis jurisdicciones han creado su EDI basados en esta plataforma, ellas son: Chaco, Catamarca, CABA, Mendoza, Santiago del Estero y Río Negro.

^{Tallin, Estonia. Fuente: Kaupo Kalda – Visit Estonia.} 

Cómo están las ciudades de la región

De acuerdo al Autodiagnóstico de Transformación Digital elaborado por la Red de Innovación Local (RIL) en conjunto con especialistas, y realizado en más de 120 ciudades de toda la Argentina, la mitad de los municipios argentinos no lleva adelante acciones de interoperabilidad con organismos provinciales o nacionales, y sólo el 58% ha desarrollado APIs (Interfaces de programación de aplicaciones) para la integración entre sistemas de las diferentes áreas municipales, pero sin la seguridad que provee un EDI a través de sus algoritmos criptográficos.

Esto representa un enorme desafío para avanzar en la integración de datos y abordar la problemática del “ciudadano como cadete del estado” o “peregrino”. Esto que denominamos peregrinaje puede ser físico o digital: el físico comprende el traslado del solicitante de una dependencia a otra, o de una ventanilla a otra, para pedirle a un área un documento, y entregarlo en otra área. Y el digital, descargar o solicitar una documentación, y subirla en otro formulario. Es decir, información o documentación que el propio gobierno posee pero que no tiene la capacidad de compartir de un área a la otra.

Dos casos de éxito incipientes: EDI’s provinciales y EDI’s municipales

La municipalidad de Luján de Cuyo es miembro del EDI-MDZ desplegado por el gobierno provincial de Mendoza, y ya interopera tanto entre sus propios sistemas como con los de nivel provincial.

Hoy las provincias argentinas que cuentan con un EDI se están federando para garantizar que sus miembros puedan compartir datos (si lo necesitaran) sin restricciones, par a par, independientemente de a cuál de las provincias pertenezcan.

Por otra parte, en jurisdicciones donde no existe un ecosistema provincial, se lo está supliendo a través de un proyecto conjunto de RIL y la empresa ThinkNet, experta en interoperabilidad y pionera de la replicación del modelo Estonia en Argentina, denominado EDI-RIL. Esta plataforma le permite a cualquier municipio experimentar los beneficios de la interoperabilidad, sumarse como miembro y comenzar y crecer en el intercambio seguro de información entre sistemas.

^{Arquitectura del EDI-RIL.}

La ciudad de Escobar en la Provincia de Buenos Aires es la que dio el primer paso en este camino hacia la interoperabilidad, y se espera que en el corto plazo muchas otras ciudades comiencen a abordar esta problemática, en beneficio del intercambio seguro de datos, y de la reducción de requisitos para su ciudadanía.

Si querés obtener información sobre hacer partícipe a tu ciudad en este proyecto, escribinos a ciudadesdigitales@redinnovacionlocal.org

(*) X-Road fue desarrollado originalmente por el Departamento Estatal de Sistemas de Información de Estonia y su primera versión fue lanzada en 2001. El software está publicado bajo licencia MIT y se encuentra disponible gratuitamente para particulares y organizaciones.

Imagen principal ilustrativa: promoción del Modelo X-Road, de Estonia. Fuente: Thompson & Stein.

La entrada Ecosistemas de Integrabilidad: el antídoto contra los silos de datos en municipios se publicó primero en +COMUNIDAD.

Ubicada en el noreste de México y con más de un millón de habitantes, Monterrey es la capital del estado de Nuevo León. Uno de los ejes estratégicos de su Ayuntamiento (2021-2024) fue construir una Ciudad Abierta mediante un enfoque colaborativo, fomentando la participación ciudadana y utilizando la tecnología para lograr una administración máás inteligente, ágil, eficiente y transparente. 

Para cumplir ese objetivo, en 2022 creó la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto (SIGA), que ha jugado un papel crucial en este proceso. Gracias a sus esfuerzos, la ciudad alcanzó a inicios de 2024 el nivel plata de la Certificación What Works Cities*. A continuación, un repaso sobre cómo esta dependencia impulsó la cultura de datos en la toma de decisiones e implementó proyectos estratégicos centrados en las personas.

Colaboración institucional para fortalecer la gestión de datos

Una de las funciones de la Secretaría es diseñar e implementar las políticas y acciones de gobernanza digital y gestión de datos. En sus inicios, tenían en mente desarrollar muchos proyectos, pero eran una dependencia nueva y se encontraron frente al reto de establecer una colaboración interinstitucional eficaz. 

Poco a poco se dieron cuenta de que su objetivo era establecer una línea de base que garantizara la continuidad de la dependencia en futuras administraciones. Para ello necesitaban una base jurídica y, en ese sentido, el apoyo de What Works Cities les permitió conectar con expertos y ciudades que ya habían recorrido el mismo camino.

Monterrey ahora cuenta con una estrategia de datos, un portal de datos abiertos, un plan de apertura de datos y lineamientos para la gestión de datos. Estos lineamientos buscan que todas las agencias se rijan por los mismos criterios y normas de datos para el intercambio de información. Su planteamiento es abrir los datos con un propósito: que estos sean de utilidad para tomar decisiones para personas dentro o fuera de gobierno.

“La idea es que los datos nos ayuden a tomar decisiones y que los ciudadanos tengan herramientas para colaborar con el gobierno. Queremos fomentar el uso de los datos y que todo sea útil para la ciudadanía”, valoró César Benjamín García, director de Gobierno Digital en el municipio entre 2022 y septiembre de 2024.

Socialización de la cultura de datos

Para que la toma de decisiones basadas en datos sea parte de la cultura organizacional, es necesario que todas las direcciones de gobierno entiendan cómo el uso de datos puede mejorar su trabajo. En este proceso ha sido clave socializar el trabajo realizado por la Secretaría y que las áreas lo entiendan como un apoyo para optimizar su trabajo, y generar proyectos en conjunto. 

Como parte de esta estrategia de socialización de la cultura de datos y de fomento a la colaboración interinstitucional, se organizaron frecuentemente “Editathones”, en donde se reúnen dependencias que utilizan los mismos conjuntos de datos y colaboran en la normalización con el objetivo de que toda la información y las bases de datos sean interoperables. 

También han trabajado en la Escuela de Datos con contenidos para el equipo de gobierno, así como en Guías de Interoperabilidad para que todo el municipio se beneficie del uso de datos y, de esta manera, derribar los silos de información. 

Participación ciudadana y Gobierno Abierto 

Los datos duros no son la única fuente de evidencia que la ciudad de Monterrey valora. En este proceso, también ha sido fundamental incorporar la voz de la ciudadanía en la toma de decisiones. La Secretaría lidera iniciativas que fortalecen la participación ciudadana en Monterrey, mediante juntas vecinales, presupuesto participativo y programas de gobierno abierto. 

Ahora la población puede proponer proyectos al gobierno de acuerdo a sus necesidades y participar en todo el proceso, desde el diseño hasta la contraloría de la obra. En 2022, el Gobierno de Monterrey implementó su primer ejercicio de presupuesto participativo Este se caracterizó por la distribución del 5% de lo recaudado por el impuesto predial en 2021 (MXN$ 66.961.669) a través de una convocatoria abierta a propuestas ciudadanas. Como resultados se recibieron 265 propuestas de las cuales 160 cumplieron con los criterios técnicos, jurídicos y presupuestales para ser votadas por la ciudadanía.

En la segunda edición del presupuesto participativo, el alcance del programa mostró avances significativos con respecto al año anterior. Se registraron 280 propuestas, de las cuales 172 se definieron como viables y la votación pasó de 2048 votos en 2022 a 10254 en la edición 2023. 

En esta segunda edición las 30 propuestas ganadoras fueron distribuidas de la siguiente manera: ocho proyectos de Infraestructuras públicas, un proyecto de reforestación de espacios públicos, ocho proyectos de movilidad segura y 13 proyectos de rehabilitación de parques, plazas y paseos.

Una ciudad con estándares internacionales

El compromiso del Ejecutivo municipal fue determinante para fortalecer la coordinación institucional, la toma de decisiones basadas en datos y el trabajo realizado hasta ahora por la Secretaría de Innovación y Gobierno Abierto. Toda esta estrategia le permitió a Monterrey convertirse en la primera ciudad mexicana en alcanzar el estándar internacional establecido por la certificación What Works Cities.  

“Como gobernantes tenemos que tomar decisiones todos los días, de lo contrario todo puede venirse abajo. Por muy buenas que sean tus intenciones, los datos te permiten saber qué hacer. Tenemos muchos servicios que ofrecemos a la ciudadanía y no sabíamos cómo orientarlos o dónde ubicarlos para que fueran más eficaces. Por ejemplo, hay algunos servicios que son más necesarios en el norte de la ciudad que en el centro. Y el uso de los datos nos ha permitido desplegar mejor los recursos para cubrirlos con mayor eficacia y tener acciones más efectivas con impacto en las personas”, valoró Luis Donaldo Colosio, exalcalde de Monterrey (2021-2024).

* Esta nota se publica en el marco de las certificaciones de What Works Cities anunciadas a inicios de 2024. El programa acompaña a los gobiernos a mejorar sus prácticas de datos para abordar sus desafíos más apremiantes y mejorar la vida de sus habitantes. WWC permite que ciudades de más de 30.000 habitantes accedan de forma gratuita a una red de apoyo de organizaciones expertas en materia datos e innovación gubernamental. Además, pueden participar en seminarios web, cursos de formación y tutorías individuales e intercambiar experiencias con otras ciudades para fortalecer la toma de decisiones basadas en datos y evidencia.

Por Tania Chávez, integrante del equipo de Certificaciones de la Red de Innovación Local (RIL), para +COMUNIDAD.

^{Foto principal: elaboración del presupuesto participativo 2023. Fuente: decidimos.monterrey.gob.mx}

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