Por Javier E. Varani,

Gerente de Relaciones Institucionales del Banco Hipotecario (*)

El proceso de urbanización operado en todo el planeta es ya una realidad irreversible y consolidada. Más de la mitad (55%) de la población mundial vive en ciudades, y se estima que dentro de 25 años ese porcentaje ascenderá al 70%.

En Latinoamérica ya hemos alcanzado esa marca, gracias a un proceso que no siempre ha sido virtuoso, ni mucho menos planificado. Por su importantísimo impacto en la vida cotidiana (nuestro hábitat son las ciudades, nos guste o no) no es extraño comprobar que en las últimas décadas, desde diversas disciplinas, se estudie este fenómeno en sus causas y en sus consecuencias.

Habitar y gobernar las ciudades abarca la totalidad del obrar humano: el abastecimiento, la pobreza, la seguridad, el tránsito, la planificación urbana, el medio ambiente, son sólo algunos de los desafíos de nuestras comunidades. Siempre es útil, por lo tanto, detectar y conocer experiencias exitosas en ciudades vecinas, o de otros países, entender cómo se gestionan problemas y tareas que, en el fondo, son comunes a todas las ciudades.

Aunque a la hora de trasladar experiencias, cada comunidad deberá adaptar lo aprendido a su propia realidad, a su propia cultura. No se trata de copiar. Sí de inspirar.

Las experiencias de Bogotá y Medellín

Dos ciudades colombianas se destacan en Latinoamérica como ejemplos de gestión local: Bogotá y Medellín han llevado adelante procesos similares de mejora de la vida ciudadana en las últimas dos décadas.

Hay mucho para señalar al respecto, pero vale destacar tres conceptos que ambas ciudades aplicaron exitosamente y que pueden ser replicados, al modo de cada ciudad, en nuestro país. Todos apuntan a un principio rector: la integración. Todos somos parte de la misma ciudad.

1. Priorizar las áreas más desprotegidas

El trabajo de las autoridades municipales debe focalizarse en los más vulnerables, los más desprotegidos. Si la idea es gobernar a todos, está claro que el mayor esfuerzo debe hacerse en los que aún no acceden al nivel de vida promedio.

Si lo hacemos bien, el progreso será continuo para la mayoría de los vecinos de nuestra ciudad.

Priorizar estas poblaciones significa no sólo dotar de presupuestos a los barrios marginados, sino también de los mejores profesionales, los mejores servicios (educación, salud, cultura, etc.).

Los casos de Ciudad Bolívar, en Bogotá; o Comuna 13, en Medellín, son emblemáticos al respecto.

Tendemos a calificar a las ciudades por sus logros, aunque éstos no lleguen a todos; deberíamos aplicar, en verdad, el popular axioma: “una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”.

2. Seguridad vs. Inseguridad

Junto a la pobreza, es uno de los grandes desafíos de las urbanizaciones.

Medellín fue la ciudad con más muertes violentas en el mundo. En 1991, llegó a la escalofriante cifra de 382 cada 100000 habitantes (Rosario, en su peor momento, tuvo 23).

El remedio tradicional al flagelo de la inseguridad es más seguridad, más equipamiento, más personal policial, más control.

Sin descartar estas herramientas, que Medellín usó en abundancia, me impactó el concepto (y los resultados de su aplicación) al que se abrazaron las autoridades medellinenses: “lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia”.

Y volcaron ingentes recursos, humanos, organizacionales y económicos, a la integración social, el deporte y la cultura comunitarios.

En el año 2024, la tasa de homicidios descendió a 11,3 casos cada 100000 habitantes.

3. Transporte urbano

No hay verdadera integración sin un transporte urbano de calidad que vincule a cada uno de los barrios con el resto de la ciudad.

Ambas ciudades colombianas crearon sistemas de transporte público integrado con recorridos que cruzan a todo el ejido urbano, conectando los vecindarios centrales con los periféricos, las zonas acomodadas con las vulnerables, a través de diversos sistemas de transporte, principalmente buses y telesféricos.

Estos últimos resultan imprescindibles para las barriadas populares asentadas en cerros y zonas de altura.

Un desafío en común: encontrar el “equilibrio”

En definitiva, se trata de integrar a toda una ciudad.

En general, desde el poder, se ve la integración de un modo radial, como una rueda de bicicleta, con sus rayos desplegados desde un centro proveedor.

En verdad, una comunidad es un tejido, donde todas las partes se conectan entre sí, se relacionan, y también se proveen, logrando de ese modo una reducción permanente de la brecha entre desiguales, buscando equilibrios que, en cada etapa, sean superiores al anterior.

(*) Esta columna fue publicada originalmente el 29 de mayo de 2026 en Infoban, un medio de comunicación digital bonaerense. Javier Varani,  quien fue invitado por la Red de Innovación Local (RIL), a visitar las ciudades colombianas de Bogotá y Medellín en el marco de una visita de capacitación para autoridades municipales de Argentina y Latinoamérica, autorizó a +COMUNIDAD su republicación

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

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En 2022, la zona central de Chile enfrentaba una de sus mayores crisis hídricas tras 14 años de sequía consecutiva. En la comuna de Vitacura, perteneciente a la Región Metropolitana de Santiago, el desabastecimiento estuvo a pocas semanas de traducirse en cortes programados de agua potable para la población. Datos técnicos revelaron que el 71% del consumo de agua potable de la localidad provenía del sector residencial, impulsado por el riego de grandes extensiones de césped.

Esta problemática hídrica coincidía con una pérdida progresiva de biodiversidad urbana y la degradación de hábitats naturales, lo que redujo de forma drástica la presencia de fauna y flora nativa en la localidad. Al detectar que los jardines, patios y balcones privados representaban una superficie muy significativa del territorio, la gestión local identificó la necesidad urgente de transformar estos espacios en aliados de la sostenibilidad, modificando las pautas tradicionales de manejo de la vegetación.

Frente a este escenario, en 2021 se lanzó el programa piloto “Certificación de Jardines por la Biodiversidad”, una iniciativa pionera en el país enmarcada en la estrategia Mi Jardín Sustentable. El proyecto busca transicionar hacia una estética de bajo consumo hídrico mediante un sistema integral de auditorías residenciales, capacitación ciudadana y patrones de manejo respaldados por evidencia científica para convertir los entornos privados en refugios ecológicos.

Mi Jardín Sustentable, una metodología con base científica y comunitaria

El programa se articula de manera directa con el Plan de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Vitacura, un territorio de 28,9 kilómetros cuadrados y 97.000 habitantes. “Al detectar que más del 70% del consumo de agua potable de la comuna provenía del sector residencial, entendimos que el cambio debía ser no solo en las áreas verdes municipales, sino también dentro de los hogares”, explica a +COMUNIDAD Daniela Casanello, asesora de Áreas Verdes y Sustentabilidad de la Municipalidad de Vitacura.

El diseño del programa requirió traducir el conocimiento académico y botánico complejo en herramientas sencillas, lúdicas y accesibles para la ciudadanía. Para lograrlo, la Municipalidad consolidó una alianza estratégica con el Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad (CAPES) y el Jardín Botánico Chagual. Según detalla Casanello, el proceso “fue un esfuerzo conjunto con la academia, con quienes codiseñamos una certificación de jardines utilizando a la Municipalidad como piloto”.

La convocatoria se abrió de forma inclusiva para los vecinos y vecinas de la comuna, abarcando tanto a propietarios como a arrendatarios. Además, la plataforma extendió su alcance territorial al permitir que personas residentes fuera de Vitacura accedan libremente a los recursos educativos, cursos y manuales formativos dispuestos de forma virtual en la página web municipal.

El sistema de certificación residencial se organiza de manera secuencial a través de las siguientes tres etapas:

• Inscripción: vecinos se suman voluntariamente al programa y acceden a talleres prácticos, cursos específicos y material educativo diseñado por los expertos.

• Autoevaluación: inscriptos miden las prácticas de manejo existentes en sus hogares mediante una plataforma digital simple. Si alcanzan un puntaje mínimo estipulado, quedan habilitados para solicitar una visita técnica presencial.

• Seguimiento: personal técnico del municipio realiza inspecciones posteriores en el terreno para evaluar los avances y, cuando corresponde, otorgar una certificación de rango superior.

Evidencia y resultados medibles en el territorio

La combinación entre la regulación del espacio público y la apertura del programa residencial generó resultados cuantitativos verificables. En el sector privado, la asesora señala que “esta articulación entre academia, municipio y vecinos nos permite contar hoy con casi 58 hogares certificados”. Todos completaron el proceso oficial dentro de la comuna en sus tres niveles de avance: semilla, árbol y ecosistema.

Los efectos visibles en el entorno urbano validan el desempeño de la solución:

• Intervención integral de 256.000 metros cuadrados de superficies y áreas verdes públicas.
• Consolidación de más de 43.000 metros cuadrados de jardines biodiversos.
• Plantación de 4.400 árboles en calles y avenidas, complementados con la introducción de 194.000 arbustos y herbáceas nativas.
• Reducción comprobada de aproximadamente un 45% en el consumo de agua en la totalidad de las áreas verdes públicas intervenidas.

Además, Casanello señala que el monitoreo ecológico desarrollado durante los últimos dos años corrobora un incremento significativo de polinizadores e insectos benéficos en los corredores intervenidos. Este aumento es relevante porque estas especies funcionan como indicadores de la salud de los ecosistemas. Su presencia sugiere que los jardines ofrecen alimento y refugio para distintas variedades, lo que contribuye a recuperar la biodiversidad urbana. Al mismo tiempo, los polinizadores cumplen un rol clave en la reproducción de las plantas y ayudan a sostener el equilibrio ecológico local. 

En paralelo, los especialistas analizan las islas de calor urbano para establecer cómo la reconversión paisajística mitiga las temperaturas extremas sobre el suelo pavimentado. Esta red de corredores biológicos urbanos, que ya lleva cinco años construyéndose, posicionó a la comuna como finalista en los premios internacionales AIPH World Green City Awards 2026.

Desafíos y aprendizajes de Mi Jardín Sustentable

El obstáculo principal radica en la velocidad del cambio de paradigma cultural. Daniela Casanello explica que el mayor desafío ha sido enfrentar esa transformación en la comunidad, “lo cual requiere procesos de adopción que suelen ser lentos”. En la localidad, modificar hábitos arraigados requirió de procesos formativos continuos frente a la histórica preferencia por el césped tradicional de alto consumo.

Por otra parte, el aumento demográfico continuo dentro de los 28,9 kilómetros cuadrados de la comuna presiona constantemente los indicadores de espacio verde por habitante. Manuela Iglesias, encargada de Áreas Naturales y Biodiversidad, advierte que esta población en constante aumento desafía directamente los indicadores locales, obligando a una permanente optimización de los recursos hídricos y del suelo urbano disponible para mantener los parámetros de bienestar ambiental recomendados de nueve metros cuadrados por habitante.

Respecto a los aprendizajes, Casanello refuerza la idea del liderazgo institucional: “Nuestra principal estrategia fue liderar con el ejemplo a través del espacio público. El hecho de que las áreas verdes municipales ya hubiesen comenzado su transformación bajo estos mismos lineamientos sustentables fue clave”. Al ver los resultados reales y atractivos en sus propias plazas y parques, los vecinos comenzaron a comprender el valor de la propuesta y replicar estas prácticas en los jardines de sus casas. 

Condiciones para replicar experiencias como Mi Jardín Sustentable

Casanello enfatiza la relevancia del ordenamiento institucional: “Para cualquier municipio de América Latina que busque replicar este modelo, el componente mínimo viable no es un programa aislado, sino la planificación estratégica. El primer paso fundamental es crear una hoja de ruta técnica e institucional; en nuestro caso, el Plan de Infraestructura Verde actúa como el gran paraguas normativo”.

Disponer de este marco institucional consolidado ha garantizado a Vitacura que las metas socioambientales trasciendan los cambios de gestión política y se articulen de manera directa con el presupuesto municipal. Asimismo, la inserción en redes internacionales como ICLEI y el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía facilita el intercambio de conocimientos y fortalece las capacidades técnicas locales para sostener la infraestructura ecológica urbana.

El reconocimiento internacional de Vitacura pone de manifiesto que la mitigación del cambio climático en las ciudades requiere un cambio metodológico profundo. Modificar la fisonomía urbana no depende exclusivamente de las grandes obras de infraestructura pública, sino de la capacidad institucional para involucrar a la ciudadanía en la gestión de sus propios entornos. 

Al transformar los patios privados en nodos de biodiversidad, los gobiernos locales pueden descentralizar la resiliencia hídrica y construir comunidades preparadas para los desafíos ambientales del futuro.

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Redacción +COMUNIDAD

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Por Alfredo Marcelo Caro Alvarado,
director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato
Municipalidad de Puerto Varas

Cuando se habla de sostenibilidad, la atención suele centrarse en las grandes ciudades o en políticas de alcance nacional. Sin embargo, en el sur de Chile —a orillas del lago Llanquihue y bajo la mirada de los volcanes Calbuco y Osorno— Puerto Varas demuestra que las ciudades intermedias también pueden liderar transformaciones ambientales con un impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

Con una población que supera los 52.000 habitantes, un territorio de más de 4.000 kilómetros cuadrados y uno de los ritmos de crecimiento más acelerados en la región de Los Lagos, la comuna enfrenta desafíos cada vez más complejos. La expansión urbana, la gestión de residuos, la conservación de ecosistemas y la adaptación al cambio climático son algunos de los más urgentes. 

Este auge habitacional y el desarrollo de los sectores rurales traen oportunidades, pero también, una mayor presión sobre los recursos naturales y la capacidad de los servicios municipales. Frente a esta realidad, Puerto Varas impulsa una estrategia ambiental en la que la gestión de residuos, la protección de la biodiversidad, la participación ciudadana y la educación ambiental forman parte de una misma conversación.

Puerto Varas Huella Cero: camino hacia la economía circular

Uno de los mayores desafíos ambientales para cualquier ciudad es la gestión de sus residuos diarios. Durante décadas, en Puerto Varas la respuesta se limitó a recolectar y confinar los desechos en vertederos, práctica que hoy evoluciona hacia los rellenos sanitarios. Frente a este panorama, nos planteamos una pregunta clave: ¿cuánto de lo que descartamos puede reincorporarse realmente a un ciclo productivo?

Con esa mirada nació, en diciembre de 2025, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), bajo el sello Huella 0. Se trata de una estrategia comunal diseñada para reducir el volumen de desechos que llegan al Relleno Sanitario La Laja, espacio que recibe la basura de toda la provincia de Llanquihue. Este plan busca incrementar de forma progresiva la valorización de los residuos mediante dos líneas de acción que ya se encuentran en ejecución:

• Huella Cero Inorgánicos: enfocado en el reciclaje, implementa la recolección diferenciada puerta a puerta en toda la zona urbana y gran parte del sector rural. Además, incluye la instalación de puntos limpios en establecimientos educacionales, bajo el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (Ley REP).
• Huella Cero Orgánicos: aborda la fracción más grande de desechos, dado que en Chile los residuos orgánicos representan al menos el 50% de la bolsa de basura promedio.

Para gestionar esos residuos orgánicos, se trabaja en dos frentes. Primero, se están entregando 950 composteras y 350 vermicomposteras, logrando que el residuo permanezca en la vivienda y se transforme en compost para huertas domésticas, promoviendo así la soberanía alimentaria de las familias. En segundo lugar, se ha fortalecido el servicio de recolección puerta a puerta de orgánicos, expandiendo la cobertura en 2026, de 300 a cerca de 1.000 viviendas. Con esto se consolida una red comunitaria que se hace parte activa de la solución.

Más allá de los números, el principal objetivo es generar un cambio cultural. La economía circular sólo es posible cuando las personas comprenden que los residuos pueden ser recursos, y que las decisiones cotidianas tienen un impacto en el territorio.

Plan Lago Sin Huella: Una estrategia integral para la cuenca 

Si existe un elemento que define la identidad de Puerto Varas es el lago Llanquihue. Su valor ambiental, paisajístico, turístico y cultural lo convierte en el principal activo de la comuna. Sin embargo, también es un ecosistema vulnerable que exige monitoreo y protección permanentes.

Con este propósito nace el Plan Lago Sin Huella, una iniciativa de articulación público-privada, que se originó en enero de 2022 con la creación de la Mesa Hídrica Asesora. Un espacio donde autoridades, la academia, fundaciones y el sector privado aportan su experiencia científica y metodológica para evaluar el estado del agua y diseñar estrategias que reduzcan el ingreso de contaminantes en la bahía.

Aunque el foco inicial es la bahía de Puerto Varas, el éxito de este modelo busca ser replicado en las demás comunas de la cuenca, bajo la premisa de que la protección del lago debe ser un esfuerzo mancomunado de todo el territorio.

Como respuesta complementaria para mitigar los impactos humanos directos sobre el espejo de agua, el municipio comenzó a explorar e implementar Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN). Durante el último año, para tratar las aguas mixtas que descienden hacia el lago y que arrastran contaminación proveniente de viviendas que aún no se conectan a los servicios sanitarios, se ha construido un piloto de humedal fitodepurador.

Además se está estudiando la factibilidad de repoblar el entorno, tomando como objetivo de estudio al Diplodon chilensis, una almeja nativa de agua dulce, enfocando sus poblaciones en los puntos críticos de contaminación urbana debido a su capacidad natural de filtración.

Actualmente se encuentran en proceso de elaboración y postulación diversos proyectos destinados a recuperar quebradas y humedales locales. En su conjunto, estas intervenciones no solo buscan resolver problemáticas sanitarias específicas, sino también aumentar la resiliencia de Puerto Varas frente a los desafíos del cambio climático y fortalecer el vínculo vital entre las personas y los ecosistemas que habitan.

Cuando la comunidad se convierte en protagonista

Uno de los aprendizajes más valiosos ha sido comprobar que las transformaciones ambientales más duraderas son aquellas que involucran activamente a la comunidad. Por esta razón, Puerto Varas ha impulsado una red creciente de jardines biodiversos, huertos comunitarios, viveros vecinales y jardines inundables desarrollados junto a grupos de vecinos, organizaciones territoriales, establecimientos educacionales y voluntarios.

A estas iniciativas se suman talleres de flora nativa, hongos, mejoramiento de suelos, propagación de especies y restauración ecológica, permitiendo que vecinos y vecinas adquieran conocimientos prácticos y participen directamente en la recuperación de espacios públicos.

Los resultados han sido significativos. Personas que inicialmente asistían a una jornada de plantación hoy participan activamente en el cuidado de estos espacios, promoviendo su protección y fortaleciendo el sentido de pertenencia hacia sus barrios.

Asimismo, este trabajo ha abierto nuevas oportunidades de colaboración con el sector privado. Cada vez más empresas locales se han sumado al cuidado de espacios públicos mediante el apadrinamiento de jardines, la donación de especies vegetales y la participación de sus equipos en actividades de restauración y plantación, demostrando que la sostenibilidad es una responsabilidad compartida.

Una experiencia que sigue construyéndose

Los desafíos ambientales que enfrenta Puerto Varas son similares a los de muchas ciudades que buscan crecer sin perder los atributos naturales que las hacen únicas. La diferencia radica en la forma de enfrentarlos y planificar. La experiencia comunal demuestra que la gestión ambiental no depende únicamente de grandes inversiones o infraestructura. También requiere educación, participación ciudadana, colaboración público-privada, generación de conocimiento y una visión de largo plazo, capaz de integrar desarrollo y conservación.

En una comuna donde el paisaje es parte fundamental de la identidad local, proteger el entorno no es solo una tarea ambiental. Es una forma de construir comunidad, fortalecer la calidad de vida y proyectar un futuro más sostenible para las próximas generaciones.

Porque vivir al fin del mundo también implica asumir el compromiso de cuidarlo.

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Escobar Produc

Por Sol Falduto, 

Comunicación Institucional en Municipio de Escobar

En Escobar, Argentina, existe una brecha entre la formación escolar y las demandas reales del mercado laboral. Pero el problema principal no está en los contenidos, sino en la falta de un nexo entre las escuelas técnicas y las empresas locales. A pesar de que en el distrito se forman perfiles técnicos calificados, muchas compañías no logran encontrarlos por ausencia de articulación y canales de contacto. 

Esta desconexión genera un desajuste, donde los jóvenes salen preparados, pero las empresas no llegan a ellos. Para abordar este desafío, el municipio impulsa Escobar Produce, un programa que articula educación, producción, empleo y juventud para acercar ambos mundos.

La propuesta se basa en visitas a planta, donde los estudiantes conocen de primera mano líneas de producción, laboratorios de calidad, procesos de automatización y la organización interna de cada fábrica. Estos espacios generan intercambios valiosos entre quienes buscan perfiles técnicos y quienes están próximos a incorporarse al mercado laboral. 

Más de 3 mil jóvenes ya participaron y más de 30 empresas abrieron sus puertas, entre ellas Alfaparf, Yazaki, Dreamco, Hongos Porto, Tenaris, Mirgor. Las visitas permiten que los estudiantes formulen preguntas, observen sectores clave y comprendan con mayor precisión qué perfiles se demandan en el territorio.

El nexo que establece Escobar Produce

En el cierre anual realizado en el Teatro Seminari se reconoció el rol de las empresas y se compartieron casos reales de jóvenes que accedieron a pasantías y oportunidades laborales luego de participar del programa. Esto demuestra que la experiencia no se limita a un recorrido, sino que abre puertas para su futuro.

Escobar Produce plantea una solución práctica y replicable a un problema que afecta a muchos municipios: la falta de articulación entre la formación técnica y las necesidades del sistema productivo. Al fortalecer este nexo, el programa mejora la orientación vocacional, facilita la inserción laboral y ayuda a las empresas a acceder a los perfiles que ya existen en su propia comunidad.

Este artículo se publica en el marco de la participación de la autora en el Programa Periodismo de Ciudades 2025, una iniciativa de la Red de Innovación Local (RIL) y +COMUNIDAD que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de comunicación constructiva de periodistas y comunicadores locales en América Latina. Las opiniones, interpretaciones y datos presentados en el artículo son responsabilidad exclusiva de su autora y no representan necesariamente la posición institucional de +COMUNIDAD ni de RIL. 

Imagen de portada: +COMUNIDAD.

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Por María Eugenia Cavagliato,

Lic. en Comunicación Social 

La Patagonia enfrenta una de las tasas más altas de desertificación del país. El avance del sobrepastoreo, la pérdida de cobertura vegetal, los incendios forestales y la presión sobre especies emblemáticas como el huemul y el choique han puesto en riesgo ecosistemas completos. En varias zonas del sur, menos del 10% del territorio cuenta con protección efectiva, lo que deja enormes extensiones expuestas a un deterioro acelerado.

En este contexto, la creación de la Reserva Natural Patagonia Azul, que resguarda más de 295.000 hectáreas de ambientes terrestres y marinos, aparece como una respuesta concreta para revertir ese proceso. El proyecto, impulsado por organizaciones conservacionistas y los gobiernos provincial y nacional, combina modelos de donación de tierras, planificación científica y presencia estatal en zonas donde antes no existía control.

^{Imagen: Bichos de Campo.}

La propuesta de restauración ambiental de Patagonia Azul

La nueva área protegida integra estepas, acantilados, humedales y sectores costeros que funcionan como corredores biológicos clave para aves marinas, mamíferos y especies en peligro de extinción. Allí conviven colonias de cormoranes, guanacos, cóndores, elefantes marinos y una biodiversidad que hasta ahora permanecía dispersa y vulnerable.

Aunque la iniciativa es reciente, ya muestra indicadores de impacto. Guardaparques reportan el retorno de guanacos y cóndores en sectores donde hace años no se registraban avistajes, y equipos científicos comenzaron los primeros monitoreos de flora nativa y restauración de suelos. En experiencias previas desarrolladas en predios cercanos, modelos de manejo similares permitieron aumentar la cobertura vegetal entre 15% y 30% en cinco años, un dato que el equipo toma como referencia para evaluar el potencial de recuperación del área.

La reserva también habilitó el ingreso de investigadores y organizaciones locales para estudiar ciclos de reproducción de aves y realizar catastros de flora. “El simple hecho de tener presencia territorial ya cambia la dinámica de conservación”, señalan desde el cuerpo de guardaparques, que hasta ahora no contaba con infraestructura ni bases operativas en la zona.

^{Imagen: Bichos de Campo.}

Desafíos, aprendizajes y próximos pasos a seguir

El proyecto enfrenta, sin embargo, desafíos importantes: asegurar financiamiento estable para vigilancia y mantenimiento, fortalecer la capacitación local en manejo ambiental y mejorar los accesos a un territorio de difícil movilidad. Los impulsores coinciden en que la sostenibilidad a largo plazo dependerá de integrar a las comunidades cercanas, promover turismo responsable y ampliar gradualmente las áreas bajo protección para conformar un corredor ecológico regional.

La experiencia deja varios aprendizajes: que la colaboración entre el sector público y organizaciones ambientales permite avanzar más rápido en la creación de áreas protegidas; que la planificación basada en evidencia científica reduce riesgos y costos; y que la protección de grandes extensiones no solo conserva biodiversidad, sino que crea oportunidades de desarrollo sostenible para la región.

Mientras se proyectan los próximos pasos —más senderos, nuevos puntos de monitoreo, incorporación de guardaparques y acuerdos para sumar territorios colindantes—, Patagonia Azul ya representa una de las iniciativas ambientales más ambiciosas de los últimos años en Argentina, y un caso testigo sobre cómo las políticas de conservación pueden convertirse en una herramienta eficaz frente a la degradación ambiental.

Este artículo se publica en el marco de la participación de la autora en el Programa Periodismo de Ciudades 2025, una iniciativa de la Red de Innovación Local (RIL) y +COMUNIDAD que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de comunicación constructiva de periodistas y comunicadores locales en América Latina. Las opiniones, interpretaciones y datos presentados en el artículo son responsabilidad exclusiva de su autora y no representan necesariamente la posición institucional de +COMUNIDAD ni de RIL. 

Imagen principal: Lautaro March para El País

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Existe una versión en portugués de este artículo aquí. 

En agosto de 2024, +COMUNIDAD publicó por primera vez un especial sobre sandboxes regulatorios: esos entornos donde un gobierno permite probar, durante un tiempo y bajo supervisión, innovaciones que ninguna norma todavía contempla. Entre los casos destacados estaba el de Río de Janeiro, la primera capital brasileña en montar uno a escala municipal.

En aquel momento, el Sandbox.Rio era sobre todo una promesa con buenos primeros resultados. Su equipo nos contaba que la ciudad ya alojaba estaciones de recarga para autos eléctricos, robots de entrega circulando por las veredas, drones repartiendo bebidas y hasta los primeros pasos de un auto volador. Todo eso ocurría sin que la ciudad hubiera tenido que reescribir su normativa de antemano.

Casi dos años después, volvimos a tocar la puerta. La pregunta principal era qué había pasado con todo aquello: ¿quedó en experimento o se transformó en algo más? Y, sobre todo, una pregunta que ordena esta edición del Boletín Ideas & Inspiración: ¿cómo se traduce un “laboratorio regulatorio” en desarrollo económico concreto para una ciudad?

Las respuestas las dio, como aquella vez, Carina de Castro Quirino. Es la subsecretaria de Regulación y Ambiente de Negocios de la Prefeitura de Río (SUBRAN), cuya área conduce el programa. Y dejan ver un cambio de etapa: el sandbox dejó de ser una vitrina de pilotos para empezar a producir lo que más le cuesta generar a cualquier gobierno frente a la innovación: normas con base en evidencia.

Una caja de arena, para quien llega por primera vez

La metáfora que le da nombre viene del mundo del software. Cuando una persona dedicada a la programación quiere probar un código nuevo, no lo libera directo al sistema: lo corre en un entorno aislado, una “caja de arena”, donde puede fallar sin contaminar al resto. En 2015, reguladores financieros del Reino Unido tomaron prestada la idea para dejar que las fintech probaran sus productos en un espacio acotado, sin exigirles de entrada todas las reglas pensadas para los bancos.

Un sandbox regulatorio es eso: un permiso acotado en el tiempo, en el territorio y en su alcance, para probar algo nuevo en la vida real. No suspende los controles de seguridad ni las protecciones al ciudadano. Suspende, de forma temporal, normas menores que bloquean una innovación que todavía nadie reguló. Lo que cambió Río fue la escala. Una cosa es un sandbox financiero, con dos reguladores y un puñado de empresas. Otra muy distinta es una ciudad entera, con calles, vecinos, tránsito y comercios.

Río creó su programa en 2022 mediante el Decreto Municipal 50.697. Cualquier empresa, startup o instituto de investigación puede presentar un proyecto. Si la innovación no encaja en la normativa vigente, el municipio la evalúa y, si tiene mérito, le otorga una autorización temporal para operar con usuarios reales y bajo monitoreo. Al cerrar el ciclo, la Prefeitura produce un informe técnico. Y ahí empieza lo interesante.

Del experimento a la norma: el caso de los patinetes

Si hay un aprendizaje que el equipo de Quirino rescata de estos casi cuatro años es que “una regulación eficaz necesita evidencia, no anticipación”. 

La subsecretaria lo plantea como una inversión de la lógica habitual del Estado. “El poder público suele regular nuevas tecnologías a partir de proyecciones y suposiciones”, explica. El sandbox propone el camino opuesto: primero se prueba en escala real, después se regula a partir de los datos.

El caso que mejor completa esa trayectoria es el del Proyecto Patinete Rio, de la empresa Whoosh. Durante 19 meses de operación experimental, la Prefeitura midió de forma continua patrones de uso, perfil de usuarios e impactos en la movilidad y el ambiente. Al cerrar el ciclo, los números eran contundentes: 2,9 millones de viajes, 972.000 usuarios activos y unos 230 empleos directos e indirectos generados.

Ese volumen de datos resultó decisivo para dos movimientos que tuvieron que ocurrir en paralelo. Por un lado, la articulación con las áreas municipales, que pasaron a conocer los riesgos reales —y no hipotéticos— de los patinetes en el espacio urbano. Por el otro, el respaldo político para avanzar hacia una regulación permanente. El resultado fue el Decreto Municipal 57.657, del 9 de marzo de 2026, que regula de forma definitiva los patinetes eléctricos compartidos en la ciudad, tras un proceso que incluyó consulta pública, informes de monitoreo y diálogo con los organismos involucrados.

La lección que deja Quirino es directa: sin el sandbox, el debate regulatorio se habría trabado en intuiciones y en comparaciones con otras ciudades, sin práctica propia. Con él, se discutió sobre evidencia recogida en un entorno controlado. “Datos que no dejaban margen para cuestionar la relevancia del servicio para la ciudad”, resume.

Qué se regula y qué no: el mecanismo detrás

El caso de los patinetes es el producto de un método. Al final de cada ciclo, de unos doce meses, el Sandbox.Rio produce un informe técnico consolidado que orienta la decisión entre tres caminos posibles: regulación definitiva, continuidad experimental o cierre ordenado del proyecto.

Los patinetes ya recorrieron ese camino completo. Otros están en pleno trayecto. El más avanzado es el Eletroposto Carioca, la primera estación de recarga de vehículos eléctricos del país, inaugurada en febrero de 2025 en Barra da Tijuca. En su primer año registró 21.179 sesiones de recarga, consumió 522.373 kWh y evitó 406 toneladas de dióxido de carbono.

Esos datos, según la Prefeitura, ya están orientando una decisión de política pública más amplia. Río es la tercera ciudad de Brasil en cantidad de vehículos eléctricos patentados, y la demanda crece más rápido que la oferta de infraestructura: la flota electrificada brasileña aumentó 28% solo en el primer semestre de 2025, y las ventas crecieron 65,5% en los dos primeros meses de 2026 frente al mismo período del año anterior. El país tenía unas 21.000 estaciones de recarga en febrero de 2026, pero los conductores siguen señalando la falta de infraestructura como el principal cuello de botella de la electromovilidad.

Por eso la ciudad avanza en el diseño de un Plan Municipal de Electromovilidad, que prevé sumar 15 nuevas estaciones públicas de recarga hasta 2028. El sandbox fue el instrumento que permitió acumular datos reales sobre demanda, perfiles de uso, localización estratégica y viabilidad económica. Datos que ahora sostienen ese plan. En palabras de Quirino, “el programa no existe solo para liberar innovación, sino para producir el conocimiento que permite al Estado actuar con precisión”. 

^{Bicicleta acuática recolectora de residuos en la Laguna Rodrigo de Freitas. Imagen: Proyectdo Biclean.}

La innovación también para las periferias

En todo el camino hubo, sin embargo, un punto sensible que el propio equipo detectó. Los dos primeros ciclos habían dado resultados sólidos, pero concentrados en zonas con mejor acceso a infraestructura urbana: la Zona Sur y Barra da Tijuca. La innovación llegaba donde ya existía en cierto modo, no donde más falta hacía.

El tercer ciclo, lanzado en agosto de 2025, buscó corregir ese sesgo. Por primera vez, los proyectos orientados a comunidades cariocas y a áreas fuera de ese eje reciben hasta diez puntos adicionales en la selección. El cambio se notó: 58 proyectos inscriptos, según la Prefeitura, un récord para un sandbox municipal en Brasil, con participación inédita de iniciativas pensadas para territorios periféricos y un jurado integrado por instituciones como la Firjan y la UFRJ.

Entre los diez proyectos del ciclo, dos muestran con claridad ese giro. Uno es Biclean, una bicicleta acuática que se prueba en la Laguna Rodrigo de Freitas como vehículo de recreación y turismo sustentable, con la particularidad de recolectar residuos mientras circula. El otro, de mayor alcance social, es un CEP Digital —un sistema de direcciones digitales— para las comunidades de Mangueira y Caju, desarrollado por la logtech de impacto social naPorta junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría Municipal de Salud.

La idea es sencilla, pero no por eso  menos potente. En territorios donde el sistema postal tradicional no funciona, se crean direcciones digitales precisas para cada vivienda. Eso permite, por ejemplo, que los agentes comunitarios de salud localicen a los vecinos con exactitud, mejora el seguimiento de pacientes, la cobertura de vacunación y la eficacia de los programas de atención primaria.

La tecnología de direcciones digitales ya venía aplicándose en favelas cariocas desde fines de 2024; lo que aporta el sandbox es articularla con los servicios públicos de salud del municipio. Es el tipo de resultado, señala Quirino, que convierte al programa en un instrumento de reducción de desigualdad urbana, y no solo de fomento al emprendimiento. 

^{Biclean, una bicicleta acuática que se prueba en la Laguna Rodrigo de Freitas como vehículo de recreación y turismo sustentable, con la particularidad de recolectar residuos mientras circula. Imagen: 10viajes.com} 

Límites y diálogo con otros niveles del Estado

La experiencia carioca también deja ver dónde están las tensiones. Un sandbox municipal solamente puede mover normas municipales, y los límites aparecen cuando una innovación toca competencias de otros niveles del Estado. El propio equipo lo reconoce: puede dialogar con reguladores federales, como la agencia de aviación que interviene en el caso de los drones o los eVTOL, pero no modificar sus reglas.

Ese roce de competencias se hizo visible en abril de 2026, cuando la Prefeitura publicó un decreto más amplio —distinto del de los patinetes compartidos— para ordenar la circulación de toda la micromovilidad eléctrica en la ciudad. El Ministerio Público del Estado de Río cuestionó parte de esa norma y pidió su suspensión, al considerar que el municipio no puede modificar clasificaciones de vehículos ya definidas por la legislación federal de tránsito. 

El decreto afectado, el número 57.823, no tiene relación con el programa Sanbox.Rio (el de los patinetes compartidos es el número 57.657 y se encuentra vigente). El episodio, todavía abierto, ilustra un aprendizaje que excede a Río: experimentar en el ámbito local es posible y fértil, pero llevar esos aprendizajes a una regulación duradera exige coordinar con los demás niveles del Estado.

Qué puede aprender otra ciudad de la región

Para los gobiernos locales que leen este Boletín, la pregunta práctica es si todo esto se puede replicar. La recomendación de Quirino es no esperar a tener el modelo perfecto. “El mayor error que puede cometer una ciudad es creer que necesita regular el futuro antes de entenderlo”, afirma.

El programa carioca, recuerda, no demandó recursos del erario ni una estructura compleja: necesitó voluntad política, un instrumento jurídico claro y un equipo dispuesto a aprender junto con las empresas. Se apoya, además, en una base normativa nacional —el Marco Legal de Startups, la ley complementaria 182 de 2021— que habilita expresamente a estados y municipios a crear estos entornos de prueba.

En la región, ciudades como Porto Alegre, Goiânia, Maceió, Criciúma, Teresópolis y Volta Redonda, además del estado de São Paulo, ya armaron sus propios sandboxes. En la Argentina, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con una ley desde 2021, y municipios como Escobar empezaron a transitar caminos regulatorios similares, inspirados en parte por la experiencia de Río.

El decreto que dio origen al Sandbox.Rio está disponible como modelo adaptable para cualquier municipio que quiera empezar. Porque el problema que resuelve, dice Quirino, es universal: “Si tu ciudad enfrenta tecnologías que llegan más rápido que la capacidad de regularlas —y todas las enfrentan— el sandbox no es una opción sofisticada reservada a las grandes metrópolis. Es la respuesta práctica a un problema común”.

Casi dos años después de aquella primera nota, la caja de arena de Río demostró algo que va más allá de los drones y los autos voladores que la hicieron famosa: que un permiso temporal, bien diseñado, puede convertirse en infraestructura, en empleo, en servicios de salud que llegan a una favela. Y, sobre todo, en una forma distinta de que el Estado se relacione con lo que todavía no sabe regular.

Contacto con Sandbox.Rio: https://www.sandboxrio.com.br/

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En diciembre de 2024, la capital del estado de Paraná, en Brasil, tenía 201.578 personas en espera por una consulta o un examen especializado en la red pública municipal de salud. Diez meses después, en octubre de 2025, esa cifra había caído a 123.090 pacientes: una reducción del 40%.  El tiempo medio de espera pasó de 60 a 49 días. Para dimensionar la referencia, en el sistema público británico (NHS) la espera promedio por una primera consulta con especialista es de alrededor de 95 días.

El resultado se apoya en una política específica —el Programa Especialidades en Acción, lanzado en abril de 2025—, pero no se explica sin una infraestructura que la ciudad viene construyendo desde mucho antes. 

“Curitiba ha construido, a lo largo de los años, una trayectoria consistente en salud digital que posiciona al municipio como referencia nacional dentro del Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil. La Secretaría fue pionera en adoptar soluciones tecnológicas que ampliaron el acceso, organizaron los flujos y cualificaron el cuidado”, dice a +COMUNIDAD la secretaría municipal de salud de Curitiba, Tatiane Correa da Silva Filipak. 

El programa que ordenó la demanda

Especialidades en Acción forma parte de un paquete más amplio. La Secretaría Municipal de Salud de Curitiba lo construyó articulando cuatro frentes: adhesión a los programas federales Más Acceso a Especialistas y Ahora Hay Especialista del Ministerio de Salud; ampliación de la oferta entre los prestadores contratados; inauguración del Centro Curitibano de Atención Especializada en 2024, administrado por la Fundación Estatal de Atención a la Salud (Feas); y, sobre todo, la expansión de la telerregulación de filas.

La telerregulación funciona así: el médico de la unidad básica de salud comparte la situación clínica del paciente con un médico especialista telerregulador, que analiza la historia clínica electrónica y define si el caso puede resolverse en la atención primaria o requiere derivación. La decisión es íntegramente clínica y humana.

Con ese mecanismo, la Secretaría amplió de 15.000 a 27.000 las consultas mensuales en las cinco especialidades con mayor demanda —oncología, oftalmología, otorrinolaringología, ortopedia y cardiología—, un crecimiento del 80%. La oferta mensual de ultrasonografías, endoscopías y colonoscopías pasó de 11.743 a 17.283: un 47% más.

Dentro del balance general, algunos indicadores se movieron más rápido que otros. La fila de ultrasonografía cayó 96%, la de oftalmología 61,5% y la de tomografía de cráneo se redujo a cero. Los tiempos de agendamiento dejan ver el cambio en casos concretos. 

María Aparecida Duarte Vilela, pedagoga de 59 años, consiguió un turno para un examen de ultrasonografía en 15 días. “No imaginaba que saldría tan rápido”, declaró a la prensa oficial de la Prefeitura de Curitiba. Hélio de Souza, jubilado de 70 años operado de cataratas en enero de 2025, esperaba una consulta de revisión recién para el año siguiente. Fue llamado en agosto: “Ni esperaba ser llamado tan pronto”, dijo.

El ecosistema digital que hizo posible la política

La telerregulación no es posible sin un prontuario electrónico unificado y accesible. Curitiba lo tiene—el sistema e-Saúde— desde 1999.

Sobre esa base, la ciudad construyó dos puertas de entrada digitales que son parte central del Sistema Único de Salud local (SUS). La primera es el aplicativo Saúde Já Curitiba, que permite agendar consultas clínicas y odontológicas en las 109 unidades básicas de salud, consultar el historial del paciente, la carteira de vacunación, resultados de exámenes laboratoriales y confirmar turnos con especialistas. Hoy supera los 2 millones de usuarios.

La segunda es la Central Saúde Já, creada en 2020 durante la pandemia y transformada desde entonces en canal permanente. En abril de 2023,Curitiba se convirtió en la primera ciudad de Brasil en ofrecer teleatendimiento virtual para casos leves por SUS. La central acumuló 1,5 millones de atenciones al 11 de abril de 2025, con una evaluación promedio de 4,5 en escala Likert (equivalente a 9 sobre 10). Desde que arrancaron las consultas por teléfono o video, se registraron 281.500 atenciones médicas y 516.000 de enfermería.

“Cuidar de la salud de una ciudad es, antes que todo, cuidar de las personas. Es comprender que cada decisión tomada en el ámbito de la gestión pública impacta directamente en la vida de miles de ciudadanos. Y no sólo en el acceso a servicios, sino también sobre su calidad de vida, dignidad y bienestar”, expresa la secretaría municipal de Salud de Curitiba, Tatiane Correa da Silva Filipak. 

^{Sitio web de Saúde JÁ. Imagen: Prefeitura de Curitiba.}

El rol de la inteligencia artificial

En diálogo con +COMUNIDAD, la funcionaria cuenta que la entidad utiliza un agente de inteligencia artificial para cualificar las derivaciones desde las unidades de salud hacia la telerregulación. “El objetivo es asistir a los profesionales de atención primaria en el completado de las solicitudes de telerregulación con todo el detalle necesario para cada especialidad”, explica. 

Esta IA se utiliza durante la consulta médica, con el paciente presente, para que el profesional pueda resolver dudas con el usuario sobre cualquier información necesaria para la derivación. “La herramienta fue desarrollada para agilizar las solicitudes y evitar el retrabajo: cada vez que un médico especialista solicita información extra que no figuraba en el pedido original, el proceso se estanca”, destaca Filipak.

La IA lee los flujos y orienta al médico, ayudando a mejorar la descripción de la derivación. De esta forma, el médico regulador puede optimizar el análisis y dar las indicaciones correctas.

En marzo de 2026, durante la Smart City Expo Curitiba, la Prefeitura presentó el Curitiba App: un superapp que integra en un solo entorno digital cerca de 800 servicios municipales, entre los cuales Saúde Já es uno de los más consultados. 

La novedad central es una inteligencia artificial municipal propia, alimentada con bases de datos oficiales de la ciudad, que permite al usuario hacer preguntas en lenguaje natural y recibir orientación para encontrar el servicio que necesita.

El desarrollo se enmarca en la Ley Municipal de Inteligencia Artificial (Lei 16.321/2024), sancionada por Curitiba en 2024, que fija principios de transparencia, privacidad, responsabilidad clara del uso y protección de datos en toda aplicación de IA municipal.

Un ecosistema digital de cuidado

“La innovación ocupa un lugar central (en la trayectoria de Salud de Curitiba). Innovar, para la salud pública, significa incorporar nuevas tecnologías, mejorar procesos de gestión, fortalecer la inteligencia en salud y desarrollar soluciones capaces de responder de forma cada vez más ágil, eficiente y humanizada las demandas de la población”, reflexiona  Correa da Silva Filipak. “Más que modernizar estructuras, innovar significa cualificar el cuidado y ampliar la capacidad del sistema de proteger y promover la vida”, añade. 

Los próximos pasos del modelo de salud de Curitiba se orientan a profundizar la transformación digital, integrar aún más los puntos de la red y situar al ciudadano en el centro de las decisiones con más inteligencia y tecnología.

“Lo más innovador en este momento es la construcción de un ecosistema digital de cuidado, donde todos los puntos de atención a la salud cuentan con un brazo de Salud Digital que auxilia a los profesionales a agilizar y mejorar la calidad del servicio”, remarca Tatiane Filipak a +COMUNIDAD. 

Financiamiento, aprendizajes y transferibilidad

Curitiba destina el 19,52% de susrecaudaciones corrientes a Salud, por encima del mínimo constitucional brasileño del 15%. El presupuesto presupuestado para 2025 alcanzó los R$ 3,34 mil millones (aproximadamente U$S 575 millones al cambio de fines de 2025). En el año también se sumaron 628 nuevos profesionales a la atención primaria y se ejecutaron R$ 6,6 millones (cerca de U$S 1,1 millón) en 48 obras de equipamiento sanitario.

Respecto a qué condiciones considera la Secretaría imprescindibles para que otra ciudad latinoamericana pueda replicar o adaptar este modelo de reducción de esperas y salud digital, Filipak es precisa. “El punto fundamental para cualquier municipio es contar con una historia clínica electrónica sistematizada, que concentre toda la información de los usuarios y brinde al gestor un panorama de todo el sistema de salud enfocado en las necesidades de la población”, aconseja.

“La incorporación de nuevas tecnologías en la salud pública de Curitiba es un proceso de mejora continua. Desde la implantación de la primera historia clínica electrónica en 1999 hasta el estadio actual de Saúde Já Curitiba, se ha avanzado significativamente en ofrecer servicios de salud al alcance de la mano para los usuarios del sistema público”, concluye la secretaria. 

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Una sóla pregunta: “¿cómo va tu vida?” 

Está impresa en un banner publicitario ubicado en un parque de San Salvador de Jujuy, Argentina. La pregunta es la puerta de entrada para que vecinos y vecinas logren poner en palabras las violencias o padecimientos que sufren en sus hogares o trabajos. Violencia de género, consumos problemáticos y situaciones vinculadas a la salud mental, incluyendo riesgo suicida adolescente, son las tres grandes problemáticas que se detectaron a partir de esa intervención e interrogante sobre la vida cotidiana.

La pregunta surge en El Escuchadero, un dispositivo situado en espacios públicos, que ofrece una infraestructura de escucha territorial, y busca conectar actores, detectar problemáticas y activar respuestas comunitarias e institucionales. Emerge en 2021, después de un diagnóstico desarrollado en el marco del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, implementado por la Fundación Crear Vale la Pena, en alianza con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y el acompañamiento de la Fundación Cambio Democrático.

En 2024 este dispositivo pasó de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Desarrollo Humano, específicamente a la Dirección de Salud Integral de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, lo que generó un cambio en la modalidad de trabajo. “A partir de este giro se orientó la iniciativa hacia un enfoque centrado en la Promoción de la Salud Integral y Prevención de diferentes problemáticas”, explica a +COMUNIDAD la referente actual de El Escuchadero, Mariana Vargas.

Escucha activa para la promoción de la salud integral 

A partir del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, se identificaron indicadores críticos: Jujuy registraba una tasa de femicidios de 2,82 en 2020, superior al promedio nacional (1,09). Existían 11 causas judiciales por femicidio en 2020 y 6.500 denuncias acumuladas entre 2016 y 2019 en el sistema de seguridad provincial. Se registraban altos niveles de embarazo adolescente, incluyendo casos en niñas de 10 a 14 años en contextos de abuso.

En ese contexto Vargas, licenciada en Psicología, comenta que El Escuchadero es un dispositivo innovador por “irrumpir en espacios comunitarios, sociales, deportivos y comerciales, con herramientas lúdicas que tienen como base la sensibilidad para una escucha creativa”. “Por ejemplo, se estableció un punto fijo en el Mercado Central 6 de Agosto, un lugar estratégico y accesible donde circula la vida cotidiana. Ahí, en medio del movimiento diario, cualquier persona puede detenerse y ser escuchada”, agrega.

Otro dato innovador que destaca la referente es la implementación de capacitaciones anuales (en las que se han capacitado 83 personas por año), para la transmisión de conocimientos generales y adquisición de herramientas, con el fin de formar facilitadores lúdicos para replicar en sus espacios de trabajo. “El impacto se mide por la cantidad de escuchas realizadas: 435 en 2024 y 582 en 2025. Además de las cerca de 3.000 personas al año que participan de las implementaciones lúdicas”, comenta.

El impacto de la articulación público-privada

Patricia Taboada, responsable de Desarrollo Institucional y Gerenta Operativa de Crear Vale la Pena, cuenta a +COMUNIDAD que el “diagnóstico no sólo permitió dimensionar la magnitud del problema sino evaluar la respuesta institucional”. La Fundación destacó la falta de articulación sostenida entre niveles (nacional, provincial, municipal), la fragmentación entre sectores (salud, justicia, desarrollo social, comunidad) y la baja integración de la información para la toma de decisiones.

En ese contexto se identifica la necesidad de un nuevo tipo de intervención, lo que dio lugar a una articulación entre la Municipalidad y la Fundación para desarrollar una metodología capaz de operar sobre el vínculo, la escucha y la construcción comunitaria. “El principal resultado del proyecto no se expresa en un único indicador cuantitativo consolidado, sino en la instalación de una infraestructura de escucha y orientación en territorio, articulada entre Estado y comunidad”, explica Taboada.

Tras los primeros dos años de implementación (2021–2022), para Crear Vale la Pena uno de los aspectos más relevantes fue su capacidad de traducir los hallazgos en respuestas concretas. En especial, a partir de espacios de escucha personalizada con agentes de salud. La orientación directa sobre recursos disponibles y derivación a dispositivos existentes, las actividades artísticas y lúdicas habilitaron formas de expresión que ampliaron la comprensión del malestar más allá de los lenguajes institucionales tradicionales.

Además, destacan el fortalecimiento de capacidades locales para la detección temprana, la mejora en la articulación entre áreas de gobiernos y actores comunitarios, la generación de redes de contención que reducen el aislamiento social. “En este sentido, el mayor impacto de El Escuchadero no es sólo la atención de casos, sino la construcción de condiciones para una respuesta comunitaria más integrada y sostenida”, sostiene Taboada. 

Sensibilidad, creatividad y articulación institucional

El Escuchadero se distingue por introducir una innovación conceptual y operativa: la transformación de la escucha en una infraestructura pública activa, abierta a la comunidad y capaz de articular dimensiones sociales, culturales y sanitarias. El dispositivo funciona simultáneamente en varios niveles: como espacio de escucha privada, como plataforma de acceso a información y recursos, y como entorno colectivo de expresión a través de propuestas artísticas y lúdicas. 

Para Taboada esta combinación amplía las posibilidades de detección y abordaje de problemáticas, especialmente aquellas que no emergen fácilmente en contextos institucionales formales. Por eso el proceso formativo se centró en el desarrollo de habilidades de escucha activa, en la comprensión de problemáticas complejas y en el uso de lenguajes artísticos como herramientas de mediación. En particular, la formación estuvo orientada a abordar los indicadores detectados en el diagnóstico —violencia de género, consumos problemáticos y salud mental— dotando a los equipos de herramientas específicas para la detección temprana, la escucha situada y la derivación adecuada.

La capacitación de los actores involucrados fue clave para sostener esta innovación.

Asimismo, la especialista cuenta que se trabajó en fortalecer la capacidad de articulación intersectorial, permitiendo que actores diversos operen desde una lógica compartida. “En este sentido, lo innovador de El Escuchadero no reside únicamente en el dispositivo en sí, sino en el modelo de intervención que propone: una forma de acción pública que integra sensibilidad, creatividad y articulación institucional”, resalta. 

Aprendizajes y transferibilidad de El Escuchadero

El trabajo conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy permitió consolidar un aprendizaje central: los problemas complejos requieren recursos, sí, pero también capacidades de articulación, escucha y construcción de sentido compartido. Vargas considera que el mayor aprendizaje es reconocer al dispositivo como una modalidad de trabajo en sí misma, que les permite a la institución profundizar en las inquietudes y acercarse a la comunidad desde la orientación e información. 

“Uno de los principales aprendizajes es que la escucha no puede ser concebida como una instancia aislada, sino como un proceso continuo que requiere institucionalización, formación y sostenimiento en el tiempo”, reflexiona Patricia Taboada. “También se comprobó que la construcción de confianza en el territorio es una condición indispensable para que las personas accedan a estos espacios y para que los dispositivos logren efectividad”, agrega a partir de la experiencia en Jujuy.

En términos de transferibilidad, la profesional cree que el componente crítico para replicar la experiencia no es únicamente el diseño del dispositivo, sino la combinación de tres elementos. Por un lado un diagnóstico territorial profundo que permita comprender el sistema en su conjunto. Por el otro, un proceso de formación multiactoral que construya capacidades compartidas, y una articulación efectiva entre Estado y comunidad que garantice la sostenibilidad de la iniciativa.

Respecto a los desafíos y limitaciones que encontraron en el proceso de implementación de la iniciativa, Mariana Vargas reconoce que no han sido significativas, dado que es un dispositivo que tiene trayectoria. Aún así señala que actualmente el desafío al que se enfrentan es el de la “construcción de legitimidad en el territorio”. Buscando ser reconocidos desde otro lugar: “es una propuesta de interacción diferente, no parte de lo conocido en el ámbito de la salud”.

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La siesta en Los Charrúas se caracteriza por el silencio. En este pequeño municipio de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, la vida pasa con esa quietud propia de los pueblos donde a menudo se escucha decir que “Dios está en todas partes, pero atiende sólo en Buenos Aires”. En 2021 ese silencio cambió de naturaleza. Ya no era por la calma del descanso, sino por el peso de lo que no se nombra. Ese año, en la comunidad de cerca de 5.000 habitantes, se detectaron cinco casos y varios intentos de suicidio.

Mientras el mundo intentaba rearmarse tras la pandemia, Los Charrúas registró una tasa de suicidios seis veces superior al promedio provincial. Entre Ríos ya era la provincia del país con la mayor tasa de suicidio: 15,3 casos cada 100 mil habitantes (según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2024 se situó en 19,8; la cifra provincial está 10 puntos por encima de la tasa nacional).

Entre los casos de 2021, se supo que tres fueron adolescentes o jóvenes, y uno de ellos, menor de 15 años. Fue entonces cuando un grupo de familias, docentes, pedagogos, líderes religiosos y especialistas coincidieron para revertir esta situación. 

“La evolución desde aquella emergencia de 2021 ha sido muy positiva: se ha registrado un solo caso desde ese periodo. Es decir, hace más de tres años que la ciudad no tiene casos de suicidios”, explica a +COMUNIDAD el psicólogo Sergio Brodsky. A partir de su intervención, la Municipalidad de Los Charrúas conformó una Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio para trabajar con casos que les permitan entender las distintas miradas, roles y modos de articular redes para resolver esta problemática. 

Una comunidad unida para frenar una crisis de salud mental

El programa implementado en Los Charrúas se estructuró en dos ejes. Por un lado, la prevención comunitaria, a través de charlas, capacitaciones y talleres de concientización. Por el otro, un abordaje clínico de los casos de riesgo. En ambos frentes se desarrollaron estrategias comunitarias “que fueron útiles para enfrentar este fenómeno multicausal, que tiene dimensiones sociales, subjetivas, económicas, laborales y culturales”, explica Brodsky.

En esa línea, Andrea Imoberdorff, intendenta de Los Charrúas, señala a +COMUNIDAD que su trayectoria previa en el ámbito sanitario le permitió involucrarse desde el inicio en el desarrollo del programa: “Vengo del ambiente de salud, conozco la problemática, y he participado en esta formación del programa de salud mental de la Municipalidad”. 

Además, remarca que la iniciativa se apoya en una articulación constante entre actores locales. “Al involucrar a toda la comunidad, la iniciativa tiene un sistema de comunicación constante entre el Centro de Integración Comunitaria (CIC), el área de salud mental municipal a cargo de Sergio, y un WhatsApp a disposición de cualquier vecino que quiera comentar algo”, agrega.

Como parte de la estrategia preventiva, se impulsan actividades en las escuelas. Se organizaron encuentros de salud mental con estudiantes y acciones de sensibilización. Una de las iniciativas que destaca Brodsky es “una folleteada con información preventiva en distintas problemáticas de la salud mental”, como bulimia, anorexia, adicciones, bullying, suicidio y depresión. Los temas fueron seleccionados por estudiantes, con el acompañamiento de docentes y del equipo de Prevención del Suicidio de la Municipalidad de Los Charrúas.

“La efectividad central del programa sigue siendo el estar”, resume el psicólogo. Y agrega: “Percibimos una conciencia de parte de los jóvenes, sobre todo en la franja de los adolescentes, que conocen mucho más acerca de la salud mental”. “Derribaron mitos en relación al acceso a la atención terapéutica a través de un psicólogo, los mitos de que el que va al psicólogo no está loco. Se trabajó mucho en la escuela para acceder al plano de la asistencia”, reflexiona el líder del Programa de Prevención del Suicidio. 

La salud emocional de la juventud de Los Charrúas

En relación con los intentos de suicidio, Brodsky señala que, desde que comenzó la intervención multiactor, se registraron algunas tentativas y que varias personas accedieron a atención psicológica a partir de situaciones de vulnerabilidad, principalmente en el Centro de Integración Comunitaria (CIC). “Gran parte de la prevención pasa por la posibilidad de una detección temprana de esas situaciones, lo que evaluamos como datos de integración de los jóvenes y que reflejan que el modelo de abordaje del suicidio sigue siendo efectivo”, explica.

Esa detección se apoya, en gran medida, en las instituciones de la comunidad. Las señales de alerta —vinculadas a contextos de vulnerabilidad o riesgo— suelen ser identificadas en ámbitos como la escuela, que cumple un rol central. A partir de esos indicios, se activa una respuesta asistencial inmediata, como resultado del trabajo sostenido de información y sensibilización realizado en los últimos años.

La intendenta Imoberdorff destaca el papel de las tres radios de la ciudad, donde se promovió la figura del “chismoso solidario” como herramienta para visibilizar la problemática y acercar información a la comunidad. En ese marco, sostiene que “las diferentes estrategias empleadas a partir de la Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio estos últimos tres años y medio le devolvieron a Los Charrúas la esperanza de un presente y futuro en donde sus jóvenes estén a salvo”. 

La mesa continúa en funcionamiento, aunque enfrenta nuevos desafíos. Brodsky advierte que la ausencia de casos en el último tiempo, si bien es un dato positivo, también complejiza la continuidad de los espacios de encuentro: “Al no producirse afortunadamente casos de suicidio, es más complejo poder sostener los encuentros que se hacían, por eso estamos intentando actualmente volver a reunirnos”.

Los próximos pasos

Después de un trabajo “muy intenso y fructífero” de varios encuentros en los que todos los representantes de las instituciones se reunían para trabajar y comprender el rol de cada una en la prevención del suicidio, a Los Charrúas le toca reforzar la apuesta. 

A fines de abril de 2026 se realiza una charla abierta a la comunidad para lanzar nuevamente el proceso de trabajo de la mesa, que tuvo como uno de sus grandes hitos la implementación del programa y la respuesta comprometida de la comunidad.

En ese camino el psicólogo Brodsky destaca, como uno de los aspectos más innovadores de esta iniciativa, el trabajo articulado con la escuela a través de talleres y cursos donde se trabaja con estudiantes sus preocupaciones, angustias y miedos. “El trabajo de capacitación con la institución es innovador porque, si bien está en algunos desarrollos teóricos, se ha realizado muy poco de manera sostenida y sistemática este tipo de proyectos, y nosotros hicimos nuestro propio camino al andar”, remarca.

Un modelo posible para pensar en otras localidades

Con el recambio generacional, surge un nuevo desafío: sostener los aprendizajes en el tiempo. Muchos de los actuales adolescentes eran niños durante la crisis que dio origen al programa. Sobre este punto, Brodsky plantea que la prevención requiere continuidad. “El trabajo de aprendizaje y prevención es permanente, sobre todo en la escuela secundaria, que es donde hacemos foco. La escuela sí ha sido, a diferencia de otras instituciones, un trabajo permanente, sistemático. Todas las semanas se trabaja allí y eso hace que todos estos mecanismos de prevención estén siempre presentes”, explica.

Consultado sobre la posibilidad de replicar la experiencia en otras ciudades, el especialista considera que es viable, siempre que se adapten las estrategias a cada contexto. “Aquí el programa ha tenido muy buenos resultados por el compromiso de la comunidad y por la metodología de capacitación de todos los actores institucionales en el aprendizaje de por qué el suicidio se puede prevenir, qué es la prevención primaria, cómo se promueven los factores protectores del suicidio, entre otras variables”, afirma.

En ese sentido, subraya la importancia de clarificar los roles de cada actor —docentes, referentes religiosos, entrenadores, vecinos— y de fortalecer la articulación en red ante situaciones de riesgo. Se trata de un enfoque sencillo en su formulación, pero exigente en su implementación, dice Brodsky. Esa combinación, sostiene, es la que permitió sostener la experiencia en Los Charrúas y la que puede ofrecer aprendizajes valiosos para otras comunidades, siempre con las adaptaciones que cada contexto y cada idiosincrasia requiera.

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¿Funciona el sistema de salud? 

Tandil es una ciudad con 150.000 habitantes con un sistema de salud robusto -al que se le asigna casi el 40% del presupuesto municipal- denominado Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). 

Dentro de sus fortalezas podemos mencionar un sistema de información integrado en todos los puntos de atención, implementado desde el año 2010. Este sistema nos permite conocer que los 15 Centros de Salud Comunitaria y las cuatro postas rurales atienden cerca de 200000 consultas por año. 

¿Esto es suficiente? ¿Significa que estamos brindando buenos servicios? ¿Estamos previniendo enfermedades y muertes evitables? ¿La población está satisfecha con este sistema?  ¿El uso de recursos es eficiente? 

Medir lo que importa en los Centros de Salud

Las evaluaciones tradicionales de los Centros de Atención Primaria en Argentina siguen centradas en la medición de consultas. Con la incorporación de sistemas de información electrónica estas mediciones en vez de madurar, se exacerbaron; ahora se miden las agendas: ocupación, ausentismo, duración de la consulta, demora en la asignación de turnos, etc. Pero poco nos dicen sobre el desempeño del sistema. 

Es el equivalente a una escuela que nos informa la cantidad de estudiantes y los días que asisten a clases pero no nos dice nada sobre su aprendizaje. ¿Acaso la escuela no está para enseñar y favorecer el aprendizaje? Los días de clase son sin duda algo necesario, pero son insuficientes para dar cuenta del desempeño o para impulsar procesos de mejora. 

Asumiendo la conocida frase “no se puede mejorar lo que no se mide” y reconociendo que lo que medíamos estaba resultado insuficiente, emprendimos este desafío de medir lo que importa. Esto implicó discutir para qué están los centros de salud -la misión institucional- y nos sorprendimos de lo heterogéneo de las miradas. 

Teniendo este desafío en nuestra agenda de gestión, aceptamos la invitación que nos hizo el IECS (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria), un organismo afiliado a la Universidad de Buenos Aires, de impulsar una investigación vinculada a la detección y atención de personas con diabetes. 

Con ellos logramos desarrollar un tablero para medir cómo nos estaba yendo en cuanto a detección, seguimiento, tratamiento y control adecuado de personas con diabetes en cada uno de los barrios de Tandil. Luego extendimos este análisis a otras problemáticas como hipertensión arterial, coberturas de vacunación y estamos en este momento trabajando en la incorporación de otras variables. Lo que iniciamos fue una cultura de medición y mejora contínua.

Hacerse cargo de los resultados -impulsar la mejora contínua. 

Los números que estos tableros nos mostraron nos preocuparon. 

Si bien en algunas dimensiones teníamos buenos resultados, como coberturas de vacunación, que supera las medias provinciales -a modo de ejemplo la cobertura contra Hepatitis A en el 2024 fue del 75,8 en la provincia de Buenos Aires, contra el 93,6 en Tandil-. En otros, estábamos tan mal como la mayor parte de los sistemas de salud de América Latina: el Primer Nivel de Atención no estaba logrando un control adecuado de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 

En nuestro caso, menos del 10% de las personas con Hipertensión Arterial logra un control adecuado de su problema -se considera que una persona hipertensa tiene bien controlada su presión cuando la última medición de presión arterial tiene menos de 6 meses y está por debajo de 140/90 mmHg-. Estamos hablando del principal factor de riesgo para las dos primeras causas de muerte en el mundo que son la enfermedad coronaria y el Accidente Cerebro Vascular.  

Hace 3 años comenzamos con estas mediciones, que se reportan regularmente a los equipos. Los reportes incluyen desde Escuelas visitadas por Centro de Salud, hasta cantidad de usuarias de métodos anticonceptivos, porcentaje de mujeres que realizaron prácticas como rastreo de cáncer de cuello de útero o de mama contrastado contra la población esperable que debería acceder a esa práctica entre otros Se envían listados nominalizados de pacientes que requieren algún tipo de vacuna o monitoreos de indicadores estratégicos. 

Esto permite realizar planificaciones locales en los Centros de Salud y a nivel del Sistema Integrado de Salud Pública Municipal. 

En relación a las ECNT  identificamos lo que se denomina “cascada de la hipertensión” -y algo similar para diabetes- por lo que comenzó una estrategia multicomponente para intervenir sobre cada una de las caídas. La primera oportunidad de mejora está en detectar a quienes no conocen su diagnóstico -la primera caída de la cascada-. Para esto comenzamos a realizar “Rondas Sanitarias”, con agentes sanitarias que se capacitaron y están recorriendo los barrios, casa por casa, para detectar problemáticas prevalentes y facilitar el acceso al sistema de salud. 

La segunda oportunidad de mejora estuvo en el control adecuado de quienes ya se estaban atendiendo. Para esto se definió un protocolo unificado de tratamiento de la Hipertensión y se capacitó a todos los médicos de los Centros de Salud. Este protocolo fue una adaptación  del propuesto por la “iniciativa HEARTS” de la Organización Panamericana de la Salud. 

¿Cómo seguimos? 

Tenemos todavía muchas oportunidades de mejora. Una de ellas, en la que ya comenzamos a trabajar, es en el seguimiento de las personas a las que se les detecta alguna de las condiciones crónicas. 

Para esto armamos un programa de capacitación destinado a enfermería para desarrollar competencias en el abordaje de las ECNT. La capacitación aún no comenzó a dictarse pero se presentó como curso de postgrado y ya cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Más allá de esta propuesta, y de los resultados que vayamos obteniendo, lo que es claro es que queremos seguir por este camino, un camino de mejora contínua, con medición de indicadores sanitarios que contribuyan a un sistema de salud cada vez más efectivo. 

(*) Tomás Baliña es médico, especialista en medicina general / familiar y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña como titular de Salud Comunitaria IV en la Universidad Nacional de Hurlingham, donde publicó su último libro: Manual de Gestión de Centros de Atención Primaria de la Salud.

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