Existe uma versão em português deste artigo aqui.

En diciembre de 2024, la capital del estado de Paraná, en Brasil, tenía 201.578 personas en espera por una consulta o un examen especializado en la red pública municipal de salud. Diez meses después, en octubre de 2025, esa cifra había caído a 123.090 pacientes: una reducción del 40%.  El tiempo medio de espera pasó de 60 a 49 días. Para dimensionar la referencia, en el sistema público británico (NHS) la espera promedio por una primera consulta con especialista es de alrededor de 95 días.

El resultado se apoya en una política específica —el Programa Especialidades en Acción, lanzado en abril de 2025—, pero no se explica sin una infraestructura que la ciudad viene construyendo desde mucho antes. 

“Curitiba ha construido, a lo largo de los años, una trayectoria consistente en salud digital que posiciona al municipio como referencia nacional dentro del Sistema Único de Salud (SUS) de Brasil. La Secretaría fue pionera en adoptar soluciones tecnológicas que ampliaron el acceso, organizaron los flujos y cualificaron el cuidado”, dice a +COMUNIDAD la secretaría municipal de salud de Curitiba, Tatiane Correa da Silva Filipak. 

El programa que ordenó la demanda

Especialidades en Acción forma parte de un paquete más amplio. La Secretaría Municipal de Salud de Curitiba lo construyó articulando cuatro frentes: adhesión a los programas federales Más Acceso a Especialistas y Ahora Hay Especialista del Ministerio de Salud; ampliación de la oferta entre los prestadores contratados; inauguración del Centro Curitibano de Atención Especializada en 2024, administrado por la Fundación Estatal de Atención a la Salud (Feas); y, sobre todo, la expansión de la telerregulación de filas.

La telerregulación funciona así: el médico de la unidad básica de salud comparte la situación clínica del paciente con un médico especialista telerregulador, que analiza la historia clínica electrónica y define si el caso puede resolverse en la atención primaria o requiere derivación. La decisión es íntegramente clínica y humana.

Con ese mecanismo, la Secretaría amplió de 15.000 a 27.000 las consultas mensuales en las cinco especialidades con mayor demanda —oncología, oftalmología, otorrinolaringología, ortopedia y cardiología—, un crecimiento del 80%. La oferta mensual de ultrasonografías, endoscopías y colonoscopías pasó de 11.743 a 17.283: un 47% más.

Dentro del balance general, algunos indicadores se movieron más rápido que otros. La fila de ultrasonografía cayó 96%, la de oftalmología 61,5% y la de tomografía de cráneo se redujo a cero. Los tiempos de agendamiento dejan ver el cambio en casos concretos. 

María Aparecida Duarte Vilela, pedagoga de 59 años, consiguió un turno para un examen de ultrasonografía en 15 días. “No imaginaba que saldría tan rápido”, declaró a la prensa oficial de la Prefeitura de Curitiba. Hélio de Souza, jubilado de 70 años operado de cataratas en enero de 2025, esperaba una consulta de revisión recién para el año siguiente. Fue llamado en agosto: “Ni esperaba ser llamado tan pronto”, dijo.

El ecosistema digital que hizo posible la política

La telerregulación no es posible sin un prontuario electrónico unificado y accesible. Curitiba lo tiene—el sistema e-Saúde— desde 1999.

Sobre esa base, la ciudad construyó dos puertas de entrada digitales que son parte central del Sistema Único de Salud local (SUS). La primera es el aplicativo Saúde Já Curitiba, que permite agendar consultas clínicas y odontológicas en las 109 unidades básicas de salud, consultar el historial del paciente, la carteira de vacunación, resultados de exámenes laboratoriales y confirmar turnos con especialistas. Hoy supera los 2 millones de usuarios.

La segunda es la Central Saúde Já, creada en 2020 durante la pandemia y transformada desde entonces en canal permanente. En abril de 2023,Curitiba se convirtió en la primera ciudad de Brasil en ofrecer teleatendimiento virtual para casos leves por SUS. La central acumuló 1,5 millones de atenciones al 11 de abril de 2025, con una evaluación promedio de 4,5 en escala Likert (equivalente a 9 sobre 10). Desde que arrancaron las consultas por teléfono o video, se registraron 281.500 atenciones médicas y 516.000 de enfermería.

“Cuidar de la salud de una ciudad es, antes que todo, cuidar de las personas. Es comprender que cada decisión tomada en el ámbito de la gestión pública impacta directamente en la vida de miles de ciudadanos. Y no sólo en el acceso a servicios, sino también sobre su calidad de vida, dignidad y bienestar”, expresa la secretaría municipal de Salud de Curitiba, Tatiane Correa da Silva Filipak. 

^{Sitio web de Saúde JÁ. Imagen: Prefeitura de Curitiba.}

El rol de la inteligencia artificial

En diálogo con +COMUNIDAD, la funcionaria cuenta que la entidad utiliza un agente de inteligencia artificial para cualificar las derivaciones desde las unidades de salud hacia la telerregulación. “El objetivo es asistir a los profesionales de atención primaria en el completado de las solicitudes de telerregulación con todo el detalle necesario para cada especialidad”, explica. 

Esta IA se utiliza durante la consulta médica, con el paciente presente, para que el profesional pueda resolver dudas con el usuario sobre cualquier información necesaria para la derivación. “La herramienta fue desarrollada para agilizar las solicitudes y evitar el retrabajo: cada vez que un médico especialista solicita información extra que no figuraba en el pedido original, el proceso se estanca”, destaca Filipak.

La IA lee los flujos y orienta al médico, ayudando a mejorar la descripción de la derivación. De esta forma, el médico regulador puede optimizar el análisis y dar las indicaciones correctas.

En marzo de 2026, durante la Smart City Expo Curitiba, la Prefeitura presentó el Curitiba App: un superapp que integra en un solo entorno digital cerca de 800 servicios municipales, entre los cuales Saúde Já es uno de los más consultados. 

La novedad central es una inteligencia artificial municipal propia, alimentada con bases de datos oficiales de la ciudad, que permite al usuario hacer preguntas en lenguaje natural y recibir orientación para encontrar el servicio que necesita.

El desarrollo se enmarca en la Ley Municipal de Inteligencia Artificial (Lei 16.321/2024), sancionada por Curitiba en 2024, que fija principios de transparencia, privacidad, responsabilidad clara del uso y protección de datos en toda aplicación de IA municipal.

Un ecosistema digital de cuidado

“La innovación ocupa un lugar central (en la trayectoria de Salud de Curitiba). Innovar, para la salud pública, significa incorporar nuevas tecnologías, mejorar procesos de gestión, fortalecer la inteligencia en salud y desarrollar soluciones capaces de responder de forma cada vez más ágil, eficiente y humanizada las demandas de la población”, reflexiona  Correa da Silva Filipak. “Más que modernizar estructuras, innovar significa cualificar el cuidado y ampliar la capacidad del sistema de proteger y promover la vida”, añade. 

Los próximos pasos del modelo de salud de Curitiba se orientan a profundizar la transformación digital, integrar aún más los puntos de la red y situar al ciudadano en el centro de las decisiones con más inteligencia y tecnología.

“Lo más innovador en este momento es la construcción de un ecosistema digital de cuidado, donde todos los puntos de atención a la salud cuentan con un brazo de Salud Digital que auxilia a los profesionales a agilizar y mejorar la calidad del servicio”, remarca Tatiane Filipak a +COMUNIDAD. 

Financiamiento, aprendizajes y transferibilidad

Curitiba destina el 19,52% de susrecaudaciones corrientes a Salud, por encima del mínimo constitucional brasileño del 15%. El presupuesto presupuestado para 2025 alcanzó los R$ 3,34 mil millones (aproximadamente U$S 575 millones al cambio de fines de 2025). En el año también se sumaron 628 nuevos profesionales a la atención primaria y se ejecutaron R$ 6,6 millones (cerca de U$S 1,1 millón) en 48 obras de equipamiento sanitario.

Respecto a qué condiciones considera la Secretaría imprescindibles para que otra ciudad latinoamericana pueda replicar o adaptar este modelo de reducción de esperas y salud digital, Filipak es precisa. “El punto fundamental para cualquier municipio es contar con una historia clínica electrónica sistematizada, que concentre toda la información de los usuarios y brinde al gestor un panorama de todo el sistema de salud enfocado en las necesidades de la población”, aconseja.

“La incorporación de nuevas tecnologías en la salud pública de Curitiba es un proceso de mejora continua. Desde la implantación de la primera historia clínica electrónica en 1999 hasta el estadio actual de Saúde Já Curitiba, se ha avanzado significativamente en ofrecer servicios de salud al alcance de la mano para los usuarios del sistema público”, concluye la secretaria. 

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

La entrada Qué hizo Curitiba para reducir un 40% la fila por especialistas de salud en siete meses se publicó primero en +COMUNIDAD.

Una sóla pregunta: “¿cómo va tu vida?” 

Está impresa en un banner publicitario ubicado en un parque de San Salvador de Jujuy, Argentina. La pregunta es la puerta de entrada para que vecinos y vecinas logren poner en palabras las violencias o padecimientos que sufren en sus hogares o trabajos. Violencia de género, consumos problemáticos y situaciones vinculadas a la salud mental, incluyendo riesgo suicida adolescente, son las tres grandes problemáticas que se detectaron a partir de esa intervención e interrogante sobre la vida cotidiana.

La pregunta surge en El Escuchadero, un dispositivo situado en espacios públicos, que ofrece una infraestructura de escucha territorial, y busca conectar actores, detectar problemáticas y activar respuestas comunitarias e institucionales. Emerge en 2021, después de un diagnóstico desarrollado en el marco del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, implementado por la Fundación Crear Vale la Pena, en alianza con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, y el acompañamiento de la Fundación Cambio Democrático.

En 2024 este dispositivo pasó de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Desarrollo Humano, específicamente a la Dirección de Salud Integral de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, lo que generó un cambio en la modalidad de trabajo. “A partir de este giro se orientó la iniciativa hacia un enfoque centrado en la Promoción de la Salud Integral y Prevención de diferentes problemáticas”, explica a +COMUNIDAD la referente actual de El Escuchadero, Mariana Vargas.

Escucha activa para la promoción de la salud integral 

A partir del proyecto Arte y creatividad para la prevención de la violencia de género en contextos vulnerables, se identificaron indicadores críticos: Jujuy registraba una tasa de femicidios de 2,82 en 2020, superior al promedio nacional (1,09). Existían 11 causas judiciales por femicidio en 2020 y 6.500 denuncias acumuladas entre 2016 y 2019 en el sistema de seguridad provincial. Se registraban altos niveles de embarazo adolescente, incluyendo casos en niñas de 10 a 14 años en contextos de abuso.

En ese contexto Vargas, licenciada en Psicología, comenta que El Escuchadero es un dispositivo innovador por “irrumpir en espacios comunitarios, sociales, deportivos y comerciales, con herramientas lúdicas que tienen como base la sensibilidad para una escucha creativa”. “Por ejemplo, se estableció un punto fijo en el Mercado Central 6 de Agosto, un lugar estratégico y accesible donde circula la vida cotidiana. Ahí, en medio del movimiento diario, cualquier persona puede detenerse y ser escuchada”, agrega.

Otro dato innovador que destaca la referente es la implementación de capacitaciones anuales (en las que se han capacitado 83 personas por año), para la transmisión de conocimientos generales y adquisición de herramientas, con el fin de formar facilitadores lúdicos para replicar en sus espacios de trabajo. “El impacto se mide por la cantidad de escuchas realizadas: 435 en 2024 y 582 en 2025. Además de las cerca de 3.000 personas al año que participan de las implementaciones lúdicas”, comenta.

El impacto de la articulación público-privada

Patricia Taboada, responsable de Desarrollo Institucional y Gerenta Operativa de Crear Vale la Pena, cuenta a +COMUNIDAD que el “diagnóstico no sólo permitió dimensionar la magnitud del problema sino evaluar la respuesta institucional”. La Fundación destacó la falta de articulación sostenida entre niveles (nacional, provincial, municipal), la fragmentación entre sectores (salud, justicia, desarrollo social, comunidad) y la baja integración de la información para la toma de decisiones.

En ese contexto se identifica la necesidad de un nuevo tipo de intervención, lo que dio lugar a una articulación entre la Municipalidad y la Fundación para desarrollar una metodología capaz de operar sobre el vínculo, la escucha y la construcción comunitaria. “El principal resultado del proyecto no se expresa en un único indicador cuantitativo consolidado, sino en la instalación de una infraestructura de escucha y orientación en territorio, articulada entre Estado y comunidad”, explica Taboada.

Tras los primeros dos años de implementación (2021–2022), para Crear Vale la Pena uno de los aspectos más relevantes fue su capacidad de traducir los hallazgos en respuestas concretas. En especial, a partir de espacios de escucha personalizada con agentes de salud. La orientación directa sobre recursos disponibles y derivación a dispositivos existentes, las actividades artísticas y lúdicas habilitaron formas de expresión que ampliaron la comprensión del malestar más allá de los lenguajes institucionales tradicionales.

Además, destacan el fortalecimiento de capacidades locales para la detección temprana, la mejora en la articulación entre áreas de gobiernos y actores comunitarios, la generación de redes de contención que reducen el aislamiento social. “En este sentido, el mayor impacto de El Escuchadero no es sólo la atención de casos, sino la construcción de condiciones para una respuesta comunitaria más integrada y sostenida”, sostiene Taboada. 

Sensibilidad, creatividad y articulación institucional

El Escuchadero se distingue por introducir una innovación conceptual y operativa: la transformación de la escucha en una infraestructura pública activa, abierta a la comunidad y capaz de articular dimensiones sociales, culturales y sanitarias. El dispositivo funciona simultáneamente en varios niveles: como espacio de escucha privada, como plataforma de acceso a información y recursos, y como entorno colectivo de expresión a través de propuestas artísticas y lúdicas. 

Para Taboada esta combinación amplía las posibilidades de detección y abordaje de problemáticas, especialmente aquellas que no emergen fácilmente en contextos institucionales formales. Por eso el proceso formativo se centró en el desarrollo de habilidades de escucha activa, en la comprensión de problemáticas complejas y en el uso de lenguajes artísticos como herramientas de mediación. En particular, la formación estuvo orientada a abordar los indicadores detectados en el diagnóstico —violencia de género, consumos problemáticos y salud mental— dotando a los equipos de herramientas específicas para la detección temprana, la escucha situada y la derivación adecuada.

La capacitación de los actores involucrados fue clave para sostener esta innovación.

Asimismo, la especialista cuenta que se trabajó en fortalecer la capacidad de articulación intersectorial, permitiendo que actores diversos operen desde una lógica compartida. “En este sentido, lo innovador de El Escuchadero no reside únicamente en el dispositivo en sí, sino en el modelo de intervención que propone: una forma de acción pública que integra sensibilidad, creatividad y articulación institucional”, resalta. 

Aprendizajes y transferibilidad de El Escuchadero

El trabajo conjunto con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy permitió consolidar un aprendizaje central: los problemas complejos requieren recursos, sí, pero también capacidades de articulación, escucha y construcción de sentido compartido. Vargas considera que el mayor aprendizaje es reconocer al dispositivo como una modalidad de trabajo en sí misma, que les permite a la institución profundizar en las inquietudes y acercarse a la comunidad desde la orientación e información. 

“Uno de los principales aprendizajes es que la escucha no puede ser concebida como una instancia aislada, sino como un proceso continuo que requiere institucionalización, formación y sostenimiento en el tiempo”, reflexiona Patricia Taboada. “También se comprobó que la construcción de confianza en el territorio es una condición indispensable para que las personas accedan a estos espacios y para que los dispositivos logren efectividad”, agrega a partir de la experiencia en Jujuy.

En términos de transferibilidad, la profesional cree que el componente crítico para replicar la experiencia no es únicamente el diseño del dispositivo, sino la combinación de tres elementos. Por un lado un diagnóstico territorial profundo que permita comprender el sistema en su conjunto. Por el otro, un proceso de formación multiactoral que construya capacidades compartidas, y una articulación efectiva entre Estado y comunidad que garantice la sostenibilidad de la iniciativa.

Respecto a los desafíos y limitaciones que encontraron en el proceso de implementación de la iniciativa, Mariana Vargas reconoce que no han sido significativas, dado que es un dispositivo que tiene trayectoria. Aún así señala que actualmente el desafío al que se enfrentan es el de la “construcción de legitimidad en el territorio”. Buscando ser reconocidos desde otro lugar: “es una propuesta de interacción diferente, no parte de lo conocido en el ámbito de la salud”.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Redacción +COMUNIDAD

La entrada El Escuchadero y una pregunta que abre paso a la salud integral en San Salvador de Jujuy se publicó primero en +COMUNIDAD.

La siesta en Los Charrúas se caracteriza por el silencio. En este pequeño municipio de la provincia de Entre Ríos, en Argentina, la vida pasa con esa quietud propia de los pueblos donde a menudo se escucha decir que “Dios está en todas partes, pero atiende sólo en Buenos Aires”. En 2021 ese silencio cambió de naturaleza. Ya no era por la calma del descanso, sino por el peso de lo que no se nombra. Ese año, en la comunidad de cerca de 5.000 habitantes, se detectaron cinco casos y varios intentos de suicidio.

Mientras el mundo intentaba rearmarse tras la pandemia, Los Charrúas registró una tasa de suicidios seis veces superior al promedio provincial. Entre Ríos ya era la provincia del país con la mayor tasa de suicidio: 15,3 casos cada 100 mil habitantes (según los últimos datos del Ministerio de Seguridad Nacional, en 2024 se situó en 19,8; la cifra provincial está 10 puntos por encima de la tasa nacional).

Entre los casos de 2021, se supo que tres fueron adolescentes o jóvenes, y uno de ellos, menor de 15 años. Fue entonces cuando un grupo de familias, docentes, pedagogos, líderes religiosos y especialistas coincidieron para revertir esta situación. 

“La evolución desde aquella emergencia de 2021 ha sido muy positiva: se ha registrado un solo caso desde ese periodo. Es decir, hace más de tres años que la ciudad no tiene casos de suicidios”, explica a +COMUNIDAD el psicólogo Sergio Brodsky. A partir de su intervención, la Municipalidad de Los Charrúas conformó una Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio para trabajar con casos que les permitan entender las distintas miradas, roles y modos de articular redes para resolver esta problemática. 

Una comunidad unida para frenar una crisis de salud mental

El programa implementado en Los Charrúas se estructuró en dos ejes. Por un lado, la prevención comunitaria, a través de charlas, capacitaciones y talleres de concientización. Por el otro, un abordaje clínico de los casos de riesgo. En ambos frentes se desarrollaron estrategias comunitarias “que fueron útiles para enfrentar este fenómeno multicausal, que tiene dimensiones sociales, subjetivas, económicas, laborales y culturales”, explica Brodsky.

En esa línea, Andrea Imoberdorff, intendenta de Los Charrúas, señala a +COMUNIDAD que su trayectoria previa en el ámbito sanitario le permitió involucrarse desde el inicio en el desarrollo del programa: “Vengo del ambiente de salud, conozco la problemática, y he participado en esta formación del programa de salud mental de la Municipalidad”. 

Además, remarca que la iniciativa se apoya en una articulación constante entre actores locales. “Al involucrar a toda la comunidad, la iniciativa tiene un sistema de comunicación constante entre el Centro de Integración Comunitaria (CIC), el área de salud mental municipal a cargo de Sergio, y un WhatsApp a disposición de cualquier vecino que quiera comentar algo”, agrega.

Como parte de la estrategia preventiva, se impulsan actividades en las escuelas. Se organizaron encuentros de salud mental con estudiantes y acciones de sensibilización. Una de las iniciativas que destaca Brodsky es “una folleteada con información preventiva en distintas problemáticas de la salud mental”, como bulimia, anorexia, adicciones, bullying, suicidio y depresión. Los temas fueron seleccionados por estudiantes, con el acompañamiento de docentes y del equipo de Prevención del Suicidio de la Municipalidad de Los Charrúas.

“La efectividad central del programa sigue siendo el estar”, resume el psicólogo. Y agrega: “Percibimos una conciencia de parte de los jóvenes, sobre todo en la franja de los adolescentes, que conocen mucho más acerca de la salud mental”. “Derribaron mitos en relación al acceso a la atención terapéutica a través de un psicólogo, los mitos de que el que va al psicólogo no está loco. Se trabajó mucho en la escuela para acceder al plano de la asistencia”, reflexiona el líder del Programa de Prevención del Suicidio. 

La salud emocional de la juventud de Los Charrúas

En relación con los intentos de suicidio, Brodsky señala que, desde que comenzó la intervención multiactor, se registraron algunas tentativas y que varias personas accedieron a atención psicológica a partir de situaciones de vulnerabilidad, principalmente en el Centro de Integración Comunitaria (CIC). “Gran parte de la prevención pasa por la posibilidad de una detección temprana de esas situaciones, lo que evaluamos como datos de integración de los jóvenes y que reflejan que el modelo de abordaje del suicidio sigue siendo efectivo”, explica.

Esa detección se apoya, en gran medida, en las instituciones de la comunidad. Las señales de alerta —vinculadas a contextos de vulnerabilidad o riesgo— suelen ser identificadas en ámbitos como la escuela, que cumple un rol central. A partir de esos indicios, se activa una respuesta asistencial inmediata, como resultado del trabajo sostenido de información y sensibilización realizado en los últimos años.

La intendenta Imoberdorff destaca el papel de las tres radios de la ciudad, donde se promovió la figura del “chismoso solidario” como herramienta para visibilizar la problemática y acercar información a la comunidad. En ese marco, sostiene que “las diferentes estrategias empleadas a partir de la Mesa Interinstitucional para la Prevención del Suicidio estos últimos tres años y medio le devolvieron a Los Charrúas la esperanza de un presente y futuro en donde sus jóvenes estén a salvo”. 

La mesa continúa en funcionamiento, aunque enfrenta nuevos desafíos. Brodsky advierte que la ausencia de casos en el último tiempo, si bien es un dato positivo, también complejiza la continuidad de los espacios de encuentro: “Al no producirse afortunadamente casos de suicidio, es más complejo poder sostener los encuentros que se hacían, por eso estamos intentando actualmente volver a reunirnos”.

Los próximos pasos

Después de un trabajo “muy intenso y fructífero” de varios encuentros en los que todos los representantes de las instituciones se reunían para trabajar y comprender el rol de cada una en la prevención del suicidio, a Los Charrúas le toca reforzar la apuesta. 

A fines de abril de 2026 se realiza una charla abierta a la comunidad para lanzar nuevamente el proceso de trabajo de la mesa, que tuvo como uno de sus grandes hitos la implementación del programa y la respuesta comprometida de la comunidad.

En ese camino el psicólogo Brodsky destaca, como uno de los aspectos más innovadores de esta iniciativa, el trabajo articulado con la escuela a través de talleres y cursos donde se trabaja con estudiantes sus preocupaciones, angustias y miedos. “El trabajo de capacitación con la institución es innovador porque, si bien está en algunos desarrollos teóricos, se ha realizado muy poco de manera sostenida y sistemática este tipo de proyectos, y nosotros hicimos nuestro propio camino al andar”, remarca.

Un modelo posible para pensar en otras localidades

Con el recambio generacional, surge un nuevo desafío: sostener los aprendizajes en el tiempo. Muchos de los actuales adolescentes eran niños durante la crisis que dio origen al programa. Sobre este punto, Brodsky plantea que la prevención requiere continuidad. “El trabajo de aprendizaje y prevención es permanente, sobre todo en la escuela secundaria, que es donde hacemos foco. La escuela sí ha sido, a diferencia de otras instituciones, un trabajo permanente, sistemático. Todas las semanas se trabaja allí y eso hace que todos estos mecanismos de prevención estén siempre presentes”, explica.

Consultado sobre la posibilidad de replicar la experiencia en otras ciudades, el especialista considera que es viable, siempre que se adapten las estrategias a cada contexto. “Aquí el programa ha tenido muy buenos resultados por el compromiso de la comunidad y por la metodología de capacitación de todos los actores institucionales en el aprendizaje de por qué el suicidio se puede prevenir, qué es la prevención primaria, cómo se promueven los factores protectores del suicidio, entre otras variables”, afirma.

En ese sentido, subraya la importancia de clarificar los roles de cada actor —docentes, referentes religiosos, entrenadores, vecinos— y de fortalecer la articulación en red ante situaciones de riesgo. Se trata de un enfoque sencillo en su formulación, pero exigente en su implementación, dice Brodsky. Esa combinación, sostiene, es la que permitió sostener la experiencia en Los Charrúas y la que puede ofrecer aprendizajes valiosos para otras comunidades, siempre con las adaptaciones que cada contexto y cada idiosincrasia requiera.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

La entrada La red de quienes escuchan: cómo Los Charrúas frenó una crisis de salud mental se publicó primero en +COMUNIDAD.

¿Funciona el sistema de salud? 

Tandil es una ciudad con 150.000 habitantes con un sistema de salud robusto -al que se le asigna casi el 40% del presupuesto municipal- denominado Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). 

Dentro de sus fortalezas podemos mencionar un sistema de información integrado en todos los puntos de atención, implementado desde el año 2010. Este sistema nos permite conocer que los 15 Centros de Salud Comunitaria y las cuatro postas rurales atienden cerca de 200000 consultas por año. 

¿Esto es suficiente? ¿Significa que estamos brindando buenos servicios? ¿Estamos previniendo enfermedades y muertes evitables? ¿La población está satisfecha con este sistema?  ¿El uso de recursos es eficiente? 

Medir lo que importa en los Centros de Salud

Las evaluaciones tradicionales de los Centros de Atención Primaria en Argentina siguen centradas en la medición de consultas. Con la incorporación de sistemas de información electrónica estas mediciones en vez de madurar, se exacerbaron; ahora se miden las agendas: ocupación, ausentismo, duración de la consulta, demora en la asignación de turnos, etc. Pero poco nos dicen sobre el desempeño del sistema. 

Es el equivalente a una escuela que nos informa la cantidad de estudiantes y los días que asisten a clases pero no nos dice nada sobre su aprendizaje. ¿Acaso la escuela no está para enseñar y favorecer el aprendizaje? Los días de clase son sin duda algo necesario, pero son insuficientes para dar cuenta del desempeño o para impulsar procesos de mejora. 

Asumiendo la conocida frase “no se puede mejorar lo que no se mide” y reconociendo que lo que medíamos estaba resultado insuficiente, emprendimos este desafío de medir lo que importa. Esto implicó discutir para qué están los centros de salud -la misión institucional- y nos sorprendimos de lo heterogéneo de las miradas. 

Teniendo este desafío en nuestra agenda de gestión, aceptamos la invitación que nos hizo el IECS (Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria), un organismo afiliado a la Universidad de Buenos Aires, de impulsar una investigación vinculada a la detección y atención de personas con diabetes. 

Con ellos logramos desarrollar un tablero para medir cómo nos estaba yendo en cuanto a detección, seguimiento, tratamiento y control adecuado de personas con diabetes en cada uno de los barrios de Tandil. Luego extendimos este análisis a otras problemáticas como hipertensión arterial, coberturas de vacunación y estamos en este momento trabajando en la incorporación de otras variables. Lo que iniciamos fue una cultura de medición y mejora contínua.

Hacerse cargo de los resultados -impulsar la mejora contínua. 

Los números que estos tableros nos mostraron nos preocuparon. 

Si bien en algunas dimensiones teníamos buenos resultados, como coberturas de vacunación, que supera las medias provinciales -a modo de ejemplo la cobertura contra Hepatitis A en el 2024 fue del 75,8 en la provincia de Buenos Aires, contra el 93,6 en Tandil-. En otros, estábamos tan mal como la mayor parte de los sistemas de salud de América Latina: el Primer Nivel de Atención no estaba logrando un control adecuado de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 

En nuestro caso, menos del 10% de las personas con Hipertensión Arterial logra un control adecuado de su problema -se considera que una persona hipertensa tiene bien controlada su presión cuando la última medición de presión arterial tiene menos de 6 meses y está por debajo de 140/90 mmHg-. Estamos hablando del principal factor de riesgo para las dos primeras causas de muerte en el mundo que son la enfermedad coronaria y el Accidente Cerebro Vascular.  

Hace 3 años comenzamos con estas mediciones, que se reportan regularmente a los equipos. Los reportes incluyen desde Escuelas visitadas por Centro de Salud, hasta cantidad de usuarias de métodos anticonceptivos, porcentaje de mujeres que realizaron prácticas como rastreo de cáncer de cuello de útero o de mama contrastado contra la población esperable que debería acceder a esa práctica entre otros Se envían listados nominalizados de pacientes que requieren algún tipo de vacuna o monitoreos de indicadores estratégicos. 

Esto permite realizar planificaciones locales en los Centros de Salud y a nivel del Sistema Integrado de Salud Pública Municipal. 

En relación a las ECNT  identificamos lo que se denomina “cascada de la hipertensión” -y algo similar para diabetes- por lo que comenzó una estrategia multicomponente para intervenir sobre cada una de las caídas. La primera oportunidad de mejora está en detectar a quienes no conocen su diagnóstico -la primera caída de la cascada-. Para esto comenzamos a realizar “Rondas Sanitarias”, con agentes sanitarias que se capacitaron y están recorriendo los barrios, casa por casa, para detectar problemáticas prevalentes y facilitar el acceso al sistema de salud. 

La segunda oportunidad de mejora estuvo en el control adecuado de quienes ya se estaban atendiendo. Para esto se definió un protocolo unificado de tratamiento de la Hipertensión y se capacitó a todos los médicos de los Centros de Salud. Este protocolo fue una adaptación  del propuesto por la “iniciativa HEARTS” de la Organización Panamericana de la Salud. 

¿Cómo seguimos? 

Tenemos todavía muchas oportunidades de mejora. Una de ellas, en la que ya comenzamos a trabajar, es en el seguimiento de las personas a las que se les detecta alguna de las condiciones crónicas. 

Para esto armamos un programa de capacitación destinado a enfermería para desarrollar competencias en el abordaje de las ECNT. La capacitación aún no comenzó a dictarse pero se presentó como curso de postgrado y ya cuenta con el aval de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN).

Más allá de esta propuesta, y de los resultados que vayamos obteniendo, lo que es claro es que queremos seguir por este camino, un camino de mejora contínua, con medición de indicadores sanitarios que contribuyan a un sistema de salud cada vez más efectivo. 

(*) Tomás Baliña es médico, especialista en medicina general / familiar y doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Se desempeña como titular de Salud Comunitaria IV en la Universidad Nacional de Hurlingham, donde publicó su último libro: Manual de Gestión de Centros de Atención Primaria de la Salud.

Esta columna “Desde el territorio” forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

La entrada Evaluar para mejorar: cómo Tandil transforma su atención primaria con datos  se publicó primero en +COMUNIDAD.

En San Miguel, al noroeste del conurbano bonaerense, alguien puede ver algo extraño en la calle y escribirlo en un chat de WhatsApp. En segundos, ese mensaje ingresa al Centro de Operaciones del municipio, donde un operador lo cruza con las cámaras cercanas y despacha a la patrulla más próxima. La respuesta llega en menos de cinco minutos. El sistema es cada vez más conocido y se llama Ojos en Alerta, empezó en 2016 con un grupo de choferes de remis y hoy integra a más de un millón de personas distribuidas en 103 ciudades argentinas.

La herramienta no funciona sola. Detrás de cada mensaje hay un cuerpo de Policía Municipal que también cumple 10 años, un Centro de Operaciones que integra cámaras y denuncias, patrullas distribuidas por cuadrículas y una decisión política: asumir la prevención del delito como una competencia propia.

Esa combinación —tecnología accesible, inversión en infraestructura, voluntad institucional y Policía Municipal— ordena buena parte de la agenda de gestión del distrito. Es también parte de lo que permitió a San Miguel obtener, en 2026, la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL).

Encabezada por el intendente Jaime Méndez, la gestión local construyó en la última década un modelo que se proyecta más allá de la seguridad. En paralelo, el municipio sostuvo una política de primera infancia que empieza antes del nacimiento, convirtió un predio judicial abandonado en una reserva natural con salida al Río Reconquista, lanzó un hub tecnológico que forma programadores en barrios vulnerables y consolidó un calendario cultural con eventos que ya cumplieron diez años. 

Se trata de un modelo que atraviesa áreas distintas pero se sostiene sobre una misma premisa: el municipio es la primera ventanilla a la que llega la demanda ciudadana y, por lo tanto, tiene que responder. Y, para que eso ocurra, debe haber eficiencia en procesos internos. Las siguientes cinco políticas muestran cómo ese conjunto se integra en una manera de gestionar.

1. Ojos en Alerta: el vecino como primer sensor

En San Miguel, como en buena parte del conurbano bonaerense, la inseguridad se manifestaba en robos, siniestros viales, violencia de género y delitos contra el comercio. Había una particularidad local: pocos de quienes presenciaban un hecho llamaban al 911. La desconfianza hacia las fuerzas de seguridad y la cultura del “no te metas” convivían con la percepción cotidiana del delito.

La respuesta municipal combinó dos decisiones. La primera fue institucional: en julio de 2015 se creó formalmente la Policía Municipal, una fuerza jerarquizada que depende del Intendente y opera sobre el espacio público, con binomios compartidos con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La segunda decisión fue tecnológica. Concebida por Cristian “Piojo” Méndez, entonces secretario de Comunicación del distrito, la herramienta nació en 2016 como prueba piloto y se abrió al público general en 2018. El punto de entrada fue WhatsApp, la aplicación que los vecinos ya usaban a diario. La convocatoria empezó por quienes más circulan —choferes de remises y colectivos— y luego sumó comerciantes, encargados de edificios y cualquier vecino capacitado.

La lógica de fondo fue recolectar información que el sistema tradicional no estaba captando. “En Argentina, el 60% de los delitos no se denuncian”, explica Méndez. “Si no tenés datos, no podés prevenir”, insiste.

Los mensajes llegan al Centro de Operaciones Municipal, donde convergen también las imágenes de las cámaras de la vía pública. El operador activa la patrulla de la cuadrícula correspondiente y, en promedio, un móvil llega al lugar en menos de cinco minutos. Es decir, se activa la Policía Municipal. Las alertas procesadas anualmente en San Miguel alcanzan las 41.000, los usuarios activos del sistema en el distrito superan los 120.000 y el 85% de los reportes son para ayudar a otra persona.

El impacto sobre el delito responde a la suma de varios instrumentos: Ojos en Alerta, aplicación de inteligencia artificial, lectores de patentes, renovación de móviles y armas no letales. Méndez señala que en delitos con registro confiable —robo automotor, hurto, robo de motos y homicidios— el descenso en la última década se ubicó entre el 50 y el 75%. También refuerza que todo esto funciona porque está la Policía Municipal detrás.

El modelo se exportó sin franquicias ni costos de licenciamiento. Las 103 ciudades argentinas que lo replican tienen cada una su propio WhatsApp y su propio Centro de Operaciones, con capacitación de los equipos locales a cargo de San Miguel. En 2024, RIL reconoció al distrito como Ciudad Inspiradora por este programa. En julio de ese mismo año, la provincia de Córdoba firmó un convenio para adoptarlo. 

Lo que parece un gesto simple —escribir tres líneas en un chat de WhatsApp— se sostiene sobre una infraestructura pensada, financiada y operada por el municipio.

2. Primera infancia: del embarazo al jardín, sin que nadie quede afuera

La mortalidad materno-infantil y la prematurez tienen un denominador común: la falta de controles prenatales. La Subsecretaría de Primera Infancia de San Miguel diseñó un sistema escalonado que empieza antes del nacimiento y se extiende hasta que el niño ingresa al jardín de infantes.

La primera pieza es el Camino de la Embarazada (CDLE). Combina rastrillaje casa por casa, operativos con unidades móviles equipadas para controles obstétricos y ecografías, y una línea telefónica —Red Madre— que funciona como puerta de entrada directa. 

“Buscamos a mujeres embarazadas que no tengan algún control y hacemos un par de preguntas para detectar si están realizando los controles en fecha”, describe Alida, encuestadora del programa, en un registro audiovisual del municipio. María José, una madre que ingresó al programa sin saber que estaba embarazada, resume el impacto desde el otro lado del circuito: “Vinieron y me ayudaron con el tema de los turnos. Acá nunca te vas a sentir discriminada”.

En 2018, el dispositivo redujo en un 20% la cantidad de mujeres que llegaban al parto sin controles, y la mortalidad infantil local se ubicó por debajo del promedio provincial. La gestión 2025 muestra que el programa se consolidó: 84 operativos asistieron a 704 embarazadas, y el 94% de los nacimientos acompañados fueron a término.

Cuando el niño nace, comienza Los Primeros Mil Días, dirigido a familias en situación de extrema vulnerabilidad hasta los dos años de edad, con acompañamiento domiciliario que articula salud y desarrollo social. 

“Estamos en contacto por mensaje: cómo están los chicos, cómo van los controles, cuánto pesan”, cuenta Cintia, una de las madres acompañadas, en un registro municipal. Lo que más valora, dice, es “la parte humana: ver que hay personas que se preocupan por las necesidades de otras”. En 2025, el programa alcanzó a 339 niños. El 45% de las intervenciones requirió, en algún momento, la participación del Servicio Local para medidas de protección o seguimiento, un dato que describe la complejidad social sobre la que opera la política.

El tercer eslabón son los Centros de Desarrollo Infanto Familiar (CDIF). Los diez centros del distrito atienden a niños de 45 días a 3 años en espacios de estimulación, nutrición y socialización, y hacen seguimiento para que ningún niño “caiga” del sistema al terminar el ciclo. En 2025, de 206 niños seguidos, el 100% se inscribió en el jardín de infantes y el 88,7% asistía de manera regular. Para Macarena, madre de una de esas niñas, el CDIF es “un lugar de contención” que, sobre todo, le da “tranquilidad”.

La política incluye una línea adicional que trabaja sobre el entorno adulto: Proyecto de Vida acompaña a las madres beneficiarias de Mil Días con talleres de oficios y un pilar complementario, Hecho en Casa, orientado al emprendedurismo autogestivo. En 2025, 17 mujeres completaron la formación y participaron en ferias municipales.

“En San Miguel cuidamos la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte”, enfatiza la Municipalidad que encabeza el intendente Jaime Méndez.

3. Reserva Natural Urbana El Corredor: de chatarrero judicial a pulmón verde

En 2010, San Miguel contaba con apenas 1,10 m² de espacio verde por habitante, muy por debajo de los 10 m² recomendados a nivel internacional. En paralelo, en Bella Vista, un predio de 8 hectáreas a orillas del Río Reconquista funcionaba como chatarrero judicial: más de 2.200 vehículos acumulados desde 2004 y un basural clandestino de residuos áridos. El mismo terreno, sin embargo, tenía 290 metros de costa sobre el río y ecosistemas nativos con especies vegetales de más de un siglo.

La decisión del municipio fue recuperar ese pasivo ambiental y convertirlo en un activo público. Trabajar sobre el predio fue, literalmente, partir del cero. “Era un suelo sin nutrientes, sin vida”, resumió en una entrevista con Infobae en 2022 Alejandro Hillar, entonces coordinador de actividades en la reserva y trabajador de la Subsecretaría de Ambiente del municipio.

El diseño se apoyó en dos principios poco frecuentes para una obra de esta escala: uso de recursos existentes y participación comunitaria. El saneamiento pesado se ejecutó aprovechando los tiempos ociosos de los equipos de Obras Públicas e Higiene Urbana. Los restos de poda se compostaron como materia orgánica para mejorar el suelo. Las maderas de descarte se reutilizaron para cartelería y senderos. La reforestación se apoyó en donaciones de otras reservas naturales y en acciones de responsabilidad social empresarial.

Los resultados son tangibles. Se erradicaron 2.400 vehículos y 300 toneladas de chatarra. La superficie de espacios verdes públicos del distrito creció un 30%. La presencia de animales silvestres aumentó un 133%, con más de 200 especies registradas. Cada año se plantan más de 1.000 ejemplares nativos y la reserva recibe más de 40.000 visitantes y voluntarios anuales, con 100 escuelas de la región vinculadas a su programa educativo.

El marco normativo blindó el proyecto contra los ciclos políticos. La Ordenanza 13/2016 creó formalmente la reserva. La Ordenanza 41/2017 estableció un “banco de árboles nativos” alimentado por las sanciones aplicadas a extracciones no autorizadas: los ejemplares talados ilegalmente se transforman en unidades nuevas para la restauración.

En 2021, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación distinguió a San Miguel con la 12° mención en el Concurso de Experiencias Innovadoras de Planificación. En noviembre de 2025, CNN en Español cubrió la transformación del chatarrero en reserva dentro de su especial Día del Llamado a la Tierra, como caso internacional de restauración ambiental urbana.

El indicador menos medible es también el más revelador. Tras cerca de cinco décadas, los vecinos volvieron a remar en las aguas del Río Reconquista a través del festival La Reconquista del Río. Para Hillar, la reserva es, sobre todo, “un espacio para que la gente reconecte con la naturaleza”. Un predio que había sido patio trasero de la ciudad pasó a ser, literalmente, uno de sus frentes.

4. Usina Tecnológica: formar para la economía del conocimiento

La política educativa de San Miguel parte de un diagnóstico operacional: el desacople entre la formación secundaria disponible en el distrito y los perfiles que demanda el mercado laboral tecnológico.

La respuesta es la Usina Tecnológica (UTEC), un hub inaugurado como parte del Plan DECTI (Desarrollo de la Economía del Conocimiento). Combina 178 m² de coworking gratuito con cuatro aulas equipadas con kits de robótica, impresoras 3D y computadoras táctiles de 75 pulgadas. En alianza con la Universidad Nacional de Luján y la Universidad Tecnológica Nacional, se lanzaron carreras cortas en tecnología inéditas en el distrito.

Desde su puesta en marcha, 10.000 personas participaron de iniciativas educativas, con más de 4.000 egresados. Mil jóvenes de barrios vulnerables accedieron a becas en programación y marketing digital. Las sucesivas ediciones del Hackatón convocaron a 1.100 jóvenes. En 2025, 140 alumnos de escuelas técnicas cumplieron las 200 horas obligatorias de prácticas profesionalizantes en áreas municipales, y la Expo Joven “Yo elijo mi Futuro” reunió a 1.820 personas.

La política educativa no se agota en el eje tecnológico. En paralelo, la gestión sostiene dispositivos orientados a fortalecer la identidad educativa del distrito: los Nucleamientos Educativos —encuentros barriales donde las escuelas exponen sus producciones anuales— convocaron en 2025 a 150 escuelas y 6.898 personas; la Promesa a la Bandera en Campo de Mayo reunió a 4.000 alumnos y 10.000 asistentes; las jornadas pedagógicas capacitaron entre 500 y 800 docentes.

“El proyecto Abanderados fue movilizador para toda la comunidad educativa”, sintetiza Cecilia Garrido, del Complejo Educativo Club Atlético San Miguel. “Fue una oportunidad de sumar emoción real a lo simbólico”, agrega.

Sumados todos los dispositivos, 54.167 alumnos se integraron a proyectos de articulación municipal en 2025. Los Nucleamientos Educativos y las prácticas profesionalizantes se realizan desde la Dirección de Experiencias Educativas de la Secretaría de Educación. “No se limita a lo tecnológico. El área reafirma su rol como corazón ejecutor de una política que busca, ante todo, una educación presente, técnica y profundamente humana”, destacan desde la Municipalidad.

5. Un calendario cultural que potencia la vida comunitaria

La fragmentación social y el debilitamiento de los vínculos comunitarios en entornos urbanos son fenómenos que parecen resistirse a la política pública tradicional. En San Miguel, la respuesta fue construir un calendario anual de eventos culturales que ocupan la ciudad con regularidad y se financian con la infraestructura existente.

La Plaza de las Carretas, la catedral del distrito, el corredor aeróbico sobre la avenida Francia y el Centro Cívico alojan encuentros con un formato común: participación activa de la sociedad civil, protagonismo de artistas y ballets locales, y convocatoria intergeneracional. El Carnaval Criollo, que en 2026 cumple diez años, reúne entre 5.000 y 8.000 personas antes del inicio de la cuaresma. La Maratón San Miguel Arcángel convoca a 5.000 inscriptos en sus pruebas aeróbicas. El Festival Criollo y la Fiesta Patronal —heredera de una tradición iniciada en 1896— suman cada uno 4.000 asistentes. La Noche de los Libros, también con diez años de continuidad, es el evento con mayor convocatoria: 10.000 asistentes en diciembre, al aire libre, entre libreros, editoriales y escritores.

El criterio de eficiencia en esta política es menos evidente que en las anteriores, pero está presente. El presupuesto cultural se optimiza al priorizar el protagonismo de ballets, grupos folclóricos y artistas locales por sobre producciones externas de mayor costo. La infraestructura urbana se usa como escenario en lugar de construir recintos específicos. La programación se concentra en fechas ya significativas para la comunidad —carnaval, fiestas patronales, conmemoración del 2 de abril—, lo que multiplica el impacto simbólico sin duplicar el gasto.

Lo que el municipio busca, según el propio plan cultural, es que los vecinos “se sientan parte de algo más grande y se reconozcan entre sí”. La formulación es difícil de medir, pero tiene un correlato visible en los diez años de continuidad que algunos eventos ya acumulan.

Gestionar desde el primer mostrador

Las cinco políticas descritas no son proyectos aislados. Son piezas de una manera de gestionar que asume que el municipio es, como suele decirse en el propio lenguaje interno de la Intendencia, el “primer mostrador” de la demanda ciudadana. Esa premisa lleva al gobierno local a responder incluso cuando la Constitución no le asigna la competencia de manera formal.

En un distrito del conurbano bonaerense que enfrenta los problemas típicos de los gobiernos locales latinoamericanos —demanda creciente, recursos limitados, competencias ambiguas—, San Miguel construyó una agenda que trata de ordenar lo que tiene a mano y medir lo que hace. La certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente obtenida en 2026 por el programa 100 Ciudades Certificadas de RIL es la consecuencia institucional de ese recorrido.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en San Miguel, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero, Santa Rosa y Junín:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron una distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

La entrada Cinco políticas que reflejan eficiencia municipal: el caso de San Miguel se publicó primero en +COMUNIDAD.

Por Fernando Diorio (*)

Un viernes por la tarde, en el auditorio chico de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos, Argentina), un grupo de emprendedores se reúne como lo hace cada dos meses. No hay escenario ni presentaciones formales. Las sillas se acomodan en ronda y la conversación empieza rápido: ventas que bajaron, proveedores que subieron precios, ideas para llegar a nuevos clientes.

El encuentro forma parte del Club de Emprendedores, un espacio que el municipio impulsa desde 2020, con un paréntesis en pandemia, para que quienes están desarrollando proyectos productivos puedan encontrarse, compartir experiencias y aprender entre pares. No es una incubadora ni un programa de financiamiento. Es, sobre todo, una comunidad que se reúne a conversar sobre lo que significa emprender en una ciudad intermedia. El Club, es fruto del entonces Concurso de Innovadores Locales de RIL, año 2018 (hoy es el Programa de Innovadores Locales).

Durante estos seis años de trayectoria, este espacio contó con 1320 participaciones y 320 emprendimientos únicos.

Vinculaciones público-privadas que surgieron en el club

Lo que comenzó como una charla entre vecinos derivó en una red de soluciones prácticas que hoy son parte de la economía local. El Club de Emprendedores se transformó en un laboratorio de vinculación horizontal y de organización de compras colectivas. Emprendimientos gastronómicos y textiles lograron reducir costos unitarios y mejorar su poder de negociación al unirse para adquirir insumos en escala. 

En paralelo, la asistencia técnica entre pares permite que diseñadores y expertos en comercialización digital del mismo grupo brinden mentoría y capacitación a sus compañeros, elevando la calidad visual y estratégica de los proyectos más incipientes sin costo alguno.

^{Kermes en el Espacio Deportivo y Cultural. Imagen: Municipalidad de Concepción del Uruguay.}

Esta dinámica también fomentó la colaboración productiva, como la creación de líneas conjuntas entre fabricantes de velas y carpinteros, o la participación en ferias regionales para compartir gastos de logística y exhibición. Con el tiempo, se consolidó un circuito de servicios cruzados, con contratación interna de diseño, fotografía o packaging, que asegura que el valor económico permanezca dentro de la comunidad. 

El club funciona hoy como un espacio de inteligencia distribuida, donde la validación de ideas y la identidad colectiva actúan como un puente institucional, permitiendo que el ecosistema local no solo sobreviva, sino que innove de manera incremental a partir del intercambio genuino.

Financiamiento para emprendedores

En medio de ese intercambio que suele darse cada mes en el club aparece una pregunta que, tarde o temprano, siempre llega:

━ ¿Este año va a haber financiamiento para emprendedores?

La respuesta fue breve. No.

Los programas que habían funcionado en años anteriores ya no estaban disponibles, y el municipio había decidido concentrar sus recursos en otras áreas productivas. No había nuevas líneas abiertas ni herramientas económicas para ofrecer en el corto plazo.

La reunión siguió. Nadie se levantó de la ronda. Pero esa escena deja planteada una pregunta que atraviesa a muchos gobiernos locales: ¿cómo sostener legitimidad cuando el municipio no tiene recursos para acompañar?

^{Panorámica de Concepción del Uruguay. Imagen: Google.}

La conversación que nadie quiere tener

Los municipios suelen ser la primera puerta a la que golpean vecinos, emprendedores o instituciones cuando necesitan apoyo. Eso ocurre incluso cuando muchas de las herramientas dependen de políticas provinciales o nacionales.

Cuando esas herramientas desaparecen o se reducen, aparece un momento incómodo para cualquier equipo de gobierno: explicar que no hay respuestas inmediatas.

Frente a esa situación, es habitual intentar ganar tiempo. Prometer gestiones futuras, esperar a que aparezca algún programa o trasladar responsabilidades hacia otros niveles del Estado.

Es una reacción comprensible. Nadie disfruta decir que no.

Sin embargo, la experiencia muestra algo simple: lo que más desgasta la relación entre el Estado local y su comunidad no es la falta de programas. Es la falta de claridad.

Las conversaciones difíciles, cuando se dan con honestidad, suelen generar algo que no siempre se espera: comprensión.

^{Club de Emprendedores. Imagen: Municipalidad de Concepción del Uruguay.}

Lo que ocurre cuando el vínculo es real

En aquella reunión del Club de Emprendedores, después de explicar que ese año no habría herramientas de financiamiento, la conversación tomó otro rumbo.

Algunos participantes comenzaron a contar cómo estaban resolviendo problemas similares. Uno habló de compras compartidas de insumos. Otro mencionó una red de recomendación entre emprendedores. Una diseñadora contó cómo estaba intercambiando servicios con otros proyectos locales.

El encuentro terminó sin anuncios ni programas nuevos, pero con algo distinto: una comunidad que empezaba a reconocerse como parte de la solución.

Para el equipo de la Coordinación de Desarrollo Emprendedor, ese momento dejó un aprendizaje importante. Cuando el vínculo con la comunidad es genuino, la relación no depende únicamente del presupuesto disponible.

La otra conversación, la que ocurre dentro del Estado

Hay una dimensión de estas situaciones que rara vez aparece en las notas de gestión. Dentro de los gobiernos también existen prioridades políticas.

Algunas áreas concentran mayor atención institucional. Otras trabajan con márgenes más reducidos, menos recursos y menor visibilidad.

Para quienes están al frente de esas políticas (desarrollo emprendedor, cultura, innovación, ambiente) la frustración puede volverse una compañera frecuente. Equipos técnicos formados, con vocación pública, que muchas veces sienten que podrían hacer más de lo que el contexto les permite.

El riesgo es conocido. Primero aparece el desgaste. Después el enojo. En algunos casos, la decisión de irse.

Cuando eso ocurre, los municipios pierden algo que no figura en ningún presupuesto: experiencia, conocimiento territorial y personas que todavía creen que el Estado local puede mejorar la vida cotidiana de su comunidad.

Cuidar a esos equipos también es parte de gobernar.

Lo que sí puede hacer un municipio

Trabajar con recursos limitados obliga a redefinir el rol del Estado local. No siempre es posible ofrecer financiamiento o programas de gran escala, pero sí hay prácticas que pueden sostener el vínculo con la comunidad.

Entre ellas:

• generar espacios de encuentro entre actores del territorio
• compartir información clara sobre las decisiones de gobierno
• mantener abiertos los canales de diálogo con quienes emprenden
• reconocer los límites de la gestión sin desaparecer de la conversación

El Club de Emprendedores nació con un objetivo sencillo: que las personas que emprenden en la ciudad pudieran encontrarse, compartir experiencias y aprender unas de otras. Con el tiempo también se convirtió en otra cosa: un espacio donde el municipio puede seguir presente incluso cuando no tiene herramientas económicas para ofrecer.

La legitimidad también se construye así

En muchos municipios de América Latina, la gestión cotidiana ocurre en contextos de recursos escasos y demandas crecientes. En ese escenario, la legitimidad del Estado local no depende solo de los programas que puede financiar.

También depende de algo más básico: la capacidad de sostener el vínculo con la comunidad incluso en momentos incómodos.

Explicar decisiones. Compartir límites. Seguir conversando.

Porque cuando el Estado desaparece de la conversación pública, no solo se pierden programas. También se pierde confianza.

Y la confianza es un recurso mucho más difícil de reconstruir que cualquier presupuesto.

Tal vez la primera responsabilidad de un gobierno local no sea tener siempre respuestas, sino no levantarse de la ronda cuando las respuestas faltan.

(*) Fernando Diorio trabaja en desarrollo emprendedor desde el ámbito público, la sociedad civil y la educación. Es parte de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Asociación Civil Fortalecer y participa como facilitador en Junior Achievement. Además, en 2021 fue uno de los funcionarios seleccionados para ser parte del Programa Embajadores de la Red de Innovación Local (RIL).

La entrada “El valor de no desaparecer”: aprendizajes desde un Club de Emprendedores municipal se publicó primero en +COMUNIDAD.

Matías trabaja en una finca del distrito El Marcado y rara vez puede tomarse un día para ir al médico. Pero esa mañana de 2025, en el operativo que el municipio montó en la finca La Agrícola, se hizo un control completo sin moverse de su lugar. “Están muy buenos estos servicios. Uno que trabaja por ahí no tiene tiempo de ir a hacerse controles médicos, y acá vienen médicos especialistas y nos preguntan todo sobre la salud”, cuenta.

A casi 100 kilómetros de la sede municipal, un vecino de Ñacuñán, el paraje más remoto del departamento, dice algo parecido: “Que la Municipalidad se preocupe por la gente de este lugar me parece genial. Tenemos muchos tratamientos que no podemos hacer de forma constante por una condición económica y porque estamos lejos”.

Estas escenas ocurren en Santa Rosa, un departamento mendocino de más de 8.000 km² de extensión —uno de los más grandes y menos densamente poblados de la provincia— donde la distancia física puede convertirse en una barrera para ejercer derechos básicos. Con poco más de 19.000 habitantes distribuidos en seis distritos dispersos entre la llanura y los médanos, gobernar con eficiencia aquí tiene un significado concreto: que el Estado llegue donde la gente vive.

Esa definición orienta un conjunto de políticas que el municipio viene desarrollando en los últimos años. Desde la planificación territorial hasta la gestión de residuos, desde la modernización administrativa hasta la apertura de datos, Santa Rosa construyó un enfoque donde la eficiencia busca superar los procesos internos para traducirse en acceso, cercanía y respuestas verificables.

En diciembre de 2025, el municipio obtuvo la certificación de Ciudad Líder en Gestión Eficiente del programa 100 Ciudades Certificadas de la Red de Innovación Local (RIL). “No es un trofeo administrativo. Es el reconocimiento a una decisión política: la decisión de que el Estado municipal funcione mejor”, afirma a +COMUNIDAD María Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa. “Cada proceso que se mejora, cada dato que se abre, cada trámite que se simplifica termina impactando en algo muy simple pero muy profundo: la calidad de vida de los vecinos”, añade.

Cinco políticas permiten observar cómo se implementa esa lógica de eficiencia en la práctica.

1. Operativos territoriales “Cerca de vos”: el Estado que va

En Santa Rosa, la distancia no es una metáfora. El distrito de Ñacuñán está a unos 100 kilómetros de Villa Cabecera, la sede municipal. Llegar hasta allí implica, para muchas familias, un viaje que consume tiempo, dinero y, en algunos casos, un día entero de trabajo.

Frente a esa realidad, el municipio puso en marcha los operativos “Cerca de vos”, un dispositivo itinerante que lleva servicios del Estado directamente a los barrios y parajes del departamento. En cada jornada convergen hasta 11 áreas municipales: Atención Primaria de Salud, Desarrollo Social, Género y Diversidad, Discapacidad, Vivienda, Empleo, Defensa del Consumidor, Zoonosis, Adulto Mayor, Relaciones con la Comunidad y Salud. El programa incluye un quirófano móvil de zoonosis que permite vacunar y castrar mascotas in situ, una prestación que en zonas rurales dispersas resulta difícil de garantizar por otros medios.

Durante 2025, se realizaron 21 operativos y se atendieron 1.221 personas. Los números pueden parecer modestos en términos absolutos, pero adquieren otra escala cuando se los lee en proporción a la población y al territorio: significan que el municipio llegó, en promedio, a más del 6% de sus habitantes en un año, en un departamento donde muchos vecinos viven a decenas de kilómetros del centro más cercano.

“Santa Rosa tiene más de ocho mil kilómetros cuadrados. Si el Estado espera que todos vengan hasta la ciudad, la distancia termina convirtiéndose en una barrera para ejercer derechos”, explica a +COMUNIDAD Marcela Otaño, directora de Desarrollo Social y Derechos Humanos. “Por eso llevamos el municipio al territorio: salud, asesoramiento social, trámites, servicios. La eficiencia también es eso: que el Estado llegue donde la gente vive“, afirma.

Voces de distintos vecinos respaldan ese impacto. Cristina, de Las Catitas, resume su experiencia en una sola visita: “Yo tenía papeles pendientes y gracias a Dios me los han entregado. Traigo también a mis hijos, me he anotado para vivienda y también por lo de salud de los chicos me han llenado los papeles”. 

Pero lo que dice después revela el problema de fondo: “Hay mucha gente que a veces no puede llegar hasta los centros de salud, como yo que vivo a seis kilómetros de acá hacia dentro en el campo y me cuesta llegar. Y para conseguir turnos en los centros de salud o en el hospital tenés que estar a las cinco y media o seis de la mañana”.

La intendenta y funcionarios suelen asistir a los operativos en busca de generar un canal de escucha directa. En un departamento de estas características, donde la cercanía institucional no puede darse por sentada, la descentralización periódica funciona como un mecanismo de detección temprana de demandas y de reducción de barreras de acceso.

2. De basurales a cielo abierto a gestión integral: la planta de transferencia y centro sustentable

Durante décadas, los residuos en Santa Rosa terminaban en basurales a cielo abierto. El más problemático, ubicado en las cercanías del barrio La Costanera de Las Catitas, funcionó durante más de 40 años como depósito sin control, con incendios recurrentes, contaminación del suelo y riesgos para la salud de los vecinos.

La historia de la solución es también la historia de una obra que tardó en concretarse. En 2019 el municipio obtuvo financiamiento nacional para la construcción de la planta de transferencia y avanzó con la obra hasta alcanzar un grado de ejecución cercano al 90%. A partir de 2023, Santa Rosa afrontó el tramo final con recursos propios para llevar la obra a su conclusión.

En abril de 2025, coincidiendo con el 141.° aniversario del departamento, se inauguró la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos y el Centro Sustentable, ubicado en La Dormida, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. La planta está equipada con cintas transportadoras, enfardadoras y trituradoras de vidrio para clasificar y valorizar los materiales recuperables. Los residuos que no pueden reciclarse se compactan y trasladan al relleno sanitario del consorcio COINES, en Rivadavia, dentro de un circuito controlado.

Durante 2025, la planta procesó 10.766 toneladas de residuos. La puesta en marcha permitió, además, reorganizar los horarios de recolección domiciliaria en los distritos de La Dormida, Las Catitas y Villa Cabecera para optimizar el traslado. El centro opera con 10 trabajadores en condiciones de empleo formal.

“Durante años el problema de los residuos fue invisible para muchos municipios. Pero en realidad es un tema de salud pública, de ambiente y de dignidad territorial”, señala Patricia Salomón, de la Coordinación de Ambiente. “Hoy el residuo se clasifica, se valoriza y genera trabajo. Lo que antes era un problema ambiental empieza a convertirse en parte de una economía circular”, agrega.

La política ambiental también se extiende a la educación: la planta funciona como espacio de concientización para escuelas y organizaciones locales. Y la recolección diferenciada de residuos secos —cartón, plástico, vidrio y papel—, que se realiza los jueves, busca consolidar la separación en origen como hábito ciudadano.

3. Geoportal e IDE: leer el territorio en datos

Antes de la implementación del Geoportal, la información territorial de Santa Rosa estaba dispersa en distintas oficinas, formatos en papel y bases de datos sin conexión entre sí. Para un profesional  o inversor que necesitaba conocer los usos del suelo permitidos en una parcela, o para un funcionario que debía decidir dónde localizar un centro de salud, el proceso implicaba solicitudes formales y esperas.

Esa situación empezó a cambiar con la creación de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) propia, que posiciona a Santa Rosa como uno de los siete municipios de Mendoza que cuentan con un visor de este tipo. La plataforma se integra a la red IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina) y a la IDE provincial de Mendoza (IDEM), a la que el departamento adhirió formalmente.

El Geoportal ofrece mapas interactivos con capas de información validada: infraestructura de servicios (redes de agua, gas, fibra óptica), catastro, usos del suelo, espacios verdes, centros de salud, comercios y datos ambientales. Los datos se pueden descargar en formatos abiertos (CSV y SHP), lo que permite su reutilización profesional por parte de agrimensores, arquitectos, desarrolladores inmobiliarios e investigadores.

Entre julio de 2025 y febrero de 2026, la plataforma publicó 57 archivos de datos y registró 363 visitas. Son cifras iniciales, coherentes con el perfil demográfico de un departamento de 19.000 habitantes en una etapa de implementación temprana. Pero lo que importa es el cambio de lógica: la información territorial dejó de ser un recurso encerrado en oficinas para convertirse en un bien público accesible.

“Durante muchos años los municipios tomaban decisiones con información dispersa o directamente inexistente. Gobernar así era, literalmente, gobernar a ciegas”, dice Nadir Ocampo, jefe del Departamento de Relevamiento de Información Territorial y Estadísticas. “La información deja de ser un privilegio y se transforma en un bien público”, sintetiza.

Para un departamento con una extensión territorial tan amplia y con desafíos concretos de planificación —como la expansión urbana sobre zonas productivas que se observa en las localidades de Las Catitas y La Dormida—, contar con datos georreferenciados y actualizados resulta un paso que habilita decisiones más precisas sobre dónde invertir, dónde ampliar servicios y cómo ordenar el crecimiento.

4. Gestión de calidad: de los manuales de 2007 a la certificación ISO 9001

Hasta hace poco, la administración interna del municipio funcionaba con procedimientos que no se actualizaban desde 2007. Los trámites se resolvían de forma presencial, los circuitos de reclamos carecían de trazabilidad y los tiempos de respuesta dependían más de la voluntad individual que de un sistema estandarizado.

La decisión de certificar procesos bajo la norma ISO 9001:2015 obligó a revisar cómo se atendía a un vecino, cómo se tramitaba un reclamo, cómo se pagaba a un proveedor. La auditoría principal se superó en agosto de 2025, con 20 procesos certificados en áreas críticas: Rentas, Hacienda, Recursos Humanos, Compras y la Oficina de Atención al Vecino.

En paralelo, el municipio avanzó con la digitalización de cinco trámites municipales a través de la plataforma GDE (Gestión Documental Electrónica) y una Oficina Virtual. Entre ellos, la habilitación comercial online: un trámite que antes exigía gestiones presenciales, lentas y con requisitos difíciles de anticipar, ahora se puede iniciar y seguir de forma digital. Se implementó además una gestión omnicanal que permite canalizar reclamos tanto de manera presencial como virtual.

“Muchas veces se habla de modernizar el Estado como si se tratara solo de tecnología. Pero modernizar el Estado es, antes que nada, ordenar cómo trabaja”, explica Magdalena Ascurra, secretaria de Gobierno. “Las normas ISO nos obligaron a revisar cada proceso: cómo se atiende a un vecino, cómo se tramita un reclamo, cómo se paga a un proveedor. Lo que buscamos es algo simple: que el vecino sepa qué trámite hace, cuánto demora y por dónde circula”, detalla.

La escala de la transformación es acorde al tamaño del municipio: no se trata de una plataforma con cientos de miles de usuarios ni de una digitalización masiva, sino de un ordenamiento básico que, para una administración que operaba con herramientas de casi dos décadas de antigüedad, representa un salto cualitativo. Como resume Azcurra: “Un Estado que funciona con reglas claras no solo es más eficiente. Es también más justo”.

5. Planificar el territorio: Santa Rosa mira a futuro

Las cuatro políticas anteriores no operan en el vacío. Se inscriben en un marco más amplio: el plan operativo “Santa Rosa Planifica Futuro”, una hoja de ruta estratégica que guía la gestión desde 2019 y se estructura sobre cuatro dimensiones: desarrollo social, económico-productivo, urbano-ambiental y modernización de la gestión municipal.

El plan partió de un diagnóstico sobre la realidad del departamento y las dinámicas de su suelo, con el objetivo de evitar la improvisación en el crecimiento urbano. En un territorio donde la expansión de las localidades avanza sobre zonas productivas —un fenómeno documentado en los estudios del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Mendoza—, contar con una planificación explícita permite anticipar dónde faltan servicios, dónde se puede urbanizar y dónde conviene preservar usos agrícolas.

“Planificar es una decisión política. Significa dejar de improvisar y empezar a mirar el territorio con responsabilidad”, afirma a +COMUNIDAD Rodolfo Morgani, coordinador general de Planificación Territorial. “El plan no es un documento técnico guardado en un cajón. Es la hoja de ruta que orienta cada decisión de gobierno, desde una obra pública hasta una política social”, sostiene.

Ese marco es el que articula las restantes políticas: el Geoportal se alimenta de la planificación territorial y a la vez la retroalimenta con datos actualizados; la planta de transferencia responde a un diagnóstico ambiental concreto; los operativos itinerantes se diseñan a partir de la lectura del territorio y sus vacíos de cobertura; y la certificación ISO ordena los procesos internos que sostienen la ejecución.

“Cuando un municipio planifica, el territorio deja de crecer al azar y empieza a desarrollarse con equilibrio. Planificar el territorio es negarse a aceptar que el futuro sea un accidente. Es afirmar que una comunidad tiene el derecho —y la responsabilidad— de imaginar, organizar y producir el espacio donde quiere vivir”, resume Morgani.

Eficiencia en un territorio extenso

Las cinco políticas repasadas comparten un hilo conductor: en Santa Rosa, la eficiencia no se expresa en las mismas métricas que en una ciudad de alta densidad. No se trata de reducir el tiempo de un trámite de 60 a 10 minutos o de instalar plataformas digitales con cientos de miles de usuarios. Se trata de que un vecino de El Marcado acceda a un control médico sin perder un día de trabajo, de que los residuos dejen de acumularse a cielo abierto, de que un agrimensor consulte los usos del suelo sin viajar hasta la sede municipal, de que un reclamo tenga un circuito claro, y de que el crecimiento del departamento responda a un plan y no a la inercia.

“Cuando el Estado se ordena, cuando planifica y cuando usa bien cada recurso, eso no queda en un escritorio. Se transforma en obras, en servicios y en oportunidades concretas para nuestra gente”, reflexiona la intendenta Destéfanis. Y cierra: “Gobernar mejor no es un eslogan. Es una forma de respeto”.

El reconocimiento como Ciudad Líder dentro del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL ubica a Santa Rosa en un proceso que recién comienza: el de sostener, medir y profundizar estas prácticas en un territorio donde cada kilómetro importa.

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en Santa Rosa, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Jesús María, Venado Tuerto, Luján de Cuyo, Tres de Febrero y Junín:

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

La entrada Cinco políticas que reflejan eficiencia municipal: el caso de Santa Rosa se publicó primero en +COMUNIDAD.

La sequía que vivió Uruguay durante tres años consecutivos (2020-2023) fue la peor en setenta años. Sus efectos golpearon tanto al campo como a la ciudad, según un informe del Instituto Nacional de Meteorología publicado en enero de 2024. Un mes antes, autoridades y técnicos de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) confirmaban que el sector agropecuario registró, entre 2022 y 2023, pérdidas equivalentes al 3% del Producto Bruto Interno nacional, unos 1.880 millones de dólares.

Frente a este escenario, la Intendencia de Colonia entendió que la respuesta no podía plantearse desde el asistencialismo, sino desde el abordaje del verdadero problema: la falta de sistemas de captación hídrica y almacenamiento eficientes. Así nació Agua para el Desarrollo, una política pública que busca transformar la administración del recurso hídrico a través de una alianza estratégica entre el gobierno local, el Banco República (BROU) y la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana.

El programa implementado propone un acompañamiento técnico personalizado para profesionalizar la mirada sobre el territorio. Entender dónde está el agua, cómo captarla de forma sostenible y cómo distribuirla con eficiencia energética. 

Alfredo Martínez, director de Cooperación Internacional y de proyectos de la Intendencia de Colonia, dice a +COMUNIDAD que la clave fue buscar tecnología adecuada y generar condiciones crediticias para mejorar la situación de pequeños productores. 

Tecnología verde y diagnóstico georreferenciado

Colonia está rodeada de ríos, arroyos, cañadas y diferentes tipos de cursos de aguas que desembocan en el Río de la Plata. En esa línea, Martínez explica que el departamento es uno de los “más regados hidricamente”. Para llegar a los productores, el funcionario explica que les ofrecen planes y estrategias que les permitan convertir el agua en un recurso que impulse el desarrollo de sus propiedades, garantizando que este se use de manera eficiente en las zonas productivas.

Una vez que el productor se inscribe, técnicos especializados realizan un plan y proyecto de riego ejecutivo, que consta de un mapeo hídrico georreferenciado de su unidad productiva. En esa instancia el equipo estudia las curvas de nivel, identifica fuentes superficiales y acuíferos, y evalúa junto al productor las condiciones hídricas para diseñar un plan a medida de sus necesidades. Eso es lo que, al final, permite mejorar el perfil de financiamiento de ese trabajador en particular. 

Kira Potowski, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria Uruguayo-Alemana, cuenta en un video institucional que trabajan junto con una delegación alemana del estado Baden-Württemberg. “Llegan con varias empresas del sector Smart Farming, que vienen con tecnología de Inteligencia Artificial. Una de ellas es Lorenz, y se encarga de toda la parte de consultoría técnica enfocada en riego”, detalla. 

La tecnología que utilizan se trata de sistemas de bombeo y gestión de agua que funcionan bajo cuatro criterios de sostenibilidad:

• Bombas solares: utilizan energía renovable y permiten la extracción de agua sin costos operativos de combustible o electricidad tradicional.

• Sistemas de riego eficientes: optimizan el uso del caudal disponible para evitar el desperdicio.

• Infraestructura adaptada: incluye la limpieza y habilitación de tajamares y arroyos existentes según las características de cada suelo.

• Sostenibilidad ambiental: al ser tecnología “verde”, el impacto en el ecosistema es mínimo, preservando el recurso para el futuro.

Ventanilla única, un puente hacia el financiamiento

Uno de los mayores obstáculos para acompañar a los productores rurales desde un enfoque técnico y personalizado es el financiamiento para las intervenciones y sostenerlas en el tiempo. Para sobrellevar este desafío, la iniciativa gestionó con el Banco República la creación de una ventanilla única, una herramienta administrativa que logró simplificar los trámites de fomento y permitió que los proyectos técnicos se tradujeran rápidamente en obras concretas para el sector.

“El asesoramiento técnico se financia a través de la empresa alemana dueña de la

tecnología y el grupo técnico es contratado por la intendencia. Además, en el último tramo del proyecto apareció el apoyo técnico de la dirección de Calidad y Evaluación Ambiental (DINACEA), del Ministerio Ambiente del Gobierno Nacional”, explica Martínez. 

Para asegurar que este beneficio llegue efectivamente su público objetivo, el esquema financiero se estructuró bajo condiciones que reducen la barrera de entrada:

1. Asesoramiento gratuito: todo el respaldo técnico y los planes de gestión son financiados por la intendencia y la cooperación internacional. El productor no abona el costo del diagnóstico inicial.
2. Financiamiento del 90%: el BROU cubre casi la totalidad de la inversión necesaria para la infraestructura.
3. Plazos de financiamiento: las líneas de crédito se extienden hasta los 20 años, permitiendo un repago acorde a los ciclos productivos.
4. Período de gracia: se otorgan entre 1 y 3 años de gracia para comenzar el pago de las cuotas.
5. Tasa preferencial: al ser proyectos vinculados a la sustentabilidad, la tasa efectiva anual en dólares ronda el 4.5%.

Impacto de Agua para el Desarrollo

Hasta el momento, 60 productores lograron transformar sus campos bajo este modelo. Sin embargo, para la gestión de Colonia, el éxito no se mide únicamente por la cantidad de obras realizadas, sino por el cambio en la cultura de la administración del agua. 

“Considero que el mejor indicador fue que se pusiera el tema sobre la mesa. Que el gobierno nacional, departamental y la Cooperación Extranjera dirijan mejor los esfuerzos que ya se venían realizando en la ciudad”, reflexiona Alfredo Martínez.

Los indicadores de impacto definidos por el programa para evaluar su desempeño son:

• Asistencia financiera efectiva: cuántos productores lograron acceder al crédito del BROU gracias al proyecto técnico.
• Ejecución de planes técnicos: la implementación real de las inversiones siguiendo el diseño de los expertos.
• Valoración del recurso: la capacidad de los productores para reflexionar y ejecutar planes de mejor manejo hídrico por cuenta propia.

La importancia de tener agua

Héctor Laca es un pequeño productor rural de la zona. En un video institucional de Colonia, cuenta que el sistema de agua “está bueno” y que le permite hacer uso del recurso en todo el establecimiento, principalmente en la parte dedicada a la ganadería. Alejandra Nebu, una trabajadora de Paraje Costas del Colla, con un pequeño niño en brazos, explica: “Hoy en día, nosotros por ejemplo, para las vacas usamos el agua que tenemos en aquel tanque que está allá, y para nuestro consumo nos trae agua la Intendencia”.

Daniel Schenck, otro productor cercano a Camino La Capilla, comenta que el tema del agua es muy importante, porque llegado el momento que “se te planta una seca” y falta el agua para el ganado. Fernando Babon, de Paraje Piedra Chata, dice que el Proyecto Agua para el Desarrollo ayuda a pequeños productores como él que, antes, tenían que hacer un pozo con un particular “que cuesta mucha plata”. 

Héctor agrega que el proyecto está muy bien organizado: “La intendencia ha tenido una actitud proactiva, buenos modales, excelente explicación sobre cómo funciona el sistema para tener el agua en tu casa, y eso es muy bueno, me gustó”.

Los relatos de estas personas permiten dimensionar la relevancia de estabilizar el acceso al agua tanto en el desarrollo de la actividad agropecuaria como en el bienestar del hogar. Es, nada más y nada menos, que un pilar de la previsibilidad productiva y personal.

Aprendizajes del modelo de Colonia

Desde la intendencia de Colonia aseguran que una de sus máximas es acompañar a los productores rurales para detectar sus necesidades y acompañar su desarrollo. Sobre esa línea, el director anticipa que en los próximos meses lanzarán el proyecto Portera a Portera. Esta iniciativa buscará crear comisiones vecinales rurales que funcionen como un tejido de cercanía y que permitan asegurar que la solución trascienda la duración del proyecto original.

La experiencia de este departamento uruguayo deja lecciones para otros territorios que enfrenten problemas similares. Una de las principales es que la falta de agua no puede abordarse sólo con medidas de emergencia, sino que requiere construir una arquitectura financiera y técnica que permita a la producción rural sostenerse en el tiempo.

• Eliminar barreras de entrada: la gratuidad del conocimiento técnico puede ser vital. Si el productor debe pagar por el diagnóstico, es probable que no inicie el proceso de mejora.
• Alianzas público-privadas: la tecnología de punta combinada con el brazo financiero estatal otorga al proyecto una solidez y proyección a futuro.
• Simplificación administrativa: la ventanilla única es clave para reducir la burocracia y asegurar que el productor no abandone el trámite.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.

La entrada Agua para el Desarrollo: la apuesta de Colonia para acompañar a sus productores rurales se publicó primero en +COMUNIDAD.

En 2015, el barrio Agua Mansa de Jesús María (Córdoba) volvió a ser testigo de la fuerza del río Guanusacate. Aquella crecida profundizó una certeza pesimista entre los vecinos: sentían que el lugar no tenía vuelta atrás y que ese terreno, sin planificación urbana, estaba condenado a ser un problema crónico.

La historia cambió de rumbo con el Presupuesto Participativo 2023, cuando el Grupo Scout 167, la comunidad y el municipio decidieron intervenir el espacio. Lo hicieron mediante un Bosque de Bolsillo, un proyecto que escaló rápidamente y se consolidó como una política pública de regeneración urbana que ya está dando sus frutos. 

Hoy, en ese suelo recuperado crecen 168 ejemplares de 23 especies nativas que recrean tres ecosistemas regionales: el bosque chaqueño, el espinal y el bosque serrano. La propuesta trasciende lo paisajístico; funciona como un nodo de educación ambiental y un punto de reencuentro con la naturaleza.

Aprendizaje, construcción de capacidades y trabajo en red

La concreción del Bosque de Bolsillo no fue una decisión unilateral de la Municipalidad: fue el resultado de un proceso de aprendizaje y construcción de capacidades locales. Con la guía de la Red de Innovación Local (RIL Argentina), a través del programa Naturaleza y Espacio Público, Jesús María incorporó el diseño participativo como forma de trabajo. 

A lo largo de seis instancias —que incluyeron jornadas de codiseño, validación comunitaria y plantación colectiva— se forjó una visión compartida del territorio. “El biocorredor es el resultado de un Estado que puede interpretar la necesidad de la sociedad civil y facilitar la vinculación”, sintetiza Gerardo Guirado, vecino de Alto Los Molinos e impulsor del proyecto Parque Riberas Oeste.

Esta dinámica rompió la inercia de las áreas estancas. Así, sectores municipales que operaban de forma aislada comenzaron a articularse bajo el enfoque de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN). El legado es doble: un espacio recuperado y una capacidad de gestión instalada para repensar el espacio público junto con la ciudadanía.

La creación del Bosque de Bolsillo

El Bosque de Bolsillo ubica a la biodiversidad como eje rector y se integra al Plan Integral del Biocorredor del Río Guanusacate. Este trazado de 11 kilómetros conecta el Parque del Oeste con el Bosque de Agua Mansa, una vinculación que jerarquiza la flora nativa dentro de la planificación de la ciudad.

El éxito de esta política se refleja en una mejora directa de la calidad de vida y en resultados tangibles que aseguran la sostenibilidad del ecosistema:

• Creación de un Bosque de Bolsillo de 500 m², con 168 ejemplares de 23 especies nativas.
• Tasa de supervivencia de los árboles superior al 90%.
• Compromiso sostenido entre el municipio, el Grupo Scout y la comunidad. 

Biodiversidad que florece junto a la comunidad

Jimena Álvarez, coordinadora del programa Naturaleza y Espacio Público, sostiene que el proyecto adquiere su verdadero valor cuando la comunidad deja de ser una simple destinataria para convertirse en codiseñadora de las soluciones. “Es un giro que lo cambia todo. A veces puede parecer un desafío. Podemos sentir que el proceso se alarga un poco, pero el alcance e impacto de los resultados son bien distintos, y, sobre todo, mucho más ricos”, explica a +COMUNIDAD.

Para la especialista, abrir el juego permite incorporar un conocimiento local insustituible: es la comunidad quien identifica los problemas reales y las oportunidades del territorio. “Así evitamos las ‘soluciones de escritorio’ y creamos propuestas que funcionan en la práctica porque se ajustan a las necesidades del territorio”, detalla.

Por último, suma que si el proceso de codiseño es amigable, cuidado y realmente colaborativo, genera confianza y esto reduce la resistencia a los cambios y aumenta la probabilidad de que las iniciativas sean adoptadas y sostenidas en el tiempo. “Un proceso de codiseño virtuoso y real, en sí mismo, fortalece los lazos comunitarios, fomenta la colaboración y construye capital social. Es en estos espacios donde vecinos y distintos actores aprenden a trabajar juntos, a dialogar y a resolver conflictos, algo invaluable para la gobernanza local”, concluye la coordinadora del programa.

Para repasar: qué cambia en Jesús María

1. Construcción – Activación de la red. El municipio pasó del diseño técnico a la cocreación. Junto con RIL, el Grupo Scout y la comunidad, se transformó un terreno sin planificación en un espacio de pertenencia. La comunidad aportó la memoria del lugar, convirtiéndose en guardiana del proyecto desde su origen.
2. Transformación – Cambios de hábitos y aprendizajes. Ocho áreas municipales hoy trabajan articuladas bajo el enfoque de soluciones inspiradas en la naturaleza. La biodiversidad ya no es paisaje, sino el eje central del Plan Integral del Biocorredor del río Guanusacate para mitigar riesgos hídricos.
3. Ciudades de Oportunidades – Impacto en la ciudadanía. El impacto en la ciudadanía se mide en resultados tangibles. Se recuperaron 500 m² con 168 ejemplares de 23 especies nativas, alcanzando una tasa de supervivencia del 90%. Esta cifra excepcional valida la eficacia del mantenimiento compartido entre el Estado y la comunidad.

Esta es una Historia de Impacto, un formato de RIL y +COMUNIDAD para visibilizar cómo el acompañamiento técnico genera resultados tangibles en los gobiernos locales. En ellas, mostramos cómo se activa la red mediante el trabajo colaborativo, se transforma la gestión pública hacia modelos más eficientes y se transita el camino hacia Ciudades de Oportunidades con impacto directo en la calidad de vida de sus habitantes.

La entrada Cómo el Bosque de Bolsillo de Jesús María integra la naturaleza en la gestión urbana se publicó primero en +COMUNIDAD.

Fundada en 1947 bajo el concepto de “Ciudad Jardín” de Ebenezer Howard, Maringá (Paraná, Brasil) nació con una visión de futuro: un trazado urbanístico ordenado que integra el desarrollo con la preservación de grandes pulmones de selva nativa. Ocho décadas después, la ciudad es el hogar de unas 500.000 personas y ocupa un lugar recurrente en el podio de los rankings de gestión y calidad de vida de Brasil. 

Hoy, su paisaje verde convive con un ecosistema digital en crecimiento, compuesto por más de 2.000 empresas vinculadas a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sin embargo, detrás de la pujanza económica y el éxito urbanístico, los datos revelan una disparidad evidente: la participación femenina en el sector tecnológico local es inferior al 10%. 

“Cuando ingresé a la Prefeitura (Municipalidad), hace casi treinta años, las mujeres eran mayoría en el sector tecnológico. Pero con el tiempo, ese número cayó drásticamente”, cuenta a RIL Brasil y +COMUNIDAD Patricia Saugo, secretaria de la Agencia Maringá de Tecnología e Innovación.

Para revertir esta tendencia, el gobierno local identificó que el problema no era solamente de oferta laboral, sino de identidad y vocación temprana. Así nació la Semana Municipal de las Niñas en la Tecnología y Comunicación, una política pública instituida por la Ley nº 11.475/2022. Su objetivo es intervenir en el momento clave de la elección profesional para demostrar que la tecnología también es un espacio propio para las mujeres. 

Articulación voluntaria y “costo cero” en el mes de las TIC

La iniciativa tuvo su debut en abril de 2024, continuó en 2025 y ya prepara su tercera edición para 2026. El evento se enmarca en la celebración global del Día Internacional de las Niñas en las TIC, una efeméride impulsada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) cada cuarto jueves de abril. El propósito de esta fecha mundial (y su bajada local en Maringá) es transformar a las niñas de consumidoras pasivas de tecnología en creadoras activas. A su vez, se alinea con el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero.

La innovación central de esta política –destacan en la ciudad paraense– se apoya en su modelo de gestión más que en una gran inversión presupuestaria. Saugo define la propuesta como una acción de “costo cero” para el municipio, basada en la articulación de recursos existentes bajo tres ejes estratégicos: enfoque de género, articulación comunitaria e innovación administrativa.

El programa funciona como un puente entre la oferta (empresas tecnológicas) y la demanda futura (estudiantes). La logística se resuelve mediante alianzas estratégicas:

• Transporte: a través de la Secretaría de Movilidad Urbana y empresas de transporte locales, se coordinan autobuses en horarios específicos que recogen a las estudiantes, las llevan a las empresas y las regresan a sus escuelas.
• Contenido: el sector privado abre sus puertas de manera voluntaria. Las empresas ofrecen sus instalaciones y el tiempo de sus profesionales para dictar talleres, charlas y mentorías.

“Es una movilización completa de la sociedad. No hay costo para el sector público ni para el privado; es una articulación voluntaria”, detalla Saugo, quien también es presidenta de Mujeres en GovTech, la primera asociación de mujeres que emprenden para el gobierno. 

La iniciativa se organiza de forma intersectorial: intervienen diferentes áreas de la administración pública, instituciones  y comunidad educativa, el Núcleo Regional de Educación y profesionales de la tecnología y comunicación. La programación incluye conferencias, visitas técnicas y encuentros con mujeres referentes que trabajan en el ecosistema local.

Maringá y el deseo de romper la barrera de lo invisible

El objetivo de fondo supera la mera observación técnica para ampliar el horizonte de posibilidades. Muchas participantes asocian la tecnología únicamente al uso de dispositivos móviles o redes sociales, sin conocer los procesos de creación, programación e ingeniería de software que existen detrás de la pantalla.

Para  la secretaria de la Agencia Maringá de Tecnología e Innovación, la lave es intervenir en la etapa escolar, mucho antes que la universidad. “Es el momento de formación de identidad y elección profesional. Ahí es donde necesitamos actuar para que las niñas entiendan que este espacio también les pertenece”, remarca. 

Durante las inmersiones en las empresas, las estudiantes interactúan con mujeres que lideran proyectos de gran escala. Este contacto directo con referentes reales cumple una función pedagógica vital al permitir que las jóvenes se visualicen en esos roles.

“Un testimonio muy significativo es escuchar a las niñas decir: ‘no sabía que podía trabajar con esto’ o ‘nunca imaginé a una mujer liderando aquí’. Cuando empiezan a entender la lógica detrás de las soluciones, se dan cuenta de que ellas también pueden construirlas”, relata Saúgo.

Resultados: sembrar para el mediano plazo

Si bien el proyecto transita su fase de consolidación y el municipio mantiene la transparencia respecto a los tiempos de maduración de los resultados —el cambio en la matriz de empleo es una meta de largo plazo—, los indicadores intermedios ya muestran señales positivas.

Las encuestas de satisfacción (NPS) realizadas a las participantes arrojan resultados consistentes entre 90% y 100%. Sin embargo, el dato más alentador para la Prefeitura se observa en la formación, ya que para el ciclo 2026 las inscripciones femeninas en los cursos municipales de programación y robótica registraron un aumento respecto a años anteriores. Esto sugiere, según el análisis oficial, un despertar vocacional temprano.

El esquema de evaluación se completa con el monitoreo de la percepción empresarial, el crecimiento de las dinámicas anuales y la adhesión de las escuelas. Aunque el objetivo final es la inserción laboral y ya existen casos de pasantías derivadas de la Semana, la gestión reconoce que se encuentra en pleno proceso de siembra.

“Aún no podemos identificar cuántas de estas niñas ya están trabajando efectivamente en empresas, más allá de las pasantías. Pero creemos que, a mediano y largo plazo, podremos acompañar esta evolución”, comenta Saugo.

Claves para la replicabilidad

La experiencia de Maringá ofrece un modelo transferible para otras ciudades intermedias que busquen fomentar la equidad de género en sectores productivos. Según la Agencia de Innovación local, la replicabilidad de la iniciativa descansa en cuatro pilares fundamentales.

1. Mapear el ecosistema. Identificar quiénes son los actores tech locales.
2. Liderazgo articulador. Crear un grupo de trabajo que una a las escuelas con el sector productivo.
3. No esperar a la ley. Si bien una norma municipal ayuda a la continuidad, la acción puede empezar con voluntad política y acuerdos de colaboración.
4. Enfoque en el desarrollo económico. Recordar que formar mujeres en tecnología es generar empleos de alta remuneración que retienen el talento en la ciudad.

“Los negocios liderados por mujeres tienden a generar un mayor impacto social porque emprenden a partir de desafíos reales. El beneficio es múltiple: equidad y desarrollo económico”, concluye Saugo.

Puedes leer este artículo en portugués aquí:

La entrada La estrategia “costo cero” de Maringá para reducir la brecha de género en tecnología se publicó primero en +COMUNIDAD.