Es el segundo sábado de marzo de 2026 y el sol de media mañana se cuela por las ventanas de la Casa de la Cultura en San Justo, una localidad de más de 26.000 habitantes ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, en Argentina. Las jerarquías se desdibujan en una ronda de sillas donde el mate circula entre funcionarios municipales y referentes de espacios comunitarios. La experiencia de quien gestiona un presupuesto se cruza con la de quien sostiene un comedor de barrio.

En este círculo aparecen testimonios como los de Beatriz Díaz, referente barrial, que comparte que el proceso que atravesó los últimos meses la ayudó a mirarse de otra forma y superar la “vergüenza de sentir que sabía menos” para aprender a vincularse con otros. A su lado, Carla Racca, del equipo técnico del Foro San Justo Productivo, destaca que la formación le permitió “cambiar la mirada” y profundizar en conceptos como el talento y la actitud emprendedora para abordar desafíos del territorio.

Esta escena es el núcleo del Programa de Transformación Social, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Justo, junto con la Red de Innovación Local (RIL) y CreerHacer. Su objetivo: pasar de un esquema de gestión social tradicional a un modelo de cocreación donde las respuestas a los problemas públicos surjan de la colaboración entre gobierno, tercer sector y líderes comunitarios de espacios como comedores, clubes y organizaciones barriales.

El programa opera en dos ejes simultáneos. Por un lado, CreerHacer lidera un trayecto formativo en liderazgo, comunicación y educación emocional orientado a construir un lenguaje común entre quienes diseñan políticas y quienes las reciben en el territorio. Por otro, RIL acompaña al municipio en la implementación del Tablero de Gestión Social, una herramienta para sistematizar datos y tomar decisiones basadas en evidencia. 

A lo largo de dos años, ambos frentes se retroalimentan. Los datos fortalecen el diseño de proyectos comunitarios y la mirada territorial enriquece la lectura de los indicadores.

De la gestión vertical a una red de colaboración circular 

El primer año acaba de cerrar con una cifra que genera entusiasmo entre los organizadores: 81 personas —entre ellas el intendente Nicolás Cuesta— cumplieron los requisitos para acceder a la Diplomatura en Transformación Social, avalada por la Universidad Siglo 21.

Cuesta, que asistió a los ocho encuentros, destaca que lo aprendido deja “una línea de base importantísima” para articular el programa con la gestión de la ciudad, en particular con las políticas de desarrollo humano. “Estamos todos empoderados del porqué y del para qué de este trabajo. Aspiramos a que nos garantice el empoderamiento pleno y la sostenibilidad en el tiempo de lo que venimos haciendo”, señala.

San Justo contaba con antecedentes en esta dirección. El Programa Acompañar, su política pública orientada a mejorar trayectorias de vida desde la primera infancia hasta la adultez a través de la educación, la cultura y el deporte, ingresó al listado de políticas públicas de la UNESCO. Esa base facilitó el salto hacia un modelo más participativo.

Karina Baschini, coordinadora de Acompañar y referente del Servicio Interdisciplinario Municipal (SIM), señala que este año incorporó herramientas para “repensar las relaciones interpersonales y mirar el liderazgo desde otro lugar”. Adriana Massi, voluntaria del mismo programa, coincide y subraya que la herramienta más valiosa fue la escucha: “Es primordial para tener un buen diálogo, con idas y vueltas, y no suponer”. Massi agrega que el proceso reforzó en ella la importancia de la empatía al trabajar en contextos de alta vulnerabilidad.

El tejido que se arma cuando las diferencias se dejan de lado

Daniel Cerezo, director de CreerHacer, señala que el valor diferencial de este espacio es que actores diversos —funcionarios, emprendedores, referentes de organizaciones sociales— dejan las diferencias de lado para trabajar sobre un bien común: resolver problemáticas que impiden que su comunidad sea un mejor lugar para vivir. “Es lo que a veces nos hace falta como argentinos”, analiza. El resultado, según su criterio, es que las políticas públicas dejan de pensarse desde una sola dirección y se diseñan de forma intersectorial.

“Empezamos a ver que ya no tenían un vínculo sólo por vivir en una misma comunidad, sino por verse como aliados para resolver una problemática”, describe sobre lo observado en este primer año. Esa transformación, sostiene, es lo que puede darle sostenibilidad al proceso: “Ya no lo piensa alguien solo desde una dirección para cumplir un objetivo de la agenda municipal; también lo piensa un vecino”.

El segundo año hacia la Transformación Social

Completado el primer ciclo de formación y con un año de trabajo en la sistematización de datos municipales, el programa entra en su segunda etapa con un objetivo más exigente: traducir lo aprendido en proyectos concretos con impacto territorial.

En el eje formativo, la Diplomatura en Transformación Social —avalada por la Universidad Siglo 21— estructura ocho módulos con encuentros virtuales sincrónicos y presenciales, consultorios técnicos para el diseño de proyectos, formación en planificación financiera y una instancia de presentación ante jurado para la posible selección y financiamiento de las iniciativas.

En paralelo, RIL acompaña la incorporación plena del Tablero de Gestión Social al trabajo cotidiano del municipio. Tras el primer año dedicado a la limpieza y sistematización de datos en seis áreas municipales, la etapa que se inicia apunta a la carga y el análisis sistemático de información, con el objetivo de que esos datos fortalezcan tanto el diseño de los proyectos de la diplomatura como la toma de decisiones basada en evidencia en la gestión diaria.

Datos limpios, decisiones más precisas

Mónica Astore, coordinadora de Educación de San Justo, explica que la implementación del Tablero de Gestión Social en su área permitió “generar un diagnóstico sobre la base de la implementación y monitoreo de las políticas públicas” y concentrar en una sola herramienta todos los datos y destinatarios del servicio educativo municipal.

Carla Racca, desde el ámbito productivo, describe un proceso similar: “Hoy contamos con una base de datos más ordenada y clara, que nos permite empezar a pensar en cruces y articulaciones con otras áreas”. Reconoce que el Foro San Justo Productivo está en una etapa de exploración sobre cómo aprovechar mejor la herramienta, pero confía en su potencial para generar soluciones más integrales.

La apuesta por el largo plazo

Victoria Müller Terán, coordinadora del Programa de Transformación Social, sostiene que el objetivo de fondo es construir comunidades más equitativas y con mayor capacidad de respuesta. “Las ciudades no solo deben ofrecer infraestructura y servicios; tienen que generar entornos donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente”, afirma.

Para Müller Terán, desde su mirada, la clave del modelo de San Justo es que trabaja en simultáneo con equipos de gobierno y con líderes comunitarios, lo que permite que las soluciones estén arraigadas en las realidades locales. “Los gobiernos locales están más cerca de la ciudadanía y pueden impulsar cambios concretos, pero solo si fortalecen sus equipos y trabajan de manera colaborativa con los referentes del territorio”, explica.

La experiencia, desde esta perspectiva, demuestra que al combinar la rigurosidad del dato con la cercanía de la ronda vecinal, la ciudad construye una trama de corresponsabilidades. “Las soluciones dejan de ser una respuesta externa para convertirse en un proyecto colectivo”, concluye.

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Cuando en 2015 el río Guanusacate volvió a crecer, el agua desbordó más que su cauce. También arrastró recuerdos de inundaciones pasadas y la sensación, conocida para muchos vecinos, de que ciertos espacios estaban destinados a ser un problema recurrente. En el barrio Agua Mansa, uno de los sectores más golpeados por las crecidas diez años atrás, el terreno quedó arrasado.

Tiempo después, ese mismo lugar empezó a transformarse. Donde antes había restos de la última inundación, hoy crece un bosque de bolsillo que forma parte de un biocorredor más amplio. No fue una obra tradicional ni una decisión unilateral del municipio: el proyecto surgió del Presupuesto Participativo, se sostuvo con organización barrial y se integró luego a una política pública de escala urbana.

“Frente a desastres naturales, incluso cuando lo perdido parece irreparable, siempre surge en nuestra comunidad la fuerza para recomenzar”, dice a +COMUNIDAD Claudio Minoldo, del área de Participación Ciudadana de Jesús María. “Nuestra función como Estado es reconocer, canalizar y apoyar decididamente ese impulso ciudadano, transformándolo en proyectos concretos”, añade. 

Ese impulso se sostiene, en buena medida, por el compromiso cotidiano de quienes habitan el lugar. Josefina Bonini, dirigente de Ramas Menores —la rama Lobatos, de niños y niñas de 7 a 10 años— del Grupo Scout 167, participa activamente del cuidado del espacio. Para ella, la clave está en lo que ocurre después de la obra. “Nosotros no solo cuidamos el bosque de bolsillo porque vivimos al lado y proteger la naturaleza es uno de nuestros ideales. Lo hacemos porque entendemos que la inversión pública necesita apropiación ciudadana para mantenerse en el tiempo”, explica.

La escena sintetiza una forma de gestionar que atraviesa distintas áreas de la Municipalidad de Jesús María: identificar problemas con información concreta, tomar decisiones con participación ciudadana y ajustar las políticas en función de los resultados. Esa lógica explica por qué Jesús María, que en 2022 fue la primera ciudad del país en recibir la certificación de Ciudad Promesa de la Red de Innovación Local (RIL), logró en 2025 recertificar y subir de nivel como Ciudad Líder dentro del programa 100 Ciudades Certificadas.

De “ordenar la casa” a gestionar con evidencia

Desde 2019, Jesús María (casi 40.000 habitantes) viene desarrollando un proceso sostenido de transformación del Estado local. Lo que comenzó como una decisión de “ordenar la casa” —definir prioridades, transparentar procesos y rendir cuentas— derivó en un modelo de gestión que combina planificación estratégica, gobernanza de datos y transformación digital.

“En Jesús María, cada dato cuenta una historia y cada decisión escribe una mejora en la calidad de vida de cada ciudadano”, asegura Marianela Piazzano, secretaria de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica. Con esa lógica, la información se concibe como un servicio público: debe orientar la acción del Estado, pero también ser accesible, confiable y protegida.

La eficiencia, en este recorrido, aparece como la capacidad de prestar mejores servicios, anticipar problemas y asignar recursos con criterios claros. Las siguientes cinco políticas muestran cómo ese enfoque se traduce en acciones concretas.

1. Salud: del registro disperso a una red organizada

Hasta hace pocos años, la información sanitaria en Jesús María estaba fragmentada entre distintos dispositivos: centros de atención primaria, vacunatorios, programas específicos y sistemas provinciales o nacionales. Más que la falta de datos, la dificultad radicaba en la imposibilidad de leerlos en conjunto para orientar decisiones.

Ese escenario empezó a cambiar con la creación de un área específica de Vigilancia en Salud dentro de la Subsecretaría de Salud y Calidad de Vida. Allí se consolidaron los registros de los cuatro Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), el Centro de Adicciones, el Vacunatorio y los dispositivos comunitarios, integrando sistemas municipales con plataformas provinciales (SIGIPSA) y nacionales (SNVS 2.0).

El resultado es el Monitor de Salud Municipal, una herramienta que permite analizar coberturas, líneas de cuidado, enfermedades crónicas, salud mental, salud sexual y reproductiva, brotes epidemiológicos y situación sanitaria general, con desagregación territorial y por grupos etarios. Los datos no son menores. Solo en el primer semestre de 2025, el sistema registró más de 52.000 atenciones en CAPS y más de 12.500 pacientes únicos. Esa información permitió identificar patrones de uso, detectar desequilibrios en la red y revisar cómo estaban distribuidos los recursos.

Reorganizar para atender mejor

Uno de los análisis reveló una situación llamativa: dentro de una misma área programática, el CAPS Güemes concentraba apenas el 11,8% de los pacientes y realizaba solo el 8% de las atenciones anuales, pese a contar con ocho especialidades y estructura estable. Al mismo tiempo, una gran parte de esas personas vivía en el área de influencia del CAPS Latinoamérica, ubicado a apenas 600 metros.

La lectura de los datos habilitó una decisión que, sin evidencia, hubiera sido difícil de sostener. El municipio resolvió unificar la atención en el CAPS Latinoamérica, fusionar equipos, extender el horario de atención de 7 a 18 horas, implementar un turnero digital y reconvertir el edificio del CAPS Güemes en un centro vecinal.

Los resultados mostraron una mejora en la utilización de los recursos y en el acceso al servicio. El CAPS Latinoamérica amplió su población bajo cuidado a más de 10.000 residentes de siete barrios, incrementó su participación en las atenciones de la ciudad y logró altos niveles de respuesta en el turno tarde. Al mismo tiempo, el barrio no perdió un espacio de referencia: el ex CAPS Güemes pasó a cumplir otra función comunitaria.

Dengue: anticipar, focalizar y reducir el impacto

El mismo enfoque se puso a prueba frente a uno de los desafíos sanitarios más complejos de los últimos años: la epidemia del dengue. Durante la temporada 2023–2024, la ciudad notificó 394 casos sospechosos y confirmó 325 positivos, con un pico marcado en marzo. El análisis territorial mostró un epicentro claro: el barrio Sierras y Parques concentró el 37,2 % de los casos.

Lejos de aplicar respuestas homogéneas, el municipio desarrolló un dashboard georreferenciado que clasificó el territorio según niveles de riesgo. Esa lectura permitió priorizar recursos —equipos, camionetas, fumigación— y definir un plan de descacharrado y control focalizado en los sectores con mayor incidencia.

Entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, se visitaron más de 3.300 viviendas, se alcanzó a 7.200 personas con información preventiva y se intervinieron unas 490 hectáreas con fumigaciones selectivas. Los resultados de la temporada siguiente marcaron un quiebre: los casos en Sierras y Parques se redujeron en un 78%, el barrio pasó de concentrar el 37,2 % a sólo el 8% de los contagios y el porcentaje de positivos en toda la ciudad cayó un 50%.

La zona que había sido el epicentro del brote se convirtió, en pocos meses, en el área de menor incidencia. En la Municipalidad afirman que es un ejemplo claro de cómo leer los datos a tiempo puede cambiar el curso de una política pública.

2. Agua y saneamiento: decidir inversiones con información técnica y reclamos ciudadanos

En Jesús María, la gestión del agua potable alcanza hoy a unas 11.000 conexiones domiciliarias y se apoya en procedimientos estandarizados, con certificaciones ISO 9001:2015 para la atención de reclamos y normas IRAM 14150:2022 en los procesos de potabilización. Esa base permitió algo clave: convertir los reclamos y los datos técnicos en insumos para decidir obras.

Uno de los casos más claros fue el del acueducto de Sierras y Parques. Construido en 2018 para abastecer a ese sector de la ciudad, el sistema comenzó a mostrar fallas recurrentes: baja presión, cortes frecuentes y un servicio inestable que afectaba la vida cotidiana de los vecinos. Los registros de reclamos, sumados a estudios técnicos y pruebas hidráulicas, revelaron una situación crítica: al menos 14 pérdidas en los primeros 700 metros del trazado y una pérdida significativa de caudal.

Con esa evidencia, el municipio definió asumir directamente la remediación. El plan se ejecutó por etapas e incluyó diagnóstico especializado, localización de roturas, recambio de más de 3.500 metros de cañería, renovación de la red local y 400 conexiones domiciliarias.

El impacto fue inmediato: se eliminaron las pérdidas, se normalizó el servicio en Sierras y Parques y mejoraron las presiones en otros puntos de la ciudad. Además, al optimizar el uso de la gravedad y reducir bombeos, el sistema ganó eficiencia energética.

Planificar el crecimiento antes de que falte el agua

La misma lógica se aplicó a una decisión de mayor escala. Los datos de crecimiento urbano y los registros del sistema de reclamos mostraban una expansión sostenida hacia el este de la ciudad, una zona separada del casco urbano por la Ruta 9 y las vías del ferrocarril. Los análisis de presión y proyecciones de demanda indicaban que la infraestructura existente, ubicada mayormente al oeste, no sería suficiente para acompañar ese crecimiento.

A partir de estudios hidrogeológicos, el municipio resolvió avanzar con la construcción de una nueva planta de agua en la zona este, con una capacidad de 180 m³ por hora, almacenamiento de 500 m³ y una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos (unos U$S 700.000). La obra está pensada para abastecer de manera directa a más de 7.800 habitantes, con potencial para llegar a 17.000 vecinos en el futuro.

Más allá de responder a reclamos históricos por baja presión, desde el Gobierno de Jesús María sostienen que la decisión apunta a equilibrar el sistema, reducir riesgos ante eventos críticos y sostener una infraestructura hídrica planificada sobre datos, no sobre urgencias.

3. Ambiente y resiliencia: del riesgo recurrente al biocorredor urbano

La política de Restauración y Biorrecuperación del Río Guanusacate retoma, a escala urbana, la escena que abre esta nota. Durante décadas, el río fue sinónimo de riesgo: inundaciones severas en 2015 y otros 11 eventos entre 1970 y 2016, márgenes erosionados, áreas inundables y crecimiento urbano desordenado sobre zonas sensibles.

Los estudios geohidrológicos y los mapas de riesgo permitieron leer el problema de otra manera. En lugar de intervenir con soluciones aisladas, el municipio diseñó un biocorredor que recorre 11 kilómetros del río y articula seis nodos y cinco transiciones —Parque del Oeste, Riberas Oeste, camping, nodo jesuita, skate park, Parque Agua Mansa y las costaneras norte y sur— sobre una superficie de 241 hectáreas.

El proyecto combina saneamiento ambiental, reforestación con especies nativas, iluminación, bicisendas y señalética, pero también algo decisivo: mecanismos de participación ciudadana que inciden en la definición y sostenimiento de las intervenciones. A partir de los datos de amenazas, infraestructura y uso del espacio, la ciudad pudo priorizar inversiones y articular obras con instancias de presupuesto participativo ambiental, mesas barriales, voluntariados y acciones de educación ambiental.

Para Claudio Minoldo, de Participación Ciudadana de la Municipalidad, el Bosque de Bolsillo de Agua Mansa es “el mejor ejemplo” de cómo el Estado local puede reconocer, canalizar y apoyar el impulso ciudadano. “Convertimos un espacio arrasado durante las crecidas de 2015 en un nuevo lugar biodiverso y esperanzador”, resume.

¿Qué es un bosque de bolsillo? Es una representación -definen en Jesús María- de un bosque nativo, diseñado específicamente para los espacios verdes urbanos. Este ecosistema a pequeña escala se compone de especies nativas y/o atractoras para la biodiversidad y de bajo requerimiento hídrico, seleccionadas cuidadosamente para maximizar los recursos para la biodiversidad y la adaptación al entorno urbano.

La experiencia también fue impulsada desde la comunidad. Gerardo Guirado, vecino del barrio Alto Los Molinos e impulsor del proyecto Parque Riberas Oeste, lo define como un cambio de lógica. “El biocorredor es el resultado de un Estado que puede interpretar la necesidad de la sociedad civil y facilitar la vinculación a través del presupuesto participativo”, analiza. 

El bosque de bolsillo de Agua Mansa —cuidado hoy por vecinos y asociaciones civiles como Grupo Scout 167— funciona como un nodo dentro de esa estrategia más amplia. Su desarrollo contó además con la articulación de organizaciones locales y socios estratégicos en el marco del programa Ciudades de la Biodiversidad de la Red de Innovación Local (RIL), en 2024, que aportó una mirada integral sobre restauración ecológica urbana.

“La Municipalidad facilita los recursos y el barrio garantiza el cuidado diario”, reptie Josefina Bonin, del Grupo Scout 167. Esa articulación, lejos de ser anecdótica, se convirtió en una pieza central de la política ambiental de la ciudad.

4. Emprendimiento y desarrollo productivo: transformar datos en oportunidades

En el área de desarrollo económico, Jesús María también pasó de programas dispersos a una política pública integral. Desde la Agencia de Desarrollo Económico (ADE), la ciudad consolidó la Incubadora Municipal de Empresas, que entre 2021 y 2024 contó con la participación de 780 personas. De ellas, 377 completaron la pre-incubación y 111 emprendimientos finalizaron procesos de incubación.

El seguimiento no es únicamente administrativo. La incubadora trabaja con indicadores de inscripción, graduación, formalización, empleo y facturación. Los resultados muestran una facturación acumulada superior a los 560 millones de pesos (unos U$S 390.000) y la generación de 128 puestos de trabajo directos, con fuerte participación de jóvenes y mujeres. La tasa de continuidad post-incubación ronda el 92 %, y ya se crearon siete puntos comerciales físicos en la ciudad.

“Hace una década comenzamos a transformar datos en oportunidades”, resume Félix Naum, coordinador de la ADE. “Creamos la Incubadora, fortalecimos una red de mentores y hoy impulsamos emprendimientos que exportan desde Jesús María al mundo”, profundiza.

Sobre esa base, el municipio lanzó el programa Jesús María Exporta, que acompaña a PyMEs locales en el diseño de planes exportadores a medida, reforzando el perfil productivo y logístico de la ciudad a escala regional.

5. Inclusión laboral e innovación social: articular para generar trayectorias reales

El mismo enfoque se aplica cuando el problema no es económico, sino social. En 2024, a partir de un laboratorio público-privado impulsado por el programa Sembrando Alianzas (Grupo de Fundaciones y Empresas y RIL), el municipio, empresas locales y el Centro Educativo Integral de Jóvenes y Adultos (CEIJA) identificaron una brecha concreta: baja inserción laboral de jóvenes y adultos que finalizaban sus estudios secundarios en el sistema de educación para adultos, y una percepción empresarial de falta de competencias.

Con ese diagnóstico nació en 2025 el programa Empoderamiento Laboral, que combina capacitaciones en habilidades blandas y técnicas, pasantías rentadas en empresas de la región, mentorías empresariales y seguimiento de la inserción laboral. “La articulación entre Estado, empresas e instituciones educativas no sólo conecta sectores: crea trayectorias reales de formación y empleo”, afirma Félix Naum.

Otro caso es Café al Corazón, un emprendimiento gastronómico inclusivo surgido del trabajo con el Taller Protegido Corazones Unidos y el Programa de Innovadores Locales de RIL. El diagnóstico fue claro: escasas oportunidades laborales para personas con discapacidad y una débil vinculación del taller con la comunidad.

El proyecto obtuvo financiamiento ciudadano a través del Presupuesto Participativo y hoy se encuentra en proceso de incubación en la ADE. “Café al Corazón demuestra que cuando las decisiones se basan en datos y las acciones se guían por valores, la inclusión deja de ser un sueño para convertirse en trabajo real, digno y transformador”, resume Naum.

Gobernar con método, aprender en red

Las cinco políticas repasadas en esta nota se sostienen sobre un entramado de decisiones previas que ordenan la acción del Estado local. Desde 2019, Jesús María viene construyendo un modelo de gestión que combina planificación estratégica, modernización administrativa, transformación digital, gobernanza de datos e instancias estables de participación ciudadana. Ese proceso permitió pasar de respuestas fragmentadas a una forma de gobernar con método.

“Gobernar con evidencia es transformar reclamos en respuestas, mapas de riesgo en biocorredores y números en oportunidades de vida. Cuando la ciudad aprende de sus propios datos, la gestión deja de ser trámite y se convierte en futuro compartido”, reflexiona Marianela Piazzano, secretaria de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica.

Un punto central es el Plan Estratégico Municipal 2023–2027, que define prioridades comunes y alinea la acción del gobierno local en ejes claros: gobernanza y transparencia, desarrollo urbano sostenible, ambiente y resiliencia, desarrollo humano y social, y competitividad y desarrollo económico. Ese marco se traduce en planes operativos por área, metas verificables y una vinculación explícita con el presupuesto, lo que habilita seguimiento, ajustes y rendición de cuentas.

La visión de Jesús María es ser “una ciudad líder en sostenibilidad, innovación y calidad de vida”. Sobre esa base, la ciudad avanzó en la construcción de capacidades internas para gestionar con información confiable. “Detrás de este entramado de planes, normas, tableros y certificaciones hay una concepción de inteligencia organizacional: el municipio como organización que aprende, donde conviven inteligencias sociales y técnicas, y donde las decisiones políticas se apoyan en análisis rigurosos”, sintetizan en la Secretaría de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica. 

Este enfoque también redefine el vínculo con la ciudadanía. La digitalización de trámites, los canales de atención, los dispositivos participativos y el uso estratégico del Presupuesto Participativo acercan el municipio a la vida diaria de los vecinos. La gestión gana cercanía cuando puede responder con mayor rapidez, explicar por qué decide lo que decide y sostener políticas que se mantienen en el tiempo.

Ese entramado es el que explica la recertificación de Jesús María como Ciudad Líder dentro del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL. 

¿Qué es una certificación en gestión eficiente?

Así como en Jesús María, en estas notas puedes conocer las políticas que reflejan eficiencia municipal en Venado Tuerto, Luján de Cuyo y Tres de Febrero: 

Esta nota integra una serie que busca visibilizar casos de ciudades de Argentina y la región donde la eficiencia dejó de ser un ideal para convertirse en una práctica cotidiana. En este caso, obtuvieron la distinción del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL.

Redacción +COMUNIDAD

Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD, con imágenes del municipio.

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Cada día, más de un millón de niños y niñas almuerzan en las escuelas públicas de São Paulo. Hasta hace poco, la mayoría de esos platos contenía carne: más de 335 toneladas por semana, lo que equivalía a más de 151.000 toneladas de CO₂ al año. Era una cifra invisible pero enorme, que vinculaba la rutina de los comedores escolares con la crisis climática global.

En 2023, la ciudad decidió cambiar el menú —literalmente— y transformar la alimentación escolar en una estrategia de sostenibilidad urbana. Así nació el proyecto Menú Escolar Sostenible (Cardápio Escolar Sustentável), una política pionera que combina acción climática, salud y desarrollo local. Su meta: reducir 25% las huellas de carbono y de agua para 2030, incorporando más vegetales, productos frescos y alimentos de proximidad.

“Esto fortalece las cadenas cortas de abastecimiento, valoriza la agricultura familiar y estimula prácticas agrícolas regenerativas, orgánicas y de pequeña escala, generando impactos positivos para el clima y la comunidad”, explica a +COMUNIDAD Fernanda Lourenço de Menezes, directora de la División de Nutrición Escolar de la Coordinación de Alimentación Escolar (CODAE) de São Paulo.

Desde su implementación, el programa logró una reducción del 8% en la huella de carbono y capacitó a más de 5.000 cocineras y nutricionistas en cocina sostenible. São Paulo convirtió sus comedores escolares en un laboratorio de innovación climática y social, donde cada receta refleja un cambio de paradigma: cuidar el planeta desde el plato.

De los comedores escolares a la acción climática

+COMUNIDAD: São Paulo alimenta a cientos de miles de estudiantes. ¿Cómo se identificó el impacto ambiental y de salud generado por los menús tradicionales? ¿Qué llevó a la ciudad a transformar la alimentación escolar en un eje estratégico de sostenibilidad urbana?

Fernanda Lourenço de Menezes: El Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) es una política pública esencial para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de los estudiantes durante el período escolar. En São Paulo, más de un millón de alumnos matriculados en unas 4.000 escuelas municipales se benefician de esta iniciativa.

La ciudad distribuía semanalmente más de 335 toneladas de carne, sirviendo alrededor de 2 millones de comidas por día en las escuelas municipales. Para medir el impacto ambiental de esta práctica, se utilizó una herramienta desarrollada por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, que calcula las huellas de carbono, hídrica y ecológica de los alimentos consumidos en el país.

Antes de adoptar medidas sostenibles, el consumo de carne en las unidades educativas generaba cerca de 151.382 toneladas de CO₂ por año. Ante estos números, São Paulo inició en 2023 la primera fase del proyecto Menú Escolar Sostenible (Cardápio Escolar Sustentável) con el objetivo de reducir gradualmente el consumo de carne y aumentar la presencia de legumbres en las comidas.

Actualmente, el consumo semanal de carne se redujo a unas 291 toneladas (vacuna, pollo, pescado y cerdo), gracias al avance hacia la segunda fase del proyecto. La meta es ambiciosa: reducir en 25% las huellas de carbono y de agua para 2030. Además de promover hábitos alimentarios más saludables y conscientes, el proyecto combate el desperdicio de alimentos y fomenta la compra de productos locales. Esto fortalece las cadenas cortas de abastecimiento, valoriza la agricultura familiar y estimula prácticas agrícolas regenerativas, orgánicas y de pequeña escala —generando impactos positivos para el clima y la comunidad.

— Desde la selección de las escuelas hasta el vínculo con los productores locales, ¿cómo se diseñó la estrategia de abastecimiento sostenible que hoy permite sustituir dos comidas semanales con carne por opciones a base de plantas?

— Para garantizar el suministro de alimentos a la Red Municipal de Enseñanza, São Paulo adopta distintos modelos de adquisición. En el contexto del proyecto Menú Escolar Sostenible, el modelo descentralizado de compras se ha destacado por ampliar la oferta de alimentos frescos y sostenibles en las unidades educativas.

En este modelo, la Secretaría Municipal de Educación transfiere recursos financieros directamente a las organizaciones de la sociedad civil, que se encargan de comprar los alimentos. La Coordinación de Alimentación Escolar (CODAE) define las directrices generales, los criterios nutricionales y sanitarios, los estándares de calidad y el esquema alimentario que orientan todo el proceso.

Además de adquirir los alimentos, estas organizaciones asociadas también gestionan completamente las comidas escolares: recepción, almacenamiento, preparación y distribución de las cinco comidas diarias que se ofrecen a bebés y niños: desayuno, colación, almuerzo, merienda y comida de la tarde.

El modelo descentralizado ofrece ventajas al permitir mayor agilidad en las compras —evitando la burocracia de los procesos públicos tradicionales— y flexibilidad en la elaboración de los menús. También posibilita la adaptación a las realidades locales de cada escuela e incentiva la compra de alimentos regionales y de temporada, fortaleciendo los circuitos cortos de abastecimiento.

Para acercar a los agricultores urbanos a las escuelas, se implementaron diversas acciones: capacitaciones sobre compra directa y requisitos del PNAE; orientaciones prácticas para identificar y relacionarse con productores locales; catálogos de proveedores; espacios de diálogo entre escuelas y agricultores; y visitas a las propiedades para conocer los métodos de cultivo.

Complementando esta estructura, la ciudad mantiene canales de comunicación directa con las unidades asociadas, brindando apoyo continuo para resolver dudas, superar desafíos logísticos y realizar ajustes operativos cuando sea necesario.

Aprendizajes, desafíos y expansión del Menú Escolar Sostenible

— Cambiar hábitos alimentarios a gran escala puede generar resistencias. ¿Qué aprendizajes dejó el proceso en relación con la comunicación, la capacitación de los equipos y la aceptación de las familias y los estudiantes?

— Sabemos que el patrón alimentario brasileño se basa en arroz y frijoles, acompañados de proteínas animales, especialmente carne vacuna. Existe una sobrevaloración de la carne en las comidas, en detrimento de otros alimentos. Este hábito representaba un desafío importante para la aceptación de comidas a base de vegetales.

Además, la mayoría de los niños no conocía ni estaba acostumbrada a consumir distintas variedades de legumbres y hortalizas. Para superar esta barrera inicial, se desarrollaron, en alianza con la Sociedad Vegetariana Brasileña, recetas sabrosas y atractivas a base de vegetales, que fueron incorporadas en los menús escolares. Las recetas y el paso a paso se presentaron en la Formación en línea del Menú Escolar Sostenible.

Desde el inicio del proyecto, se capacitó a más de 440 cocineras y nutricionistas. En 2023 se realizó una formación presencial práctica para los 450 nutricionistas de las empresas tercerizadas de alimentación escolar y de la CODAE. Ese mismo año se ofreció una formación virtual con recetas, técnicas y orientaciones sobre alimentación y sostenibilidad para más de 5.000 cocineras y nutricionistas de la red municipal.

En 2024, la formación incluyó también a las beneficiarias del Programa Operación Trabajo – Madres Guardianas de la Alimentación Escolar (GAE), con 649 participantes en encuentros que presentaron el proyecto, incluyendo charla con nutricionista y taller culinario.

Para 2025, están previstos dos encuentros de formación centrados en Plantas Alimenticias No Convencionales (PANC), brotes y aprovechamiento integral de los alimentos, dirigidos a unas 1.200 GAE. También comenzará la capacitación presencial sobre el programa y recetas a base de vegetales para todas las cocineras de las empresas tercerizadas.

— ¿Qué indicadores se utilizan para evaluar el impacto ambiental —por ejemplo, la reducción de emisiones de CO₂—, así como los beneficios nutricionales y económicos del programa?

— Utilizamos los siguientes indicadores: 

• Impacto ambiental: huellas de carbono, hídrica y ecológica.
• Beneficios nutricionales: mayor aporte de fibras, micronutrientes y polifenoles; menor consumo de grasa de origen animal y menor exposición a sustancias proinflamatorias, en consonancia con las recomendaciones de la Dieta Planetaria (EAT-Lancet, 2025).
• Beneficios económicos: no evaluados.

— ¿Cómo se financia actualmente el Menú Escolar Sostenible y qué mecanismos se están implementando para garantizar su continuidad y expansión a más escuelas?

— Los recursos financieros provienen del gobierno federal y del tesoro municipal. La implementación comenzó en agosto de 2023 con la “sopa sostenible”, elegida por ser una preparación de buena aceptación y que permite sustituir la carne sin un gran impacto para los niños.

En la primera fase, participaron 2.196 unidades asociadas, beneficiando a 308.343 alumnos. En 2024 se avanzó con la segunda fase en parte de las unidades tercerizadas, alcanzando 2.576 escuelas y beneficiando a 345.718 estudiantes, con una reducción de aproximadamente 8% en la huella de carbono.

En síntesis, el menú sostenible se está escalando gradualmente en la red, comenzando por preparaciones de fácil aceptación, mientras se fortalecen las capacitaciones de educadores y cocineras.

^{En la C40 de Buenos Aires, recibieron un premio por el Menú Escolar Sostenible el alcalde de S. Paulo, Pablo Ricardo Nunes, y funcionarias de la Coordinación de Alimentación Escolar: las nutricionistas Cláudia Lopes Macedo (directora responsable técnica) y Andrea Wang Catalani, y la coordinadora general, Maria de Fatima de Brum Cavalheiro.}

— ¿Qué aprendizajes o recomendaciones compartirían con otros gobiernos locales de América Latina que buscan avanzar hacia una alimentación escolar más sostenible, saludable y con menor huella de carbono?

— La ciudad de São Paulo se destaca por haber transformado la alimentación escolar en una estrategia de sostenibilidad, salud y fortalecimiento de la agricultura local. A través del proyecto Menú Escolar Sostenible, redujo el consumo de carne en las escuelas, priorizó ingredientes de origen vegetal y comenzó a comprar alimentos de pequeños productores, beneficiando a más de un millón de estudiantes por día.

Delegaciones de otras ciudades latinoamericanas conocieron de cerca esta iniciativa, visitaron escuelas y huertas urbanas, dialogaron con equipos intersectoriales y comenzaron a construir planes de replicación adaptados a sus realidades locales.

El programa ofrece un modelo replicable de compras públicas que cumple con objetivos climáticos, nutricionales y económicos. La experiencia refuerza la importancia de la cooperación entre ciudades para enfrentar desafíos globales como el cambio climático.
Brasil, a través del PNAE —que cumple 70 años como referencia mundial—, participa en la Coalición Internacional de Alimentación Escolar, brindando apoyo técnico a países de América Latina, Asia y África.

El equipo de la CODAE expresa orgullo por el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y por la valorización de la cultura alimentaria brasileña, especialmente al incentivar el consumo de arroz y frijoles y fortalecer las cadenas cortas de abastecimiento. Además, se pone a disposición para apoyar a otras ciudades interesadas en replicar esta idea.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

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Redacción +COMUNIDAD

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Por Juan Carlos Reyes Cañón,
director ejecutivo de RIL Colombia

En América Latina, la juventud no es un problema por resolver, sino una fuerza para el cambio. A pesar de su energía y talento, los jóvenes enfrentan barreras estructurales que limitan su futuro. ¿Cómo pueden los gobiernos locales pasar de los discursos a las soluciones efectivas? La clave está en diseñar políticas que reconozcan su diversidad, fomenten su participación, adopten un enfoque integral y se basen en alianzas estratégicas. 

A continuación, presento cuatro elementos esenciales para lograrlo.

1. Participación que transforma: de la formalidad a la cocreación

Una política pública de juventud exitosa no se diseña para los jóvenes, sino con ellos. La participación juvenil no puede ser un simple requisito burocrático o una consulta superficial. Debe ser un proceso de cocreación, donde las voces jóvenes sean escuchadas, valoradas e integradas en cada etapa del ciclo de la política: desde el diagnóstico y diseño hasta la implementación y evaluación.

Un ejemplo inspirador es la Mesa de Juventudes de Bogotá en Colombia, que ha impulsado iniciativas clave como la estrategia distrital Jóvenes con Oportunidades. Este programa ha sido fundamental para articular acciones que buscan no solo la formación, sino la inserción laboral real de los jóvenes. 

Sin embargo, también hay lecciones de fracaso cuando estas instancias se convierten en espacios de cooptación política o cuando sus decisiones no se traducen en acciones concretas. El aprendizaje es claro: la participación debe estar respaldada por voluntad política, recursos y mecanismos de rendición de cuentas que garanticen su impacto real.

2. Un enfoque integral y sistémico: rompiendo silos

Los problemas que afectan a la juventud no existen en el vacío. La falta de oportunidades laborales está ligada a la baja calidad educativa; los desafíos de salud mental se exacerban con el desempleo; y la violencia puede ser tanto una causa como una consecuencia de la exclusión. A pesar de esta complejidad, la mayoría de las políticas públicas locales en la región siguen operando en silos sectoriales. El resultado son respuestas fragmentadas e ineficaces.

Es crucial que las políticas de juventud adopten un enfoque intersectorial. Esto implica una coordinación efectiva entre las secretarías de educación, salud, desarrollo económico y cultura. Un caso notable es un programa de fomento al empleo joven en Chile, que combina subsidios para la contratación con apoyo técnico y formación continua, involucrando al sector público, privado y a las propias instituciones educativas. En Perú, en tanto, se han impulsado modelos como el Programa Contacto Joven en la Municipalidad de Lima, que conecta a jóvenes emprendedores con talleres de salud mental y resiliencia. Este programa ha logrado una articulación efectiva entre la Gerencia de Desarrollo Económico y organizaciones de la sociedad civil especializadas en salud mental, demostrando que el éxito profesional depende también del bienestar emocional. Estos modelos, aunque complejos de implementar, demuestran que las soluciones sistémicas son las únicas que pueden generar un cambio duradero.

3. De la asistencia al empoderamiento: inversión en oportunidades

El desafío más apremiante para la juventud latinoamericana sigue siendo la inserción al mercado laboral y la generación de ingresos. Las políticas asistencialistas, que ofrecen subsidios sin una estrategia de fondo, no son suficientes. La solución radica en una inversión inteligente en el empoderamiento juvenil a través de la educación, el emprendimiento y la empleabilidad.

Uruguay ha sido un referente en esta materia con un ecosistema de apoyo al empleo juvenil. Establece establece una guía práctica para conectarse laboralmente, y que se articula con iniciativas como los Centros de Empleo CePe que no sólo ofrecen formación técnica, sino que también actúan como intermediarios entre los jóvenes y las empresas, adaptando los perfiles de los egresados a las necesidades del mercado. 

Un aprendizaje clave de estas experiencias es la necesidad de un doble enfoque: capacitar a los jóvenes en habilidades del siglo XXI (digitales, socioemocionales) y, simultáneamente, trabajar con el sector privado para que reconozca el talento y valore a los jóvenes más allá de su falta de experiencia formal. El emprendimiento, por su parte, debe ir más allá de los microcréditos, ofreciendo mentoría, acceso a redes y un entorno regulatorio que facilite la creación de nuevas empresas.

4. Un compromiso compartido: la juventud es responsabilidad de todos

Finalmente, es esencial reconocer que la política pública de juventud no es solo tarea del Estado. La complejidad de los desafíos exige una visión sistémica y un compromiso compartido. Esto implica que los jóvenes, el sector privado, la academia, la cooperación internacional y la sociedad civil deben ser socios estratégicos. La academia, por ejemplo, puede aportar el rigor investigativo para la toma de decisiones basada en evidencia. El sector privado, más allá de la filantropía, puede ser un motor de oportunidades laborales y mentoría.

Las políticas locales deben fomentar alianzas público-privadas que generen un ecosistema de apoyo robusto para los jóvenes. Por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, se puede convocar a fundaciones especializadas y al sector privado para financiar y expandir servicios de apoyo psicológico que complementen la oferta pública, a menudo desbordada.

La juventud es un reflejo de nuestro presente y el motor de nuestro futuro. Abordar sus desafíos y potenciar sus capacidades es una inversión con el retorno más alto para una sociedad: la prosperidad, la innovación y la cohesión social. Invito a los líderes a trascender los discursos y a invertir en el talento joven, porque el futuro no se construye para los jóvenes, sino con ellos.

(*) Juan Carlos Reyes Cañón es especialista en políticas de juventud y desarrollo social. Fue director del Sistema Nacional de Juventud de Colombia (2014-2018), donde impulsó leyes en temáticas juveniles, el Pacto Iberoamericano de Juventud y la conformación de más de 600 plataformas municipales. Ha trabajado en iniciativas de empleabilidad y empoderamiento juvenil como GOYN Bogotá en la Fundación Corona, el Programa Jóvenes Resilientes de USAID y ACDI/VOCA y programas como Familias en Acción. Actualmente es director ejecutivo de la Red de Innovación Local en Colombia.

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Por Estefanie Quispe Salas (*)

¿Qué es una sociedad que enjevece para el desarrollo urbano sostenible?

El envejecimiento de la población es uno de los fenómenos demográficos más significativos del siglo XXI, con implicaciones profundas para el desarrollo urbano. Las ciudades, como centros económicos y sociales, enfrentan el desafío de adaptarse a una población que envejece rápidamente, mientras continúan siendo espacios inclusivos, dinámicos y sostenibles para todas las generaciones.

A medida que el porcentaje de personas mayores crece en áreas urbanas, es fundamental desarrollar estrategias de planificación que aborden las necesidades específicas de esta población y aprovechen las oportunidades que el envejecimiento conlleva. La transformación demográfica hacia sociedades más longevas requiere un replanteamiento de las infraestructuras, los servicios y las políticas urbanas. Esto implica garantizar la accesibilidad y el bienestar físico de las personas mayores. También fomentar su participación activa en la vida económica, social y cultural de las ciudades.

Desde el diseño de viviendas adaptadas hasta la creación de espacios públicos amigables para todas las edades, las ciudades deben reinventarse para facilitar una vida plena y autónoma a medida que la población envejece. De este modo, el envejecimiento urbano no sólo es un desafío, sino también una oportunidad para promover entornos urbanos más equitativos.

A pesar de que el envejecimiento suele percibirse como un problema que sobrecarga los sistemas sociales y económicos, también es un logro de las condiciones socioeconómicas mejoradas que han permitido que las personas vivan más tiempo y de manera más saludable.

Las ciudades tienen un papel crucial en este proceso, gestionando las implicaciones del envejecimiento, y también celebrando y potenciando las contribuciones de las personas mayores. Esto requiere un enfoque integral que incluya la coordinación intersectorial y el compromiso con las comunidades locales para desarrollar políticas que promuevan una mejor calidad de vida para todos los residentes, independientemente de su edad.

¿Qué debemos considerar para crear políticas urbanas para una sociedad que envejece?

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), es fundamental tener en cuenta tres aspectos interconectados al desarrollar políticas urbanas dirigidas a las sociedades que están envejeciendo:

1. El envejecimiento a nivel individual.
2. El envejecimiento de la población en general.
3. El nuevo equilibrio demográfico que se establece en las sociedades después de pasar por las distintas fases del proceso de envejecimiento.

1. Envejecimiento individual

El envejecimiento individual se refiere al hecho de que las personas, en promedio, viven vidas más largas que las generaciones anteriores. Esto extiende la división tradicional de la vida en juventud, adultez y vejez, añadiendo una etapa adicional. Se trata de la “tercera edad” (65-74 años) y la “cuarta edad” (75 años en adelante).

Este fenómeno requiere una reevaluación de cómo las políticas públicas abordan la vejez, considerando las necesidades únicas de estas nuevas fases de la vida. Por ejemplo, las personas en la tercera edad pueden ser más activas y participar en la comunidad. Mientras, aquellas en la cuarta edad pueden requerir mayores apoyos de salud y movilidad.

Asegurar la autonomía de las personas mayores es un aspecto esencial de las políticas que se desarrollan en torno al envejecimiento individual. Es decir, proporcionar servicios e infraestructura que les permitan vivir de manera independiente y con dignidad durante el mayor tiempo posible. Aspectos como el acceso a transporte adaptado, viviendas accesibles y servicios médicos cercanos son cruciales.

Además, las ciudades deben pensar en cómo promover actividades que mantengan a las personas mayores físicamente activas y socialmente conectadas, reduciendo el riesgo de aislamiento. La promoción de la independencia física y financiera de las personas mayores es también una cuestión importante para el desarrollo urbano sostenible. Las ciudades deben diseñar espacios y servicios que respondan a las limitaciones físicas de las personas mayores, además de fomentar su participación económica y social.

Las políticas deben ser inclusivas y considerar tanto las capacidades como las limitaciones de las personas mayores. Esto también incluye la necesidad de entornos amigables para personas mayores, donde las barreras arquitectónicas se minimicen y la seguridad sea una prioridad.

2. Envejecimiento poblacional

El envejecimiento poblacional se refiere al aumento del número y porcentaje de personas mayores dentro de la estructura demográfica de una sociedad. Este cambio afecta fundamentalmente las pirámides de población, las cuales han sido la base de muchas políticas sociales y económicas.

A medida que la base de la pirámide poblacional se estrecha y el segmento de edad avanzada se expande, las ciudades deben reconfigurar sus enfoques en áreas como el empleo, los servicios de salud y el cuidado a largo plazo. Esto requiere un cambio hacia políticas más intergeneracionales que promuevan la redistribución equitativa de los recursos entre generaciones.

La planificación urbana debe considerar cómo las ciudades pueden atender las necesidades tanto de las generaciones jóvenes como de las más envejecidas sin crear conflictos entre ellas. Las ciudades que experimentan un envejecimiento significativo de la población deben garantizar que los servicios públicos sean sostenibles y equitativos. Por ejemplo, invertir en infraestructura de salud y servicios sociales es esencial. Pero también lo es apoyar el acceso de los jóvenes a la educación y el empleo.

Un equilibrio cuidadoso asegurará que las ciudades continúen siendo entornos inclusivos para todas las edades. Es importante que las políticas urbanas no vean el envejecimiento poblacional como un obstáculo, sino como una oportunidad para crear ciudades más inclusivas y adaptables.

A medida que la estructura demográfica cambia, las ciudades pueden rediseñar sus servicios y espacios para ser más accesibles y beneficiosos para todos. Esto incluye fomentar entornos de aprendizaje y trabajo para las personas mayores, impulsando su participación activa en la sociedad. Las ciudades también pueden buscar formas innovadoras de utilizar la experiencia y sabiduría de las personas mayores, promoviendo el voluntariado y la mentoría para fortalecer la cohesión social.

3. Nuevo equilibrio demográfico

El nuevo equilibrio demográfico se refiere al estado de estabilidad al que las sociedades llegan después de haber pasado por el proceso de envejecimiento poblacional. Este nuevo equilibrio implica que la sociedad ha reconfigurado su estructura de edad y que ahora debe adaptarse a un entorno donde las proporciones de edad se mantendrán más o menos constantes a largo plazo.

En este punto, las ciudades deben haber implementado sistemas resilientes que puedan manejar los impactos del envejecimiento de manera sostenible y equitativa, sin comprometer el bienestar de ninguna generación.

Las ciudades que alcanzan este nuevo equilibrio demográfico tienen la oportunidad de aprender de los desafíos y éxitos del pasado. Se espera que estas sociedades se recuperen de los impactos iniciales del envejecimiento poblacional y que se fortalezcan mediante políticas adaptativas y enfoques urbanos resilientes. Esto podría significar el desarrollo de programas de vivienda multigeneracional, sistemas de transporte flexibles y redes de apoyo comunitario que sean beneficiosas para todas las edades.

El objetivo es que las ciudades estén mejor preparadas para cualquier cambio futuro en la estructura poblacional. El aprendizaje y la adaptabilidad son cruciales en esta fase, ya que las ciudades necesitan ser capaces de responder a nuevas circunstancias con rapidez y eficacia. Las políticas deben ser lo suficientemente flexibles para ajustarse a los cambios a largo plazo, pero también deben estar ancladas en un compromiso con la inclusión y la sostenibilidad.

Este nuevo equilibrio demográfico brinda una oportunidad para reevaluar las prioridades urbanas y fomentar comunidades donde la interdependencia y el apoyo mutuo entre generaciones se conviertan en el núcleo de la vida urbana. Esto promoverá ciudades más cohesivas y resilientes, capaces de afrontar los desafíos del futuro.

¿Cómo podemos abordar este desafío desde las smart cities?

La integración de datos permite a los planificadores urbanos y a los responsables de políticas monitorear las tendencias demográficas en tiempo real. Proporcionan información sobre la distribución geográfica de las personas mayores y sus necesidades específicas, ayudando a asignar recursos de manera eficiente. Por ejemplo, identificando áreas donde se requiere una mayor inversión en infraestructura de salud o transporte accesible. Además, las herramientas de análisis de datos pueden predecir futuras demandas de servicios y apoyar la planificación urbana a largo plazo.

Por otro lado, la inteligencia artificial tiene el potencial de transformar cómo las ciudades abordan los desafíos del envejecimiento mediante soluciones personalizadas. Por ejemplo, los sistemas de IA pueden optimizar las rutas de transporte público para facilitar el acceso a las personas mayores. O incluso proporcionar asistencia en tiempo real a través de dispositivos inteligentes que monitorean la salud de los residentes y alertan a los servicios de emergencia en caso de necesidad.

Los algoritmos de aprendizaje automático también pueden analizar datos sobre patrones de movilidad y uso de servicios para mejorar la seguridad y la calidad de vida de las personas mayores. Esto va desde cruces peatonales más seguros hasta alertas automáticas en caso de caídas.

Desafíos y oportunidades

Se puede concluir que las sociedades envejecidas presentan tanto desafíos como oportunidades para el desarrollo urbano sostenible. Las ciudades deben replantear y rediseñar sus políticas urbanas para garantizar que las personas mayores vivan de manera independiente y digna, con acceso a infraestructura y servicios adecuados. Esto implica invertir en espacios públicos accesibles, viviendas adaptadas y sistemas de transporte eficientes que beneficien a todos los ciudadanos, independientemente de su edad. Además, integrar a las personas mayores en la vida económica y social de la ciudad es primordial para aprovechar su experiencia y fomentar una mayor cohesión social. 

Por otro lado, el envejecimiento de la población ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las prioridades urbanas y avanzar hacia un modelo de ciudad más inclusivo y justo. Al aprender de las experiencias de los países y ciudades que ya enfrentan estos cambios, es posible desarrollar soluciones que mejoren la calidad de vida para todas las generaciones. En última instancia, abordar el envejecimiento de manera proactiva y estratégica ayudará a crear ciudades más habitables y sostenibles.

Bibliografía

• Asociación Académica. (n.d.). Desarrollo de ciudades inclusivas para las personas mayores. https://www.aacademica.org/000-009/920.pdf
• Canal Senior. (n.d.). Ciudades del futuro: ¿Hay sitio para las personas mayores?. https://canalsenior.es/noticias/ciudades-del-futuro-hay-sitio-para-las-personas-mayores/
• Fundación Mutualidad. (n.d.). La realidad: Una sociedad que envejece en las ciudades. https://fundacionmutualidad.org/recurso/la-realidad-una-sociedad-que-envejeceen-las-ciudades/
• International Federation on Ageing. (2015). Shaping ageing cities. https://ifa.ngo/wp-content/uploads/2015/09/Shaping-Ageing-Cities_A4_web-1.pdf
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2015). Ageing in cities. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2015/04/ageing-in-cities_g1g51d27/9789264231160-en.pdf
• Organización Panamericana de la Salud (OPS). (n.d.). Ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. https://www.paho.org/es/temas/ciudades-comunidades-amigables-con-personas-mayores
• Scielo México. (2021). Investigación sobre ciudades y envejecimiento. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-36072021000100002
• World Health Organization. (2023). Decade of healthy ageing: Baseline report update. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/366634/9789240068698-eng.pdf

(*) Estephanie Quispe Salas es parte de Trend Smart Cities, una consultrora que acompaña a gobiernos, empresas, startups y emprendedores a generar un impacto positivo para un mejor futuro urbano. Conocé más en www.trend-smartcities.com. Instagram @trendsmartcities.

En este enlace podés leer más columnas de Lucía Bellocchio, directora de Trend Smart Cities, relacionadas al mundo de las smart cities publicadas en +COMUNIDAD.

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En este contexto, muchas ciudades están desarrollando iniciativas innovadoras que buscan abordar el desafío de la alfabetización de manera creativa, efectiva y accesible. Estas soluciones locales no sólo ayudan a reducir las tasas de analfabetismo en el mundo, también fomentan la inclusión social y el acceso equitativo a la educación.

A continuación, presentamos cuatro iniciativas de gobiernos locales que trabajan para fomentar la alfabetización en cada una de sus comunidades. Todos los programas se destacan por la colaboración entre universidades, organizaciones y comunidades para garantizar el acceso a un derecho reconocido a nivel internacional para toda la población.

Plan Integral de Alfabetización en Rosario

En la ciudad de Rosario, Santa Fe, en Argentina, desde hace tres años se implementa el Plan Integral de Alfabetización, una iniciativa conjunta con la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El objetivo es mejorar las habilidades de lectura y escritura de personas jóvenes y adultas que no accedieron a la educación formal o que la abandonaron.

Se trata de una estrategia de inclusión sociocultural que articula esfuerzos de distintas áreas del Estado para garantizar el acceso a los bienes culturales que ofrece la ciudad. Este programa también trabaja en la promoción de la reflexión sobre el rol de la ciudadanía y el valor de la palabra, reforzando los lazos familiares y comunitarios.

Para llegar al público objetivo se realiza un abordaje integral de cada barrio, a través de una labor conjunta con todas las secretarías del municipio, donde se detectan casos. A su vez, se direccionan los recursos según las demandas específicas de un determinado colectivo, sobre la problemática que se aborda con este plan integral. 

El impacto de la alfabetización en Rosario

Paula Negroni, coordinadora del Plan Integral de Alfabetización, afirma que la estrategia ya ha generado un impacto significativo en toda la comunidad. “Se implementó una red de 20 Puntos de Alfabetización, donde educadores populares y organizaciones locales brindan formación”, menciona en diálogo con +COMUNIDAD.

“Además, más de 100 alfabetizadores fueron capacitados en el marco de este plan, que permitió fortalecer de ese modo la inclusión educativa y la re-escolarización. El plan también ha fomentado la colaboración entre el gobierno local, organizaciones civiles y entidades educativas, mejorando así la gobernanza colaborativa”, agrega la licenciada en Ciencia Política. 

La coordinadora dice que uno de los principales desafíos de su implementación fue la logística para crear puntos de alfabetización accesibles y adaptados a cada comunidad. También mantener el compromiso y la colaboración de los múltiples actores involucrados a largo plazo, y las barreras socioeconómicas de los participantes, que a menudo dificultan su acceso constante al proceso de alfabetización iniciado. 

Cómo implementar un plan como el de Rosario

“Muchas personas que anteriormente no habían tenido acceso a la educación ahora pueden aprender a leer y escribir ”, explica Negroni sobre la respuesta de la comunidad. “Además, el rol de los alfabetizadores, muchos de ellos líderes comunitarios, ha sido fundamental para crear un entorno de confianza y compromiso”, añade. 

Ante la pregunta qué consejo le daría a una ciudad que desea implementar un plan como el de Rosario, la coordinadora desarrolla: “Establecer una red de actores locales clave. También involucrar a la sociedad civil, organizaciones comunitarias, religiosas y educativas desde el inicio, para garantizar el éxito y sostenibilidad del plan”.

Además, menciona que es importante realizar un diagnóstico para comprender las necesidades de la población objetivo, y fomentar la formación de los alfabetizadores. “El plan debe ir más allá de enseñar a leer y escribir, es clave reinsertar a las personas en el sistema educativo formal y brindarles oportunidades de crecimiento continuo”. 

Las estrategias de Lima y Coatepec

Siguiendo el mismo espíritu de inclusión educativa, en Lima, Perú, el área de Desarrollo Económico de la Municipalidad impulsa desde 2019 el programa Aprendiendo Emprendo, dirigido a comerciantes ambulantes. Con clases presenciales, virtuales y el uso de grupos de WhatsApp, la población participante, de entre 50 y 70 años, aprende a leer, escribir y realizar operaciones básicas.

Se estima que cerca de 8 millones de personas en Perú no cuentan con habilidades básicas de lectura y escritura, por lo cual esta iniciativa significa un gran paso para la ciudadanía. Esta se da en alianza entre la Municipalidad de Lima y el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), y se reconoce como “programa periférico de alfabetización”.

Desde su inicio, más de 150 comerciantes fueron beneficiados por este programa, que además fue reconocido con el Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública. Este reconocimiento se dio en el marco de un certamen organizado por Ciudadanos Al Día, que promueve herramientas para mejorar la gestión pública al servicio de las personas.

El Programa ALAS en Coatepec

Por otro lado, en Coatepec, México, la Universidad Veracruzana implementó el Programa ALAS, que enseña a leer y escribir a personas con discapacidad auditiva. Esta iniciativa, diseñada por Marco Antonio Rodríguez Revoredo, se caracteriza por su innovadora metodología y uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El programa funciona mediante un software en línea al que se puede acceder con una computadora, tableta o teléfono móvil con acceso a Internet, tiene seis secciones: Vocabulario, Verbos, Alfabeto y Números, Enunciados, Juegos y Cuentos. Actualmente cuenta con más de 2000 recursos de aprendizaje y 400 sustantivos y verbos. 

Este proyecto, aplicado como prueba piloto en la Escuela Primaria “Héroes de Chapultepec” en Coatepec, fue elogiado por diferentes instituciones internacionales. Una de ellas es la Universidade Federal do Espírito Santo, de Brasil, que busca replicarlo.

Once años impulsando la alfabetización

Mientras tanto, en Baltimore, Estados Unidos, una colaboración entre universidades, organizaciones sin fines de lucro y una firma de arquitectura de la ciudad dio lugar a una asociación público-privada para la reconstrucción de la escuela Henderson-Hopkins. Esta institución de más de 500 alumnos y alumnas empleó la metodología Success For All, que prioriza la lectura y las habilidades orales en clases de hasta 23 estudiantes.

El modelo Success For All proporciona a docentes un libro con recursos detallados para educar a sus estudiantes, que incluye orientación del paso a paso para las consignas. Este método logró que la tasa de alfabetización estudiantil aumentara del 39% en 2012 al 67% en 2014, hoy  el modelo se implementa en cerca de mil escuelas en 46 estados.

Desde Argentina hasta Estados Unidos, estas iniciativas de alfabetización subrayan la importancia de invertir en la educación para construir ciudades más inclusivas y resilientes. A través de la colaboración entre gobiernos, organizaciones civiles y educativas, se está logrando mucho más que enseñar a leer y escribir: se está creando un camino hacia un futuro de mayor equidad y oportunidades.

Estos casos fueron compartidos en el último Boletín de Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL). 

Imagen ilustrativa de portada: Unsplash.

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