Esta nota es la primera de una serie de tres. En esta entrega trazamos el panorama: el desafío de empleo que enfrenta Argentina y cómo se distribuye, de manera dispar, a lo largo del territorio nacional. La segunda recorre una constelación de gobiernos locales que, dentro de sus competencias, buscan mover la aguja del empleo privado, el desarrollo económico, el conocimiento y el emprendedurismo. La tercera pone rostro a esas políticas con las historias de personas cuyas trayectorias se vieron beneficiadas, de alguna manera, por una decisión de gestión municipal.

El mismo país, dos futuros

Dos chicos terminan la secundaria el mismo año. Tienen la misma edad, las mismas ganas, parecidas notas. Uno vive en un partido del Gran Buenos Aires; el otro, en un departamento del norte argentino. A partir de ahí, sus caminos se bifurcan por una razón que ninguno eligió: el lugar donde nacieron. Para uno, alrededor hay fábricas, oficinas, comercios que registran empleados. Para el otro, el trabajo formal privado es una rareza, y lo más probable es una salida informal, una changa o irse.

Que el código postal incline la balanza no es una metáfora; es algo que las personas viven. En Lobería, una ciudad de 18.000 habitantes en el interior bonaerense, Facundo terminó la secundaria a los 20 años sin saber muy bien qué haría. Irse a estudiar a otra ciudad no estaba entre sus planes. Si las cosas hubieran seguido su curso, su camino habría sido otro. “Seguramente hubiera estudiado algún oficio para desarrollar habilidades para trabajar en algún ámbito totalmente distinto al que tengo actualmente”, reconoce. Hoy tiene 27 años y trabaja en desarrollo informático, el campo para el que se formó.

Qué cambió entre una vida y la otra es una historia que esta serie cuenta más adelante. Por ahora alcanza con anotar que cambió, y que fue por su esfuerzo, claro, pero también por una política pública que marcó un antes y un después en la localidad.

Esa lotería del código postal es invisible en las estadísticas nacionales, que promedian todo y aplanan las diferencias. Pero es la que ordena la vida de millones de personas. Y está por volverse más urgente.

Hay un número que el Banco Mundial repite cuando habla de Argentina. En los próximos diez años, casi dos millones de jóvenes alcanzarán la edad de trabajar. Para ellos, según las proyecciones del organismo, el país creará apenas la mitad de los puestos de trabajo necesarios. No es una estadística sobre el pasado: es una cuenta sobre adolescentes que hoy están en un aula y en pocos años golpearán la puerta del mercado laboral. La pregunta de quién les abrirá esa puerta, y dónde, es la que recorre esta serie.

El segundo panel del siguiente gráfico cuenta la otra mitad de la historia. La tasa de empleo mide qué porción de la población en edad de trabajar tiene efectivamente un trabajo, de cualquier tipo. En Argentina trepó hasta 58,5% en 2023 y cayó a 57,4% en 2024, el primer año del cambio de gobierno. En el mismo período, el promedio de América Latina y el Caribe subió de 58,8% a 59,1%. Mientras la región mejoraba, Argentina se despegaba hacia abajo. El desafío de los dos millones de jóvenes, entonces, no llega sobre un mercado en expansión, sino sobre uno que venía cediendo.

Por qué el promedio nacional oculta las brechas laborales

Lo nacional, en un país tan extenso y desigual como Argentina, casi siempre engaña. Un promedio es un punto de equilibrio entre realidades que pueden no parecerse en nada: el mismo número resume a un partido bonaerense con parques industriales y a un departamento del norte donde el empleo formal privado escasea. El promedio existe, pero nadie vive en él.

Para ver lo que esconde hay que bajar la mirada al territorio. Y ahí aparece un problema práctico: en Argentina, los datos de empleo con detalle local son escasos. La principal encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) mide solo 31 aglomerados urbanos, una fracción del país. Para construir un mapa nacional completo hace falta otra fuente.

Esa fuente existe. El Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Economía (CEP-XXI) publica, a partir de los registros del sistema previsional, la cantidad de puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado en cada uno de los más de quinientos departamentos y partidos del país. Tiene una virtud decisiva para esta investigación: cuenta cada puesto en el lugar donde vive la persona que trabaja, no donde está la empresa. Es lo más cercano al empleo según el código postal de las personas.

Al cruzar ese dato con la población de cada departamento que mide el INDEC, se obtiene un indicador comparable de una punta del país a la otra: cuántos puestos de trabajo formales privados hay cada mil habitantes. Es el corazón de esta serie, y es el mapa que sigue más adelante.

Una aclaración sobre la escala

Antes del mapa, una precisión necesaria, porque define qué se está mirando. La unidad de este trabajo es el departamento —o el partido, en la provincia de Buenos Aires—, no el municipio. Y conviene entender por qué.

En Argentina hay más de 2.300 gobiernos locales: municipios, comunas, comisiones de fomento, juntas de gobierno, juntas vecinales. La cifra exacta varía según la fuente y el momento, porque cada tanto se crean nuevos. Sería el nivel ideal para una nota sobre lo local. Pero no existen datos públicos de empleo registrado a esa escala; la estadística oficial no baja hasta el gobierno local. El nivel más fino disponible, y el único con cobertura nacional completa, es el departamento.

Departamento y gobierno local no son lo mismo, y la diferencia no es menor. Cada provincia define su propio régimen municipal, según le reconoce la Constitución Nacional. En algunas un departamento coincide más o menos con un municipio. Mientras la provincia de Buenos Aires se divide en 135 partidos que funcionan como gobierno local, en Córdoba o Santa Fe un mismo departamento puede contener decenas de municipios y comunas con autoridades propias. El mapa, entonces, muestra el territorio con el mayor detalle que la estadística pública permite, que no siempre es el del gobierno que toma las decisiones. Es una limitación de los datos disponibles.

El mapa del empleo privado formal en Argentina

La media nacional es de 143 puestos cada mil habitantes. Pero esa cifra, otra vez, es un promedio. El mapa muestra la verdadera amplitud.

Conviene detenerse a recorrerlo. Los departamentos más oscuros, los de mayor densidad de empleo formal, dibujan un corredor reconocible: la Ciudad de Buenos Aires, el sur santafesino alrededor de Rosario, el corazón productivo de Córdoba, y los enclaves donde la energía y la minería ordenan la economía, como Neuquén y el sur patagónico. En el otro extremo, vastas zonas del norte argentino aparecen en tonos claros, con menos de un tercio de la media nacional. Allí, el empleo asalariado registrado privado es la excepción, no la regla, y buena parte del trabajo se reparte entre la informalidad, el cuentapropismo y el empleo público.

Una aclaración que el propio mapa explicita, y que vale la pena entender, porque cambia la lectura. El indicador cuenta a las personas donde viven. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, muestra 266 puestos cada mil habitantes, bastante menos de lo que sugieren otros rankings que llegan a más del doble. La diferencia no es un error. Esos otros rankings cuentan el empleo donde está el puesto de trabajo, y la Ciudad recibe cada día a cientos de miles de personas que trabajan en sus oficinas pero viven en el conurbano. Medido por residencia, esos trabajadores se cuentan en los partidos del Gran Buenos Aires, que es donde viven sus familias.

Una foto de noviembre de 2023

El mapa tiene una fecha que quedó algo atrás, y es importante decirla con todas las letras. Refleja la situación a noviembre de 2023, el último dato disponible con ese nivel de detalle territorial. Después de esa fecha, la serie con apertura departamental dejó de actualizarse, justo cuando asumía un nuevo gobierno y la economía entraba en una etapa de fuerte reacomodamiento.

Quedarse solo con esa foto sería contar una historia a medias. Por eso, para asomarse a lo que pasó después, hay que cambiar de fuente y de escala. El Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial de la Secretaría de Trabajo publica una serie por provincia que llega hasta mediados de 2025. No tiene el detalle departamental del mapa, y cuenta el empleo según dónde está el puesto de trabajo, no según la residencia. Pero permite responder la pregunta que todo lector se hace frente a una foto de 2023: ¿y después, qué pasó?

Lo que pasó después fue una caída con forma de doble valle. El empleo registrado privado retrocedió a lo largo de 2024, tuvo una recuperación parcial a comienzos de 2025 y volvió a ceder: dos años después del punto de partida, el país cerró con un 2,8% menos de empleo formal privado. Pero, como en el mapa, el número nacional esconde una enorme disparidad. Detrás de ese promedio hay provincias que crecieron, encabezadas por Neuquén y el empuje de Vaca Muerta, y provincias que perdieron más de un diez por ciento de su empleo formal, como Santa Cruz, La Rioja, Formosa o Tierra del Fuego. La geografía desigual del empleo no es una foto fija: también la dinámica reciente golpeó de manera despareja al territorio.

La pregunta que abre la serie: qué pueden hacer las ciudades

Reunidos, los tres gráficos cuentan una sola historia. El país necesita generar empleo para una generación que está por llegar, y no alcanza. El empleo que existe se reparte de forma radicalmente despareja según dónde se viva. Y la coyuntura reciente, lejos de emparejar, profundizó esas brechas.

Frente a un diagnóstico así, resulta fácil quedarse en la denuncia. Pero hay otra parte de la historia, menos visible en los grandes promedios, que es la que da sentido a esta serie. En todo el país hay gobiernos locales que, dentro de sus competencias y con recursos siempre acotados, decidieron no esperar. Crearon programas de empleo joven, clubes de emprendedores, polos tecnológicos, escuelas de oficios, vínculos entre las universidades y las empresas de su región. No mueven el promedio nacional, pero mueven el dato dentro de su jurisdicción, y cambian vidas concretas.

Ese tipo de historias, con foco en soluciones e innovación, son las que seguimos de cerca en +COMUNIDAD y la Red de Innovación Local (RIL). Tal constelación de ciudades es el tema de la segunda entrega de esta serie. Iremos a verlas de cerca: qué hicieron, cómo lo hicieron y qué resultados muestran.Y en la tercera entrega, las historias de algunas de las personas cuyas trayectorias se vieron impactadas en mayor o menor medida por una de esas decisiones de gestión.

Volvamos al principio, y a Facundo.

En Lobería, terminar la secundaria solía ser el primer paso de una partida: quien podía, se iba; quien no, no seguía los estudios. Lo que cambió su rumbo fue que el municipio articuló con la Universidad Nacional del Centro para traer la universidad a la ciudad, con una carrera de desarrollo informático incluida. La universidad fue, además, el puente directo con su primer empleo: “Me llegó una propuesta de trabajo mientras estaba terminando el último año. La empresa buscaba un empleado con el perfil para el cual nos formamos, y la universidad fue un nexo para que se concrete esa oportunidad”.

No necesitó irse para profesionalizarse. Su historia, y la de otras personas cuyas trayectorias cambiaron por una decisión de gestión local, es la que cierra esta serie en la tercera entrega.

De los dos chicos que terminan la secundaria, el futuro de uno y otro no tiene por qué seguir dependiendo del código postal. Porque detrás de cada punto de estos mapas hay, al final, alguien buscando trabajo.

Nota de metodología. El indicador territorial de esta nota corresponde a puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado cada mil habitantes, elaborado a partir de datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía, sobre registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cruzados con las estimaciones de población por departamento del INDEC con base en el Censo 2022. El dato refiere al promedio de enero a noviembre de 2023, último período disponible con apertura departamental. La cartografía se construyó sobre la capa de departamentos censales del INDEC. La dinámica posterior se basa en la serie provincial del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE) de la Secretaría de Trabajo. Los indicadores nacionales y la comparación regional provienen del Banco Mundial (Indicadores de Desarrollo Mundial, vía Data360) y de su Informe Anual 2025. El procesamiento de los datos y la construcción de las visualizaciones interactivas se realizaron con un método auditable, con soporte de Claude Code. Las visualizaciones pueden recorrerse en detalle en la versión digital de esta nota.

Este trabajo fue producido y dirigido por Juan Martín de Chazal, coordinador de +COMUNIDAD | RIL. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de casi una decena de personas más de la Red de Innovación Local. En especial: Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico), Florencia Luján (Apoyo periodístico +COMUNIDAD), Inés Reineke (Dirección de Innovación Global), Pedro Nieto (desarrollo web RIL Digital), Florencia Galimberti (Dirección de Impacto), Sofía Irazusta (Dirección de Impacto) y Olivia Nazar Anchorena (diseño gráfico). A todos ellos, el agradecimiento más profundo de +COMUNIDAD. También hacia Alejandra Dandan y Silvina Heguy, periodistas mentoras del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos.

Esta producción se enmarca en el microgrant con mentoría otorgado a +COMUNIDAD por el Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos, una iniciativa impulsada por Media Party y el Banco Mundial destinada a fortalecer el periodismo de datos e IA sobre empleo y desarrollo en América Latina. 

^{Diseño placa principal: Olivia Nazar Anchorena.}

La entrada Lo que el promedio esconde: cuánto varía el empleo privado según tu código postal en Argentina se publicó primero en +COMUNIDAD.

Esta es la segunda de una serie de tres notas, en el marco del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos impulsado por Media Party y el Banco Mundial. En la primera trazamos el panorama, con un mapa nacional que mostró cuánto varía, según el lugar donde se viva, el empleo privado registrado en Argentina. Esta segunda recorre una constelación de gobiernos locales que, dentro de sus competencias, buscan mover la aguja del empleo, el desarrollo económico, el conocimiento y el emprendedurismo. La tercera pone rostro a esas políticas, con las historias de personas cuyas trayectorias se vieron impactadas por una decisión de gestión municipal.

La otra mitad de la historia: por qué políticas locales de empleo

Hay un número que ya apareció en la primera entrega de esta serie, y que el Banco Mundial repite cuando habla de la Argentina. En los próximos diez años, casi dos millones de jóvenes llegarán a la edad de trabajar, y el país proyecta crear apenas la mitad de los puestos que necesitan. La primera nota mostró, además, que el empleo que sí existe se reparte de forma despareja según el territorio. La media nacional es de 143 puestos de trabajo registrados del sector privado cada mil habitantes, pero detrás de ese promedio conviven localidades con parques industriales y otras donde el empleo formal es una rareza.

Frente a un diagnóstico así, hay una reacción que no se ve en los grandes promedios. En distintos puntos del país, gobiernos locales decidieron no esperar. Con competencias acotadas y presupuestos cortos, impulsaron universidades, polos tecnológicos, escuelas de oficios, clubes de emprendedores y puentes entre las aulas y las empresas. No mueven la aguja nacional, pero mueven el dato dentro de su jurisdicción. Esta entrega recorre once de esos municipios.

El recorrido no pretende ser exhaustivo. La selección se construyó junto a los equipos de la Red de Innovación Local (RIL) que acompañan a estos gobiernos: Camila Alanis, coordinadora de Ciudades del Conocimiento; Gastón Lastra, coordinador de Ciudades del Desarrollo Económico; y Clarisa Fabris, coordinadora de Ciudades Emprendedoras, los tres de RIL Argentina. 

El resultado es deliberadamente diverso: ciudades de siete provincias, gobernadas por fuerzas políticas distintas y de tamaños que van de los pocos miles a más de un millón de habitantes. El denominador común no es el color partidario ni la escala, sino la decisión de gestionar el empleo como política de Estado local.

Es, además, un primer mapa, no uno cerrado. En algunos casos la información todavía está en construcción y podrá ampliarse con nuevos datos y precisiones. Y es, sobre todo, una selección inicial: hay muchos más municipios trabajando en esta dirección, y la intención es seguir sumándolos.

Los once casos pueden recorrerse de dos maneras. En esta nota, agrupados en tres familias de política —conocimiento, emprendedurismo y desarrollo económico—. Y en el mapa interactivo que acompaña la serie, donde cada ciudad es un punto sobre el territorio: al pasar el cursor se despliega su política, el partido que la gobierna y, donde corresponde, su dato de empleo. Conviene tenerlo a mano durante la lectura.

Una aclaración heredada de la primera entrega se vuelve a aplicar. El dato de empleo se mide por departamento o partido, una unidad que no siempre coincide con el municipio. Donde coincide, la cifra local acompaña a cada ciudad; donde no, se omite, para no atribuir a un municipio un dato que abarca un territorio más amplio.

El conocimiento, para que el talento se quede

Un primer grupo de ciudades apostó a la economía del conocimiento como forma de generar empleo calificado sin que sus jóvenes tengan que irse. Universidades locales, polos tecnológicos y escuelas digitales son las herramientas.

Lobería, Buenos Aires

En este partido de 18.000 habitantes del sudeste bonaerense, terminar la secundaria solía ser el primer paso de una partida. Quien podía irse a estudiar rara vez volvía; quien no podía, dejaba los estudios. Al mismo tiempo, casi la mitad de la economía local dependía del agro, pero sin talento formado en tecnología ese motor no podía dar el salto hacia la agricultura de precisión. Con 97 puestos cada mil habitantes, muy por debajo de la media nacional, Lobería tenía además uno de los mercados de empleo formal más delgados de los casos relevados.

La respuesta fue traer la universidad al territorio. Con acompañamiento de RIL desde 2016 y en alianza con la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) y otras cuatro casas de estudio nacionales, el municipio dio vida a la Universidad en Lobería, que hoy ofrece más de 15 carreras, y a un Clúster AgTech que forma en drones y programación aplicada al campo. Los resultados son medibles. Desde 2019 pasaron por sus aulas más de 3.200 personas. Sus primeros 132 egresados marcaron un hito: el 98% fueron los primeros universitarios de sus familias. En 2025, la universidad inauguró edificio propio, con reconocimiento de la Unesco.

Rosario, Santa Fe

El desafío tenía dos caras. Por un lado, jóvenes con habilidades digitales pero sin una primera experiencia laboral calificada. Por otro, emprendimientos que necesitaban presencia digital y no podían pagarla. Un proyecto nacional para crear una Tecnoteca en el histórico Galpón 13, frente al río Paraná, había quedado detenido por cambios institucionales y de financiamiento.

La ciudad retomó la iniciativa y la rediseñó. En 2023, en el marco del programa Ciudades del Conocimiento de RIL, articuló áreas de gobierno con empresas y organizaciones del ecosistema, y validó el modelo con un piloto, Tecnoteca Beta. 

El resultado fue concreto: 60 jóvenes egresaron con 90% de asistencia y, durante la cursada, construyeron tiendas digitales para 9 emprendedores locales. Las tiendas eran reales, con clientes reales. Validado el modelo, la Tecnoteca se trasladó a su sede definitiva: 4.000 m² en el Galpón 13. Para 2026 ofrece ocho trayectos formativos con certificación de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El intendente Pablo Javkin la inauguró en noviembre de 2025 y la definió como la “fábrica de futuro” de la ciudad.

Escobar, Buenos Aires

Escobar parte de otra posición. Con 193 puestos cada mil habitantes —1,35 veces la media nacional—, tiene uno de los mercados de empleo formal más densos del grupo. Su desafío no era en sí la falta de empleo, sino un desajuste: el distrito formaba perfiles técnicos calificados, pero las empresas no lograban encontrarlos por ausencia de un nexo.

El municipio empezó a construir ese puente con dos herramientas. El Polo Tecnológico FlyTech, un espacio público con capacitación gratuita, coworking y laboratorios, dicta cursos de habilidades digitales y para emprender junto al Centro de Formación Profesional N° 402 y la Unión Industrial local. Y el programa Escobar Produce conecta a estudiantes de escuelas técnicas con la industria a través de visitas a planta. El alcance es amplio: Escobar Produce ya vinculó a más de 3.000 jóvenes con más de 30 empresas, entre ellas Tenaris, Mirgor y Yazaki. En el cierre anual se compartieron casos de estudiantes que accedieron a pasantías y empleo tras participar.

General Madariaga, Buenos Aires

En una ciudad de fuerte identidad rural, las iniciativas tecnológicas existían pero estaban dispersas, sin una estrategia que las ordenara ni permitiera medir su impacto. Con 132 puestos cada mil habitantes, Madariaga estaba algo por debajo de la media nacional.

En 2023, la Secretaría de Producción se incorporó al programa Ciudades del Conocimiento de RIL para estructurar una política. Conformó una mesa transversal entre cinco áreas municipales y tejió acuerdos con la UTN y la UNICEN. 

De ese proceso nació Madariaga Futura, que organiza la formación digital local en programación, ciberseguridad, testing y robótica, entre otras. Hasta hoy, el municipio dictó 29 capacitaciones y entregó 749 certificados. Según su propio seguimiento, entre 20 y 30 personas que pasaron por los cursos ya trabajan en al menos seis empresas de tecnología, y la obra de su Polo Tecnológico avanza al 80%. Javier Volpatti, secretario de Producción, resume el aporte del proceso: “RIL fue como nuestro psicólogo: nos ayudó a ordenar las ideas y a encontrar nuestro propósito, que es la formación de personas”.

Libertador General San Martín, Jujuy

La historia se repite con acento agroindustrial. Había iniciativas de formación digital impulsadas por jóvenes, instituciones y empresas, pero avanzaban de manera aislada, sin una estrategia común. En 2023, el municipio se sumó al programa Ciudades del Conocimiento de RIL y conformó una mesa de articulación público-privada que reunió a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), el Clúster Tecnológico provincial, escuelas y empresas.

De allí surgió la Academia CimaTech, que en su primera etapa priorizó a la población LGBTQ+ y a pueblos originarios. Los números todavía son iniciales pero alentadores: la ciudad alcanzó un 54% de avance en su estrategia, y CimaTech cerró su primer año con 120 inscriptos y 15 egresadas. Sumadas las demás acciones —un training camp de programación con la empresa Ledesma y la UNJu, talleres en escuelas, una feria tecnológica regional—, las iniciativas ampliaron oportunidades para más de 200 personas.

Ecosistemas para emprender

Otro grupo de ciudades puso el foco en quienes deciden crear su propio trabajo. La apuesta combina financiamiento, formación, acompañamiento y espacios para vender.

Junín, Buenos Aires

Junín llega a este mapa con un mercado laboral en la media exacta del país: 141 puestos cada mil habitantes. Su política emprendedora venía creciendo desde hacía años a través de ferias, créditos y capacitaciones, pero sin una estrategia integral que le diera coherencia y continuidad.

En los últimos años, municipio decidió ordenar ese conjunto disperso y se incorporó al programa Ciudades Emprendedoras de RIL. El cambio más profundo fue interno: el paso de una gestión reactiva a una planificada, con registro y evaluación continua. El área pasó de coordinación a Dirección de Emprendedores, con presupuesto propio, una señal de continuidad más allá de la gestión. Los resultados respaldan el camino. 

En 2025, Junín obtuvo el Sello de Ciudad Emprendedora de RIL con un puntaje del 84%, tras una auditoría de 81 preguntas. Su Club de Emprendedores acompaña hoy a más de 1.100 emprendedores, y sus líneas de microcrédito canalizaron más de 100 millones de pesos (cerca de 69.000 dólares) entre más de 800 personas.

San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca

Este caso ilustra como pocos la tesis de la serie. Es la capital de una provincia y, aun así, registra apenas 98 puestos cada mil habitantes: 0,69 veces la media nacional. Ser capital provincial no asegura un mercado de empleo formal denso.

Frente a ese piso, la ciudad apostó a construir una identidad emprendedora con método. A través del Plan Estratégico Integral (PEI 2030) —elaborado en más de 85 talleres con la participación de más de 2.000 vecinos—, el municipio relevó quiénes son sus emprendedores, qué necesitan y dónde están. Sobre ese diagnóstico articuló una red público-privada de más de 20 actores, con eje en el Instituto Municipal de Emprendedores y un Nodo Tecnológico. 

El proceso obtuvo el Sello de Ciudad Emprendedora de RIL con un puntaje del 88%, uno de los más altos del grupo, y se completó en 2025 con la sanción del primer Código Urbanístico de la ciudad.

Río Grande, Tierra del Fuego

En el extremo sur de Argentina, llevaba décadas una creencia extendida: que los jóvenes no estaban muy interesados en emprender y buscaban, más que nada, empleo en relación de dependencia. Un proceso de validación territorial en 2018, con encuestas a más de 100 jóvenes, reveló lo contrario. Sí querían emprender, pero desconocían las herramientas que el municipio ofrecía. El hallazgo obligó a rediseñar la estrategia desde la evidencia.

Desde allí se profundizó política con cuatro ejes: acompañamiento personalizado, formación para la empleabilidad, acceso a mercados y fortalecimiento del ecosistema. La Escuela Municipal de Emprendedores, Oficios y Formación Laboral concentra la capacitación, y la Dirección de Desarrollo Local abre espacios de venta sin costo, como la Expo Emprender desde el Sur. 

Con 191 puestos cada mil habitantes, Río Grande tiene un mercado formal denso. Pero ningún número alto es un puerto seguro: entre 2023 y 2025, Tierra del Fuego perdió cerca del 10% de su empleo registrado. En ese contexto, el andamiaje que sostiene a los emprendedores locales pesa más, no menos.

Desarrollo económico desde la gestión

Un tercer grupo trabaja sobre las condiciones del desarrollo: la formación en oficios, el ordenamiento productivo y la articulación con el sector privado.

Pilar, Buenos Aires

En el norte del conurbano, Pilar combina industria, salud y construcción en una estrategia de desarrollo con foco en la innovación. Con 165 puestos cada mil habitantes, por encima de la media nacional, su desafío es sostener y calificar ese entramado productivo.

La herramienta central es la articulación con la formación. El municipio trabaja junto a la Universidad Nacional de Pilar (UNIPILAR) —que estrenó campus propio— para alinear la oferta académica con la demanda del sector privado, y la complementa con un portal de empleo que conecta puestos y perfiles. 

El programa Pilar Emprende suma herramientas para que los negocios locales incorporen tecnología. Esa estrategia obtuvo el Sello de Ciudad del Desarrollo Económico de RIL con un puntaje del 78%. El puente entre la universidad y el sistema productivo —el mismo que recorre, del lado humano, la tercera entrega de esta serie— es el corazón del modelo: formar el talento donde se lo necesita.

Laboulaye, Córdoba

En el sur cordobés, el diagnóstico surgió del trabajo cotidiano de la Oficina de Empleo y de una encuesta a todos los estudiantes que terminaban el secundario. Apareció una brecha entre la oferta laboral local y las capacidades de buena parte de la población: muchas personas, sobre todo jóvenes y adultos que buscaban reinsertarse, no tenían formación en los oficios que el sector productivo demandaba.

La estrategia se ordenó en tres ejes: formación para el trabajo, articulación con el sector privado y fortalecimiento del ecosistema productivo. La Universidad Popular, creada por convenio con la Universidad Nacional de Córdoba, y el Programa de Formación en Oficios dictan capacitaciones gratuitas en demandas concretas: electricidad, instalaciones sanitarias, herrería, cocina profesional, marketing digital. El Punto Digital y la Oficina de Empleo completan el circuito, y en paralelo avanza el ordenamiento del Parque Industrial. 

Hasta el momento, según datos de la Municipalidad:
• Más de 850 personas participaron en cursos y capacitaciones.
• Se desarrollaron 42 cursos y talleres.
• 90 % de los participantes manifestó haber mejorado sus oportunidades laborales o iniciado una actividad económica propia luego de capacitarse.
• 62 empresas participaron de acciones de vinculación con la Oficina de Empleo.
• El Parque Industrial cuenta con 95% del ára ocupado y 55% empresas instaladas y generó aproximadamente 145 puestos de trabajo directos.

El proceso obtuvo el Sello de Ciudad del Desarrollo Económico de RIL con un puntaje del 91%, el más alto del grupo. Los datos de alcance están en elaboración.

Rada Tilly, Chubut

Rada Tilly enfrentaba una limitación concreta: quería diseñar un programa estratégico de desarrollo económico, pero no tenía el presupuesto para financiar siquiera su etapa de diseño. La oportunidad de articular al sector público con el privado existía; faltaban la hoja de ruta y el capital inicial.

La solución fue, en sí misma, una innovación de gestión. El municipio diseñó su Programa de Desarrollo Económico Local con la articulación público-privada como pilar, y creó SINCRO RT, una herramienta de vinculación y capacitación con empresas y PyMEs. 

Lo más destacable es cómo lo financió: en lugar de esperar fondos propios, movilizó 180.780 dólares de patrocinadores privados para costear el diseño del programa. El dato importa más allá de Rada Tilly, porque muestra un mecanismo replicable. Para Jorge Mérida, secretario del área, SINCRO RT busca “alinear a las empresas locales con nuevas tendencias de crecimiento”. Un municipio chico demostró que la falta de presupuesto no siempre es el final del camino.

Qué hace falta para que se repita

Recorridos en conjunto, los once casos comparten una estructura, más allá de la categoría o el tamaño. Primero, una decisión política sostenida en el tiempo: casi todas estas políticas llevan años y atravesaron más de una gestión. Segundo, articulación público-privada: ninguna avanzó sin universidades, empresas, instituciones de crédito u organizaciones de la comunidad empujando en la misma dirección. Tercero, una lectura fina de la demanda local, para formar en los oficios y sectores que el territorio realmente necesita. Y cuarto, la decisión de medir y registrar, para sostener la política con evidencia.

El propio equipo de Laboulaye, al pensar cómo replicar su experiencia, resumió varias de esas condiciones: decisión política, articulación entre actores, escucha de las necesidades productivas y seguimiento de los participantes más allá del dictado de cursos. “La principal enseñanza de nuestra experiencia es que incluso en ciudades de tamaño intermedio es posible generar oportunidades de empleo y desarrollo económico cuando la capacitación, la articulación institucional y el sector productivo trabajan con objetivos comunes”, resume a +COMUNIDAD Martín Villalonga, secretario de Promoción de Desarrollo Económico de la Municipalidad. 

Este es un primer mapa, no uno definitivo. En varios casos la información todavía está en construcción y podrá ampliarse con más datos y precisiones. Y la lista no se cierra aquí: hay muchos más municipios trabajando en esta dirección, y la intención es seguir reconociéndolos en próximas entregas.

El Banco Mundial define dos prioridades para la Argentina que viene: crear empleo —en particular para jóvenes, mujeres y trabajadores informales— y fortalecer el capital humano. Estas once ciudades, cada una a su escala, trabajan exactamente sobre esos dos frentes. No mueven el promedio nacional. Pero, como muestra la tercera y última entrega de esta serie, mueven algo más concreto: la vida de las personas que viven en ellas.

Nota de metodología. El indicador de empleo de esta nota corresponde a puestos de trabajo asalariados registrados del sector privado cada mil habitantes, elaborado a partir de datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Economía sobre registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), cruzados con las estimaciones de población del INDEC con base en el Censo 2022, para el promedio de enero a noviembre de 2023. El dato se mide por departamento o partido; donde esa unidad no coincide con el municipio, la cifra local se omite. La selección de ciudades se construyó junto a los coordinadores de RIL Argentina Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico) y Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras); la información de cada política proviene de los gobiernos locales y de RIL, y en varios casos está en construcción y podrá ampliarse. El diagnóstico nacional y la comparación regional provienen del Banco Mundial (Indicadores de Desarrollo Mundial, vía Data360, y su Informe Anual 2025). Las visualizaciones se construyeron con un método auditable, con soporte de Claude Code.

Este trabajo fue producido y dirigido por Juan Martín de Chazal, coordinador de +COMUNIDAD | RIL. Pero no hubiera sido posible sin el apoyo de casi una decena de personas más de la Red de Innovación Local. En especial: Camila Alanis (Ciudades del Conocimiento), Clarisa Fabris (Ciudades Emprendedoras), Gastón Lastra (Ciudades del Desarrollo Económico), Florencia Luján (Apoyo periodístico +COMUNIDAD), Inés Reineke (Dirección de Innovación Global), Pedro Nieto (desarrollo web RIL Digital), Florencia Galimberti (Dirección de Impacto), Sofía Irazusta (Dirección de Impacto) y Olivia Nazar Anchorena (diseño gráfico). A todos ellos, el agradecimiento más profundo de +COMUNIDAD. También hacia Alejandra Dandan y Silvina Heguy, periodistas mentoras del Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos.

Esta producción se enmarca en el microgrant con mentoría otorgado a +COMUNIDAD por el Programa Regional de Capacitación de Narrativas y Datos, una iniciativa impulsada por Media Party y el Banco Mundial destinada a fortalecer el periodismo de datos e IA sobre empleo y desarrollo en América Latina.

^{Diseño placa principal: Olivia Nazar Anchorena.}

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La supervisión, realizada por la misma policía, dependía de que ese distintivo pudiera verse desde el exterior. Si el vehículo tenía polarizado (tinteado) oscuro o el marbete no se encontraba en un lugar visible, los agentes no podían confirmar fácilmente si el pago se había realizado. 

Esto generaba situaciones frecuentes de conflicto. Algunos vehículos que sí habían pagado recibían multas porque el marbete no se encontraba a la vista al momento de la supervisión, lo que provocaba discusiones entre usuarios y autoridades municipales. Para evitar esos enfrentamientos, en muchos casos los agentes preferían no sancionar, lo que debilitaba la capacidad de control del sistema y, también, la pérdida de ingresos.

Además, todo funcionaba de forma análoga, lo que generaba altos costos de transacción para los usuarios. El pago sólo podía realizarse en efectivo y no existía una base de datos digitalizada y centralizada que permitiera verificar los pagos o monitorear el sistema.

El punto de partida: regular el espacio público en Antigua Guatemala

En 2024, el Concejo Municipal de Antigua Guatemala renovó la normativa de uso temporal de la vía pública para el estacionamiento de vehículos, y estableció un marco legal para ordenar el uso del espacio público y modernizar el sistema de estacionamiento. En junio 2026, fue aprobado un nuevo reglamento, el cual incorporó mejoras a los servicios y tarifas.

El nuevo reglamento parte de una premisa: el uso voluntario de la vía pública para el estacionamiento conlleva la provisión del servicio de asistencia vial 24/7 y seguridad perimetral. El objetivo es optimizar el uso del espacio urbano, mejorar la movilidad y generar ingresos que contribuyan al mantenimiento de la infraestructura vial y la seguridad en la vía pública. Esta ordenanza genera condiciones de gratuidad para los vecinos y aplica descuento especial para las personas que visitan frecuentemente la ciudad.

Parte de este proceso fue reconocer e institucionalizar la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas para fortalecer la regulación, el control y el monitoreo del tránsito de personas y vehículos en la ciudad. A partir de este marco normativo nació MarbEx, el sistema que hoy gestiona el estacionamiento en Antigua Guatemala.

MarbEx, un sistema que combina regulación y tecnología

MarbEx transformó el modelo tradicional basado en marbetes físicos y pagos en efectivo. El sistema incorpora distintos métodos de pago, incluyendo portal web municipal, dispositivos POS en la vía pública y otros medios electrónicos, además del pago en efectivo para quienes lo prefieran. 

Cada transacción queda registrada en un sistema digital que permite verificar la fecha y hora exacta en la que un vehículo ha pagado el derecho de estacionamiento en la vía pública. Esto facilita el trabajo de supervisión y reduce los conflictos que antes se generaban cuando el marbete no era visible. El reglamento también establece la generación de bases de datos de placas, sistemas de verificación y herramientas tecnológicas que permiten monitorear y evaluar periódicamente el sistema de manera más eficiente. 

Antigua Guatemala, una ciudad con miles de espacios regulados

Encontrar datos relevantes del ingreso de los vehículos al municipio se había convertido en un reto, y el sistema MarbEx permitió facilitar el conteo de visitantes. Uno de los cambios más visibles e inmediatos ha sido la transformación en la forma de pago y, por ende, en la forma en que el usuario se vincula a este importante servicio público. En enero de 2026, se contabilizaron 71,767 marbetes vendidos digitalmente, seis veces más que enero de 2025. 

Durante 2025 se registraron 779,850 marbetes emitidos, distribuidos de la siguiente manera:

• 52.6 % pagados a través del portal digital.
• 31.6 % mediante dispositivos POS con un agente.
• 15.8 % en efectivo en cajas municipales.

Esto significa que más del 84% de las transacciones ya se realizan digitalmente, lo que redujo significativamente la dependencia del efectivo y aumentando la trazabilidad del sistema.

Nota de la Redacción: Antigua tiene cerca de 50.000 habitantes, pero en períodos turísticos como Semana Santa puede llegar a recibir más de un millón de visitas.

Estos datos permiten que la Municipalidad agilice sus procesos y mejore sus procedimientos. Pese a estos cambios, existe una brecha en la regulación de los parqueos sobre la vía pública, por lo que se continúa trabajando con herramientas digitales y físicas para enriquecer los datos y la manera en que se realiza el conteo. 

El impacto en los ingresos municipales

La modernización del sistema también se refleja en la recaudación.

Ingresos por estacionamiento, en quetzales guatemaltecos (1Q equivale a cerca de 0,13 dólares):

• 2022: Q5.6 millones.
• 2023: Q6.9 millones.
• 2024: Q7.0 millones.
• 2025: Q11.6 millones.

En tres años, la recaudación se duplicó, lo que sugiere una mayor formalización del sistema y una mejor capacidad de control del uso del espacio público.

Este incremento en la recaudación no sólo evidencia una mejora en la eficiencia administrativa, sino que también se traduce en una mayor disponibilidad de capital para el municipio. Estos fondos adicionales se destinan a la inversión en infraestructura vial, un aspecto clave especialmente en una ciudad declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde los retos de conservación, mantenimiento y modernización requieren intervenciones cuidadosas, sostenibles y alineadas con la protección del valor histórico y cultural.

Más que tecnología: un cambio en la gestión urbana

Aunque el componente tecnológico es visible, el cambio principal ha sido institucional. El reglamento establece indicadores para evaluar el desempeño del sistema, incluyendo cobertura del estacionamiento regulado, ingresos, cumplimiento de las normas, sanciones aplicadas y percepción ciudadana.  Esto permite que el sistema no dependa únicamente de la supervisión manual, sino que pueda evaluarse a partir de datos y ajustarse con base en evidencia.

Carmen Zea, visitante frecuente y propietaria reconoce el sistema como una ventaja: “El Marbex me parece una solución muy práctica para pagar el parqueo. Antes tenía que recorrer toda Antigua buscando dónde comprar el marbete, pero ahora el proceso es mucho más rápido y conveniente. Además, puedo pagar varios días de una sola vez cuando me quedo más tiempo”.

Lecciones para otras ciudades

La experiencia de Antigua Guatemala muestra que la digitalización de un servicio público puede ser más efectiva cuando está respaldada por un marco normativo claro. En este caso, la tecnología permitió aplicar una normativa reciente, de forma eficiente. La combinación de reglas claras, herramientas digitales y monitoreo institucional contribuyó a mejorar el control del sistema y a reducir los conflictos entre usuarios y autoridades.

Para ciudades que enfrentan desafíos similares en la gestión del estacionamiento, la experiencia sugiere que la transformación digital puede ser una oportunidad para fortalecer la administración del espacio público y mejorar la transparencia en la gestión de los servicios urbanos.

1. La tecnología funciona mejor cuando está respaldada por reglas claras.

Digitalizar un servicio público sin un marco normativo sólido puede generar nuevas herramientas, pero no necesariamente mejores resultados. En Antigua Guatemala, el cambio tecnológico estuvo acompañado por un reglamento que redefinió cómo se administra el espacio público, respetando el valor histórico de la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

2. Reducir el uso de efectivo mejora la trazabilidad del sistema.

La incorporación de pagos digitales facilita la experiencia del usuario, fortalece la transparencia y permite un control administrativo eficaz, al registrar cada transacción en una base de datos verificable.

3. La digitalización también transforma la relación entre ciudadanos y autoridades.

Cuando la verificación del pago depende de datos y no únicamente de inspecciones visuales, disminuyen los conflictos entre supervisores y usuarios y se fortalece la confianza en el sistema.

4. La gestión del estacionamiento es una herramienta para ordenar el espacio público.

Más allá de la recaudación, regular el estacionamiento permite organizar mejor la movilidad urbana, optimizar el uso de las calles y equilibrar el acceso de distintos usuarios al espacio público.

5. La modernización de los servicios municipales puede comenzar con problemas cotidianos.

Un sistema de estacionamiento puede parecer un servicio menor, pero cuando se gestiona con datos, tecnología y reglas claras, puede convertirse en una puerta de entrada para la transformación digital de la administración municipal.

Este artículo fue escrito por la Secretaría de Gestión Estratégica de la Municipalidad de Antigua Guatemala y editado por +COMUNIDAD. 

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¿Qué pasaría si el Estado pagara solo cuando un programa social funciona? No por las capacitaciones que dio. No porque se cumplió un cronograma. Sino cuando una persona obtiene un empleo formal y un sistema independiente verifica que efectivamente lo consiguió. 

Ese es, en esencia, el modelo de Pago por Resultados que Colombia viene desarrollando desde hace una década y que Bogotá decidió convertir en política de gestión. Lo hizo mediante un decreto, su incorporación al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y la creación del Comité Distrital de Pago por Resultados, una instancia que articula áreas de gobierno, verifica metas y diseña nuevos esquemas. No se conoce un antecedente similar a nivel de ciudad ni en Colombia ni en el resto del mundo.

En estos modelos, el Estado define una meta verificable —por ejemplo, empleo formal sostenido, calidad medida en educación inicial, acceso a financiamiento productivo— y vincula una porción del pago a los operadores al cumplimiento de esa meta. La novedad, en Bogotá, es haberla convertido en política institucional.

Cuando no se sabe si el gasto funciona

El punto de partida es un problema viejo de la administración pública: presupuestos limitados, exigencia creciente sobre cómo se usan y la obligación de cumplir metas concretas frente a desafíos persistentes, como la empleabilidad de la población más vulnerable.

“El esquema tradicional tiende a pagar por procesos y actividades —que se contrate, que se ejecute, que se cumpla el cronograma— más que por lo que efectivamente se transforma en la vida de las personas. El modelo de Pago por Resultados busca corregir esa lógica: orientar el gasto hacia lo que de verdad se logra y hacer más eficiente cada peso gastado”, explicó a +COMUNIDAD María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

La observación no es nueva. Buena parte de las políticas sociales en la región se evalúan por insumos y actividades, no por transformaciones medibles. El Pago por Resultados invierte esa lógica: la unidad de pago deja de ser la capacitación y pasa a ser el resultado final que esa capacitación persigue.

Pago por Resultados: 10 años de aprendizajes en Colombia

Colombia no parte de cero. Lleva un decenio desarrollando un ecosistema nacional de Pago por Resultados que la convirtió en referente regional. En 2017 lanzó Empleando Futuro, el primer Bono de Impacto Social en un país de ingresos medios del mundo, implementado en Pereira, Cali y Bogotá. 

El programa acompañó a 898 personas en situación de alta vulnerabilidad —el 74% mujeres, el 51% jóvenes de entre 18 y 24 años y el 39% víctimas del conflicto armado— con un esquema en el que los pagadores (el Departamento para la Prosperidad Social y BID Lab) sólo desembolsaban contra tres resultados específicos: colocación en empleo formal, retención a tres meses y retención a seis meses. La verificación estuvo a cargo de un tercero independiente, la firma auditora Deloitte, y participaron 643 empresas ofreciendo vacantes.

Los resultados fueron contundentes y, en buena medida, son los que después permitieron escalar el modelo. El bono superó en un 17% la meta de colocación (117% de cumplimiento) y, sobre todo, el 88% de las personas que consiguieron un empleo formal lo mantuvieron al menos tres meses.

Dos años después, el país fue el primero en América Latina en crear un Fondo de Pago por Resultados —llamado Logra—, pensado como un vehículo financiero para escalar y dar sostenibilidad al modelo.

El acumulado del ecosistema incluye cuatro bonos implementados, más de 20.000 millones de pesos colombianos movilizados (unos 5,5 millones de dólares) y más de 5.000 empleos formales generados para población vulnerable, con la participación de 14 inversionistas y 9 proveedores de servicios del sector privado. 

En septiembre de 2024, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), junto con el BID a través de su laboratorio de innovación, la cooperación suiza (SECO) y Fundación Corona, formalizaron una Estrategia Nacional de Pago por Resultados que incluye, entre otras cosas, un sandbox regulatorio para identificar y remover las barreras legales que dificultan su implementación.

Cómo se paga por resultados

Detrás del nombre hay una arquitectura concreta. El Estado define una meta verificable —por ejemplo, 1.000 personas vulnerables empleadas y retenidas durante seis meses—. Operadores ejecutan el programa en territorio: capacitación, intermediación laboral, acompañamiento. Una instancia independiente verifica si el resultado se alcanzó. Y recién entonces se paga. Si la meta no se cumple, no hay desembolso o el desembolso es parcial.

“Pagar por resultados es un modelo que nos permite, tanto al sector público como al privado, asegurarnos de que cada peso, cada centavo, cada dólar que estamos invirtiendo en nuestros programas y proyectos esté atado a la obtención de un resultado final que pueda medir y verificar. Nos asegura impacto, eficiencia y transparencia”, desarrolló María Paulina Gómez, directora del programa MÁS Pago por Resultados, en declaraciones a Malditos Optimistas y la Red de Innovación Local (RIL). 

Hay dos formas principales en que los actores privados se vinculan a estos esquemas, y cada una configura una arquitectura financiera distinta. 

En la primera, inversionistas privados —organizaciones filantrópicas, fundaciones, capital de deuda— ponen el capital por adelantado y asumen el riesgo: si el resultado se alcanza, recuperan su inversión con un retorno. Si no, asumen la pérdida.

En la segunda, no hay inversionistas externos: el Estado contrata operadores tradicionales y vincula parte sustancial de su pago al cumplimiento del resultado. El operador, en la práctica, se juega el cierre financiero del proyecto.

Las condiciones que hicieron a Bogotá un terreno fértil

Para que una ciudad pueda dar el salto del piloto a la política institucionalizada, hace falta más que voluntad. Hace falta una combinación específica de condiciones, según describe la dirección del programa que acompaña el proceso desde la cooperación internacional.

“Hay una suma de lo que llamamos condiciones habilitantes. No es imposible, pero tenemos que trabajar para unir los puntos. Bogotá tenía capital catalítico, asistencia técnica y un marco de confianza para que los gobiernos aprendieran a utilizar este tipo de esquemas. Innovar con recursos públicos suele dar temor, es complejo, y estos actores pusieron unas condiciones al principio”, observa María Paulina Gómez.

La otra condición habilitante es política. Sin tomadores de decisión dispuestos a probar un mecanismo nuevo, los puntos no se alinean. “Hubo una decisión concreta de utilizar este mecanismo, probarlo y lograr resultados verificados que apunten a las metas de desarrollo”, agrega la directora de MÁS Pago por Resultados.

De experimento a política: la apuesta del Comité Distrital

La novedad de Bogotá no es haber usado el Pago por Resultados —ya lo había hecho como ciudad participante de los bonos nacionales—. La novedad es la decisión de institucionalizarlo. Para eso, la Alcaldía lo incluyó en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 y lo respaldó con un decreto que regula su uso. 

La pieza central de esa arquitectura es el Comité Distrital de Pago por Resultados, la instancia que articula a las áreas del gobierno, verifica los resultados y discute el diseño de cada esquema.

“Sobre lo más innovador, no creo que sea un solo elemento, sino la apuesta por institucionalizar el mecanismo para que trascienda al gobierno de turno. Esto ayuda a blindar el mecanismo y evita que la iniciativa muera con el cambio de administración”, ahondó María del Pilar López Uribe.

Una adaptación técnica que destrabó el modelo

Para que el esquema funcionara dentro del marco legal colombiano hubo que resolver una incompatibilidad concreta: la anualidad presupuestal. La regla establece que el gasto público se compromete año a año, pero los esquemas de Pago por Resultados pagan contra metas que se verifican en horizontes más largos.

La solución a la que llegó la ciudad fue un arreglo fiduciario que permite extender esa anualidad para los sectores definidos por el mecanismo. Es un detalle técnico, pero es el tipo de adaptación que separa una idea atractiva en el papel de un modelo que efectivamente puede operar dentro de las reglas de juego de la administración pública. “Esa fue la adaptación concreta que hizo viable el modelo en nuestro marco legal”, resume López Uribe.

Cinco programas aprobados, uno completado

En poco más de un año desde la puesta en marcha del Comité, Bogotá tiene cinco esquemas aprobados en distintas etapas de su ciclo. Solo uno concluyó hasta ahora: el programa de Jardines Infantiles Cofinanciados, que incluyó un componente de Pago por Resultados orientado a incentivar la asistencia, la permanencia y la medición de la calidad de la educación inicial.

“Un segundo frente de éxito, y quizás el más valioso de cara al futuro, son los aprendizajes que ya están alimentando nuevas iteraciones”, precisó la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. En Jardines Infantiles, una segunda implementación incorporó mejoras derivadas de la primera: la permanencia se consolidó como métrica de pago (la asistencia puntual pasó a ser una obligación contractual), se amplió el período de verificación de la calidad y se ajustaron los sistemas de información para que los pagos avancen al ritmo en que se verifican los resultados. En empleo ocurre algo parecido: la Secretaría está diseñando un nuevo esquema mientras el actual sigue en implementación.

Cali: cuando el resultado no es solo el empleo, sino la trayectoria

Antes de Bogotá, Cali había llevado el modelo un paso más allá. En lugar de pagar solo por la colocación laboral, la ciudad incentivó financieramente que la persona se mantuviera en el empleo tres y seis meses. La lógica era distinta: ya no se trataba de generar ingresos puntuales, sino de medir un cambio sostenido en la trayectoria de la persona.

“Empezamos a resolver otro tipo de problemática, que no es solo generación de ingresos, sino superación de la pobreza. Cuando una persona viene de la informalidad, pasa a empleo formal y lo retiene tres o seis meses, lo que vemos a través de nuestros estudios de impacto es que la trayectoria laboral cambia completamente”, aseguró María Paulina Gómez. “Las empresas quieren retener ese talento, la formalidad se mantiene, y la persona accede a otros servicios: créditos financieros, créditos para vivienda. Se genera un círculo más positivo”, añadió. 

Esa redefinición del resultado es –consideran– una innovación. Cambia lo que el Estado considera “éxito” y, en consecuencia, qué tipo de intervenciones tienen sentido financiar. Si el indicador es la colocación, basta con conectar a la persona con un empleador. Si el indicador es la retención, hay que trabajar las brechas que normalmente sacan a esa persona del mercado formal: cuidados para mujeres con hijos, auxilio de transporte, acompañamiento psicosocial, habilidades blandas, entre otros. 

Pago por Resultados: dos arquitecturas, una misma lógica

Cali y Bogotá representan dos formas distintas de operar el Pago por Resultados, y la diferencia es relevante para cualquier ciudad que esté pensando en adoptar el modelo.

Cali utilizó el esquema clásico, con inversionistas privados que asumen el riesgo: organizaciones filantrópicas y otras fuentes que pusieron capital privado por adelantado para desplegar el programa, y la Alcaldía como pagador final, condicionado a los resultados verificados. 

Bogotá tomó otro camino: en sus esquemas distritales no hay inversores privados a riesgo. La ciudad trabaja con los operadores habituales de cada programa y les incorpora un componente de Pago por Resultados. El operador recibe un pago por actividades, pero el pago total depende del resultado.

Calibrar el incentivo, la decisión más difícil

De todas las decisiones técnicas que implica diseñar un esquema de Pago por Resultados, hay una que sus impulsores señalan como la más compleja: cuánto del pago debe estar atado al resultado y cuánto a las actividades previas.

“Si el incentivo se pone muy alto, desincentiva el uso del esquema; si queda muy bajo, no agrega nada. Calibrarlo bien es una de las decisiones más difíciles del modelo”, indica la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá. 

La calibración define, en los hechos, qué tan “arriesgada” resulta la intervención para el operador. Y de eso depende el comportamiento que el modelo termina premiando. Un incentivo bajo hace que el componente de resultado sea una formalidad. Un incentivo demasiado alto puede llevar a los operadores a seleccionar solo a las personas con más probabilidades de éxito o, directamente, a no participar de los esquemas.

Qué aprende una ciudad que quiera intentarlo

Consultada por +COMUNIDAD sobre qué consejos le daría a otra ciudad que quiera seguir un camino parecido, López Uribe distingue varios niveles. El primero es político: empezar no por el instrumento, sino por un resultado que la ciudad de verdad quiera lograr y esté dispuesta a defender y sostener. Sin esa convicción, el resto del andamiaje no se sostiene.

Sobre esa base, identifica un conjunto de condiciones prácticas: construir un marco normativo y de seguridad jurídica que dé confianza a quienes van a participar:

• Anclar el esfuerzo en lo institucional —plan de desarrollo, decreto o acto administrativo equivalente— para que sobreviva al cambio de gobierno. 
• Empezar pequeño y bien estructurado, antes que grande y débil en métricas-
• No subestimar la verificación, porque sin medición creíble el modelo entero pierde sentido.
•  Calibrar con cuidado el incentivo, y apoyarse desde el inicio en pares, cooperación y aliados técnicos.

También menciona un aprendizaje menos visible: la articulación con sectores como Hacienda y Planeación, que tienen una mirada estratégica más distante del día a día de las áreas ejecutoras. “Construir la normativa exigió acercar esas dos miradas”, dice. Es el tipo de fricción que rara vez aparece en los manuales, pero define si un esquema termina implementándose o queda escrito.

Más allá del empleo: el horizonte del modelo

Durante una década, Colombia concentró sus esquemas de Pago por Resultados en empleabilidad para población vulnerable. Era el terreno donde había una problemática nítida, un indicador medible y fuentes públicas para verificarlo. Pero el modelo no se limita a ese campo.

“Todas las áreas de política pública tienen chance de utilizar este mecanismo. Requiere distintas condiciones. En Colombia exploramos educación, empleo, productividad, salud, mortalidad materna, economía circular, conservación de biodiversidad. Lo que necesitamos es un problema concreto buscando un resultado concreto, y a quiénes tenemos que incentivar financieramente para alcanzarlo, que sea medible y verificable dentro del tiempo de intervención”, insiste María Paulina Gómez.

Bogotá ya empezó a moverse en esa dirección. Sus cinco esquemas aprobados incluyen los frentes históricos —empleo, productividad, financiamiento empresarial—, pero también calidad de jardines infantiles, un terreno donde el resultado a medir y a pagar es la educación temprana, no la colocación laboral.

Un cambio de pregunta

Si el modelo se sostiene, lo que cambia no es sólo cuánto se gasta. Cambia la pregunta que se le hace al gasto público. La pregunta tradicional fue durante mucho tiempo: “¿el dinero se ejecutó?”. La pregunta del Pago por Resultados es otra: “¿el problema se resolvió?”.

Una década de pilotos, cuatro bonos de impacto, miles de empleos generados, una estrategia nacional, un decreto distrital y un comité que ya tiene su rutina de trabajo sugieren que la pregunta puede formularse y, en algunos casos, responderse. El siguiente paso, el que están explorando estas y otras ciudades, es averiguar hasta dónde llega.

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La iniciativa nació en 2023 como una articulación entre la Municipalidad de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y el Banco Galicia. Desde entonces, se convirtió en una plataforma de validación y aceleración para proyectos tecnológicos vinculados a desafíos concretos del territorio. La propuesta combina mentorías, financiamiento, asistencia técnica, redes de contacto y pruebas piloto en entornos reales.

Según sus impulsores, uno de los objetivos del Hub es conectar emprendimientos con necesidades concretas del territorio y generar instancias de validación para acelerar soluciones tecnológicas. 

En sus primeras tres ediciones, el Hub reunió 117 proyectos provenientes de distintas provincias argentinas y de países como Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Bolivia y Paraguay. La mayoría de las iniciativas estuvieron vinculadas a innovación agroindustrial, vitivinicultura, sostenibilidad, movilidad y tecnología aplicada a servicios urbanos.

El programa forma parte de una tendencia cada vez más extendida entre gobiernos locales: generar condiciones para fortalecer ecosistemas emprendedores y promover innovación aplicada al desarrollo económico. En este caso, con una lógica de articulación público-privada y académica.

Del laboratorio a la validación territorial

Uno de los aspectos centrales del Hub es que los emprendimientos no sólo reciben capacitación o mentorías. También tienen la posibilidad de validar sus soluciones en territorio, junto a empresas, bodegas, instituciones científicas y organismos públicos.

Ese fue el caso de Bees IoT, un emprendimiento especializado en monitoreo inteligente de microclima mediante sensores e inteligencia artificial. Tras ser seleccionado en la edición 2025, el proyecto comenzó una prueba piloto en la bodega Cheval des Andes para monitorear variables climáticas en tiempo real, prevenir heladas y optimizar procesos de riego.

La experiencia permitió que la startup ajustara su tecnología en condiciones reales y generara vínculos con actores estratégicos del ecosistema productivo mendocino.

“La experiencia permitió demostrar el potencial del programa para conectar emprendimientos tecnológicos con necesidades concretas del territorio”, sostiene el informe del Hub, elaborado por la Municipalidad de Mendoza y el Banco Galicia. 

El programa trabaja sobre distintas verticales estratégicas. Durante las primeras ediciones, el foco estuvo puesto principalmente en innovación vitivinícola y agroindustrial, con proyectos vinculados a trazabilidad, monitoreo inteligente, bioinsumos o tecnologías aplicadas al agro. Más recientemente se incorporó una línea orientada a turismo e innovación urbana.

Entre los proyectos seleccionados en 2024 estuvieron Btrazer, dedicada a trazabilidad blockchain para el agro; Novosens, que desarrolló un biosensor portátil para medición de alcohol en vinos; y PuroNativo-Agro, enfocada en bioinsecticidas inteligentes para viñedos.

Huella Mendoza, un ecosistema con múltiples actores

El Hub también funciona como espacio de encuentro entre actores que habitualmente no trabajan de manera articulada. En las distintas ediciones participaron universidades, aceleradoras, cámaras empresariales, organismos técnicos y empresas vinculadas al sector tecnológico y agroindustrial.

Entre ellas estuvieron el INTA, Wines of Argentina, Bodegas de Argentina, la UTN Regional Mendoza, Embarca Aceleradora y la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre otras instituciones.

Durante la edición 2024, por ejemplo, se realizaron talleres, reuniones de validación, encuentros con inversores y actividades de networking en distintos espacios de innovación de Mendoza. Según datos del programa, participaron 32 instituciones, ocho bodegas y más de 30 mentores y especialistas.

El esquema busca responder a uno de los principales desafíos de muchos ecosistemas emprendedores: la dificultad para que proyectos innovadores accedan a financiamiento, validen tecnologías o encuentren mercados donde escalar.

En ese sentido, el Hub combina aportes no reembolsables, líneas de financiamiento y acompañamiento técnico para fortalecer modelos de negocio sostenibles.

Innovación aplicada al desarrollo económico

Con el paso de las ediciones, el programa también permitió detectar tendencias dentro del ecosistema emprendedor regional. Una de las principales conclusiones fue el crecimiento de iniciativas vinculadas al agro, la vitivinicultura y la biotecnología.

La primera edición destinó 12 millones de pesos al acompañamiento de los proyectos (unos 34.000 dólares al tipo de cambio oficial de octubre de 2023) y la segunda, 10 millones (unos 10.000 dólares al tipo de cambio oficial de octubre de 2024).

Según el informe del Hub, estos sectores mostraron “mayor nivel de innovación aplicada y mejores oportunidades de validación territorial” que otras verticales planteadas inicialmente.

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Por Juan Martín de Chazal,
Coordinación +COMUNIDAD | RIL

ciudades de oportunidades

Sos un bebé de dos meses. Una noche empezás con fiebre muy alta. A esta edad cualquier fiebre es una emergencia: el sistema inmune todavía no está formado. El miedo es real y es de madrugada.

Esa tarjeta fue la primera en salir a los pocos minutos de empezar. Frente a mí, en una mesa redonda como las otras ochenta y tantas del Salón Metropolitano de Rosario, había un intendente patagónico y otro de una ciudad agrícola de la llanura pampeana. También una funcionaria del conurbano bonaerense, representantes de una de las principales compañías de bebidas del país y referentes que trabajan en innovación, ciencia y desarrollo territorial. 

A cada uno nos había tocado, al azar, un tablero distinto. Una ciudad distinta. Leímos la tarjeta en voz alta. Nadie respondió enseguida.

Horas antes, en el Teatro El Círculo, frente a una sala colmada, Nazarena Smit —directora de Alianzas de la Red de Innovación Local (RIL)— había dicho una frase que después atravesó toda la noche: “Todas las personas merecen calidad de vida y oportunidades para desarrollarse, sin importar dónde hayan nacido. El código postal no puede ser un destino”.

Cuando volvimos a esa frase, sentados frente al juego, ya no sonaba a discurso. Sonaba a pregunta personal.

El miércoles 13 de mayo, Rosario reunió a lo que integrantes de la organización y varios medios argentinos llamaron, con cierto humor, los “Martín Fierro de los municipios”. La Noche de Intendentes, evento bienal de RIL Argentina, celebró su tercera edición —después de Buenos Aires en 2022 y Córdoba en 2024— y por primera vez aterrizó en Rosario. 

Participaron más de 300 líderes comunales, cuatro gobernadores, equipos de gobierno, más de un centenar de referentes del sector privado, académicos y periodistas. En total, unas 800 personas alrededor de un mismo juego.

En las mesas y en los salones se mezclaban perfiles que en otro encuentro difícilmente se cruzarían. El intendente de un pueblo chaqueño con menos de 5.000 habitantes se codea con el responsable de una gran capital provincial. Ciudades petroleras, portuarias, turísticas, mineras, agrícolas e industriales repartidas alrededor de una misma consigna.

Y un sector privado igual de diverso: bancos y compañías de energía, alimentos, bebidas, tecnología, agroindustria, telecomunicaciones, seguros. Aliados que llegan desde sectores muy distintos, cada uno con su propia agenda de impacto, y que sostienen los programas que hacen posible esta red.

El juego como espejo

El juego de mesa se llama “La Ciudad de tu Vida”. Lo diseñó RIL especialmente para esa noche. Cada participante recibe un tablero propio, que representa una localidad atravesada por distintos recursos iniciales —salud y bienestar, economía, educación y comunidad— que condicionan las posibilidades de partida. A partir de ahí, el desafío consiste en tomar decisiones para una ciudad y para una vida que no elegiste. La dinámica se organiza en cuatro grandes rondas que recorren distintas etapas cronológicas: niñez, juventud, adultez y vejez. 

Las tarjetas ponen veinte escenarios cotidianos —una emergencia médica, una vacante escolar, un primer empleo, un emprendimiento, una jubilación— y cada uno se bifurca en dos finales. Uno si ese día estás en una ciudad de oportunidades. Otro si estás en una ciudad de desafíos. Más que dónde naciste, importa dónde estás en el momento en que la vida interpela.

La fiebre del bebé es uno de los veinte.

En una ciudad de oportunidades, la madrugada se resuelve con un teléfono. Una plataforma de telemedicina pública atiende en menos de diez minutos. El médico indica ir a la guardia, el diagnóstico confirma la sospecha, hay antibióticos, internación de 48 horas y monitoreo. En una semana el bebé está en casa.

En una ciudad de desafíos, no hay guardias cerca. El hospital queda a cuarenta minutos y la sala de espera demora tres horas. Los padres esperan en casa a ver si la fiebre baja sola. No baja. A la mañana siguiente, cuando logran que lo atiendan, la infección ya avanzó más de lo que debía. El bebé se recupera, pero algo queda. Una secuela auditiva leve que nadie va a diagnosticar hasta los cuatro años, cuando ya empezó la escolaridad.

Dos vidas, dos finales, por una sola diferencia de contexto. Eso es lo que la directora ejecutiva de RIL Argentina, Candelaria Yanzi, definió esa noche como “la asimetría que nos mueve”. Una frase que se complementa con algo que también quedó resonando entre todo el mundo: “liderar es sostener una promesa”. 

Diez tableros, tres polos

El juego, en su primera versión, tiene diez tableros de partida distintos. No son simples graduaciones de un mismo eje. Cada uno tiene su historia, sus activos y sus carencias. A modo de muestra, tres alcanzan para marcar los polos.

La Capital arranca con escuelas de primer nivel, hospitales de última tecnología, mercado laboral próspero y presupuesto. También arranca con algo menos visible: un individualismo que casi no necesita al vecino, una participación barrial mínima, la sensación de que cada uno se las arregla solo. Barrio Nuevo comienza al revés. Calles de tierra, pocos servicios formales, una educación pública que nunca terminó de llegar, una economía mayormente informal. Pero arranca también con redes vecinales fuertes, comedores activos y clubes de barrio que funcionan como segundo hogar. El Desierto empieza con casi nada. Servicios públicos inexistentes o en estado crítico, escuelas distantes, salud limitada al mínimo. La supervivencia descansa en la solidaridad comunitaria.

La gracia del diseño es que muestra dos cosas a la vez. Que los activos no son sólo materiales y que la gestión, a lo largo de la partida, puede mover las piezas. Esto es lo que se discute, finalmente, cuando se habla de innovación pública: no qué tablero te tocó, sino qué hacés con ese tablero y con quién lo hacés.

Lo que mueve la aguja

Horas antes, en el Teatro El Círculo, se habían entregado los Premios RIL 2026: 37 ciudades de nueve provincias fueron distinguidas por políticas concretas de gestión local y por su eficiencia interna. Algunos casos, entre muchos posibles, ilustran lo que hacen en la práctica las decisiones que el juego pide tomar en menos de un minuto.

“Cuando uno le da la mano a un vecino no hay que soltarla. No importan los colores políticos: importa que todos queremos a esa ciudad para vivir”, dijo Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo, la ciudad más premiada de la jornada.

Esa frase, enunciada entre los pasillos del Salón Metropolitano, condensa una idea que venimos conversando con el equipo en los días posteriores al evento. Lo que se vio en Rosario es que el buen gobierno no tiene color político. Que la mejora de las condiciones de vida —para esta generación y para las que vienen— puede ser, finalmente, una agenda común. Eso es lo que pasaba en las mesas.

Fermín Laborde, director de Liderazgo de RIL, lo había anticipado al abrir la ceremonia de premiación. “Esta tarde celebramos a los municipios que se convirtieron en ciudades faro. Los que demostraron con evidencia que se puede gestionar mejor y de esa manera le abren el camino a otros para animarse a hacer lo mismo”. Esa jornada, la palabra faro dejó de funcionar como metáfora y empezó a parecer una definición precisa de lo que muchas de esas ciudades buscaban construir.

La conversación que se potencia

Hay algo que rara vez aparece en las crónicas de este tipo de eventos. La Noche de Intendentes, más que una ceremonia, es el momento más visible de un trabajo silencioso que dura todo el año y que se hace en red. 

Provincias que deciden coordinar con sus municipios. Equipos técnicos que se forman. Datos que se comparten. Aliados privados que entienden que la calidad de vida del territorio donde operan es parte de su propio negocio. Y un equipo RIL que esta vez llegó a Rosario desde puntos muy distintos del país —Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Bahía Blanca, Córdoba, Tucumán, Salta, Corrientes, entre otros tantos más— porque la red se hace, todos los días, desde cada uno de esos lugares. 

Candelaria Yanzi lo había planteado más temprano, desde el escenario, al recuperar a Domingo Faustino Sarmiento para dar vuelta su sueño original. “Sarmiento decía 100 Chivilcoy para la fundación de la patria. Nosotros queremos 100 ciudades certificadas”. La idea detrás de esa consigna es que una ciudad faro también puede convertirse en una ciudad que enseña. Entonces, lo que empieza a construirse deja de parecerse a una competencia y se acerca más a una red. 

Hay otra cosa que merece subrayarse. Una conversación que durante años se dio en Buenos Aires —sobre las ciudades, sobre la gestión local, sobre lo que funciona— esta vez se dio en Rosario. Y antes en Córdoba. Y los protagonistas no fueron analistas que miran desde lejos. Fueron quienes la viven todos los días. Eso es lo que está cambiando: que las conversaciones locales e hiperlocales lleguen a la escena nacional como protagonistas y no como personajes secundarios.

Volver al juego

No alcanzamos a terminar las partidas. El reloj corrió más rápido que las decisiones. En el camino, además, aparecieron cartas inesperadas: tarjetas de interrupción global que el juego saca cuando menos lo esperás, eventos que ningún jugador controla y que recalibran los recursos de todos los tableros a la vez. Una inundación. Una crisis de migración. Una gran inversión del exterior. En cada mesa, cuando esa tarjeta caía, había que volver a pensar todo.

Esa es, quizás, una de las lecciones más útiles del juego. Ninguna ciudad transforma su realidad si la transformación queda librada al esfuerzo individual de un buen intendente. Ningún municipio puede prepararse, en soledad, para lo que no se puede prever. La asimetría no se compensa con voluntad. La incertidumbre, tampoco. Se compensan con red. 

A la salida, cada uno eligió una tarjeta. Algunos se llevaron la del bebé. Otros, una de escolaridad, una de primer empleo, una de reconversión laboral. La consigna era simple: ponerla en un lugar visible —un escritorio, un corcho, la heladera— para que cada mañana, antes de empezar la jornada, esa tarjeta empuje una pregunta. La misma con la que Candelaria cerró esa noche: ¿qué estoy haciendo desde mi lugar para generar ciudades de oportunidades?

Hay cientos de personas con capacidad de decisión que, desde esa noche, conviven cada día con una tarjeta que les recuerda esa pregunta. No es poco. 

+COMUNIDAD es un medio impulsado por la Red de Innovación Local (RIL). El autor de esta columna integra el staff de la organización como coordinador editorial y participó de La Noche de Intendentes. 

Fotos: Juli Rock y Nadia Colombero.

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En la esquina de Freire con Manuel Rodríguez, en el corazón de Renca, un edificio de 5.000 metros cuadrados llevaba años siendo lo que ningún vecino quiere tener al lado de su casa: un supermercado abandonado. Ventanas rotas. Muros grafiteados. El galpón concentraba basura, tráfico de drogas y una sensación persistente de inseguridad en un territorio que ya cargaba con déficit de servicios, pocas áreas verdes y escasa presencia del Estado. 

Renca, comuna de 150.000 habitantes, figuraba en los diagnósticos urbanos de Santiago como un territorio vulnerable, con capacidad institucional limitada para atraer inversión privada y coordinar cooperación internacional.

Cuando Claudio Castro asumió la Municipalidad en 2017, Renca tenía menos de dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante, una fracción del rango de 10 que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Concentraba el mayor polo industrial de la Región Metropolitana —más de 600 empresas—, pero la actividad productiva operaba de espaldas a los vecinos. Los camiones entraban y salían. El empleo, los proveedores y las oportunidades quedaban en otro lado.

En 2018, el municipio tomó una decisión que pocos esperaban: comprar el edificio abandonado. No para demolerlo ni para construir un estacionamiento. Lo compró para convertirlo en algo que no existía en Chile a esa escala. Una fábrica de ideas al servicio del territorio. El edificio en sí está lejos de ser lo más interesante de la historia. Lo verdaderamente nuevo fue la figura institucional que se puso en marcha allí, hoy estudiada como un modelo de innovación pública para América Latina.

Un brazo innovador para el municipio

La Fábrica de Renca no es un centro cultural ni un espacio de coworking con buenas intenciones. Es una corporación de desarrollo: una organización de derecho privado sin fines de lucro, con gobernanza propia, financiada por el municipio pero con autonomía operativa.

Esa arquitectura jurídica es deliberada. Permite contratar equipos técnicos sin grandes restricciones administrativas, firmar convenios con empresas y organismos internacionales con agilidad, y recibir financiamiento privado fuera de los circuitos tradicionales de la gestión municipal.

En palabras de Gabriela Elgueta, primera directora de La Fábrica, la corporación nació para visibilizar la democratización de la innovación, ya que ofrece “la posibilidad de mover su centro de gravedad” a un territorio que se caracteriza por su vulnerabilidad económica y social”. La frase condensa un principio de diseño: la innovación pública no debería concentrarse en las comunas ricas de Santiago. Puede y debe operar desde los “márgenes”.

El método es sencillo de enunciar, pero difícil de ejecutar: conectar los problemas del territorio con las capacidades de tres ecosistemas que no siempre se hablaban. Uno internacional —organismos multilaterales, embajadas, ciudades del mundo—. Uno nacional —empresas, universidades, centros de investigación—. Y uno comunitario —vecinos, almaceneros, emprendedores, estudiantes—. Ahora, cada vez que se activa una relación entre esos mundos, se formula un proyecto concreto y los equipos municipales se integran a la ejecución.

Javier Morales Norambuena, actual director ejecutivo de La Fábrica, sintetizó el enfoque en una entrevista con Bloomberg Cities. “La promesa que le hicimos a la comunidad fue que aquí traeríamos innovación y, al hacerlo, desbloquearíamos servicios que ni siquiera había imaginado”, manifestó. 

Las cifras dan cuenta del alcance. Desde su apertura, La Fábrica movilizó más de 22 millones de dólares en inversión público-privada. Tiene más de 100 aliados estratégicos activos y recibió más de 30 delegaciones extranjeras desde 2023. 

Los spin-offs: instrumentos que adquieren vida propia

La Fábrica no se agota en la articulación. Genera instrumentos concretos que después funcionan de manera autónoma. El equipo los llama spin-offs. Tres de ellos ilustran la amplitud del modelo.

1. Renca Conecta: la industria reconectada con el barrio

El programa apunta a resolver una paradoja histórica. La comuna concentra el polo industrial más grande de Santiago, pero durante décadas esas empresas no generaban valor para el barrio. Renca Conecta articula a empresas, al municipio, a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y a asociaciones locales para convertir a la comuna en un hub de logística y manufactura con impacto territorial. Funciona con una gobernanza tripartita que integra al sector público (Municipalidad de Renca, CORFO Metropolitano, Gobierno Regional), al sector privado (empresas del territorio) y a la sociedad civil (asociaciones de emprendedores y fundaciones).

Víctor Aguayo, gerente de operaciones de Prodalam, una empresa logística local, sostiene que el programa permitió articular proveedores locales con la cadena de suministro y reducir costos operativos. Marcela Fierro, presidenta de la Asociación de Emprendedoras de Renca, agrega que las capacitaciones abrieron a las socias acceso a empleos mejor remunerados en el sector manufacturero.

De Renca Conecta también nació la primera Comunidad Logística Urbana de Chile, donde empresas como Coca-Cola Andina, CCU, Correos de Chile, Megacentro y Prodalam se coordinan con el municipio en seguridad, movilidad y empleo.

2. Distrito Empresarial: el primer BID industrial de Chile

El segundo spin-off es el Distrito Empresarial Renca Poniente, el primer Business Improvement District (BID) industrial de Chile. En este tipo de figura, las empresas de una zona se constituyen legalmente como corporación para mejorar de manera colectiva las condiciones de su entorno. La lógica es estratégica. Un territorio más seguro, mejor iluminado y con espacio público cuidado es un territorio donde operar resulta más eficiente.

El Distrito fue creado en 2024 por la Municipalidad y más de 30 empresas, con apoyo de CORFO Metropolitano y la gestión de La Fábrica. A enero de 2026 contaba con 40 empresas socias y una inversión privada que supera los 350 millones de pesos chilenos (aproximadamente 370.000 dólares al tipo de cambio de enero de 2026), destinados a seguridad, espacio público, iluminación, vialidad y servicios urbanos.

El modelo funcionó al punto de que en enero de 2026 se lanzó el Distrito Empresarial Renca Oriente, segundo BID de la comuna, con respaldo del Ministerio de Economía, CORFO e INACAP. La meta del municipio es ambiciosa: que para 2030 la mitad de los empleos en Renca sean ocupados por vecinos de la comuna.

3. Agencia de Inversiones: la primera de su tipo en el país

El tercer spin-off es la Agencia de Inversiones Locales, la primera a nivel municipal en Chile, lanzada en agosto de 2025. Se inspiró en modelos de São Paulo, Glasgow, Sofía y Barcelona, ciudades con oficinas especializadas en atraer inversión privada. 

La diferencia es que Renca es una comuna de poco más de 150.000 habitantes, no una capital global. La Agencia funciona como una unidad técnica de La Fábrica que conecta inversores con las necesidades concretas del territorio, identificadas junto a la comunidad. Al momento del lanzamiento, tenía catastrados alrededor de 100 terrenos estratégicos que suman más de 74 hectáreas.

En abril de 2026, la Agencia canalizó la firma de una alianza con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para incorporar inteligencia artificial en la tramitación de permisos de obras. La plataforma REVI, desarrollada por la CChC junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), acelera la revisión de expedientes en la Dirección de Obras Municipales mediante dos asistentes de IA. Uno orienta a los solicitantes en la preparación de antecedentes. El otro apoya al revisor con criterios normativos consistentes.

Castro lo planteó con una frase directa al firmar el convenio: “En Chile se habla mucho de la permisología. En Renca estamos haciendo algo distinto: estamos resolviendo el problema”. Mientras en muchas comunas del país los permisos de edificación pueden tardar más de 200 días, Renca opera hoy en torno a los 39, según cifras del municipio.

Lo que nace alrededor de La Fábrica de Renca

La Fábrica también transformó su entorno inmediato. En el mismo recinto se instalaron la primera Farmacia Comunitaria de Renca —donde los vecinos ahorran en promedio un 76% en medicamentos respecto de los precios de mercado— y la primera Óptica Comunitaria, junto a una plaza construida con materiales reciclados. Los negocios tradicionales del barrio se adaptaron, y la zona pasó de ser un espacio evitado a funcionar como un subcentro urbano activo.

Solange Arredondo, presidenta de la Fundación DO! Smart City, organización que opera como brazo ejecutor de varios proyectos público-privados de La Fábrica, observa que uno de los efectos visibles de la instalación de la corporación es la disminución de delitos en el sector.

A través de la Red de Almaceneros y plataformas como Mi Barrio, Mi Almacén, La Fábrica canalizó más de 300 millones de pesos chilenos (unos 320.000 dólares al tipo de cambio del período) en aportes privados y donaciones al comercio local. El programa Imparables Renca 2026, una alianza con el Holding Orsan y la Fundación Kellü, identifica a 12 emprendedores locales con tracción comercial y los acompaña con mentorías profesionales para convertirlos en proveedores estratégicos del distrito industrial.

La Escuela de Innovación Pública capacitó a más de 1.200 personas en liderazgo, gestión pública, digitalización y sostenibilidad. El laboratorio de fabricación digital, instalado en alianza con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), formó a más de 500 vecinos en impresión 3D, corte láser y trabajo con biomateriales.

Los cerros como prueba

El impacto más visible de La Fábrica se despliega en los cerros que rodean la comuna. El Parque Metropolitano Cerros de Renca abarca tres cerros —Renca, Colorado y Lo Ruiz—, y representa el proyecto de restauración ecológica más ambicioso de la comuna y uno de los más relevantes de Santiago.

Desde 2017 se plantaron más de 80.000 árboles nativos. El municipio reporta una tasa de supervivencia superior al 90%. La inversión combina fondos públicos, privados y compensaciones ambientales. Las alianzas que sostienen el parque pasan por La Fábrica. El Plan Maestro del Agua, con una inversión público-privada de 5.700 millones de pesos chilenos (aproximadamente 6 millones de dólares), capta, acumula y distribuye agua reutilizada —incluyendo aguas tratadas provenientes de la planta de Coca-Cola Andina— para el riego de las zonas reforestadas. Es infraestructura proyectada para al menos 20 años.

La cooperación técnica de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, acompaña el diseño de un modelo de gobernanza climática. En 2023, La Fábrica gestionó la entrada de Renca en el programa CityToCity con la ciudad de Toyama (Japón), lo que permitió instalar plantas solares de vanguardia en empresas locales. A través del programa Cities Forward del Departamento de Estado de Estados Unidos, se formalizó una alianza con la ciudad de Evanston (Illinois) para trabajar en sustentabilidad, inclusión y resiliencia urbanas.

Desde la corporación también se gestionó el cierre definitivo de la Central Renca, una planta de generación a diésel que operaba desde 1962 y representaba uno de los focos históricos de contaminación de la comuna. La operación, articulada entre el municipio, Generadora Metropolitana y la comunidad, fue presentada como una transición simbólica hacia un modelo de generación eléctrica más limpio.

En entrevista con +COMUNIDAD en 2025, Castro destacó que son los propios vecinos quienes informan cuando un árbol necesita atención o cuando el sistema de riego sufre algún daño, una señal del compromiso comunitario con la regeneración ambiental de los cerros.

Imagen de portada: La Fábrica de Renca. 

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América Latina tiene más de 15.000 gobiernos locales. En muchos de ellos ya se ensayan respuestas concretas a los problemas que afectan cada día a millones de personas. Son soluciones con datos, con protagonistas y con resultados. Lo que no siempre tienen es pantalla. A partir de abril de 2026, eso cambia.

Malditos Optimistas es un programa diario conducido por Melina Fleiderman que recorre el ecosistema de innovación latinoamericano. Se emite por la señal DNews de DirecTV y está disponible en la plataforma de streaming DGO. Ahora, el programa sumará un segmento semanal dedicado a la innovación pública local, resultado de una alianza con la Red de Innovación Local (RIL), que a través de su Centro de Soluciones y el medio +COMUNIDAD aportará casos documentados de políticas municipales con innovación e impacto.

Lo que la televisión de innovación no suele mostrar

Malditos Optimistas se emite de lunes a viernes con una hora de duración dedicada a innovación, sostenibilidad, ciencia, tecnología con impacto y negocios con propósito. Opera desde Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, con alcance vía DGO en México y Brasil. Su lema es directo: “Las ideas no piden permiso”.

Cada miércoles, Inés Reineke, directora de Innovación Global de RIL, se sumará al panel del programa junto al periodista Joaco Ramos para presentar un caso de innovación municipal en América Latina. Cada episodio seguirá un arco narrativo claro: qué problema se identificó, qué respuesta se diseñó, qué resultados produjo y qué pueden aprender otras ciudades de esa experiencia.

El segmento parte de una constatación: la televisión latinoamericana de innovación se ha ocupado con frecuencia de startups, inteligencia artificial y negocios de triple impacto, pero rara vez se detiene en el actor que más cerca está de la vida cotidiana de las personas: el gobierno local. Las ciudades que diseñan respuestas efectivas a problemas públicos, que las miden y que las abren para que otras puedan adaptarlas constituyen un tipo de innovación pública que merece el mismo espacio.

“Este es un día de innovación local. Todos los miércoles vamos a conocer distintas historias de cómo desde una ciudad o una pequeña localidad se puede generar un efecto contagio positivo para vivir mejor en comunidad”, anticipó Fleiderman en la primera emisión del segmento.

Por qué importa visibilizar las soluciones de los gobiernos locales

Detrás de esta alianza hay una convicción respaldada por evidencia. El sociólogo Everett Rogers estudió durante décadas cómo se propagan las innovaciones en una sociedad y concluyó que existe un punto de inflexión: cuando aproximadamente el 16% de un grupo adopta una práctica nueva, la adopción masiva se acelera y el cambio se vuelve difícil de revertir. 

Visibilizar las soluciones que ya funcionan en distintas ciudades es más que un ejercicio de difusión: es una condición necesaria para que más gobiernos locales las conozcan, las evalúen y las adapten a su contexto.

“Dar a conocer las respuestas más innovadoras a los problemas públicos de la región, con el objetivo de que otras ciudades puedan replicarlas, es central para el cambio que queremos ver en América Latina: que cada vez sean más los gobiernos que gestionen con la ciudadanía en el centro, hasta lograr que el buen gobierno local sea un nuevo estándar“, señala Reineke.

Ojos en Alerta: el primer caso en pantalla

El primer episodio del segmento se emite el miércoles 15 de abril de 2026 y aborda Ojos en Alerta, un sistema de seguridad ciudadana basado en WhatsApp creado en el partido bonaerense de San Miguel que ya se replica en más de 100 municipios de América Latina. Cristian Méndez, creador del programa, participa en directo.

El episodio se transmite a las 10 AM de Argentina, Uruguay y Brasil, 9 AM de Chile y 8 AM de Colombia. Se puede ver en vivo por DNews (DirecTV) y a través del canal de YouTube de Malditos Optimistas.

La parrilla prevista de episodios contempla diversidad geográfica y temática, con casos que van desde movilidad y medio ambiente hasta gobierno digital y economía circular en ciudades de distintas escalas de la región.

¡Suscríbete al canal deMalditos Optimistas para seguir cada episodio!

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La gestión turística en las ciudades depende, en gran medida, de la capacidad para producir y analizar información. Contar con datos oportunos permite mejorar la experiencia en el territorio y responder con mayor precisión ante demandas e imprevistos. En América Latina, cada vez más destinos incorporan herramientas tecnológicas para monitorear la actividad, anticipar escenarios y ajustar servicios en tiempo real.

En Florianópolis (Santa Catarina, Brasil), ese proceso partió de una pregunta concreta: cómo transformar la información dispersa en una herramienta de planificación. El desafío combinaba la incorporación de tecnología con la integración de datos en las distintas áreas municipales, de modo que seguridad, salud, movilidad y promoción turística trabajaran sobre una misma base de evidencia.

La ciudad comenzó a consolidar esta cultura a partir de sus cinco Centros de Atención al Turista (CATs). Allí se implementaron mecanismos analógicos y digitales para relevar el perfil de quienes visitan la isla, su origen, motivaciones y tiempos de estadía. Ese primer nivel de sistematización abrió la puerta a una etapa posterior:escalar el análisis y cruzarlo con variables críticas como balneabilidad, flujo aéreo y capacidad de respuesta de los servicios públicos.

Para comprender cómo se consolidó esta estrategia basada en cultura de datos, +COMUNIDAD conversó con Ana Paula Reusing Pacheco, de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de Florianópolis; Renê Ernesto Meneses Nunes, subsecretário de Turismo; y Patrícia Mattos de Barros Schiavoni, directora de Planeamiento y Desarrollo Turístico.

Un ecosistema de monitoreo inteligente

La Prefectura de Florianópolis implementó un sistema de Inteligencia Artificial (IA) e Internet de las Cosas (IoT) a través de la plataforma Smart Tour, que permite monitorear las atracciones de la isla, rastrear el flujo de visitantes y los patrones de visitas en tiempo real. Ana Paula Reusing Pacheco explica que, para institucionalizar este proceso, en noviembre de 2025 se inauguró el Centro de Inteligencia Turística (CIT), frutode una alianza entre el municipio y el Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

“Este Centro es responsable de alimentar el ecosistema municipal con datos técnicos sobre seguridad pública, balneabilidad y flujo en unidades de salud, garantizando que la toma de decisiones públicas se base en evidencias concretas”, agrega la funcionaria. 

En ese marco, el CIT sistematiza y pone a disposición información vinculada a:

• Flujo aéreo y estacionalidad
• Perfil del turista de verano
• Panorama del calendario de eventos
• Relación entre turismo y residuos sólidos urbanos
• Mapeo y análisis de atractivos turísticos
• Mapeo y capacidad de espacios para eventos
• Impactos del turismo en las condiciones de vida y vivienda
• Ciclo Movilidad como alternativa para la movilidad urbana y turística
• Reputación online de los principales atractivos.

IA aplicada: itinerarios predictivos y seguridad urbana

La estrategia de Florianópolis organiza el uso de la inteligencia artificial en dos niveles vinculados a la gestión pública y a la experiencia del visitante.

El primero se orienta a quienes recorren la ciudad. El nuevo Portal de Turismo incorpora el chatbot “Estimada”, que procesa el perfil de cada usuario y lo cruza con datos de infraestructura y contexto. A partir de ese análisis, sugiere itinerarios predictivos y recomienda lugares con menor nivel de congestión, considerando variables como el clima y la ocupación de los espacios. De este modo, contribuye a distribuir mejor los flujos en el territorio.

El segundo nivel se enfoca en la seguridad urbana. En el Living Lab 5G, ubicado en el Centro-Este, el sistema Icetana AI utiliza algoritmos basados en detección de anomalías. La herramienta aprende los patrones habituales de movimiento y detecta en tiempo real comportamientos inusuales, como aglomeraciones inesperadas o desplazamientos sospechosos. Esta automatización permite que los operadores concentren su atención en situaciones que requieren intervención humana y mejora la precisión del monitoreo.

La integración de estas soluciones respalda decisiones operativas con mayor sustento técnico:

• Ajuste de servicios. El cruce de datos aeroportuarios mostró que el turismo internacional pasó del 1,5 % en 2021 a cerca del 20 % en 2024. A partir de ese cambio, se reforzó la atención bilingüe en los CATs.
• Eficiencia en la promoción. El análisis de información permitió identificar mercados emisores prioritarios, entre ellos el europeo tras la apertura de rutas directas desde Lisboa, y orientar acciones de capacitación específicas.
• Agilidad en la gestión de demandas. A través de la plataforma Colab, residentes y turistas reportan problemas urbanos de manera directa, lo que acelera la respuesta del gobierno local.

Articulación para fortalecer la innovación y el turismo predictivo

La integración entre tecnología, datos y gestión turística se apoya en un esquema de articulación institucional. Consultada sobre ese proceso, Reusing Pacheco explica: “Actúa en la convergencia estratégica entre ambos pilares, consolidando a Florianópolis como un hub de innovación aplicada”. Y agrega: “Esta articulación se materializa a través del Programa de Incentivo a la Innovación (PII), desarrollado desde 2018, que funciona como motor para soluciones tecnológicas orientadas a los desafíos de la ciudad”.

El enfoque también se refleja en elPlan Estratégico de Turismo. Allí, la innovación y el acompañamiento a GovTechs se incorporan como herramientas para monitorear flujos en tiempo real, promover activos naturales en entornos digitales y reducir la estacionalidad. A la vez, se fortalece el turismo de negocios y eventos mediante infraestructura tecnológica específica. Renê Ernesto Meneses Nunes y Patrícia Mattos de Barros Schiavoni señalan que la coordinación entre subsecretarías se profundizó tras la adhesión de Florianópolis a laRed Brasileña de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI) del Ministerio de Turismo.

En cuanto al vínculo con startups locales como Smart Tour, Reusing Pacheco sostiene que el municipio asume el rol de “orquestador del ecosistema” a través de instrumentos de gobernanza y financiamiento. “Como presidente del Consejo Municipal de Innovación (CMI), lidera la asignación de recursos del Fondo Municipal de Innovación (FMI) para proyectos como el Living Lab, que permite a las startups probar y validar tecnologías en entornos reales”, ejemplifica.

Instrumentos para impulsar soluciones innovadoras

La relación con las startups se apoya en mecanismos específicos de incentivo y contratación. A través del Programa de Incentivo a la Innovación (PII), el municipio destina recursos provenientes de incentivos fiscales a proyectos sectoriales vinculados con los desafíos locales.

El uso del Contrato Público de Soluciones Innovadoras (CPSI) refuerza este esquema al posicionar a la institución como “primer cliente” de las GovTechs locales. Esta herramienta habilita la contratación directa de desarrollos tecnológicos y facilita su validación en entornos reales, reduciendo las limitaciones de los procesos tradicionales de licitación.

Sobre las decisiones públicas que se han apoyado en el uso de datos, IA o tecnologías digitales en el ámbito del turismo, Meneses Nunes y Mattos de Barros Schiavoni explican que el ámbito operativo utilizan la información recolectada de los CATs. “A través de formularios accesibles mediante códigos QR en tres idiomas (portugués, inglés y español), para comprender el perfil, origen, tiempo de estancia y motivación del viaje. Estos datos nos ayudan a ajustar los horarios de atención, reforzar los equipos en períodos de mayor afluencia y orientar mejor nuestra comunicación”, agregan. 

En el ámbito estratégico, los datos consolidados orientan decisiones como la priorización de mercados emisores, la definición de campañas promocionales, la estructuración de nuevos productos turísticos y la planificación de eventos para reducir la estacionalidad. 

Un ejemplo concreto fue la identificación del aumento del público europeo, tras la consolidación de la ruta directa de TAP Air Portugal que conecta Lisboa con Florianópolis. A partir de estos datos se intensificaron las acciones de promoción, capacitación y relaciones para atender mejor a este perfil internacional.

Desafíos, aprendizajes y transferibilidad del modelo

En Florianópolis, la transformación digital se estructuró como un proceso centrado en el método y la gobernanza. Los referentes del sector identifican como principal desafío el paso de “grandes volúmenes de datos” a “decisiones ágiles”. Este proceso requiere integrar bases de datos, estandarizar indicadores y contar con capacidad técnica para el análisis continuo. También exige consolidar una cultura organizacional orientada al uso sistemático de información.

Entre los aprendizajes señalados por el equipo, destacan que “la tecnología debe ser un medio para mejorar la calidad de vida; por ello, la ciudad apuesta por una gestión 100% digital y desburocratización”. En la misma línea, Ana Paula Reusing Pacheco sostiene que “la transformación comienza por la gobernanza y la planificación, no por la tecnología de forma aislada”.

Renê Ernesto Meneses Nunes y Patrícia Mattos de Barros Schiavoni enumeran tres aspectos centrales del proceso:

• La adhesión a la Red DTI aportó método, diagnóstico y plan de acción.
• La creación de una Central de Inteligencia permitió organizar y jerarquizar los datos.
• La articulación con la academia, el sector privado y distintas áreas de la administración pública alineó la innovación con las prioridades de la política pública.

Para ciudades que disponen de infraestructura tecnológica y aún enfrentan dificultades para convertir información en decisiones, los especialistas subrayan la importancia de la gobernanza y el método. “El paso clave es la integración de los datos en los instrumentos de planificación, cuando la información se convierte en el referente para el presupuesto y las metas, la jerarquización ocurre naturalmente en función de lo que genera más valor para el ciudadano y el turista”, explican.

También señalan que la definición previa de las decisiones estratégicas que deben orientarse con datos evita la dispersión de información. “La tecnología es solo un instrumento, el diferencial reside en la capacidad institucional de utilizarla de forma integrada”, concluyen.

Esta nota forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

^{Imagen de portada: ilustración de RIL y +COMUNIDAD.}

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La incorporación de inteligencia artificial (IA) en los gobiernos locales ha dejado de ser una escena de ciencia ficción para convertirse en una herramienta de gestión cotidiana. Sin embargo, su adopción plantea una tensión inevitable en los pasillos de los municipios: la necesidad de modernizar el Estado para no perder el tren del desarrollo frente a la obligación de hacerlo con resguardos éticos y soberanía tecnológica.

¿Cómo pueden las ciudades latinoamericanas navegar esta transformación? La respuesta se construye desde múltiples perspectivas. Por un lado, la ventaja competitiva de los gobiernos locales, que por su escala pueden actuar como laboratorios ágiles de innovación; por otro, la cautela necesaria para no delegar decisiones críticas en “cajas negras” o algoritmos sin supervisión.

A continuación, reunimos tres visiones complementarias de expertos publicadas originalmente por la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR). Guadalupe Dorna (Escuela de Gobierno, UTDT), Laura Alonso Alemany (Liga del Bien para la IA) y Gastón Wright (Civic Compass) exploran las oportunidades, los desafíos y los riesgos de gestionar lo público en la era del algoritmo.

IA en municipios argentinos: el tren bala que no podemos perder

El imperativo de la innovación: agilidad y empoderamiento

Por Guadalupe Dorna | Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (*)

La inteligencia artificial no es el futuro, es el presente. Es un presente que se manifiesta como un tren bala, a una velocidad que por momentos nos genera adrenalina y por momentos, un poco de pánico. Y está bien que así sea, porque las implicancias de esta revolución arrolladora todavía nos son esquivas: el futuro puede implicar el colapso de la forma de trabajar como la conocemos, con consecuencias que todavía no sabemos cómo calificar.

Ante la incertidumbre tecnológica, sólo hay una cuestión certera: no podemos perder tiempo en subirnos a este tren bala que tiene hoy sus puertas abiertas. Y la buena noticia es que los municipios argentinos tienen la capacidad de hacerlo antes que otras estructuras, porque poseen una cualidad que los niveles centrales envidian: su agilidad.

Los municipios son los verdaderos laboratorios de innovación del Estado. Mientras el gobierno nacional puede debatir meses una decisión, un intendente puede implementar una solución en semanas. La evidencia internacional confirma que los gobiernos locales adoptan tecnología entre dos y tres veces más rápido. En Argentina ya vemos la punta del iceberg: desde WhatsApp gubernamental hasta análisis predictivo y automatización de procesos.

Integrar IA no implica necesariamente financiar startups o contratar ejércitos de programadores. Subirse a este tren es mucho más simple, particularmente para las estructuras ágiles de los municipios. 

Primero necesitamos tener líderes municipales que visualicen el potencial de estas herramientas. Un líder inspirado e informado es el eslabón clave para lo que sigue: el empoderamiento de los equipos de gobierno.

Este empoderamiento tiene tres componentes clave. Primero, una capacitación inicial en el uso de la IA generativa y los procesos de automatización básica. Segundo, el espacio para la exploración, permitiendo liberar el potencial creativo que estas tecnologías habilitan. Tercero, propiciar una comunidad de prácticas para compartir experiencias que permitan transformar y potenciar las ideas compartidas.

Empoderado de esta forma, un empleado municipal puede usar IA para generar respuestas más precisas a consultas ciudadanas, crear informes automáticamente, analizar datos de gestión, crear tableros, hacer análisis predictivos, automatizar procesos a muy bajo costo o incluso diseñar campañas de comunicación más efectivas. Y lo más importante: estas tareas no requieren un equipo de programadores para llevarlas adelante.

La revolución de la IA generativa radica en que, con una guía mínima, el propio agente municipal se convierte en desarrollador de las soluciones que necesita. Es la posibilidad de adaptar la tecnología a nuestras necesidades y no al revés. El tren bala está pasando hoy y tiene las puertas abiertas, pero no indefinidamente. El momento de subirse es ahora. Solo es cuestión de experimentar y aprender haciendo.

Inteligencia artificial en la gestión pública local: oportunidades y desafíos

La balanza de la gestión: eficiencia con resguardos éticos

Por Laura Alonso Alemany | Liga del Bien para la Inteligencia Artificial (*)

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en una herramienta clave para transformar la gestión pública local. Nos entusiasma su potencial para mejorar el funcionamiento de lo público y la calidad de vida ciudadana. Cada proyecto innovador da prueba de ello: desde chatbots en ventanilla digital y acciones proactivas para salud, hasta el monitoreo automatizado de velocidad de automóviles.

Cada vez son más las iniciativas que implementan diferentes municipalidades en la Argentina. Ahora bien, ¿qué beneficios aportan estas aplicaciones de inteligencia artificial, y qué preocupaciones acarrean?

Gran parte de estas aplicaciones se basan en el aprendizaje automático, es decir, en detectar patrones en grandes volúmenes de datos para después ponerlos en acción. Especialmente en las ciudades, esto permite automatizar tareas mecánicas y repetitivas —como la carga de datos, análisis de formularios o revisión de normativas— liberando tiempo y energía de los funcionarios. Así, los equipos pueden concentrarse en resolver problemas complejos que requieren empatía, juicio humano y conocimientos especializados.

Entre los usos más prometedores está la atención proactiva. En salud, la IA puede contribuir a la detección temprana de brotes de enfermedades; en movilidad urbana, permite optimizar rutas de transporte público y reducir la congestión; y en gestión ambiental, detectar patrones de contaminación para sugerir intervenciones eficaces. 

Además, la tecnología puede ser un motor de inclusión: sistemas de asistencia basados en lenguaje natural ayudan a personas con discapacidad a interactuar con servicios públicos, o traducen textos facilitando el acceso a comunidades migrantes.

Sin embargo, esta ventana de oportunidad conlleva riesgos. La implementación sin resguardos adecuados puede producir efectos negativos graves, como el sesgo algorítmico. Si los datos históricos reflejan discriminaciones sociales, los sistemas pueden reproducirlas o amplificarlas.

Por eso, es fundamental que la adopción de IA en la gestión pública esté acompañada de procesos que revisen no sólo los aspectos técnicos, sino también éticos y sociales. Herramientas como la autoevaluación de la Liga del Bien para la Inteligencia Artificial pueden ser útiles para monitorear el uso responsable. 

La IA ofrece una oportunidad única para fortalecer la gestión local, pero para que su impacto sea positivo y duradero, es necesario combinar innovación con responsabilidad, experimentación con evaluación, y eficiencia con equidad. Sólo así podremos construir ciudades más inteligentes, inclusivas y humanas.

Entre el entusiasmo y el riesgo de delegar sin control

Inteligencia artificial y gestión local: el desafío de la gobernanza

Por Gastón Wright | Director de Civic Compass (*)

En los últimos años, la inteligencia artificial dejó de ser un tema del futuro para convertirse en una tecnología que ya impacta decisiones cotidianas en nuestras ciudades. La pregunta ya no es si los gobiernos locales deben adoptar IA, sino cómo hacerlo sin sacrificar derechos, equidad ni soberanía pública.

Desde Civic Compass hemos investigado las percepciones sobre la gobernanza de la IA en América Latina. Uno de los hallazgos más relevantes es el consenso sobre la necesidad urgente de fortalecer las capacidades del Estado. Esta reflexión aplica con fuerza a los gobiernos locales, donde la escasez de recursos y conocimiento técnico puede derivar en una dependencia peligrosa de proveedores externos y soluciones “llave en mano”.

El entusiasmo por la innovación no puede hacernos perder de vista los riesgos. Hemos detectado en varios municipios una tendencia a delegar procesos sensibles —como la identificación de beneficiarios de programas sociales o la vigilancia del espacio público— en sistemas opacos cuya lógica no siempre es entendida por quienes los implementan. La promesa de eficiencia no puede reemplazar el deber de rendición de cuentas.

Sin embargo, también hay oportunidades concretas. Identificamos experiencias donde los gobiernos locales han logrado usar IA para optimizar el transporte público, reconocer baches automáticamente, mejorar la detección de enfermedades o prevenir cortes de servicios en zonas vulnerables. Estos casos tienen algo en común: parten de una agenda pública clara, con datos abiertos y control humano.

Pero antes de pensar en una gobernanza democrática, Argentina enfrenta un paso previo ineludible: la actualización normativa. La ley de protección de datos personales actual —vigente desde el año 2000— no responde a los desafíos de los entornos digitales contemporáneos ni a los riesgos de la automatización algorítmica. Sin una legislación moderna, cualquier intento de innovación pública será frágil.

Necesitamos avanzar hacia áreas de implementación locales donde los equipos entiendan estos problemas, establezcan protocolos éticos y promuevan alianzas con universidades. Argentina tiene una oportunidad única: diseñar un modelo propio de gobernanza de IA en ciudades, adaptado a sus desafíos pero con estándares de derechos humanos. 

No necesitamos importar marcos europeos ni soluciones de Silicon Valley. Necesitamos construir nuestras propias respuestas con creatividad, evidencia y participación. La Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial puede ser un espacio clave para consolidar estas prácticas, compartir aprendizajes entre municipios y exigir al nivel nacional los recursos normativos y financieros necesarios para sostener este proceso. La inteligencia artificial ya está entre nosotros; ahora el desafío es que también sea democrática.

(*) Sobre los autores

Guadalupe Dorna es directora de la Maestría en Políticas Públicas y profesora en la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). Graduada de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard con una Maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional, se especializa en el diseño y evaluación de políticas basadas en evidencia. En la UTDT, coordina el Programa de Evaluación de Impacto del Centro para la Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) e integra el Centro de Investigación de Política Urbana y Vivienda (CIPUV). Cuenta con amplia experiencia en la gestión pública nacional y de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2026, se desempeña como líder de Agentes IA en la Red de Innovación Local (RIL), donde impulsa la adopción de asistentes autónomos para transformar la agilidad y capacidad de respuesta de los gobiernos municipales en América Latina. 

Laura Alonso Alemany es doctora en Lingüística Computacional por la Universidad de Barcelona y profesora en Ciencias de la Computación en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba. Es especialista en Procesamiento del Lenguaje y Ética de la Inteligencia Artificial. Tiene numerosos antecedentes en proyectos de investigación nacionales, regionales e internacionales, y ha participado como consultora en numerosos proyectos de transferencia al sector socio-productivo. Es miembro del board de la Liga del Bien para la Inteligencia Artificial y colaboradora habitual de diferentes entidades de la sociedad civil y del sector educativo. Le interesa tratar de comprender las diferentes repercusiones de los distintos errores de los sistemas de Inteligencia Artificial.

Gastón Wright es el director de Civic Compass en Civic House. Con una trayectoria diversa, trabajó en Meta como Gerente de Políticas Públicas, fundó Change.org en el Cono Sur y se desempeño como director global de Ashoka en Estados Unidos y Canadá. También, trabajó como Consultor del BID en temas de transformación digital. Gastón es politólogo, tiene un Master en Ciencia Política en la Universidad de Toronto y estudios de postgrado en Regulación de Internet y Protección de Datos por la London School of Economics. Es profesor en la Universidad de Buenos Aires de Política Subanacional y de Regulación de Internet y Politicas Públicas Digitales en la Universidad Torcuato Di Tella.

Este contenido es una síntesis de artículos publicados originalmente por la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial (CIIAR) y se reproduce en +COMUNIDAD para difundir el debate sobre la modernización pública local.

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