Por Red Latam de Jóvenes Periodistas

Los jóvenes latinoamericanos dejan las casas de sus padres, en promedio, a los 28 años. Enfrentados a la realidad de la vida adulta, las preocupaciones de las nuevas generaciones se van acumulando una sobre la otra: falta de trabajos, salarios precarios, fenómenos asociados al cambio climático, salud mental, violencia, migración. Y una pregunta común: ¿podremos tener casa propia algún día?

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2023 el 82% de la población latinoamericana vivía en zonas urbanas. Esto convierte a nuestra región en una de las más urbanizadas del mundo. Sin embargo, también es una de las que más retos presenta para acceder a una vivienda, especialmente para las personas jóvenes.

Por ejemplo, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mostró que para 2010 apenas un 42% de las personas entre 15 y 39 años eran propietarios de su casa. En algunos países, como Colombia, solo un 21% de los jóvenes tenía una vivienda propia. Y quienes sí tienen, muchas veces viven en condiciones precarias.

«América Latina y el Caribe tiene un problema estructural de acceso a la vivienda. Se estima que hay un 45% de la población que todavía tiene deficiencias», explica Tania Gallegos, directora de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID.

Para Carla Escoffie, investigadora de vivienda y autora del libro «País sin techo», «la vivienda es un derecho base para el ejercicio de otros derechos». Tener un espacio seguro, dice, es indispensable para los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad, al descanso y a otros. En algunos casos, incluso, es un factor determinante para aspirar a un trabajo. El acceso a la vivienda no es solo una comodidad, sino una necesidad.

Desde hace décadas, gobiernos y organismos de la región han implementado mecanismos, proyectos y leyes para solventar el déficit de vivienda. El problema es que la mayoría de estos proyectos se centran en la adquisición de vivienda nueva y brindan apoyo al sector formal o bancarizable: personas con un trabajo fijo, en una empresa con cierto nivel de organización, fuera del sector agrícola, con seguros y garantías laborales, etc.

A continuación, te contamos sobre dos proyectos gubernamentales de Costa Rica y Colombia que, con sus luces y sus sombras, han ayudado a miles de jóvenes, generalmente con ingresos medios, para financiar y adquirir una casa propia.

Costa Rica: un proyecto que beneficia a miles de jóvenes

El Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios de Costa Rica no estaba orientado a beneficiar jóvenes. Sin embargo, eso es justamente lo que ha terminado haciendo. Este proyecto surgió en 2019 como parte de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y diversas entidades del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, como mutuales, bancos y cooperativas. Básicamente, otorga créditos bancarios para la compra y construcción de terrenos e inmuebles, así como bonos familiares de vivienda.

De acuerdo con el medio costarricense CRHoy, en 2020 este Programa Integral financiaba hasta 65 millones de colones (126 mil dólares), aunque en promedio sus créditos rondaban los 30 millones de colones (59 mil dólares, aproximadamente), con una tasa de interés del 6.5%.

Para acceder al programa, es necesario contar con un núcleo familiar ya establecido, no tener propiedades a su nombre, no haber recibido bonos de vivienda y mantener una estabilidad laboral de al menos un año para las personas asalariadas o una antigüedad de tres años para personas no asalariadas. La mayoría de estos requisitos se repiten en programas similares.

Pues bien: para junio de 2023, este proyecto había ejecutado más de 200 millones de dólares en créditos. Lo curioso es que el 70% de los beneficiarios eran personas entre 18 y 35 años, según datos proporcionados por la Dirección del Fondo Nacional de Vivienda de Costa Rica. Hablamos de 3.100 jóvenes, de los cuales 507 tienen menos de 25 años.

Sin dudas este es un referente para futuros programas latinoamericanos que quieran impulsar el acceso de personas jóvenes a una vivienda propia. Sin embargo, este todavía queda debiendo a la hora de beneficiar a los jóvenes de menos recursos, seguramente los que más lo necesitan. Como lo indica su nombre, este está pensado para personas de clase media.

En efecto: el grupo objetivo de este programa son familias con un ingreso mensual bruto entre los 414 mil (808 USD) y 1 millón 657 mil colones (3.233 USD). El problema es que para julio de 2023, el ingreso per cápita del 60% de los hogares costarricenses estaba por debajo de los 253 mil colones (490 USD), según el Instituto Nacional de Estadística de Costa Rica. Esto excluye a gran parte de la población, incluyendo la joven, de acceder a este programa.

De acuerdo con Franklin Solano, especialista del sector costarricense de vivienda, el 40% de los hogares del país no tienen posibilidades de acceder a este programa por no tener los ingresos mínimos necesarios. Otro 20% apenas cumple con los montos, aunque también carga con otras deudas.

Por el momento, la falta de soluciones para los sectores con menos ingresos se mantiene como una de las principales críticas al Programa Integral de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios de Costa Rica. «Los subsidios deben ser para una población que demuestre que realmente tiene una condición de vulnerabilidad muy extrema y los otros sectores jugar con las condiciones de mercado», dice Franklin Solano.

Pese a esto, el Programa ha demostrado un gran éxito entre personas jóvenes con ingresos superiores. La mayoría de los beneficiados son parejas sin hijos y muestran una relativa equidad de género en la distribución de los créditos, con 45.1 % de mujeres beneficiadas, según información del Banhvi.

Colombia: Cómo un país de alquileres intenta que los jóvenes compren su primera vivienda

En Colombia las personas alquilan más que en cualquier otro lugar de América Latina. Para 2011, cuatro de cada diez colombianos era inquilino en la casa donde vivía, cifra que ha ido en aumento desde la década de 1980. Según un estudio del BID, para 2019 el 34% de las casas en Colombia eran para alquilar, mientras que el promedio en América Latina era del 21%. 

Los efectos en la población son conocidos: hay quienes pagan más del 45% de su sueldo solo en arrendamiento. Para abril de 2023, los precios en los arriendos alcanzaron su mayor alza en los últimos cuatro años, por lo que miles de colombianos vieron cómo su dinero rendía cada vez menos.

«El 50% de los bogotanos viven en arriendo. Eso quiere decir que cada vez las propiedades que hay en el stock de disponibilidad son menos y los habitantes de las grandes ciudades tienen que acceder más a figuras como el arrendamiento», dice Carlos Benavides, activista colombiano por el acceso a la vivienda.

Uno de los grupos más golpeados por esta realidad es el de los jóvenes. Para empezar a cambiarla, el Estado colombiano implementó el programa Jóvenes Propietarios, lanzado como respuesta al estallido social de 2021. Hablamos de un programa del Estado y el Fondo Nacional del Ahorro que busca facilitar la compra de una vivienda a jóvenes entre 18 y 28 años, brindándoles opciones de financiamiento adecuadas a sus necesidades.

Para aplicar a este programa, las personas solo deben cumplir con el rango etario. Tener ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos vigentes, no ser propietario de una vivienda y no ser beneficiario de otro programa gubernamental con subsidio de vivienda. El monto crediticio depende de la capacidad de pago de la persona y del costo del inmueble. No obstante, suele cubrir hasta el 80-90% del valor de este último. La tasa de interés del programa puede llegar hasta el 12.3% en algunos casos. Aunque suele ser del 6.8%, menos de la mitad de la que ofrecen los bancos privados.

Estas son algunas de las razones que explican que Jóvenes Propietarios, que en 2023 pasó a llamarse Generación FNA, haya tenido resultados exitosos. Y es que para agosto de 2022, un año después de su lanzamiento, la iniciativa ya había aprobado 17.078 créditos.

Una de las personas beneficiadas fue Mónica Rivera, quien logró comprar su primer apartamento a los 28 años. «Siempre digo que es una muy buena oportunidad. Pero también influyó mucho mi condición de tener un salario que me diera la oportunidad de estar en el lugar donde estoy», dice.

En efecto: si bien el programa está disponible para jóvenes de escasos recursos, esto no significa que todos tengan la misma posibilidad de acceder a su crédito. Como explica el experto en vivienda Axel Murillo, más que un programa social, Jóvenes Propietarios es un producto financiero. Por lo que «los jóvenes van a encontrar barreras para acceder».

Estas barreras suelen dejar atrás a una gran cantidad de jóvenes con empleos informales o autónomos. Por eso, Murillo señala la necesidad de construir un marco jurídico que reconozca abiertamente las necesidades específicas de los jóvenes. Así como incluir en el programa a más entidades financieras que brinden tasas preferenciales a los jóvenes. Además, plantea que la Ley de Vivienda y Hábitat amplíe el rango de personas jóvenes hasta los 35 años.

Esto último beneficiaría a un número importante de personas entre los 29 y los 35 años. Que pese a ser jóvenes también, ahora mismo cuentan con menos recursos para acceder a una vivienda. Como William Botia, un joven trabajador independiente que aplicó a créditos hipotecarios dos veces, sin suerte.

Pese a estas áreas de mejora, lo cierto es que Jóvenes Propietarios / Generación FNA ha impactado positivamente la vida de miles de jóvenes colombianos. Que, como Rivera, ya son dueños de sus propias casas. Pero sobre todo, puede haber abierto un camino a la hora de pensar programas sociales desde el Gobierno o el Estado. Como explica Carlos Benavides, este proyecto logró «focalizar una política pública para incluir en una solución de vivienda a un grupo específico, en este caso a los jóvenes. Eso no se había visto anteriormente».

Sentando las bases de la vivienda del futuro

En los últimos años se ha escrito ampliamente sobre el problema de la falta de acceso a la vivienda para las personas jóvenes, sus causas, impactos y consecuencias a futuro. Aun así, organismos internacionales, gobiernos y expertos en vivienda reconocen que existe un vacío de información oficial y contrastada sobre el tema.

Por eso, Tania Gallegos, del BID, señala la importancia de recabar información que permita entender el problema como algo regional y establecer objetivos conjuntos. «A veces esos objetivos comunes que deberíamos tener en nuestras políticas no siempre son coherentes. Y la calidad de la información no siempre es adecuada», dice.

Silvia Emanuelli, coordinadora de la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), coincide con Gallegos. Considera que «es difícil hacer políticas cuando no conoces un problema». No obstante, Emanuelli ve esperanza más allá de los modelos tradicionales de acceso a la vivienda. Que endeudan a las personas por 30 años e imaginan la vivienda únicamente como un producto financiero.

Desde su experiencia, organizaciones comunitarias, barrios y los mismos ciudadanos han encontrado muchas respuestas a la crisis basadas en la organización y la autonomía. En vez de esperar a que el Estado intervenga. «Las políticas y las leyes que se han logrado son fruto de muchos esfuerzos, de mucha movilización, de mucha pelea», dice.

Porque sí. La evidencia de estos proyectos muestra que la respuesta a la falta de vivienda para jóvenes, mujeres, personas LGBTI+ y otras poblaciones vulnerables no está en la experiencia de casos aislados, sino en un ejercicio constante y colectivo de pensar dónde y cómo queremos vivir.

(*) Esta investigación fue realizada por la 7ma Generación de la Red LATAM de Jóvenes Periodistas de Distintas Latitudes y ya está disponible en la web.

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Organizada por la Red de Innovación Local (RIL), la conferencia virtual se llevó a cabo el 27 de abril y reunió a funcionarios y funcionarias de distintas ciudades para conocer la experiencia fiscal y tributaria de Tres de Febrero. “Lo que hicimos en los últimos años fue simplificar la carga impositiva y dar estímulo a los comportamientos virtuosos, para que quienes producen y dan trabajo encuentren en nosotros socios locales y no lo contrario”, introdujo Julián Amendolaggine, secretario de Hacienda de la Municipalidad.

Presentación territorial

Antes de explicar las medidas específicas, el equipo presentó las características territoriales, demográficas y productivas de la ciudad. Daniela Ramos, secretaria de Trabajo y Producción, especificó que en el partido de Tres de Febrero son predominantes las empresas manufactureras y las industrias metalmecánica, automotriz, química, plástica, alimentaria y textil. También mencionó que la mayoría son PyMEs familiares.

“La producción está concentrada en dos localidades: Caseros y Ciudadela. La cuestión es hallar un equilibrio entre el crecimiento productivo y la densidad poblacional. El desarrollo no fue planificado y ya casi no hay tierras disponibles, por lo que trabajamos en una reorganización del territorio para retener las empresas y atraer nuevas que den trabajo”, dijo la funcionaria. En ese sentido, contó que trabajan para concretar un parque industrial sobre Campo de Mayo y, luego, dio paso a la exposición de las medidas fiscales.

El alivio fiscal

El secretario de Hacienda, Julián Amendolaggine, distribuyó las medidas de alivio fiscal para PyMEs en cuatro categorías: 1) Simplificación y reducción tributaria para pequeñas empresas (Monotasa); 2) Mayor progresividad en alícuotas y ajuste de umbrales de facturación en la Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene (TISH); 3) Eliminación de tasas y timbrados; y 4) Creación del Régimen General de promoción del Trabajo y la Producción.

“Simplificamos los trámites y con la Monotasa redujimos en hasta un 60% la presión tributaria. Buscamos crear incentivos a la formalización que no sean persecutorios y queremos avanzar hacia habilitaciones más sencillas –aseguró–. La idea es reducir al mínimo posible la cantidad de tasas que pagan los vecinos, y también que puedan hacerlo de forma remota”. (*).

Tras la especificación de más medidas con porcentajes y objetivos, Daniela Ramos destacó la implementación de la Ordenanza 3551 de Trabajo y Producción. “No podemos cambiar la situación macroeconómica del país, pero podemos ayudar a las empresas a jugar el mejor partido posible con la cancha que tocó. Esta ordenanza apunta a impulsar la competitividad para mejorar las condiciones con las que se crea trabajo genuino”, definió.

Entre sus objetivos, la normativa también pretende fomentar la construcción de estacionamientos privados, de locales gastronómicos y de industrias del conocimiento.

Intercambios con otros municipios

Finalizada la presentación fiscal y tributaria, Amendolaggine y Ramos contestaron preguntas de pares de otros municipios, como Chascomús e Ituzaingó.

Tras los intercambios, RIL invitó a seguir compartiendo soluciones creativas en materia impositiva y tributaria mediante la participación en el Portal de Gestión Municipal. Además, allí se pueden encontrar las grabaciones de webinarios anteriores y conocer la agenda de los próximos.

(*) Para conocer las medidas específicas, podés mirar la presentación completa de Tres de Febrero en este link.

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