Los Premios RIL agruparon en una misma ceremonia distinciones que la red ya venía entregando: los sellos temáticos para políticas vinculadas a ejes específicos de gestión y las certificaciones en Gestión Eficiente. La edición de 2026 sumó categorías nuevas: el Premio a la Innovación Local y el premio Gente que Ama lo que Hace, dirigido a equipos de gobierno. En la noche, también se entregó por primera vez el Premio Ciudad RIL.

“En RIL celebramos el compromiso y la dedicación de aquellos líderes que no se conforman sólo con hacer bien su trabajo. Trabajamos con funcionarios a los que les importa generar un cambio en sus comunidades”, explicó Candelaria Yanzi, directora ejecutiva de RIL Argentina. “La entrega de premios es para reflexionar y para destacar a los que ya están haciendo, pero sobre todo para contagiar a otros. Creemos que el reconocimiento también puede iluminar a los más de 2.300 líderes de gobiernos locales de la Argentina para crear ciudades de oportunidades”, agregó. 

Las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Misiones, Santa Fe y Tucumán concentraron las distinciones de este año.

La Noche de Intendentes: tres ediciones, tres ciudades sede

La Noche de Intendentes nació en 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde reunió en su primera edición a líderes de gobiernos locales y empresas en La Rural. La segunda edición se realizó en marzo de 2024 en la ciudad de Córdoba —la primera vez que el evento se federalizó fuera de la capital argentina, con la participación de más de 800 referentes públicos y privados—. La edición 2026 trasladó la sede al litoral, con Rosario como anfitriona.

El formato este año combina la cena central, la entrega de los reconocimientos y una jornada adicional de actividades temáticas en la ciudad santafesina. Esta última recibe el nombre de “Día de las Ciudades” y tiene como objetivo conocer de cerca políticas públicas destacadas del municipio.

Premios RIL: cuáles son las ciudades reconocidas

Desde RIL se destaca que cada premio tiene una razón de ser y reconoce alguna particularidad de la gestión. No se trata de premios que reconozcan los resultados de impacto, sino más bien la decisión de transformar la gestión local.

Los Sellos RIL son distinciones que se otorgan a ciudades que se destacan por su liderazgo e innovación en la implementación de soluciones a desafíos urbanos vinculados a una temática específica. RIL cuenta con 15 sellos temáticos que van desde el uso de inteligencia artificial, protección de la biodiversidad, desarrollo económico hasta promoción de las primeras infancias y movilidad urbana, entre otros. 

En esta edición, fueron 33 ciudades de 9 provincias quienes recibieron sellos temáticos: 

• Sello Ciudad Circular: Despeñaderos (Córdoba), Venado Tuerto (Santa Fe), San Miguel de Tucumán (Tucumán) y Luján de Cuyo (Mendoza).
• Sello Ciudad Emprendedora: Junín (Buenos Aires), Mendoza (Mendoza) y San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca).
• Sello Ciudad de la Energía: Luján de Cuyo y Godoy Cruz (Mendoza).
• Sello Ciudad Digital: Pilar (Buenos Aires), Escobar (Buenos Aires), Luján de Cuyo, (Mendoza), Luján (Buenos Aires), Tandil (Buenos Aires), Yerba Buena (Tucumán) y Villa Allende (Córdoba).
• Sello Ciudades Planificadas: Tres de Febrero (Buenos Aires), San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca), San Nicolás (Buenos Aires) y Río Cuarto (Córdoba).
• Sello en Eficiencia en las Finanzas Locales: Concordia (Entre Ríos) y Luján de Cuyo (Mendoza).
• Sello Ciudades por la Seguridad: San Francisco y Río Cuarto (Córdoba).
• Sello Ciudades por la Educación: Villa General Belgrano (Córdoba), Villa Ascasubi (Córdoba), Morteros, (Córdoba), Despeñaderos, (Córdoba), Alta Gracia (Córdoba), Tres de Febrero (Buenos Aires) y San Isidro (Buenos Aires).
• Sello Ciudades del Conocimiento: Rosario (Santa Fe), Lobería, (Buenos Aires), Concepción del Uruguay (Entre Ríos) Luján (Buenos Aires), General Madariaga (Buenos Aires), Escobar (Buenos Aires) y Venado Tuerto (Santa Fe).
• Sello Ciudad por la Movilidad Urbana: Oberá (Misiones) y General Pico (La Pampa).
• Sello Ciudades por la Primera Infancia:Villa Allende (Córdoba), Despeñaderos (Córdoba) y Godoy Cruz (Mendoza).
• Sello Desarrollo Económico: Laboulaye (Córdoba) y Pilar (Buenos Aires).
• Sello Ciudad por la Naturaleza y el Espacio Público: Escobar (Buenos Aires), Mendoza (Mendoza) y Posadas (Misiones).
• Sello Ciudades de la Inteligencia Artificial: Córdoba (Córdoba), Escobar (Buenos Aires) y Rosario (Santa Fe).

En otra línea, se entregaron las Certificaciones de Gestión Eficiente. Se trata de una distinción que otorga RIL para visibilizar a los gobiernos locales comprometidos con el uso responsable y estratégico de los recursos públicos en pos del desarrollo de su comunidad. 

Tras completar un proceso de evaluación que contempla ejes como Atención ciudadana y Transformación digital, los municipios reciben un tipo de certificación en base al resultado obtenido: Ciudad Promesa, Ciudad Líder y Ciudad Faro. En esta ocasión, 17 ciudades de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Tucumán recibieron este reconocimiento:

• Ciudad Faro:Tres de Febrero (Buenos Aires), Jesús María (Córdoba), San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires), San Miguel (Buenos Aires), Escobar (Buenos Aires), Santa Rosa (Mendoza), San Isidro (Buenos Aires) y Maipú (Córdoba).
• Ciudad Líder: Luján de Cuyo (Mendoza), Mendoza (Mendoza) y Rosario (Santa Fe).
• Ciudad Promesa: Venado Tuerto (Santa Fe), Junín (Buenos Aires), Luján (Buenos Aires), San Fernando del Valle de Catamarca (Catamarca), San Miguel de Tucumán (Tucumán)  y Yerba Buena (Tucumán).

En otra línea de premiación, se entregó el Premio a la Innovación Local 2026. Se trata de un reconocimiento a la ciudad argentina con la política más innovadora de todo el país, que promueva la inteligencia colectiva y la generación de impacto positivo en la comunidad. Con la iniciativa “Programa Más 16”, Río Cuarto, Córdoba, obtuvo esta máxima distinción. Para conocer más del programa y sus impactos, ingresar aquí.

En la noche, en el Centro de Convenciones Metropolitano se entregó por primera vez el premio Ciudad RIL, que valora el compromiso, la capacidad de gestión y el nivel de involucramiento de los gobiernos locales dentro de la red. Luján de Cuyo (Mendoza) fue la elegida.

Liderazgos y trabajo en red

Por último, se distinguieron a líderes que se destacan por su capacidad de trabajar en equipo, inspirar, generar impacto real y construir red con distintos sectores de su comunidad. Así, RIL entregó el premio “Gente que Ama lo que Hace” a tres líderes: 

• Ana Carina Rodríguez, subsecretaria de Innovación de Escobar (Buenos Aires) “por impulsar transformaciones profundas y poner la innovación al servicio de las personas”.
• Marianela Piazzano, secretaria de Coordinación de Gestión y Planificación Estratégica de Jesus María (Córdoba), “por construir sistemas que fortalecen la gestión y hacen que el cambio permanezca.
• Ezequiel Rogante, coordinador de Comunicación y Prensa de de Santa Catalina (Córdoba), “por recordarnos que nada funciona sin poner en el centro a las personas y que liderar es esencialmente cuidar”. 

“Los Premios RIL no son sólo un reconocimiento a las políticas, ya que muchas de ellas se encuentran en estado de implementación –destaca la Red de Innovación Local–. Se valora y se incentiva el compromiso, la sustentabilidad y la convicción de que construir ciudades de oportunidades es posible, siempre y cuando haya decisión política y estrategias puestas al servicio de las personas”. 

Fotos: Juli Rock y Nadia Colombero.
Redacción +COMUNIDAD

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Esa situación derivó en un circuito informal de fiestas clandestinas en espacios sin habilitación, falsificación de identidades para ingresar a locales bailables de adultos (boliches, en el habla argentina), traslados de alta peligrosidad hacia localidades vecinas en transportes no autorizados y la celebración sin marco regulado de eventos masivos de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), una tradición que reúne a estudiantes del último año del secundario en la noche previa al inicio del ciclo lectivo.

Como la segunda ciudad de Córdoba, con más de 180.000 habitantes, Río Cuarto alberga más de 40 escuelas secundarias y 16 instituciones de nivel superior. Ese entramado atrae cada año a miles de estudiantes del país. Los adolescentes residentes conviven así con ingresantes universitarios de 17 años que viven de forma independiente y participan activamente en la vida social. 

Las respuestas previas, centradas en la clausura y la sanción punitiva a los organizadores, no tuvieron continuidad ni resolvieron las dinámicas reales del consumo cultural juvenil.

Frente a este diagnóstico, el municipio implementó el  Programa Más 16, una política pública integral que transforma la nocturnidad mediante un esquema de cogestión y corresponsabilidad entre el Estado, las familias y el sector empresarial. A través de una plataforma digital que valida identidades y otorga trazabilidad en tiempo real a los tutores, la iniciativa sustituye la restricción punitiva por una regulación inteligente. El modelo estructuró una alternativa formal que garantiza entornos protegidos y consolida el derecho a una noche segura.

Más 16: de la restricción legal al acuerdo institucional

La evolución regulatoria local ayuda a comprender las raíces del problema estructural. Hasta el año 2008, las ordenanzas municipales habilitaban el ingreso de adolescentes desde los 16 años a locales nocturnos con pistas de baile. Sin embargo, un cambio de paradigma normativo elevó la edad mínima a los 18 años, y esto desplazó a una franja de jóvenes a una zona gris de exclusión legal que persistió durante más de una década. 

Si bien la sanción del Código de Espectáculos Públicos en 2014, mediante la Ordenanza 604/14 unificó criterios de control, no ofreció alternativas viables para este grupo demográfico, lo que profundizó el mercado de fiestas clandestinas y la preocupación de las familias.

La superación de este estancamiento normativo requirió una decisión política orientada a reemplazar el control puramente punitivo por un esquema de prevención inteligente. Al inicio de la gestión actual, recorridas territoriales por establecimientos educativos consolidaron el reclamo juvenil por un entorno de esparcimiento seguro, lo que impulsó la sanción de la Ordenanza 100/24. El nuevo marco regulatorio modernizó los trámites, agilizó las gestiones comerciales y aumentó las sanciones  a los organizadores de eventos clandestinos. 

Para evitar un abordaje fragmentado, la administración centralizó y coordinó el trabajo de ocho dependencias municipales. La Subsecretaría de Juventud y Derechos Humanos y la Dirección de Espectáculos Públicos asumen la conducción directa del sistema. 

La Fiscalía Municipal, el Concejo Deliberante, la Subsecretaría de Desarrollo Estratégico y la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia operan como órganos asesores. La Guardia Local Preventiva, la Subsecretaría de Innovación, el Área de Adicciones y la Subsecretaría de Tránsito ejecutan el despliegue operativo en el territorio. La articulación transversal es, según describe el propio equipo municipal, una de las claves del programa: ningún área aislada hubiera podido sostener una respuesta de esta envergadura.

Arquitectura técnica y ecosistema digital de validación

La plataforma Más 16 funciona como un ecosistema digital de validación centrado en la interoperabilidad y la seguridad de los datos. Mediante un convenio con la Provincia de Córdoba, el municipio integró su sistema con Ciudadano Digital Nivel 2 (CiDi), la plataforma provincial que verifica identidades con datos biométricos. Esta integración técnica elimina la discrecionalidad en el ingreso a los locales y aporta trazabilidad al control.

El circuito operativo se organiza en cinco pasos:

• Acceso directo y validación del tutor: la persona adulta responsable ingresa al enlace del sistema Más 16 desde la página de Gobierno de Río Cuarto utilizando directamente sus credenciales de Ciudadano Digital (CiDi) Nivel 2, sin necesidad de un registro secundario. El sistema redirige automáticamente al portal provincial para validar la identidad mediante datos biométricos y luego devuelve al usuario a la plataforma propia de Más 16, garantizando un marco legal seguro. 
• Declaración jurada y vinculación de parentesco: una vez dentro de la plataforma, el o la responsable debe confeccionar una declaración jurada digital donde registra los datos del menor y refrenda su rol específico de padre, madre o tutor. Este proceso activa el permiso vigente, que es auditado de manera permanente por un equipo municipal de revisión que verifica la validez de los datos filiatorios y de contacto mediante cruces de documentación, lo que permite detectar anomalías —como cargas realizadas por hermanos mayores— y comunicarse directamente con las familias. 
• Verificación digital por DNI de control: al llegar al local nocturno, el personal de admisión utiliza una aplicación móvil integrada en el sistema municipal Más 16 —cuyo funcionamiento digital asimila la dinámica de plataformas de seguridad urbana como “Tribuna Segura”— donde cargan directamente el número de documento de el o la menor para verificar de inmediato en pantalla si la validación parental se encuentra activa.
• Validación comercial: el personal de admisión del local utiliza un módulo informático especial para escanear y habilitar el ingreso.
• Notificación en tiempo real: el tutor recibe un correo automático inmediato con datos del horario, local, puerta y personal interviniente.
• Gestión de altas y bajas: el responsable puede activar o revocar la autorización del menor de manera ágil desde su perfil de usuario.

Implementación territorial y métricas de control urbano

La viabilidad del programa se consolidó mediante un proceso de gobernanza colaborativa antes de su despliegue permanente. En diciembre de 2024, el municipio ejecutó una prueba piloto orientada a evaluar la estabilidad de la infraestructura informática frente a picos simultáneos de tráfico. 

La evaluación se realizó durante los festejos del Último Día de Quinto (UDQ), y movilizó a más de 1400 estudiantes de 42 establecimientos secundarios y 47 cursos diferentes en cuatro locales nocturnos habilitados. El testeo permitió calibrar los tiempos de respuesta del software y coordinar los operativos de prevención urbana junto a la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Modernización.

El despliegue facilitó la reconversión de celebraciones tradicionales de alto riesgo, como el Último Primer Día (UPD), que históricamente acontecían en inmuebles suburbanos informales sin medidas de protección elemental. Bajo el nuevo código, se permitió que los boliches funcionen como salones privados co-organizados por las familias. En febrero de 2026, más de 1.200 jóvenes celebraron el UPD bajo este formato. El circuito nocturno formalizado registra hoy una afluencia promedio de 1.200 jóvenes por fin de semana.

El monitoreo constante a través del Servicio Único de Atención al Vecino (SUAV) contribuye a sostener la confianza del entramado social. Finalmente, la baja tasa de penalizaciones por conductas inadecuadas o infracciones vinculadas al alcohol refleja un cambio cultural positivo dentro de los entornos comerciales regulados. Los indicadores de gestión recopilados hasta marzo de 2026 evidencian el nivel de adopción social del ecosistema digital en Río Cuarto:

Aprendizajes fundamentales de la experiencia local

La implementación del programa genera múltiples lecciones institucionales para los gobiernos municipales abocados al diseño de políticas de desarrollo territorial y convivencia ciudadana. El primer aprendizaje que destaca el equipo de Juventud Municipal de Río Cuarto, coordinado por Mariano Lucena Vidoret, es que “la innovación tecnológica debe estar precedida por una innovación en la gobernanza. La creación de una plataforma digital por sí sola no resuelve un conflicto social si no existe un consenso previo entre los actores involucrados”. 

“En Río Cuarto aprendimos que para que una política de este tipo sea sostenible, el Estado debe dejar de ser un actor meramente punitivo para convertirse en un facilitador de entornos seguros”, profundiza. 

Un segundo elemento clave radica en la articulación de la corresponsabilidad familiar como motor de la política pública. Al integrar la validación biométrica obligatoria del tutor, la administración local logró que las familias dejen de ser demandantes externas de seguridad y se asuman como administradoras activas del cuidado de los adolescentes.

Asimismo, la experiencia evidencia la importancia de construir una gobernanza colaborativa que integre al sector privado comercial en el diseño normativo. Por último, el uso de infraestructura tecnológica preexistente, como los convenios de interoperabilidad con plataformas provinciales de identidad digital, disminuye los costos presupuestarios y acelera la puesta en marcha de las soluciones locales.

La iniciativa ya tuvo una primera réplica formal en la vecina localidad de Santa Catalina-Holmberg, además de recibir consultas de otros municipios. 

Un reconocimiento entre ciudades argentinas

El Premio a la Innovación Local 2026 de RIL Argentina, entregado el 13 de mayo en el Teatro El Círculo de Rosario durante la Noche de Intendentes, distinguió a Más 16 entre casi 70 postulaciones recibidas en una convocatoria abierta a todos los municipios del país. 

Las bases del concurso establecieron que las políticas deben contar con los siguientes componentes: innovación (el grado de cambio que introduce la solución respecto de las respuestas tradicionales al problema), inteligencia colectiva (la participación de actores diversos en el diagnóstico y la respuesta), implementación (el nivel de avance efectivo de la política), impacto (los cambios observables generados en la comunidad) y sostenibilidad (la capacidad de permanencia en el tiempo). 

A la vez, fueron considerados programas, proyectos y soluciones que se encuentren actualmente en implementación y generen cambios observables en la comunidad.  Deben ser desarrolladas e implementadas por el gobierno local, en colaboración con la comunidad, sociedad civil y/o sector privado.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por miembros de la Red de Innovación Local y especialistas en gestión pública local.

En el caso de Río Cuarto, se valoró la reforma sistémica y participativa del Código de Espectáculos Públicos, el desarrollo de una plataforma digital propia que vincula la identidad de los menores con la autorización parental en tiempo real, y la formalización del ocio nocturno adolescente mediante articulación público-privada. La iniciativa se postula así como una solución transferible para otras ciudades que buscan reducir los riesgos de la nocturnidad informal a través de la gobernanza digital.

^{Redacción +COMUNIDAD}

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En la esquina de Freire con Manuel Rodríguez, en el corazón de Renca, un edificio de 5.000 metros cuadrados llevaba años siendo lo que ningún vecino quiere tener al lado de su casa: un supermercado abandonado. Ventanas rotas. Muros grafiteados. El galpón concentraba basura, tráfico de drogas y una sensación persistente de inseguridad en un territorio que ya cargaba con déficit de servicios, pocas áreas verdes y escasa presencia del Estado. 

Renca, comuna de 150.000 habitantes, figuraba en los diagnósticos urbanos de Santiago como un territorio vulnerable, con capacidad institucional limitada para atraer inversión privada y coordinar cooperación internacional.

Cuando Claudio Castro asumió la Municipalidad en 2017, Renca tenía menos de dos metros cuadrados de áreas verdes por habitante, una fracción del rango de 10 que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Concentraba el mayor polo industrial de la Región Metropolitana —más de 600 empresas—, pero la actividad productiva operaba de espaldas a los vecinos. Los camiones entraban y salían. El empleo, los proveedores y las oportunidades quedaban en otro lado.

En 2018, el municipio tomó una decisión que pocos esperaban: comprar el edificio abandonado. No para demolerlo ni para construir un estacionamiento. Lo compró para convertirlo en algo que no existía en Chile a esa escala. Una fábrica de ideas al servicio del territorio. El edificio en sí está lejos de ser lo más interesante de la historia. Lo verdaderamente nuevo fue la figura institucional que se puso en marcha allí, hoy estudiada como un modelo de innovación pública para América Latina.

Un brazo innovador para el municipio

La Fábrica de Renca no es un centro cultural ni un espacio de coworking con buenas intenciones. Es una corporación de desarrollo: una organización de derecho privado sin fines de lucro, con gobernanza propia, financiada por el municipio pero con autonomía operativa.

Esa arquitectura jurídica es deliberada. Permite contratar equipos técnicos sin grandes restricciones administrativas, firmar convenios con empresas y organismos internacionales con agilidad, y recibir financiamiento privado fuera de los circuitos tradicionales de la gestión municipal.

En palabras de Gabriela Elgueta, primera directora de La Fábrica, la corporación nació para visibilizar la democratización de la innovación, ya que ofrece “la posibilidad de mover su centro de gravedad” a un territorio que se caracteriza por su vulnerabilidad económica y social”. La frase condensa un principio de diseño: la innovación pública no debería concentrarse en las comunas ricas de Santiago. Puede y debe operar desde los “márgenes”.

El método es sencillo de enunciar, pero difícil de ejecutar: conectar los problemas del territorio con las capacidades de tres ecosistemas que no siempre se hablaban. Uno internacional —organismos multilaterales, embajadas, ciudades del mundo—. Uno nacional —empresas, universidades, centros de investigación—. Y uno comunitario —vecinos, almaceneros, emprendedores, estudiantes—. Ahora, cada vez que se activa una relación entre esos mundos, se formula un proyecto concreto y los equipos municipales se integran a la ejecución.

Javier Morales Norambuena, actual director ejecutivo de La Fábrica, sintetizó el enfoque en una entrevista con Bloomberg Cities. “La promesa que le hicimos a la comunidad fue que aquí traeríamos innovación y, al hacerlo, desbloquearíamos servicios que ni siquiera había imaginado”, manifestó. 

Las cifras dan cuenta del alcance. Desde su apertura, La Fábrica movilizó más de 22 millones de dólares en inversión público-privada. Tiene más de 100 aliados estratégicos activos y recibió más de 30 delegaciones extranjeras desde 2023. 

Los spin-offs: instrumentos que adquieren vida propia

La Fábrica no se agota en la articulación. Genera instrumentos concretos que después funcionan de manera autónoma. El equipo los llama spin-offs. Tres de ellos ilustran la amplitud del modelo.

1. Renca Conecta: la industria reconectada con el barrio

El programa apunta a resolver una paradoja histórica. La comuna concentra el polo industrial más grande de Santiago, pero durante décadas esas empresas no generaban valor para el barrio. Renca Conecta articula a empresas, al municipio, a la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) y a asociaciones locales para convertir a la comuna en un hub de logística y manufactura con impacto territorial. Funciona con una gobernanza tripartita que integra al sector público (Municipalidad de Renca, CORFO Metropolitano, Gobierno Regional), al sector privado (empresas del territorio) y a la sociedad civil (asociaciones de emprendedores y fundaciones).

Víctor Aguayo, gerente de operaciones de Prodalam, una empresa logística local, sostiene que el programa permitió articular proveedores locales con la cadena de suministro y reducir costos operativos. Marcela Fierro, presidenta de la Asociación de Emprendedoras de Renca, agrega que las capacitaciones abrieron a las socias acceso a empleos mejor remunerados en el sector manufacturero.

De Renca Conecta también nació la primera Comunidad Logística Urbana de Chile, donde empresas como Coca-Cola Andina, CCU, Correos de Chile, Megacentro y Prodalam se coordinan con el municipio en seguridad, movilidad y empleo.

2. Distrito Empresarial: el primer BID industrial de Chile

El segundo spin-off es el Distrito Empresarial Renca Poniente, el primer Business Improvement District (BID) industrial de Chile. En este tipo de figura, las empresas de una zona se constituyen legalmente como corporación para mejorar de manera colectiva las condiciones de su entorno. La lógica es estratégica. Un territorio más seguro, mejor iluminado y con espacio público cuidado es un territorio donde operar resulta más eficiente.

El Distrito fue creado en 2024 por la Municipalidad y más de 30 empresas, con apoyo de CORFO Metropolitano y la gestión de La Fábrica. A enero de 2026 contaba con 40 empresas socias y una inversión privada que supera los 350 millones de pesos chilenos (aproximadamente 370.000 dólares al tipo de cambio de enero de 2026), destinados a seguridad, espacio público, iluminación, vialidad y servicios urbanos.

El modelo funcionó al punto de que en enero de 2026 se lanzó el Distrito Empresarial Renca Oriente, segundo BID de la comuna, con respaldo del Ministerio de Economía, CORFO e INACAP. La meta del municipio es ambiciosa: que para 2030 la mitad de los empleos en Renca sean ocupados por vecinos de la comuna.

3. Agencia de Inversiones: la primera de su tipo en el país

El tercer spin-off es la Agencia de Inversiones Locales, la primera a nivel municipal en Chile, lanzada en agosto de 2025. Se inspiró en modelos de São Paulo, Glasgow, Sofía y Barcelona, ciudades con oficinas especializadas en atraer inversión privada. 

La diferencia es que Renca es una comuna de poco más de 150.000 habitantes, no una capital global. La Agencia funciona como una unidad técnica de La Fábrica que conecta inversores con las necesidades concretas del territorio, identificadas junto a la comunidad. Al momento del lanzamiento, tenía catastrados alrededor de 100 terrenos estratégicos que suman más de 74 hectáreas.

En abril de 2026, la Agencia canalizó la firma de una alianza con la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) para incorporar inteligencia artificial en la tramitación de permisos de obras. La plataforma REVI, desarrollada por la CChC junto al Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), acelera la revisión de expedientes en la Dirección de Obras Municipales mediante dos asistentes de IA. Uno orienta a los solicitantes en la preparación de antecedentes. El otro apoya al revisor con criterios normativos consistentes.

Castro lo planteó con una frase directa al firmar el convenio: “En Chile se habla mucho de la permisología. En Renca estamos haciendo algo distinto: estamos resolviendo el problema”. Mientras en muchas comunas del país los permisos de edificación pueden tardar más de 200 días, Renca opera hoy en torno a los 39, según cifras del municipio.

Lo que nace alrededor de La Fábrica de Renca

La Fábrica también transformó su entorno inmediato. En el mismo recinto se instalaron la primera Farmacia Comunitaria de Renca —donde los vecinos ahorran en promedio un 76% en medicamentos respecto de los precios de mercado— y la primera Óptica Comunitaria, junto a una plaza construida con materiales reciclados. Los negocios tradicionales del barrio se adaptaron, y la zona pasó de ser un espacio evitado a funcionar como un subcentro urbano activo.

Solange Arredondo, presidenta de la Fundación DO! Smart City, organización que opera como brazo ejecutor de varios proyectos público-privados de La Fábrica, observa que uno de los efectos visibles de la instalación de la corporación es la disminución de delitos en el sector.

A través de la Red de Almaceneros y plataformas como Mi Barrio, Mi Almacén, La Fábrica canalizó más de 300 millones de pesos chilenos (unos 320.000 dólares al tipo de cambio del período) en aportes privados y donaciones al comercio local. El programa Imparables Renca 2026, una alianza con el Holding Orsan y la Fundación Kellü, identifica a 12 emprendedores locales con tracción comercial y los acompaña con mentorías profesionales para convertirlos en proveedores estratégicos del distrito industrial.

La Escuela de Innovación Pública capacitó a más de 1.200 personas en liderazgo, gestión pública, digitalización y sostenibilidad. El laboratorio de fabricación digital, instalado en alianza con la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), formó a más de 500 vecinos en impresión 3D, corte láser y trabajo con biomateriales.

Los cerros como prueba

El impacto más visible de La Fábrica se despliega en los cerros que rodean la comuna. El Parque Metropolitano Cerros de Renca abarca tres cerros —Renca, Colorado y Lo Ruiz—, y representa el proyecto de restauración ecológica más ambicioso de la comuna y uno de los más relevantes de Santiago.

Desde 2017 se plantaron más de 80.000 árboles nativos. El municipio reporta una tasa de supervivencia superior al 90%. La inversión combina fondos públicos, privados y compensaciones ambientales. Las alianzas que sostienen el parque pasan por La Fábrica. El Plan Maestro del Agua, con una inversión público-privada de 5.700 millones de pesos chilenos (aproximadamente 6 millones de dólares), capta, acumula y distribuye agua reutilizada —incluyendo aguas tratadas provenientes de la planta de Coca-Cola Andina— para el riego de las zonas reforestadas. Es infraestructura proyectada para al menos 20 años.

La cooperación técnica de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, acompaña el diseño de un modelo de gobernanza climática. En 2023, La Fábrica gestionó la entrada de Renca en el programa CityToCity con la ciudad de Toyama (Japón), lo que permitió instalar plantas solares de vanguardia en empresas locales. A través del programa Cities Forward del Departamento de Estado de Estados Unidos, se formalizó una alianza con la ciudad de Evanston (Illinois) para trabajar en sustentabilidad, inclusión y resiliencia urbanas.

Desde la corporación también se gestionó el cierre definitivo de la Central Renca, una planta de generación a diésel que operaba desde 1962 y representaba uno de los focos históricos de contaminación de la comuna. La operación, articulada entre el municipio, Generadora Metropolitana y la comunidad, fue presentada como una transición simbólica hacia un modelo de generación eléctrica más limpio.

En entrevista con +COMUNIDAD en 2025, Castro destacó que son los propios vecinos quienes informan cuando un árbol necesita atención o cuando el sistema de riego sufre algún daño, una señal del compromiso comunitario con la regeneración ambiental de los cerros.

Imagen de portada: La Fábrica de Renca. 

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Por María Eugenia Battafarano,
coordinadora de Ciudades Certificadas de RIL

¿Qué significa que un municipio esté certificado en gestión eficiente? ¿Qué se mide exactamente y qué alcances tiene esta evaluación? En esta columna repasamos el alcance de estas distinciones, sus niveles y los puntos que conviene tener presentes para interpretar qué hay detrás de cada ciudad certificada por la Red de Innovación Local en Argentina. 

La Certificación en Gestión Eficiente es el eje del programa 100 Ciudades Certificadas de RIL. Funciona como una herramienta de diagnóstico y reconocimiento para gobiernos locales argentinos que trabajan en mejorar su administración interna, con el horizonte de que esa mejora se traduzca en servicios más accesibles y eficaces para la ciudadanía. No es un ranking, no es un premio y no es una auditoría punitiva. Conviene detenerse en cada una de estas consideraciones.

Desde julio de 2025, +COMUNIDAD viene publicando la serie “Cinco políticas que reflejan eficiencia municipal”, donde cada entrega recorre las experiencias concretas de una ciudad certificada. Esta columna acompaña esa serie: busca ofrecer el marco que permita leer cada caso con mayor contexto sobre qué evalúa el programa y cómo se estructura.

Qué SÍ es una Certificación en Gestión Eficiente

Un reconocimiento al compromiso y la buena gestión

La Certificación en Gestión Eficiente es, ante todo, un reconocimiento público a los gobiernos locales que utilizan los recursos públicos de manera responsable, estratégica y sostenible. No es un simple diploma; es una validación objetiva de que el municipio implementa prácticas efectivas y eficientes, alineadas con los principios de innovación y buen gobierno que promovemos.

En este proceso, RIL evalúa lo que sucede dentro del municipio: cómo el municipio administra internamente sus recursos, para después impactar en mejores servicios para su ciudadanía. Pero antes de explicar cómo lo hacemos, es necesario aclarar qué es lo que entiende RIL por gobiernos eficientes. Para nosotros, un gobierno eficiente es aquel que:

• Administra los recursos de manera eficiente, garantizando que sus ingresos y gastos estén alineados de manera sostenible.
• Cuenta con ingresos provenientes de una combinación equilibrada de fuentes estables, que permitan que la ciudad mantenga sus operaciones básicas sin recurrir a medidas distorsivas.
• Posee gastos alineados con las necesidades básicas de la comunidad, que eviten la ejecución de proyectos mal diseñados o innecesarios.
• Tiene una visión clara de ciudad, con objetivos y metas concretas que le permitan alcanzarla.
• Posee un equipo formado para liderar el proceso de planificación y el seguimiento de los objetivos propuestos.
• Actúa de manera abierta, accesible y clara, permitiendo que la ciudadanía conozca cómo se toman las decisiones, cómo se gestionan los recursos y cuáles son los resultados de las políticas implementadas.
• Brinda a la ciudadanía acceso rápido, multicanal y de calidad a servicios públicos esenciales que permite una atención personalizada y eficiente, contribuyendo al bienestar general de la población.
• Incorpora soluciones digitales a la gestión para optimizar los servicios ofrecidos, asegurando procesos más rápidos, transparentes y accesibles mediante principios de simplificación.
• Puede identificar las necesidades de la ciudadanía y dar respuesta rápida y eficaz.
• Tiene una estrategia de capital humano alineada con las habilidades y conocimientos necesarios para que los empleados realicen sus tareas de manera eficiente.

Cómo se mide el grado de eficiencia municipal

Ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Para poder medir objetivamente el grado de eficiencia del gobierno local, RIL evalúa su desempeño en seis ejes: Profesionalización, Finanzas Locales, Atención Ciudadana, Transformación Digital, Gobierno Abierto y Capital Humano. 

Cada eje se mide a través de indicadores, que son preguntas de respuesta Sí/No y cuya validación requiere documentación de respaldo. Este rigor en la evaluación busca que la mejora de la gestión se traduzca en beneficios concretos para los vecinos, como una atención más ágil, finanzas más transparentes o programas municipales más efectivos y adaptados a sus necesidades.

Más allá de la validación, el verdadero propósito de esta certificación es acompañar a los gobiernos locales que buscan transformar su gestión. Es un proceso que moviliza a los equipos municipales, promueve el trabajo intersectorial y fortalece la cultura de la evaluación y la planificación estratégica.

Obtener una certificación no es un punto final, sino parte de un ciclo virtuoso. Implica un proceso de evaluación objetiva, recopilación de evidencias y, en muchos casos, la identificación de oportunidades de mejora que RIL acompaña con recursos y metodologías. Muchos municipios descubren durante este camino la importancia de la articulación interna entre áreas, la necesidad de robustecer la documentación de sus procesos o la relevancia de una comunicación clara con la ciudadanía sobre sus avances, lo que fortalece sus capacidades de gestión a largo plazo.

Para garantizar que este impulso de mejora sea sostenible, la certificación cuenta con una validez de tres años, lo que incentiva una revisión y actualización constante de las capacidades locales. Además, al ser un proceso sin costo para el municipio, se elimina cualquier barrera de acceso, asegurando que el foco permanezca exclusivamente en la excelencia de la gestión y el impacto en la comunidad.

Niveles de certificación: un camino progresivo para cada municipio

Entendemos que no todas las ciudades se encuentran en el mismo punto de partida ni tienen el mismo nivel de avance en su gestión. Por eso, el programa de Certificación en Gestión Eficiente de RIL está diseñado con una progresión de niveles que permite a cada municipio unirse desde su realidad y crecer de manera sostenida. Esta estructura reconoce los diferentes grados de madurez en las prácticas de buen gobierno y fomenta un camino de mejora continua adaptado a cada contexto local.

Los niveles de certificación son tres: Promesa, Líder y Faro. El nivel Promesa está pensado para aquellos municipios que inician su recorrido en la mejora de la gestión, demostrando un compromiso claro con la implementación de prácticas básicas y la voluntad de avanzar. El nivel Líder se otorga a las ciudades que ya han consolidado varias prácticas eficientes y muestran un impacto significativo en sus áreas de gestión. Finalmente, el nivel Faro reconoce a los municipios que no solo han alcanzado un alto grado de eficiencia y excelencia, sino que también se han convertido en referentes y modelos a seguir para otras localidades de la Red.

Para alcanzar estos niveles, los municipios son evaluados en los ejes de gestión definidos anteriormente: Profesionalización, Finanzas Locales, Atención Ciudadana, Transformación Digital, Gobierno Abierto y Capital Humano. Para poder acceder a la certificación deben obtener un puntaje superior al 50% en todos los ejes y, además, cumplir con los criterios mínimos establecidos para cada uno. Aquellos que obtienen puntajes superiores al 50% en todos los ejes califican para la certificación Ciudad Promesa. Las ciudades que demuestran una gestión aún más eficiente, con puntajes superiores al 60%, acceden al nivel Ciudad Líder. Y los gobiernos locales que alcanzan la excelencia, con puntajes superiores al 80% en todos los ejes, son reconocidos como Ciudad Faro.

Esta progresión busca motivar a los gobiernos locales a identificar sus fortalezas, trabajar en sus oportunidades de mejora y, gradualmente, escalar en su compromiso con la gestión pública de calidad. Cada nivel no solo significa un reconocimiento, sino también una hoja de ruta para seguir potenciando las capacidades internas y generar un mayor impacto en la vida de sus vecinos.

Qué NO es la Certificación en Gestión Eficiente: desmitificando conceptos 

Es igual de importante aclarar lo que la certificación no es, para evitar expectativas equivocadas y enfocarnos en su valor real:

• No es un ranking ni una competencia. Las certificaciones no buscan establecer un orden de “mejores” y “peores” municipios. Cada proceso es individual y se enfoca en el crecimiento y la mejora del propio gobierno local, reconociendo el esfuerzo y la implementación de prácticas específicas.
• No es una “solución mágica” ni un fin en sí mismo. Una certificación no resuelve de un día para el otro todos los desafíos de una ciudad. Es una herramienta que valida un camino recorrido y estimula la continuidad del trabajo. El impacto real radica en el compromiso constante con la mejora de la gestión.
• No es una auditoría externa punitiva. Si bien requiere presentación de evidencias y una evaluación de RIL, el enfoque es de acompañamiento y facilitación. No busca sancionar, sino identificar oportunidades y apoyar el desarrollo de capacidades.
• No es una intervención directa en la autonomía municipal. Se respeta la autonomía de cada gobierno local. La certificación es una guía y un reconocimiento, no una imposición de políticas o decisiones.
• No es un sustituto de la rendición de cuentas a la ciudadanía. La certificación complementa, pero no reemplaza, la obligación de cada gobierno local de rendir cuentas a sus vecinos y vecinas sobre su gestión.
• No es una evaluación de servicios públicos. Aunque una administración eficiente de los recursos públicos debería traducirse en mejores servicios para la ciudadanía, esta certificación no mide directamente la calidad de los mismos.

¿Por qué destacamos cinco políticas que reflejan eficiencia?

Es fundamental reconocer las buenas prácticas y también difundirlas ampliamente. En julio de 2025, comenzamos a publicar la serie de notas de +COMUNIDAD, “Cinco políticas que reflejan eficiencia: el caso de tal ciudad”, con el objetivo de visibilizar ejemplos concretos de municipios que están implementando acciones innovadoras y responsables en la administración de sus recursos, en sintonía con los ejes que evaluamos en el proceso de certificación.

Estas notas refuerzan nuestra convicción en RIL: la eficiencia gubernamental, medida en aspectos como la profesionalización de equipos, la optimización de finanzas o la transformación digital, tiene un impacto directo y positivo en la vida de los vecinos. 

Al destacar estas políticas, buscamos inspirar  a otros gobiernos locales a seguir el camino de la mejora continua. Además, ofrecemos una mirada práctica sobre cómo una gestión interna sólida se traduce en mejores servicios y una mayor calidad de vida para toda la ciudadanía.

Ciudades Certificadas: un compromiso con la transformación local

La capacidad de innovar y mejorar ya reside en cada municipio; esta es una convicción profunda que guía nuestro trabajo. El verdadero desafío no es la ausencia de potencial, sino cómo activarlo y acompañar su desarrollo de manera sistemática y sostenible. Este camino hacia una gestión pública más eficiente y cercana a la gente es un proceso continuo y transformador.

En este sentido, las herramientas y metodologías que impulsamos, como la certificación, buscan ser una guía para la excelencia. No sólo validan un recorrido, sino que también ofrecen una hoja de ruta clara para identificar oportunidades de mejora y consolidar prácticas que generen un impacto real en la comunidad.

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Por Fernando Diorio (*)

Un viernes por la tarde, en el auditorio chico de la Municipalidad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos, Argentina), un grupo de emprendedores se reúne como lo hace cada dos meses. No hay escenario ni presentaciones formales. Las sillas se acomodan en ronda y la conversación empieza rápido: ventas que bajaron, proveedores que subieron precios, ideas para llegar a nuevos clientes.

El encuentro forma parte del Club de Emprendedores, un espacio que el municipio impulsa desde 2020, con un paréntesis en pandemia, para que quienes están desarrollando proyectos productivos puedan encontrarse, compartir experiencias y aprender entre pares. No es una incubadora ni un programa de financiamiento. Es, sobre todo, una comunidad que se reúne a conversar sobre lo que significa emprender en una ciudad intermedia. El Club, es fruto del entonces Concurso de Innovadores Locales de RIL, año 2018 (hoy es el Programa de Innovadores Locales).

Durante estos seis años de trayectoria, este espacio contó con 1320 participaciones y 320 emprendimientos únicos.

Vinculaciones público-privadas que surgieron en el club

Lo que comenzó como una charla entre vecinos derivó en una red de soluciones prácticas que hoy son parte de la economía local. El Club de Emprendedores se transformó en un laboratorio de vinculación horizontal y de organización de compras colectivas. Emprendimientos gastronómicos y textiles lograron reducir costos unitarios y mejorar su poder de negociación al unirse para adquirir insumos en escala. 

En paralelo, la asistencia técnica entre pares permite que diseñadores y expertos en comercialización digital del mismo grupo brinden mentoría y capacitación a sus compañeros, elevando la calidad visual y estratégica de los proyectos más incipientes sin costo alguno.

^{Kermes en el Espacio Deportivo y Cultural. Imagen: Municipalidad de Concepción del Uruguay.}

Esta dinámica también fomentó la colaboración productiva, como la creación de líneas conjuntas entre fabricantes de velas y carpinteros, o la participación en ferias regionales para compartir gastos de logística y exhibición. Con el tiempo, se consolidó un circuito de servicios cruzados, con contratación interna de diseño, fotografía o packaging, que asegura que el valor económico permanezca dentro de la comunidad. 

El club funciona hoy como un espacio de inteligencia distribuida, donde la validación de ideas y la identidad colectiva actúan como un puente institucional, permitiendo que el ecosistema local no solo sobreviva, sino que innove de manera incremental a partir del intercambio genuino.

Financiamiento para emprendedores

En medio de ese intercambio que suele darse cada mes en el club aparece una pregunta que, tarde o temprano, siempre llega:

━ ¿Este año va a haber financiamiento para emprendedores?

La respuesta fue breve. No.

Los programas que habían funcionado en años anteriores ya no estaban disponibles, y el municipio había decidido concentrar sus recursos en otras áreas productivas. No había nuevas líneas abiertas ni herramientas económicas para ofrecer en el corto plazo.

La reunión siguió. Nadie se levantó de la ronda. Pero esa escena deja planteada una pregunta que atraviesa a muchos gobiernos locales: ¿cómo sostener legitimidad cuando el municipio no tiene recursos para acompañar?

^{Panorámica de Concepción del Uruguay. Imagen: Google.}

La conversación que nadie quiere tener

Los municipios suelen ser la primera puerta a la que golpean vecinos, emprendedores o instituciones cuando necesitan apoyo. Eso ocurre incluso cuando muchas de las herramientas dependen de políticas provinciales o nacionales.

Cuando esas herramientas desaparecen o se reducen, aparece un momento incómodo para cualquier equipo de gobierno: explicar que no hay respuestas inmediatas.

Frente a esa situación, es habitual intentar ganar tiempo. Prometer gestiones futuras, esperar a que aparezca algún programa o trasladar responsabilidades hacia otros niveles del Estado.

Es una reacción comprensible. Nadie disfruta decir que no.

Sin embargo, la experiencia muestra algo simple: lo que más desgasta la relación entre el Estado local y su comunidad no es la falta de programas. Es la falta de claridad.

Las conversaciones difíciles, cuando se dan con honestidad, suelen generar algo que no siempre se espera: comprensión.

^{Club de Emprendedores. Imagen: Municipalidad de Concepción del Uruguay.}

Lo que ocurre cuando el vínculo es real

En aquella reunión del Club de Emprendedores, después de explicar que ese año no habría herramientas de financiamiento, la conversación tomó otro rumbo.

Algunos participantes comenzaron a contar cómo estaban resolviendo problemas similares. Uno habló de compras compartidas de insumos. Otro mencionó una red de recomendación entre emprendedores. Una diseñadora contó cómo estaba intercambiando servicios con otros proyectos locales.

El encuentro terminó sin anuncios ni programas nuevos, pero con algo distinto: una comunidad que empezaba a reconocerse como parte de la solución.

Para el equipo de la Coordinación de Desarrollo Emprendedor, ese momento dejó un aprendizaje importante. Cuando el vínculo con la comunidad es genuino, la relación no depende únicamente del presupuesto disponible.

La otra conversación, la que ocurre dentro del Estado

Hay una dimensión de estas situaciones que rara vez aparece en las notas de gestión. Dentro de los gobiernos también existen prioridades políticas.

Algunas áreas concentran mayor atención institucional. Otras trabajan con márgenes más reducidos, menos recursos y menor visibilidad.

Para quienes están al frente de esas políticas (desarrollo emprendedor, cultura, innovación, ambiente) la frustración puede volverse una compañera frecuente. Equipos técnicos formados, con vocación pública, que muchas veces sienten que podrían hacer más de lo que el contexto les permite.

El riesgo es conocido. Primero aparece el desgaste. Después el enojo. En algunos casos, la decisión de irse.

Cuando eso ocurre, los municipios pierden algo que no figura en ningún presupuesto: experiencia, conocimiento territorial y personas que todavía creen que el Estado local puede mejorar la vida cotidiana de su comunidad.

Cuidar a esos equipos también es parte de gobernar.

Lo que sí puede hacer un municipio

Trabajar con recursos limitados obliga a redefinir el rol del Estado local. No siempre es posible ofrecer financiamiento o programas de gran escala, pero sí hay prácticas que pueden sostener el vínculo con la comunidad.

Entre ellas:

• generar espacios de encuentro entre actores del territorio
• compartir información clara sobre las decisiones de gobierno
• mantener abiertos los canales de diálogo con quienes emprenden
• reconocer los límites de la gestión sin desaparecer de la conversación

El Club de Emprendedores nació con un objetivo sencillo: que las personas que emprenden en la ciudad pudieran encontrarse, compartir experiencias y aprender unas de otras. Con el tiempo también se convirtió en otra cosa: un espacio donde el municipio puede seguir presente incluso cuando no tiene herramientas económicas para ofrecer.

La legitimidad también se construye así

En muchos municipios de América Latina, la gestión cotidiana ocurre en contextos de recursos escasos y demandas crecientes. En ese escenario, la legitimidad del Estado local no depende solo de los programas que puede financiar.

También depende de algo más básico: la capacidad de sostener el vínculo con la comunidad incluso en momentos incómodos.

Explicar decisiones. Compartir límites. Seguir conversando.

Porque cuando el Estado desaparece de la conversación pública, no solo se pierden programas. También se pierde confianza.

Y la confianza es un recurso mucho más difícil de reconstruir que cualquier presupuesto.

Tal vez la primera responsabilidad de un gobierno local no sea tener siempre respuestas, sino no levantarse de la ronda cuando las respuestas faltan.

(*) Fernando Diorio trabaja en desarrollo emprendedor desde el ámbito público, la sociedad civil y la educación. Es parte de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, la Asociación Civil Fortalecer y participa como facilitador en Junior Achievement. Además, en 2021 fue uno de los funcionarios seleccionados para ser parte del Programa Embajadores de la Red de Innovación Local (RIL).

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América Latina tiene más de 15.000 gobiernos locales. En muchos de ellos ya se ensayan respuestas concretas a los problemas que afectan cada día a millones de personas. Son soluciones con datos, con protagonistas y con resultados. Lo que no siempre tienen es pantalla. A partir de abril de 2026, eso cambia.

Malditos Optimistas es un programa diario conducido por Melina Fleiderman que recorre el ecosistema de innovación latinoamericano. Se emite por la señal DNews de DirecTV y está disponible en la plataforma de streaming DGO. Ahora, el programa sumará un segmento semanal dedicado a la innovación pública local, resultado de una alianza con la Red de Innovación Local (RIL), que a través de su Centro de Soluciones y el medio +COMUNIDAD aportará casos documentados de políticas municipales con innovación e impacto.

Lo que la televisión de innovación no suele mostrar

Malditos Optimistas se emite de lunes a viernes con una hora de duración dedicada a innovación, sostenibilidad, ciencia, tecnología con impacto y negocios con propósito. Opera desde Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, con alcance vía DGO en México y Brasil. Su lema es directo: “Las ideas no piden permiso”.

Cada miércoles, Inés Reineke, directora de Innovación Global de RIL, se sumará al panel del programa junto al periodista Joaco Ramos para presentar un caso de innovación municipal en América Latina. Cada episodio seguirá un arco narrativo claro: qué problema se identificó, qué respuesta se diseñó, qué resultados produjo y qué pueden aprender otras ciudades de esa experiencia.

El segmento parte de una constatación: la televisión latinoamericana de innovación se ha ocupado con frecuencia de startups, inteligencia artificial y negocios de triple impacto, pero rara vez se detiene en el actor que más cerca está de la vida cotidiana de las personas: el gobierno local. Las ciudades que diseñan respuestas efectivas a problemas públicos, que las miden y que las abren para que otras puedan adaptarlas constituyen un tipo de innovación pública que merece el mismo espacio.

“Este es un día de innovación local. Todos los miércoles vamos a conocer distintas historias de cómo desde una ciudad o una pequeña localidad se puede generar un efecto contagio positivo para vivir mejor en comunidad”, anticipó Fleiderman en la primera emisión del segmento.

Por qué importa visibilizar las soluciones de los gobiernos locales

Detrás de esta alianza hay una convicción respaldada por evidencia. El sociólogo Everett Rogers estudió durante décadas cómo se propagan las innovaciones en una sociedad y concluyó que existe un punto de inflexión: cuando aproximadamente el 16% de un grupo adopta una práctica nueva, la adopción masiva se acelera y el cambio se vuelve difícil de revertir. 

Visibilizar las soluciones que ya funcionan en distintas ciudades es más que un ejercicio de difusión: es una condición necesaria para que más gobiernos locales las conozcan, las evalúen y las adapten a su contexto.

“Dar a conocer las respuestas más innovadoras a los problemas públicos de la región, con el objetivo de que otras ciudades puedan replicarlas, es central para el cambio que queremos ver en América Latina: que cada vez sean más los gobiernos que gestionen con la ciudadanía en el centro, hasta lograr que el buen gobierno local sea un nuevo estándar“, señala Reineke.

Ojos en Alerta: el primer caso en pantalla

El primer episodio del segmento se emite el miércoles 15 de abril de 2026 y aborda Ojos en Alerta, un sistema de seguridad ciudadana basado en WhatsApp creado en el partido bonaerense de San Miguel que ya se replica en más de 100 municipios de América Latina. Cristian Méndez, creador del programa, participa en directo.

El episodio se transmite a las 10 AM de Argentina, Uruguay y Brasil, 9 AM de Chile y 8 AM de Colombia. Se puede ver en vivo por DNews (DirecTV) y a través del canal de YouTube de Malditos Optimistas.

La parrilla prevista de episodios contempla diversidad geográfica y temática, con casos que van desde movilidad y medio ambiente hasta gobierno digital y economía circular en ciudades de distintas escalas de la región.

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Por Ignacio Maldonado Yonna,
secretario de Servicios Públicos de Corrientes (*)

La ciudad de Corrientes (Argentina) tiene un clima subtropical húmedo y caluroso con veranos extremos y heladas en invierno. Las crisis climáticas están intensificando fenómenos como lluvias torrenciales, olas de calor y sequías que afectan con mayor fuerza a las poblaciones más vulnerables. 

La expansión urbana de Corrientes está limitada al oeste y norte por el río Paraná, por lo que solo puede crecer hasta el este y sur. Hacia el este se encuentra la lomada norte, un extenso sistema de lagunas y humedales que actúan como reservorios naturales de agua, regulando inundaciones y asegurando agua durante las sequías. 

Además de bosques nativos, existen lagunas que pertenecen al sistema hídrico del acuífero guaraní, reservorio importante de agua dulce y cercana al humedal Iberá, área protegida más grande del país y centro de alta biodiversidad. Durante las sequías, la ocupación por lagunas del territorio varía en un 9% y se expande hasta el 38% en temporadas normales. Durante las altas temperaturas y sequías, se produce un aumento de la extensión de ocurrencia y propagación de incendios.

Un diagnóstico como punto de partida

En 2019, para elaborar el Plan Local de Acción Climática, la Municipalidad trabajó en articulación con el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL). El objetivo fue identificar las amenazas climáticas más frecuentes, evaluar la gravedad de su impacto en la población y planificar medidas de adaptación. Ese diagnóstico sentó las bases del protocolo actual.

El Protocolo de Actuación frente a Riesgos Climáticos funciona con base en la coordinación inmediata de diferentes áreas organizadas a partir de cada tipo de alerta del Servicio Meteorológico Nacional. Entonces, si existe por ejemplo una alerta amarilla de tormentas fuertes con abundante caída de agua o granizo, los trabajadores del equipo propio y tercerizados permanecen en alerta para poder responder de manera adecuada, incluyendo tareas de limpieza y desobstrucción de desagües pluviales de las zonas más críticas, desvíos del tránsito en zonas de anegamiento, despeje de ramas y árboles caídos, entre otros.

En caso que la ciudad se exponga una situación de alerta roja, los equipos de las diferentes secretarías y tercerizados, son asignados a puntos de conflicto prioritarios evaluando la situación, para adecuar la acción en terreno como por ejemplo cortes de viales, apertura de centros de evacuación, respuesta de primeros auxilios médicos, o coordinación de equipamiento mayor como por ejemplo grúas, tractores necesarios para el despeje de las calles. 

Cómo funciona la respuesta escalonada

De conocerse las diferentes alertas de antemano, los trabajos de limpieza, mantenimiento de los canales e instalación de bombas de escurrimiento, se realizan de forma previa a la tormenta. Además el área de Comunicación utiliza los canales oficiales para acercar a vecinos recomendaciones adaptadas a cualquier tipo de alerta para facilitar los procesos. Por ejemplo, en caso de alerta amarilla de lluvias, se pide no sacar los residuos para evitar anegamientos  y circular con prudencia con vehículos por zonas no inundables, entre otras. 

En el caso de alertas rojas por altas temperaturas, por ejemplo, se solicita colaboración intentando permanecer en zonas protegidas del sol y fuera del horario del mediodía, evitar hacer actividad física intensa en lugares al aire libre e hidratarse abundantemente.

El sistema a prueba: el temporal de enero de 2026

La implementación del protocolo de actuación permitió realizar una bajada concreta y tangible de una política pública pensada a partir del diálogo interdisciplinar de las secretarías de la municipalidad, focalizando en todo momento resolver la exposición de la ciudad y el aumento de la vulnerabilidad de los vecinos ante estos eventos. 

Cabe mencionar el caso del temporal de enero 2026, donde en aproximadamente 5 horas cayeron 85 milímetros de agua, anegando diferentes zonas de la ciudad. Si bien el caudal de lluvia en poco tiempo superó todo tipo de desagües, al aplicarse el protocolo de riesgos climáticos, la velocidad de escurrimiento del agua aumentó de forma considerable permitiendo que las zonas que se estimaban más afectadas pudiera recibir la asistencia inmediata.

El caso muestra que la coordinación previa entre áreas permite reducir los tiempos de respuesta y concentrar recursos donde más se necesitan, incluso cuando la magnitud del evento supera la infraestructura disponible.

(*) Ignacio Maldonado Yonna es secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Corrientes. Anteriormente fue secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la misma ciudad, donde lideró la elaboración del Plan Local de Acción Climática. Es abogado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona y Embajador de la Red de Innovación Local (RIL).

Esta columna “Desde el territorio” forma parte del Boletín Ideas & Inspiración de la Red de Innovación Local (RIL), donde cada mes se destacan casos innovadores de diferentes temáticas en ciudades de todo el mundo. ¿Te gustaría recibir, una vez al mes, soluciones locales como las de esta nota en tu correo? ¡Puedes suscribirte de forma gratuita!

Imagen principal: alerta por tormentas en Corrientes, enero de 2026. Fuente: El Litoral. 

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Por Natalia Battochia y Florencia Alferii Garcia(*)

Un escritorio cubierto de expedientes, teléfonos que no dejan de sonar y una agenda municipal que se agota en resolver crisis del momento. Esta escena describe la realidad de muchos gobiernos locales donde la falta de planificación consume los recursos y la energía de los equipos. 

Ante este escenario, la Red de Innovación Local (RIL) impulsa el programa Ciudades Eficientes, que acompaña a los municipios en el diseño y la ejecución de una visión de ciudad a corto, mediano y largo plazo.

La iniciativa propone el uso de la planificación como una herramienta técnica esencial. El proceso traduce las ideas en objetivos claros, metas medibles y proyectos concretos. Su propósito central es la consolidación de equipos de trabajo capaces de sostener estas decisiones a pesar de las presiones diarias. 

En la práctica, esto significa un trabajo anual enfocado en cuatro dimensiones clave:

• Diagnóstico:  conocer con precisión la situación actual del municipio.
• Estrategia: decidir a dónde se quiere llegar.
• Operativa: traducir esas decisiones en acciones con responsables y plazos definidos.
• Evaluación:  medir el impacto de las políticas públicas en la comunidad y aprender de lo realizado para mejorar continuamente.

La metodología para la transformación

El recorrido anual del programa utiliza una metodología basada en parámetros e indicadores. Estos datos, que parten de la fase de diagnóstico, ofrecen una radiografía de los servicios, la infraestructura, la gestión financiera, la gobernanza y las necesidades ciudadanas. 

La fase estratégica organiza estos ejes en metas y resultados. Por su parte, la fase operativa diseña proyectos con cronogramas, responsables y recursos. La fase comunicativa aborda la difusión de las decisiones para generar legitimidad. Finalmente, la fase evaluativa instala el monitoreo constante mediante el uso del Tablero de Gestión de Proyectos de RIL y fomenta la mejora continua.

A mitad de año se incorpora la pausa del “Entretiempo“. Este encuentro presencial reúne a intendentes y coordinadores técnicos para compartir avances y acuerdos operativos. El formato permite recuperar la perspectiva sobre las prioridades de gobierno y que los equipos establezcan acuerdos para la implementación y recuperan energía frente a la carga de la gestión diaria.

Reconocimiento a la excelencia: el Premio RIL- SUPERVIELLE 

El programa incluye el Premio RIL – Supervielle como un mecanismo para visibilizar y reconocer a los gobiernos que mejores avances tienen en el programa para alcanzar una mayor eficiencia en la gestión. Este galardón valida el uso de la planificación como una guía de gestión real y el empleo sistemático de los tableros de control. A la vez, destaca a los equipos que sostienen el compromiso técnico y político necesario para implementar cambios estructurales en sus territorios.

Para la ciudad ganadora, el premio es también una oportunidad para compartir aprendizajes, inspirar a otras gestiones y posicionar prácticas replicables a escala regional e internacional.

En la última edición, Villa Pehuenia Moquehue (Neuquén) y Yerba Buena (Tucumán) obtuvieron el reconocimiento. Ambas ciudades se destacaron en el programa, logrando planes de gestión que representan la identidad de sus localidades y potencian la eficiencia en la gestión. 

El reconocimiento validó el trabajo realizado durante el año y la decisión de planificar, ejecutar y evaluar la gestión en contextos locales complejos. A la vez, confirma que la eficiencia administrativa requiere constancia y determinación política para sostener los procesos de mejora. En febrero de 2026, representantes de ambos equipos ganaron un viaje de inspiración a ciudades de Colombia.

Aprendizajes y convicciones: la eficiencia como un modelo de trabajo

Del último año de trabajo emergen aprendizajes que hoy ya son convicciones. La eficiencia combina herramientas técnicas ━indicadores, tableros y software━ con el fortalecimiento de equipos que conocen sus roles y se reúnen con regularidad para revisar compromisos y resultados.

Contar con un diagnóstico riguroso ofrece la radiografía operativa necesaria para priorizar con criterio y evitar decisiones improvisadas. Además, cuando ese diagnóstico se articula con un acompañamiento sostenido, tanto técnico como entre pares, facilita la adopción de soluciones y reduce el aislamiento de las gestiones municipales. 

Al mismo tiempo, los liderazgos que cuidan a sus equipos generan las condiciones para que los procesos sobrevivan a los cambios políticos y administrativos. Y, de manera complementaria, introducir pausas de reflexión como el entretiempo protege la energía colectiva y permite reajustar la ejecución sin perder el rumbo.

En conjunto, estas prácticas demuestran que la eficiencia es un modo de trabajo que articula datos, decisiones y cuidado para producir resultados tangibles en la vida cotidiana de las personas.

Si miramos los efectos concretos sobre la ciudadanía, los cambios no siempre son drásticos en el corto plazo, pero sí son palpables: proyectos con cronograma y presupuesto real, procesos intersectoriales que antes estaban fragmentados, información disponible para medir impacto y equipos que aprenden a priorizar con criterio. 

Ese cambio en la rutina administrativa reduce la improvisación y coloca a la ciudadanía en el centro: la eficiencia, entonces, deja de ser un objetivo técnico para convertirse en una promesa de mejor servicio.

Ciudades Eficientes, un compromiso ético

Para cerrar, algo esencial: la eficiencia no es frialdad administrativa, sino un profundo compromiso ético. Entrenar la gestión significa hacer que cada decisión rinda en la vida cotidiana de las personas, exigir coherencia entre lo que se planifica y lo que se hace, y sostener la convicción de que gobernar bien es un acto de responsabilidad hacia las generaciones que vendrán.

Ciudades Eficientes acompaña este ejercicio, impulsando a pensar en grande y a ordenar lo cotidiano. Y si algo nos enseñó este año, con sus hitos y sus reconocimientos, es que la transformación es posible cuando la técnica se une con el corazón y la disciplina del trabajo diario.

(*) Natalia Battochia es directora de Gobiernos Eficientes en RIL Argentina. Florencia Alferii García es facilitadora del programa +Mujeres Transformando Ciudades. 

Imagen principal: ilustración representativa realizada por +COMUNIDAD. 

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Por Florencia Luján,
Redacción +COMUNIDAD

En los pasillos de muchos municipios de América Latina, el tiempo parece detenido entre el olor húmedo del papel acumulado y el sonido repetitivo de los sellos que golpean los escritorios de los servidores públicos. Durante décadas, abrir un negocio o solicitar un permiso de construcción fue, para millones de personas, una verdadera travesía administrativa. El mapa de la ciudad no estaba en una pantalla, sino fragmentado en expedientes desordenados, desactualizados o, directamente, extraviados.

En Guadalajara (Jalisco, México) como en tantos otros territorios, ese entramado burocrático alimentaba ineficiencias y abría márgenes para prácticas discrecionales. Sobre esa zona gris, un trámite podía avanzar o quedar estancado según la voluntad de quien lo gestionaba, lo que obligaba a vecinos y vecinas a invertir dinero y jornadas enteras para obtener una respuesta. 

En Cabo Corrientes, también en Jalisco, la burocracia se combinaba con la geografía: una persona debía recorrer cerca de cuarenta minutos en bote por mar abierto y luego tomar un autobús hasta la Alcaldía sólo para consultar por una licencia que, incluso así, podía no estar lista.

Frente a ese escenario de desconfianza y distancias difíciles de salvar, en el municipio comenzó a tomar forma una pregunta que marcaría un punto de inflexión: ¿qué pasaría si el plano de la ciudad y sus reglas fueran un bien público, accesible para todas las personas desde cualquier lugar? Bajo esa premisa, Guadalajara creó en 2016 una plataforma digital de código abierto pensada para agilizar la obtención de permisos y democratizar el acceso a información urbanística clave.

Yunive Moreno Sánchez, coordinadora general de Visor Urbano, explica a +COMUNIDAD que hoy los municipios que utilizan la plataforma pueden consultar en tiempo real la información vinculada a los trámites de licencias comerciales. Entre otros datos, el sistema permite conocer qué tipos de negocios se abren, su inversión aproximada, la cantidad de personas empleadas y la georreferenciación de cada trámite. Esta disponibilidad de información facilita evaluar, con mayor precisión, el desarrollo económico local y tomar decisiones basadas en evidencia.

Visor Urbano: la tecnología como derecho ciudadano

Visor Urbano funciona como un ecosistema digital en el que convergen datos catastrales, planes de desarrollo urbano y redes de servicios públicos. Su adopción sostenida da cuenta de su alcance: actualmente está presente en más de 50 ciudades mexicanas y se implementa en 35 municipios del estado de Jalisco.

El objetivo inicial fue crear una plataforma que ayudara a los municipios no solo a digitalizar trámites, “sino también a agilizar sus procesos para  mejorar la calidad de vida de las personas”, señalan desde el equipo que impulsa la iniciativa, que ya lleva una década de desarrollo e implementación.

Basada en la georreferenciación, la herramienta permite tanto a la ciudadanía como a los equipos municipales acceder a información clave y gestionar trámites de manera más simple y transparente. Entre sus principales funcionalidades se destacan:

• Consulta de uso de suelo. Permite saber qué se puede construir o qué tipo de actividad comercial puede desarrollarse en cada lote, reduciendo la intermediación y la discrecionalidad.
• Gestión de licencias 100% en línea. Habilita todo el proceso, desde la solicitud hasta la emisión del documento digital con firma electrónica.
• Visualización 3D y capas de información. Ofrece acceso a datos sobre arbolado urbano, redes hidráulicas y modelos del patrimonio histórico, integrados en un mismo entorno.

^{Página de inicio de la plataforma. Imagen: Visor Urbano.}

Sostener la innovación: el desafío político

Ante la pregunta por los desafíos más críticos para garantizar la sostenibilidad de la plataforma, Yunive Moreno Sánchez señala un factor clave: “Contar con el compromiso y apoyo político de diversas áreas del gobierno para poder seguir promoviendo la plataforma”. En esa misma línea, subraya que “el componente político sigue siendo un factor indispensable para implementar con éxito proyectos disruptivos y de innovación como Visor Urbano”.

Para hacer frente a este desafío, el equipo apuesta a visibilizar de manera sistemática las fortalezas y el impacto concreto de la herramienta en la gestión urbana. Entre otros aportes, Visor Urbano facilita la toma de decisiones estratégicas por parte de los gobiernos locales al ordenar y poner en valor información que antes estaba dispersa o directamente inaccesible. En ese proceso, demostrar resultados, usos reales y beneficios tangibles resulta central para consolidar apoyos y sostener en el tiempo una iniciativa de innovación pública que involucra a múltiples áreas y niveles del Estado.

En 2023, David Bates, entonces gerente de Vinculación de Visor Urbano, lo explicó durante un webinario de la Red de Innovación Local (RIL): “Al momento de que los trámites se llevan a cabo de manera digital, se eliminan barreras burocráticas e intermediarios no necesarios, lo cual aminora muchísimo la corrupción”. La simplicidad aparece allí como una de sus principales fortalezas. En municipios con menores recursos técnicos, la plataforma permite incluso registrar una licencia mediante la colocación manual de un “pin” en el mapa, lo que contribuye a construir una base de datos que antes no existía.

El reto invisible: construir una “cultura del dato”

Impulsar la digitalización de permisos y licencias comerciales no es un proceso lineal ni automático. Desde el equipo de Visor Urbano identificaron rápidamente que el principal obstáculo no estaba solo en el desarrollo del software, sino en la calidad de la información que lo alimenta. La materia prima del sistema —los datos— presentaba debilidades estructurales.

David Bates explicó que la iniciativa enfrentó, desde sus primeras etapas, dos problemáticas centrales: los períodos irregulares de actualización de la información por parte de las instituciones y la baja calidad de algunos de los datos recopilados. Ambas cuestiones afectan directamente la confiabilidad del sistema y dificultan su apropiación por parte de los gobiernos locales.

Para revertir esta situación y fortalecer una “cultura del dato” en los municipios, Visor Urbano desplegó una estrategia que combina capacidades técnicas y acompañamiento territorial. Entre sus principales líneas de trabajo se destacan:

• Especialistas al servicio del territorio: el equipo está integrado por profesionales en urbanismo, sistemas de información, desarrollo de software y un área legal clave para garantizar que cada licencia digital cumpla con los marcos normativos locales.
  
• El “pin” que crea mapas: en municipios con bajo nivel de sofisticación técnica, se habilitó una herramienta manual que permite al funcionario colocar un “pin” en el mapa al emitir una licencia, asegurando la correcta georreferenciación del trámite.

Este último recurso, descrito por Bates como un gesto simple pero estratégico, permitió volver visibles permisos que antes quedaban fuera de cualquier registro sistemático. Con la información ordenada, la plataforma genera reportes sobre la evolución de los distintos giros comerciales. “Si un alcalde ve que se emiten muchas licencias de agroindustria, ahora tiene evidencia sólida para crear programas de financiamiento específicos para ese sector”, ejemplificó.

^{Mapa insertado en la plataforma. Imagen: Visor Urbano.}

125 realidades: el reto de la inclusión en el territorio

Implementar una solución digital a escala provincial implicó, desde el inicio, reconocer que no existe una respuesta única para todos los territorios. “Jalisco representa 125 realidades distintas”, señaló en su momento David Bates. Mientras el área metropolitana cuenta con infraestructura tecnológica consolidada, muchos municipios rurales enfrentan desafíos sociales, económicos y de conectividad que condicionan la adopción de herramientas digitales.

Frente a este escenario, Visor Urbano desarrolló una estrategia orientada a reducir brechas y adaptar la plataforma a contextos diversos, con especial atención a las capacidades locales. Esta estrategia de inclusión digital se apoya en tres pilares:

• Simplicidad radical: la plataforma fue diseñada para ser intuitiva y fácil de usar, tanto para servidores públicos como para la ciudadanía, independientemente de su nivel de alfabetización digital.
  
• Acompañamiento humano: además del software, el equipo brinda soporte técnico permanente, capacitaciones continuas y materiales de apoyo, como videotutoriales, que facilitan la apropiación de la herramienta.
  
• Ecosistema de innovación: se promueve una comprensión más amplia del rol de la tecnología como herramienta para el bienestar colectivo, involucrando a actores de la academia y del sector privado.

Esta combinación de diseño accesible y acompañamiento sostenido permitió que municipios con realidades muy distintas incorporaran la plataforma y la adaptaran a sus propias dinámicas de gestión, ampliando el alcance de la digitalización más allá de los grandes centros urbanos.

Escalar la solución: expansión regional e innovación tecnológica

Con una década de implementación y aprendizaje acumulado, Visor Urbano comenzó a proyectar su alcance más allá de México. En esa línea, Yunive Moreno Sánchez explica que uno de los hitos recientes fue la decisión de abrir el desarrollo de la herramienta: : “En diciembre de 2024 publicamos el código de Visor Urbano, así como diversos materiales y tutoriales para que cualquier ciudad del mundo pueda tener su propio proyecto”

La apuesta por el código abierto busca facilitar la adopción de la plataforma en otros contextos de América Latina, donde los desafíos en la gestión de permisos, licencias y acceso a la información urbana presentan rasgos similares. La disponibilidad de documentación y recursos técnicos permite que los gobiernos locales adapten la herramienta a sus marcos normativos y capacidades institucionales, sin depender exclusivamente de proveedores externos.

En paralelo, el equipo trabaja en nuevas funcionalidades orientadas a profundizar el uso estratégico de los datos generados. Entre las líneas de desarrollo previstas, Moreno Sánchez destaca “la intención de integrar componentes de Inteligencia Artificial para ayudar en el análisis de toda la información generada a través de la web, y la integración de cuestionarios inteligentes”. Estas innovaciones apuntan a fortalecer la toma de decisiones y anticipar tendencias en la gestión urbana, a partir de la evidencia disponible.

Resultados: el impacto de Visor Urbano en números y vidas

Los efectos de esta arquitectura digital se reflejan tanto en los indicadores de gestión como en la experiencia cotidiana de quienes interactúan con el Estado. En los municipios donde Visor Urbano fue implementado, los resultados muestran mejoras significativas en términos de eficiencia administrativa, transparencia y acceso a derechos.

• 84% de reducción en los tiempos de procesamiento de licencias.
• 74% de disminución en las solicitudes de soborno reportadas.
• 21% de aumento en la recaudación de impuestos (por la facilidad de formalización).
• Impacto social: en regiones remotas, las personas obtienen su licencia digitalmente, ahorrando costos de traslado y accediendo a apoyos de capital de trabajo que antes les eran inaccesibles.

¿Qué debe hacer otra ciudad para seguir este camino?

La experiencia de Visor Urbano también comenzó a replicarse fuera de México. En la ciudad de Esperanza, en la provincia de Santa Fe, Argentina el municipio decidió adoptar esta solución para enfrentar lo que describían como una “dispersión amplísima” en los tiempos de habilitación comercial. María Victoria Nagel, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, en diálogo con +COMUNIDAD explica que el proyecto fue concebido desde el inicio como una política transversal, en una estructura administrativa tradicionalmente vertical.

Sobre los aprendizajes técnicos y de gestión, resalta: 

• Liderazgo político. “Primero tiene que estar el compromiso del intendente. “En Esperanza, él fue quien vio la convocatoria y  pidió al equipo de gabinete avanzar. Ese respaldo es el que permite que las áreas se coordinen”, afirma Nagel.
• Equipos interdisciplinarios. La implementación requirió sentar en la misma mesa a personal de informática, comunicación, urbanismo, finanzas y seguridad alimentaria. “Cada área levanta la mano y dice: mirá que si tocás este código, a mí me afecta en tal otra cosa”, acota. 
• Superar la barrera de los recursos: Nagel admite que el diagnóstico inicial fue un reto: “Pensé que no íbamos a pasar por falta de servidores o desarrolladores. Pero si nunca te medís y nunca te ponés en el marco de proyectos que requieran que levantes la vara, nunca vas a desarrollar las capacidades que no tenés”.
• Sistematización frente al “día a día”. El acompañamiento externo de Visor Urbano fue clave para no abandonar el proyecto ante la urgencia cotidiana. “Tener hitos pautados y gente técnica que te acompaña nos permitió dar efectivamente los pasos que solos nos costaba dar”, profundizó.

La experiencia de Visor Urbano deja una enseñanza transversal: la innovación tecnológica no es un atributo exclusivo de las grandes ciudades, sino una herramienta necesaria para cualquier comunidad que busque mejorar la calidad de vida de su población. “La innovación tiene que responder a las necesidades de las personas”, señalan desde el equipo del proyecto. Al final del día, digitalizar un trámite es, sobre todo, un acto de respeto por el tiempo y la dignidad de quienes habitan el territorio.

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Por Mariana Foglia, coordinadora de
Ciudades por Seguridad en RIL Argentina

La Provincia de Córdoba, en Argentina, impulsa un modelo de seguridad que reconoce a las ciudades como protagonistas. Desde fines de 2023, una nueva ley provincial consolidó ese giro y estableció un esquema de acompañamiento a los gobiernos locales mediante equipamiento, tecnología, formación y asistencia técnica, con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la prevención del delito.

Este enfoque se apoya, a su vez, en una fuerte articulación interjurisdiccional con el Estado nacional, a través de la implementación en la provincia de dispositivos estratégicos como el Plan 90/10, que hoy se despliega en zonas críticas de Córdoba en coordinación entre fuerzas federales y provinciales.

Hoy, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el de la Provincia, los intendentes, las fuerzas provinciales y federales, las guardias locales y la comunidad trabajan de manera coordinada para fortalecer la seguridad en cada ciudad. En esta nota te contamos cómo funciona el modelo Córdoba, qué resultados está mostrando y por qué puede ser un caso faro para otras provincias. 

La articulación con Nación y una caída histórica de los homicidios

Uno de los pilares del modelo cordobés es su articulación con el Estado nacional. Esa coordinación se expresa fundamentalmente en la implementación del Plan 90/10, una estrategia del Ministerio de Seguridad de la Nación que busca focalizar recursos y operativos en los territorios donde se concentra la mayor parte de los homicidios.

El nombre del plan responde a una evidencia clara: el 90 % de los homicidios intencionales en Argentina ocurren en apenas el 10 % del territorio, lo que permite orientar de manera más eficaz la presencia de fuerzas federales y provinciales en puntos críticos. 

Su implementación en Córdoba implicó un fuerte intercambio de información, planificación conjunta y despliegues operativos coordinados que antes se realizaban de manera fragmentada. Los resultados son históricos: Córdoba cerró 2025 con la tasa de homicidios dolosos más baja de lo que va del siglo, con 90 casos registrados —equivalentes a 2,28 homicidios cada 100.000 habitantes—, lo que representa una reducción del 23 % respecto del año anterior.

Este trabajo conjunto muestra que la seguridad se fortalece cuando los distintos niveles del Estado comparten una misma hoja de ruta, con información compartida, planificación coordinada y presencia territorial complementaria, más allá de las fronteras políticas.

La articulación con los gobiernos locales y la prevención en las ciudades

En diciembre de 2023, Córdoba dio un paso clave al sancionar la Ley 10.954 de Seguridad Pública y Ciudadana, que creó el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana y puso en valor el rol de los municipios y comunas dentro de la estrategia provincial. 

Este nuevo marco no sólo redefinió su lugar en la política de seguridad: también les dio una herramienta concreta para actuar, al habilitarlos a crear sus propias Guardias Locales de Prevención y Convivencia. 

Estos cuerpos no fueron concebidos como una fuerza tradicional, sino como dispositivos de cercanía y proximidad que incorporan personal civil al abordaje de la seguridad y actúan como auxiliares de la Policía de Córdoba. Su enfoque pone el acento en la intervención temprana, mediante el trabajo sobre los factores de riesgo que alimentan los conflictos y el fortalecimiento de la convivencia en cada territorio.

Un enfoque que se refleja también en la formación de los agentes. Bajo la coordinación del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) y con el apoyo de la Universidad Nacional de Villa María, cientos de integrantes de las Guardias Locales se capacitaron a través del Diplomado Universitario en Seguridad y Convivencia, orientado a la prevención, la vinculación comunitaria y la gestión de conflictos.

A su vez, el vínculo construido entre los gobiernos locales y la Provincia, a través de la Secretaría de Prevención y Articulación Institucional, permitió alinear la conducción del Programa de Guardias Locales y sostener un canal permanente de acompañamiento a los municipios en el interior provincial. 

A dos años de su puesta en marcha, el alcance del modelo es inédito: 320 municipios y comunas adheridos a la ley, Guardias Locales en 215 ciudades, equipadas con vehículos y armas de letalidad reducida,  más de 2.100 agentes formados, 49 localidades con Ojos en Alerta y 65 que participaron del programa Ciudades por la Seguridad de RIL, recibiendo asistencia y formación para diseñar sus planes locales de prevención.

La articulación con la ciudadanía como eslabón clave del sistema de seguridad

La estrategia cordobesa de seguridad se apoya en un entramado más amplio que las fuerzas policiales y los organismos de gobierno: incorpora activamente a la ciudadanía como aliada estratégica a través del programa Ojos en Alerta. 

Córdoba fue la primera provincia en firmar un convenio con el programa, nacido en San Miguel, y en escalarlo de manera sostenida en su territorio. En la actualidad, 49 municipios cordobeses —incluida la ciudad de Córdoba— lo implementan, lo que representa casi la mitad de las 98 ciudades de Argentina que cuentan con este sistema. Esto posiciona a la provincia como uno de los principales nodos de participación ciudadana en seguridad a nivel nacional.

En Córdoba capital, donde el programa funciona como “Cordobeses en Alerta”, el despliegue alcanza 144 barrios y tiene más de 100.000 vecinos adheridos, con más de 25.000 alertas procesadas durante 2025 (un promedio de 170 por día). Ese flujo de información comunitaria ya se traduce en resultados concretos: en 2025 se registraron 1.897 casos positivos, con 623 detenciones y secuestros de armas y estupefacientes a partir de avisos ciudadanos.

En el interior provincial, el programa también crece: se realizaron más de 1.000 capacitaciones, y San Francisco y Río Cuarto superan en conjunto los 45.000 vecinos adheridos y 28.900 alertas.

Más allá de los números, el valor del programa está en su lógica de proximidad. La evidencia de la criminología y las ciencias del comportamiento muestra que muchos delitos no son planificados, sino oportunistas. Por eso, dispositivos como Ojos en Alerta actúan como un verdadero modificador del entorno de decisión: reducen el tiempo entre el hecho y la respuesta, refuerzan el control social y convierten al vecino en un actor activo de la prevención. 

No es casual que el 80 % de las alertas registradas en Córdoba, fueron preventivas, es decir que permitieron intervenir antes de que el delito ocurriera. Y todo esto se logra sin tecnología sofisticada, sino con algo tan simple y poderoso como un WhatsApp al alcance de la mano de los vecinos.

El aporte de RIL al fortalecimiento de la seguridad local

La estrategia cordobesa de seguridad entendió que no alcanza con sumar patrulleros o cámaras. También es clave fortalecer las capacidades técnicas de los municipios para planificar, gestionar y evaluar sus políticas con datos y evidencia. 

En ese marco, en 2024 la Red de Innovación Local (RIL) lanzó, junto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el programa Ciudades por la Seguridad, orientado a profesionalizar la gestión local de la seguridad ciudadana.

El programa acompaña a los equipos municipales a transformar información dispersa en decisiones concretas. El punto de partida es un Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana, que mide el nivel de madurez de la estrategia local. A partir de allí, cada ciudad construye o actualiza su diagnóstico integral combinando datos del sistema judicial, la policía y otras áreas del Estado con el relevamiento de factores de riesgo y programas existentes, a través de talleres participativos con equipos municipales y actores locales.

En 2025, el programa amplió su alcance de 25 a 40 ciudades y alcanzó a más del 70 % de la población de la provincia. Con este crecimiento, se consolidó una red de gobiernos locales que planifican la seguridad desde la evidencia, el intercambio entre pares y la asistencia técnica especializada.

• Una radiografía de las causas del delito

Los talleres de diagnóstico llevados a cabo por RIL permitieron a los municipios construir una mirada mucho más precisa sobre los factores que alimentan la inseguridad en sus territorios. El resultado rompe con una visión puramente policial del problema. En el 100 % de las ciudades aparece el consumo problemático de drogas y alcohol como el principal factor de riesgo, seguido por la violencia intrafamiliar y de género (95 %).

También emergen con fuerza problemáticas estructurales que inciden directamente en la conflictividad: el desempleo y la informalidad juvenil (74 %) y los problemas de salud mental (69 %). A estos se suman dificultades escolares —como ausentismo y conflictos de convivencia— y condiciones territoriales como economías ilegales y déficit habitacional.

Esta evidencia permite pasar de políticas reactivas a estrategias de prevención basadas en datos, que abordan no sólo los hechos delictivos sino también las causas que los generan, con una mirada de mediano y largo plazo sobre la seguridad y la convivencia en cada comunidad.

• De los datos a la acción

Los diagnósticos integrales se transformaron en Planes Locales de Seguridad Ciudadana que funcionan como una brújula de gestión: evitan que la urgencia diaria desdibuje las prioridades y permiten hacer seguimiento de metas e indicadores a lo largo del tiempo.

El impacto del proceso ya es visible. En 2025, las 40 ciudades que participaron del programa mejoraron en promedio 24 puntos en la medición del Autodiagnóstico de Seguridad Ciudadana: pasaron de un 40 % inicial a un 64 %. Los mayores avances se dieron en planificación y seguimiento y en gestión de la información, con más municipios que analizan datos de manera periódica y registran sistemáticamente incidentes y conflictos para tomar mejores decisiones.

• Victorias rápidas y la fuerza del aprendizaje entre pares

En paralelo a la hoja de ruta del programa, se impulsaron mejoras de rápida implementación y alto impacto, apoyadas en asistencia técnica, intercambio entre ciudades y buenas prácticas.

Algunos ejemplos lo muestran con claridad. En Alicia, la Guardia Local incorporó un sistema digital de registro de actuaciones y mejora la gestión basada en datos y la rendición de cuentas. 

En La Falda, el municipio puso en marcha su primera Encuesta de Victimización, que servirá como base para crear una Oficina de Atención a la Víctima con enfoque basado en evidencia al igual que Jesús María donde la integrarán a la Encuesta Permanente de Hogares. Almafuerte inició el proceso de creación de su Dirección de Seguridad Ciudadana,  y localidades como Mina Clavero, Coronel Moldes o Capilla del Monte fortalecieron sus Centrales de Monitoreo y sistemas de videovigilancia.

En esta misma lógica, se acompañó la expansión de Ojos en Alerta a través de encuentros regionales en Alta Gracia, San Francisco y Río Cuarto, donde RIL sistematizó y compartió experiencias como la de Las Varillas, que desplegó una estrategia comunitaria con centros de jubilados, jóvenes promotores y actividades barriales para sumar vecinos y fortalecer la participación.

Uno de los diferenciales del programa es justamente el trabajo en red entre ciudades. A través de estos espacios, los equipos locales comparten problemas reales, contrastan experiencias y construyen soluciones de manera colectiva. 

Por ejemplo, Corral de Bustos presentó su experiencia sobre ruidos molestos, picadas y conflictos vinculados al uso de motocicletas para recibir aportes de otras ciudades. Jesús María y General Pico (La Pampa) intercambiaron prácticas sobre la gestión de eventos masivos; y Río Primero y Villa del Rosario revisaron de manera conjunta la implementación de Ojos en Alerta.

Así, el intercambio entre pares permite que las soluciones no se construyan en soledad, sino a partir de la experiencia de otros territorios, transformando prácticas aisladas en políticas más sólidas y sostenibles en el tiempo.

Un modelo para replicar

El modelo Córdoba muestra que la seguridad se vuelve más efectiva cuando se construye como un sistema y no como una suma de esfuerzos aislados. La articulación entre fuerzas de seguridad, gobiernos locales, el Estado provincial y nacional, universidades, organizaciones de la sociedad civil y los propios vecinos permite abordar el delito y las violencias desde una lógica colaborativa, basada en datos, cercanía territorial y coordinación operativa.

Esta arquitectura multinivel —que combina liderazgo provincial, cooperación nacional, gestión local y participación ciudadana— explica los resultados alcanzados en Córdoba y, al mismo tiempo, ofrece una hoja de ruta replicable para otras provincias que busquen fortalecer la seguridad desde el territorio, con datos, innovación y trabajo en red.

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Imagen principal: jornada de Capacitación en Ojos en Alerta en la Municipalidad de San Francisco. Imagen de la Secretaría de Prevención del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

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